Características Demográficas de la Inmigración Latinoamericana y su Localización en el Territorio Barcelonés

En el AMB, el porcentaje de población residente nacida en el extranjero en 2020 asciende al 23.6% (789,134 personas), esto es, casi uno de cada cuatro habitantes. El colectivo latinoamericano representa un 11.9% de la población total del AMB y más de la mitad de la población inmigrante (el 50.4%). Esta proporción es similar en casi todos los municipios; se destaca la ciudad central, Barcelona, donde el 13.6% (227,554) de sus habitantes son nacidos en Latinoamérica, y la vecina L'Hospitalet de Llobregat, donde se observa una mayor concentración de latinoamericanos, representando el 21.5 % (58,020) de la población total.

A pesar de que la población latinoamericana en España no alcanza los niveles de concentración residencial de otros colectivos de inmigrantes, su localización se caracteriza por una elevada sobrerrepresentación en las grandes áreas urbanas y zonas de concentración en las periferias de las metrópolis (^{Thiers-Quintana, 2017}). Se trata de barrios de clases trabajadoras, generalmente con una baja calidad en las viviendas y con posibilidad de acceso al centro metropolitano con transporte público. Estos barrios se caracterizan por una vivienda mayoritariamente en propiedad, aunque, a raíz de la crisis económica del 2008 y de la renovación poblacional, ha aumentado la proporción del alquiler, especialmente entre los más jóvenes y los colectivos más vulnerables. En estos mismos espacios los inmigrantes también han accedido, en mayor medida que en otras zonas, a la propiedad, al encontrarse con viviendas más económicas, aunque con superficies menores y mayor distancia al centro metropolitano.

En cuanto a sus pautas de distribución territorial (ver Figura 1), en la ciudad de Barcelona los latinoamericanos se caracterizan por una amplia dispersión, a excepción de los barrios de clases altas (en el noroeste), donde su presencia es menor, debido a mayores niveles de renta en estas zonas. En cambio, es en el noreste de la ciudad, donde se ubican los barrios obreros, donde su presencia ha aumentado durante los últimos años. Estos espacios, junto a los que se encuentran en L'Hospitalet de Llobregat, colindantes con la ciudad central, son los que acogen una proporción más elevada de inmigrantes de estos orígenes. Como ejemplo, y a escala de sección censal, encontramos que en 112 secciones censales su peso es superior al 25% de la población. Al mismo tiempo, es más difícil encontrarlos en las áreas periféricas del AMB; de esta forma, su representatividad es significativamente menor en los municipios de menor dimensión, más alejados del centro.

Este colectivo se caracteriza por un peso mayor de las mujeres en etapas iniciales de inserción, y una elevada diversidad de perfiles según el origen. Parte de los flujos migratorios son protagonizados por migrantes con estudios superiores (la mitad de los nuevos habitantes registrados en el padrón de Barcelona en 2018 los tienen); muchos de ellos han inmigrado recientemente, pues hubo una aceleración en los flujos de llegada en los años previos al cierre de fronteras debido a la pandemia. Los principales orígenes, en 2020, son los ecuatorianos (54,748), peruanos (47,487), colombianos (44,942) y argentinos (42,495), con seis orígenes más por encima de los diez mil efectivos, ejemplo de la elevada diversidad de este colectivo. Destacan, entre ellos, los venezolanos, de llegada reciente (36,031). En la mayoría de los orígenes las mujeres se encuentran más representadas, con perfiles muy feminizados entre los paraguayos (67% mujeres) o bolivianos (60.4%), mientras argentinos y uruguayos muestran un mayor equilibrio entre sexos.

Vivienda e Inmigración

El análisis del acceso a la vivienda de la población inmigrada y las características de esta ha sido abordado desde la perspectiva de la trayectoria residencial, entendida como la sucesión de viviendas que ocupa un hogar de acuerdo con sus circunstancias económicas y su ciclo de vida. Así, son fundamentales los recursos disponibles, las preferencias de la unidad familiar, y las opciones que tienen dentro del mercado habitacional local. Sin embargo, este planteamiento no explica muchas de las situaciones habitacionales de la sociedad actual o las particularidades residenciales de la población inmigrante. Para la población inmigrante, la trayectoria residencial es un proceso dinámico donde interactúa el individuo, su proyecto migratorio, y su capital social y cultural, con la ciudad que lo acoge, su mercado residencial y su estructura social (^{Garcia-Almirall y Frizzera, 2008}).

En este marco, para los inmigrantes, el subarriendo es una solución habitacional propia de los estadios iniciales de inserción residencial, aunque también está presente en trayectorias más consolidadas, pues está directamente relacionado con la capacidad económica del individuo y su estatus administrativo, independientemente de la etapa migratoria en la que se encuentre. Así, un estudio previo ha detectado trayectorias residenciales inversas (^{Orozco-Martínez et al., 2022}), donde el inmigrante ocupa viviendas en peores condiciones cada vez que se muda, y trayectorias precarias, bien sea por la excesiva movilidad, la mala calidad de las viviendas o porque, a pesar de llevar muchos años en España, no han podido abandonar esta modalidad habitacional típica de la etapa de llegada.

Fuente: Elaboración propia, datos del Padrón de Población, Instituto Nacional de Estadística (INE).

Figura 1 Distribución de la población inmigrada americana en el Área Metropolitana de Barcelona, 2020. 

El subarriendo como Reflejo de la Exclusión Residencial

Las problemáticas que arrastran a la población inmigrada hacia el subarriendo responden principalmente a la carencia de recursos económicos (^{Colectivo IOÉ, 2005}), la exclusión del mercado de alquiler primario por no cumplir con los requisitos establecidos (^{Myers y Lee, 1996}) y a prácticas discriminatorias de los propietarios locales (^{Colectivo IOÉ, 2005}; ^{Özüekren y Van Kempen, 2002}), siendo comúnmente detectadas situaciones de exclusión residencial y precariedad (^{Leal y Alguacil, 2012}).

Se habla de exclusión residencial cuando la vivienda donde se habita no cumple con las condiciones de habitabilidad establecidas o no se tiene acceso a un techo. Así, ^{Feantsa (2017)} ha propuesto la clasificación ETHOS que recoge las situaciones en las que consideran que existe dicha exclusión; muchas corresponden a las opciones habitacionales de la población inmigrante en etapas tempranas de inserción (^{Colectivo IOÉ, 2005}): vivienda en habitaciones subarrendadas, acogida temporal con amigos o familiares, estancia en albergues, viviendas degradadas o con carencias físicas, sobreocupadas y, en los casos más críticos, estancia en la calle. En consecuencia, el subarriendo puede ocultar situaciones de sinhogarismo (^{Caballé-Fabra et al., 2020}), considerándose un régimen de tenencia de vivienda precario, un equilibrio entre la asequibilidad de un techo, la sobreocupación y la maximización del rendimiento del alquiler por parte del (sub)arrendador (^{Nasreen y Ruming, 2018}).

Las viviendas en régimen de subarriendo son las que tienen mayor número de ocupantes (^{Colectivo IOÉ}, 2005). Generalmente, la estructura de los hogares con población extranjera es compleja: con mayor presencia de hogares sin núcleo, o de hogares nucleares complejos (donde además del núcleo familiar se encuentran otras personas) o múltiples, con varios núcleos familiares (^{Domingo y Bayona-i-Carrasco, 2010}), situaciones todas ellas asociadas a mayores dificultades para mantener la distancia física (^{Módenes et al., 2020}). Es un escenario especialmente preocupante en el contexto de cuarentena domiciliaria obligatoria derivada de la pandemia de la COVID-19, más aún, cuando tienen que compartir los servicios de la vivienda (^{Buckle et al., 2020}) o incluso la habitación con personas sin vínculos familiares (^{Marí-Dell'Olmo et al., 2020}). Se ha observado que la sobreocupación de las viviendas de los inmigrantes está correlacionada con las infecciones y hospitalizaciones por COVID-19 (^{Kj0llesdal et al., 2021}), así como con una mayor incidencia del virus en los colectivos minoritarios (^{DiMaggio et al., 2020}).

Trabajadores Esenciales e Irregularidad Administrativa en el contexto de la COVID-19

La Encuesta de Población Activa de 2018 (EPA) elaborada por el INE, señala que el 50% de los inmigrantes latinoamericanos se desempeñan en trabajos esenciales, de los cuales el 40% trabajan en el sector de limpieza y asistencia en el hogar, el 20% en la construcción y el 12% son cuidadores (^{Fanjul y Gálvez-Iniesta, 2020}). Se trata de trabajos mal remunerados que, sin embargo, hicieron una contribución fundamental para el funcionamiento de la economía y de la sociedad durante el confinamiento, a pesar de ser los sectores con remuneraciones más bajas. Además, la inserción laboral vía trabajos de baja cualificación o provenientes de la economía sumergida es común en colectivos migrados, especialmente para personas en situación administrativa irregular.

Desde su llegada, muchos inmigrantes tienen en mente que pasarán sus primeros años en situación irregular, para posteriormente acogerse a algún instrumento de regularización, como el arraigo social, en un relativo corto plazo, si se compara con otros países de la Unión Europea. La inmigración irregular en España se nutre de la complejidad para vincularse legalmente a un trabajo, la amplia oferta de empleos en la economía sumergida, la corrupción por parte de empleadores, las estrictas políticas de inmigración y las denegaciones de asilo.

Se estima que en 2019, entre 390 mil y 470 mil inmigrantes residían en España en situación irregular (^{Gálvez-Iniesta, 2020}), de los cuales el 77% eran de origen latinoamericano y representaban un 25% de los flujos provenientes de América Central y del Sur (^{Fanjul y Gálvez-Iniesta, 2020}). El 80% de ellos son menores de 40 años, un 55% mujeres y destacan en número los provenientes de Colombia, Honduras y Venezuela (^{Gálvez-Iniesta, 2020}). Es evidente que la situación generada por la COVID-19 ha profundizado la marginación que significa la irregularidad administrativa, pues muchos han perdido repentinamente su fuente de ingresos sin poder recurrir a ninguna ayuda oficial. Así, el 88.5% de los hogares que tienen todos sus miembros en situación administrativa irregular viven en condiciones de pobreza severa, demostrando que las consecuencias sociales de la COVID-19 son más graves en estos hogares (Cáritas Diocesana de Barcelona, 2020).

Por otro lado, el encontrarse en situación irregular y ser trabajador esencial potencia el riesgo de exposición al virus (^{Kiester y Vasquez-Merino, 2021}). Se destacan tres sectores esenciales, donde la proporción de latinoamericanos es elevada: los trabajadores de la limpieza, los cuidadores de personas y los riders o repartidores domiciliarios. Según datos del INE, en 2017 una tercera parte de los trabajadores domésticos y cuidadores internos en España no estaban registrados en la Seguridad Social. El 95% de quienes trabajan en los hogares son mujeres, la mayoría de origen latinoamericano, siendo esta una ruta de entrada común para ellas, en especial, en ausencia de permiso de residencia, pues la presencia de trabajadores en situación irregular no se detecta con facilidad en este sector. Así, son atrapadas por una espiral de precariedad, inestabilidad y exclusión, sin poder configurar su propio hogar (^{Domínguez-Pérez et al., 2021}). Ellas han sido las mayores proveedoras de labores esenciales como cuidadoras o empleadas domésticas durante la pandemia, contribuyendo al bienestar de las familias y de los mayores dependientes a quienes han cuidado (^{Diego-Cordero et al., 2021}).

Sinhogarismo Oculto y Cuestiones de Género

El sinhogarismo incluye, además de las personas sin techo, a aquellas que a pesar de tenerlo no pueden considerarlo su hogar, es decir, un sinhogarismo oculto (^{Caballé-Fabra et al., 2020}) casi imposible de detectar. En este sentido, la totalidad de los entrevistados manifestaron que la decisión de vivir en una habitación y el hecho de que el subarriendo sea su única opción responde a su imposibilidad para acceder a una vivienda de uso exclusivo, principalmente por motivos económicos, por la dificultad para cumplir los requisitos de un contrato de alquiler y, en algunos casos, debido a su situación administrativa irregular. Además, califican el subarriendo como frustrante, incomodo, desagradable y deprimente, resaltan la falta de intimidad, de confianza y la dificultad al tener que adaptarse a las costumbres de convivencia de otras personas. Adicionalmente, la mayoría de los entrevistados confirman que la vivienda es la necesidad básica más difícil de satisfacer y el subarriendo es una modalidad que les impide tener una estabilidad residencial y les genera estrés constante:

"Lo bueno es que aquí ni la comida ni la ropa es cara, lo que aquí te cuesta es el piso, de hambre no te mueres, pero te vas a morir porque no tienes techo" (mujer, Perú, 33 años).

Las situaciones de sinhogarismo oculto en mujeres pueden llegar a superar en número a las de los hombres, aun cuando su presencia en las calles es mucho menor, pues despliegan estrategias residenciales de emergencia vinculadas a espacios privados (^{Caballé-Fabra et al., 2020}), como la vivienda temporal en albergues, con familiares o amigos. Las entrevistas sugieren que las mujeres tienen una mayor movilidad residencial y a la vez tienen redes de apoyo más fuertes que evitan que caigan en situación de sin techo:

"Yo creo que igual yo he estado como el 8 habitaciones o así... wow, y que feo andar de mudanza. En una estuve unos 6 meses más o menos, estuve muchísimo en esta habitación, es un récord" (mujer, Honduras, 24 años).

Además, las mujeres latinoamericanas que trabajan en el servicio doméstico o como cuidadoras en modalidad interna son especialmente vulnerables, pues su sitio de trabajo es a la vez su sitio de descanso y su hogar. Generalmente tienen un día libre a la semana donde suelen pernoctar en una habitación subarrendada de calidad deficiente, dado su reducido presupuesto. Esto lleva a que el primer vinculo residencial propio de las mujeres internas suceda en condiciones inestables, de hacinamiento e incomodidad (^{Domínguez-Pérez et al., 2021}).

Varias entrevistadas confirman que el trabajo interno es una solución de vivienda común, aunque precaria -especialmente para las recién llegadas y/o en situación administrativa irregular-, que, de nuevo, enmascara un escenario de sinhogarismo, sumado a prácticas de explotación laboral propias de la economía sumergida. Este es un sector muy dinámico dada la alta rotación de empleos debido a las malas condiciones laborales, por lo que siempre acoge a nuevos migrantes (^{Domínguez-Pérez et al., 2021}). Además, son también vulnerables a la explotación residencial, pues pagan precios exagerados por habitaciones que escasamente usan cuatro o cinco días al mes, o se ven obligadas a compartir esta habitación con otras personas, generando en ellas mucha incomodidad.

"Hay personas que hacen negocio con su piso. si no eran 13 personas es muy poco, pero todas trabajaban de internas, no dormían allí... pero el fin de semana ya te imaginarás un piso de 2 habitaciones, súper chiquitito, 13 personas yendo por allí, era una locura." (Mujer, Honduras, 24 años)

La relación habitacional entre el empleador y las internas se basa en normas jerárquicas que, en algunos casos, limitan el uso de determinados servicios o espacios de la vivienda. Aunque estos lugares de trabajo estén localizados en barrios bien dotados de servicios y tengan una buena calidad urbanística, las internas no gozan de libertad para integrarse en la zona que, aunque consideran atractiva, perciben como ajena (^{Domínguez-Pérez et al., 2021}).

Haber trabajado como interna durante el confinamiento puede verse desde dos perspectivas opuestas, pues la calidad de la vivienda donde residen y laboran es comúnmente mejor a la de sus habitaciones subarrendadas, con mayor área disponible y más intimidad, aunque esto no garantiza unas condiciones laborales adecuadas ni que puedan disfrutar directamente de este espacio. Por otro lado, se les ha penalizado con jornadas laborales más extensas a raíz de la imposibilidad de salir a la calle, y se han visto obligadas a abandonar su habitación subarrendada, su lugar de descanso, que, aunque es de peores características y con condiciones de convivencia más complicadas, es donde está su círculo social y sus pertenencias.

"Empecé a trabajar cuidando personas, interna. Excelente, porque era como mi casa, me fue muy bien, me sentía mucho mejor [que en su habitación subarrendada]" (mujer, Colombia, 37 años).

También, se detectaron situaciones de violencia doméstica y amenazas contra algunas entrevistadas, realidad especialmente preocupante en el contexto del confinamiento, pues ocurrían en el lugar donde deberían estar más seguras: su hogar. La exposición constante a este tipo de agresiones puede deteriorar la salud mental de las afectadas, con la particularidad de que, en estos casos, el agresor no tiene ningún vínculo de sangre ni político con la víctima, solamente comparten el techo. El confinamiento parece potenciar la violencia de género, pues aísla a las mujeres mediante el blindaje de la vivienda que, a la vez, facilita la impunidad del agresor.

"Estando en la cocina en esa ocasión él me quiso golpear... y ahí la cosa fue cada vez a peor. Temía por mi salud y por mi vida porque esta persona consumía drogas y yo la estaba pasando muy mal encerrados ahí. desprotegida en cierta forma, con el miedo de no tener los papeles. "(Mujer, Argentina, 32 años)

Estas situaciones de violencia pueden presentarse en el ámbito laboral de las internas; aunque la pandemia ha visibilizado su labor esencial, a la vez ha avivado el temor de muchas a salir a la calle y tener que enseñar su documentación, razón por la que muchos abusos dentro del ámbito laboral-residencial nunca llegan a denunciarse. El hecho de estar en situación adminsitrativa irregular y tener un trabajo informal las expone con mayor probabilidad a situaciones de violencia.

"Tuve problemas con este señor, que vivía en este piso solo, en el que trabajaba de interna. pero era muy grosero para tratarme, veces le servía la comida y me tiraba el plato, y estábamos en pandemia, en todo marzo y abril no salí." (Mujer, Perú, 33 años)

Otras participantes fueron víctimas de desahucios 'invisibles' o 'silenciosos' (^{Ardura-Urquiaga et al., 2021}), situación en la que el inquilino se ve obligado a abandonar la vivienda en contra de su voluntad, casi inmediatamente, por solicitud del subarrendador o por no poder asumir el repentino aumento de precio de la habitación. En el subarriendo abundan este tipo de actuaciones, amparadas en la ausencia de un marco regulatorio que evite la vulneración del derecho a la vivienda de los subarrendatarios y en la total invisibilidad que tiene este mercado informal de vivienda ante las administraciones. A ello se suman el riesgo de contagio al tener que cambiar de habitación durante una cuarentena, las dificultades de movilidad que ello implica y la apremiante necesidad de un techo.

"Al final del confinamiento, mi madre tuvo una depresión... tuvo que dejar el trabajo y tuvimos que irnos prácticamente a la calle ese día, tuvo que llamar hasta la policía" (mujer, República Dominicana, 22 años).

Infravivienda: Compartiendo Habitación y Subarriendo en Pisos Ocupados

El negocio ilícito de la ocupación de viviendas^[3] y su posterior alquiler a familias vulnerables es una realidad poco examinada (^{Caballé-Fabra et al., 2020}). Durante el análisis de las entrevistas se detectaron casos de subarriendo de habitaciones en pisos ocupados, situación que los inquilinos descubrieron con posterioridad a su llegada a la vivienda. Esto demuestra cómo la falta de regulación del subarriendo, los elevados costos de la vivienda y la necesidad inminente de un techo pueden empujar a estos inmigrantes a ser víctimas de la mercantilización ilegal de infravivienda, al estar excluidos del mercado residencial primario:

"Fue un choque emocional terrible, en este piso duramos un mes exacto y nos fue terrible, hasta nos robaron. Eran latinos, y me di cuenta que eran ocupas por la vecina. otro choque emocional, muy frustrante, muy deprimente" (mujer, Colombia, 30 años).

Residir en un piso ocupado en tiempos de pandemia puede ser agravante de una situación habitacional ya de por sí precaria, pues la imposibilidad de empadronarse en la vivienda restringe el acceso a otros servicios básicos como la educación y la salud, este último de vital importancia en la coyuntura de la COVID-19.

Se tiende a pensar que las habitaciones subarrendadas albergan una sola persona, sin embargo, las entrevistas sugieren que no es así, pues ocho de los 16 participantes comparten su habitación. Al igual que en la composición de los hogares, existe también variedad en la configuración organizativa de las personas que comparten habitación: pueden ser parejas con o sin hijos, otros familiares como hermanos, padres y sobrinos, o incluso personas sin ningún vínculo familiar.

"El piso en el que realquilaba la habitación. luego me enteré que era un piso de ocupa... también son peruanos, pero bueno, eso es un negocio aquí. Me parece bastante abusivo que estando en un piso de ocupas, alquilártelo... me dijo, yo te cobro 150€, es como si su hija pagara 150€ y yo 150€, así es una compartida. La pandemia la pasé ahí, fue difícil, muy incómodo, me han roto un montón de cosas, en el cuarto que estaba con la hija de 9 (años), ella me cogía mis cosas, es desordenada, a veces no quería bañarse, huelen los pies, yo le decía. dile que se bañe por favor, dile que se lave o se ponía a hablar hasta la 1 o 2 de la mañana con sus amigas por el internet y yo quería dormir y no podía o quería hacer alguna llamada en privado y no podía. Me dijo un día. sabes que, es que mi hija quiere dormir sola en su habitación, porque cuando yo le descubrí no sabía cómo botarme." (mujer, Perú, 33 años)

El hecho de compartir la habitación responde principalmente a la frágil situación económica de algunos latinoamericanos y fue un estresor importante durante el tiempo de confinamiento, pues los entrevistados reclaman falta de intimidad y de espacio. Los núcleos familiares con niños, ante el cierre de las escuelas y la imposibilidad de usar los parques públicos, tuvieron que modificar sus rutinas, adaptando el reducido espacio disponible a las actividades de los infantes. Además, quienes compartían habitación con personas sin lazos familiares tenían un riesgo más elevado de contagio debido a la imposibilidad de mantener un distanciamiento físico:

"En tema de privacidad, como comparto habitación con mi madre y mi hermano, o a veces el comedor prefiero no usarlo si hay personas, pues, no considero que tenga mi espacio para mí" (mujer, República Dominicana, 22 años).

Se ha observado que el nivel de estudios no ha sido un aspecto relevante en la elección del subarriendo como estrategia residencial de los latinoamericanos entrevistados; por el contrario, sí lo ha sido la precariedad económica, que va de la mano del estatus migratorio irregular y, en menor medida, del tiempo de estancia en España. Estar en posesión de un título universitario no les garantiza acceso a regularidad administrativa ni estabilidad monetaria y laboral, teniendo que aceptar, en muchos casos, empleos de baja cualificación, provenientes de la economía sumergida, aunque esenciales en tiempos de pandemia:

"En mi país llegué a la universidad, contaduría pública, mi ocupación actual es los fines de semana, cuidando a una persona mayor" (mujer, Honduras, 32 años).