Spanish (pdf)
Article in xml format
Article references
Automatic translation
Send this article by e-mail
Cited by SciELO 
Cited by Google 
Similars in
SciELO 
Similars in Google 
Permalink
I. INTRODUCCIÓN
En la actualidad la sociedad debe enfrentarse a diversos problemas y desafíos, generados por cambios demográficos, sobrepoblación, conflictos políticos, desigualdad, enfermedades, pobreza extrema y respeto de los derechos humanos, entre otros (Bemheim, 1995). Autores como Aponte-Hernández (2008) y Etzioni (1964), atribuyen a la tendencia de la distribución del ingreso la brecha que ésta genera en la diferencia de acumulación y distribución del capital entre los estratos sociales, habiéndose acentuado a partir de finales del siglo XX y principios del XXI de tal manera que la mitad de la población mundial percibe un ingreso de $2 dólares americanos o menos al día, mientras sólo el 10% de la población mundial concentra más de la mitad del ingreso total que se genera en el planeta.
Debido a lo anterior, a pesar de los avances tecnológicos y económicos de los últimos años, uno de los principales problemas y de mayor importancia para su atención en las agendas de las organizaciones encargadas del desarrollo mundial (Comisión Económica para América Latina [CEPAL], Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OECD], Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO]), es combatir la desigualdad, la baja productividad, los ingresos limitados, así como la poca participación de la ciudadanía en actividades económicas, políticas y sociales en los países donde estos factores son más notorios (Aponte-Hernández, 2008).
Asociado a la desigualdad, la marginalidad es para la DESAL (Desarrollo Social para América Latina, 1969) la realidad que vive gran parte de la población que se encuentra apartada de los beneficios económicos, sociales y culturales a los que tiene derecho por ser integrante de una sociedad. De esta manera, una de las características que predomina en Latinoamérica es la dualidad existente en un paradigma de exclusión-inclusión (Lezama, 1993). Según Hinkelammert (1974) la solución a esta problemática es más compleja que simplemente cambiar al sujeto, es preciso modificar sustantivamente la estructura socio-económica actual.
1.1 Planteamiento del problema
En nuestra región, América Latina y el Caribe se muestran índices más bajos en distribución del ingreso cuando se compara con otras regiones del mundo, esto repercute en altos niveles de injusticia social (Mostajo-Guardia, 2000). La perpetuación de la pobreza causada por la concentración extrema de la riqueza en ciertos grupos, aunado a la baja participación laboral, se manifiesta como uno de los retos que aún no han sido superados en la región (Leff, 2002). Ante estos desafíos no basta con desarrollarse económicamente a un mayor ritmo, es necesario crecer en cuanto a la equidad social. Si no cambian los paradigmas actuales en las políticas de los gobiernos, la desigualdad apunta a seguir creciendo y afianzarse en los estratos más desfavorecidos de la sociedad.
Asimismo, históricamente existe otro tipo de manifestación de la segregación de un grupo de la sociedad. Según Parra (2011), las personas que presentan algún tipo de discapacidad han sufrido a lo largo del tiempo de diferentes tipos de discriminación, los cuales van desde la segregación de la sociedad hasta la familiar, pues menciona que “las personas con discapacidad eran consideradas un castigo para sus familias y condenadas a vivir sin ningún tipo de desarrollo ni de integración.” (p.140).
Para contrarrestar los problemas mencionados se han creado políticas como la declaración de los Derechos Humanos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 1999), así como la de Educación para todos a lo largo de la vida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2000), políticas que buscan una transformación hacia un futuro deseable que incluye muchas dimensiones, entre las cuales destacan: aumentar la eficiencia y efectividad de los sistemas productivos de la sociedad, la procuración de condiciones que permitan vivir de manera digna económica, social y culturalmente, entre otros objetivos.
Encaminado a estos esfuerzos, una categoría de los Derechos Humanos (DH) que busca apoyar en estos objetivos son los conocidos como DESCA (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales), fundados en el principio de igualdad material con el propósito de que todas las personas gocen de las mismas oportunidades y condiciones para lograr una vida digna, a la vez que contribuyen al desarrollo social, económico y político (Tello-Moreno, 2015).
Asimismo, para combatir la desigualdad y exclusión, ya reconocidos por la UNESCO como retos prioritarios que deben atender los países en estos tiempos, dentro de las principales estrategias enfocadas para lograr un desarrollo sustentable está la de incluir a sectores de la sociedad que pueden coadyuvar en la generación de ideas, soluciones y en el desarrollo de sus regiones, en este contexto las Instituciones de Educación Superior (IES) tienen un rol importante. En este sentido, las IES deben de convertirse en el escenario de encuentro donde se celebren, reconozcan, valoren y potencien las diferencias, ya sean de étnicas, de religión, lengua, cultura, género, situación de discapacidad o económica, entre otras.
La inclusión y equidad en la educación superior en la Latinoamérica y el Caribe está relacionada a la evolución de la estructura de poder y objetivos de los grupos que dirigen las sociedades. Con los acontecimientos democráticos del siglo pasado y el presente, las IES fueron desarrollando bajo la racionalidad instrumental del acceso a las mismas por medio del cumplimiento de los requisitos cuantitativos (colegiaturas, promedios, etc.) excluyendo a los que por alguna razón no alcanzaron el promedio o no aprobaron el examen y de acuerdo a las necesidades del contexto social, para brindar, asegurar y dar pertinencia al crecimiento y desarrollo de las regiones donde se desenvuelven. Por tal motivo, se promovió el derecho a la educación básica y media, quedando establecido constitucionalmente en cada país de la región de acuerdo a sus posibilidades económicas y sociales. A lo anterior, Aponte-Hernández (2008) comenta al respecto que “La educación superior se instituyó como privilegio a otorgarse por talento y mérito individual de acuerdo con normas y requisitos de las instituciones custodias del conocimiento político, técnico y cultural-intelectual.” (p.130).
Por consiguiente se tiene el siguiente cuestionamiento: ¿cuál es la percepción de los derechos humanos y la relación de la perspectiva de género con la discriminación en los universitarios de Ciudad Obregón, Sonora, México?
1.2 Objetivo
Por los argumentos anteriormente expuestos y basados en la importancia que tiene la difusión de la inclusión y equidad en la sociedad, el presente artículo tiene como objetivo analizar la percepción de los derechos humanos y la relación de la perspectiva de género con la discriminación de los universitarios de Ciudad Obregón, Sonora, México.
1.3 Justificación
Los resultados de esta investigación aportarán evidencia empirica que ayude en la difusión y defensa de los derechos humanos en las IES de Ciudad Obregón y servirá como marco de referencia para futuros trabajos en diferentes contextos. Lo anterior se menciona por la poca existencia de trabajos empíricos que busquen conocer la percepción de los estudiantes universitarios sobre los derechos humanos, lo cual es una de las principales preocupaciones de este estudio, resaltando que el enfoque presentado por la mayoría de ellos se ha centrado en alguno de los grupos vulnerables o son trabajos del tipo teórico.
De acuerdo a la literatura analizada, las universidades son un ejemplo representativo del estado de nuestra sociedad actual, por tal motivo es de mayor importancia desarrollar trabajos con sus integrantes, ya sean alumnos, académicos o autoridades, pues esto nos brinda un panorama de la situación actual desde sus diferentes perspectivas.
Además, los resultados podrán ser utilizados como referencia cuantitavia para: (1) fortalecer dinámicas que promuevan la igualdad, equidad y justicia, principios que buscan garantizar los derechos humanos; (2) crear políticas dentro de las instituciones de educación superior encaminadas a promover nuevas medidas que garanticen el acceso a estas instituciones; y (3) la formulación de estrategias enfocadas en comvertir a las universidades en centros de educación inclusiva.
II. MARCO TEÓRICO
En nuestra región, América Latina y el Caribe se muestran índices más bajos en distribución del ingreso cuando se compara con otras regiones del mundo, esto repercute en altos niveles de injusticia social (Mostajo-Guardia, 2000). La perpetuación de la pobreza causada por la concentración extrema de la riqueza en ciertos grupos, aunado a la baja participación laboral, se manifiesta como uno de los retos que aún no han sido superados en la región (Leff, 2002).
Ante estos desafíos no basta con desarrollarse económicamente a un mayor ritmo, es necesario crecer en cuanto a la equidad social. Si no cambian los paradigmas actuales en las políticas de los gobiernos, la desigualdad apunta a seguir creciendo y afianzarse en los estratos más desfavorecidos de la sociedad.
Asimismo, históricamente existe otro tipo de manifestación de la segregación de un grupo de la sociedad. Según Parra (2011) las personas que presentan algún tipo de discapacidad han sufrido a lo largo del tiempo de diferentes tipos de discriminación, los cuales van desde la segregación de la sociedad hasta la familiar, pues menciona que “las personas con discapacidad eran consideradas un castigo para sus familias y condenadas a vivir sin ningún tipo de desarrollo ni de integración” (p.140).
Para contrarrestar los problemas mencionados se han creado políticas como la declaración de los Derechos Humanos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 1999), así como la de Educación para todos a lo largo de la vida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2000), políticas que buscan una transformación hacia un futuro deseable que incluye muchas dimensiones, entre las cuales destacan: aumentar la eficiencia y efectividad de los sistemas productivos de la sociedad, la procuración de condiciones que permitan vivir de manera digna económica, social y culturalmente, entre otros objetivos.
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. En el caso de México estas garantías se encuentran establecidas en el marco normativo de la nación en la Constitución Política Mexicana y en tratados internacionales y leyes.
Asimismo, la aplicación y respeto por estos derechos es una obligación para todas las autoridades y se rigen por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por tal motivo, el estado debe proveer las condiciones necesarias para que todos los individuos gocen de estos derechos, esto con el fin que el poder público provea las condiciones óptimas para superar la desigualdad, la pobreza y la discriminación.
El derecho a la vida se conceptualiza en dos sentidos, la primera como obligación del Estado en respetar la vida dentro de sus funciones y la segunda como una limitación para los particulares de privar la vida de otra persona.
El derecho a la igualdad y prohibición de discriminación se fundamenta en garantizar a todas las personas el derecho a gozar y disfrutar todos los derechos reconocidos por la Constitución, tratados internacionales y leyes. Prohibiendo toda clase de exclusión, trato preferencial motivado por las diferencias raciales, de origen étnico, de género, edad, condición social, discapacidad, condiciones de salud, religión o preferencias sexuales.
La igualdad entre hombres y mujeres, este derecho tiene la función de reconocer y dignificar a todas las personas por igual sin importar su sexo o género, por tal motivo el Estado debe garantizar e implementar las acciones necesarias para que se cumpla este derecho, procurando erradicar la violencia de género, mientras brinda las mismas oportunidades y beneficios basado en los principios de los derechos humanos.
La libertad de la persona se conceptualiza como la prohibición a cualquier forma de esclavismo, así como de cualquier tipo de trabajo forzoso y gratuito o no pagado, por lo que nadie puede ser obligado a prestar su fuerza de trabajo sin recibir una remuneración justa por ello.
Encaminado a estos esfuerzos, una categoría de los Derechos Humanos (DH) que busca apoyar en estos objetivos son los conocidos como DESCA (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales), fundados en el principio de igualdad material con el propósito de que todas las personas gocen de las mismas oportunidades y condiciones para lograr una vida digna, a la vez que contribuyen al desarrollo social, económico y político (Tello-Moreno, 2015).
Asimismo, para combatir la desigualdad y exclusión, ya reconocidos por la UNESCO como retos prioritarios que deben atender los países en estos tiempos, dentro de las principales estrategias enfocadas para lograr un desarrollo sustentable está la de incluir a sectores de la sociedad que pueden coadyuvar en la generación de ideas, soluciones y en el desarrollo de sus regiones, en este contexto las Instituciones de Educación Superior (IES) tienen un rol importante. En este sentido, las IES deben de convertirse en el escenario de encuentro donde se celebren, reconozcan, valoren y potencien las diferencias, ya sean de étnicas, de religión, lengua, cultura, género, situación de discapacidad o económica, entre otras.
2.1. Evolución de los Derechos humanos
De acuerdo a la historia, los derechos humanos fueron gestados en Occidente como una exigencia de los tiempos modernos, por parte de la burguesía frente al poder y privilegios que mantenían las monarquías (Jelin, 1994). La Declaración de los derechos del hombre proclamados en la Revolución Francesa, como la Constitución norteamericana son un reflejo de las concepciones basadas en el derecho natural.
Después del reconocimiento del estado o la monarquía de la libertad e individualidad de los ciudadanos surge lo que hoy en día se conocen como generaciones de los derechos humanos. Aunque se tienen registros históricos de códigos y/o mandamientos que reconocían la individualidad de los individuos, es hasta 1948 cuando los derechos civiles y políticos fueron reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En los cuales, se garantizaba el derecho a la dignidad de la persona, autonomía y libertad frente al estado, integridad física y garantías procesales, impulsadas por los derechos constitucionales de los estados europeos del siglo XIX, brindando así la universalización de los derechos civiles y políticos básicos, procurando un equilibrio entre las instituciones y el ciudadano (Bustamante, 2001).
Por su parte, Jiménez-Benítez (2015) describe la segunda generación nace de la tradición del pensamiento humanista y socialista, característicos por procurar la igualdad de los individuos económica y socialmente. Los derechos de primera generación abogaban por los ciudadanos frente al estado, en cambio, la segunda generación de estos derechos piden la intervención del estado para garantizar la igualdad de acceso a la educación, trabajo, salud, protección social, etcétera, sin importar su etnia, clase social o religión. Los movimientos obreros y de ideologías internacionales apoyaron a crear consciencia en cuanto a extender a todos los ciudadanos las garantías mencionadas. El derecho al voto y reformas sociales facilitaron el impulso de estos derechos.
Grijalva (2009) explica la tercera generación de los Derechos Humanos está constituida por los denominados derechos colectivos o de solidaridad, se dio a mediados del siglo XX y fueron impulsados por colectivos que exigían derechos legítimos. Se empezaron a conformar a manera de declaraciones sectoriales con la intención de proteger aquellos grupos vulnerables y discriminados por la edad, origen étnico o ideología religiosa, además de aquellos afectados por la discriminación por su situación económica social. Característicos de las últimas dos décadas del siglo XX y por defender la diversidad cultural, el cuidado del medio ambiente, la protección y conservación del patrimonio de la humanidad.
La globalización económica, así como la transición de la revolución industrial a la revolución tecnológica y del conocimiento, el derecho al acceso universal a formas avanzadas de ciudadanía y civilidad ante los movimientos migratorios también entran en esta generación.
En la actualidad Rodríguez-Palop (2018) reconoce cuatro grandes procesos por los que han pasado los derechos a través de la historia: positivación, generalización, internacionalización y especificación, esta última etapa hacer referencia a los derechos de los seres humanos. La cuarta generación de los derechos humanos nace ante la constante evolución y creación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) como característica elemental que define a la sociedad actual, se vuelve necesario analizar una consideración filosófica de los derechos humanos, en la que esté presente el beneficio social proveniente del uso de las innovaciones tecnológicas.
Esto se vuelve necesario cuanto la sociedad contemporánea navega por un mundo interconectado donde la información personal y el conocimiento han dejado de ser de la exclusividad de algunos para lograr ser difundidos a terceros, asimismo en los hechos noticiosos como en la ciencia y la cultura. Debido a esta problemática, se hace necesario aceptar que las tecnologías y las redes telemáticas forman parte de las estructuras de la sociedad del siglo XXI (Rojo, 2017).
2.2. Instituciones de educación superior
Según la revisión histórica realizada, Madrid (2013) menciona las universidades surgieron en Italia entre los siglos X y XV, controladas por la iglesia católica y con especialidad en derecho y medicina. Al principio las universidades no desarrollaban actividades o tenían una postura social, eran centros a los que solamente la clase alta podía tener acceso a ellas, pues eran los únicos que podían solventar los altos costos, además que necesitaban educar a quienes heredarían sus fortunas, siendo esta una forma de asegurar tener una ventaja sobre aquellos que no podían hacerlo.
Posteriormente, a mediados del siglo XIII empezaría un movimiento importante en la investigación que se realizaba en las universidades, pues empezaría a gestarse el modelo de universidad donde los académicos además de dar cátedra podían realizar sus propios experimentos de investigación, para posteriormente compartir sus hallazgos.
2.3 La universidad actual
Después de la Segunda Guerra Mundial las IES inician una nueva etapa, en donde sus estructuras tanto físicas como organizacionales se hacen más grandes y complejas, dando la pauta para la evolución de la universidad actual. La industrialización fue en gran parte motivador de la evolución de las universidades, la demanda de profesionales capacitados y de desarrollos tecnológicos, así como especialización de posgrado, fueron compromisos adquiridos por la institucionalización del conocimiento, a la vez que recibían fondos para la investigación.
De esta manera, la universidad como organización que educa e investiga en las últimas décadas se encuentra en crisis, tanto por problemáticas internas generadas por el constante cambio tanto tecnológico, social, político y económico, sino porque hoy en día la universidad es concebida como una empresa que para sobrevivir debe competir con otras organizaciones similares por clientes, es decir por el interés de los estudiantes en la institución (Madrid, 2013). Se ha sustituido el antiguo modelo donde las aulas eran una comunidad de maestros y discípulos, aunado con los nuevos objetivos de las universidades donde la prioridad es conseguir fondos para funcionar, así como la formación de académicos prestigiosos que atraigan editoriales y tengan una producción científica considerable (Carballo, 2015).
2.4 La universidad y los derechos humanos
De acuerdo a Ellacuría (1982), el lugar teórico para analizar y estudiar los grandes problemas sociales de acuerdo a su interpretación y solución práctica, es el de las mayorías populares. Y en caso de no poderse estudiar este contexto por su complejidad y tamaño, el espacio más parecido a una muestra de la sociedad se encuentra en sus universidades, lugar en donde se concentran las masas populares, entendidas como las mayorías auténticas de la humanidad, es decir, donde se concentra el grueso de la población del mundo. Desde esta perspectiva la universidad es un lugar en donde se puede enfocar para analizar los problemas existentes de los derechos humanos en general.
Al respecto la UNESCO ha dado a conocer las políticas para la transformación y desarrollo de la educación superior, entre otros objetivos menciona que la enseñanza del nivel superior debe estar abierta al acceso de todas las personas a lo largo de sus vidas, buscando algo alcanzar incluir a aquellos olvidados, excluidos, pues la universidad debe ser la conciencia de la sociedad.
2.5 Educación inclusiva
El concepto de Educación Inclusiva, según Parra (2011) se fundamenta en “la construcción del conocimiento individual a partir de la incorporación e internacionalización de las pautas culturales” (p. 147). El desarrollo del concepto toma como “inclusión” desde el enfoque educativo, es hacer valido el derecho a la educación considerando la igualdad de oportunidades a la vez que se eliminan las barreras para participación y aprendizaje en los contextos físico y social.
Las instituciones inclusivas son aquellas que son capaces de educar a todos los estudiantes de su comunidad, sin que sus condiciones particulares, económicas, condición física, intelectuales, sociales, emocionales, étnicas u otras sean impedimentos para su desarrollo. La educación inclusiva debe ser proactiva, eliminando las barreras que ciertos grupos encuentran al buscar opciones educativas.
De acuerdo con Naicker y Pastor (1998), el plan de trabajo para una universidad que busca ser inclusiva debe tener en cuenta lo siguiente:
Aceptar principios y valores inclusivos como la igualdad, la protección ante la discriminación, la igualdad de derechos.
Derechos humanos y justicia social para todos los estudiantes.
Participación e integración social de las personas con discapacidad.
Acceso a la información como plan de estudio, métodos de enseñanza y evaluación, materiales y ambientes de aprendizaje.
Igualdad y compensación en las disposiciones educativas para la integración educativa y social.
Partir de la experiencia profesional del personal docente.
Diseñar y promover planes de formación del personal docente.
Incorporar la evaluación de los resultados de la autoevaluación y evaluación interna como generadora de los procesos del cambio.
2.6 La universidad y la equidad de género
Como ya se ha establecido la sociedad se encuentra siempre en una dinámica constante, esto se puede constatar con los argumentos previamente expuestos. El dinamismo de la sociedad, exige de las universidades atención a demandas que son producto de esta transformación. En este contexto, el acceso a puestos de trabajo o en sí mismo trabajo fuera del hogar y profesionalización de la mujer, no ha tenido un cambio notorio y sustantivo en la estructura social actual (Bolaños, 2005). De acuerdo García (2000) la educación superior reproduce concepciones androcéntricas de la sociedad, las prácticas y contenidos educativos mantienen en bastantes aspectos características sexistas en docentes y estudiantes, así como el notorio y limitado acceso de mujeres profesionales a la universidad como docentes y la desvalorización de las “carreras femeninas”.
III. METODOLOGÍA
La investigación tiene un alcance descriptivo-correlacional con un diseño no experimental, los datos obtenidos no se manipularon y se procesaron tal como se recolectaron Hernández, Fernández y Batista (2014). Con base al tiempo en el que se realizó el estudio y considerando que se aplicó un instrumento para recoger los datos acerca de la percepción sobre los Derechos Humanos en los Universitarios de Ciudad Obregón, Sonora, México; se considera un análisis de corte transversal (Creswell, 2009).
3.1. Sujetos
Se cuenta con una muestra no probabilística y a conveniencia de los estudiantes, los cuales decidieron responder la encuesta, de las principales Universidades Públicas de Ciudad Obregón sonora, México; Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON); Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA); Universidad Tecnológica del Sur de Sonora (UTS); por lo cual se aplicaron un total de 300 instrumentos. Los datos se pueden apreciar en la tabla 1 características de los estudiantes universitarios.
3.2. Instrumento de recolección.
El instrumento está compuesto por dos secciones, la primera son datos generales como nombre de la universidad, carrera, semestre, edad, sexo, estado civil, trabaja; la segunda sección tiene una escala de medición tipo Likert cinco puntos, siendo 30 ítems enfocados al respeto de los derechos humanos universitarios (ver Anexo 1).
La validez interna del instrumento se realizó por medio de tres expertos, cabe destacar en este rubro el apoyo del Dr. Catalino Loera García, Coordinador Regional ANFECA Zona 1; Responsabilidad Social Universitaria. La prueba de fiabilidad de los datos se realizó de acuerdo a lo establecido por Cronbach, cabe destacar que superaron dichos los parámetros puesto que se obtuvo un alfa de .954.
3.3. Procedimiento
El estudio da inicio con la consulta bibliográfica relacionada al tema, siendo un gran apoyo lo establecido por la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de y Contaduría Administración (ANFECA) en cuanto a la Responsabilidad Social Universitaria en el apartado de respeto a los derechos humanos; posteriormente se eligió la escala Likert ya que se considera sencilla y el entrevistado tiene varias alternativas para expresar su opinión. Posteriormente se elaboraron los ítems con el pertinente soporte teórico y empíricos que fueron enviados a validez de expertos, la fiabilidad del instrumento por el Alfa de Cronbach.
En la prueba piloto se aplicaron 30 instrumentos a estudiantes universitarios, para posteriormente continuar con el proceso de aplicación al resto de la muestra, logrando así 300 cuestionarios contestados.
Con los datos recabados, se construyó en el paquete estadístico IBM SPSS (versión 21), la base, en la cual se capturó de manera cuidadosa evitando errores tipográficos para no generar valores perdidos dentro de la misma. Por lo tanto, con la muestra aplicada se iniciaron los análisis y pruebas estadísticas.
IV. RESULTADOS
En cuanto a los resultados obtenidos en el estudio sobre los Derechos Humanos en los Universitarios del Noroeste de México. Los resultados se dividem em dos bloques: Resultados descriptivos y resultados de correlación.
4.1 Resultados descriptivos.
Respecto a si en su universidad existe un buen clima estudiantil consideran totalmente de acuerdo un 36.7%; de acuerdo el 34.7%; neutral 19.3%. En cuanto si existe equidad de género, totalmente de acuerdo respondió el 39.3%, de acuerdo el 34.3%, neutral 18.7%. Al cuestionárseles si en su universidad se fomenta la equidad de género respondieron totalmente de acuerdo un 36.7%, de acuerdo un 31.3%; neutral 21.3%. El 49.3% está totalmente de acuerdo en que existen las mismas oportunidades para hombres y mujeres, de acuerdo el 28% y neutral 10.3%.
El 26% esta totalmente de acuerdo con que se han impartido temas sobre equidad de género, de acuerdo el 23.7%, neutral el 26.7%, en desacuerdo el 13% y totalmente en desacuerdo el 10.7%; como puede apreciarse existen diferencias en las opiniones de los alumnos, además de tener porcentajes bajos en la escala de totalmente de acuerdo y de acuerdo, además de contar con porcentajes.
En el cuestionamiento de si en su universidad se han elaborado proyectos o programas para el apoyo a la equidad de género, el 17.3% comento estar totalmente de acuerdo, de acuerdo 25%, neutral 30%, en desacuerdo el 18%. Al preguntarles si en los planes o programas se desarrollan estrategias extracurriculares que promueven la equidad de género, estuvieron totalmente de acuerdo el 16.7%, de acuerdo el 28.3%, neutral el 31.3% en desacuerdo el 16% y totalmente desacuerdo el 7.7%. Como puede apreciarse las IES requieren trabajar más en proyectos a este respecto.
En cuanto a si se sienten respetados de la discriminación por género, raza, nivel socioeconómico, orientación, política o sexual, el 45% está totalmente de acuerdo, de acuerdo el 26.3%, neutral el 18%. En la pregunta de si se les presentan temas que hablan sobre la no discriminación, los estudiantes estuvieron totalmente de acuerdo un 20.3%, de acuerdo 27.3%, neutral 31.7%, en desacuerdo el 10.7% y totalmente desacuerdo el 10%.
Por su parte, al cuestionarles si se elaboran proyectos o programas para combatir la discriminación, totalmente de acuerdo el 14.3%, de acuerdo el 20%, neutral 37.7%, en desacuerdo el 17% y totalmente desacuerdo el 11%.
Al consultarles si consideran que dichos programas han disminuido la discriminación en la institución, el 13% de los universitarios estuvieron totalmente de acuerdo, de acuerdo el 22.7%, neutral 41.7%, en desacuerdo el 11.7%, y totalmente en desacuerdo el 11%. A pesar de que el 71.3% los alumnos no se consideran discriminados, el trabajo que realizan las universidades en este rubro de la no discriminación, no es suficiente, es fundamental trabajar más arduamente en este sentido.
Uno de los elementos básicos para permear en las actitudes de los alumnos es tener como ejemplo las relaciones entre los miembros de la institución se fundamenten a base de tolerancia y respeto, al respecto comentaron estar totalmente de acuerdo el 29%; de acuerdo el 37.7%, neutral 23.3%. Al consultarles si existen programas para promover valores como la tolerancia y el respeto, el 20.3% está totalmente de acuerdo, de acuerdo el 34%, neutral el 29.3%, en desacuerdo el 12.7%.
Porcentajes muy similares se obtuvieron en la pregunta si consideran que dichos programas han disminuido la intolerancia dentro de la institución, ya que el 22% dijo estar totalmente de acuerdo, de acuerdo el 26.7%, neutral el 36.3% y en desacuerdo el 9.3%. Al preguntarles si sería importante llevar a cabo una capacitación a los miembros de la organización sobre temas de tolerancia y respeto, el 38% mencionó estar totalmente de acuerdo, de acuerdo el 35%, neutral 18.7%.
Como puede apreciarse otra área de mejora en las Universidades Públicas es la tolerancia y respeto, bases fundamentales para los futuros profesionistas, en este sentido.
Referente a si consideran que existe un ambiente que propicia a la libertad personal el 33.7% dijo estar totalmente de acuerdo, de acuerdo el 40%, neutral el 18%. Con valores similares consideran que las relaciones interpersonales se dan de manera libre un 36.7% totalmente de acuerdo, de acuerdo un 39.7%, neutral el 17.3%. Sin embargo en la pregunta si existen programas que oriente a los estudiantes a promover la libertad personal, mencionaron totalmente de acuerdo el 19.7%, de acuerdo el 33.3%, neutral el 30.3%. En el cuestionamiento si consideran importante la libertad personal en su formación como profesionista el 47.3% está totalmente de acuerdo, de acuerdo el 33% y neutral el 13.3%. A pesar de que los estudiantes universitarios valoraron el ambiente y las relaciones interpersonales, y su relación como profesionista de manera libre, es necesario que las IES susciten programas para promover la libertad personal.
En cuanto a si conocen sus derechos personales dentro de la institución, el 39.3% expresó totalmente de acuerdo, de acuerdo el 36%, neutral el 14.7%. Al indagar si se les ha informado de sus derechos personales dentro de la institución mencionaron totalmente de acuerdo el 29.3%, de acuerdo el 35%, neutral 19.3%.
Un punto relevante es conocer los derechos, especialmente dentro de las universidades, por lo que es sumamente necesario que las instituciones propicien informar a su comunidad universitaria. Así como las instituciones deben promover y fomentar diversas actividades, es necesario que los estudiantes se involucren, en este sentido al cuestionarles si se preocupan y participan en la vida universitaria, el 25% dijo estar totalmente de acuerdo, de acuerdo el 35%, neutral el 28%.
En relación si el personal de la institución respeta los derechos personales de los estudiantes, mencionaron con el 33.3% totalmente de acuerdo, 38% de acuerdo, neutral 16%. Por su parte al preguntarles si la infraestructura de la universidad esta adecuada para personas con discapacidades, consideraron totalmente de acuerdo el 30.7%, de acuerdo el 36%, neutral el 16.7%.
Al consultarles si hay señalamientos específicamente para alumnos con discapacidad, el 30.7 mencionó estar totalmente de acuerdo, 30.7 de acuerdo, neutral 18%, en desacuerdo el 10% y totalmente en desacuerdo el 10.7%. Otro elemento relevante es si existe transporte que pueda ayudar en el traslado de los alumnos en silla de ruedas en las universidades, a lo que mencionaron con un 16% totalmente de acuerdo, 18.7% de acuerdo, neutral 26.3%., en desacuerdo el 14.7%, totalmente desacuerdo el 24.3%. Como puede observarse en esta pregunta se tiene el porcentaje más alto en totalmente en desacuerdo, lo que representa un indicador para las instituciones de tomar en cuenta y hacer sentir a toda su comunidad parte de ella. Al cuestionarles si el personal docente se encuentra preparado para apoyar a personas con alguna discapacidad física, el 20.3% menciono estar totalmente de acuerdo, 26.3% de acuerdo, neutral 32%, en desacuerdo el 13%. En la pregunta se promueve el apoyo a personas con discapacidad, el 27.3% mencionó estar totalmente de acuerdo, 31.3 de acuerdo, neutral 24.7%, en desacuerdo el 9.7%. Por lo que respecta a si consideran importante el enfocarse en programas o apoyos para discapacitados en la universidad, el 46.7% totalmente de acuerdo, 31% de acuerdo, 13% neutral. En lo que concierne si existen actividades deportivas que involucren a alumnos con discapacidad el 16% expresó totalmente de acuerdo, 22.7% de acuerdo, neutral 32.7%, 12.7% en desacuerdo y 16% totalmente desacuerdo. Es sumamente importante involucrar y contar con programas y actividades deportivas en los que puedan ser partícipes las personas con discapacidad, por lo que se piensa representa otra área de mejora en las universidades.
4.2 Resultados de correlación.
Derivado del resultado del análisis de los datos descriptivos, se plantearon dos hipótesis de correlación e influencia para la investigación (ver Tablas 2 y 3), los cuales se mencionan a continuación:
H1. La perspectiva de género y la discriminación se relacionan positiva y significativamente en los universitarios del área económico - administrativa.
Tabla 2: Correlación entre perspectiva de género y discriminación.
Fuente: Elaboración propia. Significativa al .01 (2 colas)
Respecto a la tabla anterior, se observa como el género es altamente correlacional con la discriminación, se comprueba entonces los aspectos teóricos. Existe dentro de las universidades estrategias de fomento a la perspectiva y equidad de género que entonces impacta e influye a la discriminación (Ver Tabla 3).
Por lo mencionado, se plantea entonces la prueba estadística de regresión lineal simple para observar el nivel de influencia de las estrategias de perspectiva de género contra las estrategias de discriminación:
H2. La perspectiva de género influye significativamente sobre el nivel de discriminación en los universitarios del área económico administrativa.
Tabla 3: Lineal entre perspectiva de género y discriminación.
Fuente: R2 = .609 (N = 300, p < .001). CI = intervalo de confianza para B. Elaboración propia.
La influencia de un 60% observada recae entonces que, la generación de estratégicas de género en las universidades impactará en un incremento en la generación de acciones que contribuyan a la No discriminación entre estudiantes del área de ciencias económico administrativas del Noroeste de México.
V. CONCLUSIONES
Se concluye que el estudio perspectivas de los derechos humanos en los universitarios de Ciudad Obregón, Sonora, México, a pesar que en algunos cuestionamientos los estudiantes responden tener un buen clima estudiantil, la existencia de equidad de género en sus planteles, no sentirse discriminados, aproximadamente con el 80% (totalmente de acuerdo y de acuerdo), se tiene un 20% que no lo considera así.
Los alumnos mencionan que en cuanto al trabajo de las universidades en la elaboración de programas y proyectos en estos rubros no es suficiente; por ejemplo en equidad de género, ellos consideran que si existe con el 39.3% de acuerdo y 34.3% de acuerdo; pero al preguntarles si la IES imparte temas, proyectos, los porcentajes se reducen considerablemente; por lo que representa un área de mejora.
Es sumamente difícil al hablar de derechos humanos, tratar de imaginar algún rubro más importante que otro, o dejarlo fuera, todos son imprescindibles, pues a falta de uno de ellos creara una descompensación; en este sentido, no se puede imaginar a una persona o un profesionista que promueva los derechos humanos si carece de tolerancia y respeto; los estudiantes expresan las relaciones en las instituciones se fundamente en la tolerancia y el respeto totalmente de acuerdo el 29% de acuerdo el 37./%, pero al preguntarles si existen programas para promover dichos valores el 20.3% está totalmente de acuerdo y el 34% de acuerdo; de nuevo, se ocupa mayor trabajo de las universidades, puesto que también hacen mención de que si consideran sea necesario proporcionar una capacitación a los miembros de la organización, el 38% menciona estar de acuerdo, y de acuerdo el 35%.
No puede decirse que las universidades no trabajan en estos rubros, ya que en sí los estudiantes sienten que se propicia la libertad personal, de igual forma las relaciones interpersonales, sin embargo al cuestionar si se promueven por medio de programas, mencionan totalmente de acuerdo el 19.7% y de acuerdo el 33%.
Tal vez como futura investigación será conveniente estudiar si las IES tienen establecidas estrategias para promover dichos rubros, o bien se encuentren permeando su curricula, lo que sí es indiscutible, se promover y desarrollar de manera más directa programas y talleres al respecto, de tal forma que tengan clara conciencia de sus derechos dentro de la institución, la misma comunidad universitaria se integre y participe; tener las instalaciones y actividades tanto académicas, culturales y deportivas en donde puedan participar todos.
