Diagnóstico

El diagnóstico tiene varios estratos. El primero es uno histórico, un pasado difícil y presente, una historia que no pasa y que marca un antes y un después, no solo en la sociedad urbana, sino incluso en tipos de ciudad, proyectos urbanos y políticas de desarrollo y modernidad que se proyectaron antes del choque de fuerzas (^{Sánchez, 2017}). La Dictadura Militar (1973-1990) reordenó el espacio urbano de Santiago a través de la disciplina y el castigo de una sociedad que había alcanzado altos niveles de politización entrada la década del 70 (^{Pastrana y Threlfall, 1974}; ^{Rodríguez, 2013}).

En ese sentido, ^{Rodríguez (2013)} y ^{Harvey (2007)} subrayan que la neoliberalización del espacio urbano no fue un proceso natural de la economía mundial; desafortunadamente, fue un paquete de transformaciones que se instaló por la fuerza y que hizo de Santiago un laboratorio. Esta situación explica, en parte, como argumenta ^{Silva (2021)}, que tanto el neoliberalismo como la constitución de 1980 fuesen foco constante de impugnación; esto se debe a que existe un referente temporal y material que marca un antes y un después y que alimenta las memorias y traumas sociales de Santiago, a los cuales se hizo referencia iconoclasta durante las protestas. En definitiva, se trata de que Santiago, durante el período anterior a la dictadura militar, como ha ilustrado Gonzalo Cáceres, entre 1964 y 1973, fue la capital de la izquierda, y hay bastante memorias sociales y construcciones culturales que giran en torno a ese contexto (^{Cáceres, 2016}, p. 386).

En un segundo estrato, la segregación socio espacial, como proceso histórico y consecuencia del estrato anterior, se expresó en una aglomeración urbana en la que el sector inmobiliario y financiero fue el encargado de la producción de espacio (^{Portes y Roberts, 2008}). La ciudad bajo el libre mercado, de la que nos hablan ^{Portes y Roberts (2008)}, no solo se expresa en una producción desigual de espacialidades (^{Harvey, 2007}) y en el retroceso o desmantelamiento del rol del Estado en la producción social de espacio y equipamiento urbano, sino que también se materializa en los trayectos entre lugares de habitación y los de trabajo y en las condiciones y costos socio-económicos en los que se realizan dichos trayectos, dependiendo de si se usa vehículo (autopistas públicas o privadas) o transporte privado o público de masas. Esta serie de situaciones, sumada al actuar de la policía (^{Di Cesare, 2021}), va dibujando accesos diferenciados a la ciudad que dependen de la condición socio-económica, la raza y el género, y que alimentan las condiciones sociales para los conflictos urbanos.

No es fácil establecer el porqué de estas situaciones, pero sin duda se debe, en parte, a un 'saber técnico' que reduce al ciudadano a usuario de la ciudad: "(...) En esta dirección, la vida urbana, hoy, señala la ciudad como fuente de privación, transformándola, como consecuencia, en el lugar de la expresión de los conflictos, enfrentamientos y confrontaciones" (^{Alessandri, 2015}, p. 234).

Por último, a partir de los aportes de ^{Scheuerman (2019)} al debate sobre la desobediencia civil, resulta difícil no cuestionarse los niveles de satisfacción y de funcionamiento de las democracias. En este punto, vale la pena pensar que la aparición de conflictos urbanos no es negativa cuando apunta a visibilizar un problema. Dicho en otras palabras, ¿por qué quienes aspiran a cambios legales y políticos se ven obligados a infringir la ley y a tomar espacios concretos de la ciudad para expresarlo? Precisamente, Scheuerman señala varios factores a considerar: la apatía creciente de las masas, una indignación populista contra las élites políticas, el declive de los partidos políticos mayoritarios, etc. (2019, p. 24).

En los siguientes apartados nos aproximaremos, en primer lugar, a los conflictos que nutrieron el tiempo de la revuelta y la pregunta por el resurgimiento del espacio público de la mano de la desobediencia civil. En segundo lugar, estudiaremos quiénes son los/as protagonistas, y por qué los situamos dentro del universo de este tipo de movimientos sociales.

La Revuelta de Octubre y los Conflictos de la Ciudad

Parafraseando a ^{Lefebvre (1968)}, la ciudad debería dejar de ser lugar y símbolo de una democracia limitada y pasar a ser lugar y símbolo de una profundización de la democracia. Pero ¿qué significa profundizar la democracia en la ciudad? ¿Por qué ponderar lo que ocurrió en octubre como una revuelta? Por más de treinta años, luego del retorno a la democracia en 1990, parecía que el crecimiento económico y la estabilidad del sistema institucional chileno no mostraba problemas, y que no era necesario revertir el entramado constitucional. En este punto surgió, sin embargo, un problema: el alza de 30 pesos chilenos en el precio del pasaje del tren subterráneo hizo explotar una serie de protestas el viernes 18 de octubre. Varios analistas, como Peña y Silva, dan cuenta de que "algunos observadores consideraron netamente insurreccional[es], política y culturalmente", las protestas que se desataron desde aquel día y que exigían la renuncia de Sebastián Piñera y el fin del neoliberalismo y de la constitución de 1980 (^{Peña y Silva, 2021}, p.11).

Ambos autores remarcan, en primer lugar, la heterogeneidad de los signos que los grupos tradicionalmente excluidos, como los/as Mapuches, las feministas, las diversidades sexuales, los/as jóvenes y adultos mayores, que bregaban por mejor sistema de pensiones, salud y educación, dejaron como testimonio en las calles. En segundo lugar, ponen el acento en la falta de orgánica u orientación ideológica, y reafirman una idea que el propio movimiento social instaló desde el primer día de insurrección: la revuelta de octubre se llevó a cabo al margen del sistema de partidos (^{Peña y Silva, 2021}).

En el mejor de los casos, la revuelta instaló la pregunta por lo político, por los usos del espacio público, haciendo resurgir la polis como 'espacio del aparecer' (^{Arendt, 2016}). Y, en el peor de los casos, la revuelta instaló una temporalidad, una experiencia de tiempo: "Si la revolución prepara el mañana, la revuelta invoca el pasado mañana. Es, por tanto, un instante de conocimiento fulgurante, porque abre una mirada al futuro" (^{Di Cesare, 2021}, p. 54).

En la ciudad bajo el libre mercado se organizó de tal forma la consigna 'no hay alternativa', como sistema "inhibidor de la acción" (^{Harvey, 2007}, p. 30), que presentar alguna opción se tornó difícil. Desafortunadamente, tanto para el sistema institucional como para las expectativas revolucionarias, la 'revuelta' tiene la capacidad de suspenderlo todo y de establecer otro tiempo y espacio: un momento de igualdad, en palabras de ^{Rancière (2014)}, aunque es temporal y no evolucionista. De ahí la pregunta por la posible productividad de este tipo de experiencias, como también su no-productividad, ya que, en episodios históricos, las revueltas no han conducido a revoluciones o a nuevos comienzos (^{Di Cesare, 2021}, p. 41).

La revuelta, según el estudio que nos presenta Di Cesare a partir de una discusión teórica, histórica y filosófica a la luz de movimientos sociales -el levantamiento de esclavos que lidero Espartaco contra Roma (73 a. C.), los espartaquistas de Rosa Luxemburgo en Alemania (1919), las protestas de Hong Kong (2019) y de las primaveras árabes (2010), el #Niunamenos y las manifestaciones en Santiago-, es una acción política que ensaya o alude a un cambio, de ahí su vínculo etimológico con 'revolución'. No obstante, a diferencia de esta última, la revuelta pareciera no tener carácter o proyecto político para ese cambio que propone. Por eso, no solo encontramos críticas venidas desde sectores de la derecha política, sino también de la izquierda partidista que suele acusar a la revuelta de desorden o anarquía (^{Di Cesare, 2021}).

Pareciera que las acciones de protesta de este tipo de movimientos sociales, por la manera en que son presentados por los sectores hegemónicos, fueran pura violencia, acciones donde la ética se diluye en una serie de actos inorgánicos e irracionales. Pero lo paradójico es que a partir de las multitudes puede surgir una referencia al espacio, a un lugar desde el cual brotan una serie de actos morales (^{Brox, 2017}). Antes de comenzar con la descripción de los actos que se pueden observar en la revuelta, y el lugar de referencia de los mismos en el caso de Chile, la ciencia ficción y lo distópico nos permiten hacer un contrapunto.

No todas las revueltas ni los personajes que actúan en ellas tienen una productividad política. El Joker de Todd ^{Phillips (2019)} adquirió relevancia mundial precisamente porque retrata este tipo de revueltas, así como la polarización de la sociedad urbana contemporánea, a través de una ciudad y sociedad distópica como Ciudad Gótica: espacio indolente, cruel, donde la irracionalidad y el resentimiento se entremezclan y justifican como consecuencia de la corrupción política, los abusos y ostentación de la élite en la urbe, y de la segregación y el abandono de una parte de la ciudad y sus sectores, marcando aún más la separación entre pobres y ricos. Por un lado, el contexto urbano retratado en la película, da cuenta de la pobreza y precariedad social -familias disfuncionales, apartamentos multifamiliares deteriorados, enfermedades psiquiátricas, oficios 'nobles' pero precarios, violencia social, intrafamiliar e institucional- y del rol que cumplen los medios de comunicación en las sociedades contemporáneas. Por otro lado, la trama construye la empatía del espectador/a como una justificación de la violencia a partir de la metamorfosis del personaje principal, Arthur Fleck (Joaquín Phoenix). Arthur es un payaso con una enfermedad mental (afección pseudobulbar ASB) que cuida de su madre y tiene el sueño de triunfar en un stand up comedy. Sin embargo, Ciudad Gótica se encuentra plagada de tensiones sociales y agresiones que van transformando al payaso bueno en el Joker. Arthur no solo debe esta transformación a su historia familiar, sino también a los medios de comunicación que lo convierten en 'personaje'. En una metrópolis donde el anonimato es regla, son los medios de comunicación los que tienen la potestad acusatoria de transformar a un personaje como el Joker en símbolo del malestar social y en impulsor de una revuelta.

Con titulares como "Joker: protestas en Chile presentan influencias de la película" (^{Indigo, 2019}), se remarcó a través de los medios de comunicación la coincidencia del estrenó del film en Santiago de Chile, a principios del mes de octubre de 2019, y el inicio de las movilizaciones el 18 del mismo mes. En el film, y en la utilización que hicieron manifestantes de máscaras y disfraces del Joker en Santiago, se observa la capacidad que este tipo de apuestas cinematográficas (ciencia ficción social) tienen para "(...) inducir en nosotros una siniestra familiaridad, como si lo que viéramos perteneciera al presente que vivimos, como si su mundo fuera una prolongación del nuestro" (Pérez, 2017, p. 99). Asimismo, siguiendo esta última idea, Antonio Navarro explica que películas del género distópico y totalitario, como, por ejemplo, 1984 de George Orwell, tienen esa extraña capacidad de entregar un 'lenguaje/mensaje' que puede ser políticamente incorrecto, pero que, a través de un 'repertorio de imágenes' familiares, es capaz de 'ayudar' a interpretar nuestra experiencia cotidiana, donde escenas y personajes dan cuenta de la incertidumbre, ambigüedades y frustraciones del neoliberalismo o de regímenes totalitarios de derecha o izquierda (^{Navarro, 2017}, p. 29).

De este tipo de género cinematográfico, surgen, sin embargo, sociedades urbanas fracturadas, individuos encolerizados y degradación del entorno; suburbio, disturbio y rebeldía se conjugan con fuerzas sociales que no encuentran un lenguaje político que exprese y transforme su realidad social y urbana. Afloran las pulsiones salvajes de protagonistas que en contra del contexto distópico van confrontando la atonía humana con discursos éticos sobre el habitar (^{Brox, 2017}, p. 17).

Para el caso de Santiago, el estudio realizado por ^{Romero y Puig (2021)} sobre la geografía de las protestas y la posible productividad de estas en la re-significación del espacio público, los llevo a trabajar con más de 800 eventos que consideraron 'propositivos', que contienen elementos éticos sobre el habitar y que ocurrieron en el área metropolitana de la capital entre octubre y diciembre del 2019. Entre los cerca de 800 eventos de protesta que los autores estudiaron se encuentran actos culturales, talleres, cabildos y asambleas territoriales, marchas, concentraciones y cacerolazos, mientras que los espacios utilizados fueron plazas, parques, cruces de calles, estaciones del tren subterráneo o infraestructura pública que utilizan organizaciones vecinales, así como también escuelas y universidades (Del ^{Romero y Puig, 2021}).

Cabe explicar que, de acciones de protesta, como cacerolazos o bloqueos de calles, se pasó rápidamente a lo que ambos autores catalogan como 'acciones propositivas', como cabildos o asambleas territoriales, talleres y festivales, que agrupaciones comunales organizaron para atraer la participación de vecinos/as, re-construyendo tejidos sociales fragmentados. Se comenzaron a elaborar petitorios que exigían un nuevo pacto social y mejoras locales de infraestructura, presionando a los representantes políticos comunales y nacionales para discutir un cambio constitucional que permitiese vehiculizar las demandas (^{Del Romero y Puig, 2021}). Si bien Del Romero y Puig plantean como pregunta la re-significación del espacio público, al parecer, según la evidencia presentada, aquella re-significación tuvo una productividad política, puesto que, rápidamente, para encausar institucionalmente lo que estaba ocurriendo a nivel nacional (asambleas territoriales que discutían un cambio constitucional), el 15 de noviembre del 2019 se firmó un cambio constitucional para realizar un plebiscito que sometió a escrutinio popular el cambio de la constitución de 1980.

Esta productividad política también se manifestó en una supuesta transformación 'radical', aunque temporal, del espacio público, de su función de tránsito y espacio de consumo, a uno de encuentro, debate y co-creación:

En este sentido, por ejemplo, en espacios tan emblemáticos como el Paseo Bulnes, se realizaron mesas de trabajo cuya temática era la defensa de la vivienda digna, en este caso por parte del Bloque Poblador de Unidad Social. De otra parte, se detecta un importante número de convocatorias a cargo de federaciones de estudiantes universitarios y secundarios, como CONFECH (Confederación de Estudiantes de Chile) y CONES (Coordinadora General de Estudiantes Secundarios) con el fin de organizar debates y asambleas. Finalmente, cabildos y acciones culturales convocados por organizaciones indígenas reivindican el carácter plurinacional que debería consagrar la nueva constitución, éstos se han celebrado en espacios de diverso ámbito como sedes culturales, parques e incluso en la Plaza de Armas de Santiago (^{Del Romero y Puig, 2021}, p. 330).

No todas las revueltas presentan una productividad política ni hacen del espacio público un espacio de autorepresentación. Desde los bordes de la política se utilizaron plazas, parques y calles como espacios de visibilidad, pero, también, de construcción de comunidad. De ahí que no debamos pasar por alto la proliferación de asambleas y el papel que juegan durante esa suspensión temporal, pero, ¿cómo relevar esa experiencia, capturar y vehiculizar esa información y lo que representa? Por lo pronto, cabe resaltar que sin ese tiempo y espacio ganados en la revuelta resulta difícil el encuentro en la ciudad bajo el libre mercado. En suma, la plaza, la calle y el parque se convirtieron en "recordatorio simbólico del ágora, primer lugar de la democracia y última reserva disponible de la comunidad" (^{Di Cesare, 2021}, p. 25).

La Ciudad de la Desobediencia Civil

¿Quiénes son los/as protagonistas de la Revuelta de Octubre en Santiago de Chile? Desde mediados del año 2019 se presenciaron hechos de violencia en la ciudad, a partir de políticas de ajuste social y económicas tales como alzas en servicios básicos e impuestos que impulsó el gobierno de Sebastián Piñera Echeñique (2018-2022). Como punto de partida, luego de la aprobación de leyes que restringieron asignaturas y unidades como geografía e historia (^{Cordero-Fernández, 2019}), y de la Ley "Aula segura" (^{Cabaluz, 2019} y ^{Albert, 2018}), se fue disponiendo un creciente descontento en el movimiento estudiantil, que se sumó al actuar restrictivo, producto de la militarización de emblemáticos establecimientos educacionales del centro de Santiago.

Cuando comenzó el mes de octubre del 2019, un 'panel de expertos' decidió un alza en el valor del transporte público de $30 pesos chilenos. La ministra de transporte, Gloria Hutt, aplicó sin vacilar el alza en la tarifa, argumentando distintos factores: dólar, petróleo, etc. El ministro de economía, Andrés Fontaine, explicó con displicencia que quien madrugara y alcanzara a tomar el tren en la franja horaria económica sería "ayudado a través de una tarifa más baja" (^{CNN Chile, 2019}). Esta explicación, lejos de ayudar, crispó aún más el malestar social. Además, ese mismo día, el ministro de hacienda, Felipe Larraín, ante las preguntas de los periodistas sobre el alza en el costo de vida, con un tono irónico respondió con una invitación a los 'románticos' a comprar flores, porque habían bajado de precio (Elmostrador, 2019).

Durante las siguientes semanas, tuvieron lugar una serie de actos de desobediencia que tuvieron como protagonistas, en un primer momento, a los/ as estudiantes de secundaria. Su protesta fue una evasión masiva del pago del tren subterráneo (la empresa lleva por nombre METRO S.A.). Al irrumpir un gran número de estudiantes en las estaciones del tren, los guardias de seguridad se vieron fácilmente superados. Imágenes de jóvenes y niños/as saltando y abriendo torniquetes, bailando sobre ellos, esquivando guardias y carabineros, se tomaron la escena santiaguina, junto con su consigna: "Evadir, no pagar, otra forma de luchar" (^{El Mostrador, 2019}). El día terminó y, al caer la noche, el presidente Sebastián Piñera emitió unas declaraciones que solo avivaron aún más la revuelta en ciernes en todo Chile: "Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite..." (^{Landaeta y Herrero, 2021}).

Como se planteó en la hipótesis inicial, explorar cómo este tipo de movimientos sociales presentan una alternativa distinta o qué nos vienen a recordar, en contraposición a la violencia política que ha utilizado una parte de la izquierda chilena en el pasado reciente (lucha armada), resulta interesante y necesario. Todo esto porque el Estado utiliza esos imaginarios revolucionarios por encima del tropo humanitario que los puede caracterizar, para criminalizar y avergonzar protestas o movimientos sociales que, en sus acciones, en su práctica y ética, no tienen punto de comparación (^{Butler, 2020}).

Entretanto, abundan las imágenes de columnas de humo, vitrinas rotas, saqueos y barricadas en llamas que buscan instalar la opinión pública de desorden y caos que subyace a estos actos de desobediencia. Tomadas de manera global, este tipo de caracterizaciones que califican de violentas cualquier tipo de oposición a la autoridad forman parte de lo que Butler cataloga como batalla política por la semántica pública (^{Butler, 2020}). Este uso indebido del lenguaje, dirá la autora, busca "(...) asegurar su propio monopolio sobre la violencia al difamar a la oposición, justificar el uso de la policía, el ejército o las fuerzas de seguridad contra aquellos que buscan ejercer y defender así la libertad" (^{Butler, 2020}, p. 15).

Si partimos de los postulados de ^{Butler (2020)}, estos/ as estudiantes construyeron poco a poco una semántica y libraron una batalla política contra el Estado y sus instituciones (la escuela y las policías) que los calificaron como 'violentos'. En particular, los/as estudiantes se vieron presionados, por un lado, por una ley injusta que en lo individual no les afectaba, pero que en lo social impactaba en la economía familiar. Por el otro lado, confrontaron el uso indebido del lenguaje que hizo el gobierno de Sebastián Piñera para justificar la militarización de sus escuelas y la violencia contra sus cuerpos. Ese lenguaje se fue expandiendo a distintos sectores de la sociedad que comenzaron a sumarse a las protestas estudiantiles (pobladores/as, movimiento feminista, docentes y profesores/as, organizaciones y trabajadores/as de la salud, etc.). Este tipo de movimientos sociales, son capaces de dar una 'expresión lúcida' a una legítima frustración. Dicha expresión y legitimidad lograron canalizarse con 'seriedad moral', con mayor apoyo social y en la construcción de 'formas políticamente productivas'; solo así se puede aspirar a una profundización de la democracia que las elites niegan (^{Scheuerman, 2019}). Ahora bien, los ejercicios de las territorialidades conllevan relaciones de poder o de poderes que están negociando o imponiendo sus intereses (^{Mape y Avendaño, 2017}).

Es por eso por lo que es difícil ponderar la violencia cuando el discurso de los medios de comunicación y del Estado compara el lanzamiento de una piedra con un disparo de perdigones o bombas lacrimógenas, o las muertes y mutilaciones con la restauración del orden; este tipo de discursos, que invierten las responsabilidades, intentan poner en el mismo nivel la interrupción de una calle con una barricada y la importancia de restablecer el tránsito vehicular. En cambio, no se pregunta por qué aquellos grupos o personas llegan a ese extremo ¿Qué amenaza o asfixia su vida? ¿Por qué no se van de esas plazas y calles? ¿Por qué vandalizan esos monumentos y los transforman? ¿Cuál es el mensaje? La violencia política de los 70's buscó cambiar el régimen capitalista por uno socialista, fuera por la vía democrática o por la lucha armada. En el contexto de este nuevo siglo, el I can't breath de George Floyd en Minneapolis, Estados Unidos (afroamericano asfixiado por un policía), se transformó en emblema sincrónico de una serie de protestas y revueltas que se venían dando en Quito, Santiago y Cali. Estos conflictos sociales exigieron el derecho a la respiración en un sistema financiero y político que parece asfixiar (^{Di Cesare, 2021}). En último caso, se tiende a olvidar que la democracia es el único momento político donde "uno puede ser a la vez ciudadano y rebelde" (^{Bentouhami-Molino, 2017}, p. 63).

Estos actos de ciudadanía/rebeldía -como el de Rosa Parks, la llamada "Madre del movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos de América" (^{Núñez, 2016}, p. 27); o la serie de protestas pacíficas por el derecho al voto en Selma Montgomery (^{Lewis et al., 2018})- buscan ejercer una ciudadanía activa en un contexto democrático, con sed de justicia, sin participar de leyes injustas. Este tipo de protestas se caracterizan por ser expresiones colectivas que reivindican "el derecho a tener derechos" (^{Marcone, 2009}), tienen un alto sentido moral de la justicia y encuentran la forma de activar sus protestas en el escenario urbano, gracias a la intervención de plazas, calles, parques, escuelas o universidades y al reclamo del derecho de ciudadanía y de habitar. Son movimientos sociales que toman su impulso de la no-violencia; ahora bien, esto no impide llevar a cabo acciones provocativas con el objetivo de comunicar, visibilizar y convencer al resto de la sociedad. En este último punto surge, sin embargo, un problema, no todos los tipos de desobediencia civil llevan al extremo la no-violencia. Existen varias tendencias, como la religiosa, donde se suele ubicar a Gandhi y Martín Luther King Jr.; la liberal, de John Rawls; la democrática, en donde la desobediencia civil es vista como vía para afianzar la democracia -nos encontramos aquí con importantes intelectuales como Hannah Arendt y Habermas- y, por último, la anarquista, que no ve con malos ojos utilizar la violencia.

Como lo explica Scheuerman, en los casos democráticos la desobediencia civil, entendida como un proceso histórico inacabado, perfectible, puede ser considerada como respuesta a los poderes político y empresarial cuando estos abandonan las vías institucionales por sus intereses económicos o políticos (^{Scheuerman, 2019}). Así, el propio Habermas entendió que la desobediencia civil era una forma de acción civica que potencia la democracia al ser un instrumento popular que asegura un papel productivo "(...) a la hora de proteger y, potencialmente, reconfigurar tanto la democracia como el gobierno constitucional" (^{Scheuerman, 2019}, p.118).

Para ^{Zinn (2002}), más ligado a la tradición contestaria de la desobediencia civil, entendida como ruptura de la legalidad políticamente motivada, es la unica herramienta de acción "extrainstitucional de la ciudadanía", siendo indispensable para la busqueda de concesiones y renovación democrática (^{Scheuerman, 2019}, p. 121). Este tipo de desobediencia civil, y la no-violencia que practica como acción, no prohibe, según Zinn, la destrucción de propiedad o de objetos materiales, puesto que estos forman parte del sentido de expresión a una causa que busca proponer una discusión pública. En ese aspecto, Zinn remarca que, con el fin de comunicar y visibilizar la protesta, las acciones simbólicas pueden llevar a obstaculizar instituciones públicas y privadas, sobre todo si estas forman parte del entramado de la condición injusta (^{Scheuerman, 2019}).

Al 'evadir y no pagar' los/as manifestantes interrumpieron el flujo en la ciudad bajo el libre mercado transformándola, transitoriamente, en la "ciudad de la protesta" (^{Rodríguez, A. y Rodríguez, P., 2020}). Vemos que, por primera vez, la ciudad de Santiago volvió a ser del ciudadano/a, no del automóvil, ni del tiempo del capital. Finalmente, el movimiento social tuvo que avergonzar a quienes lo trataban de forma injusta; así, buscó generar a través de protestas activas y provocativas, tales como la toma de la principal plaza monumental del Estado (plaza Italia/ Baquedano) o el boicot a industrias que humillan a los habitantes de la ciudad (Tren Subterráneo), un cambio en la conciencia. La evasión masiva fue una forma de acción no-violenta con la que el movimiento estudiantil buscó comunicar, convencer y persuadir, logrando generar solidaridades con otros movimientos sociales. A esas alturas, el gobierno de Sebastián Piñera decretó estado de excepción y cualquier forma de protesta y reunión de personas se convirtió en un acto de desobediencia civil; a esto se sumó el toque de queda y la militarización de barrios y plazas: la ciudad de Santiago se transformó, desde el 18 de octubre hasta el inicio de la pandemia de Coronavirus, en una "Ciudad Rebelde" (^{Harvey, 2013}).

Ideas Finales: La conciencia de cité

Este artículo se ha enfocado en la ciudad y los sectores sociales que dieron consistencia a un movimiento de desobediencia civil que la transformó de forma radical, pero temporal. Allí, los conceptos de ciudad y de ciudadanía pasaron de verse desde una óptica de usuario a una como sujeto de derecho. De esta manera, se instaló la pregunta por la re-significación social del espacio público, por las particularidades y potencialidades que este tipo de conflicto urbano y movimiento social posibilita. Además, el interrogante por la productividad política de la revuelta en la urbe pareció obtener una respuesta positiva al calor de los sucesos políticos posteriores, pues se entendió que el tiempo de la protesta y el espacio del aparecer entregan una posibilidad comunitaria que otros sitios dentro de la urbe contemporánea no tienen (fábricas o centros comerciales). Como punto de partida, podemos contraponer al tiempo de la ciudad bajo el libre mercado, el tiempo y el espacio de la revuelta. Dicho en palabras de Rancière: "(...) se supone que el espacio es la forma de la coexistencia, lo que implica que, para pensar el tiempo como coexistencia, de algún modo hay que metaforizarlo y, a menudo, de manera espacial" (^{Rancière, 2014}, p.87).

En lugar de observar solo violencia y destrozos, se trató de mirar el lugar desde donde brotaron actos morales que se llevaron a cabo como recordatorio simbólico del ágora, como espacio comunitario y profundización de la democracia. ^{Sennett (2019)} sugiere, al respecto, que una cosa es entender la ciudad como medio construido y otra bien diferente como la gente vive la ciudad. La revuelta de octubre propone un repaso forzado de cómo la gente vive la ciudad, pues la ciudad es más que el lugar físico, es mentalidad, percepciones, comportamientos y creencias que tienen la capacidad de entregar semántica y cualidad al espacio urbano:

La conciencia de cité también puede representar la manera en que la gente desea que sea su vida colectiva, como ocurrió durante los levantamientos del siglo XIX en París, en los que los sublevados reivindicaban demandas más generales que específicas sobre los impuestos o el precio del pan; defendían una nueva cité, esto es, una nueva mentalidad política. En efecto, cité se aproxima a citoyenneté, que es el término francés para ciudadanía. (^{Sennett, 2019}, p. 10)

Un ejemplo de estos espacios donde se hace efectiva la ciudadanía según Sennett son los sitios de conciencia como, por ejemplo, Plaza Italia/Baquedano, renombrada por el movimiento social como Plaza Dignidad (^{El mostrador, 2019}). Este punto de la ciudad es una rotonda con alto flujo vehicular, circular, que proyecta una variedad de significados. En primer lugar, el circulo, como figura o forma, supone un centro y contiene, supuestamente, la armonía de los opuestos. En segundo lugar, como lo explica Tuan, los antiguos pensaban que el circulo figuraba la perfección, además de la totalidad y el centro (^{Tuan, 2007}). Pero ¿qué pasa con lo que queda fuera de la totalidad? ¿hay una real armonía de los opuestos en este punto de la ciudad?

Las acciones enunciativas que estallaron con la revuelta de octubre no tuvieron un carácter autodestructivo. Al igual que cuando el Estado fundó Plaza Italia/Baquedano, con carácter instruccional y moralizador (^{Gana Núñez, 2021}), los movimientos de desobediencia civil también lo intentaron, ocupando este espacio central en los días posteriores al 18 de octubre del 2019. Si el Estado a lo largo de su historia le ha dado un rol protagonista a esta plaza monumental, limitando la participación y la ciudadanía, se debe a que no fue pensada como plaza ciudadana; es una rotonda de alto flujo vehicular que, además, como da cuenta el trabajo de Gana Núñez, estaba vallada e impedía el acceso (^{Gana Núñez, 2021}). Sin embargo, el carácter abierto del lugar y la confluencia de tres parques metropolitanos de valor paisajístico y de equipamiento urbano (Parque Bustamante, Forestal y Balmaceda) hacen "ineludible la potencialidad del conjunto en cuanto a su función" cívica y festiva, pese a que no fue proyectada para ello (^{Gana Núñez, 2021}).

Este lugar central es frontera, límite y posibilidad que, como metáfora de la ciudad, marca la separación de dos porciones e imaginarios radicalmente distintos. Lo que ocurrió en específico en este lugar, no solo fue una manifestación espectacular de movimientos de desobediencia civil que no se quedó como otras veces, según ^{Márquez (2017)}, a mitad de camino (como paso con el movimiento estudiantil el 2011), sino que es el lugar donde los citadinos imaginaron la posibilidad de una sociedad diferente dejando claras huellas de aquella experiencia, a estas alturas, ya histórica.