EN 1992 SE REALIZARON MÚLTIPLES DEBATES ALREDEDOR DE LA CONMEMORACIÓN del desembarco de unos navegantes del naciente estado español en la costa de unas islas del Caribe. Esa mirada al pasado fue polémica, ya fuera que se estuviera a favor, indiferente o en contra de los eventos oficiales o particulares. Polémica porque no se reflexionaba sobre la llegada en sí misma de unos navegantes sino sobre las historias que hasta ese momento se desenvolvían paralelas, y que, desde el 12 de octubre de 1492, ya no pudieron seguirse pensando por separado.

Esas historias particulares y paralelas, y esos encuentros inconclusos nos acompañan desde entonces. El reconocimiento por parte del estado colombiano, y de otros estados latinoamericanos, de derechos particulares de tipo económico, político y social –salud, educación– nacidos de la persistencia de diferencias culturales, es un nuevo intento por hacer converger la diversidad en una mirada coherente y relativamente armónica: la nación colombiana.

Ese reconocimiento es posible gracias a que se ha reglamentado el tipo de derechos que serían inherentes a su existencia. Así, esa pluralidad de maneras de ordenar la vida en común no la interpretamos ahora desde los viejos lemas de igualdad, fraternidad y libertad de los derechos humanos ilustrados y universales, sino también desde el derecho a darle sentido, desde las culturas locales, a lo que significa ser iguales y libres; si es que tales términos modernistas encuentran traducción cultural.

Sin embargo, esas nuevas reglas institucionales, que legitiman o no las acciones que pueden o no llevar a cabo funcionarios públicos o los intereses particulares de individuos o empresas, no nos pueden decir por sí mismas cuál es la naturaleza de esa diversidad, la manera como se reproduce o cambia a la luz de realidades de tipo no jurídico como la globalización, los conflictos políticos o la recombinación de tradiciones locales de rebeldía o negociación.

Los marcos de interpretación y conceptos heredados de una antropología que durante casi un siglo procuró interpretar la diversidad cultural en sus propios términos, se muestran insuficientes para dar cuenta de una pluralidad que ha resurgido luego de la euforia –a favor y en contra– que sucedió al derrumbe del socialismo y el surgimiento del neoliberalismo. Durante la década de 1990 y lo que va corrido del siglo veintiuno, se consolidan la(s) globalización(es) y la reestructuración de los estados nacionales, ya sea como confederaciones de estados o naciones cuyos proyectos políticos se reconocen en el espejo de la pluralidad cultural.

¿Cómo se produce y reproduce la particularidad cultural en un mundo o, más en concreto, en estados nacionales entretejidos por intereses transnacionales? En este número se presentan variadas respuestas a este interrogante. En el desarrollo de las mismas, incluso, se va más allá y se cuestionan la pregunta y algunos de sus supuestos.

Ninguna respuesta es definitiva o concluyente. O por lo menos no trata de serlo, dado que el sentido de la investigación académica es reafirmar tales ideas, expuestas por diversos autores/as –antropólogos o no, colombianos o no, pues, por definición, la argumentación no tiene raíces nacionales, aunque sí algunos frutos–, a condición de ponerlas en crisis. No es entonces tarea u ocupación de la antropología –o de investigadores que aprovechan sus reflexiones disciplinarias– decir quién es o no un indio, afrocolombiano o, dado el caso, homosexual o colono. Es, desde luego, inevitable que desde el marco institucional –basado en criterios jurídicos y administrativos– se requiera de este tipo de definiciones taxativas y estables, y es preciso entender que los sujetos de estudio también buscan o pueden llegar a utilizar ese tipo de nociones clasificatorias como realidades de hecho y no como hipótesis de estudio.

Los artículos incluidos en este volumen nos muestran cómo nos referimos desde el lenguaje, las representaciones visuales, los movimientos sociales y las instituciones oficiales, en forma indirecta, a esa diversidad cultural.

La realidad de esa pluralidad está mediada por la cultura. E interpretar esa realidad requiere ser conscientes de que se trata de producir conocimiento científico sobre realidades ya culturizadas, es decir, interpretadas por los sujetos de estudio. Pero no sólo por esos sujetos, sino también por las normas constitucionales y el actual enfoque administrativo de la política. Desde esas perspectivas se hacen también reconocibles las identidades culturales étnicas o minoritarias al precio de darles su particular colorido. Son esas interpretaciones de los sujetos y las reglamentaciones las que toman el lugar del análisis que se produce desde la academia. Cuando los primeros se muestran insuficientes o contradictorios, es cuando eventualmente se ha de acudir a esas respuestas parciales y fragmentarias como las que aporta este volumen.

F. R. F LÓREZ F UYA
Miembro del comité editorial,
Revista Colombiana de Antropología