Editorial

La población desplazada y su derecho a la salud

El desplazamiento forzado es una de las mayores expresiones del desorden social que vive actualmente la Nación. Es la condena al sufrimiento de un grueso número de compatriotas, que súbitamente ven interrumpido su quehacer cotidiano, rotas sus esperanzas y desdibujado su futuro.

La compleja problemática del desplazamiento forzado en el país, involucra todas las dimensiones relacionadas con la existencia de un ser humano, que por circunstancias incontrolables para él, se ve inmerso en una situación que cambia radicalmente el rumbo de su existencia; estas personas dejan sus lugares, haberes y sueños, impulsados únicamente por el afán de preservar sus vidas. Queda para ellos en entredicho el bienestar en todas sus manifestaciones: trabajo, vivienda, educación, lazos de vecindad, amigos y la familia.

La categoría que mejor define esta situación es la desprotección. Carecer de medios de subsistencia, dejar atrás sus raíces y romper abruptamente con su entorno, acrecienta la vulnerabilidad y las posibilidades de deterioro; además, las personas que entran forzadamente en condición de desplazamiento, pertenecen mayoritariamente a clases sociales pobres que viven en ostensible precariedad, donde la nueva situación agrava sus condiciones y desmejora sus expectativas de vida.

Al llegar a las ciudades que actúan como receptoras, asumen de manera forzada una condición de marginalidad social, marcada por las carencias de los más elementales servicios públicos y de las mínimas condiciones materiales, característicafundamental de su nuevo estilo de vida.

A los elementos anteriores se agregan las consecuencias derivadas de la ruptura del tejido social preexistente en estos grupospoblacionales, las cuales se ven agravadas con los choques culturales que deben afrontar al tratar de integrarse a otras comunidades. Los cambios drásticos que necesariamente se presentan en sus estilos de vida y los sentimientos de rechazo que generan los desplazados en las comunidades que deben acogerlos, crea un problema multidimensional, con implicaciones dramáticas para los afectados y para la sociedad colombiana.

El fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia, se convierte en los últimos años en un problema social, de tal magnitud, que actualmente se considera una de las grandes amenazas que desde el punto de vista de Salud Pública tiene el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSS). Entre todas las carencias, la relacionada con la protección a la salud es motivo de intensa preocupación, y si bien existe una profusa normatividad alrededor de la atención en salud a la población desplazada, diferentes estudios afirman que tanto usuarios como prestatarios tienen desconocimiento real de las condiciones en que deben ofrecerse los servicios a este importante grupo de colombianos, señalan como obstáculos para la atención las dificultades en la identificación de los usuarios; la inexistencia de una base de datos actualizada y confiable; la movilidad de la población; el desconocimiento de sus derechos y la continuidad y/o afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

Es claro que la sociedad tiene un conjunto de instituciones responsables para prestar los servicios que actúan como satisfactores de sus necesidades; es claro también que en la actualidad en Colombia se cuenta con el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), que debe garantizar el acceso de las personas a los servicios de salud y atender las contingencias que afectan la salud de los colombianos.

Si bien la prestación de servicios de salud a la población desplazada, cuenta con un sustento jurídico importante y amplio, producto de la preocupación del alto gobierno por la magnitud del problema, en la práctica no se cuenta con la suficiente información para afirmar que la población es atendida conforme lo establece la Ley.

Hasta el momento los esfuerzos de los diferentes actores involucrados en la problemática de la atención en salud a la población desplazada en Colombia, se orientan principalmente a medir el número de personas afectadas, a la cuantificación de las sumas necesarias para brindar la atención a que tienen derecho, y a la expedición de normas que plasmen los esfuerzos del gobierno central por contribuir a disminuir el impacto del grave problema que tienen que enfrentar. Sin embargo, la preocupación de la sociedad civil colombiana, recogida en las sentencias expedidas por la Corte Constitucional, invita a profundizar en el análisis de la situación y ser eficientes en el uso de los recursos destinados por la Nación para la atención de esta población, con el fin de minimizar las secuelas originadas por el desplazamiento forzado.

El derecho y la dignidad, categorías de alta significación social para todos y en especial para las poblaciones en marginalidad social, representan objeto de estudio para la academia; objeto de reclamación o exigencia permanente para las organizaciones sociales, y motivo de trabajo para los entes del Estado responsables de procurarlas y mantenerlas.

Soñamos con un futuro mejor para todos los colombianos, donde seamos interpretados como sujetos de derechos, donde la dignidad sea una de las características que oriente las relaciones entre las personas y el Estado y se apueste a la construcción de ese futuro orientando su potencial al servicio de las comunidades y del Estado.

Germán Alberto Moreno Gómez
Director del Departamento de Medicina Comunitaria
Universidad Tecnológica de Pereira
Director del grupo de investigación
Vulnerabilidad y Salud Pública