Urabá como caso de estudio de las Lógicas Espaciales de la Paz. Apuntes Metodológicos

En la región de Urabá (Colombia) se han expresado con graves consecuencias los intereses geopolíticos del conflicto armado nacional (^{García, 2002}) y, pese a los procesos de negociación y acuerdos de paz que ha pactado el gobierno colombiano con grupos guerrilleros y paramilitares desde los años ochenta del siglo XX, para que renuncien a la lucha armada como instrumento de acción política, estos han sido intentos frustrados de superación del conflicto a través del diálogo. A pesar de que avanza la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las FARC-EP, siguen vigentes diversas formas de violencia y desequilibrios socioespaciales que obstaculizan la materialización de la paz territorial.

Durante este tiempo se generaron lógicas espaciales de lucha y resistencia de comunidades campesinas y étnicas, que en muchos casos, acompañados por organizaciones sociales y de derechos humanos de diferentes escalas, construyeron estrategias que se han convertido en potentes referentes de apuestas alternativas de paz y tramitación pacífica de conflictos -como las comunidades de paz y zonas humanitarias- y que han puesto en cuestión el poderío de los actores armados y hasta la misma soberanía del Estado, sobre la demanda de la autonomía en la defensa de la vida que este no garantiza^[2].

Históricamente, la lógica espacial de la 'pacificación' ha correspondido a una imaginación geográfica hegemónica que entiende que Urabá es una región de frontera que debe ser pacificada; esto ha provocado la destrucción y/o reconfiguración de saberes, modos de vida, sentidos de lugar y territorialidades de colonos, comunidades étnicas, campesinos y pobladores rurales y urbanos, quienes claman por otras formas de relacionamiento:

Nosotros siempre habíamos dicho como comunidades negras que el Estado no es solamente pensar en la presencia armada, también tiene que ser una presencia social, y con un Estado de civil, donde esté el tema de salud, esté el tema de educación, bueno, todo el tema social. (Comunicación personal con líder de Carmen del Darién, 2019)

La pacificación es una categoría de análisis que corresponde a una lógica espacial que se sustenta en una concepción moderna-liberal de la paz. Dicha concepción refuerza la territorialidad estatal y empresarial-extractivista, orientada a la producción de espacios 'seguros' y funcionales al desarrollo capitalista, y es rastreable desde el siglo XVI, momento en el que se configuran imaginaciones geográficas y representaciones sobre la otredad que estigmatizan la región y la población, al definir a sus habitantes como salvajes e inferiores que debían ser pacificados a través de la conquista y la colonización. La pacificación se profundiza a lo largo del siglo XX, pues era condición necesaria para garantizar la integración económica y social de Urabá a la nación. La cúspide de este proceso se alcanza a mediados de los años noventa con la llamada 'Pacificación de Urabá' (^{Monroy, 2014}), a partir de la alianza entre fuerza pública y paramilitares, en un intento por 'recuperar el territorio'^[3] de la influencia ejercida por los movimientos de izquierda y los grupos guerrilleros que hacían presencia en la región. A raíz de esto se generaron graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, y se profundizaron los desequilibrios socioespaciales que persisten en la actualidad.

En ese marco histórico, relacionado con los diálogos y el Acuerdo de paz (2016), y su implementación regional en Urabá, el Programa de Investigación Territorio_Lab: Ciudadanía y Paz, desde el año 2016, ha propiciado una línea de proyectos de investigación que se preguntan ya no por la lógica de la 'pacificación', sino por la de la paz territorial desde las prácticas espaciales de los actores locales y subregionales y los procesos de coproducción de conocimiento que han propiciado. En particular el proyecto Paz territorial y co-producción de conocimiento, así como la investigación de maestría Urabá, de la 'pacificación' al encuentro con la 'paz territorial', se desarrollaron desde un enfoque socioespacial y cualitativo, mediante la estrategia de estudio de caso, incorporando técnicas del método documental^[4]. Dicho método estuvo enfocado en la identificación y análisis de estudios de la región de Urabá, con el fin de comprender el proceso de configuración regional, así como el tratamiento que han dado a las diversas territorialidades, el conflicto, la violencia, y la construcción de paz. También se usó la etnografía multilocal^[5] (^{Marcus, 2001}), entendida como una estrategia que posibilita el establecimiento de una relación e interacción prolongada entre el investigador y los sujetos de investigación, a partir del encuentro y la cotidianidad que se comparte en diferentes escenarios.

Elementos de Análisis de las Lógicas Espaciales de la Paz. Resultados y discusión

Espacio-Tiempo de la Mediana Duración.

Entre los años sesenta y finales de los años ochenta del siglo XX, Urabá experimentó una reconfiguración geográfica, poblacional, económica, política y social, impulsada por los esfuerzos de integración de la región a la economía nacional y global por medio de la emergencia y consolidación de la agricultura comercial del banano, concentrada en los municipios de la planicie aluvial. La transformación de la estructura tradicional agraria, el rápido crecimiento poblacional, las precarias condiciones de habitabilidad de los pobladores y el privilegio de la vía militar por parte del Estado, que eludía sus funciones de regulación de los conflictos, desató diversas formas de violencia que pusieron en riesgo los intereses capitalistas asentados en la región. A partir de este momento, se intensificaron los esfuerzos por pacificar la región, ya no solo por la vía del sometimiento de la otredad que representaban los indígenas, sino también de nuevos pobladores -negros, colonos campesinos-, así como de grupos insurgentes y de izquierda que fueron configurando diferentes movimientos de resistencia.

La situación periférica y de marginalización de Urabá, con respecto al centro de Antioquia y del país, no era una situación deseada: desde muy temprano se vio la necesidad de integrar la región a las dinámicas nacionales. Para el Estado parecía necesario incorporar regiones como Urabá a la construcción de la nación y, para la lógica privada-empresarial, que se radicaliza a partir de los años sesenta del siglo XX, era necesario incorporar nuevos territorios y regiones a las dinámicas de acumulación de capital, ya que estas hacen parte de las soluciones espacio-temporales que debe buscar el capitalismo para superar las crisis inherentes a su desarrollo, derivadas de la sobreacumulación de capital (^{Harvey, 2007}; ^{Lombana, 2012}).

Espacio-Tiempo de la Corta Duración.

La articulación que se dio en los años noventa entre Estado, grupos paramilitares y empresarios, con el propósito de hacer frente de manera violenta a las guerrillas y movimientos políticos de izquierda -y a sus bases sociales- dio como resultado la limitación de la pluralidad en la participación política, la agudización de la violencia directa e indiscriminada sobre la población, la desestructuración del movimiento social y una contrarreforma agraria a través del despojo y desplazamiento, con el propósito de favorecer intervenciones económicas que profundizan el modelo de desarrollo capitalista inequitativo y excluyente que ha estado vigente en la región durante los últimos cincuenta años.

Este proceso de expulsión y reconquista del territorio de las supuestas amenazas que atentan contra la paz -guerrillas, movimientos de izquierda, comunidades campesinas y étnicas con tierra "improductiva"- se vendió por parte del Estado y de los paramilitares como el triunfo de una estrategia de pacificación (^{Monroy, 2014}), que dio como resultado la disminución, a partir de 1998, de la presencia guerrillera en el eje bananero, así como la salida de la Unión Patriótica de la región, la expansión de la actividad agroindustrial del banano, la ganadería y la palma de aceite hacia el bajo Atrato, y la disminución de las prácticas de violencia más generalizadas como las masacres. No obstante, estos aparentes éxitos in-visibilizaron los ataques contra la población civil, y la proliferación de nuevos conflictos que dos décadas después siguen vigentes con mayor intensidad, tal como es la expansión de los cultivos de uso ilícito, las tensiones entre comunidades étnicas y población mestiza por ocupación de los territorios colectivos, el tráfico de drogas y migrantes, la emergencia de nuevas expresiones del paramilitarismo a través de las bandas criminales, grupos armados organizados, entre otros.

Lógicas Espaciales de la Paz Territorial

El conflicto armado llevó a que determinadas características geográficas de Urabá fueran rotuladas como estratégicas para la guerra, ya que desde allí se definían los corredores de entrada, desplazamiento, consolidación y disputa de los diferentes grupos armados, así como los lugares por donde fluyen y se desarrollan diversas economías ilícitas en la actualidad (^{Monroy, 2013}). De esta forma se configuró una geografía de la guerra en la que confluyen y se superponen diferentes territorialidades institucionales, bélicas y socioculturales, a partir de las cuales interactúan concepciones, intereses, relaciones y discursos sobre las formas de entender, practicar y producir el espacio; todo esto establece diferencias en la configuración socioespacial de la región (^{García y Aramburo, 2011}).

No obstante, hay que mencionar que estas mismas geografías no solo han sido funcionales y estratégicas para las guerras y los conflictos, pues es allí donde los pobladores han construido sus proyectos alternativos de vida resistentes a la violencia y la desigualdad derivada de intervenciones económicas excluyentes, y donde dan cuenta de las lógicas espaciales de la paz. Así pues, en medio de la geografía de la guerra, también se han configurado diversas geografías de la paz, las cuales han sido invisibilizadas y fracturadas ante la expresión desmedida de la violencia. Siguiendo a ^{Haesbaert (2011)}, estas geografías constituyen el carácter multiterritorial de la paz y del conflicto; a través de ellas se experimenta simultánea y/o sucesivamente diferentes territorios, reconstruyendo constantemente el propio. Es por esto por lo que la negociación y firma de acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y grupos armados, como el Ejército Popular Liberación -EPL- en 1991, las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- entre 2003-2006, y, más recientemente, las FARC-EP, en el 2016, han mantenido viva la esperanza para los pobladores de Urabá en torno a la búsqueda de la paz por la vía del diálogo, y no por las armas y la violencia como ha sido la constante.

La implementación del Acuerdo, y su consigna de involucrar el enfoque territorial, llevó a repensar y comprender que el espacio^[6] juega un papel importante en la construcción de la paz. De ahí que la noción de 'paz territorial' haya ganado visibilidad en el ámbito académico, político y ciudadano y revitalizado el interés por los fundamentos ontológicos y epistemológicos sobre el estudio y conceptualización de la paz, derivando además en otras figuras de ordenamiento espacial que se superponen -y pueden llegar a entrar en tensión- en función de cómo son concebidas y apropiadas por los actores en los territorios. De esta forma, han emergido algunas lógicas que se concretan en ordenamientos espaciales para la paz y que son funcionales para los excombatientes, las víctimas (^{INER, 2020}) o el capital^[7].

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET- hacen parte del punto 1 del Acuerdo de Paz "Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral", a través del cual se busca contribuir a la transformación estructural del campo, cerrar las brechas entre la ruralidad y la ciudad, así como crear condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. Para el caso del Urabá antioqueño, el PDET se estructuró a partir de ocho municipios: Apartadó, Carepa, Chigorodó, Dabeiba, Mutatá, Necoclí, San Pedro de Urabá y Turbo, ocasionando una exclusión interna en la espacialización del Acuerdo de Paz en la región, al quedar por fuera los municipios de Arboletes y San Juan de Urabá.

La ruta participativa que definió la Agencia de Renovación del Territorio - ART- para la formulación del PDET en Urabá incluyó la división territorial de la subregión en 82 núcleos veredales o Unidades Básicas de Planeación; además, contó con las asistencia de 10,478 personas, proceso que finalmente resultó en la formulación de ocho Pactos Comunitarios (PCTR), ocho Pactos Municipales (PMTR) y un Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR), que se suscribió el 14 de septiembre de 2018, en el cual se identificaron y priorizaron 1,641 iniciativas en ocho pilares.

La formulación del PDET en Urabá generó grandes expectativas en torno a la posibilidad de transformar el orden social desigual e inequitativo de la región, cuya principal expresión es la concentración de la tierra. De las 1'177,578 hectáreas que tiene Urabá, el 99.62% corresponden al área catastral rural (^{Muñoz y Zapata, 2011}) y se caracterizan por un alto nivel de concentración de la tierra con un coeficiente de Gini^[8] de propietarios del 0.8653, y con una estructura de la propiedad rural caracterizada por el predominio de predios privados con destino económico agropecuario, principalmente de mediana y gran propiedad^[9].

Frente al estado de implementación de las iniciativas PDET, al 2020 habían sido 'impactadas'^[10] cerca de 221 (ART, 2020), equivalente a un 13.46%. Pese a este avance, Urabá es una de las tres regiones con mayor rezago en el desarrollo de las iniciativas PDET, junto con Chocó y Arauca, siendo el pilar 8, Reconciliación, Convivencia y Construcción de Paz, uno de los más atrasados con respecto al promedio general (^{Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, Universidad de Notre Dame, 2021}).

Dicho rezago en el pilar 8 es explicable, en parte, por el énfasis que se ha dado al desarrollo de iniciativas relacionadas con infraestructuras y por el hecho de que muchas de estas iniciativas están relacionadas con acciones formativas o procesos de más largo plazo, que incluyen elementos 'poco tangibles' que no han sido una prioridad para su implementación. A esto se le suma la poca claridad frente a la financiación de las iniciativas, pues el costeo que realizó el CONPES 3932 de 2018, que calcula el costo de la implementación de los PDET en 79.6 billones de pesos, no incluía el pilar 8, poniendo en riesgo su viabilidad al no contar con los recursos necesarios para su implementación (^{Naranjo et al., 2020}).

Desde inicios del 2019 se comenzaron a hacer visibles algunas limitaciones en la implementación del PDET, pues, una vez firmado el PATR, los equipos territoriales de la ART se debilitaron durante la transición del gobierno Santos a Duque, decayendo seriamente el nivel de interlocución entre el Estado, las comunidades rurales y sus organizaciones.

Estas limitaciones iniciales en la implementación estuvieron, además, influenciadas por el cambio de enfoque en la perspectiva de gobierno en torno a la paz, recogida en la política de estabilización "Paz con legalidad" que, si bien no desconoce el PDET, lo reduce a un dispositivo para la focalización territorial de la intervención estatal en materia de seguridad, con miras a su estabilización.

Es evidente la insuficiencia de mecanismos técnicos y presupuestales para aportar de manera efectiva e integral a la construcción territorial de la paz, si no está en el centro la participación y el diálogo directo con los actores del territorio para la toma de decisiones. No obstante, el PDET, por la expectativa y participación que generó, sigue siendo un referente apropiado para los actores de base comunitaria, y, en ese sentido, la crítica, más que al instrumento formulado, es a la falta de implementación.

Espacialidades para la Reincorporación. Entre la Transicionalidad y la Permanencia

Alrededor de la dejación de armas y el inicio del proceso de reincorporación individual y colectiva por parte de los miembros de la exguerrilla FARC-EP, se configuraron una serie de ordenamientos espaciales en Colombia que tendrían un carácter temporal, pero que han sido apropiados de manera diferencial por excombatientes y comunidades, así como por las agencias gubernamentales. Estos espacios, conocidos inicialmente como Zonas Veredales Transitorias de Normalización -ZVTN- y Puntos Transitorios de Normalización -PTN-, se localizaron en 27¹¹ lugares de la geografía nacional que coinciden en su mayoría con los territorios donde históricamente las FARC-EP tuvo presencia, pero, además, donde el conflicto se expresó con mayor fuerza. En el Urabá antioqueño solo se instaló formalmente un espacio para la reincorporación después de la firma del acuerdo (ZVTN Vidrí en Vigía del Fuerte). Sin embargo, actualmente existen en Mutatá dos espacios de reincorporación: una Nueva Área de Reincorporación -NAR-, en la vereda San José de León, y un antiguo Espacios Territorial de Capacitación y Reincorporación -ETCR-, que fue trasladado desde la vereda Santa Lucía en Ituango, en julio de 2020, y que se ubicó en el predio Becuarandó. Dicho traslado se dio por el desplazamiento del que fueron víctimas los firmantes de paz y sus familias ante amenazas contra su vida.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1 Mapa títulos mineros Urabá y otras dinámicas socioespaciales  

Por su relación con los procesos en el Gran Urabá, merecen especial mención en este análisis los antiguos ETCR de Llano Grande (Dabeiba) y de Brisas/La Florida en Carmen del Darién-Chocó, también conocido como Silver Vidal Mora, ya que, por su proximidad espacial, han incidido en las dinámicas del proceso de reincorporación de la región, configurando a su vez diversas formas de interacción entre los excombatientes con la institucionalidad y las comunidades.

Nosotros estamos comprometidos con el tema de la paz, que nosotros no queremos más derramamiento de sangre, no queremos empuñar un arma más, sino que queremos es seguir el proceso político, explicarles a las comunidades cómo es el tema del proceso de paz, cuáles son los acuerdos, y cuando ya la gente va cogiendo ese camino y ya la gente va entendiendo qué es el proceso y para qué es el proceso, la gente nos va extendiendo la mano cada día más. (Comunicación personal con firmante de paz, 2019)

A lo anterior se le suma que es justamente en la espacialidad que configuran dichos espacios de reincorporación entre las subregiones de Urabá y Occidente en Antioquia, así como entre Antioquia y Chocó en el medio y bajo Atrato, donde hoy se concentran los principales intereses extractivistas, tal como evidencia el mapa a partir de la confluencia de solicitudes mineras con los territorios étnicos, así como el aumento de las disputas territoriales entre actores armados por el control de diversas economías ilegales.

Como se aprecia en el mapa, la situación de municipios como Dabeiba, Murindó y Mutatá es particularmente crítica, ya que allí es donde se concentran la mayor cantidad de solicitudes y títulos mineros vigentes que tienen incidencia sobre territorios indígenas. Esto, sumado a la disputa territorial entre las AGC y el ELN por el control territorial del medio y Bajo Atrato, genera mayores retos para la materialización de las iniciativas de paz.

Una vez que los excombatientes de FARC-EP recibieron la acreditación de dejación de armas y terminaron las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, se creó, mediante el Decreto 1274 de 2017, la figura jurídica de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación -ETCR- para adelantar los procesos de reincorporación comunitaria. Dichos espacios fueron reglamentados a través del Decreto 2026 de 2017. El marco jurídico de los ETCR estuvo vigente hasta el 15 de agosto de 2019 y después de esto inició un momento de transformación de estos espacios en centros poblados o extensiones de corregimientos y veredas, los cuales debían ingresar al ordenamiento jurídico y territorial de los municipios.

Los espacios de reincorporación han garantizado algún tipo de presencia, inversión estatal y cooperación -que, históricamente, habían sido mínimas-, pero su aparición también ha complejizado viejos conflictos territoriales que, en el escenario transicional del posacuerdo, adquieren nueva envergadura y demandan nuevos desafíos en su tratamiento, para no poner en riesgo el proceso de reincorporación y de construcción de la paz a nivel local. El caso del antiguo ETCR Silver Vidal Mora es ilustrativo en este aspecto, ya que después de cinco años de su creación en inmediaciones de la cuenca del río Curbaradó en el bajo Atrato chocoano, aún no se avizora una solución definitiva para su integración y estabilización definitiva en el ordenamiento territorial de la región.

Lo anterior persiste debido a que este espacio de reincorporación se ubicó en un territorio étnico que fue sujeto de múltiples formas de victimización, entre estas el despojo y desplazamiento forzado, y que no ha sido aún restituido y reparado integralmente. El predio donde se encuentra ubicado actualmente el antiguo ETCR es reclamado por el Consejo Comunitario del río Curbaradó como parte del territorio colectivo. Si bien desde instancias como el Ministerio del Interior, la ART^[12], la ARN^[13] y la ANT^[14] se reconoce la titularidad del predio a una particular^[15], esta tiene varias propiedades en el área de influencia del ETCR que se encuentran en proceso de restitución de tierra y, en el caso de algunos predios, se le ha señalado como ocupante de mala fe.

Esta situación tiene como antecedente el contexto de desplazamiento y despojo que vivió la región de Urabá y el bajo Atrato a finales de los años 90 con la arremetida paramilitar que afectó gravemente a la población étnica y mestiza que habita este territorio, y que ocasionó que de las 4,782 familias (14,783 personas) que integran el censo del Consejo Comunitario del río Curbaradó, actualmente se encuentren por fuera del territorio el 70.4% de sus integrantes (10,407 personas y 3,485 familias) (^{Consejo Comunitario del Territorio Colectivo de Curbaradó, 2017}). Estas personas todavía hoy reclaman la restitución de su territorio, y tienen la esperanza puesta en que la implementación del Acuerdo de Paz ayude a materializar definitivamente este objetivo.

Según la socialización realizada por la ARN y la ANT en asamblea del 29 de enero de 2021, esta situación jurídica y técnica del predio impide que la Agencia Nacional de Tierras -ANT- inicie los trámites de compra directa, con lo que se pone en riesgo avanzar en el proceso de estabilización de este espacio. Ante esta situación, la ruta de trabajo en la que se ha enfocado la institucionalidad estatal es el traslado de la población excombatiente hacia otro predio que no se traslape con áreas de manejo étnico o ambiental "o predios donde se pueda realizar procesos de concertación con las comunidades para el relacionamiento en el territorio y el uso de los recursos naturales" (^{ARN, 2021}). Esto, no obstante, es difícil de garantizar, teniendo en cuenta el contexto de desplazamiento y despojo que genera inseguridad jurídica en muchos de los predios.

El desconocimiento u omisión de las implicaciones del predominio étnico -y su forma de organización territorial- de los territorios donde se instalaron los ETCR y donde se adelanta el proceso de reincorporación, constituye una de las causas de la limitación de la implementación del punto 3 del Acuerdo de Paz en regiones como Urabá y el bajo Atrato. Tanto el Gobierno Nacional como las FARC subestimaron o ignoraron las lógicas y dimensiones étnicas de determinados territorios, pues hay restricciones de tipo jurídico que limitan el acceso a la tierra y el establecimiento definitivo de las personas en reincorporación en los territorios colectivos de las comunidades negras. Estas restricciones se derivan de la Ley 70 de 1993 y sus decretos reglamentarios, así como de los mismos reglamentos internos de los Consejos que dificultan este proceso. Al igual que con el PDET, los actores de base comunitaria se han identificado con esta lógica espacial que han entendido como una expresión de la paz territorial, y la crítica, más que a su espacialidad, es a la incapacidad de implementación.