Posibilidades Analíticas del 'Neoliberalismo Autoritario'

De acuerdo con ^{Bruff (2014)} vivimos en una etapa del capitalismo que se puede catalogar como 'neo-liberalismo autoritario', y que se caracteriza por Estados que buscan generar andamiajes legales para consolidar los procesos de acumulación de capital, protegiendo los intereses corporativos de grandes grupos empresariales y el poder financiero, además de restringir las protestas sociales contra las políticas de ajuste económico que someten a la mayoría de la población con la excusa de la disciplina fiscal y la viabilidad del modelo económico. Los gobiernos defensores del status quo tienden a reforzar los aparatos de control y de vigilancia, buscan aislar y contener a los grupos sociales que cuestionan las políticas implementadas, apoyados por los medios de comunicación como instrumentos propagandísticos para justificar las políticas neoliberales con el discurso de la protección del empleo. Esto trae una restructuración de los hogares, los entornos laborales y el espacio público urbano (^{Bruff y Tansel, 2019}; ^{Bojórquez, Ángeles y Gámez, 2020}; ^{Bojórquez y Ángeles, 2021}).

Si bien hay una defensa del libre mercado y de la ganancia del capital financiero, en cuanto al ejercicio de gobierno, también hay una tendencia a centralizar los poderes del Estado en el poder ejecutivo, que busca ju-dicializar la protesta social con represión a quienes se expresan en el espacio público (^{Bruff y Tansel, 2019}). Para ello se invierte en dispositivos de control, que inundan las ciudades con las llamadas redes de video vigilancia que buscan eliminar el arquetipo de personas indeseables para el mercado (^{Bojórquez, Ángeles y Gámez, 2020}), y en la dotación de equipos para los llamados escuadrones antidisturbios de las policías.

Pero Bruff y Tansel argumentan que "el neoliberalismo autoritario también se entiende como un conjunto de prácticas contradictorias y en crisis que mejoran las capacidades y las posibilidades de resistencia y dominación" (2019, p. 234), pues, como acto de reflejo, los sectores sociales afectados por estas políticas innovan con una amplia gama de repertorios de movilización que incluyen el aprovechamiento de los espacios y redes virtuales, las movilizaciones sociales en las calles y las redes de protesta y protección, lo que les permite resistir y confrontar a la clase política, aunque dicho activismo signifique su criminalización y represión por parte de las fuerzas del Estado.

En este marco los Estados tienden a adoptar formas cada vez menos democráticas, lo que evidencia la gran crisis que vive el sistema capitalista. Sin embargo, su solución dista de ser sencilla ante la postura de las élites económicas y políticas renuentes a buscar alternativas donde prevalezcan la negociación y algunas concesiones de bienestar social. Para la ortodoxia neoliberal las políticas de ajuste económico son un dogma incuestionable (^{Bruff, 2014}), por lo que para ellos solo hay dos vías de aparente solución: el uso de la fuerza y la judicialización. En sentido estricto, el neoliberalismo toma como principio la reorganización del Estado, afinando instrumentos coercitivos que minan la democracia y se fortalecen a partir de sociedades desiguales y fragmentadas. Por lo tanto, los Estados buscan disciplinar y controlar a los grupos sociales disidentes a través de leyes, aparatos represivos cobijados bajo la legalidad, que limitan los espacios de manifestación ciudadana (^{Bruff y Tansel, 2019}).

Así, el Estado se convierte en una entidad represiva, donde los sistemas penitenciarios se saturan, se fortalecen los cuerpos policíacos y se consolida una realidad militarizada en la cual se reducen las libertades civiles, todo en aras del orden y la llamada seguridad nacional, donde la protesta social es criminalizada, fomentando la marginación y el aislamiento político. Así, las élites políticas y económicas ejercen violencia mediante una constitución.

La paradoja de esto es que, en su búsqueda por protegerse de las protestas sociales al reforzar los mecanismos de represión jurídica, los Estados terminan por exponerse, pues, como afirman ^{Bruff y Tansel (2019)}, los movimientos sociales y populares han tomado más fuerza al incrementar sus capacidades de movilización y de resistencia a partir de la irrupción en las redes sociales y su materialización en el espacio público urbano, como lo demuestra el estudio de caso del presente artículo de análisis.

Geografías de la Resistencia

David Harvey (1976) sostiene que el espacio no puede tratarse como si fuera un elemento neutro, como un simple recipiente de elementos físicos, sino que se conforma y se produce de acuerdo con el contexto histórico social y el modelo de producción vigente. Así, lo ideológico y lo político están plasmados en la construcción social del espacio, generando tensiones y relaciones de poder entre los diferentes agentes. Sostiene Lefebvre que, en esa tensión espacial, "el espacio dominante, el de los centros de riqueza y de poder, se esfuerza en moldear los espacios dominados -de las periferias- y mediante el uso de acciones a menudo violentas reduce los obstáculos y todas las resistencias que encuentra" (2013, p. 108) con la aquiescencia del Estado.

El espacio geográfico se va produciendo a través de las interacciones de los hombres con el medio o entre ellos mismos (Lefevre, 2013), por lo que la geografía está ligada a lo social. El espacio, por lo tanto, tiene que ver con la acción de construcción del hombre y con el desarrollo de los procesos de territorialización que consolidan los procesos de identidad, pero también puede ser visto como arena de manifestaciones de las relaciones de poder en los llamados movimientos sociales. Estos movimientos sociales se proyectan con toda su fuerza en esa caja de resonancia llamada ciudad y buscan combatir las políticas de desregulación económica y ajuste estructural, así como las tendencias de homogenización cultural en este fenómeno globalizador, que buscan que todas las sociedades entren a la dinámica del consumismo (^{Colodro, 2014}), aupado bajo la progresiva limitación de los alcances constitucionales del Estado social de derecho.

Es en el espacio en donde, ante la imposición de los poderes, tanto formales como fácticos, que se apropian de los elementos hasta hace poco comunes, y ante las lógicas expoliadoras de la mercantilización, se configuran diversas formas de resistencia. Colodro define estos movimientos como "aquellas apropiaciones territoriales en las cuales un colectivo humano se resiste a las lógicas impuestas desde un poder central, que utiliza el territorio como un espacio de representación" (2014, p. 4).

En el espacio público urbano se estructura y manifiesta la protesta social, sin embargo, su regulación potencializará o limitará el activismo ciudadano. Es en el espacio público, donde se dan las diferentes tácticas de resistencia como el bloqueo de calles, los plantones frente a los poderes políticos o económicos, el ataque a los símbolos de poder, las tomas de recintos del poder Estatal y demás estrategias que visibilizan el descontento popular. Estas líneas de acción popular son contestadas con aparatos represivos; se producen así enfrentamientos en la lucha por una relación de simetría: las clases subordinadas, en concordancia con ^{Harvey (2012}, p. 27), buscan "nuevas formas de organización territorial de carácter alternativo".

Es así como las formas irruptoras de protesta en Colombia se expresan en el espacio público, ante las imposiciones de las políticas neoliberales que surgieron desde mediados de los años ochenta del siglo pasado. Este proceso, más de tres décadas después, ha llevado a la emergencia de nuevas geografías de resistencia como, por ejemplo, Puerto Resistencia, Avenida Misak, Puente de la Dignidad, Viaducto Lucas Villa, entre otros, que se vuelven símbolos de oposición que conlleva la apropiación y resignificación de los espacios públicos bajo el signo del inconformismo y la indignación ciudadana.

Panorama del Proceso Neoliberal en Colombia

La aplicación del neoliberalismo en Colombia se inicia en los gobiernos de Virgilio Barco (1986-1990) y César Gaviria Trujillo (1990-1994), dando paso a la desestructuración del inconcluso Estado benefactor implementado durante el siglo XX. La privatización de los sectores de educación y salud produjo que estos derechos consagrados por la Constitución de 1991 se convirtieran en servicios públicos con gestión privada y limitados en su acceso. Asimismo, la llegada de capitales extranjeros se enfocó en la explotación de los recursos naturales (energía, petróleo, oro) a partir de concesiones y en la privatización de empresas de servicios públicos (^{Martínez, 2014}).

En el gobierno de Andrés Pastrana Borrero (1998-2002), con el Plan Colombia, apoyado por los Estados Unidos, se fortalecieron las fuerzas militares para combatir el narcotráfico, las guerrillas y los sectores sociales y de oposición. La ciudadanía se tuvo que organizar para confrontar este modelo económico (^{Rodas, 2008}). Con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) el neoliberalismo pasó de lo económico a lo social y militar con las nociones de la 'seguridad democrática'. Se restringieron las oportunidades políticas para la movilización con mayores mecanismos de represión estatal que fueron apoyados por los medios de comunicación. Las organizaciones sociales recurrieron a repertorios transnacionales para salvaguardar su participación en la esfera pública y la defensa de los derechos humanos. En estos años se cumplieron otras dimensiones de lo neoliberal como la venta de empresas públicas y las reformas laborales regresivas.

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) se presentó una transición en las formas, mas no en el fondo (^{Rodríguez, 2014}). Se dio un cambio en las estructuras de oportunidades internas y externas. Pero, sin duda, el contexto de las negociaciones de Paz entre el gobierno y las FARC (2012-2016) en Cuba fue un factor muy favorable a la movilización social. Hubo un resurgimiento de las diferentes formas de acción colectiva: movimientos estudiantiles, campesinos-agrarios, profesorales y manifestaciones sociales diversas. El discurso de la paz, que fue promovido por el gobierno, los sectores de centro e izquierda y las organizaciones sociales, fue contrarrestado con el discurso contra la paz del partido Centro Democrático (Álvaro Uribe Vélez). Como consecuencia de la campaña de desprestigio y mentiras hacia las negociaciones, en el 2016 fue derrotado el Plebiscito por la Paz (No: 50.2%). Los acuerdos de paz tuvieron que ser ratificados por el Congreso de la República. A pesar de todo, el Acuerdo de Paz con las FARC permitió que la sociedad pusiera atención a problemas -presentes, pero no discutidos- como la corrupción, la privatización educativa, la ineficiente seguridad social y la crisis medio ambiental.

Así llegó el gobierno de Iván Duque (2018-2022), un escenario de recrudecimiento del modelo neoliberal (ajustes fiscales de 2018, 2019, 2021); de problemas de educación, salud y empleo; de pésimo tratamiento de la contingencia causada por el COVID-19; de inaplicabilidad de los acuerdos de paz; de ataques a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y de aumento de la corrupción. La respuesta ciudadana fue la movilización y protesta social, que en todos los casos fue reprimida estatalmente. De esta manera, en el presente artículo se entiende que la acción colectiva en Colombia en el año 2021, conocida como Gran Paro Nacional (abril, mayo y junio), responde a la tensión entre la aplicación de un neoliberalismo autoritario -que busca reducir a su mínima expresión las capacidades de la sociedad civil para movilizarse en contra de sus políticas mismas - y el aprovechamiento de las oportunidades políticas por parte de los actores y organizaciones sociales.

Gran Paro Nacional de 2021 y Neoliberalismo Autoritario en Colombia

Las políticas de ajuste económico han sido sumamente dañinas y fuera de todo orden democráticas para América Latina. Sin el consenso de la población, su imposición por parte de las élites políticas y económicas ha sido posible por la cooptación de los poderes legislativos y el judicial (^{Valderrama, 2020}). La reacción de la ciudadanía ha sido fuerte contra gobiernos como los de Mauricio Macri (Argentina), Sebastián Piñera (Chile), Lenin Moreno (Ecuador), Enrique Peña Nieto (México) e Iván Duque (Colombia).

^{Bojórquez y Ángeles (2021)} muestran que en Chile, Colombia y México las protestas sociales han sido acalladas por los aparatos represivos del Estado, con regulación del espacio público y aumento de tipos penales. Sin embargo, los actores y organizaciones sociales han logrado potenciar su presencia en las calles para exigir el cumplimiento de los acuerdos sociales mínimos.

Así ocurrió en Colombia con el Gran Paro Nacional a partir del 28 de abril de 2021. El 15 de abril, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentó el proyecto "Ley de Seguridad Sostenible", con el objetivo de recaudar 23 billones de pesos entre 2022 y 2023 (Portafolio, abril 15, 2021). Se trató de la segunda reforma fiscal después de la fallida "Ley de Financia-miento", aprobada en 2018 y declarada inconstitucional por la Corte Constitucional en octubre de 2019 (Sentencia C-481, 19 de octubre de 2019). Esta nueva ley fue presentada en el medio de la pandemia del COVID-19, cuando la mayoría de la población estaba afectada económicamente (^{Medina, 2021}). La reforma tuvo tres objetivos: extender el IVA a más bienes y servicios; gravar la canasta familiar incluyendo el café, el chocolate y la panela, y ampliar la base tributaria (Medina, 2021). El argumento del gobierno fue que su propósito era garantizar un ingreso mínimo a los hogares que se encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema (Min Hacienda, 2021, s.p). El ajuste económico, en la retórica oficial, buscaba aumentar la capacidad tributaria para enfrentar los gastos extraordinarios que en materia social había implementado el gobierno por la pandemia^[2].

Fuente: Elaboración propia con base en El Espectador y Amnistía Internacional.

Figura 1 Principales ciudades movilizadas y los espacios públicos renombrados 

Las centrales obreras del país y las organizaciones sociales y populares, agrupadas en el Comité Nacional de Paro, convocaron a un Gran Paro Nacional con el lema "Por la vida, la paz, la democracia y contra la Reforma Tributaria y el paquetazo de Duque". El rechazo a la reforma fue también el pretexto para presentar, en el espacio público, una diversidad de demandas sobre derechos sociales, políticos y económicos, lo que se reflejó en los enfrentamientos de fuerza pública y grupos paramilitares al servicio del Estado; incluso en los colombianos en el exterior hubo eco de estas movilizaciones (^{Roa y Grill, 2021}).

El Gran Paro Nacional y las manifestaciones se caracterizaron por un gran activismo de los jóvenes y lo estudiantes, que no solo recogían las exigencias de la población en general de rechazar la pretendida reforma tributaria (^{Gómez y Romero, 2021}), sino también demandas aplazadas, como la gratuidad en la educación superior y la lucha contra la pobreza. Las protestas también fueron lideradas por jóvenes de extracción popular que se caracterizan por no tener empleo ni educación (los llamados 'ni-ni') y por no encontrarse arropados en ninguno de los beneficios del Estado social de derecho.

La espacialidad de la protesta social estuvo dispersa en varias ciudades del país (ver Figura 1). El 28 de abril la movilización social se realizó en los principales centros urbanos de Colombia. En Bogotá, Cali y Pereira se tuvo una mayor intensidad de la movilización que se fue prolongando en los siguientes días. La acción colectiva se manifestó con repertorios variados (ollas comunitarias, teatro y lúdica, actividades frente a las instituciones de gobierno, convites a los barrios populares, etc.) y no solamente en las marchas. También hubo una llamativa resignificación de lugares públicos. Por ejemplo, esta geografía de la resistencia llevó a que en Bogotá, Medellín, Cali y Pereira los espacios públicos fueran renombrados y los símbolos del progreso material o infraestructural readecuados. Los casos más icónicos, aunque no los únicos, fueron el Portal Resistencia y la Avenida Misak (Bogotá), el Puerto Resistencia, la Loma Dignidad y Uni Resistencia (Cali), el Parque de la Resistencia (Medellín) y el Viaducto Lucas Villa (Pereira). En otras ciudades los monumentos históricos se tumbaron o intervinieron: en Bogotá se tumbó la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada y ocurrió lo mismo en Cali, con la de Sebastián de Belalcázar; con la de Gilberto Alzate Avendaño, en Manizales; con la de Misael Pastrana Borrero, en Neiva, y con la del Bolívar Desnudo en Pereira.

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta INVAMER-POLL, 2021.

Figura 2 Percepción ciudadana sobre la movilización y el gobierno durante el paro 

Las disputas por los espacios públicos llevaron a la configuración de unos escenarios, que se entienden como una geografía de la resistencia, en los que los actores y organizaciones sociales y populares compitieron por la hegemonía y dominio sobre las calles, los lugares, los símbolos públicos y las grandes obras de infraestructura. Así, los manifestantes, impusieron una visión alternativa de los sentidos y significados que les otorgan al parque, al puente o al portal de buses. Puede decirse que se escenificó una tensión por la espacialidad - como espacio de disputa, en términos de ^{Harvey (2012)}- que confrontó a las autoridades y que superó la visión física y estática de los espacios públicos.

Sebastián ^{Vargas (2021}, pp. 165-168) advierte que, detrás de estas resignificaciones de lugares y espacios públicos y monumentos, se encuentran unas convergencias globales y regionales que son respuesta y rechazo a la violencia político-estatal, cuestionando las desigualdades sociales 'heredadas' que corresponden a 'regímenes imperiales o coloniales'. De esta manera, se da la apropiación de las redes sociales como espacios de organización y desarrollo de la protesta social, y divulgación de los actos iconoclastas. Asimismo, Vargas afirma que con estas acciones la ciudadanía está interactuando no tanto con "juicios sobre el pasado sino con reivindicaciones políticas del presente y proyectos a futuro" (2021, p. 114).

La respuesta del gobierno de Iván Duque tuvo dos frentes que responden a la estrategia de aplicación del neoliberalismo autoritario como lo plantea Bruff (2021). El primero fue una campaña pública de deslegitimación y estigmatización de la protesta social a través de los medios de comunicación (Semana, 2021, 29 de abril) y de pronunciamientos del gobierno sobre el sentido y las demandas esgrimidas por los actores y organizaciones que se movilizaban, los cuales fueron presentados como vándalos financiados por las llamadas disidencias de las FARC. El segundo frente de la respuesta gubernamental fue la represión policial, la autorización al ejército para tomar las calles y vías^[3] y la venia (por omisión cuando menos) de la participación de las fuerzas paramilitares (civiles armados) en la recuperación del orden en el espacio público, especialmente en ciudades como Cali y Pereira. Durante semanas, los medios de comunicación construyeron una narrativa que victimizaba a las fuerzas del Estado en antagonismo con los actores y organizaciones sociales calificados como 'vándalos', 'delincuentes' y 'terroristas'[⁴].

En Pereira (Risaralda), por ejemplo, se vivieron momentos de represión promovidos por las autoridades locales que no supieron responder a un alto nivel de movilización. El 11 de mayo se presentó el execrable asesinato del estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira, Lucas Villa. Los hechos que llevaron a este homicidio siguen siendo investigados, sin embargo, ocurrieron luego de que el alcalde municipal hiciera un llamado público para defender la seguridad de la ciudad al costo que fuera incluso con seguridad privada. El homicidio de Lucas Villa fue uno entre muchos que ocurrieron en el marco de las movilizaciones del 2021. Todavía se mantiene en investigación, pero la agencia de noticias Baudó publicó un reportaje titulado "Asesinato de Lucas Villa", en el que hace un recuento de lo sucedido. Además, en Cali se presentaron personas vestidas de blanco y autoproclamadas como 'ciudadanos de bien' que confrontaron con armas de fuego a los actores movilizados ante la presencia de la policía.

El resultado inmediato del Gran Paro Nacional fue exitoso. El gobierno Duque tuvo que retirar el proyecto de reforma y afrontar la salida de Alberto Carrasquilla, como medida para disminuir la intensidad de las movilizaciones. No obstante, la acción colectiva se intensificó. En las movilizaciones confluyeron demandas y actores muy diversos: estudiantes, jóvenes 'ni-ni', organizaciones indígenas, transportistas de carga pesada y taxistas, trabajadores del sector salud, maestros, entre otros. En las calles, la confrontación de la fuerza pública contra los manifestantes se hizo más intensa, lo que concuerda con ^{Bruff y Tansel (2019)} en el sentido en que el neoliberalismo autoritario propende por la gestión de la acción colectiva a través de mayores instrumentos legales para la represión estatal. Para algunos analistas, no se vivía en Colombia una movilización similar desde el famoso Paro Cívico del 14 de septiembre de 1977 e, incluso, se dijo que esta movilización era mucho más intensa en participación ciudadana y en los niveles de represión escenificados por el Estado.

En medio de la represión estatal, los grandes protagonistas fueron los jóvenes sin estudio ni trabajo quienes en su mayoría conformaron las Primeras Líneas (PL), brigadas de protección para los manifestantes frente a los escuadrones antimotines (ESMAD). Eran jóvenes equipados con escudos y cascos (blancos, mayormente) que durante semanas resistieron los embates de la represión policial y militar (^{Cardozo, 2021}, pp. 122-123). Además de la interesante lógica de solidaridad que refleja la protección de la movilización (y sus actores) entre sus propios participantes, se encuentra un sinnúmero de problemas que las PL reflejaron. Muchos de estos jóvenes encontraron lazos de solidaridad asistiendo a la movilización, siendo este el espacio en el que podían sentir compañía, amistad y familiaridad, pero, además, en el que lograban alimentarse gracias a las 'ollas comunitarias', porque lamentablemente muchas veces no alcanzaban a tener las tres comidas del día.

El Gran Paro Nacional muy pronto, y a partir de la desaprobación del gobierno de Iván Duque, recogió apoyos de los diferentes sectores sociales. En la opinión pública se desarrolló una posición favorable al uso del espacio público como escenario de protesta social y se cuestionó la intervención del ESMAD por su carácter represivo (ver Figura 2).

Por otra parte, el neoliberalismo autoritario y su faceta de represión estatal implica la violencia sobre los derechos humanos de quienes se movilizan. De acuerdo con reportes de Human Rights Watch [HRW] (2021), se recibieron denuncias comprobables de 68 muertes desde el inicio de las protestas (ver Figura 3); entre los muertos se encuentran dos policías, un investigador judicial y 31 manifestantes, de los cuales 20, aparentemente, murieron a manos de la fuerza pública. Dentro de las muertes, se encontró que 16 personas fueron afectadas por armas letales de fuego, una persona más murió por la golpiza provocada y otras tres más por uso inadecuado de gases lacrimógenos o aturdidoras. Además, se reportaron ataques a los manifestantes, por parte de personas vestidas de civil, que causaron la muerte de cinco personas.

HRW afirmó que, de acuerdo con reporte del Ministerio de Defensa, durante el Paro Nacional más de 1,100 manifestantes sufrieron lesiones, pero muchos de los casos no fueron denunciados ante las autoridades (HWR, 2021). El Ministerio de Defensa reportó la detención de más de 1,200 personas por la presunta comisión de delitos durante las movilizaciones y 215 fueron imputados. La Defensoría del Pueblo denunció el actuar de la policía, que dio como resultado dos casos de violación sexual, 14 casos de agresión sexual y 71 casos de violencia de género y abuso verbal. Cifras del colectivo Temblores (^{Gamba y Ruiz, 2021}) señalan que, hasta el 30 de mayo de 2021, hubo 22 casos de violencia sexual. 419 personas fueron reportadas como desaparecidas. De acuerdo con ^{Fitzgerald (2021)}, durante el Paro Nacional se reportaron más de 800 desapariciones; de este número todavía quedan más de 300 casos en verificación y se tienen pruebas de 23 desaparecidos que han sido encontrados muertos.

Fuente: HRW (2021)

Figura 3 Muertes relacionadas con las manifestaciones 

La represión policial que se utilizó como respuesta gubernamental fue denunciada por las organizaciones defensoras de derechos humanos y quedó registrada en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se establecieron recomendaciones para el Estado colombiano. Entre otras cosas, se recomendó que los funcionarios se abstengan de pronunciarse; que se garanticen los principios de proporcionalidad y defensa de la vida por parte de las fuerzas de policía que intervienen en las manifestaciones; que se definan protocolos para el uso de armas no letales y que se disminuya el uso de la figura de asistencia militar y traslado por protección (CIDH, 2021).

Como toda acción colectiva que implica esfuerzos organizativos, el Gran Paro Nacional de 2021 no estuvo exento de experimentar contrariedades. Una movilización que inicio por convocatoria de las centrales obreras devino en una gran movilización con inclusión social, popular y sectorial, con lo cual requirió la conformación de un Comité Nacional del Paro que tomó decisiones que en algunos casos representaron parcialmente a las multitudes movilizadas. Algunas ambigüedades en la dirección del Gran Paro Nacional fueron aprovechadas por el gobierno nacional y los medios de comunicación para promocionar una visión desarticulada del mismo y atacar a sectores específicos como los indígenas, los maestros y los jóvenes, en busca de mellar su credibilidad y legitimidad pública.