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I. INTRODUCCIÓN
El presente artículo tiene como fin exponer los resultados de investigación realizada en la Unidad de Planeación Zonal (UPZ) No 28, el Rincón, localidad de Suba, ciudad de Bogotá distrito capital D.C, ubicada en Colombia, que tuvo como eje central la siguiente pregunta de investigación: ¿Las juntas de acción comunal de la UPZ 28 El Rincón (localidad de Suba, Bogotá D.C) actualmente desarrollan actividades de responsabilidad social empresarial (RSE) patrocinadas por pequeñas y/o medianas empresas (PYME) de la localidad de Suba? Este estudio centra la atención en las siguientes variables: Temporalidad, el ejercicio de las actuales juntas directivas elegidas para el periodo 2016-2020; espacio, el concentrado en la UPZ 28 el Rincón (jurisdicción); variable independiente, juntas de acción comunal UPZ 28 El Rincón; variable dependiente, actividades de responsabilidad social empresarial (RSE) desarrolladas por juntas de acción comunal patrocinadas por pequeñas y/o medianas empresas de la localidad de Suba. En el desarrollo de la investigación se planteó como hipótesis principal: Las juntas de acción comunal de la UPZ 28 El Rincón NO ARTICULAN actividades relacionadas con responsabilidad social empresarial (RSE) con las pequeñas y/o medianas empresas de la localidad de Suba. Para dar respuesta a la pregunta de investigación y validar o invalidar la hipótesis planteada se desarrolla una investigación con metodología cualitativa, tipo exploratoria.
Contexto
Bogotá, capital de Colombia, dentro de su ordenamiento territorial cuenta con 20 localidades, entre ellas la localidad de Suba, la cual está integrada por 12 UPZ, que albergan alrededor de 1.315.509 habitantes, según datos proyectados por la Secretaría de Planeación Distrital (2018). Entre las UPZ de la localidad de suba se encuentra la denominada como UPZ 28 El Rincón, que según la Secretaría de Planeación Distrital (2009), tiene una extensión territorial de más de 700 hectáreas, contando con poco más del 9% del espacio total de la localidad de Suba. De igual forma, la misma fuente (2009) asegura que la UPZ 28 está integrada por 189 barrios, lo que representa poco más del 16% del total de barrios de la localidad.
Según datos publicados en la página Web de la Alcaldía Local de Suba (2018) la UPZ 28 El Rincón cuenta con 59 Juntas de Acción Comunal.
Respecto al parque PYME de la localidad de Suba, según comunicación escrita emitida por la Cámara de Comercio de Bogotá (2018), de la unidad de la Gerencia de formación empresarial, a solicitud del autor, reporta que a la fecha la localidad de suba presenta la siguiente distribución empresarial PYME según la clasificación dada por la ley:
Tabla 1: Parque empresarial PYME de la localidad de Suba a 2018
Fuente: Comunicación escrita del 03 de julio de 2018 emitida por la Cámara de Comercio de Bogotá
Según la información presentada, se identifica que en la localidad de Suba existen 4.144 pequeñas y medianas empresas registradas en la Cámara de Comercio de Bogotá, con registro mercantil activo para el año 2018.
II. FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Responsabilidad social empresarial (RSE)
Respecto a responsabilidad social empresarial, es posible asegurar que su término comienza su construcción documentada (con base a un propio significado) a partir de la publicación del libro de Bowen, H.R. (2013) denominado Social Responsabilities of the Businessman, en el año de 1953, sin significar esto que antes de esta publicación no se hubiesen desarrollado acciones asociadas a la responsabilidad social empresarial.
La fase inicial de la responsabilidad social empresarial puede corresponder, como lo menciona Correa, J. (2007), al siglo XIX, con el desarrollo de acciones voluntarias por parte de empresarios para solucionar problemas de la sociedad. Este tipo de acciones, como lo hace notar Sabogal, A. (2008: 183) estuvieron enfocadas en “Asistencia social, obras de caridad efectuadas principalmente por la iglesia y financiadas a través de donaciones privadas y a requerimientos de orden fundamentalmente ético o religioso, acciones individuales”.
Posterior a la publicación del citado libro de Bowen, H.R. prolifera el estudio sobre la responsabilidad que puede tener una empresa frente al desarrollo de sus actividades. Es así como se analiza este término desde el beneficio que puede generar tanto para las empresas como para la sociedad.
Es tal la importancia que el término de responsabilidad social empresarial toma en los últimos 70 años, que organismos internacionales han trabajado en éste y han publicado normativas, lineamientos, y aclaraciones frente a lo que se puede entender, y esperar, en cuanto a responsabilidad social empresarial. Como lo menciona Calvo, P. (2014: 201)
Tras casi medio siglo de teorización, la consolidación definitiva de la responsabilidad social llegaría a finales del siglo XX y principios del XXI de la mano de tres momentos importantes: a) la presentación del Global Compact de las Naciones Unidas en el Foro Económico de Davos durante el año 1999; b) el acuerdo alcanzado por los países de la Unión Europea en la Cumbre de Lisboa del año 2000; y c) la publicación del Libro Verde: Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas por parte de la Comisión Europea durante el año 2001.
A continuación se presenta un compendio de definiciones recopiladas, tanto de autores institucionales como no institucionales sobre el término de responsabilidad social empresarial:
Tabla 2: Compilación definiciones de responsabilidad social empresarial
Fuente:Recopilación definición de autores.
De las anteriores definiciones presentadas se puede destacar la voluntariedad del desarrollo de las acciones por parte de las empresas; y, el enfoque estratégicosocial de las acciones a emplear por parte de las empresas. Según las definiciones presentadas se puede asegurar que responsabilidad social empresarial (RSE) puede ser definida comolas acciones que realizan las empresas de manera voluntaria, que van más allá de lo que la ley exige, en procura del bienestar de la sociedad y de sus trabajadores.
Juntas de Acción Comunal (JAC)
La ley 19 de 1958 (artículos 22 y 24) marca el inicio de la existencia institucional de las juntas de acción comunal (JAC) en Colombia. Las juntas de acción comunal han ejercido un papel protagónico en el desarrollo del país. El Departamento Nacional de Planeación (2010: 16) afirma respecto a las juntas de acción comunal que “se han constituido como la organización ciudadana más numerosa y con mayor cobertura geográfica del país, según señala el Ministerio del Interior y Justicia”, ministerio que en su página web oficial reseña que en el país existe un número aproximado de 45.000 juntas de acción comunal (Ministerio del Interior, 2018). El volumen de juntas de acción comunal registradas con personería jurídica a nivel de toda Colombia representa una expresión de la organización de la sociedad y la participación ciudadana.
Las juntas de acción comunal son organizaciones civiles, de importancia relevante para la convivencia y comprensión de problemáticas locales.
Como lo menciona Llano, J. (2003), citado por el Documento CONPES 3661 (Departamento Nacional de Planeación, 2010:21):
En Colombia las Acciones Comunales son las organizaciones comunitarias de mayor tradición e importancia, cuya vida jurídica surgió en 1958, gracias a las cuales, las comunidades Urbanas y Rurales comenzaron a comprender la importancia de identificar los problemas que las afectan y buscar las respectivas soluciones, no sólo en su interior, sino ante los organismos competentes.
Las juntas de acción comunal en Colombia son organizaciones de acción comunal, y como lo menciona el Departamento Nacional de Planeación (2010: 48), la acción comunal en Colombia “Es una expresión social organizada, autónoma y solidaria de la sociedad civil, cuyo propósito es promover un desarrollo integral, sostenible y sustentable, construido a partir del ejercicio de la democracia.”. Tal es la importancia de las juntas de acción comunal en Colombia que con la ley 19 de 1958 se da viabilidad jurídica al establecimiento y creación formal de las mismas, y subsiguientemente se ha legislado y/o reglamentado sobre éstas con el decreto 1930 de 1979, la ley 743 de 2002, el decreto 2350 de 2003, y se ha generado, por parte del gobierno, el documento CONPES 3661 de 2010 del Departamento Nacional de Planeación como política nacional para el fortalecimiento de los organismos de acción comunal.
El decreto 1930 de 1979 (artículo 1) define a la junta de acción comunal como “una corporación cívica sin ánimo de lucro compuesta por los vecinos de un lugar, que aúnan esfuerzos y recursos para procurar la solución de las necesidades más sentidas de la comunidad.”. Sin embargo, este decreto actualmente se encuentra derogado1. Por su parte, la ley 743 de 2002 (artículo 8) define a la junta de acción comunal como:
Una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa.
Como se puede apreciar, esta última definición da mayor fuerza a la definición de lo que es una junta de acción comunal, involucrando su naturaleza, su autonomía patrimonial, su personería jurídica y amplía su objetivo en la sociedad.
Las juntas de acción comunal en Colombia son creadas con objetivos claros especificados por la ley, como lo describe la ley 743 de 2002 en su artículo 19, donde se resalta: Sentido de pertenencia de la comunidad; desarrollo del ejercicio de la democracia; formulación, administración, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos; celebración de contratos; desarrollo cultural, recreativo y deportivo; preservación de la autonomía, respeto y tolerancia en la comunidad; promoción del ejercicio de los derechos humanos y del medio ambiente; promoción de la participación de todos los sectores sociales; procura de la calidad de los servicios públicos; y, procura de una mejor calidad de vida en su jurisdicción; entre otros.
Respecto a la forma de constituirse, según el decreto 2350 de 2003, debe contar con un mínimo de 75 afiliados (cuando se constituye en una ciudad).
Generalmente solo se espera que por lugar (espacio geográfico delimitado y determinado, como lo especifica la ley 743 de 2002 (artículo 12) cuando dice “Cada junta de acción comunal desarrollará sus actividades dentro de un territorio delimitado”) exista una sola junta de acción comunal. Sin embargo, el mencionado decreto especifica que en casos de excepción se permite que exista más de una junta de acción comunal. Por otra parte, para poder afiliarse a una de estas organizaciones, el decreto especifica que se debe: a) Ser persona natural; b) Residir en el territorio de la Junta;2c) Tener más de 14 años; d) No estar incurso en ninguna causal de impedimento de las contempladas en el artículo 25 de la ley 743 de 2002; e) Poseer documento de identificación.
La ley 743 de 2002 (artículo 27) especifica la forma en que se gobierna una junta de acción comunal, mencionando todo lo concerniente a su órgano de dirección, administración y vigilancia con sus respectivas funciones, diciendo:
De conformidad con el número de afiliados o afiliadas y demás características propias de cada región, los organismos comunales determinarán los órganos de dirección, administración y vigilancia con sus respectivas funciones, los cuales podrán ser entre otros los siguientes: a) Asamblea General; b) Asamblea de Delegados; c) Asamblea de Residentes; d) Consejo Comunal; e) Junta Directiva; f) Comité Asesor; g) Comisiones de Trabajo; h) Comisiones Empresariales; i) Comisión Conciliadora; j) Fiscalía; k) Secretaria General; l) Secretaría Ejecutiva; m) Comité Central de Dirección; n) Directores Provinciales; o) Directores Regionales; p) El comité de fortalecimiento a la democracia y participación ciudadana y comunitaria.
De igual forma, la mencionada ley dispone que el órgano directivo supremo de una junta de acción comunal se denomina junta directiva y está integrado por los siguientes cargos elegidos de forma democrática: presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y coordinadores de los comités. La elección de estos cargos se realiza por un periodo de 4 años.
Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ)
Bogotá DC, es la capital de Colombia. Como ciudad, Bogotá se ha dividido en 20 localidades. A su vez, las localidades están subdivididas en Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), las cuales han sido denominadas como instrumentos de planeamiento según el decreto 469 de 2003.
Las UPZ, según el decreto 364 de 2013 (artículo 465) son:
Instrumentos que orientan la planeación de la inversión y la gestión local en ámbitos espaciales a escala intermedia. El instrumento busca acercar la escala de la planeación al ámbito zonal y a sus habitantes, y cualificar la participación ciudadana, de tal manera que les permita a los actores involucrados valorar y priorizar los proyectos relacionados con los componentes de los sistemas generales.
Respecto a qué función cumplen, o su propósito, el decreto 469 de 2003 (artículo 49) menciona:
Tienen como propósito definir y precisar el planeamiento del suelo urbano, respondiendo a la dinámica productiva de la ciudad y a su inserción en el contexto regional, involucrando a los actores sociales en la definición de aspectos de ordenamiento y control normativo a escala zonal
Pequeñas y medianas empresas (PYME)
Las pequeñas y medianas empresas (PYME) en Colombia están categorizadas según la legislación del país. Es así como la ley especifica que es una micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME), permitiendo entender que aquellas que no clasifiquen en las anteriormente mencionadas serán entendidas como grandes empresas.
La ley 590 de 2000 se convierte en el marco regulatorio inicial de las MIPYME, y especifica dos variables a tener en cuenta para su clasificación, entre otras disposiciones. Subsiguientemente, esta ley sufre algunas modificaciones o aclaraciones con la ley 905 de 2004, la ley 1151 de 2007, y la ley 1450 de 2011. Básicamente, la ley toma dos variables a tener en cuenta para clasificación de las MIPYME, a saber, total de activos y número de trabajadores, aunque existe una tercera variable denominada Valor de ventas brutas anuales, planteada en el año 2007 y ratificada en el año 2011, aunque no ha sido reglamentada. A continuación se presentan las disposiciones de ley, y las modificaciones y/o aclaraciones dadas por las leyes siguientes a la emitida en el año 2000:
Tabla 3: Legislación sobre micro, pequeña y mediana empresa
Fuente:Adaptado de ley 590 de 2000, ley 905 de 2004, ley 1151 de 2007, y ley 1450 de 2011
Según lo anterior, una pequeña y una mediana empresa se clasifican según: 1. Mediana empresa: a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, o b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 2. Pequeña empresa: a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, o b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
III. METODOLOGÍA
Para dar respuesta a la pregunta de investigación y validar o invalidar la hipótesis planteada se desarrolla una investigación con metodología cuantitativa. El tipo de investigación es exploratoria. El instrumento de recolección de información a utilizar es la encuesta. La encuesta diseñada presenta preguntas cerradas y abiertas. La alimentación de la encuesta es totalmente anónima. La validación de este instrumento se realiza con líderes sociales de la zona, para determinar que el vocabulario empleado sea el adecuado para la población objetivo, debido a la disparidad en la formación académica que se puede presentar entre los diferentes dignatarios de las juntas de acción comunal de la UPZ 28 El Rincón.
Respecto a la aplicación del instrumento de recolección de información de datos primarios, se aplica al 100% de la población objetivo, a un dignatario de cada junta de acción comunal de la UPZ 28 El Rincón, por lo cual se considera la realización de un censo. Debido a que la alimentación de la encuesta es 100% anónima, se utiliza una lista de chequeo para verificar la participación de todas las juntas de acción comunal de la UPZ 28 El Rincón registradas en la página web de la Alcaldía local de Suba.
Se toman dos variables, una dependiente y la otra independiente de la siguiente forma: variable independiente, juntas de acción comunal de la UPZ 28 El Rincón; variable dependiente, actividades de responsabilidad social empresarial (RSE) desarrolladas por JAC patrocinadas por PYME de la localidad de Suba. Para la tabulación de los datos se utiliza un libro electrónico de Microsoft Excel 2016. En cuanto a las preguntas abiertas, se crean categorías para poder agrupar las respuestas, tabularlas y posteriormente interpretarlas.
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La encuesta manejó una primera batería de preguntas de control con las cuales se buscó asegurar que las personas encuestadas fueran las que cumplieran los requisitos según el estudio. Estas preguntas permitieron evidenciar que las personas que respondieron cada encuesta representaran a las juntas de acción comunal de la UPZ 28 El Rincón. El 100% de los encuestados manifestaron ser dignatario de alguna de las juntas de acción comunal de la UPZ del estudio, y con la lista de chequeo se confirmó tener participación de todas las JAC de la UPZ.
Dentro de la información recolectada se evidenció que del 100% de las juntas de acción comunal de la UPZ 28 El Rincón, el 13% afirma haber realizado algún tipo de activad con pequeñas y/o medianas empresas de la localidad de Suba, durante el tiempo que ha ejercido como dignatario de la JAC que representa (2016-2020). De ese 13% el 100% afirma haber realizado actividades de responsabilidad social empresarial con pequeñas y/o medianas empresas de la localidad de Suba durante el tiempo que ha ejercido como dignatario de la JAC que representa.
Respecto al 87% de encuestados que manifestaron que las JAC en las cuales son dignatarios no han desarrollado algún tipo de actividad con pequeñas y/o medianas empresas de la localidad de Suba, durante el tiempo que ha ejercido como dignatario de la JAC, afirmaron respecto a las causas que pueden llevar a que las pequeñas y/o medianas empresas de la localidad de Suba no realicen actividades en conjunto con las juntas de acción comunal de la UPZ 28 El Rincón son por los motivos que aparecen a continuación:
Fuente: elaboración propia.
Figura 1 ¿Por qué las PYME de Suba no realizan actividades de RSE articuladas con las JAC de la UPZ 28?
Al preguntar respecto a si una junta de acción comunal puede ser un ente estratégico para la canalización de recursos de PYME de la localidad de Suba para el desarrollo de actividades de RSE, el 70% señaló que sí, mientras el 25% señaló que no, y un 5% no dio respuesta a la pregunta. Respecto al 70% que indicó que “sí”, los motivos que tuvieron en consideración para dar respuesta a esa pregunta fueron los siguientes:
Fuente: elaboración propia
Figura 2 ¿Por qué las JAC pueden ser entes estratégicos para las PYME para el desarrollo de actividades de RSE?
Respecto al 25% que indicó que no, los motivos que tuvieron en consideración para dar respuesta a esa pregunta fueron los siguientes:
Fuente: elaboración propia.
Figura 3 ¿Por qué las JAC no pueden ser entes estratégicos para las PYME para el desarrollo de actividades de RSE
Del 100% del total de los encuestados el 13% manifestó que las juntas de acción comunal de las cuales son dignatarios han recibido donaciones en especie en el periodo vigente (2016-2020), todas en especie.
La responsabilidad social empresarial es la consecuencia de acciones tanto de empresas como de la sociedad en cuanto a las actividades empresariales desarrolladas, en sus inicios, por grandes empresas industriales. El desarrollo de actividades voluntarias por parte de empresarios (a nombre propio y a nombre de las organizaciones que representaban o de las cuales eran propietarios), y la exigencia por parte de la sociedad de mejoras en sus entornos, afectados por el ejercicio de explotación económica de las empresas inmersas en su comunidad, llevó tiempo después a que este tema fuera objeto de estudio.
Como se mencionó en el apartado de Fundamentos teóricos, responsabilidad social empresarial (RSE) puede ser definida comolas acciones que realizan las empresas de manera voluntaria, que van más allá de lo que la ley exige, en procura del bienestar de la sociedad y de sus trabajadores.
La anterior definición evidencia tres actores que intervienen en el término: i) Las empresas, debido a que son las que toman la decisión de desarrollar acciones de responsabilidad social empresarial; ii) La sociedad y/o los trabajadores de las empresas, quienes son los beneficiados por el desarrollo de acciones de responsabilidad social empresarial por parte de las empresas; iii) El Estado, quien es el que establece el marco legal del país; con base a este se entiende que acciones son obligatorias para las empresas y cuáles no.
La mayoría de autores afirman el carácter voluntario de las acciones de responsabilidad social empresarial, lo que lleva también a que las empresas elijan la forma, el método y el alcance; la relación entre las empresas y las juntas de acción comunal (estas últimas que representan una forma de organización ciudadana y que a nivel de Colombia cuentan con un aproximado de 45.000 juntas) podría generar un alto impacto en la sociedad. Tema del cual no fueron encontradas investigaciones previas.
Al abordar las juntas de acción comunal de la UPZ 28 El Rincón, a un dignatario de cada junta, y al indagar sobre su articulación con pequeñas y/o medianas empresas de la localidad de Suba, se identificó que el 13% de los dignatarios de las mencionadas juntas afirmaron que la junta a la que representan ha realizado, en su periodo de ejercicio, actividades de responsabilidad social empresarial en conjunto con pequeñas y/o medianas empresas de la localidad de Suba. Este resultado, según los encuestados, es dado gracias a donaciones en especie que las PYME han realizado a las JAC que representan.
En cuanto a la opinión de todos los dignatarios encuestados, respecto a lo estratégico que puede ser para las PYME de la localidad de Suba la canalización de recursos y la articulación de actividades de RSE con las JAC, el 70% manifestó que sí, lo que representa una oportunidad para las PYME de la localidad de Suba. La argumentación de esta respuesta está dada, según los encuestados, en el interés de las empresas, en el ambiente laboral que se puede generar en las empresas, en la capacidad de recursos que tienen las empresas, en la posibilidad que tienen las empresas de invertir en los jóvenes de la comunidad, en el reconocimiento comercial que pueden obtener las empresas, en el desarrollo de proyectos conjuntos, y en el potencial que existe entre la relación que se puede dar entre las empresas y las juntas de acción comunal.
Sin embargo, se evidencian barreras para la generación de este tipo de relación. Los encuestados manifestaron como principales causas para que esta relación no se dé en la actualidad, la falta de comunicación (lo cual puede entenderse como falta de gestión de las dos partes), la falta de conocimiento por parte de las empresas (lo que hace alusión al desconocimiento de beneficios fiscales), la falta de recursos para las empresas (lo que limita su actuar económico). Se evidencian motivos, presentados por algunos dignatarios encuestados, como la no existencia de incentivos para las empresas, lo cual permite ver el desconocimiento de los dignatarios de dichas juntas respecto a los beneficios fiscales a los cuales pueden acceder las empresas por la realización de donaciones.
Finalmente es de resaltar que el 25% de los encuestados de las juntas de acción comunal de la UPZ 28 El Rincón manifestaron que no ven que las JAC puedan ser entes estratégicos para las PYME de la localidad de Suba para la canalización de recursos y la articulación de actividades de RSE, argumentando la no existencia de interés en participar (entendido como el no interés por parte tanto de las PYME como de las JAC), la existencia de competencia entre empresas (visto desde la competitividad de las empresas asociado a la eficiencia en el uso de recursos), a la falta de recursos por parte de las empresas, y al desconocimiento general.
V. CONCLUSIONES
Las juntas de acción comunal en Colombia están reguladas por la legislación del país. El alcance de sus acciones es amplio debido al estatus que la ley les da; a que cuentan con personería jurídica; y a que su creación tiene claras intenciones especificadas en procura del bienestar de la sociedad. El tener personería jurídica les permite obligarse, contraer compromisos, siempre enfocados en el desarrollo sostenible y sustentable de la comunidad donde operan. Es claro que sus actividades deben estar enmarcadas en el espacio geográfico que se determinó en el momento de su constitución, y que el desarrollo de sus actividades es sin ánimo de lucro y con responsabilidad solidaria.
Las características descritas permiten considerar a las juntas de acción comunal como organizaciones de base que pueden ser una alternativa para la canalización de recursos para operativizar acciones de responsabilidad social empresarial, pues estas acciones serían desarrolladas directamente en la comunidad y por la comunidad.
Con base a lo planteado en este estudio, particularmente la hipótesis, la cual es: “Las juntas de acción comunal de la UPZ 28 El Rincón NO ARTICULAN actividades con las pequeñas y medianas empresas de la localidad de Suba, relacionadas con Responsabilidad Social Empresarial (RSE)”, es preciso afirmar que ésta es FALSA. La anterior afirmación se realiza con base a la información recolectada de los dignatarios de las juntas de acción comunal de la UPZ 28 El Rincón, pues el 13% afirma que en el periodo actual (2016-2020) han desarrollado algún tipo de actividad de responsabilidad social empresarial con pequeñas y/o medianas empresas de la localidad de Suba. Es importante aclarar que en la encuesta se explica claramente que se entiende en este estudio por responsabilidad social empresarial y lo que especifica la ley frente a que es una pequeña empresa y que es una mediana empresa (PYME).
Respecto a la pregunta de investigación, la cual es “¿Las juntas de acción comunal de la UPZ 28 El Rincón (localidad de Suba, Bogotá DC) actualmente desarrollan actividades de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) patrocinadas por pequeñas y/o medianas empresas (PYME) de la localidad de Suba?” Esta pregunta está estrechamente relacionada con la hipótesis planteada. Al tener como base la invalidación de la hipótesis, es posible asegurar que la respuesta a la pregunta plantada es SÍ, aunque parcialmente, pues solo el 13% de las juntas de acción comunal de la UPZ 28 El Rincón, en este caso sus dignatarios, afirman haber realizado en el periodo descrito actividades de responsabilidad social empresarial (RSE) patrocinadas por pequeñas y/o medianas empresas (PYME) de la localidad de Suba. Sin embargo, queda un 87% que afirma que no realiza actividades de este ámbito patrocinadas por el tipo de empresas reseñado.
Se evidencia la necesidad y/u oportunidad de formación a los dignatarios de las JAC de la UPZ 28 El Rincón y a los representantes de las PYME de la localidad respecto a los beneficios que pueden recibir por el desarrollo de actividades de RSE (como beneficios tributarios, y otros no tangibles como el reconocimiento de la sociedad), y respecto al alcance que tienen las juntas de acción comunal, y su papel protagónico en el bienestar de la sociedad.
Como futuros temas de investigación queda el indagar respecto a la realización o no (y el cómo) de actividades de responsabilidad social empresarial por parte de las PYME; al conocimiento o no del alcance de las acciones que pueden tener las juntas de acción comunal; al imaginario que existe en el sector empresarial respecto a las juntas de acción comunal; y a la opinión de los representantes de las pequeñas y medianas empresas de la localidad de Suba frente a la posible articulación de sus actividades de responsabilidad social empresarial a través de las juntas de acción comunal de los lugares donde ejercen sus operaciones.
