Antecedentes históricos del neoliberalismo y la implantación del modelo en Chile

El neoliberalismo es un modelo, sistema o conjunto de ideas y acciones que, actualmente, padece del llamado Síndrome de Frankenstein, ya que lo defienden políticos de derecha, think tanks y organismos públicos y privados, pocas veces declararán en público su apoyo al mismo y menos usarán el término en discursos y en las propuestas electorales. Evidencia de lo anterior, reside en el hecho de que solo un partido político en el mundo, y temporalmente, usó el término en su nombre, el Partido Neoliberal de Nicaragua, creado en 1986.

Sin embargo, en sus orígenes, en 1898 Charles Gide, francés, usa el término Neoliberalisme, que ya se usaba en francés, para identificar las propuestas de ^{Gide & Pantaleoni (1898)}. En 1938, el Coloquio Walter Lippmann, incorpora el concepto señalado anteriormente, junto a otros conceptos, para describir un conjunto de ideas y lo define como la inclusión de “la prioridad del mecanismo de precios, libre empresa, un sistema de competencia y un estado fuerte e imparcial” (^{Mirowski & Plehwe, 2009}). En 1951, Friedman lo agrega en su ensayo “Neo-liberalism and its Prospects”, en él se distingue que el neoliberalismo era un “sistema a contracorriente” que ofrecía “una esperanza real para un mejor futuro” e incluso hacía una crítica ambigua del laissez- faire (^{Burgin, 2012}).

Rougier y Hayek, asistentes al Coloquio Walter Lippmann, identificaron, por separado, al neoliberalismo como un modelo de competencia que terminaría por establecer a grupos de elite integrada por individuos exitosos que reemplazarían a la democracia representativa como sistema de gobierno y actuarían a nombre de las sociedades que representarían (^{Hayek, 1976}; ^{Rougier, 1949}). Ser neoliberal, en ese entonces, significaba defender una política económica moderna que implicaba la intervención del Estado para garantizar la propiedad privada, la competencia y el crecimiento económico que diera como resultado que la población en su conjunto aceptara ser representada por empresarios y sujetos acaudalados que supieran administrar de mejor manera los recursos en comparación a los políticos tradicionales.

En los años setenta, el término neoliberalismo gana aceptación y se usa, principalmente, por académicos de izquierda para “describir y desacreditar el esfuerzo de centros de pensamiento, creadores de políticas públicas y empresarios para condenar reformas social demócratas e implementar sin reparos medidas de libre mercado” (^{Shermer, 2014}). Una década después, es Foucault quien hace una clara distinción entre liberalismo y neoliberalismo y señala que el último se diferencia del anterior, ya que se opone al laissez - faire y defiende una competencia artificial (^{Audier, 2015}), misma que es característica, y enmascara, de la actividad monopólica.

El neoliberalismo y sus propuestas se ponen en práctica en Chile en 1973 en el contexto del golpe de Estado cometido por Augusto Pinochet y la posterior muerte de Salvador Allende. El ataque al gobierno socialista encabezado por Allende contó, como es bien sabido, con la colaboración del gobierno estadounidense (^{TeleSUR, 2019}) y la de diversos grupos empresariales y profesionales locales que desconfiaban de las medidas económicas impuestas por el gobierno democráticamente electo y que a su juicio amenazaban al país y su sistema económico, de convertirse en una dictadura comunista.

Aunque Chile fue, cronológicamente, el primer experimento neoliberal, se identifican los casos británico y estadounidense, durante los gobiernos de Thatcher y Reagan, como los primeros donde se aplicaron medidas tales como la reducción a la intervención estatal, privatización de empresas públicas, desregulación de actividades económicas y financieras prioritarias, debilitamiento de los sindicatos, la austeridad permanente y sin un objetivo claro y reducción de apoyos estatales a grupos específicos de la población de esos países bajo el pretexto de reducir el tamaño y carga, sobre las finanzas públicas, de la actividad del gobierno son las medidas arquetípicas de ese sistema.

Volviendo al caso chileno, el neoliberalismo es implantado producto de la influencia de los “Chicago Boys” chilenos y su relación con el empresariado local y convencen a Pinochet (^{Valdés, 2003}), ya en el poder, de la adopción de políticas neoliberales con la intención de convencer a inversionistas locales y extranjeros, de llevar sus capitales al país y sustentar el crecimiento económico del mismo y dar algo de legitimidad a su gobierno. Un ejemplo temprano de lo que le esperaba a Chile en materia de reformas implantadas por ese gobierno, se encuentra el caso de la educación superior y el nuevo enfoque que se daría el pensamiento económico y social en las facultades de economía de las universidades del país.

Ese nuevo enfoque tenía la intención de convencer a académicos, primero, y a la sociedad en su conjunto, después, de la necesidad de adoptar el enfoque neoliberal en la esfera gubernamental chilena y normalizar la falta de democracia del gobierno de Pinochet. Ese esfuerzo de convencimiento se dio a partir de un modelo compuesto o trilogía por los siguientes elementos, ideas económicas, instituciones políticas e intereses empresariales; los apoyos a esos elementos se encuentran en una filosofía que apoya al sistema neoliberal (^{Madariaga, 2019}).

En Chile las ideas económicas proclives al neoliberalismo, en los setenta, se diseminaron en las facultades de economía de universidades como la Universidad Católica y la Universidad de Chile, principalmente, a través de la reforma en el plan de estudios de la carrera y la contratación de economistas formados en Chicago o por alumnos de profesores de esa universidad (^{Mönckeberg, 2005}). Es decir, el nuevo perfil de profesores y estudiantes de carreras de economía, sociología y otras, legitimaría la adopción de políticas que difícilmente podrían calificarse como defensoras del interés popular. Ejemplo de ello, se puede incluir la privatización de la educación superior y la minería.

La creación de instituciones políticas, el segundo elemento de la trilogía, se caracterizó por la autonomía dada al Banco Central, la formación de una nueva institución electoral y las reformas al sistema de representación parlamentaria en el congreso chileno, son prototipo del enfoque neoliberal que sostiene, por un lado, que las autoridades hacendarias y económicas tienden a los excesos y abusos en materia de política monetaria y por eso hay que dar autonomía a una institución encabezada por perfiles técnicos ampliamente reconocidos; en otro sentido, afirman que el gobierno central es tramposo y no puede organizar las elecciones, por lo cual es menester formar un órgano encabezado por conocedores de las leyes electorales y apartidistas que no favorezcan, per se, a ninguno de los contendientes. Finalmente, sostienen que las mayorías absolutas en los congresos no deben existir, ya que los diputados o senadores actúan como un contrapeso al poder presidencial.

La trilogía se cierra considerando los intereses empresariales y su influencia en la conformación del gobierno, sus políticas públicas y su relación con diversos grupos de la sociedad. En este sentido, es de suponer que los líderes de grupos de empresarios buscaran aprovechar su influencia para maximizar, principalmente pero no de forma única, sus beneficios económicos (^{Campero, 1993}). Lo anterior se puede identificar en la conformación del gobierno chileno, el tipo de leyes económicas que han favorecido los intereses de la elite económica mediante apoyos y exenciones fiscales a ellos, la desregulación y privatización de actividades bajo la recomendación del sector más privilegiado del país.

Chile, a partir del fin de la dictadura de Pinochet, pasa por una transición democrática que se caracteriza por la continuidad en la aplicación de medidas y el funcionamiento de estructuras de corte neoliberal. Las distintas administraciones, desde Aylwin en 1990 hasta Piñeira, en dos ocasiones, se han distinguido solo por el ímpetu o fuerza con que han operado en medio de una estructura gubernamental y sistema económica que apenas se diferencian dependiendo la corriente ideológica que encabeza el gobierno de ese país. Más aún, los gobiernos de izquierda, encabezados por Lagos y Bachelet, dos veces, han decepcionado en sus intentos de revertir reformas e instituciones de corte neoliberal y han preferido convivir con ellas en lugar de enfrentarlas.

Como puede verse, el neoliberalismo debe disfrazarse bajo la apariencia de promotor de la libertad y progreso económico, ya que su naturaleza, real, es contraria al interés popular, porque defiende a una elite que controla las principales instituciones en el país. El modelo representa una medicina amarga que toman las sociedades de países que son engañadas bajo el argumento de la excesiva intervención del gobierno en la economía, Gran Bretaña o Estados Unidos, o producto de un golpe de estado, Chile, y como receta única de una crisis perenne e insalvable de deuda pública, Latinoamérica, que debe tragarse bajo llamados permanentes a ajustarse el cinturón, de la mayoría de la población, en el presente para que el futuro, que nunca se sabe cuándo será, sea más promisorio aunque las élites empresariales sean las únicas beneficiadas tras su implantación.

Políticas de cuidado en Chile

Para ^{Arriagada (2010)}, el cuidado es la gestión y la generación de recursos para el mantenimiento cotidiano de la vida y la salud; a la provisión diaria de bienestar físico y emocional, que satisfacen las necesidades de las personas a lo largo de todo el ciclo vital. Las políticas de cuidado son producto del conjunto de acciones, instituciones y prestaciones sociales instauradas por los gobiernos de los países, principalmente desarrollados, con el propósito de recuperar la relevancia del Estado en el sentido de generar mejores condiciones que contribuyan al crecimiento económico. El New Deal¹ creado por Roosevelt con el propósito de revertir las consecuencias de la Gran Depresión, representa el fenómeno más visible del llamado Estado del Bienestar.

El Estado del bienestar, en materia social, concentra sus esfuerzos en la atención, principalmente, a tres áreas de la política social; educación, salud, y protección social (^{Batthyányi, 2015}); es decir, la relevancia de las políticas de cuidado se proyecta en el cálculo de costos y beneficios, que tienen para una sociedad, el invertir recursos de distintos tipos en el cuidado de grupos sociales que demandan servicios de educación, salud, y protección social. Las políticas de cuidado representan, como medidas del Estado de bienestar, una apuesta por el futuro mediante la inversión en diferentes ámbitos (educación, salud, alimentación, vivienda, y mercado laboral, entre otros) que se hace en el presente para la protección de grupos en estado de indefensión.

Uno de los cambios más importantes que se pueden apreciar como efecto de la aplicación de programas sociales en diversos países latinoamericanos, tiene que ver con la transformación en el pensamiento de buena parte de las sociedades de Latinoamérica sobre el papel que debe jugar el Estado en la atención a grupos vulnerables. Lo anterior, implica que la región se recupera de un rezago en relación con las economías más desarrolladas del mundo, al otorgar al Estado una mayor responsabilidad en el cuidado de grupos determinados, quienes demandan atención especial.

El primer tratado universal en materia de cuidado adoptado por Chile fue el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobado y ratificado en 1994; luego seguirán las licencias de paternidad en varias etapas 2005-2009/2011-2013-2014, también las leyes sobre discapacidad en 2010, y finalmente, la legislación para madres lactantes. Cabe señalar que todas estas legislaciones surgieron posterior a los años noventa, correspondiente al periodo neoliberal.

En la Tabla 1, se muestra la legislación sobre cuidado, fecha de aprobación y ratificación en 20 Estados de América Latina. Así, se puede observar que el primer país que implementó una legislación en materia de licencia por maternidad fue Puerto Rico en 1942, seguido de Honduras en 1959, y finalmente México en 1963. Chile generó su normativa en 2011, casi 70 años después del primero que se mencionó.

La Tabla 2, muestra algunos programas de cuidado en Chile, el de 4 a 7 nace de la necesidad de las madres implicadas en trabajos de larga jornada, lo que no facilita prestar atención a sus hijos. Después de las clases, entre las 3 y 4 de la tarde, los menores se quedan solos y sin aprovechar el tiempo. Por lo que, este programa social ofrece talleres educativos, cuya finalidad es apoyar en la realización de los deberes escolares, además de brindar tareas recreativas,

Otro programa implementado por el gobierno es “Chile Crece Contigo” que consiste en, desarrollar guarderías y jardines infantiles públicos y gratuitos para niños de hasta cuatro años; atienden fundamentalmente a familias con los tres primeros quintiles de ingresos, cuyas madres trabajan formal o informalmente, buscan trabajo, o estudian (^{Bentancor y De Martini, 2012}).

Otro programa es el Sistema de Licencias, frente a la inclusión masiva de la mujer en el mercado labor, la sociedad enfrenta la necesidad de atender los embarazos y dedicar tiempo para los recién nacidos.

El plan de Igualdad de Oportunidades 2011-2020, implementado por el Servicio Nacional de la Mujer, establece la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. El programa tiene como objetivo redefinir el Código del Trabajo, con la finalidad de desaparecer las discriminaciones durante la incorporación de la mujer en el mercado laboral.

Finalmente, el programa derecho a la Sala de Cuna, estipula, según el Código del Trabajo, que el empleador deberá pagar un servicio privado de guardería externo, o bien de disponer de una en la propia empresa para los hijos de sus trabajadoras. De acuerdo con ^{Vera et al. (2018}, pp.13-38) “este derecho fue implementado a comienzos del siglo XX, provee el servicio solo a la madre trabajadora y no al padre, excluye a trabajadoras asalariadas de empresas más pequeñas, y a trabajadores del sector informal o por cuenta propia”.

Aparte de los programas descritos en la Tabla 2, el gobierno ha desarrollado otros mecanismos de provisión en materia de cuidado. Por un lado, la oferta de atención y educación en primera infancia,

Organizado en el sistema nacional de educación, que dispone de oferta pública municipal y estatal, instituciones privadas que reciben subvención pública, e instituciones privadas sin subvención, para niños de entre cuatro y cinco años bajo la Ley de Inclusión 20.845 (^{Staab, 2013}).

Por otro lado, y de acuerdo con ^{Vera et al. (2018}, pp. 13-38):

El trabajo doméstico remunerado que desempeñan fundamentalmente mujeres. En 2014, la Ley Nº 20.786 igualó las condiciones laborales de trabajadoras domésticas con el resto de los asalariados en el sector privado en materia de sueldo (ajuste del salario mínimo), seguridad social, permisos maternales, y vacaciones, entre otras. Estas medidas adquirieron vigencia en noviembre de 2015, pero se excluyó a las trabajadoras domésticas que viven en el lugar de trabajo.

Chile Cuida: el cambio del paradigma en el cuidado de familiares en situación de vulnerabilidad

Tradicionalmente, en Chile y otros países latinoamericanos, las demandas de cuidados especiales a niños, personas de edad avanzada, e incluso personas con discapacidad, eran resueltas, aun en condiciones de extrema precariedad, por los familiares directos de esas personas. En contraste, las sociedades más avanzadas del mundo, especialmente en la época del Estado del Bienestar, a partir de los años cincuenta, contemplaban la aplicación de programas que atendían las necesidades de grupos determinados de la sociedad, pagados con fondos públicos; entre ellos, se pueden mencionar los subsidios contra el desempleo, los vales de comida, los refugios para la población sin techo, y los programas destinados al cuidado de personas de edad avanzada (^{Kluwer, 2019}).

De esa forma se puede apreciar que en las sociedades más avanzadas del mundo se desarrollaron, con sus altas y bajas, el concepto de subsidiariedad, característica esencial para el adecuado funcionamiento de las políticas de cuidado. En este caso, es importar precisar en cuál de las dos acepciones se debe aplicar este concepto. Primero, en materia jurídica se dice que la subsidiariedad se aplica a aquellas situaciones jurídicas en las que se ofrecen al menos dos alternativas, de manera que solo se podrá acudir a una de ellas en defecto de la otra (^{Kluwer, 2019}).

La definición que más interesa, para efectos del presente artículo, es la segunda, ya que destaca lo siguiente “La subsidiariedad se refiere a la relación entre individuo, familia, organizaciones intermedias y la sociedad entera o el Estado, con el fin de delimitar las áreas de competencia y las ayudas” (^{Groser, 2014}).

Así, se puede identificar que el Estado desempeña un papel predominante en la interrelación de los individuos que componen una sociedad, ya que el mismo decide el destino del erario, el cual se conforma, principalmente, por los impuestos que paga la población y que se usa para atender los problemas de los sectores más vulnerables de la misma. La adopción de esta forma de pensamiento es la que debe desarrollarse en el resto de los países para que las políticas de cuidado sean efectivas.

Como se puede apreciar en la Figura 1, buena parte de los programas integrados en esta iniciativa gubernamental, están orientados a las mujeres, esto debido a la siguiente problemática que las afecta:

Fuente: elaboración propia, con base en el ^{Gobierno de Chile (2016)}.

Figura 1 Componentes del Sistema Chile Cuida 

Además de las ventajas que son resultado de este tipo de iniciativas, hay una parte que en ocasiones se pasa por alto, y es la sensación agradable que implica el hecho de que la mujer chilena siente que es valorada por la sociedad. Dicha sensación produce un sentimiento positivo, mismo que permite cohesionar mejor a la sociedad y de esa forma, se genera un círculo virtuoso que puede tener implicaciones muy positivas en el país. Eso se llama optimismo y es producto de la solidaridad de la población en su conjunto.

Lo anterior significa reconocer el ‘cuidado’ como una actividad y prestación necesaria para el bienestar de los ciudadanos. Además, lo identifica como una actividad de servicio y, por tanto, con impacto económico y específicamente laboral y, lo más importante, lo distingue como un servicio de responsabilidad de la sociedad -en este caso del Estado- y no de las familias (^{Pizarro, 2016}).

La asociación Yo Cuido

En un estudio hecho en el Reino Unido, UK Women´s budget Group, se calcula que si ese país invirtiera el 2% de su PIB en políticas de cuidado, se podrían alcanzar hasta 1,5 millones de empleos, en contraste con los 780 mil que se producirían si esa misma proporción se destinará a la industria de la construcción (^{Women´s budget Group, 2016}). Con esos datos, proporcionalmente, Chile podría generar hasta 300 mil empleos.

Como ya se indicó, la importancia de la Economía de los Cuidados, término propuesto por Folbre, en materia económica, es sustantivo por el espectro de acciones a desarrollar, personas beneficiadas y en general, por el fortalecimiento de las relaciones sociales en las sociedades que se ven beneficiadas por las mismas. Sin embargo, hay que considerar que cuando se quiere medir financieramente su impacto, existe una dificultad no menor, debido a que diversas acciones relacionadas con el cuidado no son pagadas, ya que las pueden llevar a cabo familiares de personas que requieren ayuda, pero la misma es otorgada por parientes o personas cercanas que no cobran por sus servicios.

Adicionalmente al gobierno chileno, existen asociaciones privadas que ofrecen servicios de cuidado de forma gratuita o remunerada. Una de ellas se llama “Yo Cuido” y son un grupo de mujeres cuidadoras informales que cuidan de personas en situación de dependencia, ellas mismas se consideran pioneras en visibilizar el “anónimo y silencioso trabajo de las cuidadoras en Chile” (^{Canales, 2021}). Sin embargo, sus integrantes señalan que:

Se ven afectadas áreas tanto en lo social, laboral, mental, físico, emocional, por lo que baja la calidad de vida del cuidador, repercutiendo en su cuidado y su entorno”, y por tanto “no somos considerados como sujeto de derecho dentro del impacto que conlleva cuidar de manera permanente (^{Canales, 2021}).

Esta asociación ha realizado una encuesta a nivel nacional que arroja datos como los siguientes: las cuidadoras informales destinan hasta 81,7% de su tiempo para desarrollar labores de cuidado y, el 97% de las personas que llevan a cabo este tipo de labores son mujeres (^{Canales, 2021}). A pesar de lo anterior, las representantes más importantes de la asociación han conseguido visibilidad a nivel nacional, misma que les ha permitido convertirse en convencional constituyente, tal como el caso de la fundadora de “Yo Cuido”, Mariela Serey.

A pesar de los avances arriba consignados, es relevante señalar que Chile, actualmente, no es el país más avanzado en la región latinoamericana en materia de políticas de cuidado. En Uruguay, por ejemplo, la ley No. 19.353 consigna que el cuidado es una función social y un derecho. Ecuador, por su parte, en su Plan Nacional de Desarrollo 2017- 2021 (^{Gobierno de Ecuador, 2017}), establece que “uno de sus objetivos es fortalecer el sistema de inclusión y equidad social, protección integral, protección especial, atención integral y el sistema de cuidados durante el ciclo de vida de las personas”.

Por último, la Ciudad de México y su Constitución señala en el artículo 9 (^{Constitución Política de la Ciudad de México, 2017}):

Toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida. Las autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y desarrolle políticas públicas. El sistema atenderá de manera prioritaria a las personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y la vejez y a quienes, de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado.

La Crisis del Cuidado en Chile

Las políticas de cuidado en América Latina comienzan por destacar una situación irónica; es decir, parten de la discriminación de género en contra de las mujeres, esta afirmación es cierta en el caso chileno. La población femenina es la más afectada por la discriminación laboral, aun cuando representan la mayor parte de la población en Chile, 51,1% (^{Economía, 2017}); en el caso del trabajo asalariado que desarrollan, existe una brecha de género del 15% (^{Cassinelli, 2019}).

Una realidad adicional a considerar en materia de condiciones laborales y desigualdad de género existente en Chile, es el denominado trabajo no remunerado, aspecto importante que debe contemplar el desarrollo de políticas de cuidado, -fenómeno que incluye una variedad de actividades tales como: cuidado de los hijos, personas enfermas en el hogar, mantenimiento y cuidado de la vivienda - y que en los casos en los que las mismas se desarrollan por un integrante de la familia, generalmente, no representan un costo; pero, cuando las lleva a cabo alguien externo al hogar, entonces sí tienen un precio. En el caso de Chile, el tiempo que destina una mujer a la semana, según estimaciones, para realizar estas actividades es entre dos y tres veces mayor que el dedicado por un hombre (^{Moreno, 2018}).

La incorporación de la mujer, en Chile, al mercado laboral ha aumentado de forma creciente en los últimos veinte años y ahora, representan un 50,6% de los trabajadores del país (^{Cassinelli, 2019}). Sin embargo, la mujer gana menos que el hombre, y dedica más tiempo libre a desempeñar actividades por las que no recibirá pago.

Lo afirmado líneas arriba relata una situación que es objeto de una parte importante de las políticas de cuidado; la reducción de la desigualdad y discriminación en la que se encuentran segmentos crecientes de la población de Chile. La mayoría de las mujeres son discriminadas laboralmente.

A pesar de lo anterior, la principal fuente de recursos para el pago de las políticas de cuidado en el país es mixto; es decir, una parte la aporta el Estado y otra los ciudadanos. Esto ocurre de la misma forma en la que se financian este tipo de políticas en los países de la región latinoamericana. Una consideración relevante en el caso chileno es su bipolaridad en el ámbito económico y social con relación a la región de latinoamericana. El país tiene el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita y la productividad más alta de la región, pero también es el país más desigual de América en términos del coeficiente GINI. De hecho, el país sudamericano es considerado un modelo en el cumplimiento de los objetivos de la política fiscal en materia de endeudamiento y se espera que la tendencia positiva continúe hasta después del 2021.

El nivel de desigualdad en Chile, es el factor que más preocupa para el desarrollo de las políticas de cuidado. Lo anterior, se explica de la siguiente forma: las políticas de cuidado atienden, principalmente, a los sectores sociales más desfavorecidos o desprotegidos de una sociedad, a la sazón: niños, ancianos, mujeres en condiciones vulnerables, y personas que requieren cuidados médicos. Los precedentes grupos son, en efecto, los más golpeados por la desigualdad, misma que es creciente en Chile.

El impacto que han tenido las medidas propuestas por organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que culminaron con la privatización de diversos servicios públicos en la población chilena, explican el endeudamiento del ciudadano promedio, mismo que alcanza el 74% de sus ingresos; poco más del 50% de la población gana menos de 550 dólares al mes. El 1% más rico de los chilenos acumula el 33% de los ingresos del país. La pobreza -medida con criterios locales- afecta al 8,6% de la población, y podría alcanzar hasta el 30% de la misma si esos criterios se ajustarán a los parámetros internacionales en materia de medición de ese indicador (^{Heredia, 2021}).

Lo anterior, se profundiza considerando el manejo financiero que hizo el gobierno chileno en el marco de la crisis sanitaria- económica del COVID 19. El país elevó su deuda pública en 2020 al 32,5% del PIB de esa nación, la cifra más alta en 30 años. Además, el gasto público, al que se dirigió el endeudamiento contratado, creció en 10,5% con relación a 2019 (^{República, 2023}). El crecimiento de la deuda provocará que el país registre una variación de 0,25% en el PIB del país en comparación al año pasado (^{Castro, 2023}). Esa cifra es menor de lo pronosticado por las autoridades financieras del país y podría afectar a la evolución del gasto social, es decir, el destinado a las políticas públicas de atención a grupos específicos en el país.