"jIgnorantes e irresponsables!"

El lunes 21 de diciembre del 2020, la Ciudad de México volvía a entrar en 'semáforo rojo'; las medidas sanitarias y las restricciones para contener la movilidad se extremaban ante el crecimiento vertiginoso de la segunda ola de contagios por la pandemia. Ese día, Joaquín López-Dóriga (durante muchos anos el conductor del programa de noticias más importante de la principal cadena de televisión nacional) publicó en su cuenta de Instagram un breve video, grabado en un centro de comercio popular en la Ciudad de México (^{López-Doriga, 2020}). La toma se realizó desde un coche en movimiento. En el fondo, puestos de comercio callejero semifijos, casi todos abiertos, se suceden unos a otros ocupando toda la banqueta. En frente, sobre el primer carril de la calle, se ven también varios puestos más precarios: mantas en el piso o rejas con mercancía colgada. Y, finalmente, en primer plano discurre un intenso y nutrido flujo de personas congregadas por la dinámica comercial, que transitan también sobre la calle (muchos cargando bolsas o cajas) y entran a, o salen de, los puestos. La realidad pandémica se atestigua por el uso de cubrebocas y caretas que ocultan los rostros. Para acompanar estas imágenes, el periodista escribió: "Estamos en Semáforo Verde para esta gente en la Ciudad de México: todo el comercio informal abierto, tumultos y gente sin cubrebocas. Les presento el retrato de la inconsciencia" (^{López-Dóriga, 2020}).

Es clara la condena moral. Aunque el video no permite conocer las razones por las que esta gente estaría transgrediendo las restricciones que suponía el 'semáforo rojo', para López-Dóriga la explicación es transparente: la inconsdencia. En los múltiples comentarios a la publicación, los juicios del periodista son respaldados. Tan solo uno de ellos es crítico con la condena. En cambio, el resto de las anotaciones suscribe o atiza la estigmatización; corean, por ejemplo, "Cuánta inconsciencia, irresponsabilidad, de verdad que necedad de la gente, y el gobierno bien gracias", "Que pobre conciencia y respeto hacia los demás. Pero el pretexto es no tenemos dinero...".

Lo anterior es solo un ejemplo de distintos discursos públicos que han circulado durante la pandemia y con los que se denosta moralmente a los sectores populares (^{Moncrieff y Pastrana, 2021}) y en particular al comercio callejero (^{Coletto, Jaber y Vanhellemont, 2021}; ^{Vázquez y Tapia, 2021})[³]. Se trata de discursos que han tenido asideros en diferentes elementos del pensamiento neoliberal, en particular en relación con los planteamientos que colocan al individuo como el responsable último de sus éxitos y fracasos, desconociendo las estructuras y relaciones de poder que configuran la sociedad y las desigualdades en la distribución de oportunidades y desventajas entre los grupos sociales.

Alejandra ^{Leal (2016)} ha destacado que un rasgo del urbanismo neoliberal es la proliferación de ciertos discursos a través de los cuales sectores de clases media y alta movilizan demandas y exigencias al Estado en torno al orden urbano y (re)producción del espacio público. En estos discursos, los sectores acomodados suelen construir la imagen idealizada de un 'nosotros' ciudadano, que estaría caracterizado por la legalidad, la civilidad, la responsabilidad y el esfuerzo. Esta imagen se contrapone a la de los 'otros' estigmatizados, usualmente trabajadores callejeros, que son representados como irresponsables, inmersos en la ilegalidad, incrustados en prácticas clientelares y corporativas. En efecto, las clases medias, reproducen ideas liberales -como la igualdad abstracta ante la ley con su indiferencia a las desigualdades sociales estructurales- y pretenden establecer su moralidad legalista como el estándar homogéneo de valor social (^{Yeh, 2018}), y, más aún, como un criterio de ciudadanía: de pertenencia en pleno derecho a la comunidad política y al orden socioespacial legítimo de la ciudad.

La publicación de López Dóriga apunta en esta última dirección también y, de hecho, es lo que encontramos explícitamente en muchos de los comentarios que justifican la exclusión institucional que viven los sectores populares y cuestionan la legitimidad de sus demandas (e.g. "La ignorance en su maxima expression. Esa es la misma gente que aparece quejandose siempre del gobierno [...] gente que no se deja gobernar quieren un trato digno y justo pero ellos mismos se perjudican"; "No pagan impuestos, no obedecen las órdenes, pero si exigen atención médica gratuita e indemnización por fallecimiento"); denuncian un trato asimétrico del Estado en perjuicio de los "buenos" ciudadanos (e.g. "Siempre el mercado formal es el que paga, impuestos, restricciones, regulaciones, etc en cambio para el mercado informal no existe regulación alguna y nunca les dicen nada"), e invocan políticas de mano dura y medidas punitivas para controlarlos (e.g. "Puta gente terca, al paredón sin más! Me cagan los vendedores ambulantes venden basura..."; "Las autoridades tiene toda la culpa, donde esta la policía para cerrar todo y mandar a la gente a sus casa, la de muertos que habrá serán miles").

Es decir, entre otros aspectos, se trata de discursos en los que de forma tácita o explícita se ponen de manifiesto demandas y aspiraciones políticas en relación con el gobierno del espacio público. Como se ha mostrado en múltiples investigaciones, discursos como estos han participado de la legitimación de distintas políticas que criminalizan diversas estrategias de sobrevivencia de los sectores populares (vinculadas a su uso y ocupación del espacio público), estableciendo nuevas fronteras urbanas y condiciones de exclusión. En el contexto de la pandemia, en Lima (Perú), por ejemplo, ^{Coletto, Jaber y Vanhellemont (2021)} muestran que la estigmatización de los comerciantes callejeros de La Parada se encontró detrás de distintas medidas represivas contra los trabajadores (como la confiscación de sus mercancías) y planes de reubicación.

"Pero no nos podemos quedar en casa"

Estos discursos neoliberales ocultan la desigualdad de condiciones que han permitido o imposibilitado cumplir con las medidas de resguardo domiciliario. El énfasis individualista impide reconocer el 'infortunio moral' (^{Roush, 2012}) en el que los comerciantes callejeros se han encontrado durante la emergencia sanitaria, en general, y en los momentos más álgidos del contagio, en particular. Estos discursos desconocen que el valor moral no es "inmune a los asaltos de la fortuna", como plantearía la ética kantiana y que, en cambio, el infortunio, como en el que se suelen encontrar cotidianamente .los sectores desfavorecidos, les obliga a "elegir entre bienes opuestos y aparentemente inconmensurables", pues "las circunstancias pueden forzarme a adoptar un curso de acción en el que no podré evitar traicionar algo o actuar mal" (^{Nussbaum, 2017}, p. 33).

Esta contradicción es evidente en la experiencia del comercio popular frente a la pandemia. Por ejemplo, Isabel y Eleuterio vendían tacos de guisado. En marzo de 2020, con el establecimiento de las medidas de resguardo domiciliario y restricción de actividades económicas, ella y su esposo dejaron de vender en su puesto. Al mismo tiempo, dada la precariedad de sus ingresos y ahorros, Eleuterio decidió irse a trabajar de cargador ('diablero') a la Central de Abastos, donde ya había laborado antes. Isabel, en cambio, se quedaría en casa para cuidar de sus hijos tras el cierre de las escuelas. A principios de abril, Eleuterio se enfermó de COVID-19. Aunque por fortuna no tuvo síntomas graves, dos de sus companeros de trabajo (y tíos), que se enfermaron al mismo tiempo, fallecieron. A Isabel y a él la enfermedad y las muertes les "pegó mucho emocionalmente" y tuvieron un intenso temor por la salud de sus hijos pequenos. En ese contexto, conversaron. Isabel le dijo: "Pues sabes qué, ya no vas a ir a trabajar en lo que pasa esto, porque. así comamos frijoles, arroz todos los días; o sea. o sea.mientras tengamos un plato de comida, pues...no, no, qué te vas a exponer?" Pero, los recursos económicos con los que disponían (muy pocos ahorros, un apoyo económico de la mamá de Eleuterio, y un seguro de desempleo que tramitó Isabel), apenas les alcanzaron para estar otro mes sin ingresos laborales. A finales de mayo, cuando la Ciudad de México se encontraba en el momento más alto de contagios, Eleuterio tuvo que volver a salir a trabajar. Isabel me cuenta: "Cuando él regresó pues él me deda: '¿Es que la gente allá no se deja de morir!' ¡O sea, no, no.! .pero pues, ya llegaba un momento donde jtenía!, no era porque quisiera, sino ya jtenía! que ir a trabajar, porque ya no. el recurso económico pues ya se nos había acabado."

Como en los casos de Isabel y Eleuterio y de Romeo -y como ha sido senalado en otras investigaciones, como la de los choferes de mototaxis de la ciudad de Araraquara (Brasil), estudiados por ^{de Souza (2021)}, quienes laboran en el comercio popular con ingresos precarios y sin capacidad de ahorro- muchas personas se vieron coaccionadas por la necesidad de salir a trabajar, aun en contra de sus deseos y temores. Pero salir a la calle no solo implicó el miedo a contagiarse de la enfermedad y llevarla a casa; además, como destacan ^{Vázquez y Tapia (2021}, p. 10) sobre la experiencia de Querétaro (México), para los trabajadores callejeros implicaba ser objeto de senalamientos estigmatizantes, así como quedar expuestos a la vigilancia policial y a sanciones administrativas. Esto último era, de hecho, uno de los temores de Romeo y su pareja. Los días que fueron a laborar a su lugar habitual, ignorando la prohibición, fueron advertidos por otros companeros de que tuvieran cuidado, pues había camionetas de las autoridades encargadas del espacio público vigilando la zona y sancionando a los comerciantes.

"El que se busca la vida en la calle, c, cómo le hace?"

Desde el inicio de la pandemia, AMLO insistió en que, en contraste con lo 'absurdo', 'injusto' y 'corrupto' de la lógica neoliberal para enfrentar la crisis, ahora no se protegería a los de arriba, ni se convertirían "las deudas privadas de unos cuantos en deudas públicas", sino que se iba a "rescatar a los de abajo" (^{López Obrador, 27 de marzo 2020}), sobre todo "a los débiles, a los desposeídos, a los pobres, a los pequenos" (^{López Obrador, 31 de marzo 2020}). De forma recurrente, AMLO ha situado en el centro de las preocupaciones de su gobierno el acceso a los medios de vida de los trabajadores informales.

Al poco tiempo de que se reportaron los primeros casos y contagios de COVID-19 en México, comenzó a darse una fuerte presión pública porque se adoptaran medidas de resguardo domiciliario, como ya había sucedido en otros países. Pero AMLO senaló que estas medidas no podían tomarse fácilmente en México:

No olvidemos, hay países en donde pueden parar la economía, porque tienen una economía formal fuerte; nosotros [...] como mala herencia, el modelo neoliberal nos dejó a la mitad de la población viviendo, sobreviviendo de la economía informal. Entonces, la gente si no trabaja, no come [...]. (^{López Obrador, 27 de marzo de 2020})

Posteriormente, con el inicio de las medidas orientadas al resguardo domiciliano, AMLO reconoció repetidamente a los trabajadores informales como los principales afectados por la crisis económica (e.g. ^{López Obrador, 5 de marzo 2021}). En este contexto, los destacó como beneficiarios de distintas acciones y políticas sociales (e.g. ^{López Obrador, 2020, 17 de junio}).

Esta postura no estuvo exenta de controversias y conflictos. Por ejemplo, en la conferencia mananera del 7 de julio de 2020, una periodista de uno de los principales diarios del país cuestionó que Obrador hubiera planteado que habría más apoyos económicos (microcréditos) dirigidos a microempresas del sector informal, afirmando que "gran parte de él abarca la venta de mercancía robada o piratería, además de que [...] no garantiza, entre otros aspectos, el respeto a los derechos humanos como la mano de obra infantil". La respuesta de AMLO fue contundente:

En la concepción conservadora quisieran que no hubiera ambulantes, que no existiera el comercio o la actividad económica que le llaman informal, pero la gente tiene que trabajar, tiene que mantener a sus familias. Entonces, no es culpa de ellos, es falta de oportunidades. ¿Por qué? Porque se padeció un régimen corrupto donde se dedicaban a saquear, a robar y no había beneficios para el pueblo. Entonces, encima de eso se les estigmatiza [...]. Yo no lo veo así, yo tengo que ver las causas que llevaron a muchos a buscarse la vida de esa forma. Imagínense si no existiera o no hubiese existido la economía informal en todo este periodo neoliberal de crisis, que la gente no se buscara la vida en lo que fuese de manera honrada, como lo hacen, con trabajo [...] ¿cómo estaría México? [...] no es sólo condenar a la gente, hay que entender las causas. [...] ¿quiénes violaban los derechos humanos?, los gobiernos conservadores. Esos son los partidarios del uso de la fuerza, de querer resolver todo por la fuerza, la mano dura. (^{López Obrador, 7 de julio de 2020})

El reposicionamiento del 'pueblo' en el discurso de AMLO (^{Leal, 2021}), ha supuesto una confrontación y deconstrucción con diferentes elementos del discurso neoliberal respecto a los sectores populares; una reconfiguración de la categorización, clasificación, jerarquización y asociaciones discursivas. En la cita anterior, López Obrador se contrapone a la estigmatización y condena la moral planteada por la periodista. Presenta a los trabajadores inscritos en un 'infortunio legal' (^{Roush, 2012}) en el que son las condiciones estructurales de un régimen injusto las que los obligaron a buscar el acceso a los medios de vida a través de actividades económicas 'informales', al mismo tiempo que, en oposición a la violencia simbólica de la que suelen ser objeto, los reivindica moralmente, como gente honrada, trabajadora. En la parte final de la respuesta, Obrador hace una fuerte crítica a las exigencias represivas y punitivas para controlar el comercio callejero que suele encontrarse de forma tácita o explícita en planteamientos como el de la reportera.

De hecho, López Obrador ha afirmado que el gobierno federal no estableció medidas de cuarentena 'estricta' que sancionaran la presencia de la población en los espacios públicos, como en otros países, ni instó a los gobiernos locales en esa dirección, precisamente porque "mucha gente se busca la vida en la calle" (^{López Obrador, 26 de julio de 2021}).

Nosotros tenemos garantizado nuestro sueldo y muchos tenemos posibilidades económicas y podemos estar tres meses, seis meses, un ano [en confinamiento], en el caso de que es un servidor público cada quincena cobra; pero [...] el que vende gelatina, el que vende pan, el que se busca la vida en la calle ¿córno le hace? Tenemos que equilibrar, cuidar la salud del pueblo, pero al mismo tiempo no actuar con autoritarismo, entendiendo que hay que recuperar la economía popular. (^{López Obrador, 13 de julio de 2020})

Ahora bien, las palabras de AMLO en esta cita se aproximan y se alejan de lo planteado por Romeo al inicio del artículo. Como Romeo, reconoce que no todos los sectores sociales cuentan con condiciones de empleo e ingresos que les permitan cumplir con el confinamiento domiciliario. Sin embargo, a diferencia de Romeo y de otros trabajadores que esperaban que el Estado tomara medidas que compensaran las desigualdades estructurales - y que estableciera condiciones para que "el que se busca la vida en la calle" pudiera resguardarse del virus al igual que otros sectores más privilegiados-, AMLO parece más preocupado por reestablecer la 'economía popular', flexibilizando las medidas de aislamiento, que por el cuidado de la salud. Esto tiene aspectos paradójicos para un gobierno que se ha planteado romper con el neoliberalismo, pues, frente a la crisis económica vivida por estos hogares, las intervenciones del gobierno federal se orientaron más a facilitar su continuidad o reinserción en el mercado, que a establecer condiciones de protección social extraordinarias que les permitieran acceder a ingresos o medios de vida al margen del mercado. De esto dan cuenta varios aspectos.

Primero, que desde el gobierno federal no se consideraron necesarias acciones significativas y extraordinarias de política social que, para estos sectores vulnerables, suspendieran momentáneamente su dependencia diaria de los ingresos a través del mercado (de trabajo en la calle), estableciendo condiciones materiales para "quedarse en casa", lo que fue recomendado por instancias nacionales (^{CONEVAL, 2020}) e internacionales (^{PNUD, 2020}). Así se llevó a cabo en otros países latinoamericanos (^{Filgueira, F. et al., 2020}; Natanson, 2020). Lo que sucedió fue que se adelantaron y concentraron los pagos de programas sociales de transferencias económicas, como el de 'Adultos Mayores' (^{PNUD, 2020}, pp. 27-28), lo que significó, por otra parte, el descobijó de esos ingresos en meses posteriores.

Segundo, que la limitación de medidas restrictivas de control de la población en el espacio público tenía como una de sus justificaciones la necesidad de permitir la continuidad o reinserción de las actividades económicas populares. Tercero, la centralidad que tuvieron los programas de microcréditos ofrecidos por el Estado, dirigidos a 'microempresas' de la economía formal e informal y orientados a reactivar sus actividades económicas. Sobre esto último, cabe senalar que, como es usual con este tipo de préstamos, algunos de los solicitantes de créditos los aprovecharon para enfrentar emergencias relativas a la reproducción social. Por ejemplo, Fidel, comerciante de hierbas medicinales que accedió a uno de los créditos, me comentó:

[El crédito] te lo gastas porque la situación no da, [...] no puedes invertir [...] como está la situación no se puede. ¿Lo tenemos que pagar, es un crédito!, jno es un apoyo que nos esté regalando! Entonces haz de cuenta que ese dinero se ocupa en gas, en teléfono, la luz, los pagos de la casa, los pagos del gasto de la comida, transporte, la alimentación aquí también. O sea, todo genera gasto.

Sin embargo, muchos comerciantes vieron con temor el endeudarse y sus posibles consecuencias en procesos de acumulación de desventajas, por lo que no les pareció una opción viable para enfrentar la crisis que vivían. Y, más allá de que los créditos se usaran con objetivos reproductivos o de inversión productiva, se trata de una política que sujeta (con la deuda) a los trabajadores a ingresos económicos a través del mercado.

"Yo veo que el Estado o las instituciones estuvieron insensibles"

Lo que le falta al gobierno es apoyar a la gente que es como independiente de esas [grandes] empresas, gente de los mercados públicos, de las plazas públicas, de los negocios independientes, de los comercios en pequeno, creo que a ellos les deberían de prestar la atención. [...] Dedicarse a ver a los mercados públicos, a la gente que está en vía pública. Decir: "Bueno, ¿cómo les ayudamos? No van a poder trabajar, pero podemos asegurarles [algo]" [...] Entonces, bueno, creo que el gobierno no está sabiendo manejarse bien y decir: "Este es el sector que está vulnerable y el que debemos de apoyar, debemos de darle más fuerza". (Gardenia, comerciante de flores de papel)

Como Romeo y muchos otros comerciantes, Gardenia manifiesta una inconformidad con la protección desplegada por el Estado para que los trabajadores del comercio popular pudieran quedarse en casa, cumpliendo con las indicaciones de resguardo domiciliario. Ello a pesar de que varios de estos comerciantes recibieron recursos de algún programa social en diferentes momentos de la pandemia, por parte de uno de los tres niveles de gobierno.

El gobierno de la Ciudad (cercano al gobierno federal) y los gobiernos de las Alcaldías sí impulsaron algunas acciones extraordinarias de política social. Así, por ejemplo, mencioné que Isabel accedió a un seguro de desempleo. Durante el 2020 este programa del gobierno de la Ciudad, y otros nuevos afines, otorgaron una transferencia mensual de $2,641 o $1,500 hasta por dos meses, alcanzando 101,373 beneficiarios. Si bien se abarcó a más del doble de la población que el programa cubría antes de la pandemia, la cifra solo representa el 32.4% de la población desocupada para el tercer trimestre del 2020: 312,743 personas, según los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo [ENOE]. Además, hay que senalar que solo un porcentaje minoritario de los apoyos fue otorgado a personas desocupadas provenientes del sector informal. Otro programa del gobierno de la Ciudad, que también fue ajustado en el contexto de la pandemia, y que era recibido en alguno de los hogares de mis informantes, fueron las becas para estudiantes, en educación especial, preescolar, primaria y secundaria, matriculados en escuelas públicas. El monto asignado para las becas era entre $300 y $400 mensuales, pero durante los meses de abril, mayo y junio del 2020, durante la prohibición más estricta de actividades económicas no esenciales, se anadió un monto extra de $500 por mes. De acuerdo con la evaluación interna del programa, se alcanzó al 93.21% de la población matriculada en escuelas públicas (^{Gobierno de la Ciudad de México, 2021}, p. 9). Por otra parte, también hubo algunas acciones impulsadas por las Alcaldías; en Venustiano Carranza, donde trabajan los comerciantes con los que realicé esta investigación, se hizo un programa de transferencia monetaria (un total de $1,000) dirigido a proteger a la población vulnerable en la localidad. Sin embargo, el propio programa estimó que solo podría llegar al 43% de la población en esa condición (^{Alcaldía Venustiano Carranza, 2020}, p. 130).

Por más que estos recursos les parecieran importantes, no es contradictorio que, al mismo tiempo, les hayan resultado limitados e insuficientes. En realidad, las acciones de protección social orientadas al confinamiento fueron deficientes de acuerdo con los cuatro parámetros básicos propuestos por ^{Filgueira y Lo Vuolo (2021}, p. 150) descritos a continuación. Timing: distintas acciones presentaron un importante hiato entre el momento más agudo de la emergencia y la recepción del apoyo. Lapso: se limitaron a ciertos momentos, sin cubrir necesariamente los más agudos de la crisis y sin considerar una duración más larga de dificultad. Suficiencia: los montos se encontraron por debajo de la línea de pobreza por ingresos por persona ($3,542.59) y, en algunos casos, por debajo de la línea de pobreza extrema por persona ($1,676.85) (para marzo del 2020 y de acuerdo a los cálculos de CONEVAL). Cobertura: por ejemplo, de acuerdo a una encuesta realizada por el gobierno de la Ciudad de México y otras instituciones, solo alrededor del 50% de los hogares de menos ingresos reportó recibir algún programa o ayuda del gobierno en el 2020 (^{UNICEF, 2020}, p. 12).

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones realizadas por Wilfrido A. Gómez-Arias basadas en el Censo de Mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI]

Gráfica 1 Tasa de mortalidad (por cada 1,000 habitantes) confirmados y sospechosos de COVID-19 según nivel de estudios y rango de edad, Ciudad de México, 2020. 

Así, los apoyos estatales no permitieron que los trabajadores del comercio popular salieran de su infortunio y no se vieran obligados a ir a la calle a trabajar, exponiéndose, por una parte, a contraer la enfermedad y propagarla, con los riesgos que implica para la salud y la vida, y, por otra parte, a ser estigmatizados y reprimidos por la policía y sancionados con una pena administrativa, todo por trabajar.

Aunque, siguiendo la línea marcada por el gobierno federal, en la Ciudad de México no se establecieron medidas coercitivas respecto a la presencia de la gente en los espacios públicos, sí se impulsaron distintas medidas para contener y regular las actividades económicas. Las actividades económicas callejeras categorizadas como 'informales' son heterogéneas y no se desarrollan, en su mayoría, por fuera de distintas normas y regulaciones con autoridades públicas (^{Hayden, 2017}). Por el contrario, los comerciantes suelen tener permisos para vender en los espacios públicos que ocupan, a partir de diferentes tipos de negociación y arreglos con agentes estatales. Gracias a eso, estos trabajadores encuentran cierta estabilidad y seguridad cotidiana en sus prácticas.

En distintos momentos de la pandemia a los comerciantes callejeros que desarrollan actividades económicas no-esenciales se les ha prohibido trabajar, de forma total, cuando las medidas restrictivas a las actividades económicas han sido más fuertes, y de manera parcial, es decir, con fuertes regulaciones y restricciones a los tiempos y densidad de su presencia, en los momentos en los que ha habido mayor apertura al desarrollo de las actividades económicas. Estas prohibiciones suponen que, de incumplirse, los trabajadores se encuentran expuestos a la represión policial y a sanciones administrativas.

Reflexiones Finales

México es uno de los países del mundo en el que el exceso de mortalidad durante la pandemia ha sido mayor (^{Palacio et al., 2021}). En el caso de la mortalidad por COVID-19 y sospechosa de COVID-19 en la Ciudad de México, nos encontramos con que, si tomamos el nivel de estudios como indicador de la condición socioeconómica, los sectores de menores ingresos se vieron mucho más afectados que los sectores más privilegiados (ver Gráfica 1).

Si bien, el exceso de mortalidad está sobredeterminado por una multiplicidad de factores de muy diverso tipo (^{Lajous et al., 2021}), distintos autores han senalado una importante correlación entre la mortalidad y distintas dimensiones de privación socioeconómica y marginación social, como el hacinamiento, la falta de servicios públicos (agua y drenaje), la precariedad de la atención de las instituciones públicas de salud y, de manera significativa para este artículo, el que "la población más vulnerable ha podido reducir menos la movilidad y mostrar menor adherencia al aislamiento social debido a sus restricciones económicas" (^{CEPAL-OPS, 2021}, p. 19).

En este artículo he expuesto que, a contracorriente de la estigmatización de los trabajadores callejeros por los discursos neoliberales sobre la responsabilidad individual, la legalidad y el orden urbano, López Obrador se ha mostrado empático con estos trabajadores, reconociendo las privaciones estructurales que les impiden, a diferencia de los sectores privilegiados, quedarse en casa. No obstante, a pesar de destacarlos como sujetos de protección por el Estado, no hubo decisiones significativas de política social orientadas a contrarrestar su desventaja estructural y su dependencia al mercado para acceder a ingresos. Encontramos un énfasis en la necesidad de proteger la economía popular que parece desestimar el cuidado de la salud y las capacidades de protección social del Estado, pues las medidas del gobierno se orientaron a facilitar que estos trabajadores encontraran formas de enfrentar la adversidad económica a través de su continuidad (la flexibilidad del confinamiento) y reinserción (microcréditos) en el mercado, lo que les suponía entre otros riesgos, exponerse al contagio. Finalmente, en la experiencia de los trabajadores se expresa una tensión que ha sido común en los países latinoamericanos donde se ha planteado una ruptura con el neoliberalismo: el que los cambios aparecen más bien ambiguos y contradictorios, con la permanencia y reproducción de medidas, prácticas y lógicas neoliberales (^{Goodale y Postero, 2013}; ^{Pérez, 2016}; ^{Ackerman, 2021}).