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Revista Colombiana de Antropología

Print version ISSN 0486-6525

Rev. colomb. antropol. vol.47 no.2 Bogotá July/Dec. 2011

 

DELHI LECTURE1 LA POLÍTICA DE LOS GOBERNADOS

 

PARTHA CHATTERJEE
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA
UNIVERSIDAD DE COLUMBIA

Nota introductoria y traducción del inglés


MARGARITA CHAVES Y JUAN FELIPE HOYOS,
GRUPO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL DEL ICANH


En su Delhi Lecture, el politólogo y antropólogo indio Partha Chatterjee expone las ideas más provocativas de su libro The Politics of the Governed (2004), a propósito de la tensión entre el proyecto de ciudadanía universal y las demandas de reconocimiento y atención diferencial de las poblaciones, de acuerdo con sus pertenencias étnicas y sociales. Pese a que parte de este libro fue llevado al castellano en la compilación titulada La nación en tiempo heterogéneo (2008)2, traducimos esta conferencia porque introduce novedosos puntos de vista sobre la participación política de las poblaciones gobernadas en sociedades de ciudadanías precarias, que permiten reflexionar sobre los avances en materia de reconocimiento multicultural alcanzados por la nueva Constitución Política de Colombia a veinte años de su promulgación.

Partha Chatterjee nació en India, y allí es profesor de Antropología y Ciencias Políticas en las universidades de Calcuta y Jadavpur; también es profesor de la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos. Es miembro fundador del grupo de Estudios Subalternos, y fue su editor en los años 1993 y 2000. Sus investigaciones giran alrededor de las formas de conciencia política y participación subalternas en los procesos de formación de la nación india, con un interés especial en el campesinado y las mujeres. Ha llevado a cabo una relectura de la historiografía tradicional sobre la nación, la ciudadanía y los saberes que han intervenido en la producción de las identidades de la India colonial y poscolonial. Además de su producción académica, Chatterjee también es conocido por sus aportes al teatro indio como autor y actor, por su actividad como compositor de piezas musicales y por algunas apariciones en el cine.

Continuando una larga discusión con Benedict Anderson3, en su ponencia Chatterjee afirma que la nación, la ciudadanía y, más en general, la modernidad, no se desenvuelven en una temporalidad ni en torno a un imaginario homogéneos que coexistirían diferenciados con otras temporalidades e imaginarios premodernos. Al contrario, para Chatterjee la modernidad se desenvuelve en tiempos e imaginarios heterogéneos, que implican que la diferencia cultural y, si es el caso, la ancestralidad de las poblaciones étnicas que la encarnan no son la exterioridad de la modernidad sino otro de sus productos. Sin embargo, anota el autor, el que la diferencia cultural sea consustancial a la modernidad no niega que "buena parte de la gente en el mundo" participe de forma desigual en los grandes relatos del estado-nación4, sobre todo los referidos a la ciudadanía universal. Más bien, la realización de esta ciudadanía es una forma de vida restringida a unos pocos, mientras que "buena parte de la gente en el mundo" -como se refiere Chatterjee a los subalternos- participa de lo político no como sociedad civil sino como sociedad política, es decir, como parte de la red de relaciones entre personas mediada por su agencia en cuanto sujetos de políticas de la gubernamentalidad5. En otras palabras, la sociedad política, según Chatterjee, recupera en su centro la creatividad de los subalternos, frente a quienes les prometen su "bienestar" sin garantizar el goce efectivo de derechos civiles y políticos.  

La celebración de los veinte años de la reforma constitucional en nuestro país ha suscitado reflexiones y debates sobre los logros y las promesas incumplidas de la Carta Magna. Respecto de estas últimas, la articulación de diversos procesos económicos y políticos internacionales y nacionales aparece como la causa del estancamiento de la realización del nuevo consenso social que la Constitución pretendía fundar. Entre tales procesos se destacan, por un lado, el auge de una economía global jalonada por el neoliberalismo y, por el otro, la persistencia del conflicto armado interno colombiano. Sin duda, estas dos fuerzas han determinado el detrimento de la garantía efectiva de los derechos y de la implementación de las políticas de atención a los grupos históricamente marginados de la protección del estado. Para nadie es una novedad que la hegemonía neoliberal redujo tanto los recursos públicos como los espacios políticos que prometían garantizar el acceso de las clases y los grupos sociales marginados -y no solo de los grupos étnicos- a los derechos ciudadanos. Derechos básicos como la salud y la educación, convertidos ahora en mercancías que deben ser adquiridas en el mercado, siguen distantes de las mayorías. El recrudecimiento y la diversificación de los escenarios de la guerra plantean, por su parte, la necesidad de desviar recursos públicos para sostener la guerra y, además, para atender a esos mismos sectores sociales marginados, que además de derechos básicos requieren garantías mínimas para su supervivencia en medio del conflicto.

En este sentido, no podemos dejar de señalar que uno de los efectos de la Constitución de 1991 fue el de establecer lineamientos básicos para el desarrollo del enfoque diferencial que clasifica poblaciones para decidir a cuáles se les otorgan derechos y para focalizar las políticas públicas. Por ello, los análisis de los alcances de la Constitución deben estar atentos a las nuevas articulaciones de políticas gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, que empujan esquemas de gubernamentalidad transnacionales. Este es el caso de las agendas globales para el desarrollo y la superación de la pobreza, como la política de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus objetivos del milenio6, o de las políticas para afrontar los efectos del conflicto armado en el escenario nacional, como en el caso de las sentencias y autos de la Corte Constitucional que declararon el "estado de cosas inconstitucional respecto del desplazamiento forzado", y demandaron del ejecutivo la atención inmediata y diferencial de los grupos más vulnerados, entre ellos, una vez más, los grupos marcados por la diferencia étnica, de género, generación y discapacidad7.  

La propuesta de Chatterjee de repensar la agencia política de poblaciones marginales -ilegales, sin derechos garantizados, étnicamente múltiples y, en últimas, no partícipes del imaginario universalista de la sociedad civil- es sugestiva para analizar el lugar que ellas tienen en la articulación de las redes que las conectan con los espacios de la formulación y aplicación de las políticas públicas. Su análisis en los contextos contemporáneos de la gubernamentalidad revela relaciones inestables entre poblaciones y funcionarios, públicos y privados, encargados de la ejecución de políticas públicas alejadas del ejercicio de la ciudadanía, pero efectivas para satisfacer las demandas concretas de estas poblaciones. En las optimistas palabras del autor, de este modo los subalternos "están decidiendo la forma en que quieren ser gobernados".  

La política de los gobernados invita a poner en perspectiva los logros de los grupos sociales ante los reconocimientos que son producto de la Constitución de 1991, no tanto en términos de si han sido suficientes, o conceptual y jurídicamente bien concebidos, sino en la forma en que han sido ejecutados por parte del estado y en que han respondido sus sujetos.

 

DELHI LECTURE LA POLÍTICA DE LOS GOBERNADOS

PARTHA CHATTERJEE

I

Mi tema es la política popular. Cuando digo popular, no necesariamente presumo una forma institucional o proceso político particular. Sugiero, más bien, que gran parte de la política que describo está condicionada por las funciones y actividades de los sistemas gubernamentales modernos que han entrado a formar parte de las funciones que se espera que estos cumplan en todas partes. Argumentaré que estas expectativas y actividades han producido ciertas relaciones entre los gobiernos y las poblaciones. La política popular que voy a describir crece y toma forma en esas relaciones.

Los conceptos familiares de la teoría social que necesitaré revisar en esta conferencia son los de sociedad civil y estado, ciudadanía y derechos, afiliaciones universales e identidades particulares. Puesto que examinaré la política popular, también debo considerar la cuestión de la democracia. Muchos de estos conceptos no resultarán familiares después de que ponga mis lentes y los persuada de mirar a través de ellos. La sociedad civil, por ejemplo, aparecerá como la asociación de grupos de élite modernos, encerrada y aislada de la vida popular más amplia de las comunidades, amurallada en enclaves de libertad cívica y racionalidad normativa. La ciudadanía tomará dos formas diferentes -la formal y la efectiva-. Y, a diferencia de la vieja manera en que conocimos hablar de los soberanos y los súbditos, desde los griegos a Maquiavelo y de este a Marx, los invito a pensar en aquellos que gobiernan y los gobernados. La gobernanza, esa nueva palabra de moda en los estudios políticos, es, como lo voy a sugerir, el cuerpo de conocimientos y el conjunto de técnicas utilizadas por aquellos que gobiernan o en nombre de ellos. La democracia hoy, insistiré, no es el gobierno de, por y para el pueblo. Antes bien, debe ser visto como la política de los gobernados.

Aclararé y explicaré mis argumentos conceptuales más adelante en esta conferencia. Para introducir mi discusión sobre la política popular, permítanme comenzar presentándoles un conflicto que se encuentra en el corazón de la política moderna en la mayor parte del mundo. Es la oposición entre el ideal universal del nacionalismo cívico, basado en las libertades individuales y la igualdad de derechos independientemente de distinciones de religión, raza, idioma o cultura, y las demandas particulares de la identidad cultural que reclaman el tratamiento diferenciado de determinados grupos por motivos de vulnerabilidad, atraso o injusticia histórica, entre muchos otros motivos. La oposición, argumentaré, es sintomática de la transición que ocurrió en la política moderna en el curso del siglo XX desde una concepción de la política democrática basada en la idea de la soberanía popular, a una en la cual la política democrática es moldeada por la gubernamentalidad.

El ideal universal del nacionalismo cívico fue capturado correctamente por Benedict Anderson cuando afirmó, en su ya clásico libro Imagined Communities, que la nación vive en un tiempo homogéneo vacío (1983, 1993). En este libro él seguía, de hecho, la corriente dominante del pensamiento histórico moderno, que imagina el espacio social de la modernidad distribuido en el tiempo homogéneo vacío. Un marxista podría llamar a este el tiempo del capitalismo. Anderson adopta explícitamente la formulación de Walter Benjamin y la usa para mostrar con un efecto brillante las posibilidades materiales de las grandes sociabilidades anónimas que han sido formadas por la experiencia simultánea de la lectura diaria de la prensa, o por seguir la vida privada de los personajes populares de la ficción o, él podría haber añadido, por apoyar al equipo nacional de fútbol o de cricket. Es la misma simultaneidad experimentada en un tiempo homogéneo vacío la que nos permite hablar de la realidad de las categorías de la economía política, como precios, salarios, mercados, y así sucesivamente. El tiempo vacío homogéneo es el tiempo del capitalismo. Dentro de su dominio, el capital no permite ninguna resistencia a su libre circulación. Cuando encuentra un obstáculo, se piensa que ha encontrado otro tiempo -precapitalista, que pertenece a la era premoderna-. Estas resistencias al capitalismo (o a la modernidad) son por lo tanto entendidas como resultado del pasado de la humanidad, algo que la gente debería haber dejado atrás pero que por alguna razón no lo ha hecho. Sin embargo, al imaginar el capitalismo (o la modernidad) como un atributo del tiempo mismo, esta visión tiene éxito no solo en etiquetar las resistencias a él como arcaicas y atrasadas, sino en garantizar al mismo tiempo el triunfo final del capitalismo y la modernidad, independientemente de lo que algunos puedan creer y de sus esperanzas, porque después de todo, como todos lo sabemos, el tiempo no se detiene.

En su reciente libro The Spectre of Comparisons, Anderson (1998) ha seguido el análisis iniciado en Imagined Communities y hace una diferenciación entre el nacionalismo y la política de la etnicidad. Para ello identifica dos tipos de series producidas por los imaginarios modernos de la comunidad. Una es la serialidad abierta8 de los universales cotidianos del pensamiento social moderno: naciones, ciudadanos, revolucionarios, burócratas, trabajadores, intelectuales, y así sucesivamente. La otra es la serialidad cerrada9 de la gubernamentalidad: los totales finitos de clases enumerables de la población, producidos por los censos y los sistemas electorales modernos. Las serialidades abiertas suelen ser imaginadas y narradas por medio de los instrumentos clásicos del capitalismo impreso, principalmente el periódico y la novela. Estos ofrecen la oportunidad para que las personas se imaginen a sí mismas como miembros de solidaridades cara a cara más amplias, de elegir actuar en nombre de aquellas solidaridades y de trascender por un acto de imaginación política los límites impuestos por las prácticas tradicionales. Las serialidades cerradas, por el contrario, pueden operar solamente con números enteros. Esto implica que para cada categoría de clasificación, cualquier individuo puede contar solamente como uno o cero, nunca como una fracción, lo cual a su vez significa que todas las afiliaciones parciales o mezcladas en una categoría quedan por fuera. Uno solamente puede ser negro o no negro, musulmán o no musulmán, tribal o no tribal, nunca ser apenas parcialmente o contextualmente de ese modo. Las series cerradas, sugiere Anderson, son constrictivas y quizás inherentemente conflictivas. Ellas producen las herramientas de la política étnica.

Anderson utiliza esta distinción entre serialidades cerradas y abiertas para construir su argumentación acerca de la bondad residual del nacionalismo y la maldad inherente de las políticas de la etnicidad. Está interesado en preservar lo que es genuinamente ético y noble en el pensamiento crítico universalista característico de la Ilustración. Anderson, en la tradición de buena parte del pensamiento historiográfico progresista del siglo XX, ve la política del universalismo como algo que pertenece al carácter mismo de la modernidad.

Estoy en desacuerdo. Creo que este punto de vista de la modernidad, o incluso del capitalismo, es errado porque es unilateral. Se fija solamente en una dimensión del espacio-tiempo de la vida moderna. La gente solo puede imaginarse a sí misma en el tiempo vacío homogéneo; no vive en él. El tiempo vacío homogéneo es el tiempo utópico del capitalismo. Linealmente conecta el pasado, el presente y el futuro, y crea la posibilidad para todas esas imaginaciones historicistas de la identidad, la nacionalidad, el progreso, etc. con las que Anderson, junto con muchos otros, nos han familiarizado. Pero el tiempo vacío homogéneo no se encuentra ubicado en ninguna parte, en un espacio real -es utópico-. El tiempo-espacio real de la vida moderna es heterogéneo, desigualmente denso. Aquí, incluso los trabajadores industriales no internalizan del todo la disciplina del trabajo del capitalismo, y curiosamente, incluso cuando lo hacen, no lo hacen de la misma manera. La política aquí no significa lo mismo para todas las personas. Hacer caso omiso de esto, en mi opinión, es descartar lo real por lo utópico.

Es posible citar muchos ejemplos desde el mundo poscolonial que sugieren la presencia de un tiempo denso y heterogéneo. En aquellos lugares, uno puede ver a capitalistas industriales que postergan el cierre de un negocio porque no han consultado con sus respectivos astrólogos, o trabajadores industriales que no tocan una nueva máquina hasta que haya sido consagrada con los correspondientes ritos religiosos, o votantes que se prenden fuego a sí mismos para hacer el duelo tras la derrota de su líder favorito, o ministros que abiertamente se jactan de haber obtenido más puestos de trabajo para la gente de su propio clan y haber mantenido a los de otros fuera. Llamar a esto la presencia simultánea de tiempos diversos -el tiempo de la modernidad y los tiempos de lo premoderno- es solo ratificar el utopismo de la modernidad occidental. Muchos trabajos etnográficos recientes han demostrado que estos "otros" tiempos no son meras supervivencias de un pasado premoderno: son productos nuevos del encuentro con la modernidad misma. Por consiguiente, hay que llamarlos el tiempo heterogéneo de la modernidad.

2

La forma moderna de la nación es a la vez universal y particular. La dimensión universal está representada, en primer lugar, por la idea del pueblo como el locus original de la soberanía en el estado moderno, y en segundo lugar, por la idea de que todos los seres humanos son portadores de derechos. Si esto fuera una verdad universal, ¿cómo se llevó a efecto? Por medio de la consagración de los derechos específicos de ciudadanos en un estado constituido por un pueblo en particular, a saber, una nación. Así, la nación-estado se convirtió en la forma particular y normal del estado moderno. El marco básico de los derechos en el estado moderno fue definido por las ideas emparejadas de libertad e igualdad. Pero la libertad y la igualdad con frecuencia tiran en direcciones opuestas. Las dos, por lo tanto, tienen que estar mediadas, como lo ha señalado atinadamente Étienne Balibar (1994), por dos conceptos más: los de propiedad y comunidad. Con el de propiedad se intentó resolver las contradicciones entre libertad e igualdad en el plano de la relación del individuo con otros individuos. Con el de comunidad se intentó resolver las contradicciones a nivel de la fraternidad como un todo. Con la dimensión de la propiedad, las resoluciones podían ser más o menos liberales; con la dimensión de la comunidad, podían ser más o menos comunitaristas. Pero se esperaba que fuera en el interior de la forma específica del estado-nación soberano y homogéneo donde los ideales universales de la ciudadanía moderna se realizaran.

Usando un atajo teórico, podríamos decir que la propiedad y la comunidad definieron los parámetros conceptuales dentro de los cuales el discurso político del capitalismo, que proclamaba la libertad y la igualdad, pudo prosperar. Las ideas de libertad e igualdad que les dieron forma a los derechos universales del ciudadano fueron cruciales no solo en la lucha contra los regímenes políticos absolutistas, sino también para socavar las prácticas precapitalistas que restringían la movilidad individual y privilegiaban los límites tradicionales definidos por nacimiento y estatus. Pero ellas también fueron cruciales, como el joven Karl Marx señaló, en separar el dominio abstracto del derecho del dominio real de la vida en la sociedad civil10. En la teoría jurídico-política los derechos del ciudadano no eran restringidos por motivos de raza, religión, etnicidad o clase (a principios del siglo XX, los mismos derechos estarían incluso disponibles para las mujeres), pero esto no significó la abolición de las distinciones reales entre hombres (y mujeres) en la sociedad civil. Por el contrario, el universalismo de la teoría de los derechos presuponía y posibilitaba un nuevo ordenamiento de las relaciones de poder en la sociedad basado precisamente en esas distinciones de clase, raza, religión, género, etc. Al mismo tiempo, la promesa emancipatoria celebrada por el ideal de los derechos universales de igualdad también actuó como una fuente constante de crítica teórica a la sociedad civil propiamente dicha. Esa promesa, en los últimos dos siglos, ha impulsado numerosas luchas en todo el mundo para cambiar las desiguales e injustas relaciones sociales que se originan en las diferencias de raza, religión, casta, clase o género.

Los marxistas, en general, han creído que el dominio del capitalismo sobre la comunidad tradicional fue señal inevitable del progreso histórico. Ciertamente, hay un profundo sentido de ambigüedad en este juicio. Si la comunidad era la forma social de unidad del trabajo con los medios de producción, entonces la destrucción de la unidad causada por la llamada acumulación primitiva del capital produjo a un trabajador nuevo que no era libre solamente para vender su trabajo como una mercancía, sino libre de todo gravamen de bienes, excepto su fuerza de trabajo.

Marx escribió con amarga ironía acerca de esta "doble libertad" del trabajador asalariado libre de los lazos de la comunidad precapitalista11. Pero, a pesar del persistente escepticismo y de la ironía, los marxistas del siglo XX, en general, les dieron la bienvenida al debilitamiento de la propiedad precapitalista y a la creación de grandes unidades políticas homogéneas, como los estados-nación. Cuando el capitalismo se veía ejecutando la tarea histórica de la transición a formas más desarrolladas y modernas de producción social, recibió la aprobación, si bien a regañadientes y ambivalente, de la teoría histórica marxista.

Cuando se habla de igualdad, libertad, propiedad y comunidad en relación con el estado moderno, en realidad estamos hablando de la historia política del capitalismo. El debate en la filosofía política angloestadounidense entre liberales y comunitaristas me parece que ha confirmado el rol crucial en la historia política de los dos conceptos mediadores de la propiedad y la comunidad, en determinar el rango de posibilidades institucionales dentro del ámbito constituido por la libertad y la igualdad. Los comunitaristas no podían rechazar el valor de la libertad personal, puesto que si hacían demasiado hincapié en las reivindicaciones de la identidad comunal estaban abiertos a la acusación de negar el derecho individual básico de las personas para elegir, poseer, usar e intercambiar mercancías a su voluntad. Por otra parte, los liberales tampoco negaron que la identificación con la comunidad pudiera ser una fuente importante de significado moral para las vidas individuales. Su preocupación era que, al socavar el sistema liberal de derechos y la política liberal de neutralidad en las cuestiones del bien común, los comunitaristas estaban abriendo la puerta a una intolerancia de las mayorías, la perpetuación de las prácticas conservadoras y una insistencia potencialmente tiránica en el conformismo. Pocos niegan el hecho empírico de que la mayoría de los individuos, incluso en las democracias liberales avanzadas, conducen sus vidas dentro de una red heredada de lazos sociales que podrían ser descritos como comunidad. Pero había un fuerte sentimiento de que no todas las comunidades eran dignas de aprobación en la vida política moderna. En particular, los lazos que parecían enfatizar lo heredado, lo primordial, lo parroquial o lo tradicional eran vistos por la mayoría de los teóricos como prácticas conservadoras e intolerantes y, por lo tanto, contrarias a los valores de la ciudadanía moderna. La comunidad política que parecía lograr el mayor grado de aprobación era la nación moderna que garantizaba la igualdad y la libertad a todos los ciudadanos, independientemente de las diferencias biológicas o culturales12.

Esta zona del discurso político legítimo, definida por los parámetros de la propiedad y de la comunidad, está enfatizada aún más por la nueva doctrina filosófica que se llama a sí misma republicanismo y que pretende sustituir el debate liberalcomunitarista. Siguiendo las investigaciones históricas de John Pocock, esta doctrina ha avanzado de manera más elocuente en las obras de Quentin Skinner (1997) y Philip Pettit (1997). En lugar de la comprensión liberal habitual de la libertad como libertad negativa, es decir, como la libertad del individuo de la intervención [del estado]13, el objetivo del republicanismo es invocar el momento de la lucha contra el absolutismo y reclamar que la libertad es la libertad de la dominación. Este objetivo instaría a los amantes de la libertad a luchar -a diferencia de lo que los liberales defenderían- en contra de todas las formas de dominación, aun cuando estas fueran benignas y normalmente no implicaran una intervención. También permitiría a los amantes de la libertad apoyar formas de injerencia que no se equipararan a la dominación. Por lo tanto, el republicano estaría a favor de las medidas gubernamentales que aseguraran una mayor igualdad y permitieran alcanzar los valores morales de la comunidad, siempre y cuando no implicaran un poder arbitrario de dominación. De esta manera, los teóricos del republicanismo señalan tanto la falta de atractivo de un régimen liberal de no interferencia limitado de manera estrecha, como los peligros del populismo comunitario rampante que podrían evitarse. Las estructuras de propiedad no se verían amenazadas, mientras que la comunidad en sus formas potables y palatables podría florecer.

No quiero aquí entrar en la cuestión de si la demanda republicana conduce de hecho a conclusiones que son sustancialmente diferentes de las de la teoría liberal del gobierno. En cambio, me gustaría centrar nuestra atención en los supuestos institucionales que la doctrina del republicanismo comparte con la del liberalismo. Ya sean individualistas, comunitaristas o republicanos, todos coinciden en que las instituciones políticas deseadas no pueden llegar a trabajar eficazmente con solo traerlas a la existencia por medio de la legislación. Deben, como Philip Pettit lo dice de manera graciosa, "ganar un lugar en los hábitos de los corazones de la gente" (1997, 241). Deben, en otras palabras, anidar en una red de normas de la sociedad civil que prevalece de manera independiente del estado y que es consistente con sus leyes. Solo una sociedad civil tal proporcionaría, para usar una vieja fraseología, la base social para la democracia capitalista. Este fue el gran tema de prácticamente todas las teorías sociológicas en Europa durante el siglo XIX. En el siglo XX, cuando se planteó la posibilidad de la transición capitalista en el mundo no occidental, el mismo presupuesto sentó las bases para la teoría de la modernización, bien fuera en su versión marxista o weberiana. El argumento, para decirlo de manera simple, era que sin una transformación de las instituciones y las prácticas de la sociedad civil, llevada a cabo desde arriba o desde abajo, era imposible crear o mantener la libertad y la igualdad en el ámbito político. Para tener comunidades políticas modernas y libres, primero hay que contar con personas que sean ciudadanos, no súbditos. Para muchos, esta manera de ver las cosas proporcionaba la base ética de un proyecto de modernización del mundo no occidental: transformar sujetos, que hasta el momento no estaban familiarizados con las posibilidades de igualdad y libertad, en ciudadanos modernos.

3

Sin embargo, mientras que las discusiones filosóficas sobre los derechos de los ciudadanos en el estado moderno giraban en torno a los conceptos de libertad y de comunidad, el surgimiento de las democracias de masas en los países industriales avanzados de Occidente en el siglo XX produjo una distinción totalmente nueva. Esta es una distinción entre ciudadanos y poblaciones. Los ciudadanos habitan en el dominio de la teoría; las poblaciones, en el dominio de la política. A diferencia del concepto de ciudadano, el concepto de población es totalmente descriptivo y empírico, no lleva un peso normativo. Las poblaciones son identificables, clasificables y descriptibles según criterios empíricos o comportamentales y son susceptibles de que se les apliquen técnicas estadísticas tales como censos y encuestas por muestreo. A diferencia del concepto de ciudadano, que conlleva la connotación ética de la participación en la soberanía del estado, el concepto de población pone a disposición de los funcionarios del gobierno un conjunto de instrumentos racionalmente manipulables para llegar a una gran proporción de los habitantes de un país como objetivos de sus "políticas" -política económica, política administrativa, la ley e incluso la movilización política-. En efecto, como Michel Foucault ha señalado, una de las principales características del régimen contemporáneo de poder es una cierta "gubernamentalización del estado"14. Este régimen garantiza la legitimidad no por medio de la participación de los ciudadanos en los asuntos del estado, sino por pretender brindar bienestar a la población. Su modo de razonamiento no es deliberativo y abierto, sino más bien una noción instrumental de costos y beneficios. Su aparato no es la asamblea republicana, sino una elaborada red de vigilancia a través de la cual se recoge información sobre cada uno de los aspectos de la vida de la población que debe ser cuidada. No es de extrañar que en el curso del siglo XX las ideas de la ciudadanía participativa, que fueron una parte tan importante de la noción de política de la Ilustración, hayan sido rápidamente abandonadas ante el avance triunfal de las tecnologías gubernamentales que han prometido entregar mayor bienestar a más personas a un costo menor. De hecho, se podría decir que la verdadera historia política del capitalismo desde hace mucho tiempo desbordó los límites normativos de la teoría política liberal para salir y conquistar el mundo a través de sus tecnologías de gobierno. Gran parte de la carga emocional de la crítica comunitaria o republicana de la vida política occidental contemporánea parece fluir de la conciencia de que los asuntos de gobierno han sido vaciados de todo compromiso serio con la política. Esto aparece de manera más obvia en la caída gradual de la participación electoral en todas las democracias occidentales y en el pánico reciente de los círculos de izquierda liberal en Europa ante el inesperado éxito de los populistas de derecha.

¿Qué efecto tuvo la enumeración y clasificación de los grupos de población para los propósitos de las políticas de administración de bienestar en los procesos democráticos en los países capitalistas avanzados? Muchos escritores que trabajan en campos muy diversos han arrojado luz sobre esta cuestión durante los últimos años, desde el filósofo Ian Hacking (1990) hasta la historiadora de la literatura Mary Poovey (1995). Más relevante para nosotros es el relato de sociólogos británicos como Nikolas Rose, Peter Miller o Thomas Osborne acerca del funcionamiento real de la gubernamentalidad en Gran Bretaña y los Estados Unidos15. Ellos han examinado el surgimiento de lo que se ha denominado "el gobierno desde el punto de vista social", específicamente en las áreas del empleo, la educación y la salud, en los siglos XIX y XX. Hallaron, por ejemplo, el surgimiento de los sistemas de seguridad social para minimizar el impacto incierto de la economía en los diversos grupos e individuos. La constitución de la familia como tema de numerosos discursos pedagógicos, médicos, económicos y éticos devino en un tópico de la gubernamentalidad. Hubo una proliferación de censos y encuestas demográficas que hicieron del trabajo de la gubernamentalidad un asunto confiable en términos numéricos, y que condujeron a la vez a patentar la idea de la representación de los casos en proporciones numéricas. El manejo de la migración, el crimen, la guerra y la enfermedad hizo de la identidad personal un problema de seguridad y, por lo tanto, sujeto al registro y a la verificación constante. (La cuestión, repentinamente, ha tomado gran preponderancia en los Estados Unidos y Gran Bretaña a raíz del reciente pánico al terrorismo; sin embargo, ambos países han tenido durante décadas una plétora de agencias, estatales y no estatales, que registran, verifican y validan detalles biológicos, sociales y culturales de la identidad personal). Todo esto hizo del gobierno una cuestión menos de política y más de administración, un asunto de expertos antes que de representantes políticos. Más aún, mientras que la fraternidad política de los ciudadanos tuvo que afirmarse constantemente como una e indivisible, no hubo una sola entidad de los gobernados. Siempre había una multiplicidad de grupos de población que eran objeto de la gubernamentalidad -múltiples objetivos con múltiples características que requerían múltiples técnicas de administración-.

Podríamos entonces decir, en pocas palabras, que donde quiera que la idea clásica de la soberanía popular, expresada en los hechos jurídico-políticos de la ciudadanía igualitaria, produjo la construcción homogénea de la nación, las actividades de la gubernamentalidad requirieron múltiples, transversales y cambiantes clasificaciones de la población como objetivos de múltiples políticas, que dieron lugar a una construcción necesariamente heterogénea de lo social. Aquí, entonces, tenemos la antinomia entre el majestuoso imaginario político de la soberanía popular y la realidad mundana de la gubernamentalidad administrativa: es la antinomia entre lo nacional homogéneo y lo social heterogéneo. Yo podría anotar de paso que cuando T. H. Marshall hizo su clásica recapitulación de la historia de la expansión de la ciudadanía en 1949, desde los derechos cívicos a los políticos, y de estos a los sociales, fue culpable de la que ahora puede ser considerada una confusión categorial. Acogiendo con beneplácito el progreso del estado de bienestar en Gran Bretaña, Marshall pensó que estaba presenciando el avance de la soberanía popular y de la igualdad de los ciudadanos. En realidad se trataba de la proliferación sin precedentes de una gubernamentalidad que conducía a la aparición de una intrincada heterogeneidad social (Marshall 1949/1992, 3-51). Pero en el trazado cronológico de su historia, Marshall no estaba equivocado. La historia de la ciudadanía en el Occidente moderno se mueve de la institución de los derechos cívicos en la sociedad civil a los derechos políticos en los estados-nación completamente desarrollados. Solo entonces se puede entrar en la fase relativamente reciente en la que "el gobierno desde el punto de vista social" parece tomar el relevo. En los países de Asia y África, sin embargo, la secuencia cronológica es bastante diferente. Allí, la carrera del estado moderno ha sido comprimida. Las tecnologías de la gubernamentalidad con frecuencia anteceden al estado-nación, sobre todo cuando ha habido una experiencia relativamente larga de dominación colonial europea. En el sur de Asia, por ejemplo, la clasificación, descripción y enumeración de grupos de población como los objetos de la política relativa a la ocupación de tierras, los impuestos, el reclutamiento para el ejército, la prevención del crimen, la salud pública, el manejo de las hambrunas y las sequías, la regulación de los lugares religiosos, la moral pública, la educación, y una serie de funciones de gobierno, tienen una historia de por lo menos un siglo y medio antes de que los estados-nación independientes de India, Pakistán y Ceilán hubieran nacido. El estado colonial era lo que Nicholas Dirks ha llamado un estado etnográfico (2001). Las poblaciones tenían la condición de súbditos, no de ciudadanos. Obviamente, el gobierno colonial no reconocía la soberanía popular.

Ese fue un concepto que encendió la imaginación de los revolucionarios nacionalistas. Las ideas de la ciudadanía republicana a menudo acompañaron los movimientos de liberación nacional. Pero, sin excepción -y esto es crucial para nuestra historia acerca de la política en la mayor parte del mundo-, fueron sobrepasados por el estado desarrollista, que prometió acabar con la pobreza y el atraso mediante la adopción de políticas apropiadas de crecimiento económico y reforma social. Con diversos grados de éxito, y en algunos casos con desastrosos fracasos, los estados poscoloniales desplegaron las últimas tecnologías de gobierno para promover el bienestar de sus poblaciones, a menudo inducidos y apoyados por organizaciones internacionales y no gubernamentales. Al adoptar estas estrategias técnicas de modernización y desarrollo, los más viejos conceptos etnográficos con frecuencia entraron en el campo del conocimiento sobre las poblaciones -como categorías convenientemente descriptivas para la clasificación de grupos de personas en objetivos adecuados para las políticas administrativas, legales, económicas o electorales-. En muchos casos, los criterios de clasificación utilizados por los regímenes gubernamentales coloniales continuaron hasta la era poscolonial y les dieron forma tanto a las demandas políticas como a las políticas de desarrollo. Así, la casta y la religión en la India, los grupos étnicos en el sudeste asiático y las tribus en África siguen siendo criterios dominantes para identificar comunidades entre las poblaciones que son objetos de las políticas.

He descrito entonces dos conjuntos de conexiones conceptuales. Uno es la línea que conecta a la sociedad civil con el estado-nación, basada en la soberanía popular y en la concesión de igualdad de derechos para los ciudadanos. El otro conjunto es la línea que conecta a las poblaciones con agencias gubernamentales que persiguen múltiples políticas de seguridad y bienestar. La primera línea apunta hacia el dominio de la política descrito con gran detalle en la teoría política democrática en los últimos dos siglos. ¿Apunta la segunda línea a un dominio diferente de la política? Creo que sí. Para distinguirlo de las formas clásicas de asociación de la sociedad civil, lo denomino sociedad política.

En una serie de artículos recientes he tratado de esbozar este campo conceptual en el contexto de la política democrática en la India (Chatterjee 1998a, 1998b, 2000a). He preferido retener la vieja idea de la sociedad civil como sociedad burguesa, en el sentido que le dan Hegel y Marx, y utilizarla en el contexto indio como una arena de las instituciones y prácticas habitadas por un sector relativamente pequeño de la gente cuyas ubicaciones sociales pueden ser identificadas con un alto grado de precisión en el contexto real. En términos de la estructura formal del estado que proponen la Constitución y las leyes, toda la sociedad es sociedad civil; cada uno de los individuos es un ciudadano con iguales derechos y por lo tanto debe ser considerado como un miembro de la sociedad civil. En el proceso político los órganos del estado interactúan con los miembros de la sociedad civil a título individual o como miembros de asociaciones. En realidad, las cosas no funcionan de esta manera. La mayoría de los habitantes de la India son solo tenuemente, e incluso, ambigua y contextualmente, portadores de derechos ciudadanos en el sentido imaginado por la Constitución. No son, por consiguiente, propiamente miembros de la sociedad civil y no son considerados como tales por las instituciones del estado. Pero esto no quiere decir que ellos estén por fuera del alcance del estado o incluso excluidos del ámbito de la política. Como poblaciones ubicadas dentro de la jurisdicción territorial del estado, ellos tienen que ser a la vez atendidos y controlados por diversas agencias gubernamentales. Estas actividades ponen a estas poblaciones en una cierta relación política con el estado. Pero esta relación no siempre se ajusta a la prevista en la representación constitucional entre el estado y los miembros de la sociedad civil. Sin embargo, esa relación política puede haber adquirido, en determinados contextos históricamente definidos, un carácter sistemático ampliamente reconocido, y quizás ciertas normas éticas convencionalmente aceptadas, incluso si están sujetas a diversos grados de disputa. ¿Cómo vamos a empezar a entender estos procesos?

Frente a problemas similares, algunos analistas han privilegiado la utilización creciente de la idea de sociedad civil para incluir prácticamente a todas las instituciones sociales existentes que se encuentran fuera del dominio estricto del estado16. Esta práctica se ha vuelto endémica en la retórica reciente de las instituciones financieras internacionales, las agencias de cooperación y las organizaciones no gubernamentales. Entre estas, la propagación de una ideología neoliberal ha favorecido la consagración de las organizaciones no estatales como la flor preciosa de los esfuerzos asociativos de miembros libres de la sociedad civil. He preferido resistir inescrupulosamente a estos gestos teóricos caritativos, sobre todo porque me parece importante no perder de vista el proyecto vital y continuamente activo que aún les da forma a muchas de las instituciones estatales en países como India para transformar a las autoridades y las prácticas sociales tradicionales en formas modulares de la sociedad civil burguesa. La sociedad civil como un ideal continúa dinamizando un proyecto político intervencionista. Sin embargo, como una forma realmente existente es demográficamente limitada. Ambos hechos deben ser tenidos en cuenta cuando se considera la relación entre modernidad y democracia en países como la India.

Algunos de ustedes recordarán un marco utilizado en la fase temprana del proyecto de estudios subalternos, en el que hablábamos acerca de la división del ámbito de la política entre el dominio de una élite organizada y el dominio de subalternos desorganizados (Guha 1982). La idea de la división, por supuesto, estaba orientada a marcar una fisura en la arena de la política nacionalista en las tres décadas anteriores a la independencia, durante las cuales las masas indias, especialmente el campesinado, se vieron envueltas en movimientos políticos organizados, y sin embargo permanecieron distanciadas de las formas evolucionadas del estado poscolonial. Decir que hubo una división en el dominio de la política era rechazar la noción, común a las historiografías liberal y marxista, de que los campesinos vivían en alguna etapa "prepolítica" de la acción colectiva. Era como decir que los campesinos en sus acciones colectivas también eran políticos, excepto que eran políticos de una manera diferente a la de la élite. Teniendo en cuenta aquellas experiencias tempranas de la imbricación de la política de élite y subalterna en el contexto de los movimientos anticoloniales, el proceso democrático de la India ha recorrido un largo camino hasta traer bajo su influencia la vida de las clases subalternas. Para comprender estas formas relativamente recientes del enmarañamiento de la política de élite y subalterna, propongo la idea de una sociedad política.

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Para ilustrar lo que quiero decir con sociedad política y cómo funciona, voy a describir brevemente los resultados de algunos estudios etnográficos sobre Bengala Occidental, con los que he estado directa o indirectamente involucrado, para mostrar el surgimiento de una política que emerge de las políticas desarrollistas de gobierno orientadas a grupos específicos de la población. Muchos de estos grupos, organizados en asociaciones, transgreden las líneas estrictas de la legalidad al luchar por vivir y trabajar. Pueden vivir en asentamientos que constituyen invasiones ilegales, hacen uso ilícito de las instalaciones de agua o electricidad, o viajan sin tiquetes en el transporte público. Al lidiar con ellos, las autoridades no pueden tratarlos en pie de igualdad con otras asociaciones cívicas que ejercen actividades sociales más legítimas. Sin embargo, las agencias estatales y las organizaciones no gubernamentales no pueden ignorarlos, ya que están entre las miles de asociaciones similares que representan a grupos de la población cuya subsistencia o habitación incluyen la violación de la ley. Estas agencias, por lo tanto, tratan con estas asociaciones no como cuerpos de ciudadanos, sino como instrumentos convenientes para la administración de la asistencia social a grupos de población marginales y desfavorecidos.

Estos grupos, por su parte, aceptan que sus actividades son a menudo ilegales y contrarias a un buen comportamiento cívico, pero piden a cambio vivienda y condiciones de vida como una cuestión de derechos. Por ejemplo, muestran su disposición a abandonar la ocupación si se les garantizan alternativas adecuadas para el reasentamiento. Las agencias del estado reconocen que estos grupos de población demandan del gobierno programas de bienestar, pero esos reclamos no podrían considerarse como derechos justiciables, ya que el estado no tiene los medios para entregar esos beneficios a toda la población del país. Tratar esos reclamos como derechos solamente invitaría a ir más allá en la violación de la propiedad pública y de las leyes civiles.

¿Qué ocurre entonces si una negociación de este tipo de reclamos sucede en un terreno político en el que, por una parte, los organismos gubernamentales tienen una obligación pública de velar por los pobres y los desfavorecidos y, por la otra, grupos particulares de la población reciben atención de esas agencias de acuerdo con los cálculos de la conveniencia política? Los grupos de la sociedad política tienen que escoger su camino a través de este terreno incierto haciendo una gran variedad de conexiones fuera de sí mismos -con otros grupos en situaciones similares, con grupos más privilegiados e influyentes, con funcionarios del gobierno, talvez con líderes y partidos políticos-. Con frecuencia hacen uso instrumental del hecho de que pueden votar en las elecciones, de tal modo que el ámbito de la ciudadanía, hasta cierto punto, se superpone con el de la gubernamentalidad. Pero el uso instrumental del voto únicamente es posible en un campo de política estratégica. Esta es la materia de la política democrática que se lleva a cabo sobre el terreno en la India, y que involucra lo que parece ser un constante cambio de compromiso entre los valores normativos de la modernidad y la afirmación moral de las demandas populares.

La sociedad civil, entonces, limitada a una pequeña porción de ciudadanos culturalmente equipados, representa en países como la India la cumbre de la modernidad, al igual que el modelo constitucional del estado. Pero en la práctica, los organismos gubernamentales deben descender de la cumbre al terreno de la sociedad política, con el fin de renovar su legitimidad como proveedores de bienestar y allí confrontar todo lo que sea la configuración actual de las demandas políticamente movilizadas. En el proceso, ser responsable de escuchar las quejas de los protagonistas de la sociedad civil y del estado de derecho hace que la modernidad se enfrente a un rival inesperado que toma la forma de la democracia.

Permítanme ilustrar este punto. Mi primer caso es un grupo de ocupantes ilegales asentados a lo largo de una línea de tren suburbana en el sur de Calcuta, estudiado por Asok Sen entre 1991 y 1992. El asentamiento había surgido desde la década de 1940 y se componía de migrantes del sur de Bengala y de Pakistán oriental. No había vínculos preexistentes de parentesco, casta o localidad que los hubieran reunido. Los primeros pobladores construyeron casuchas que alquilaban, a pesar de que estaban en terrenos ferroviarios ocupados ilegalmente. Hasta la década de 1960, los ocupantes fueron liderados por un hombre que poseía más de doscientos de estos ranchos -conocido como el zamindar de la colonia del ferrocarril-. Él y algunos otros líderes locales desarrollaron conexiones con el Partido Comunista, que por entonces estaba organizando la lucha de los refugiados de Pakistán oriental, para que se les permitiera establecerse permanentemente en las colonias de refugiados regadas por los suburbios de Calcuta. Durante los años sesenta, y especialmente durante la Emergencia de 1975-197617, hubo intentos de las autoridades ferroviarias para desalojar a los invasores. Los intentos fueron frustrados por una combinación de resistencia física y la intervención de destacados líderes comunistas.

Desde inicios de la década de 1980, sin embargo, se desarrolló una nueva organización en la colonia del ferrocarril, que tomó la forma de una asociación de bienestar social. Comenzó con un centro médico y una biblioteca. Los miembros de la asociación se acercaron con regularidad a los funcionarios locales municipales, a los líderes políticos del partido, a los agentes de la estación local de policía y a prominentes residentes de clase media de los bloques de apartamentos vecinos, con el fin de recaudar fondos para la asociación e involucrarlos en sus actividades. El Sistema Integrado de Desarrollo Infantil (DAI) abrió una unidad de cuidado de niños en las oficinas de la asociación. Desde finales de 1980, la colonia obtuvo una conexión de electricidad legal a través de seis medidores comunales instalados por la asociación, y a partir de 1996 los residentes cuentan con conexiones individuales de electricidad. La autoridad municipal también los provee de agua y servicios sanitarios, todo esto, por supuesto, en terrenos públicos ocupados de forma ilegal y a menos de un metro de distancia de las líneas de ferrocarril.

Cuando los miembros principales de la asociación hablan sobre la colonia y sus luchas, no mencionan, sin embargo, los intereses comunes de los miembros de una asociación. Más bien, describen la comunidad en los términos más convincentes de un parentesco común. "Todos somos una sola familia", dijo un líder. "No hacemos distinción entre los refugiados de Bengala del este y los de las aldeas de Bengala Occidental. No tenemos otro lugar para construir nuestras casas. Hemos ocupado colectivamente estas tierras desde hace muchos años. Esta es la base de la reivindicación de nuestros propios hogares". No hay ningún principio biológico o incluso afinidad cultural que defina a esta familia. Más bien, es una ocupación colectiva de un pedazo de tierra -un territorio claramente definido en el tiempo y el espacio y que está bajo amenaza-. Es notable cómo los residentes definen claramente los límites de la llamada familia por los límites territoriales de la "colonia". Un dirigente explicó: "El otro lado del puente es otro vecindario. Esa zona debe dejarse a los hombres de ese barrio. No cruzamos los límites". Esos límites son a menudo cruciales en la determinación de los reclamos sobre quién puede convertirse en miembro de la asociación, quién debe contribuir a las festividades colectivas o quién puede exigir puestos de trabajo como servicio doméstico o guardia de seguridad en los bloques de apartamentos de clase media del vecindario.

Esta asociación de bienestar no es una asociación de la sociedad civil. Brota de una violación colectiva de las leyes de la propiedad y de las regulaciones cívicas. El estado no puede reconocer que tenga la misma legitimidad que otras asociaciones cívicas que persiguen objetivos más legítimos. Los ocupantes ilegales, por su parte, admiten que la ocupación de terrenos públicos es ilegal y contraria a la vida cívica correcta, pero reclaman vivienda y condiciones de vida como una cuestión de derecho y usan su asociación como el principal instrumento colectivo para realizar dichas reclamaciones. En una de sus peticiones a las autoridades ferroviarias, la asociación escribió: "Entre nosotros hay antiguos refugiados de Pakistán oriental y campesinos sin tierra del sur de Bengala. Después de haber perdido todo -medios de subsistencia, tierra e incluso nuestras casas- tuvimos que venir a Calcuta para ganarnos la vida y buscar refugio... Somos principalmente jornaleros y empleadas domésticas que vivimos por debajo del umbral de pobreza". Los refugiados, los sin tierra, jornaleros, colonos, por debajo del umbral de la pobreza, todas son categorías demográficas de la gubernamentalidad. Este es el terreno en el cual ellos definen tanto su identidad como sus reclamos.

Estos reclamos son irreductiblemente políticos. Solo es posible hacerlos en un terreno político, donde las reglas pueden ser torcidas o distorsionadas, y no en el terreno de la ley establecida o del procedimiento administrativo. El éxito de estas demandas depende enteramente de la capacidad de los grupos de población para movilizar el apoyo e influir en la implementación de la política gubernamental a su favor. Pero este éxito es necesariamente temporal y contextual. El equilibrio estratégico de las fuerzas políticas podría cambiar y las reglas ya no podrían ser torcidas como en el pasado. Como he dicho antes, la gubernamentalidad siempre opera en un campo heterogéneo, sobre múltiples grupos de población y con múltiples estrategias. Aquí no hay un ejercicio igual y uniforme de los derechos de la ciudadanía. Así, es muy posible que se dé un cambio lo suficientemente amplio en el equilibrio de la política estratégica como para que estos ocupantes ilegales sean desalojados al día siguiente. De hecho, en los últimos meses, un grupo de ciudadanos emprendió con éxito un litigio de interés público ante el Tribunal Superior de Calcuta para exigir el desalojo de la colonia del ferrocarril, ya que estaba contaminando las aguas del lago Rabindra Sarobar, al sur de Calcuta. Una parte sustancial de los ocupantes tuvieron, mientras tanto, que cambiar su lealtad del Frente de Izquierda al Congreso de Trinamul. A principios de marzo, se las arreglaron para vencer físicamente de nuevo a la policía enviada por el gobierno para ejecutar la orden de la corte. Ahora, esperanzados contra toda esperanza, esperan que su líder del partido sea nombrado nuevamente como ministro del ferrocarril en Delhi; así podrían conseguir la rehabilitación antes de ser desalojados por la fuerza. Tal es la lógica endeble de la política estratégica en la sociedad política.

No todo grupo de población es capaz de operar con éxito en la sociedad política. Un ejemplo de esto proviene de un estudio sobre la industria de encuadernación de libros en el área de la College Street de Calcuta, realizado por Asok Sen en 1990. Hay muchos y diferentes tipos de talleres y trabajadores de encuadernación, que conviven en su mayoría en los límites extremos de la viabilidad y frecuentemente en competencia entre ellos. La gran mayoría de los talleres son de tamaño mediano o pequeño, sus dueños también son trabajadores y en ellos no suele haber más de dos o tres empleados. El ingreso promedio de los trabajadores masculinos calificados en 1990 era alrededor de 500 rupias al mes, y el de las mujeres trabajadoras no calificadas, alrededor de 400 rupias. También hay niños empleados como "muchachos" (sin distinción de género, todos ellos son "niños" aquí), que son ayudantes en todo tipo de oficios, desde servir el té hasta cargar y descargar pilas de libros. Ellos pueden ganar alrededor de 150 rupias al mes si se les paga en efectivo, porque con frecuencia lo único que consiguen es comida, ropa y un lugar donde dormir. Estos ingresos son muy bajos para los estándares del empleo industrial en la India, pero esta es una industria no organizada que reposa en lo más profundo de lo que se conoce como el sector informal.

Hubo intentos concertados, en las décadas de los setenta y de los ochenta, de sindicalización de los trabajadores de la encuadernación, y hubo negociaciones con los propietarios para conseguir mejores salarios. Los activistas del Partido Comunista lideraron este proceso, sobre todo después de que su partido encabezó el gobierno en 1977. En 1990 hubo una huelga de los encuadernadores de Daftaripara que duró tres días. La forma de la huelga y sus resultados son instructivos. Los trabajadores exigían un aumento salarial de 100 rupias al mes. Pero el 90% de los encuadernadores eran talleres cuyos propietarios eran los propios trabajadores. Todo el mundo sabía que la mayoría de los propietarios nunca sería capaz de pagar un salario mayor. Durante la huelga, toda la industria de Daftaripara -los propietarios y trabajadores juntos- intentó presionar a las editoriales para que pagaran mejor por los trabajos de encuadernación. Las editoriales más grandes amenazaron con emplear otros talleres de la ciudad, o incluso de fuera del estado. Al final, cuando un puñado de grandes talleres de encuadernación en Daftaripara acordó incrementar los salarios en 75 rupias al mes, los huelguistas declararon una gran victoria y pusieron fin a la agitación. Después de la huelga, las actividades sindicales en Daftaripara decrecieron una vez más.

A diferencia de lo que vimos en la colonia del ferrocarril, en Daftaripara hay muy poco sentido de una identidad colectiva entre los encuadernadores. Aquí hay cuatro mil personas en el mismo negocio en un pequeño vecindario. La mayoría de los hombres duermen en sus talleres en la noche y vuelven a su casa en sus pueblos los fines de semana y días festivos. Los trabajadores de Daftaripara votan generalmente por los partidos de izquierda, pero ellos saben acerca de la política por sus conexiones rurales, no porque sus vidas como trabajadores los conduzcan a ella. En cambio, hablan de los lazos de lealtad entre el propietario y el trabajador, de actos de bondad mutua, del cuidado paternal. No hay compromiso aquí con los aparatos de la gubernamentalidad. Los encuadernadores de Daftaripara no han hecho su camino hacia la sociedad política. Su ejemplo demuestra una vez más las dificultades de la organización de clase en el llamado sector informal del trabajo, en el que el capitalismo y el modo de producción simple de mercancías se entrelazan en una maraña que los refuerza mutuamente. A pesar de los esfuerzos sinceros de muchos activistas, las estrategias leninistas de organización de la clase obrera han fracasado aquí. Mientras, los líderes políticos de la izquierda giran su atención hacia otros lugares, como la sociedad política de las zonas rurales de Bengala, donde han tenido mayor éxito.

Hay muchos ejemplos que podría mencionar sobre las negociaciones estratégicas en la sociedad política rural en Bengala Occidental. Permítanme enfocarme en tres casos de reasentamiento que estudié hace dos años (Chatterjee 2000b).

El primer caso se refiere a una mina de carbón en el pueblo de Raniganj, donde el aire circula pesado con el humo y por la noche se puede ver, a distancia, el fuego ardiendo en el campo. Grandes áreas habitadas, incluidas las zonas urbanas densamente pobladas, son propensas a los incendios y hundimientos de la superficie a causa de décadas de minería indiscriminada. A raíz de varios desastres menores y no tan menores, los esfuerzos se han dirigido a estabilizar la superficie y a prevenir los incendios. Sin embargo, los métodos son técnicamente difíciles, lentos y extremadamente costosos. La alternativa consiste en reubicar a la población en lugares más seguros. Tras un debate prolongado y cierta agitación local, el gobierno de la India decidió en 1996 que más de 34.000 viviendas en 151 localidades se encontraban en áreas críticamente inestables. El costo del reasentamiento de cerca de 300.000 personas sería de 20.000 millones de rupias. La decisión fue comenzar el reasentamiento de inmediato, sin esperar a que los mecanismos institucionales estuvieran funcionando.

Al parecer, el trabajo de reasentamiento estaba todavía en progreso, pero nadie en la zona me pudo mostrar signos visibles de ello y la mayoría no parecía saber nada al respecto. La gente tenía una vaga sensación de la posibilidad de un desastre a gran escala, pero ahí habían vivido con este peligro por décadas y no parecían estar muy preocupados. El reasentamiento no estaba ligado allí con un proyecto de desarrollo nuevo o con nuevas oportunidades económicas. Si el gobierno y los organismos del sector público entendían que el reasentamiento debía llevarse a cabo como un medio de prevenir una catástrofe repentina y masiva, no había urgencia en este sentido entre la población. Tampoco parecía haber ninguna evidencia de un movimiento "voluntario" para el reasentamiento. Aquí, la sociedad política no se había movilizado para beneficio de la gente.

Mi segundo caso se refiere al puerto y nueva ciudad industrial de Haldia, al otro lado del río de Calcuta. El reasentamiento de Haldia se llevó a cabo en dos fases, con dos proyectos muy diferentes. El contraste entre las dos experiencias es instructivo.

En primer lugar, la tierra fue adquirida para la construcción del puerto de Haldia desde 1963 hasta 1984. El proceso de adquisición y reasentamiento fue largo y lento, y estuvo marcado por numerosas dificultades, incluidas muchas disputas que terminaron en los tribunales. A comienzos de la década de los noventa, con el rápido aumento de los precios de la tierra después de la urbanización de Haldia, hubo una avalancha de solicitudes de parcelas de reasentamiento, algunas de personas (o de sus hijos e hijas) que habían sido desplazadas veinticinco años atrás. A partir de 2002, veinte años después de que sus tierras fueran expropiadas, más de 1.400 de las 2.600 familias originales que calificaban para ser reasentadas aún permanecían allí.

La siguiente fase de la adquisición de tierras llegó con la nueva industrialización de Haldia, entre 1988 y 1991, y dio lugar a una considerable agitación organizada que exigía el reasentamiento. En 1995 se decidió que los casos de rehabilitación podían ser negociados con base en las recomendaciones del Comité Consultivo de Rehabilitación. El comité estaría integrado por dos administradores, dos oficiales de adquisición de tierras y cuatro políticos representantes del gobierno central y de los partidos de oposición. Todo el procesamiento de las solicitudes de reasentamiento, las audiencias de los casos, las adjudicaciones y el manejo de las disputas serían realizados por este comité.

La impresión general entre los administradores, los líderes políticos y las personas afectadas era que iba a ser un procedimiento exitoso. La idea era que, en las circunstancias locales imperantes, la tarea de formular normas específicas, adecuar las parcelas e identificar los casos genuinos que merecían la rehabilitación debía hacerse sobre la base de un acuerdo fundamentado y realista entre los representantes políticos. Puesto que el acuerdo involucraría tanto al partido de gobierno como al de la oposición, se podría asumir que este representaría un consenso local efectivo. Una vez que se alcanzó un acuerdo a este nivel, la tarea de la administración era simplemente llevar a cabo las decisiones.

El supuesto importante aquí es, obviamente, que los partidos políticos cubren efectivamente toda la gama de intereses y opiniones. Dada la naturaleza altamente politizada, organizada y polarizada de la sociedad rural en la mayor parte de Bengala Occidental hoy en día, esto no resulta una suposición injustificada. Si había en la zona una tercera fuerza política organizada que también representaba un conjunto distinto de voces, tendría que haberse acomodado dentro de ese comité para ser efectiva.

El comité decidió, por ejemplo, que las familias con un mayor número de dependientes conseguirían parcelas más grandes, que nadie podía obtener dinero en efectivo en lugar de las parcelas de rehabilitación, que los que poseían casas en otro lugar no calificarían, que los que habían construido estructuras en sus hogares antes de que las tierras se adquieran tampoco reunirían los requisitos, etc. Todos estos asuntos se decidieron sobre la base de las investigaciones locales, y la sensación era que si los dos partidos políticos estaban representados, no había manera de que los criterios de calificación pudieran ser mal aplicados. Mirando a través de las decisiones tomadas por el comité, incluso encontré casos en los que se revirtieron sus decisiones anteriores a la luz de nuevos datos puestos en su conocimiento por los representantes políticos, y un caso en el que a una mujer se le dio una parcela de rehabilitación por razones humanitarias, a pesar de que no cumplía con las normas estipuladas.

Mi tercer caso de reasentamiento viene de Rajarhat, en el noreste de Calcuta, donde una nueva ciudad está surgiendo. En el curso de pocos años, se ha transformando de una zona rural agrícola en una prolongación de la ciudad de Calcuta. Como resultado, los precios del suelo en la zona se han disparado. Tan pronto como se difundió la noticia del proyecto Nueva Ciudad, los promotores inmobiliarios y los especuladores de tierras se abalanzaron sobre los pequeños propietarios y trataron de comprarles antes de que el proceso de adquisición de tierras comenzara. Aparte de la rápida alza de precios de la tierra, otro problema es que los valores de venta en las zonas urbanas y semiurbanas son habitualmente avaluados a menor precio en el registro catastral, con el fin de evitar los impuestos. La decisión oficial fue la de fomentar el reasentamiento voluntario ofreciendo precios de mercado. Pero si los precios de mercado iban a estar determinados por los registros legales de la venta de tierras en el área, nadie sería inducido a desprenderse de sus tierras de forma voluntaria.

Se tomó la decisión de adquirir la tierra a precios "negociados". El Comité para la Obtención de Tierras se creó para negociar un precio aceptable con las personas afectadas. Como era de esperar, el Comité incluyó representantes locales del gobierno, así como de los partidos políticos de oposición. El resultado, según se dice, fue una adquisición prácticamente sin problemas, con pocos casos decididos en los tribunales. A los propietarios se les pagaba la indemnización en los tres meses siguientes (ya que no existe un procedimiento oficial de fijación de precios), lo cual fue un logro en todos los sentidos. El costo de adquisición fue sin duda más elevado de lo que hubiera sido si se hubiera utilizado el procedimiento legal normal, pero entonces el proyecto se hubiera retrasado. Y como el objetivo del proyecto era desarrollar nuevo suelo urbano para la venta, el sobrecosto sería absorbido en los precios cobrados a quienes recibieran las tierras adecuadas.

Esta es la sociedad política en una relación activa con los procedimientos de la gubernamentalidad, la cual ha encontrado un lugar en la cultura política general. Aquí, la gente no desconoce sus posibles compensaciones18 ni ignora los medios para hacerse escuchar. Antes bien, ha reconocido formalmente a representantes políticos que puede utilizar para mediar a nombre suyo. Sin embargo, el procedimiento solamente funciona si todos tienen un interés en el éxito del proyecto particular; de lo contrario, algunos mediadores arruinarán el consenso. Además, esta fórmula solo funcionará si la autoridad gubernamental sigue las recomendaciones de los representantes políticos pero se mantiene por fuera del ámbito de la política electoral. Es decir, el organismo gubernamental y el cuerpo político deben mantenerse separados, pero en una relación en la que el último puede influir sobre el primero. La distinción entre lo gubernamental y lo político debe mantenerse clara.

Las decisiones registradas por las autoridades gubernamentales ocultaron las negociaciones que debieron haber tenido lugar en la sociedad política. No se nos informó sobre los criterios específicos que los representantes políticos finalmente acordaron para elaborar la lista de beneficiarios. Es muy posible que las negociaciones sobre el terreno no respetaran los principios de la racionalidad burocrática o incluso las disposiciones legales. En Rajarhat, sabemos, por otras fuentes, que el consenso local incluyó la comprensión de que una parte de la indemnización que debía pagarse a los propietarios de la tierra se distribuiría a los arrendatarios y trabajadores que perdieron sus medios de subsistencia. Este consenso estuvo completamente por fuera del ámbito de lo que la autoridad gubernamental debía reconocer, o incluso conocer, pero lo presupuso al aceptar las recomendaciones de los representantes políticos.

Hay que recordar también que el consenso local entre representantes políticos rivales muy seguramente iba a reflejar los intereses y valores dominantes localmente. Sería eficaz garantizar las demandas de aquellos que eran capaces de encontrar el apoyo político organizado, pero se podían pasar por alto e incluso suprimir las exigencias de los intereses locales marginales. Pero no olvidemos que también es probable que el consenso político local hubiera sido socialmente conservador y pudiera ser particularmente insensible a, por ejemplo, las cuestiones de género o a los problemas de las minorías. Como he mencionado antes, la sociedad política activaría en los pasillos y corredores del poder lo miserable, violento y feo de la vida popular. Pero si uno valora verdaderamente la libertad y la igualdad que promete la democracia, entonces no puede apresarlas dentro de la fortaleza aséptica de la sociedad civil.

En esta conferencia no he hablado del lado oscuro de la sociedad política, no porque no sea consciente de su existencia, sino porque no puedo pretender comprender plenamente cómo la delincuencia o la violencia están ligadas a las formas en que diferentes grupos de población socialmente desaventajados deben luchar para reclamar la atención del gobierno. Creo que he dicho lo suficiente acerca de la sociedad política como para sugerir que en el campo de la práctica democrática popular el crimen y la violencia no son categorías legales fijas, en blanco-ynegro, y que en cambio podrían dar lugar a un amplio margen de negociación política. Es un hecho, por ejemplo, que en los últimos quince años ha habido un claro estallido público y político de la violencia de castas en la India, justo en un periodo que ha visto la más rápida expansión de la afirmación democrática entre estas castas hasta ahora oprimidas. También tenemos numerosos ejemplos en los que movimientos violentos de grupos minoritarios regionales, tribales o de otro tipo, despojados de condiciones mínimas de vida, se han visto seguidos por una rápida y generosa inclusión en el ámbito de la gubernamentalidad. ¿Encontramos en este caso un uso estratégico de la ilegalidad y la violencia? Un estudio reciente sobre esta cuestión es el de Thomas Blom Hansen sobre los Shiv Sena en Bombay, al que los remito por el momento (Hansen 2001, 221-254).

Ahora debo concluir. Permítanme hacerlo recordándonos el momento fundacional de la teoría política de la democracia en la antigua Grecia. Siglos antes de que la sociedad civil o el liberalismo fueran inventados, Aristóteles llegó a la conclusión de que no todas las personas estaban en condiciones de formar parte de la clase gobernante, porque no todas tenían la sabiduría práctica o la virtud ética necesarias. Pero su sagaz mente empírica no descartó la posibilidad de que en algunas sociedades, para algunos tipos de personas, y bajo ciertas condiciones, la democracia podría ser una buena forma de gobierno. La teoría política de hoy no acepta los criterios de Aristóteles sobre la constitución ideal, aunque nuestras prácticas gubernamentales actuales todavía se basan en la premisa de que no todos pueden gobernar. Lo que he tratado de demostrar es que, en paralelo con la promesa abstracta de la soberanía popular, la gente en la mayor parte del mundo está ideando nuevas formas en las que pueden elegir cómo deben ser gobernados. Muchas de las formas de la sociedad política que he descrito, sospecho, no coinciden con la aprobación de Aristóteles, porque este consideraría que les permitirían a los líderes populares prevalecer sobre la ley. Podríamos, sin embargo, ser capaces de persuadirlo de que de esta manera las personas están aprendiendo y obligando a sus gobernantes a aprender la forma en que ellos preferirían ser gobernados. Que el sabio griego pudiera estar de acuerdo, es una buena justificación ética para la democracia.


Notas

1 La Delhi Lecture fue la conferencia inaugural que presentó Partha Chatterjee en la Universidad de Columbia.

2 Esta compilación de artículos del mismo autor fue dirigida por el crítico literario peruano Víctor Vich, y recoge los capítulos más significativos de The Politics of the Governed, junto con otros artículos destacados de su producción académica.

3 Que comenzó con el artículo de Chatterjee titulado "Whose Imagined Community?" (1991), traducido como el capítulo 3 del libro La nación en tiempo heterogéneo (Chatterjee 2008, 89-106).

4 Aunque la palabra estado comúnmente se escribe con mayúscula, hay toda una línea de estudios sobre el estado, de ciencia política, sociología y antropología principalmente, que ha propuesto abandonar esa práctica por considerar que hace parte de las estrategias por las cuales se reproduce la creencia en su existencia sustancial, en que es una entidad real, autónoma de las interacciones cotidianas entre sujetos. Lo mismo sucede con la palabra gobierno, que escribimos con inicial minúscula como signo de un cambio de mirada sobre esta noción; así indicamos que la tratamos de forma diferente.

5 Foucault analizó el surgimiento, entre los siglos XVI y XVIII, de la gubernamentalidad como una forma de gobierno que hace ya no de la soberanía territorial sino de las poblaciones el objeto privilegiado de administración, poblaciones que son construidas con el recurso a saberes especializados y son controladas por medio de dispositivos de seguridad. Los saberes llamados a construir las poblaciones son, entre otros, la estadística, la medicina, la etnografía (Foucault 1991, 1999). Otros autores, como Rose (1997), han analizado la forma que ha tomado la gubernamentalidad en las democracias liberales contemporáneas.

6 Se puede consultar el discurso oficial sobre esos objetivos del milenio en la página www.un-ngls.org

7 Desde el año 2003 la Corte había señalado la necesidad de que la población desplazada fuera atendida por medio de "acciones afirmativas y en enfoques diferenciales sensibles al género, a la generación, a la etnia, a la discapacidad y a la opción sexual" (Sentencia T- 602 de 2003). Pero solo hasta el año 2008, con el Auto 092 para mujeres y el 251 para niños víctimas del conflicto armado, y en el 2009, con los autos 004, 005 y 006 dirigidos a población indígena, afrocolombiana y discapacitada víctima del desplazamiento, el enfoque diferencial dejó de ser lineamiento metodológico de políticas públicas y se elevó a obligación constitucional del estado, con efectos legales sobre los responsables de su aplicación en caso de incumplimiento.

8 Unbound seriality, en el original. El concepto de serialidad fue introducido por Jean-Paul Sartre, en su libro Crítica de la razón dialéctica, para analizar el carácter colectivo de las acciones individuales en el mundo moderno, al discutir la noción de clase social. Así lo explica Troncoso: "Sartre llama serialidad a la condición de coexistencia y soledad de una multiplicidad de seres humanos que, por su indiferenciación, resultan perfectamente intercambiables entre sí; esto es, en la condición serial cada uno es idéntico a los demás, pero no en tanto conciencia, libertad, sino en calidad de 'cosa'. Un claro ejemplo proporcionado por Sartre -y ampliamente citado- es el de la fila que un conjunto de personas hace esperando el autobús, situación en que esas personas constituyen una pluralidad de soledades pero no un grupo propiamente tal" (Troncoso 2004, 310). Ese concepto ha sido retomado por otros filósofos, teóricos sociales y psicólogos sociales para discutir la dinámica de la formación de grupos humanos y los procesos de abstracción de estos en categorías pensables y administrables, como es el caso de Anderson. Para una discusión del concepto en otros usos actuales, ver Johanssen (2004) (nota de los traductores).

9 En el original, bound seriality (nota de los traductores).

10 Especialmente en Sobre la cuestión judía (Marx 1843/2004). Edición inglesa en Marx y Engels (1975, 146-174).

11 Al respecto, véase Marx (1954). Traducción al español en Marx (2000).

12 Dos compilaciones que dan cuenta de estos argumentos son Sandel (1984) y Avineri y De- Shalit (1992).

13 Adición de los traductores.

14 Véase, en particular, Foucault (1991, 1999).

15 Véase en particular: Rose (1999), Miller y Rose (1995) y Osborne (1998).

16 Para conocer algunos argumentos en esta dirección, véase Cohen y Arato (1992).

17 Se conoce como Emergencia India el periodo de veintiún meses comprendido entre el 25 de junio de 1975 y el 21 de marzo de 1977, cuando el presidente Fakhruddin Ali Ahmed, siguiendo el consejo de la primera ministra, Indira Gandhi, declaró el estado de emergencia que le otorgó poder efectivo para gobernar por decreto, suspender las elecciones y las libertades civiles. Es considerado uno de los periodos más controversiales en la historia india posterior a la independencia (nota de los traductores).

18 Entitlement, en el original (nota de los traductores).


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