Usos y sentidos contemporáneos de lo público

La aproximación a los sentidos contemporáneos de lo público en el dossier central de la Revista Colombiana de Antropología refleja el interés de algunos investigadores por identificar los rumbos de lo político en el giro neoliberal del estado¹. Al mismo tiempo, el dossier interroga la posibilidad de establecer una nítida distinción entre lo público y lo privado, y cuestiona el sentido de lo público como espacio asociado de manera privilegiada a los ámbitos del estado². En este sentido, las perspectivas ofrecidas por los artículos objetan las apuestas sobre lo público heredadas del periodo entre los años cincuenta y setenta, en las que el estado se concebía como "el tutor y garante de la organización corporativa de la sociedad" (Rabotnikof y Aibar 2012, 55), y nos confrontan con el desvanecimiento de la carga moral que alguna vez asociamos con la defensa de lo público.

Para repensar las concepciones de lo público, los autores en este volumen nos remiten a una serie de transformaciones asociadas a la ola de liberalización de la economía y los mercados globales, a la ampliación de las esferas de gobierno de las poblaciones por medio de la regulación de ámbitos considerados hasta ahora privados, o a la ampliación de la esfera pública y el aumento de control económico y político sobre esta. Sus contribuciones identifican transformaciones en los sentidos y los usos contemporáneos de lo público, especialmente a partir del análisis de experiencias contemporáneas en las que el estado y las políticas públicas, el bien común, los públicos y el espacio público se enfrentan al avance de la privatización, bien sea por medio de la participación de intermediarios —nacionales o internacionales—, quienes asumen funciones de gobierno que hasta hace poco eran de manejo exclusivo del estado, o de la modificación de reglamentaciones políticas a través del creciente poder de instituciones supranacionales.

En este contexto, como lo sugiere Hibou (2013), la soberanía de los estados se reconfigura ampliando la frontera entre lo legal y lo ilegal, lo público y lo privado, lo económico y lo político. En el proceso, la supuesta autoridad y capacidad de gobierno que detentan los estados, tanto de los países en desarrollo como de los países noratlánticos, se sustenta cada vez más en el papel que pueden asumir para dirimir conflictos en los márgenes de ambigüedad que ellos mismos han contribuido a construir —tal como lo establece Hibou en este número—.

Por otra parte, pensar en los cambiantes sentidos de lo público es un llamado de atención sobre la centralidad que la definición de una esfera pública, entendida como un conjunto de intereses y proyectos cuya visibilidad y discusión son consideradas importantes en la agenda mediática y la cotidianidad ciudadana, tiene en la definición de lo político. Por tal motivo, los debates sobre la formación de una esfera pública moderna, que han sido fundamentales para pensar en los límites de las democracias existentes (Fraser 1997), en la formación de las subjetividades políticas (Cody 2011) e incluso en la producción de contrapúblicos, que ponen en cuestión la necesidad de derechos diferenciales (Warner 2002), se han retomado ampliamente en los últimos años para analizar las transformaciones que vivimos, en un contexto dominado por una racionalidad neoliberal que ha puesto en jaque la posibilidad del proyecto democrático existente.

En su ensayo "Estado, gobierno y sociedad", Norberto Bobbio se refería a la relación entre lo público y lo privado como la gran dicotomía en la historia del pensamiento político, cuyo uso constante residía, en gran parte, en su utilidad para

dividir un universo en dos esferas, conjuntamente exhaustivas, en el
sentido de que todos los elementos de ese universo quedan incluidos
en ellas sin excluir a ninguno, y recíprocamente exclusivas, en el sentido
de que un ente comprometido en la primera no puede ser al mismo
tiempo comprendido en la segunda. ([1981] 1997, 11-12)

De aquí que los dos términos de la dicotomía pudieran definirse de manera interdependiente, si bien uno de ellos tiene prelación o relativa supremacía, al menos en el campo del derecho, para definir al otro. En este caso, lo privado encontraba su definición como lo no público y el derecho privado se sometía al derecho público en la medida en que este no podía ser modificado "por pactos entre terceros" (Bobbio [1981] 1997, 14).

Hoy, este sentido de exhaustividad que detentaba la dicotomía público/ privado, así como el predominio de lo público para definir lo privado, parecieran estar en entredicho. Los intereses y la participación de agentes privados que se posicionan y visibilizan de manera prominente en el ámbito que antes se delimitaba como público han generado una contienda entre juicios de valor que alimenta el debate político.

En consecuencia, el análisis de los cambios históricos que experimenta esta dicotomía y su aparente inestabilidad actual por la aparición de un tercer espacio de articulaciones público-privadas demanda nuevas aproximaciones. Nora Rabotnikof (2008) ha propuesto pensar lo público en el entrecruce de tres tensiones: lo visible y lo no visible, lo accesible y lo no accesible, y la utilidad común y la individual. Por supuesto, se trata de una forma esquemática, pero eficaz, de acercarse al complejo campo de relaciones entre lo público y lo privado, conceptos que solemos definir por oposición, como lo señala Bobbio (1997), pero que en realidad se interdeterminan e incluso se fusionan de muchas maneras. Lo interesante de la fórmula de Rabotnikof es que despliega con claridad una familia de categorías para analizar la cuestión de lo público con los matices necesarios. Por ejemplo, el estado suele encarnar lo público como lo común, pero no como lo abierto ni lo manifiesto; de hecho, en muchos casos el estado es caracterizado como inaccesible y opaco. Tal vez a esta identificación entre el estado y lo cerrado corresponda el paulatino acercamiento de lo público a lo social, una idea que ayuda a pensar la transición del estado liberal de derecho al estado social de derecho y la sociedad civil (Rabotnikof 2008).

A partir de aquí, la red de posibles acercamientos al problema de lo público se amplía. Pero no se trata solamente de los sentidos de lo público; se trata también, y especialmente, de sus usos. O dicho de otro modo: las definiciones y redefiniciones contemporáneas de lo público son importantes precisamente porque son usadas en contextos específicos y para intereses concretos.

Es por esto que los artículos aquí recogidos exploran los sentidos de lo público en escenarios diversos. En algunos de ellos se tratan directamente dinámicas de privatización de predios urbanos y rurales por vías contrastadas de la reconfiguración de los estados en el giro neoliberal; en otros, en cambio, la transformación del sentido de lo público se refiere a procesos que han hecho surgir nuevas voces y nuevas propuestas para su interpretación, como es el caso de los intérpretes de músicas populares y su relación con un público que se constituye como sujeto político, o el de las trabajadoras sexuales y sus intervenciones en debates públicos para oponerse a los intentos por constreñir su campo de desempeño laboral, sus cuerpos y su derecho a decidir por ambos. En suma, la pregunta por los sentidos de lo público abre tan diversas posibilidades analíticas que parece necesaria, antes que nada, una reflexión sobre la propia polisemia del término.

La polisemia o multivocidad del término

Como hemos anotado arriba, Rabotnikof, entre otros autores, ha señalado que la semántica de lo público presenta una multivocidad que adjetiva, a la vez que sustancia, significados alusivos a lo común, lo visible y lo abierto, lo que puede llevarnos a considerar que la conceptualización del término es débil (Rabotnikof y Aibar 2012). En este sentido, los artículos del dossier plantean que, si bien la polisemia de lo público genera problemas al momento de precisar el espacio social al que se refiere, también es imprescindible para significar algo que de otro modo no sería posible nombrar. Algo similar sucede con conceptos como identidad y frontera, cuyos amplios campos semánticos merecieron la atención de las disciplinas sociales en décadas pasadas y cuyos ecos aún resuenan³. Su ambigüedad, que no riñe con su utilidad, los ubica en esa suerte de conceptos que, al decir de Derrida (citado en Hall 2003), son imprescindibles para pensar aunque tengamos que utilizarlos bajo borrón, bajo tachadura.

Podemos, en todo caso, diferenciar campos semánticos con los que se asocia el concepto de lo público. Sergio de Zubiría (2005, 237) ha sugerido que, además de su identificación con el estado, lo público puede designar, o bien una comunidad política o civil, una disposición a la pluralidad, una condición de accesibilidad universal y un acuerdo de voluntades sobre los intereses comunes, o bien una representación de los colectivos sociales admitida por ellos mismos. Estas asociaciones son producto de variaciones históricas que han respondido a usos concretos de lo público.

En la misma dirección que De Zubiría, Francisco Ortega (en este número) postula una genealogía de lo público en Colombia basada en su investigación sobre el republicanismo de las últimas décadas del siglo XVIII. Ortega distingue cuatro categorías centrales en la producción histórica de lo público: república, plebe, publicidad y población. Estas cuatro categorías analíticas no solo designan momentos históricos, sino también discursos transversales que conviven contemporáneamente: la república, que expresa el ideal de una comunidad política justa y libre, orientada hacia el bien común; la población, que funciona como un dispositivo disciplinario orientado a censar, medir y controlar; la publicidad, que idealmente expresa la voluntad general y es instrumento de ilustración; y, finalmente, el pueblo o "la plebe", que es el agente político y el sujeto de soberanía por excelencia. Esta matriz pone de relieve el carácter coyuntural de la definición de lo público, toda vez que está determinada por las posibilidades políticas y conceptuales históricamente emergentes. En este sentido, Ortega plantea la necesidad de cuestionar algunas nociones popularizadas de lo público, como su supuesta relación inseparable con un estado protector, que salvaguarda los valores colectivos y rechaza los intereses privados, particularmente económicos.

Estas perspectivas evidencian que lo público es susceptible de ser usado políticamente como una categoría administrativa que, en último término, beneficia intereses privados y resulta funcional a formas regulatorias y estatales del orden político neoliberal. Es justamente esta la idea que desarrolla Béatrice Hibou en su contribución central a la sección "Cuestiones de método", en este número. La magnificación de la amenaza que la corrupción y el crimen organizado representan para la democracia mundial, y la ineficacia de los estados para controlarla, se han convertido hoy en excusa privilegiada para fortalecer la dominación política de los estados. Según Hibou, la renovación de la intervención estatal se presenta hoy de manera simultánea con la denuncia de la criminalidad asociada con el lavado de dinero, las migraciones ilegales, el contrabando, el tráfico de drogas y una serie de actividades que, representadas como amenaza externa, promueven la reificación de la ley y del estado en aras de la seguridad ciudadana. Las dinámicas políticas y económicas en las que se inscriben los casos más prominentes del delito económico en el mundo mediterráneo, analizadas por Hibou, evidencian cómo los actores asociados con el crimen organizado —como el contrabandista, el mafioso e incluso el terrorista— y los intermediarios designados por el estado para su control actúan en una compleja red de definiciones y negociaciones sobre lo ilícito, lo ilegal y lo tolerable, cuando sus actividades ya hacen parte de las economías y los ordenamientos de los estados neoliberales.

La línea de análisis sugerida por Hibou nos interesa porque llama a la reflexión sobre los cambios de sentido de lo público y su relación con lo privado como reflejo de un mundo político y cultural en transformación constante, que busca adecuarse a la más reciente ola de neoliberalización de la economía y los mercados mundiales. Sin embargo, las alternativas analíticas sobre lo público son, como hemos subrayado, mucho más amplias.

Para conjurar el relativismo que puede conllevar la polisemia de lo público, y la propia variedad de las tipologías que intentan describirla, nuestra propuesta consiste en distinguir tres planos semánticos: en primer lugar, los públicos, es decir, los sujetos y colectivos que agencian los usos y sentidos de lo público; en segundo lugar, los espacios y tiempos públicos, o la construcción de territorios, escenarios y temporalidades, institucionales o no, para el desarrollo de la vida colectiva; y en tercer lugar, las políticas y formas de administración de lo público, o la expresión y ejecución de medidas normativas y tecnologías de gobierno que procuran modelar conductas y garantizar recursos para la consecución del bienestar social y la gestión de lo social. En cualquiera de estos tres planos se hacen presentes las tensiones del proyecto democrático y liberal moderno en su actual reconfiguración. En todo caso, son las transformaciones de la producción de públicos, espacios públicos y formas de gobierno en el giro neoliberal las que nos interesan de manera particular.

Enunciar lo público para sustantivar o adjetivar prácticas, procesos o bienes requiere, por lo tanto, de una precisión que es, por lo menos, compleja y difícil de establecer. Pero es posible señalar algunas constantes en la producción más contemporánea de públicos, espacios públicos y formas de gobierno. A continuación, desarrollaremos dos de estas constantes: por un lado, la reconfiguración de lo estatal en las actuales formas institucionales de lo público; por otro, la articulación de los ideales democráticos modernos —incluyendo la esfera pública ilustrada— en el giro neoliberal. Finalmente, presentamos algunas notas sobre los antecedentes de este dossier, deudor de varios debates organizados en los últimos dos años por el Grupo de Estudios sobre Usos y Sentidos de lo Público.

Lo público y lo estatal

Hay un renovado interés por la cuestión de lo público en la actual agenda académica de las ciencias sociales. Este interés puede explicarse, en parte, por las transformaciones que han sobrevenido a los procesos de privatización de servicios, bienes y recursos, otrora controlados por el estado, que han protagonizado debates globales en las últimas décadas. La propiedad, y en particular el sentido de propiedad privada de los medios de producción, es uno de estos conceptos clave en la configuración ideológica del liberalismo que se está transformando. En la medida en que las leyes que definen y sostienen la propiedad en el sistema político neoliberal actual son piezas indispensables para la imposición del nuevo orden del mercado y de las finanzas, el impulso a la expansión de regímenes de delimitación de propietarios en todos los ámbitos de la economía está a la orden del día.

De ahí la pertinencia del artículo de Gabriela Torres (en este número), sobre los cambios legislativos que en México viabilizaron la privatización y la mercantilización de las tierras ejidales. El caso analizado interroga la manera como se construye el sentido de lo público en regiones del territorio nacional, bajo jurisdicciones en las que se supone que la propiedad inalienable de las tierras no alberga intereses ni procesos de privatización. Torres demuestra que las apropiaciones privadas o individuales y la defensa de lo comunal como público no son incompatibles. Como señala su artículo, la derogación del artículo 27, que aludía a la propiedad comunal de los ejidos en la Constitución política mexicana, sacó a la luz prácticas diversas de privatización de facto, ocultas tras los principios de la propiedad colectiva. No obstante, estas prácticas han venido acompañadas de un énfasis en el acceso abierto y en el interés colectivo sobre el individual, por parte de comunidades de ejidatarios, para limitar la especulación. El resultado sugiere una salida ingeniosa a la tensión que se presenta entre los principios que orientan los conceptos de propiedad y comunidad ejidal, así como para resolver las contradicciones entre libertad e igualdad en la base de aquellos.

Por otra parte, como lo plantea Hibou (2013), los cambios en los modos de intervención del estado en la economía, reflejados en los procesos que llamamos globalización, mundialización o internacionalización, han hecho surgir esferas públicas globales que han incrementado el poder de direccionamiento de instituciones transnacionales, de manera que han delegado la autoridad del estado en agentes e instituciones privadas. Desde la crisis del estado de bienestar en la Europa continental, expresada en la privatización de servicios de seguridad social como las pensiones (Naczyk 2012), hasta las luchas sociales contra la privatización de los recursos hídricos en Bolivia (Sanz 2006; Spronk 2007), pasando por la participación de agentes estatales corruptos en procesos de privatización en el norte de África (Hibou 2013), se evidencia el ascenso de agentes privados. Estos debilitan progresivamente la soberanía del estado sobre la economía nacional y generan, al decir de Hibou, la metamorfosis que viven hoy los estados y la modificación de sus estructuras productivas. Es decir, el estado tiene hoy nuevas modalidades de intervención y de influencia que es necesario examinar para identificar nuevos usos y significados de lo público.

Un caso interesante que conecta políticas públicas globales y nacionales, intereses económicos, gobierno de los cuerpos y derechos fundamentales es el que analiza José Miguel Nieto (en este número) sobre las transformaciones recientes de la administración estatal de la prostitución en Colombia. El supuesto avance liberal, en su publicidad y en su conceptualización como trabajo sexual, también representa un avance en la regulación de las cadenas económicas detrás de esta actividad. Por la vía de la categoría de trabajo, los cuerpos de las prostitutas entran en el andamiaje de múltiples regulaciones, resistidas por el surgimiento de esferas públicas internacionales que defienden su autonomía. En este caso vale la pena preguntarse cómo puede definirse lo público y cómo puede entenderse el papel del estado en la regulación de actividades semejantes.

Sabemos que estado y público no son reducibles, pero el límite que los diferencia tampoco es claro. Reflexionar sobre la frontera entre el estado, como espacio de formación y defensa de lo público, y la economía, como ámbito privado que se rige por principios de interés individual, es una tarea que debemos acometer para debatir las nuevas formas de ciudadanía que de allí se derivan. Fijar el límite entre lo público, lo estatal y lo privado nos remite a procesos políticos por medio de los cuales se produce la incierta, si bien poderosa, distinción entre estado y sociedad (Mitchell 1999). Según Mitchell, es necesario examinar la separación paralela que se construye entre estado y economía, y que aparece con renovada fuerza en la retórica liberal dominante. En el siglo XXI, la relación entre el estado y lo público que se manifiesta por la vía de las privatizaciones se presenta como el método más significativo de articulación del poder y la dominación del estado (Hibou 2013), de modo que si bien el límite entre estado y economía representa una distinción elusiva, la relación del estado con intereses privados, siempre ocultos detrás de lo que se construye como interés público, se ha hecho cada vez más evidente.

En el caso colombiano, las recientes tensiones por los proyectos de reforma de la educación superior han demostrado sobradamente que el punto más polémico de estas agendas es el de la privatización de servicios o infraestructuras. De hecho, es la dimensión del problema que se difunde más rápidamente —y usualmente de manera más confusa— entre la opinión pública. Varios balances sobre la privatización sectorial en Latinoamérica en las últimas décadas han enfatizado el aumento de la eficiencia y el perfeccionamiento del sistema de incentivos en los sectores intervenidos, pero la percepción negativa entre la opinión pública no cede (Chong y Lora 2007). Armando Montenegro (2015) ha sugerido que los subsidios estatales a la oferta de servicios públicos (como la construcción de infraestructuras) suelen ser más populares, pero son los subsidios a la demanda (el uso de infraestructuras del sector privado) los que han probado ser más eficientes en términos económicos.

La privatización de servicios de salud y educación toca fibras sensibles entre la opinión pública, precisamente porque el debate va más allá de la racionalidad económica. O, más precisamente, más allá de la perspectiva macroeconómica. La noción del interés público suele trascender el principio general de la eficiencia para preguntarse también por los múltiples efectos localizados que afectan a los grupos sociales, por ejemplo, en el mundo del trabajo. La tercerización y la subcontratación tienden a señalarse como efectos indeseados de las privatizaciones o de los modelos de economía mixta, más allá de la eficiencia general de los sectores intervenidos.

Lina Buchely (en este número) se refiere a un caso en el que este problema está presente. Buchely reflexiona sobre la tensión que se expresa en las políticas estatales relacionadas con la atención a la infancia y la familia, asociadas con prácticas semiestatales como la subcontratación. Por medio de contratos de intermediación o prestación de servicios, el estado integra a mujeres que se han organizado para apoyar a madres de familia y trabajadoras mediante labores de cuidado de niños. La ambigüedad de lo semiestatal permite que las mismas mujeres y sus prácticas de cuidado sean vistas como desligadas del ámbito de lo estatal y, en ese sentido, que sean localizadas en un espacio privado. Sin embargo, como muestra Buchely, las líneas de separación entre lo público estatal y lo privado se derrumban una vez que se ubica a las madres comunitarias en una función estatal sin reconocer salarialmente el estatus de su función pública. Terminan estas mujeres siendo funcionales para la construcción de una idea del estado como un ente separado de la sociedad, que permanece aparte y se auto-dirige.

La popular definición de Max Weber (1963) del estado, como una organización burocrática que reclama un monopolio sobre el uso legítimo de la violencia dentro de un territorio delimitado, se convierte en este caso en una caracterización residual que no explica cómo se delinean los contornos actuales de una estructura organizativa como la que surge con las madres comunitarias. En Colombia, en particular, se requiere examinar los métodos de organización, arreglo y representación del estado que operan dentro de prácticas sociales que este no gobierna y que, sin embargo, crean el efecto de una estructura estatal que se mantiene aparentemente conectada a esas prácticas. Esta aproximación nos permitiría identificar los relatos de construcción de lo público asociados directamente a esa imagen de la presencia del estado que les da coherencia, unidad y autonomía, pero que en la práctica no son consistentes.

Lo público y los ideales de democracia

La transición política de la democracia basada en la soberanía popular a la política democrática moldeada por las tecnologías de gobierno neoliberal, que en el curso del siglo XX experimentamos a nivel mundial, nos confronta con el hecho de una participación cada vez más limitada y desigual en las nociones predicadas por la ciudadanía universal. El principio básico de los derechos, enmarcado por los ideales de libertad e igualdad, ha cedido hoy a una forma de ciudadanía restringida, mediada por una política democrática regida por una gubernamentalización (Foucault 1991) en la que las mayorías —los ilegales, sin derechos garantizados, étnicamente múltiples e híbridos, por fuera del imaginario universalista de la sociedad civil— participan de lo político, no como sociedad civil, sino como sociedad política (Chatterjee 2011). Surge entonces la distinción entre ciudadanos y poblaciones, entre lo nacional homogéneo y lo social heterogéneo; es decir, entre los sujetos de las políticas de la gubernamentalidad que ponen de relieve el deslizamiento de lo público-estatal a lo público-social (Rabotnikof 2008), precisamente como en los casos examinados por Nieto y por Buchely (en este número). La agencia política de los no partícipes del imaginario universalista de la sociedad civil se torna clave, por lo tanto, para identificar el lugar que ellos ocupan en las redes que los conectan con los espacios de construcción de lo público. Bien sea que se trate de proyectos económicos, o de políticas públicas por medio de las cuales buscan la satisfacción de necesidades concretas en los marcos que les ofrece el estado, lo que enuncian quienes no participan del imaginario universalista en las circunstancias actuales de neoliberalismo de estado es cómo quieren ser gobernados (Chatterjee 2011).

Introducir la importancia del proyecto de construcción de ciudadanía en la definición de lo público es un asunto mayor, pues nos invita a reflexionar sobre cómo se configuran hoy las democracias y cómo toma lugar una cultura política que forma ciudadanos condescendientes con la diseminación de los valores del mercado y poco equipados para imponer límites a la autoridad. La reflexión sobre lo público resulta útil para pensar un problema común a toda la investigación social sobre la vida política y la sociedad civil: el hecho de que en esta era neoliberal nos movamos hacia una democracia a la que le hace falta democratización, virtudes liberales —como la presencia de una cultura cívica caracterizada por actitudes de confianza, tolerancia y respeto mutuo que faciliten la revitalización de la democracia— y una precisión sobre qué se quiere significar cuando hablamos de democracia y democratización.

Vale la pena considerar que la democracia tiene varias acepciones. Puede referirse a los modos de hacer efectivos los reclamos comunes por un mundo más igualitario y justo, o a un modo de gobernar poblaciones que limita reclamos por una igualdad y una justicia más amplias. De acuerdo con esto, las luchas democráticas se han convertido en una batalla sobre la distribución de temas problema y sobre los intentos por establecer como asuntos de preocupación pública cuestiones que algunos reclaman como privadas (el nivel de salarios pagados por los empleadores, por ejemplo), como pertenecientes a la naturaleza (la devastación de recursos naturales y la composición de los gases de la atmósfera, entre otros) o como regidas por leyes del mercado (la especulación financiera, por ejemplo), y que en última instancia nos orientan hacia el campo hoy dominado por la economía (Mitchell 1999, 2011).

En este espacio de redefinición de los proyectos democráticos se sitúa el artículo de Ana Silva (en este número), que presenta la historia de una organización barrial comunitaria enfrentada a una serie de transformaciones urbanas impulsadas por poderosos agentes económicos y políticos en Tandil, Argentina. Silva subraya la interesante articulación de la organización vecinal con políticas públicas de patrimonialización que resultan funcionales para la defensa de los intereses de esta. En el contexto de tales negociaciones y conflictos, hay una disputa por el sentido de la noción de espacio público, por las formas de propiedad colectiva y por el proyecto mismo de la participación democrática en la planeación urbana.

Estos ideales democráticos, a su vez, han estado ligados a la imagen liberal de una esfera pública de deliberación. Como han señalado varios autores (Lofland 1998; Warner 2002), esta esfera pública tiene la condición del anonimato de sus integrantes, o en todo caso de un conocimiento únicamente categórico del otro. Estas condiciones son claves para que sea posible una comunidad de extraños (Warner 2002) cohesionada por intereses mutuos. De allí se desprende normalmente el debate sobre la horizontalidad de las relaciones en la esfera pública y es también allí donde se han desarrollado las principales críticas a su concepción liberal.

Nancy Fraser (1997) afirma que esta noción de la esfera pública fue una construcción burguesa de la que se excluyó, por ejemplo, a las clases trabajadoras y a las mujeres, bajo el presupuesto de su incompetencia para la deliberación ilustrada. Fraser llega incluso a preguntarse si la idea de la esfera pública es "un instrumento de dominación o un ideal utópico" (1997, 107). La pregunta es pertinente, teniendo en cuenta el supuesto fundamental de la horizontalidad de las relaciones, según el cual los interlocutores pueden —y deben— poner entre paréntesis sus diferencias de posición y deliberar como si fueran socialmente iguales; para Fraser, este supuesto implica otro más complejo: "que la igualdad social no es una condición necesaria para la democracia política" (1997, 107). La esfera pública ilustrada se construye entonces como un espacio en el que se suspenden —pero por supuesto no se eliminan— las condiciones objetivas de desigualdad social. Esto significa una ventaja para los actores dominantes, que imponen sutilmente un discurso y una lógica de discusión, así como su propia definición del bien común y de lo público.

Sin embargo, a estas críticas de la concepción liberal de la esfera pública habría que contrastarlas todavía con los avances de una concepción neoliberal en la que los intercambios han sido acelerados por las nuevas tecnologías y los mercados, de manera que los espacios de deliberación se limitan aún más, al tiempo que opera una transformación de lo político como la que hemos descrito unas páginas atrás.

Y es respecto a esta intersección entre la esfera pública y el proyecto democrático que resulta especialmente iluminadora la contribución de Rihan Yeh (en este número), en la que, a través del análisis de los llamados narcocorridos mexicanos, se pregunta por la representación de sus oyentes como el pueblo. Para Yeh, la circulación de los narcocorridos y de otras muchas expresiones de la cultura popular hace parte también de la esfera pública, en el sentido en que allí se conforman identidades sociales, imaginarios colectivos, expectativas y representaciones comunes. Yeh nos muestra cómo se configura un espacio abierto de deliberación en las formas de producción y circulación de los narcocorridos, lejos de ser una simple industria cultural de difusión unidireccional. Además, este caso nos lleva de regreso a las preguntas sobre los límites difusos entre lo público y lo privado en las fronteras de la legalidad: los narcocorridos confrontan el orden estatal y hasta lo consideran ilegítimo, y apelan al pueblo como constituyente legítimo de la ley.

Así, tanto en la formación de los públicos en la circulación de discursos como los de los narcocorridos, como en la negociación y el conflicto sobre el desarrollo urbano en tensión con procesos de patrimonialización, se vislumbran problemas comunes sobre las definiciones practicadas de democracia y sobre la intersección de esferas públicas de diversas escalas en el proyecto democrático. Este es sin duda otro espacio de debate sobre los usos y sentidos contemporáneos de lo público que hemos querido enfatizar en este dossier. A propósito de estas decisiones, quisiéramos finalmente reseñar algunos antecedentes.

Antecedentes del dossie

Sobre los intereses que hoy convoca este dossier, iniciamos en 2012 una exploración entre redes de investigadores interesados en temas similares. Tras un primer encuentro en el que se consideraron diversos enfoques del problema de lo público, propusimos crear, desde el Grupo de Antropología Social del ICANH, un grupo de estudio sobre los usos y sentidos contemporáneos de lo público. Este grupo de estudio se ha ido consolidando en los últimos años y se ha sumado a su organización el Centro de Estudios Sociales (CES) de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente, cuenta con la colaboración constante de más de diez investigadores del ICANH, la Universidad Nacional y la Universidad Javeriana.

En dos encuentros ampliados del grupo de estudio, en 2013 y 2014, hemos avanzado en la agrupación de problemas y escenarios de investigación bajo cinco categorías que hemos encontrado de gran utilidad en el proceso de selección y edición de los artículos que aparecen en este número de la RCA. Se trata de las geografías de lo público, la esfera y la opinión pública, el estado entre lo público y lo privado, las privatizaciones sectoriales y, finalmente, el patrimonio y la propiedad.

La última de estas categorías merece un comentario especial, pues la pregunta por lo público germinó durante una investigación en la que corroboramos el avance de diversas políticas económicas y de mecanismos institucionales que promueven lógicas privadas y de mercado en el campo de las políticas culturales, en particular en aquellas referidas a los diversos patrimonios culturales⁴. En la última década, este campo, hasta hace poco considerado de relevancia menor en el marco de las políticas de estado, ganó visibilidad e importancia gracias al empuje que sus producciones encontraron en el mercado y en las articulaciones económicas, que hicieron converger una amplia gama de productores, gestores y empresarios alrededor de un espacio público mediado por las orientaciones de política nacional y transnacional, así como de tendencias de consumo nacionales y globales. La investigación evidenció la manera como productores artesanales, artistas y creadores, al igual que consumidores de ferias, festivales, carnavales y turismo cultural, resultaban estratégicos para impulsar economías regionales que interconectaban emprendimientos de diferentes escalas por medio del turismo y otras industrias culturales. En el caso particular de los productores, observamos cómo las condiciones autónomas de producción de quienes participaban en esta economía resultaban estratégicas en el modelo neoliberal que promueve la ideología del emprendimiento y la libre empresa. En el caso de los mercados, comprobamos el dinamismo que estos sectores productivos encuentran en la ampliación de consumos de índole cultural de diverso tipo, bien sea en el marco de la promoción de lo diverso o en el del entretenimiento y, principalmente, en la industria del turismo. En este sentido, la investigación constató las múltiples formas por medio de las cuales se ha ampliado el campo de la intermediación y de la apropiación privada en escenarios y productos culturales.

A la vez, en un contexto más amplio de articulaciones, esta investigación nos ofreció también un lente privilegiado para examinar cómo ciertas políticas y las instituciones públicas encargadas de la administración de bienes patrimoniales trasladaban sus responsabilidades a empresas privadas, a agencias de cooperación o a la ciudadanía y a los colectivos que les demandan servicios estatales o públicos en este campo. Es decir, el giro privatizador de las políticas culturales también estaba presente, y con mayor fuerza, en espacios públicos inscritos en categorías de patrimonio ambiental, arqueológico e histórico, tales como parques naturales, parques arqueológicos y centros históricos urbanos, y transformaba drásticamente la manera como se concebía el interés común en torno a ellos.

Fue con el fin de ahondar en el análisis de estas articulaciones de los intereses que se identificaban con lo público y lo privado que convocamos la organización de los conversatorios arriba citados, en los que participaron académicos nacionales e internacionales, interesados en el análisis de escenarios expuestos a procesos de privatización o de debilitamiento de lo público asociados a lo estatal. Contribuciones que reflexionaban sobre las múltiples acepciones de lo público, tales como públicos, esfera pública, espacio público y políticas públicas, pero también sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas de privatización que se proyectaban en espacios inscritos en el régimen de lo público común, como parques naturales y arqueológicos, centros históricos, tierras rurales, producciones culturales populares o servicios de salud y educación, tuvieron representación en las mesas de análisis.

La estructura final de los paneles distinguió tres campos de interés. El primero, patrimonio, propiedad y espacio público, se concentró en los temas sugeridos por las conclusiones de la investigación ya citada. El segundo, procesos de privatización en salud y educación, estaba pensado para conocer mejor los debates ya consolidados, y por lo tanto sofisticados, pero tal vez autorreferenciales, que se dan en estos campos reconocidos como baluartes del sector público; el tercero, responsabilidad social empresarial, constituyó una apuesta por examinar, desde las ciencias sociales, una importante zona gris de las relaciones económicas entre lo público y lo privado. Adicionalmente, se decidió abrir el debate con una reflexión sobre la constitución histórica del sentido de lo público.

La diversidad de los escenarios de lo público es elocuente sobre la importancia de pensar las tensiones entre lo público y lo privado, y también sobre sus posibles formas mixtas, especialmente cuando estas parecieran poner en riesgo conquistas históricas en relación con la administración de bienes públicos, el uso de espacios públicos y la participación en la esfera pública. Lo que estas tendencias identificadas en los conversatorios evidenciaron no fue simplemente la actualización de unas formas estandarizadas de privatización, sino la complejidad de la propia definición contemporánea de lo público y lo privado.

El interés en contrastar casos de análisis y en precisar esa flexibilidad de la definición de lo público para caracterizarla con mayor exactitud se convirtió en el supuesto que nos llevó a proponer un dossier sobre el tema a los editores de la RCA. Se hizo entonces la convocatoria para invitar a la reflexión en torno a tales definiciones, así como sobre los procesos que determinan la privatización y la producción de lo público. Más allá, la motivación última del dossier de este volumen es invitar a pensar en la necesidad de renovar las estrategias de producción de lo público, de identificar nuevas formas de producir lo público para impulsarlas y fortalecerlas. Es importante considerar, por ejemplo, las posibilidades de las nuevas formas de financiación mixta —como la llamada responsabilidad social empresarial— que, aunque han sido criticadas, y con razón, por su uso como argucia tributaria o como herramienta propagandística, no dejan de sugerir la existencia de interesantes conexiones entre intereses públicos y privados.

La preparación del dossier pasó por varios estadios y, en distintos momentos, se planeó la participación de panelistas o comentaristas que, por diversas razones, no hicieron parte del programa final. En un primer momento, por ejemplo, se planteó un panel de discusión sobre medios de comunicación que, después de varios intentos de configuración, se reveló muy amplio y tal vez alejado de las preguntas iniciales del proyecto, más asociadas a problemas de propiedad y derechos que a escenarios de difusión o expresión. En todo caso, el objetivo es enriquecer el debate intentando integrar todas las acepciones de lo público, de manera que es posible que, en otro momento, se incorpore el debate sobre los medios.

Queremos agradecer muy especialmente a todos los participantes en estos conversatorios, así como a quienes presentaron sus textos a consideración para este dossier. Estamos seguros de que el grupo de estudios sobre Usos y Sentidos Contemporáneos de lo Público seguirá debatiendo, haciendo propuestas y transformándose en los próximos años. Finalmente, queremos señalar la enorme deuda que tenemos con Carlos Andrés Meza, editor de la Revista Colombiana de Antropología, quien ha sido un apoyo invaluable en el proceso de elaboración de este dossier.

Margarita Chaves (ICANH)
Mauricio Montenegro (Universidad Central)
Editores invitados dossier Usos y sentidos
contemporáneos de lo público

Pie de página

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