Resumen

Este trabajo trata un aspecto de la criminalización de la protesta social: formas criminalizantes en que los funcionarios policiales ven a los manifestantes piqueteros en Argentina. A partir del trabajo de C. Schmitt sobre la figura del partisano y basado en conversaciones con policías, documentación interna de instituciones de seguridad y de la observación del trabajo policial durante las acciones de protesta, aquí se identifican los rasgos y presupuestos que operan en las formas en que los funcionarios policiales conceptualizan a los manifestantes piqueteros y sus prácticas de protesta. Así, se logra reconstruir la mirada policial sobre ellos con importantes niveles de recurrencia y consistencia, destacándose las ideas de "ejércitos irregulares" y "combates contra partisanos", como elementos presentes del pensamiento policial.

Palabras clave: protesta social, policía, partisano, piqueteros.

Abstract

This paper analyzes a particular way of the criminalization of social protest: The Police understandings of piqueteros in Argentina. From C. Schmitt's classic approach to the figure of Partisan, and through the conversations with police officers, internal documentation from security agencies and the observation of police work; I identify dominant characteristics and presuppositions underlying police conceptualizations about specific public demonstrations subjects and protest actions. Thus, I offer a reconstruction of the police understanding of these protesters with important levels of recurrence and consistency. Special attention is made to direct and indirect references to piqueteros as "irregular armies" and "combats against partisans", as salient aspects in police thought.

Key words: Social Protest, police, partisan, piqueteros.

LA PROTESTA COMO CAMPO DE ENFRENTAMIENTO

Durante una reunión en 2007 en la que policías, funcionarios políticos a cargo de las instituciones de seguridad y representantes de organizaciones de Derechos Humanos discutían la redacción de una recomendación sobre los "Derechos del personal de las instituciones de seguridad en el contexto de operativos de seguridad en torno de manifestaciones", que sería elevada al Poder Ejecutivo, el siguiente párrafo suscitó objeciones en varios de los participantes:

Dadas las características particulares y complejas de estos contextos, todo el personal de seguridad afectado a operativos en el ámbito de manifestaciones públicas debe estar en condiciones de descanso adecuadas. Si, excepcionalmente, fueran afectados funcionarios de seguridad luego de una jornada de trabajo, tendrán derecho a recuperar las horas de descanso perdidas, sin perjuicio de otro tipo de compensación.

Las primeras discusiones vinieron de los representantes de los organismos de Derechos Humanos, quienes objetaron la posibilidad de la excepción porque consideraban que "la prohibición debe ser total". Para estos organismos, era inaceptable que funcionarios en condiciones de descanso inadecuadas fueran asignados a operativos sensibles para el ejercicio de diversos derechos fundamentales y que habían resultado letales en reiteradas oportunidades.¹

Luego, el párrafo también fue rebatido por un funcionario policial, quien planteó que estaba de acuerdo con la crítica anterior a la excepción y proponía acotar: "Frente a integrantes de las filas policiales con el descanso no apropiado, fuerzas irregulares podrían utilizar tácticas de desgaste deliberadamente". Esto fue rechazado con rapidez por la autoridad política responsable de la institución a la que pertenecía el funcionario: "De ninguna manera, esto de las 'fuerzas irregulares' no corresponde". Con esta negativa el párrafo se cerró en la primera oración y excluyó la excepción y la referencia "táctica" propuesta por el policía.

En este artículo me propongo encarar un aspecto particular de la criminalización² de la protesta: las formas en que los funcionarios policiales consideran a los manifestantes piqueteros. Lo anterior, a partir del análisis de la mirada de los policías mismos, lo que implica un desplazamiento del énfasis en el "discurso oficial" y que suele centrarse en las declaraciones públicas de funcionarios políticos (Auyero, J., 2002, p. 26; CELS, 2003, p. 152)³. A través del estudio de conversaciones con policías, de normativa y documentación interna de las instituciones de seguridad y de observaciones presenciales del trabajo policial en el contexto de manifestaciones, identifico rasgos predominantes y postulados que operan en las formas en que los funcionarios policiales consideran, conciben y entienden a los manifestantes piqueteros y sus prácticas de protesta.

Antes de exponer el marco interpretativo y el análisis, creo importante hacer algunos comentarios sobre el trabajo de campo que sustenta el conjunto de la investigación. En primer lugar, debo decir que los diálogos con diferentes funcionarios de seguridad se dieron mientras participaba, como representante de una organización de Derechos Humanos, de una serie de encuentros entre funcionarios políticos, de seguridad y representantes de organizaciones de la sociedad civil, en los que se discutían estándares de regulación del uso de la fuerza en el contexto de manifestaciones públicas.⁴ Esto implicó un posicionamiento no como observadora externa sino como participante plena. Así, he pensado mi perspectiva y puntos de vista en términos de una suerte de "participación observante", que demanda una doble lectura de situaciones en cuya dinámica estaba comprometida. A esto, hay que sumar la influencia que tuvo el hecho de ser mujer y civil en la relación con los policías, entre otros rasgos que marcaron tensiones de alteridad con las personas contactadas.

Para dar cuenta de los significados de la identidad institucional que yo representaba, es importante señalar que algunos organismos de Derechos Humanos han construido cierto poder de denuncia e incidencia sobre la agenda de seguridad en la Argentina de los últimos años. Dichos organismos han llevado adelante estrategias que han tenido impacto en políticas públicas de seguridad y justicia y han adquirido un poder relativo que es percibido por algunos funcionarios de seguridad como posible fuente de costos y beneficios para sus carreras.⁵

En este sentido, debo señalar que mi observación responde a ciertos criterios de interpretación que me llevan a detener la mirada y la escucha en aspectos que, en algunos casos, confirmaban intuiciones previas y abrían nuevos interrogantes. Propongo que este trabajo también pueda ser leído como la composición de la imagen que una observadora "civil", entrenada en el análisis de políticas de seguridad con una marcada perspectiva desde los Derechos Humanos, construyó sobre la imagen que los funcionarios de seguridad tienen sobre los manifestantes y sus acciones en el contexto de protestas.

La investigación desarrollada y la relación particular que se dio entre la participación y la observación se basan en dos presupuestos. El primero está relacionado con la convicción de que "la participación en la práctica comunicativa cotidiana" es necesaria para "el acceso hermenéutico" al conocimiento de una situación dada (Habermas, J., 1990, p. 87). El segundo, de que "[el] científico social no puede acceder a una realidad simbólicamente estructurada sólo a través de la observación [...] la realidad simbólicamente preestructurada constituye un universo incomprensible a los ojos de un observador exterior incapaz de comunicación" (Vasilachis de Gialdino, I., 1992, p. 23-24).

Ahora bien, como ya se mencionó, el trabajo de campo se desarrolló con policías en ejercicio cuya identidad es necesario preservar. En términos generales, se trata de individuos de mediano y alto rango con experiencia (en diferentes momentos de su carrera, con distintos niveles de responsabilidad) en operativos de seguridad en el contexto de manifestaciones públicas. Personas que, por su rango, están habituados a dialogar con autoridades políticas y en algunos casos con los medios masivos de comunicación. Con el fin de subrayar el papel que ha jugado la policía en Argentina, cito la siguiente explicación de M. Saín, quien dice:

[...] En nuestro país, la institución policial contó con amplios márgenes de autonomía para autogobernarse orgánica y funcionalmente y, desde allí, ejercer el gobierno de la seguridad pública general [...]. En consecuencia, la dirección, administración y control integral de los asuntos de seguridad pública [...] quedaron en manos de las propias agencias policiales, generando así una suerte de "policialización" de la seguridad pública. [...] La policía, antes que prevenir delitos, se autoproyectó como una instancia de resguardo institucional de una concepción de orden público no delimitado al sistema penal y contravencional positivo sino, más bien, determinado por los criterios de criminalidad, decencia pública y/o seguridad autodefinidos. [...] Esta modalidad de "policiamiento" ha favorecido el uso regular de la fuerza como método predominante de intervención policial (Saín, M., 2008, p. 76-78).

Aunque comparto la propuesta de J. Chan (1997, p. 66) respecto de que no existe una cultura policial, ni universal, ni monolítica y que es necesario dar cuenta de posibles diferencias entre rangos, jurisdicciones e instituciones, considero preciso aclarar que si bien los funcionarios de seguridad contactados pertenecen a distintas instituciones federales de seguridad y con algunas variaciones en sus rangos, sus referencias y sus acciones sobre los manifestantes y la protesta social registran importantes similitudes. Por tanto, creo que existe en ellos un tipo de "explicación recurrente" (Balbi, F., 2007, p. 67) para las acciones llevadas adelante durante protestas sociales, lo que ha llamado mi atención y despertado mi interés por explicarlo. En este texto he optado por agrupar la palabra de los diferentes policías, desdibujar su individualidad en pos de la composición analítica de una suerte de voz supra-corporativa. De los testimonios y la documentación concretos surge que, a partir de identificar continuidades discursivas (Vasilachis de Gialdino, I., 1998, p. 32) es posible (re) componer una imagen de la protesta social y de los manifestantes que, aunque difusa y matizada, es invocada de manera recurrente en las conversaciones y en la documentación revisada.

Por último, es importante señalar que para analizar la cultura policial se la debe situar en su contexto político y social (Chan, J. B. L., 1997, p. 67), aspecto que se traduce en la necesidad de aportar datos contextuales relevantes para la comprensión del período estudiado. En este sentido, es importante trazar las continuidades entre el discurso policial, el "oficial" de funcionarios de gobierno e, incluso, ciertas referencias de la prensa gráfica. Esto, porque la cultura policial no se da en un vacío social, político y normativo y sus conocimientos y valoraciones no suelen ser exclusivos, sino constituidos por estas dimensiones que aparecen como contextuales cuando se focaliza sobre la cultura policial. El corpus de estudio se compone de documentación específica (normativas internas, notas) y la observación presencial de operativos de seguridad durante manifestaciones. La diversidad de instancias ha resultado muy enriquecedora para dar cuenta del sentido que los policías dan a sus acciones en el campo de la protesta (Auyero, J., 2002, p. 15), de ahí que emprendiera una estrategia inductiva de trabajo a partir de "datos flexibles y sensibles" al contexto social en el que se producían (Mason, J., 1996, p, 4).

EL PARTISANO DE C. SCHMITT COMO CAJA DE HERRAMIENTAS

El trabajo clásico de C. Schmitt sobre la figura del partisano (2005) resulta útil para pensar y establecer relaciones entre diversas referencias presentes en el corpus de análisis y que a primera vista parecen remitirse a aspectos inconexos. En efecto, las principales dimensiones en las que C. Schmitt caracteriza al partisano (carácter irregular, ocultamiento de la identidad a partir de no utilizar uniforme y compromiso político intenso) permiten enhebrar diferentes argumentos entre sí y comenzar a reconstruir la mirada policial sobre los manifestantes con importantes niveles de recurrencia y consistencia.⁶

LOS PIQUETEROS Y LAS POLÍTICAS OFICIALES DE CONTROL DEL USO DE LA FUERZA
EN EL CONTEXTO DE MANIFESTACIONES EN LA ARGENTINA RECIENTE

En las conversaciones con policías se encuentran marcadas diferencias en cuanto a los hechos de protesta de acuerdo con sus métodos, sus reclamos y, en particular, según los actores involucrados. Aquí, me centro en la mirada de los policías sobre los piqueteros, sujetos protagónicos de la protesta social entre 2002 y 2007. Sin intentar ni una definición ni una historia del movimiento piquetero, sí resulta fundamental, al menos, precisar el concepto y contextualizar esta figura en el período revisado (Escobar, A.; Álvarez, S. y Dagnino, E., 2001).

Según diferentes autores que han estudiado los nuevos movimientos sociales en Argentina (Giarraca, N., 2001; Svampa, M., 2000; Auyero, J., 2002; Schuster, F., 1997-2005; Naishtat, F., 2005), en la década del 90 un "nuevo actor avanza sobre el espacio público exigiendo visibilidad" y el corte de ruta como forma de acción colectiva de protesta del creciente colectivo del "movimiento de desocupados" se extiende desde el norte y el sur del país hacia los centros urbanos: "Fueron los pobladores de las localidades más relegadas de las áreas pobres del país [...] los primeros en cortar rutas para exigirle al Estado nacional respuestas a sus problemas concretos" (CELS, 2003, pp. 19-20). Sobre todo J. Auyero (2002, p. 22) señala que piqueteros es la palabra con la que se autodenominaron las personas desempleadas que manifestaban en las barricadas y que bloqueaban los accesos a las localidades de Plaza Huincul y Cutral-Có en la provincia de Neuquén en 1996. Manifestantes que hacen parte de la población sacrificada por el modelo neoliberal y que "ignorada por los medios de comunicación, hizo su irrupción en las rutas del país, impidiendo la libre circulación de personas y mercancías, en demanda de puestos de trabajo" (Svampa, M., 2004, p. 1).

Hoy en día, piquetero es un término que tiene su principal referencia en el método de la protesta (el piquete o corte) y no en los contenidos de los reclamos (empleo, ingreso mínimo, planes sociales). Este sesgo formalista en nombrar al movimiento a partir, justamente, del formato que asumieron sus protestas en detrimento de otras denominaciones que pudieran dar cuenta de la identidad del movimiento en otros aspectos (así como de sus diversas corrientes), puede entenderse desde diferentes perspectivas. Para autores como F. Schuster (2005, pp. 52-54) y F. Naishtat (2005), quienes estudian la protesta social como forma de acción colectiva, la dimensión en que la protesta aparece en el mundo crea o recrea la identidad de los colectivos (preexistente o no) que la llevan adelante. En este sentido, el formato (piquete, por ejemplo) no debe entenderse necesariamente como el predicado de un sujeto social, sino que puede constituir al sujeto mismo:

Se los llamó piqueteros, título que no derivó de su condición social (desempleados) o de sus demandas, sino de su acción misma [...] Así fueron llamados y ese nombre asumieron para sí. Fueron lo que hicieron. Su identidad social (desempleados) se transformó por fuerza de su identidad política (piqueteros) (Schuster, F., 2005, p. 52).

Al respecto, M. Svampa señala que:

el nombre "piquetero", aquel que organiza los piquetes, los cortes en las rutas [...] además de atraer la atención de los medios y del sistema político por su fuerza expresiva, representó una alternativa para todos aquellos para los cuales una definición, como la de desocupados, les resultaba intolerable (Svampa, M., 2004, p. 2).

Sin embargo, esta denominación oscurece las dinámicas cotidianas de construcción social y política, al centrarse en aquellos momentos, frecuentes aunque puntuales, de los cortes de ruta.

Para cuando tuvieron lugar las represiones del 19 y 20 de diciembre de 2001 en todo el país (que culminaron con más de treinta muertos) y del 26 de junio de 2002 en el Puente Pueyrredón y en la Estación Avellaneda (en la que fallecieron dos jóvenes manifestantes y numerosas personas resultaron heridas), la discusión sobre la protesta social era ya un eje central del debate público sobre seguridad. La creciente movilización social en las calles y los constantes cortes de rutas y puentes eran vistos, y estigmatizados, como uno de los tópicos de "la inseguridad". Si bien esta perspectiva continuó vigente aún a partir de los mencionados hechos de represión, al debate se sumó el eje acerca de la forma en que el Estado se debe posicionar frente a la protesta social (Fernández, G. y Perelman, M., 2008, p. 234).

En efecto, desde los últimos meses del gobierno interino del presidente Eduardo Duhalde (2002-2003) comenzaron a instrumentarse una serie de medidas de regulación y control de la violencia policial en el contexto de manifestaciones. Desde el inicio de la gestión de Néstor Kirchner se profundizó esta línea, dándole un lugar destacado en el marco de lo que se denominó "agenda de Derechos Humanos". De hecho, la Resolución 2021 de 2005 del Ministerio del Interior plantea:

Que el Gobierno Nacional, en el marco de su política en materia de Derechos Humanos, desde el 25 de mayo de 2003, ha garantizado el libre ejercicio de los derechos constitucionales de reunión y de peticionar ante las autoridades, conforme lo establecen los artículos 14 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional. Que resulta de público conocimiento la política adoptada por el Gobierno Nacional en la materia, en el sentido de mantener el delicado pero necesario equilibrio entre la "protesta social" y los derechos del resto de la ciudadanía. Que en consecuencia, dentro de las potestades del Estado, y bajo ese marco, la totalidad de las directivas impartidas por tal concepto siempre han tenido por objeto evitar la represión de toda protesta social.

La actuación del Estado frente a los reclamos sociales se mantuvo como cuestión y motivo de fuertes debates públicos, pese a las variaciones en la cantidad y en las formas de los cortes de rutas y de calles. El control del accionar policial frente a distintas protestas en el espacio público⁷ fue percibido por importantes sectores como una actitud pasiva inaceptable y, por ende, motivo de fuertes cuestionamientos (Fernández, G. y Perelman, M., 2008). A su vez, constituyó una línea de fisuras hacia el interior del gobierno y, como veremos, entre los funcionarios de seguridad, quienes eran los encargados directos de llevar a cabo estas políticas.

EL UNIFORME COMO ATRIBUTO DE REGULARIDAD

El partisano es un combatiente irregular. El carácter regular se manifiesta en el uniforme del soldado, que es más que un simple traje profesional, porque demuestra un dominio de la vida pública, y con el uniforme se lleva abierta y demostrativamente el arma (Schmitt, C., 2005, p. 2).

No portar uniforme es una característica propia de la figura del partisano. No obstante, mientras que al soldado lo define el combatir uniformado, este puede no utilizarlo como parte de una acción táctica para enfrentar a los partisanos con sus propias reglas. El soldado justifica así una acción por completo irregular para el código de la guerra, en la lógica de su enemigo: se irregulariza, pierde el uniforme para combatir contra partisanos. A su vez, estos pueden "disfrazarse" de soldados.

Es esta dinámica, este juego de imitaciones, una de las claves que propongo trasladar al análisis de la mirada policial sobre los manifestantes y la forma cómo conciben los operativos de seguridad en el contexto de las protestas. Si bien el eje que me ocupa es la mirada de policías sobre los piqueteros, es preciso dar cuenta de esa visión en tanto relación y acción. De ahí que sea pertinente revisar acciones y tácticas de los policías que dan cuenta de cómo imaginan estos operativos; aún más, si tenemos en cuenta que el uniforme, la identidad y el porte de armas han sido algunas de las variables que han estructurado los debates acerca de la regulación del accionar de los funcionarios de seguridad en las manifestaciones del período 2002-2005 en Argentina.

Por ejemplo, la extensión del uniforme al arma es un factor que estuvo presente en el proceso de ensayo de nuevas políticas de control de los operativos de seguridad en el contexto de grandes protestas desde 2002. La decisión gubernamental de montar dichos operativos con personal policial sin armas de fuego tuvo fuertes repercusiones al interior del gobierno nacional. De hecho, el entonces jefe de la Policía Federal, quien sostenía una posición intransigente frente a esta medida al afirmar que "deshonraba a la fuerza", fue relevado de su cargo el 22 de julio de 2004. Dos días después, las diferencias en torno al diseño de estos operativos definieron el pedido de renuncia por parte del Poder Ejecutivo al secretario de Seguridad Interior y fueron un factor desencadenante de la renuncia del ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos (García Méndez, E., Palmieri, G. y Perelman, M., 2007). Sin embargo, para algunos de los policías entrevistados el arma es pensada ante todo como una herramienta de trabajo. Ellos insisten en que es parte del uniforme, es "como la laptop para ustedes", argumentaba uno de ellos.

"Todo el personal debe ir uniformado o identificado. La excepción la constituye el personal de brigada"

Portar el uniforme policial puede ser visto como un doble juego: su uso como expresión pública de la identidad corporativa, atributo de regularidad y su no uso como ocultamiento de esta identidad y rasgo de irregularidad. Como veremos, la presencia de personal policial sin identificar, en el contexto de protestas sociales no constituye una anomalía, es componente del modo en el que se conciben dichos operativos de seguridad.

El no-uso de uniforme por parte del personal policial resulta característico respecto de su mirada sobre los piqueteros, ya que ciertos rasgos se diseñan en relación con la forma de concebir a los sujetos de la protesta: "Son hostiles frente a los uniformados", "es necesario acceder a información a través de acciones de inteligencia", "están organizados para el conflicto" suelen decir los policías. En este sentido, pensar en el uso y no uso del uniforme aporta significados respecto de cómo se considera a los piqueteros desde las estrategias policiales. Desde el punto de vista normativo, el porte del uniforme también ha recibido especial atención, aún más después de las represiones del 19 y 20 de diciembre de 2001. Sin embargo, las diferentes normativas en la materia incluyen alguna forma de excepción que, a la vez que prohíbe, habilita la presencia de personal sin uniforme durante algunas manifestaciones.

De hecho, cuando se acercaba el primer aniversario de los hechos de diciembre de 2001, ya mencionados, diversos organismos de Derechos Humanos⁸ se dirigieron al entonces ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, para solicitar que autorizara el acceso a información de carácter público referente a las medidas que se adoptarían para controlar el uso de la fuerza del personal policial asignado a los operativos de seguridad durante las distintas movilizaciones y actos conmemorativos que se llevarían a cabo durante esas jornadas (García Méndez, E., Palmieri, G. y Perelman, M., 2007). Además, se propusieron una serie de medidas básicas preventivas para el control de los operativos policiales en manifestaciones públicas. Entre las medidas planteadas por los organismos, se encontraba la "identificación del personal policial, en relación con la utilización del uniforme reglamentario y placa visible [...]", así como la "identificación de vehículos", es decir, que sólo se utilizaran autos reconocibles, con los colores correspondientes a la Policía Federal Argentina, sirenas y números de identificación. A pesar de que varias de las medidas requeridas fueron adoptadas durante las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2002, en protestas posteriores no se volvieron a aplicar y fue frecuente la presencia de policías mezclados entre los manifestantes efectuando detenciones y de automóviles particulares sin ninguna documentación asignados al traslado de detenidos.

Un año después, la Secretaría de Seguridad Interior, que pertenecía al entonces Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, dictó la Orden del Día Interna No 231 del 17 de diciembre de 2003 en la que mandaba al jefe de la Policía Federal Argentina el acatamiento de varios de los principios propuestos. Tres años después, el jefe de la Policía Federal Argentina dispuso, en la Orden del Día Interna No 184 de octubre 2 de 2006, la aprobación de las "Reglas de actuación para el personal policial encargado del mantenimiento del orden público con motivo o en ocasión de concentraciones de personas", en las que "con el objeto de corregir definitivamente inconductas de cierto personal abocado a la prevención de alteraciones del orden público durante concentraciones de personas", se dictan una serie de directrices, entre las que se incluyen las referidas al uniforme. Esta normativa interna, que avanzó en la regulación de varios aspectos de la actividad policial incluye, sin embargo, excepciones en cuanto al uniforme y la identificación. Así, mientras que reafirma que "[el] personal policial afectado a tareas de control, mantenimiento y restablecimiento del orden público actuará utilizando el uniforme reglamentario y vehículos identificables por el público y no portará armas letales", la misma norma permite luego a los oficiales superiores y jefes que no se encuentren directamente al frente de personal "vestir ropas de calle y emplear vehículos no identificables". Este tipo de ambivalencia se traslada a los operativos en la calle, como expresó el responsable de uno antes de una importante manifestación: "Todo el personal debe ir uniformado o identificado. La excepción la constituyen el personal de brigada que se identifica con campera y gorrito de la Federal y los choferes, que no tienen identificación".

No obstante, en la observación del operativo, "el personal de brigada" (estaban afectadas las siete brigadas de la jurisdicción) efectuaba las detenciones sin ninguna insignia. De lo anterior, resulta significativa la permanente inclusión de excepciones por parte de una institución que pretende dar una normativa respecto del uso obligatorio de uniforme en las manifestaciones, de tal forma que regulariza la práctica de la presencia de funcionarios que "el público" no puede notar. Estos hechos son un buen ejemplo para pensar los márgenes del Estado, no como espacios de excepcionalidad, en el sentido de atípicos o anómalos, sino en el sentido propuesto por V. Das y D. Poole, quienes los plantean, siguiendo a G. Agamben, "no tanto como un sitio que queda por fuera del Estado, sino más bien como ríos que fluyen al interior y a través de su cuerpo". Si las autoras señalan cómo "la frontera entre lo legal y extralegal transcurre en las oficinas y las instituciones que representan al Estado" (2008, pp. 29-30), las normativas mencionadas, en apariencia contradictorias, muestran cómo transcurren esas fronteras incluso en el texto mismo de la ley.⁹ Como plantea G. Agamben:

Lo que caracteriza propiamente a la excepción es que lo excluido no queda por ello absolutamente privado de conexión con la norma; por el contrario, se mantiene en relación con ella en la forma de suspensión. La norma se aplica a la excepción desaplicándose, retirándose de ella (Agamben, G., 2002, p. 28).

Frente a este transcurrir de lo percibido como extralegal en la ley, cabe la pregunta por la pertinencia de las metáforas de margen y de frontera, que mientras pretenden discutir la metáfora topográfica de la excepción como espacio (territorial) pueden de todas formas reproducirlo. Pensar estas situaciones como márgenes (aunque sean "hacia el centro") o zonas periféricas remite a una diferenciación espacial y normativa que no termina de dar cuenta de la particular asociación que se da entre "norma" y "excepción". En otras palabras, mientras el desarrollo de los autores avanza en un sentido que ilumina con precisión el caso analizado, su denominación (más o menos literal o metafórica) en términos topográficos y normativos presenta implicaciones que no avanzan en el mismo sentido.

"Esta gente que estaba con la cara tapada y con palos que no los tenían porque eran rengos"

Estudiar los debates sobre protesta social tomando al uniforme como clave de análisis nos permite establecer la vigencia de una concepción de las manifestaciones como un campo de enfrentamiento entre "fuerzas regulares", uniformadas que deben sujetarse a normas, leyes y regulaciones y "fuerzas irregulares", a veces con "la cara tapada", para las que "todo vale". Estos presupuestos están presentes en el reclamo policial de que se regule también la forma en que los manifestantes deben identificarse en una protesta.

Esta queja sostenida reiteradamente por los funcionarios contactados en el marco de esta investigación y que ya es casi un lugar común del tratamiento mediático sobre la manifestación social, busca que las personas no puedan protestar con "la cara tapada" o "con pasamontañas". Este aspecto se plantea en un diario nacional de la siguiente forma: "Cortes diarios en las calles del centro, agitadores con caras tapadas, con piedras y palos en las manos, manifestaciones extorsivas" (La Nación, 29 de mayo de 2007, Violentango). Por su parte y al tener como punto de partida las medidas de control sobre la debida identificación de los policías, un funcionario de seguridad afirmó: "Hay que extraer buenas prácticas para los policías, pero también para los manifestantes [...] Esta gente que estaba con la cara tapada y con palos que no los tenían porque eran rengos". Idea que se sustenta bajo la siguiente teoría:

Te explico mi teoría de los perros: si vos tenés tres, uno con bozal, otro atado y otro suelto, ¿a cuál vas a acariciar? Me pone muy a la defensiva ver gente así [con la cara tapada], es una temática que van así pertrechados y después como cubren la marcha se ve que son tipos entrenados para el choque.

Encontramos que, si bien algunos elementos como el pasamontañas podrían considerarse como atributos de identificación de ciertos grupos que participan de las manifestaciones, son percibidos por los funcionarios de seguridad como gestos de deslealtad dentro de su concepción del evento como un espacio de enfrentamiento. Si la regularidad de estos sujetos viene dada por "dar la cara" ("si no tienen nada que ocultar"), el esconder la identidad personal aparece como una marca de irregularidad. El cubrirse el rostro es evaluado como una opción por la clandestinidad, una forma de negar la identidad, en este sentido es un rasgo de irregularidad, equivalente al no uso de uniforme, además de constituir para muchos policías un gesto de provocación que anticipa la violencia.

En esta demanda por la visibilidad, es importante mencionar que las afirmaciones de los funcionarios de seguridad respecto de la presencia de personal vestido de civil en los operativos son en particular esquivas. De forma frecuente niegan que esto ocurra, aun cuando se les plantean casos en los que esto ha sido probado. Esta negación surge en momentos en los que el discurso de los funcionarios entra en un carril normativo, en los que preguntas sobre las prácticas reciben respuestas desde las normas: esto no ocurre porque está prohibido.

Resulta pertinente referirse aquí al contexto de estas afirmaciones: reuniones organizadas en la Secretaría de Seguridad Interior en las que se discutían estándares de uso de la fuerza y mi espacio allí como interlocutora-representante de un organismo de Derechos Humanos. El "carril normativo" forma parte de un registro estratégico que por lo general los policías (algunos de ellos abogados) asumían en el contexto de estas reuniones, como una suerte de filtro político o normativamente correcto. Este registro condice, asimismo, con "un clima de época" en Argentina en el que "los Derechos Humanos" son percibidos como fuente de posibles impugnaciones. No obstante, estas negaciones por la norma de los policías sobre prácticas probadas no estaban exentas de picardía, ni tardaban, en especial, durante los almuerzos u otros momentos distendidos, fuera de las reuniones, en adoptar un tono que iba del ocultamiento casi explícito a la complicidad, como quien deja saber que conoce un secreto.

Ahora bien, ante la pregunta de por qué consideran necesaria la presencia de personal "de civil", los funcionarios no esquivan las respuestas directamente afirmativas. Estas pueden ordenarse alrededor de dos argumentos centrales. En primer lugar, dicen que se trata de motivos de seguridad personal ya que temen ser atacados por su condición policial o militar, estando presente la idea de que policías y militares son considerados enemigos de lo civil. Parecen convencidos de que corren riesgos equivalentes a los que, según C. Schmitt, tiene un soldado frente a un partisano: "El soldado enemigo uniformado es el verdadero blanco de tiro para el partisano moderno" (2005, p. 22). Esta idea se manifestó de forma clara cuando un funcionario me decía, en forma de ejemplo: "Yo te voy a enviar con uniforme [a un tren en el que viajan manifestantes piqueteros] a ver cómo te va, yo no te voy a ir a rescatar", así como en el siguiente relato de uno de ellos:

Yo iba en Comodoro a hacer las compras "de verde" y no pasaba nada, en la Patagonia sufrieron Malvinas y saben. Un día en Buenos Aires iba al edificio [de la institución] y mi papá me dijo: "¿Qué haces? Te van a cagar a trompadas". En Rosario también, uniforme ni de heladero, es también, claro, el origen del rosariazo. Entre Ríos es un lujo. Cada fuerza tiene pueblos que los quieren y otros que no, según lo que hayan sufrido.

En segundo lugar, los argumentos giran alrededor de aspectos de orden estratégico. Al respecto, es ilustrativo el hecho que durante las manifestaciones, las detenciones quedan a cargo de las brigadas (que no utilizan uniforme). Este hecho es expresado por un individuo que plantea: "Cuando en el combate vos te enfrentas a un ejército no regular tenés que tomar sus pautas porque, si no, la distancia de estrategias no permite el enfrentamiento". La relación de esta frase con los planteamientos de C. Schmitt es tan cercana que no requiere análisis alguno:

[La] lucha contra los partisanos suele ser, muchas veces, el fiel reflejo de los métodos de los partisanos mismos. Hay una frase famosa, que se suele citar como orden de Napoleón al general Lefévre, del 12 de septiembre de 1813, y que no perdió nada de su actualidad y exactitud: con partisanos hay que luchar a la manera de los partisanos, il faut opérer en partisan partout où il y a des partisans (2005, p. 21).¹⁰

Ante la pregunta acerca de si los funcionarios creían que es una ingenuidad pensar que es posible realizar operativos de seguridad sin personal "de civil" (sin uniforme), representantes de dos instituciones diferentes coinciden en afirmar que: "Es más ventajoso trabajar con personal de civil, hay información que no podés obtener sin, es una cuestión de eficacia técnica, por no usar tuvimos veinticinco heridos de bala en una marcha".

Podemos pensar entonces en la existencia de una dinámica según la que los funcionarios de seguridad ejercen y justifican prácticas que ellos mismos atribuyen a los manifestantes, como ocultar la identidad. Una suerte de mimetización con una imagen construida, interesada, del otro. De nuevo, resulta elocuente que la descripción de C. Schmitt se asemeje a los modos de actuación del personal de seguridad (¿regular?) infiltrado en una protesta y no a las acciones habituales de los manifestantes. Llegamos así a un punto de cruce en el que la descripción que hace C. Schmitt del partisano resulta afín a la labor de los servicios de inteligencia: "El partisano evita precisamente llevar sus armas a la vista; lucha en emboscadas, y utiliza lo que sea para su camuflaje: el uniforme del enemigo, insignias fijas o sueltas y cualquier clase de vestimenta civil. Disimulo y oscuridad son sus mejores armas" (2005, p. 9).

LA DESHUMANIZACIÓN DE LOS PIQUETEROS: UN INDICIO DE GRADO DE ENEMISTAD

El uso de metáforas y analogías con animales es un elemento recurrente en el discurso de los policías para referirse a los manifestantes. Valga recordar la analogía, ya citada, entre los piqueteros y los perros: "Te explico mi teoría de los perros: si vos tenés tres, uno con bozal, otro atado y otro suelto, ¿a cuál vas a acariciar?".

En el discurso de los policías, figuras retóricas como esta sirven para situar a los manifestantes en una posición subordinada frente al accionar legítimo del funcionario policial. En el caso de los tres perros, es el policía quien mide su fuerza en relación con la de los protestantes. Como el amo que elige a qué perro mimar o evalúa si este puede ser acariciado de acuerdo con el nivel de amenaza que presenta: suspendida, latente. Al respecto, podemos trazar continuidades discursivas (Vasilachis de Gialdino, I., 1998, p. 32) con otras disertaciones del mismo período (no directamente policiales) para señalar el recurrente uso de analogías y metáforas animales en relación con los manifestantes piqueteros, que no es en absoluto exclusivo del discurso policial. Por ejemplo, bajo el título "Jauría de piqueteros", una carta de lectores publicada en el diario La Nación dice:

Señor Director:
Lamentable la situación de angustia personal padecida por el señor Javier Ignacio Cifre ante el feroz ataque de la jauría de piqueteros en la salida del subte (estación Independencia).
Se pregunta con toda razón por qué la policía no intervino y quién dio la orden para que no lo hiciera. La respuesta existe: la orden proviene, por lo general, del Ministerio del Interior, que dispone taxativamente no reprimir a los efectos de que sean debidamente garantizados los Derechos Humanos de los piqueteros (Cortés, A., 2006).

Por otra parte, el ex candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires (en la actualidad diputado nacional), Francisco de Narváez, en plena campaña, expresó¹¹:

El gobierno nacional no duda en levantar el teléfono y amedrentar, lo hace en el mercado de Liniers todas las mañanas cuando prácticamente lo tiene intervenido, lo hace cuando aplaude que el señor D'Elía¹² vaya a una estación de servicio porque no quieren bajar cinco centavos el costo del gasoil bien o mal aumentado y le suelta una jauría de piqueteros y de dirigentes piqueteros para que haga eso, y eso mete miedo, yo no tengo ninguna duda.

En la carta de lectores y en la declaración del candidato, además de las críticas a la política oficial respecto de la protesta social, la representación textual de los manifestantes piqueteros como jauría está agravada respecto de la analogía que el policía establecía con los tres perros. Este carácter reforzado está dado por el contexto de las declaraciones (la publicación en un medio de prensa masivo, la condición de candidato) y por las marcas que pueden rastrearse en lo textual. Por un lado, una metáfora, a diferencia de la analogía, suprime la referencia a uno de los términos de la comparación y se refiere a lo confrontado como si se tratara del sujeto. Así, "jauría de piqueteros"¹³, presenta directamente a los manifestantes como un grupo de perros.

El recurso argumental de las analogías animales es recurrente en los discursos discriminatorios. Al respecto, I. Vasilachis de Gialdino, basado en referencias de diferentes autores identifica cuatro grandes características de las metáforas de este tipo:

• Son figuras del lenguaje en las que algo es descrito en términos de lo que literalmente no es.
• Activan nociones de sentido común.
• Coadyuvan con la legitimación de actitudes de prejuicio.
• Naturalizan la representación discursiva de la realidad.

Además, analiza el uso de metáforas que "cooperan con la construcción de una imagen de los jóvenes vinculados a actos delictivos que los asocia con los animales" y plantea que se invoca, así, "cognitivamente, la semejanza con estos, [y] se muestra, indirectamente, la diferencia que los separa de los seres humanos" (Vasilachis de Gialdino, I., 2003, p. 30). En este mismo sentido, T. Van Dijk señala, en relación con discursos sobre inmigración, que existen pocas figuras retóricas y semánticas tan persuasivas como las metáforas,

[...] la mayoría de estas metáforas son negativas y, por lo tanto, se incluyen en la estrategia global de la descripción negativa de los demás. Este es el caso cuando las metáforas se convierten en formas explícitas de derogación [...] Es decir, se asocia a los inmigrantes con animales sucios y peligrosos o incluso se les considera una amenaza, como en el caso de los judíos en la propaganda nazi (Van Dijk, 2003, p. 120-121).

Las consecuencias argumentales de esta deshumanización son muy fuertes en el contexto del debate sobre reconocimiento y negación de derechos en torno de la protesta social, que es uno de los ejes centrales de la agenda de Derechos Humanos en el país. De hecho, estos discursos devienen irónicos por la evidente contradicción entre Derechos Humanos y la representación textual de los piqueteros como perros. Esta última analogía tiene, además, correspondencias con otras afirmaciones de policías en las que revelan un gradiente de peligrosidad de los manifestantes y en las que los piqueteros ocupan los grados máximos. Así como en aquella figura los piqueteros son simbolizados como el perro más peligroso (aquel con bozal), encontramos otras expresiones que implican escalas similares: "Si manifiestan los chicos de jardín y vienen con chupete uno no va a salir con palos e itakas", "cada destacamento móvil tiene un manual de procedimiento, pero cada protesta es diferente (...) no es lo mismo una manifestación de jubilados o docentes que un grupo piquetero".

En estas frases se encuentra la legitimación de que si el manifestante no porta "un chupete", pues "uno" va con "palos e itakas". El piquetero aparece como un sujeto que, a diferencia de niños, jubilados y docentes, presenta un nivel de amenaza que justifica un "procedimiento especial" y el uso de armas diferentes. El grado extremo de esta jerarquía está ocupado, en el discurso de diferentes policías contactados, por la agrupación política Quebracho¹⁴. Quebracho es, en el discurso sobre la acción policial frente a la protesta, la figura hiperbólica del piquetero, independiente de su historia y sus estrategias particulares y divergentes respecto del "movimiento de desocupados". Alegar la presencia de Quebracho en una manifestación es reiterar un argumento al servicio de la legitimación de la violencia institucional, utilizado no sólo en el discurso policial sino también en el de las autoridades políticas. Al respecto, J. Auyero (2002, p. 26) señala que en 1997 en la ciudad de Cutral Có (Neuquén) las autoridades provinciales se refirieron a la presencia de "activistas de Quebracho al acecho" como un elemento que subrayaba el carácter subversivo de los manifestantes. Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS (2003, p. 150) registra que en diciembre de 1999, luego de una represión que terminó con dos manifestantes muertos en la provincia de Corrientes, el entonces ministro del Interior explicó que los gendarmes "fueron recibidos" por descargas de fuego efectuadas por activistas de Quebracho.

Las referencias a Quebracho contienen, en el discurso de las autoridades, un valor argumental equivalente al señalamiento de grupos subversivos en las protestas. En este sentido, J. Auyero (2002, p. 26) se refiere a "los usuales intentos clasificadores/ criminalizadores [de] los funcionarios nacionales y provinciales", al señalar a los manifestantes con "el ya usual mote de subversivos". En su análisis del "discurso oficial ante los casos de represión de la protesta social", el CELS pone como ejemplo la petición que hizo el ex presidente E. Duhalde de investigar "un supuesto complot [...] una 'maquinación concertada', que habría intentado derrocar los poderes constituidos y el orden democrático" durante la mencionada represión del 26 de junio de 2002, cuando dos personas murieron ejecutadas por la policía de la provincia de Buenos Aires.

Así, es posible reconstruir un continuo en los argumentos policiales sobre los manifestantes, en el que en el grado cero de amenaza se encuentran "los chicos de jardín con chupete" y en el superior se encuentran las alusiones a "Quebracho, cuyo negocio siempre es romper todo" o directamente a "grupos subversivos". El posicionamiento del piquetero en esta escala, aunque con variaciones, se establece en referencia al grado máximo. Estas jerarquías podemos pensarlas en relación con las "diferentes especies de enemigos" que, según plantea C. Schmitt (2005, p. 109), preceden a la distinción de las diversas clases de guerra: "Hay que declarar a la parte contraria, en su totalidad, como criminal e inhumana, como un desvalor absoluto. Si no es así, ellos mismos resultarían criminales e inhumanos" (Schmitt, C., 2005, p. 114). En nuestro caso, se requiere deshumanizar al piquetero en el discurso (presentarlo como animal, asimilarlo a una agrupación que en la lógica del discurso policial "está fuera del sistema") para justificar las acciones represivas contra ellos, para defender la identidad policial en ese campo. Se abre así un nivel de enemistad que, si no es absoluta, es al menos diferente y agravada.

LOS MÉTODOS "IRREGULARES" COMO NECESARIOS PARA EL TRABAJO POLICIAL

En los apartados anteriores hemos visto cómo personas que citan la normativa que prohíbe la participación de personal "de civil" en los operativos también la consideran necesaria; más aún, la misma normativa que prohíbe esta participación, la permite. Asimismo, mencionamos la existencia de funcionarios que señala a los manifestantes como fuerzas irregulares con el fin de justificar la necesidad de enfrentarlos con "sus pautas", aspecto que los lleva a realizar al menos dos prácticas ilegales: la afectación de personal "de civil" en los operativos y las actividades de inteligencia sobre movimientos sociales.

De hecho, a las brigadas que realizan investigaciones en forma encubierta se les asignan acciones tácticas que se adjudican a los manifestantes, como el ocultamiento de identidad. Además, hay que tener en cuenta que "las detenciones muchas veces las hacen las brigadas, la vestimenta es más adecuada, los uniformados quedan para otras funciones, como contención".

Las actividades de inteligencia, ya sean ejercidas por personas con dependencia funcional a áreas de inteligencia o no, pueden pensarse como un conjunto de acciones "irregulares" con un marco institucional. Bajo una noción que asocia a los manifestantes piqueteros (y a sus agrupaciones, ya que la consideración excede el momento de la protesta) con "fuerzas irregulares" que deben ser "enfrentadas" con "sus propias pautas", la inteligencia resulta emblemática del trabajo irregular de las instituciones de seguridad. Y, dado que la Ley de Inteligencia prohíbe esta actividad sobre movimientos sociales¹⁵, cuando se la realiza, se trata de un espacio ilegal dentro de un área de acción que, de por sí, es la de mayor irregularidad institucional.

Pese a que la norma es clara en cuanto a lo que veda, la realización de tareas de inteligencia sobre manifestantes y organizaciones sociales y la forma en que ha sido interpretada no está libre de conflictos. Así, en diversas oportunidades ha sido el propio Poder Ejecutivo el que ha ordenado llevar a cabo tareas de inteligencia ilegales sobre organizaciones sociales¹⁶, mientras que en otras ocasiones han sido dispuestas por iniciativa de las instituciones de seguridad e, incluso, han sido ordenadas por jueces y fiscales (Fernández, G. y Perelman, M., 2008). Al respecto, uno de los policías entrevistados señaló que la inteligencia es la "única manera" de conseguir una calidad de información "fidedigna, real, oportuna [...] La inteligencia es el mismo accionar que hace un ginecólogo: es invasivo, pero es necesario".

Resulta inevitable incorporar aquí un comentario respecto de la analogía entre las actividades de inteligencia y el "accionar que hace un ginecólogo". Justo el tema del saber resulta esencial en la relación médico-paciente, en palabras de C. Ginzburg "las relaciones entre médico y paciente se caracterizan por la imposibilidad, para el segundo, de controlar el saber y el poder que el primero conserva (Ginzburg, C., 1989, p. 147)". En particular, resulta fundamental contextualizar la frase en la situación de una charla informal entre una mujer-civil y dos funcionarios de seguridad varones, dato que se vuelve significativo dado el contenido sexista de la analogía. La escena invocada de la "invasión necesaria" ubica al agente de inteligencia en el lugar del ginecólogo (hombre) y a las personas investigadas, como pacientes- mujeres. No resulta casual la elección de una especialidad médica que opera exclusivamente sobre el cuerpo de la mujer.¹⁷ Con este mecanismo el policía se autoexcluye del universo de (las) pacientes y de civiles investigados, dada su doble condición de no-mujer y no-civil.¹⁸

Un segundo nivel de análisis tiene que ver con la forma en que los policías se refieren a acciones que se ejercen desde la "sociedad civil", como si se tratara de "actividades de inteligencia". Así, sobre el trabajo de algunos organismos de Derechos Humanos de sistematizar datos, denunciar públicamente e informar al Estado sobre los antecedentes de funcionarios que hayan estado implicados en hechos de represión ilegal, un policía señaló: "¿Y eso qué es? Ustedes están haciendo también inteligencia". Otro, en forma más amplia: "Creo que la mayor parte de los civiles en las marchas haciendo inteligencia no son de ninguna de las fuerzas, son de empresas, de privados, hasta de embajadas". Esta referencia a "hacer inteligencia", también surgió algunas veces en forma de bromas, al leer de reojo mis anotaciones durante las reuniones, alguno de ellos me decía: "¡Ah! Estás haciendo inteligencia, ¿qué diferencia hay, eh?".

Así, en el pensamiento de los policías frente a los métodos irregulares parecen existir dos niveles. En el primero, justifican sus acciones ante la necesidad de enfrentarse con pautas "irregulares", mientras que en el segundo asumen que otros actores ejercen actividades de este tipo por reflejo de su propia labor policial. En este sentido, organismos de Derechos Humanos, empresas, embajadas e investigadores sociales, son vistos como actores que hacen tareas equiparables a las que ellos desempeñan, a su vez, por la necesidad de imitar la acción de quienes ven como actores irregulares.

LA DESCALIFICACIÓN (O CRIMINALIZACIÓN) DE LOS MANIFESTANTES POR "APOLÍTICOS"

El último de los aspectos propuestos por C. Schmitt en su trabajo sobre la figura del partisano, que examinaremos en este escrito es el alto grado de compromiso con una causa, o el "intenso engagement político" que distingue al partisano de otros combatientes. Para C. Schmitt:

Hay que mantener el carácter intensamente político del partisano para no confundirlo con el vil ladrón y atracador que piensan exclusivamente en su provecho particular, sin tener otros motivos. Este criterio teórico del carácter político tiene la misma estructura, pero exactamente a la inversa, que el pirata del Derecho marítimo de guerra. El carácter apolítico es esencial para los desafueros del pirata, que sólo tiene interés por el robo y la ganancia personal (Schmitt, C., 2005, p. 23).

El carácter político del partisano le otorga fueros y señalar su apoliticidad es un argumento para negarlos y reducir sus acciones a la delincuencia o criminalidad comunes. Sin embargo, durante el trabajo realizado es común encontrar la negación constante de este carácter, a partir de elementos discursivos basados en la descalificación de los manifestantes que, al retirarlos del ámbito de lo político, los acerca al del crimen corriente. Tal es el caso de un alto funcionario de seguridad que descalifica la manifestación al tildarla de "clientelar". En palabras del funcionario: "Hay protestas, pedidos, todos están justificados, pero unos más que otros. Hay que evaluar los costos para el país, para los otros ciudadanos, son costos impresionantes. Hasta que llega la camioneta, llega, reparte panchos, coca, pasan lista y se van".

Esta observación podría objetarse al señalar que tanto si los funcionarios enfatizan, como si niegan el carácter político de los actores de la protesta, resulta de igual forma posible acercarlos a la lectura schmittiana utilizando la dimensión del carácter político intenso del partisano. En un caso se confirma su carácter pirata, en el otro su condición partisana.

No obstante, la diferencia esencial entre el pirata y el partisano que establece C. Schmitt es clave para profundizar en las implicaciones de la descalificación de los piqueteros como apolíticos. El intenso compromiso político del partisano le otorga legitimidad y dominio ante diversas instancias y su tratamiento jurídico será diferente por completo. Las relaciones con lo regular protegen al partisano del título de criminal común. Así, planteo que en casos en los que se presumen conexiones del movimiento piquetero con el poder político, este factor puede resultar regulador de la violencia policial. En palabras de un comisario:

Tengo una orden de justicia contravencional de desalojar el lugar, pero yo sé quiénes son, que el presidente se reúne con ellos allí mismo. Hice la orden de allanamiento, certifiqué que estaban haciendo un uso legítimo y que no había motivo para desalojar. Di cumplimiento a la orden. Menos mal, después me llamó su Señoría [imita un tono desesperado]:
— ¿Ya lo hizo, Comisario?
—No, por supuesto.
Le salvé las papas del fuego por el criterio de saber cómo manejarme con las masas y las autoridades. Él tiene el título, yo tengo la experiencia.

C. Schmitt señala la necesaria relación del partisano con una dimensión regular, encarnada en la figura del "tercero interesado" poderoso, que recupera de R. Schroers (2005, p. 93):

Este tercero interesado no es una figura banal, como el tercero que ríe, según el refrán. Más bien pertenece esencialmente a la situación del partisano y, por consiguiente, también a su teoría. El tercero poderoso no solamente suministra las armas y municiones, el dinero, la ayuda material y los medicamentos necesarios, sino que también procura una especie de reconocimiento político, necesario al partisano que lucha de manera irregular para no descalificarse como el atracador o el pirata y para no caer en lo apolítico, que es idéntico en este caso a lo criminal. A la larga, lo irregular tiene que legitimarse con lo regular. Para esto no hay más que dos posibilidades: el reconocimiento por una fuerza regular que ya exista o la conquista de una nueva regularidad por la propia fuerza. Es una alternativa dura.

Así como el señalamiento de las conexiones políticas de los piqueteros aparecen cuando se explica que se ha limitado o evitado una acción represiva, cuando se justifica la represión aparece el argumento inverso, aquel que los despolitiza. En relación con la represión a una marcha docente: "Vos hubieras visto que algunos pintaban las paredes con pintadas relacionadas a la Ley de Educación y otros, bueno, con la música que escuchan los piqueteros".

En esta frase se esboza una oposición entre la demanda política legítima y el "grafiti pirata"¹⁹, quedando los piqueteros del lado espurio y apolítico, al tiempo que sus acciones en el espacio público pierden su aura de legitimidad, los "fueros" provenientes del derecho constitucional a peticionar. Este tipo de argumentos también aparecen de manera recurrente en discursos mediáticos sobre la protesta social, tanto que la ya mencionada referencia a "el poncho y la coca" es en Argentina un etiquetamiento suficiente para señalar que las movilizaciones de manifestantes son digitadas por sectores de poder con manejo de redes clientelares y que las personas "que ponen el cuerpo" lo hacen sin ideología o interés político.

Es usual que los policías planteen la contradicción que se les presenta entre las órdenes judiciales de desalojar una ruta, por ejemplo, y la orden política de no reprimir. Los policías suelen postular que dan prioridad a lo que dice "El Juez": "Entre un sumario interno y un juicio por incumplimiento de funcionario público, siempre [es preferible] un sumario y te vas a tu casa". Empero es evidente, como vimos en la referencia en la que el policía opone su experiencia al título del juez, que cuando el poder político aparece como un tercero interesado su posición tiene un peso muy condicionante. Así, en la descripción que funcionarios policiales jerárquicos realizan de algunos hechos y de sus propias decisiones, se encuentra presente el pensamiento de que las relaciones entre los manifestantes y el poder político no deben ser subestimadas. De hecho, el sometimiento policial a las órdenes judiciales encuentra, cuando el poder político aparece como un actor interesado, respuestas sólo formales para la justicia y mayores márgenes en los tiempos de ejecución. De las conversaciones surge que las agrupaciones que, según los policías, cuentan con cobertura política, reciben mayor protección frente a las órdenes judiciales. El compromiso político y la relación con un tercero poderoso, ambos aspectos necesarios a la figura del partisano, aparecen como dimensiones de peso en las formas que adquiere la acción policial.

ALGUNAS PRECISIONES METODOLÓGICAS Y CONCEPTUALES

El intercambio de posiciones y cambios de redacción descritos al inicio de este trabajo evidencian algunas de las tensiones existentes sobre el tema desde 2002 hasta 2007 y que entiendo como de ensayo de nuevos posicionamientos, tanto discursivos o conceptuales como de prácticas del Estado argentino frente a la protesta social. Por un lado, las diferentes miradas sobre el ejercicio del derecho a peticionar, sobre las manifestaciones y sobre los actores-sujetos de estas. Por otro lado, refleja tensiones presentes al interior del gobierno de Nestor Kirchner (2003-2007), que hizo de la política de control del uso de la fuerza en el contexto de protestas sociales uno de los bastiones de su discurso sobre Derechos Humanos.

La propuesta del policía en aquella discusión, aunque tuvo la particularidad de encontrarse con un límite político y una negativa tan definida por parte de una autoridad, es sólo un ejemplo de una idea que es repetitiva en los funcionarios de seguridad y que consiste en ver a los manifestantes como "fuerzas irregulares". Aquel cruce fue el que despertó el interrogante central de este trabajo: indagar si las constantes referencias a los manifestantes como fuerzas irregulares constituyen una reiteración formal de la denominación o se trata de una concepción actualizada, con implicaciones vigentes más profundas.

En este sentido y siguiendo la advertencia de F. Balbi respecto del riesgo de "dejarse engañar por la aparente inmovilidad de los valores morales, suponiendo que la relativa fijeza de su forma (esto es, de su formulación verbal) implica que sus contenidos son también invariables" (Balbi, F., 2007, p. 37), quisiera sugerir que la recurrencia de la forma verbal resultaría significativa de por sí, ya que un etiquetamiento en estos términos conlleva una serie de implicaciones trascendentales que es necesario revisar. Me propongo explorar la vigencia de esta consideración en los discursos, buscar marcas consistentes aunque no sean literales, así como rastrear estas marcas más allá del lenguaje, a través de la observación de otras prácticas policiales, examinar sus normativas y procurar evaluar más elementos que pudieran ser consistentes o no con esta recurrencia discursiva.

Aquel interrogante y recaudo guiaron la presente indagación, que implicó una doble vía de análisis: por un lado, leer y pensar el corpus en esta clave y, por el otro, profundizar conceptualmente sobre las fuerzas irregulares, para lo que me he centrado en el clásico trabajo de C. Schmitt.

Para el análisis de las declaraciones y documentaciones, desarmar la figura del partisano en la serie de hebras que la constituyen resulta útil, porque permite tejer, a partir de aquellos materiales, frases y conceptos que "a oído limpio" pueden parecer sueltos, pero que en el análisis se muestran entramados. En otras palabras, no procuro verificar la teoría schmittiana en la realidad argentina, sino utilizarla como orientación para descubrir lógicas en y desde el discurso y la acción policial; no para buscar explicaciones a las prácticas represivas, sino para revisar concepciones que pueden resultar performativas de prácticas y, a la vez, reactivas a reformas y controles sobre su accionar.

En este sentido, he tenido especial cuidado en no desplazar de manera automática la diferenciación que establece C. Schmitt entre lo regular y lo irregular al campo de la protesta social o de la "cultura policial", procurando que las articulaciones entre una y otra dimensión se dieran a través de referencias concretas a contextos y relaciones específicos (normativas, declaraciones, acciones, etcétera). Así, intenté evitar una perspectiva que supusiera una identidad abstracta entre el partisano conceptualizado por C. Schmitt y el corpus estudiado que pudiera conducir a algún tipo de esencialización de la cultura o la mirada policial. En otras palabras, he querido "evitar reificar valores y mantener su análisis ligado estrechamente a contextos sociales específicos [...] tratando de mostrar qué procesos sociales o condicionamientos institucionales producen tales recurrencias" (Balbi, F., 2007, p. 69).

Valga recordar que en Argentina desde principios de la década de 1980, como señala J. E. Dotti (2000, p. 751), politólogos y científicos sociales han hecho lecturas de diferentes obras de C. Schmitt y han usado algunas de sus nociones para abordar el último período dictatorial y que desde 1983 C. Schmitt es "una presencia constante" en la discusión de un momento "que afortunadamente no es el de un estado de excepción" (2000, p. 916). Es justo en un contexto de relativa normalidad institucional en el que me pregunto por la vigencia explicativa de la figura del partisano para dar cuenta de la mirada policial sobre ciertos grupos que manifiestan en público.²⁰ Antes de continuar, es importante mencionar que he optado por utilizar la traducción del término partisanen como partisano (Otero, A. S. de, 2005) y no como guerrillero, tal como se ha hecho en otras traducciones (Traverso y Gamboa, J., 1975, p. 27; Martos, D., 1963). La decisión está relacionada con la necesidad de subrayar el uso del término como herramienta de análisis, antes que como antecedente histórico. Así, guerrillero es una palabra que parece explicitar una genealogía de ideas en la historia reciente de Argentina con una densidad de connotaciones que impregnaría el trabajo de sentidos y asociaciones que he preferido que surjan de las fuentes estudiadas y no de las categorías propuestas. Por esto, aunque en principio mucho menos informativa, considero que partisano resulta una herramienta más adecuada.

Respecto del concepto de piquetero, la predominancia de este método de corte de vías de circulación en el repertorio de acciones colectivas de protesta (Tilly, C., 2000) extendió la etiqueta de piquetero a agrupaciones con reclamos variados y en diferentes contextos territoriales, dado que los cortes pasaron de las rutas interiores a las calles de las ciudades centrales. Los distintos discursos y documentos analizados en este trabajo refieren por lo general a operativos de seguridad organizados en ocasión de cortes de calles en contextos urbanos llevados adelante por diversas corrientes del "movimiento de desocupados". No debe entenderse la "mirada policial" aquí revisada en relación con las formas de protesta, sino con las que en el largo plazo estos funcionarios perciben al movimiento de desocupados. De ahí que esta mirada no recaiga sobre otros colectivos que llevan adelante acciones de protesta con formatos similares, como los cortes de ruta realizados en el marco del lock-out agrario que tuvo lugar durante 2008.

COMENTARIOS FINALES

Esta investigación ha buscado responder al interrogante acerca de si las referencias de funcionarios de seguridad sobre los piqueteros como "fuerzas irregulares" constituían una invariabilidad recurrente de la forma verbal, como una etiqueta arrastrada en el tiempo o si resultaba indicativo de la vigencia de concepciones más profundas, con implicaciones más hondas respecto de la mirada de los policías sobre los piqueteros.

A partir del trabajo de C. Schmitt sobre el partisano, hemos hilvanado otras referencias discursivas que no eran ni literal, ni evidentemente relativas a la conceptualización de los manifestantes como subversivos. Sin embargo, al utilizar como guía la orientación del partisano, hemos encontrado consistencias e implicaciones de muy diversos temas que se presentan como parte de una noción más profunda.

Considero que se puede afirmar que la recurrencia de la forma verbal es consistente con prácticas de uso de la fuerza, con aspectos del diseño de los operativos, con normativas internas y con discursos de justificación de varias acciones. Este es, a mi entender, el nivel hondo de implicaciones que debía investigarse para descartar que se tratara de un etiquetamiento que, aun con sus alcances, pudiera tener una menor vigencia en la labor policial cotidiana.

Quisiera destacar que ciertos cambios de las políticas de posicionamiento oficial frente a la protesta social, ensayados en Argentina desde 2002 y 2003, significaron una mayor complejidad de la mirada de los funcionarios policiales sobre los manifestantes. La insistencia en un discurso normativo, que se pretende políticamente correcto y democrático, es una señal acerca de lo que era "bien visto" o aprobado desde el poder político. Recordemos que fue una autoridad política quien cruzó al funcionario policial al indicarle: "Esto de las fuerzas irregulares no corresponde". Al respecto, J. B. L. Chan (1997, pp. 79-80) señala que este tipo de mensajes operan en el nivel del "conocimiento prescriptivo" (Recipe Knowledge), como una subdimensión de la cultura policial y señalan lo aceptable y lo no aceptable, lo que debe y no debe hacerse en situaciones concretas.

De todas formas, la persistencia y la vigencia de ideas bélicas sobre los sujetos de la protesta y sobre el accionar policial en dichos contextos, indican que los cambios ensayados están sometidos a múltiples tensiones y resistencias, tanto desde las instituciones policiales como desde otras instancias con las que hemos establecido continuidades discursivas. Como plantean S. Tiscornia y A. Oliveira (1990, p. 27), "la construcción de 'imágenes de guerra' y la operatividad de las mismas en la sociedad argentina son sin duda fenómenos complejos cuya desconstrucción es una tarea de largo aliento". Su operatividad en el marco de la cultura policial habilita tales variaciones que la guerra como metáfora o como marco de entendimiento ha sido y es aplicada a contextos muy diversos.

Aunque a esta altura ya debería haber sido expresado con claridad, creo importante subrayar que este trabajo no explora una ontología o una esencialidad común entre la figura del partisano y aquella del manifestante o, específicamente, del piquetero. Sólo considero que en la actualidad existe cierto entendimiento policial análogo entre el acto de protestar en público y las acciones irregulares, que se encuentra activo, produce sentidos y condiciona las prácticas de los funcionarios de seguridad.

Notas

1 Esta posición recuperaba el antecedente de la represión ocurrida sobre el Puente Pueyrredón y en la Estación Avellaneda (límites de la ciudad de Buenos Aires) el 26 de junio de 2002, en la que fueron asesinados por funcionarios policiales los manifestantes piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. En el juicio por las muertes se dio por probado que funcionarios de seguridad que se encontraban en servicio desde las 18 horas del día anterior, algunos de los que terminaban el turno aquella mañana a las 8 o 9, fueron asignados al operativo y permanecieron en servicio hasta las 14 o 15.

2 La criminalización de la protesta social es un tópico de la agenda académica y de los organismos de Derechos Humanos en Argentina desde, al menos, los últimos diez años (Giarraca, N., 2001; Svampa, M., 2000; Auyero, J., 2002; Zaffaroni, E. R., 2002; Gargarella, R., 2005; Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, 1998-2008; Correpi, 1992-2007; H.I.J.O.S. La Plata, 2003). Esta denuncia enmarca una serie de prácticas violentas y discriminatorias como la represión policial, el procesamiento penal de manifestantes y la discriminación discursiva en los medios de comunicación. Se señala, en este sentido, que ciertos manifestantes reciben tratamiento (policial, judicial, mediático) de delincuentes o criminales.

3 Por su parte, el antropólogo P. Hathazy (2004 pp. 10-11) ha indagado sobre los "juicios y categorizaciones" de un Grupo Antidisturbios de infantería sobre "el público". Sus interesantes observaciones respecto de que esta mirada se estructura a partir de una escala moral regida por las nociones de sacrificio y entrega, se basan en referencias de los policías sobre hinchas de fútbol, cartoneros y "gremios", sin particularizar en los piqueteros.

4 Quisiera agradecer a las autoridades del Consejo de Seguridad Interior de la Secretaría de Seguridad Interior de la Nación (Argentina) el haberme brindado la posibilidad de usar algunos de los datos obtenidos en el marco de un proyecto de relevamiento de prácticas realizado durante 2007.

5 En el marco de la organización de Derechos Humanos realizamos una evaluación de esta experiencia de intercambio con funcionarios policiales. Algunos de los aspectos que hemos destacado son: 1. La gradual aceptación de que la diferencia y, a veces, la desconfianza entre las instituciones de seguridad y las organizaciones de la sociedad civil es un hecho profundo, significativo que, sin embargo, no impide intercambios social y políticamente útiles. 2. La relativa aceptación por parte de los representantes de las instituciones de seguridad de que las organizaciones de la sociedad civil, en particular las relacionadas con Derechos Humanos, pueden tener opiniones fundadas y útiles sobre aspectos del trabajo policial, el marco político de estas acciones, etcétera. Aunque no libre de suspicacias y, por momentos, conflictos, es un gran logro el reconocimiento de la existencia de interlocutores válidos por fuera del ámbito policial.

6 Se ha excluido la utilización de la dimensión telúrica del partisano, su fuerte arraigo. Es cierto que existe un carácter telúrico en el relato del origen del movimiento piquetero, asociado a cortes de rutas como formas de hacer visibles reclamos muy locales. En una ocasión, un policía se refirió a la diferencia entre "aquellos cortes del interior" y las formas que estos métodos adquirieron en el ámbito urbano de Buenos Aires, como una forma de descalificación, ya que el corte no podría justificarse por la lejanía espacial respecto de los centros de decisión política. Sin embargo, este argumento no ha sido frecuente y, por tanto, esta línea de análisis no fue incluida en el presente trabajo.

7 Como balance del posicionamiento del Estado respecto de la protesta en este período, junto a G. Fernández (2008, p. 270), hemos identificado los siguientes ejes: 1. Adopción de principios de regulación de los operativos de seguridad en el contexto de protestas sociales en diferentes normativas internas de las instituciones de seguridad federales. Su aplicación, sin embargo, ha sido irregular tanto si se compara el accionar de las diferentes instituciones de seguridad como si se contrastan operativos de las mismas instituciones en diferentes momentos. 2. Estos principios fueron impulsados por el Estado nacional hacia las instituciones de seguridad federales, mientras que la posibilidad de extender los estándares a las provincias no se ha explorado. 3. El bajo rango normativo de estas medidas constituye uno de los rasgos de su debilidad. La posibilidad de rápidas regresiones, normativas y de prácticas, es mayor por la precariedad de las normas que acompañan las tendencias. 4. Asuntos claves para el ejercicio de los derechos, como las acciones de inteligencia que tienen lugar sobre movimientos sociales, aun constituyen núcleos problemáticos sobre los que resulta fundamental avanzar.

8 Entre las organizaciones que realizaron la petición se encontraban: Servicio Paz y Justicia, SERPAJ; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS; Comité de Acción Jurídica, CAJ; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, APDH, Secretaría de Derechos Humanos, CTA Nacional, Amnistía Internacional, Familiares de Desaparecidos por Razones políticas y el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, MEDH.

9 Si la "transcurrencia" ocurre en la ley misma, deberíamos avanzar hacia imágenes que den cuenta de esta tensión interna, así como la corriente alterna oscila entre dos polos produciendo una sola corriente eléctrica. Esta línea de análisis se encuentra desarrollada en B. Mora y M. Perelman (2008).

10 Es necesario actuar como partisano en todos lados donde hay partisanos (traducción de la autora).

11 Entrevista a Francisco De Narváez en el programa "Mauro. Historias impactantes", bajo la conducción de Mauro Viale, Canal 26, 29 de marzo de 2007.

12 Luis D'Elía es un referente del movimiento piquetero que, más adelante, fue subsecretario de Tierras para el Hábitat Social en el ámbito del gobierno nacional.

13 "Jauría" no es sólo el de un colectivo canino, sino que implica que estos perros son o bien "mandados por el mismo perrero que levantan la caza en una montería" o bien son un "conjunto de quienes persiguen con saña a una persona o a un grupo" (Real Academia Española, 2001).

14 Organización política muy pequeña en su cantidad de integrantes en comparación con el heterogéneo "movimiento piquetero" y cuyas acciones de protesta suelen ser más conflictivas. Su página oficial es: www.quebracho.org.ar.

15 En Argentina, la Inteligencia Nacional se encuentra regulada por la Ley 25.520 que en su artículo 4º, inciso 2º establece: "Ningún organismo de inteligencia podrá obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política, o de la adhesión o permanencia a organismos partidarios, sociales, sindicales, comunitarios, cooperativos, asistenciales, culturales o laborales, así como la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción".

16 Al respecto, los hechos ya mencionados del Puente Pueyrredón del 26 de junio de 2002 resultan emblemáticos. A los pocos meses de iniciado el juicio oral, el entonces presidente N. Kirchner autorizó la apertura de los archivos secretos de la Secretaría de Inteligencia del Estado, SIDE. En ellos figuraba un informe dirigido al entonces presidente interino E. Duhalde, elaborado por agentes de la Secretaría, que daba cuenta de la actividad y los propósitos de las organizaciones de desocupados que participarían de la movilización del 26 de junio de 2002. El informe concluía con una recomendación al Poder Ejecutivo para que actuara con la mayor firmeza frente a las protestas que se desarrollarían durante esa jornada ya que éstas constituirían "un caso testigo por lo cual se hacía imprescindible defender la autoridad del Estado". Se determinó durante el debate que este informe de inteligencia se realizó luego de que agentes de la SIDE relevaran la información surgida de la Asamblea Nacional Piquetera realizada los días 22 y 23 de junio de 2002, en el Estadio Gatica de Villa Dominico (Fernández, G., 2007).

17 Acaso la opción por la proctología hubiera mantenido la mayoría de los supuestos de la analogía (acceso a zonas íntimas, fines lícitos y legítimos, encuadre profesional) a excepción del género de las pacientes (el contraejemplo fue sugerido por la antropóloga María Josefina Martínez).

18 La analogía planteada permite al funcionario inscribir una práctica que se encuentra en una zona (por lo menos) gris respecto de su legalidad, en una serie de actividades lícitas y legítimas. Las investigaciones realizadas con perspectiva de género respecto a las relaciones de poder entre médicos y pacientes mujeres, particularmente en las especialidades de ginecología y obstetricia (Oberti, A. y Chanetón, J.,2003) iluminan los sentidos implicados en la analogía formulada por el funcionario. Además, existen abordajes que pueden ampliar la comprensión de los sentidos de masculinidad y feminización que se predican tanto sobre los policías, como sobre el resto de la sociedad: "El cuerpo físico se vuelve el insumo donde se imprimen aquellas series de prescripciones que, una vez alcanzada el alta policial, entrañan las marcas identitarias que habrán de fijar un determinado modelo corporal [...] Lo esencial es aquí el marcaje de los cuerpos: la reglamentación social de la fisicalidad, donde marcar los cuerpos es signarlos en tanto territorio institucional" (Sirimarco, M., 2004, p. 2006).

19 Amo el grafiti en la ciudad como un pirata su barco en el mar. Disponible en: http://www.fotolog.com/isaacmahow/15551990. Último acceso: 12/10/09.

20 J. E. Dotti (2000, p. 561) observa que el hecho de que Verbo, una "publicación tradicionalistanacionalista", haya publicado en 1975 (un año antes del último golpe de Estado en Argentina) un resumen de la Teoría del Partisano y, con ello, haya buscado "divulgar las observaciones schmittianas sobre la guerrilla", no significa que "la manera en como C. Schmitt conceptualiza la praxis partisana sea idéntica a la que, de un modo u otro, realizó nuestro nacionalismo". En el presente trabajo se sigue la idea de que existen vinculaciones entre miradas locales y la conceptualización schmittiana, con la salvedad de no suponer identidades entre unas y otras.

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