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Revista Colombiana de Antropología

versión impresa ISSN 0486-6525

Rev. colomb. antropol. vol.53 no.1 Bogotá ene./jun. 2017

 

Artículos

Entre La Violencia, la colonización y la adjudicación de reservas. Relatos sikuanis sobre el abandono, el despojo y la recuperación del territorio

Between Violence, Colonization, and Allocation of Reserves. Sikuani Stories of Abandonment, Dispossession and Recovery of the Territory

Laura Calle Alzate1 

1 Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. lcallea@unal.edu.co


Resumen

La historia del pueblo sikuani ha estado asociada a la incursión colonizadora y a la usurpación de sus tierras ancestrales, lo que ha causado la ruptura de lazos culturales y de identidad. Desde una perspectiva histórica y etnográfica, este artículo aborda dos momentos relacionados con el abandono forzado y el despojo del territorio sikuani. A partir de los relatos sobre el pasado y la memoria de los habitantes del resguardo Wacoyo, examino el periodo de La Violencia de los años cincuenta y de la adjudicación de reservas en 1960 y 1970, como momentos clave para explicar la constitución de la territorialidad sikuani actual y los sentidos y significados que los sikuanis del presente le otorgan al despojo territorial del pasado. El artículo valoriza y hace visibles los relatos indígenas y el despojo asociado.

Palabras clave: despojo; colonización; reservas; sikuani; territorialización

Abstract

The history of the Sikuani people has been associated with the Colonization and usurpation of their ancestral lands, which has caused the breakdown of cultural ties and identity. From a historical and ethnographic perspective, this article discusses two moments associated with forced abandonment and dispossession of the Sikuani territory. Based on accounts of the past and memories of the resguardo Wacoyo inhabitants, I examine the period of La Violencia in the 1950s and the allocation of reservas in the 1960s and 1970s as key moments for explaining the constitution of current Sikuani territoriality, and the meanings and significance that present day Sikuani give to the territorial dispossession of the past. The article values and makes visible indigenous narratives and the associated dispossession.

Keywords: dispossession; colonization; reserves; sikuani; territorialization

Las experiencias de control, despojo y colonización de tierras han desempeñado un papel central en la historia de los pueblos indígenas de América1. Desde la invasión del continente por parte de los europeos, los pueblos indígenas fueron objeto de diferentes tipos de subordinación y de despojo territorial. A lo largo del periodo colonial se dieron variados procesos de apropiación de las tierras indígenas con el fin de administrar sus poblaciones y monopolizar la explotación de las materias primas que se encontraban allí. Esto generó, por una parte, una drástica disminución de la población originaria y, por otra, el desplazamiento de los pueblos sobrevivientes hacia otras tierras. Después de las independencias nacionales durante el siglo XIX, las élites criollas gestaron un escenario que posibilitó la apropiación de grandes porciones de tierra que hasta entonces estaban en poder de los nativos. En algunos casos, estas se hicieron mediante incursiones militares en tierras consideradas como “baldías” con el objeto de ampliar las fronteras agrícolas (Aylwin 2002; Bengoa 2000), pero en donde habitaban numerosos pueblos indígenas, con el consecuente etnocidio de estas poblaciones.

En el caso colombiano, y específicamente en la región de la Orinoquia, el colonialismo interno2 ha sido una constante histórica. La Orinoquia, sus territorios y los pueblos que la habitan se han transformado en el tiempo como consecuencia de las diversas olas de colonización (Gómez 1989, 1991). Desde la fundación de la república hasta la actualidad, el Estado central ha puesto en marcha políticas que se han redefinido o reinterpretado en los diferentes espacios regionales. Coincido con autores como Joseph y Nugent ([1994] 2002) y Rubin (1997), quienes consideran que la formación del Estado es un proceso en el cual las políticas instrumentadas desde el centro se redefinen de forma diferente en los diversos espacios regionales y locales a través del conflicto, la negociación, la coerción, el establecimiento de alianzas, la impugnación y la aceptación (Flores de la Cruz 2009). La Orinoquia, en particular, se construye a espaldas del Estado central colombiano, y desde la Colonia hasta el presente ha sido imaginada como un territorio lleno de oportunidades y tesoros escondidos (Calle 2015; Gómez 1989; Serje [2005] 2011). El Estado-nación colombiano, como otros en América Latina, al no lograr consolidar su control sobre el territorio nacional (Serje 2006; [2005] 2011), delegó el poder en algunas regiones a las élites terratenientes, en otras a las misiones religiosas o a ambas -ya que en algunos casos la Iglesia católica era la élite terrateniente-. Estos poderes cumplieron una función primordial como agentes del colonialismo interno, y por lo tanto fueron artífices importantes en los procesos de formación del Estado (Calle 2015).

El pueblo sikuani3 o jiwi4, histórico habitante de la Orinoquia colombo-venezolana, no ha sido ajeno a este tipo de procesos de colonización y usurpación territorial, como tampoco al exterminio físico y cultural. En términos generales, la historia de este pueblo ha estado asociada a la incursión colonizadora y a la apropiación de sus tierras ancestrales, lo cual ha causado la ruptura de lazos culturales y de identidad. En este artículo examino relatos de habitantes sikuanis del resguardo Wacoyo5 sobre el despojo de su territorio. A partir de una perspectiva histórica y etnográfica busco contribuir a la discusión sobre la configuración de la territorialidad sikuani del presente, y los sentidos y significados del despojo de tierras que vivieron en el pasado.

El despojo de tierras, un tema recurrente entre los sikuanis

Durante una de mis estancias en el resguardo a principios del 2016, asistí a una serie de asambleas y reuniones del gobierno sikuani en las que los líderes discutieron el tema del territorio para la formulación del Plan de Vida6 del resguardo. En varias de esas asambleas, algunos de ellos se refirieron al despojo de tierras al que el pueblo había sido sometido. Una de estas reuniones tuvo lugar el 29 de febrero del 2016, en la casa del exgobernador del resguardo, Javier Aldana, en la comunidad de Corocito. En una casa de madera con techo de zinc se reunieron los capitanes, algunos alguaciles y también líderes y lideresas sikuanis. Desde allí se divisaba la carretera que atraviesa el resguardo, la vía a Puerto Carreño, en la que en tiempo seco o de verano se levanta una polvareda que enturbia el ambiente. Ese día las autoridades indígenas estaban interesadas en discutir un problema que tenían con respecto a la delimitación real de los linderos del resguardo, a propósito de una contrariedad que había surgido con el dueño de un predio vecino. Uno de los capitanes presentes denunció que el pueblo sikuani había sido despojado de su territorio desde el principio de los tiempos. Refiriéndose a la “historia reciente”, la de “este tiempo”, afirmó vehementemente que el tema de los linderos no era una problemática del presente sino algo que “venía de atrás”, de La Violencia de los años cincuenta, “de cuando nos tocó defender las reservas”. Culpó al Gobierno y a los terratenientes de haber abusado de su pueblo y finalmente reconoció que los líderes sikuanis se habían equivocado al dejarse engañar por los “señores del Gobierno” (notas de campo).

Desde que llevo compartiendo con el pueblo sikuani del resguardo Wacoyo, el despojo de tierras y la lucha por el territorio han sido temas recurrentes en asambleas, conversaciones cotidianas, talleres y encuentros comunitarios. Las narraciones sikuanis sobre el pasado generalmente reproducen historias de desplazamientos forzados y masacres en los tiempos de los ancestros o “abuelos”, como se les llama coloquialmente. En ocasiones, el sujeto que narra la historia se centra en vivencias personales, casi anecdóticas, que se diluyen en el tiempo. Con frecuencia, los relatos emplazan varias temporalidades y su profundidad histórica varía entre el tiempo mítico, el de los antepasados muertos y el tiempo presente, el de los vivos. Las narrativas no suelen ser lineales y, en el momento de relatarlas, los sikuanis suelen saltar de una época a otra.

Sin embargo, en 1999, Pablo Emilio Gaitán, líder fundador de la Organización Indígena Unuma7 y primer gobernador del resguardo, y José Antonio Yepes Casolua8, médico tradicional, organizaron linealmente la historia de Wacoyo al redactar un manuscrito inédito al que titularon “Historia del territorio Wacoyo”. La periodización presentada por los abuelos se puede dividir en cinco hitos históricos. El primero se remonta al origen de los sikuanis como pueblo asociado al tiempo mítico y narra cómo los momowi9 o animales totémicos poblaron la Orinoquia desde las cuencas hidrográficas y sus afluentes. El segundo es el año 1930, cuando Antonio Turriego Yepes, un antiguo cacique sikuani, fundó la primera comunidad en lo que es el Wacoyo actual. Este último coincide con la llegada de los “primeros blancos” al territorio. El tercero corresponde a la violencia bipartidista10 y la colonización campesina que, desde los años cincuenta del siglo XX, expandió la ganadería extensiva en los Llanos Orientales. El cuarto periodo tiene lugar en la década de los setenta, asociada con la adjudicación de reservas indígenas. Finalmente, el quinto se concentra en los años ochenta, cuando se consolidan las organizaciones indígenas y se legalizan las reservas como resguardos.

Tanto en el manuscrito como en los relatos de otros líderes y comuneros del resguardo Wacoyo, los indígenas relacionan el tercer y cuarto hitos con el despojo de tierras, por lo que en este artículo me centraré en estos. Como lo señalé, el tercer momento se refiere a la época de La Violencia, que los sikuanis asocian con el desplazamiento forzado, el abandono de las tierras que conciben como su territorio y su posterior apropiación por colonos y terratenientes. Es decir, marca el tránsito entre el abandono y el despojo del territorio11. El cuarto es el periodo de adjudicación de reservas indígenas por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora)12, que los sikuanis vinculan con una época de guerra directa con los colonos y terratenientes, pero también con un momento de recuperación de una parte de las tierras usurpadas. Esto se asocia, además, con una territorialización, entendida como un mecanismo para la administración de poblaciones y recursos mediante el control del territorio y de la tierra desde instituciones como el Incora, con la que se impuso un modelo territorial estatal13.

Si bien las perspectivas teóricas sobre el despojo, ya sea la acumulación primitiva de Marx o la acumulación por desposesión de Harvey (Borras et al. 2012; Harvey 2007), han servido como pauta teórica para definir la naturaleza de algunos procesos históricos de concentración y monopolización de la tierra y sus recursos, considero que no son adecuados para comprender lo que los sikuanis describen como despojo. Como sugiere Hall (2013), los conceptos de acaparamiento, desposesión y concentración utilizados en la mayor parte de la literatura sobre desposesión y acumulación de tierras contienen ambigüedades acerca de quién participa, cómo y en qué circunstancias se producen tales fenómenos e ignoran las dinámicas propias en que se adquiere y controla la tierra en determinadas regiones y periodos históricos. Coincido con Hall en que el problema principal de esta conceptualización es que las investigaciones sobre el acaparamiento generalmente estudian procesos recientes, sin problematizar el eje temporal del fenómeno. De suerte que es fundamental historizarlo, pues tiende a suceder en ciclos dependientes de las dinámicas históricas regionales y globales de acumulación de capital (Edelman y León 2014). Así se conecta el análisis sobre la ocupación de tierras contemporáneas con sus antecedentes históricos y se examinan las formas de desposesión y acumulación desde una perspectiva de larga duración (Edelman, Oya y Borras 2013).

En este sentido, no existe una distinción clara entre el acaparamiento que se da únicamente por medio del control de la tierra y sus “recursos” o materias primas, y aquel que es impulsado por las “titulaciones de facto” (Hall 2013). En este caso retomaré la aproximación conceptual propuesta por Peluso y Lund (2011), quienes se centran en el concepto de control de tierras para abordar la problemática del acaparamiento y el despojo. Para los autores, el control de tierras, la alienación y el despojo tienen una dimensión histórica y contemplan varios tipos de territorios, como también varias clases de conflictos étnico-raciales. Argumentan, además, que los procesos desarrollados para consolidar formas de acceso y tenencia de las tierras incluyen prácticas como el encerramiento, la privatización, el aislamiento, la legalización y el ejercicio de la violencia, las cuales son útiles para estudiar el despojo de tierras relatado por los sikuanis del resguardo Wacoyo. El concepto de despojo de tierras, en este caso, no es solamente una herramienta analítica, sino también la manera en que algunos miembros del pueblo sikuani se refieren al proceso por medio del cual perdieron sus tierras de uso colectivo y las demás cosas atadas a ellas, como lugares sagrados, fuentes de agua, nichos de caza y recolección, espacios de cultivo, entre otros.

A continuación, analizaré esos dos momentos que los sikuanis de Wacoyo han relacionado con el despojo de sus tierras a partir de la identificación de los fenómenos de encerramiento, territorialización, legalización y el ejercicio de la violencia como formas de control de tierras (Peluso y Lund 2011), para indagar por la reconstrucción del territorio sikuani a partir de sus memorias de despojo. Como veremos, los sikuanis aluden al pasado para explicar su situación presente, recurren a la memoria para narrar su historia personal y la de su pueblo, lo que da lugar a una serie de narrativas que conectan un conjunto de episodios “del pasado” como la causa de su situación presente, además de identificar problemáticas que permanecen en el tiempo. Allí, en sus relatos, destacan victorias y desengaños e identifican al Estado, a los colonos y terratenientes, y a sus propios antepasados y antiguos líderes, como los causantes de su situación.

Violencia bipartidista, desplazamiento forzado, colonización y despojo territorial

La colonización de los Llanos Orientales a mediados del siglo XX no se dio de manera espontánea, pues muchos de los campesinos que arribaron a la región huían de la violencia bipartidista concentrada en los Andes colombianos. Este proceso estuvo acompañado de una serie de hechos violentos que causaron el desplazamiento de la población sikuani y el abandono forzado de su territorio. Los sikuanis lo entienden como un momento de huida y de refugio hacia zonas más selváticas con el único objetivo de preservar su vida. Consideran que el abandono fue forzado en tanto no fue por su propia voluntad, sino por el miedo a la “guerra”. La prolongación en el tiempo de esta situación de abandono forzado condujo al despojo de sus tierras. Estas fueron recuperadas parcialmente mediante la política de adjudicación de reservas, por lo que solo se revirtió parcialmente el despojo territorial. Además, durante gran parte del siglo XX, una serie de estímulos y políticas estatales dieron en concesión los territorios indígenas considerados “baldíos”, lo cual incentivó la inmigración hacia esta región (Calle 2015; Gómez 1991). Detrás de ello había intereses estratégicos del Estado y de inversionistas privados nacionales e internacionales en los territorios y el patrimonio ambiental de los Llanos, que se enmarcaban en las políticas de desarrollo regional orientadas a promover el crecimiento económico de zonas periféricas. Los sikuanis, como otros pueblos indígenas en América Latina, no han sido beneficiados por estos proyectos de desarrollo y más bien han resultado afectados. Además de perder sus tierras ancestrales, cambiaron sus prácticas de redistribución y reciprocidad económica y entraron en un creciente proceso de pérdida cultural que puede ser caracterizada como etnocidio (Barabas y Bartolomé 1992).

En la década de los cincuenta, los sikuanis podían distinguirse en dos grupos: los nómadas, que vivían de manera aislada y basaban su subsistencia en la caza, la recolección y la pesca (Wilbert 1957)14, y los grupos que habitaban pequeñas aldeas de ocho a doce casas a lo largo de los ríos y se dedicaban a la agricultura de subsistencia, con cultivos de yuca dulce y amarga, maíz y plátanos, así como a la caza y pesca extensiva (Morey y Metzger 1974; Reichel-Dolmatoff 1944; R. V. Morey 1970). Las gentes de Wacoyo pertenecerían a este segundo grupo de comunidades semisedentarias que permanecían en las aldeas en las partes altas de la sabana durante la época de lluvias, pero que migraban en el verano hacia las vegas de los ríos donde hacían campamentos temporales (Calle 2015). Este tipo de migración estacional ligada al calendario ecológico sikuani es lo que los indígenas de Wacoyo entienden como nomadismo. Realizar este tipo de migraciones para aprovechar los diferentes nichos ecológicos dentro del territorio y la visita a los lugares sagrados y sitios o lugares de enterramiento, sin obstáculos, es lo que los sikuanis relacionan con la libertad, ser libres o tener libertad de movimiento. Por lo tanto, los conceptos de nomadismo y de tener libertad están asociados.

Durante La Violencia, entre 1949 y 1958, y la emergencia y constitución de las guerrillas liberales en el llano, los indígenas quedaron en medio de la guerra entre liberales y conservadores. En las décadas de los cincuenta y sesenta se vivió una verdadera avalancha de colonos hacia los actuales departamentos del Meta y Vichada (Ortiz y Zambrano 1984). Primero estaba la población que huía de la violencia bipartidista y que migró hacia los Llanos Orientales en busca de refugio, adecuó tierras y se estableció en ellas (Gómez 1989). Luego, otro grupo de colonos migró, debido a las transformaciones del mundo rural por la articulación de amplias áreas de economía campesina con formas modernas de producción agroindustrial, que conllevaron la distribución de la población, un nuevo ordenamiento del territorio y el desplazamiento forzado de la población rural (Caviedes 2011; Montaña 1977; Villa 2011). Finalmente, llegaron colonos del centro del país patrocinados por proyectos de colonización gubernamentales, especialmente en el piedemonte oriental de Arauca, Meta y Caquetá, que se asentaron en tierras indígenas y cambiaron la configuración territorial orinocense (Aragón 1983; Calle 2015). Esta reconfiguración durante las décadas del cincuenta, sesenta y setenta se dio, como veremos, a partir del control de tierras en el que aparecen de manera simultánea los cercamientos, la legalización, el ejercicio de la violencia y, por último, la territorialización, entendida como un mecanismo para la administración de poblaciones y recursos mediante el control del territorio y de la tierra (Peluso y Lund 2011).

Los sikuanis de Wacoyo denominan a este periodo como el tiempo de la guerra o la revolución, y para varios de los mayores15 es el punto de partida de sus recuerdos, porque asocian su infancia o juventud con estos acontecimientos. Varios de los abuelos sikuanis con los que conversé ven el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán como el inicio de la historia reciente, la historia de los vivos. En el manuscrito al que me referí, se narra lo siguiente:

Si hablamos del año 1950, surgió la Violencia con la muerte de JorgemEliécer Gaitán, violencia que se extendió por todo el país y en el Llano lo operó Guadalupe Salcedo16. Con este hecho los indígenas abandonamos nuestras posesiones y lugares. Buscamos los sitios más remotos para nuestro refugio en la selva [...]. (Gaitán y Yepes 1999, 9)

En este relato, como en muchos otros, los sikuanis resaltan que tuvieron que huir de sus comunidades por la persecución tanto de las guerrillas liberales como del Ejército Nacional, que representaba al Gobierno conservador, y perdieron su territorio. Durante la represión, las zonas boscosas o “matas de monte” fueron bombardeadas, hechos en los que murieron asesinados varios indígenas de diferentes pueblos que usaban los bosques de galería como refugios. Según relatan Pablo Emilio y José Antonio, ante esta situación muchas familias indígenas migraron sin más remedio adonde no hubiera enfrentamientos sangrientos. Por ejemplo, a la gente de Corocito, una de las comunidades originarias del resguardo Wacoyo, que por estar cerca de un batallón militar fue de las más afectadas, no le quedó otro recurso que abandonar sus tierras. Solo una familia permaneció en el territorio, el resto emigró hacia Venezuela donde estuvieron hasta que cesó la violencia; otras se desplazaron hacia la entonces comisaría del Vichada, para regresar después de la llamada pacificación17, y las demás se dirigieron hacia el Vaupés, donde consiguieron trabajo en las plantaciones de caucho. De los sikuanis que abandonaron forzosamente sus tierras, pocos regresaron (Vargas 2005). Un día, conversando sobre el periodo de La Violencia y de las guerrillas liberales con don Gabriel, uno de los hombres más ancianos del resguardo, me relató que algunas familias se desplazaron hasta la cabecera del río Manacacías, y otros se fueron para el Vichada a refugiarse. En sus palabras, “[...] perdimos las gallinas, el conuquito18, el rancho, porque el ejército venía quemando casas y nos tocó salir corriendo [...]” (registro diario de campo). De esta manera los sikuanis no solo describen las causas del abandono de sus tierras, sino que además reconstruyen las rutas que tomaron para su huida y el poblamiento de nuevos lugares. Mientras don Gabriel describía el desplazamiento de las familias, señalaba con su dedo índice las diferentes direcciones y caminos que tomó la gente para huir de la violencia de la guerra. Muchos de ellos interpretan este momento como un punto de corte en su trayectoria vital. Expresiones como “ahí fue cuando nos separamos los hermanos” o “después de eso no volví a ver en mucho tiempo a mis parientes” dan cuenta de la ruptura que generó en las comunidades y familias el desplazamiento.

El conflicto y la violencia siempre han sido parte integral del control de las tierras y particularmente de los procesos de acumulación y despojo (Bloomely 2003; Peluso y Lund 2011). Según el relato de mis interlocutores, el abandono forzado implicó dejar atrás lo que habían construido; destacan la casa, los animales domésticos, los árboles frutales y los huertos, lo que marca un primer momento asociado con el abandono forzado del territorio. Pero en el relato sikuani hay un segundo momento: cuando deciden regresar a sus antiguos asentamientos después de la llamada pacificación, y se percatan de que alguien se había apropiado de sus tierras. En el relato de Pablo Emilio y José Antonio se explica este hecho:

Luego que pasó la violencia, volvimos a buscar nuestros sitios y propiedades. Resultó que habían cambiado de dueño, había nuevos poseedores y habían acaparado todas las tierras que teníamos [...] En el año 1946, llegó el colono llamado Héctor Riobueno, un venezolano, encargado del ganadero Federico Beteriche; en ese tiempo; en el Casanare. Precisamente, hizo su fundo, en el lugar frente a Walabó: donde Euapi y Marcelino; tenían plátano en el wafal19. Este señor iba a buscar plátano allí para su sustento, por lo que él la llamó finca Santafé [...] Este ambicioso de tierra; y estos lugares, le pareció desolado, trazó gran territorio para su finca, lo que abarcó el río Muco; bocas del Raicero; hasta las cabeceras, le representó un mundo de propiedad [...] Se apoderó de nuestro hábitat, lugares de caza y pesca, de nuestros lugares totémicos y étnicos [...] Como ya no éramos nómadas, comenzamos a ser presionados por la candela en las sabanas y alumbrados. Ya no éramos libres; nos dimos cuenta que teníamos presión por personas; que solo querían nuestra muerte y exterminios [...]. (Gaitán y Yepes 1999, 8-12)

Aunque el fin de la movilidad sikuani está relacionado con las diferentes olas de colonización que involucraron a otros actores diferentes a los colonos y hacendados, tales como las misiones católicas y evangélicas, en el manuscrito citado se evidencia el vínculo entre los conceptos de nomadismo y de libertad que, como señalé, se asocian con la libre circulación por el territorio debido a la migración estacional que determina el calendario ecológico sikuani. Como narran los sikuanis, Héctor Riobueno, un hacendado de origen venezolano, fundó una hacienda mientras las familias que habitaban allí buscaban refugio por la oleada de violencia. Riobueno obtuvo el control de las tierras a partir de un cercamiento que fue posible por el ejercicio de la violencia. Es importante señalar que en este caso los grupos que ejercen la violencia que propicia el abandono de las tierras no son aquellos que luego cercan y despojan. Pero esto no significa que el cercamiento en sí mismo no sea una acción que implique violencia. Para los sikuanis, cercar la sabana es un acto de despojo y acaparamiento, además de ser una agresión justamente porque impide la libre circulación de las familias por el territorio. El hecho de no poder acceder a los nichos ecológicos, los sitios de cultivo, las plantas y animales de uso cotidiano y medicinal y los lugares sagrados es percibido por los indígenas como una agresión, pues se asume como la restricción de la libertad.

En el discurso de los mayores encontramos que para los sikuanis hay un cambio de propiedad de la tierra. Los habitantes de Wacoyo dan cuenta del cercamiento y también de la privatización al referirse a los “nuevos dueños” y justifican que ellos eran los legítimos “dueños” por la presencia de unas plataneras. A partir de mi propio trabajo de campo etnográfico, entre el 2004 y el 2013, observé que en el vasto territorio por donde se han estado moviendo los sikuanis, se puede identificar en dónde ha habido asentamientos por la presencia de mangales, ceibas o plataneras que los propios indígenas han sembrado. A los asentamientos antiguos, los sikuanis suelen denominarlos sitios; esta es una forma en que el pueblo identifica y reconstruye su propio territorio desde la memoria. Para el sikuani la presencia de árboles de mango, plataneras y ceibas significa que ese lugar estuvo habitado en algún retazo de la historia por una familia sikuani, es un sitio y hace parte del territorio. Aunque la tierra para los sikuanis es de uso comunal, la siembra de árboles frutales es una manera de demarcar los asentamientos de las familias que componen las aldeas o comunidades20. La identificación de los sitios es la manera en que los sikuanis delimitan lo que consideran su territorio y lo que les permite dar cuenta del despojo al que han sido sometidos. Los sitios son la prueba material de que ellos son los pobladores originales y, por lo tanto, los legítimos habitantes de esas tierras.

Metzger y Morey (1983), cuyos datos etnográficos corresponden a la década de los sesenta, aseveraban que entre los sikuanis no existía la noción de propiedad privada ni de tenencia comunal o posesión colectiva. Sin embargo, según el líder sikuani Marcelino Sosa21, los sikuanis consideraban la tierra como un patrimonio colectivo y no como un bien comerciable susceptible de ser propiedad privada. Según mi análisis, esta forma diferencial de concebir la tierra estaba vinculada con su forma de vida seminómada, así como con el sistema agrícola de rotación de tierras. Para Marcelino Sosa (1987), los sikuanis tenían un concepto de propiedad comunal o común. En sus palabras:

En el pensar guahibo22, la tierra es de todos los que la habitan, como también los ríos, caños, lagos, sabanas, selvas, y la fauna y flora. Todo pertenece a quienes están habitando el territorio; lo tiene en común. Por eso el guahibo no piensa en dividir la tierra, marcando linderos para cada uno. El dividir la tierra sería para el guahibo como el dividir y hacer propiedad privada de los rayos del sol que ilumina a todo el mundo. [...] En principio, los indígenas no se daban cuenta que los blancos tenían otro concepto de propiedad de terrenos, porque los primeros en llegar eran colonos llaneros que tenían casi las mismas costumbres del indígena. Ellos no dividían la tierra aun cuando tenían ganado [...] Pero cuando estos señores tenían sus casas, sus fincas y todo ya más o menos arreglado empezaron a llegar colonos del interior del país y comprar fincas. Para poder venderlas, los colonos ponían linderos. Entre más llegaban, más cercas se veían por todas partes y las comunidades indígenas, al verse muy apretadas por la colonización, empezaron a correr hacia el oriente [...]. (9-10 )

El testimonio de Marcelino nos ayuda a establecer una jerarquización sikuani de los colonos que llegaron a la región. Primero, hubo un grupo de colonos llaneros a quienes el autor equipara a los indígenas, pues se dedicaban a la agricultura de subsistencia. Estos colonos hacían mejoras a la tierra pero luego las parcelas eran compradas por otros colonos del interior del país, que además tenían poder económico, por lo que empezaron a acaparar grandes extensiones de territorio. Alejandro Reyes ([2009] 2016) coincide con Sosa y hace hincapié en la conflictividad de dicha colonización:

La colonización fue conflictiva porque los grupos iniciales de campesinos que desmontan la selva o los bosques de galería llaneros son desplazados por los grandes compradores de mejoras, que concentran la propiedad para la ganadería extensiva [...] La economía campesina no tiene mayores posibilidades de éxito por tratarse de áreas marginales de producción [...] al arruinarse, al colono no le quedan más opciones que vender sus mejoras sobre la tierra e intentar colonizar más lejos [...]. (82)

Marcelino explica, además, que entre los sikuanis la tierra tenía un uso comunal y hace referencia a la “ley del llano” o la “ley de opción”23, en la que se contemplaba el derecho colectivo a pastar las sabanas comunales por parte de los colonos. Esta normativa consuetudinaria es un ejemplo de los derechos de facto que los llaneros ejercían sobre la tierra. Sosa (1987) hace énfasis en el efecto que tuvo el levantamiento de cercas y la delimitación de linderos que terminó por acorralar a los sikuanis en pequeños territorios. Señala, además, que

[...] cuando un blanco llega a tierras en donde no ve cercas de alambre ni muros de cemento, piensa que esa tierra es de nadie aun cuando haya gentes que la habitan. También acusa al indígena de no merecer la tierra por no “explotarla” [...]. (11)

Lo anterior se relaciona con lo relatado por Pablo Emilio y José Antonio cuando dan cuenta de la visión que tenían los colonos de la Orinoquia como “tierra de nadie” o “lugar desolado”, propio para la colonización y el acaparamiento, al describir las tierras que funda Héctor Riobueno como un “gran territorio”, al que los sikuanis describen y delimitan perfectamente a partir de fronteras naturales como caños y cabeceras de los ríos. Asimismo, Marcelino afirma que el terreno ocupado por un grupo indígena era respetado por los demás grupos, pero también era susceptible de ser ocupado por otro una vez el primero hubiera emigrado. En su descripción, la cerca aparece como el referente simbólico y material que cristaliza el concepto de propiedad del “blanco”; la cerca representa el fin de la libre circulación por el territorio y, por lo tanto, el despojo.

Por otra parte, en el relato de Pablo y José Antonio no solo se hace referencia a la pérdida de los cultivos o de los animales domésticos, sino de un hábitat y de lugares sagrados que consideran vitales para su reproducción cultural. Esto último sugiere que los cercamientos y la privatización son maneras importantes de establecer control sobre la tierra y sus “recursos”, y que la construcción de cercas está destinada a asegurar el acceso a los actores que tienen el control sobre la tierra (Rose 1994 en Peluso y Lund 2011). Los sikuanis fueron privados de la relación vital que la comunidad mantenía con aquel espacio vivido, apropiado y representado, pues todo lo que queda dentro del cercamiento -especies, objetos, recursos, materias primas- es monopolizado por quien ejerce el control sobre la tierra (Peluso y Lund 2011). Esta monopolización se materializó en las restricciones a los sikuanis de transitar libremente por un territorio que antes les pertenecía. Según lo relatado por los indígenas, Riobueno les prohibió el paso por los predios de la finca y amenazó de muerte a cualquiera que cazara o “cortara un palo” dentro de su propiedad. La gente no podía acceder a las zonas de monte donde tenían los conucos, que además eran las áreas de caza, recolección de frutos y donde estaban las fuentes de agua. Así, acorraló a las gentes hacia la orilla del río Meta en donde tuvieron que asentarse temporalmente. De esta manera, el cercamiento de estas tierras se traduce en la exclusión de algunos sujetos y la inclusión de otros respecto a los derechos de uso y control de la tierra. Los indígenas son excluidos y la violencia se convierte en un recurso para imponer un nuevo dominio territorial. Por esto las gentes de Wacoyo identifican este periodo con el fin de su libertad y con los deseos de exterminio de su pueblo por parte de los no indígenas. Consecuentemente, es una etapa asociada a una crisis existencial individual y colectiva que condujo a agudos procesos de anomia social y descaracterización cultural24 (Barabas y Bartolomé 1992). Por esto los sikuanis la relacionan con un momento de “pérdida cultural” y consideran que durante este tiempo aprendieron parte de la “cultura del blanco”, con el fin de “adaptarse” a las nuevas circunstancias.

En este caso en particular, el cercamiento fue ejecutado por un agente privado, pero luego fue legalizado por el Estado. De allí que los sikuanis perciban una clara alianza entre los colonos y los “señores del Gobierno” para el despojo de su territorio. Efectivamente, el fin de La Violencia estuvo marcado por una serie de políticas estatales encaminadas a la ampliación de la “frontera agrícola” en tierras baldías, lo que redefinió las márgenes del Estado y evadió una reforma agraria en el centro del país. Esto nos permite vislumbrar la correlación entre los cercamientos y los procesos de legalización como mecanismos para el control de tierras. La institucionalización de la propiedad privada y el cercamiento de baldíos de propiedad del Estado convierten a las poblaciones indígenas, los habitantes originarios de esas tierras, en intrusos. Asimismo, la legalización e institucionalización de esta nueva propiedad despoja a las poblaciones que hacían uso común de esas tierras sin poseer un título legal y las convierte en ocupantes ilegales (Peluso y Lund 2011). En este sentido, el despojo es impositivo y puede combinar la violencia con apelación a figuras jurídicas.

En los Llanos Orientales, los pueblos sikuanis, piapocos, sálivas, cuivas y betoyes se vieron obligados a dejar su territorio, que fue tomado por colonos, situación que más tarde fue legitimada en el Decreto 1414 de 1957. Este último encargó a la comisión de División de Resguardos Indígenas de reubicar a los indígenas sin tierra en “áreas incultas”, para que no afectaran las zonas tomadas por colonos que justificaran su propiedad (Triana 1979). Estas “relocalizaciones compulsivas”, enmarcadas en proyectos estatales de “colonización dirigida”, son coercitivas en la medida en que limitan la capacidad de decisión de los actores sociales involucrados (Barabas y Bartolomé 1992). En este caso, los pueblos indígenas son obligados a abandonar sus asentamientos y a no retornar a ellos. Así, los indígenas fueron despojados de sus territorios ancestrales por disposiciones estatales que favorecieron a la población mestiza que se había apropiado de esas tierras.

Como expondré a continuación, el Incora fue una pieza clave de los procesos de titulación en los diferentes frentes de colonización impulsados en el país. En los Llanos, la presencia constante de funcionarios de esta entidad se convirtió en un fenómeno novedoso dentro de los mecanismos políticos utilizados para definir la estructura de la propiedad rural en zonas de ampliación de la frontera agrícola. En este sentido, el papel del Estado no se redujo únicamente a la creación de políticas y al uso instrumental de estas. Por el contrario, tuvo un papel fundamental en los procesos de territorialización de la región.

La adjudicación de reservas como territorialización y disputa por el control de la tierra

En el caso de los Llanos Orientales, las políticas de reforma agraria promulgadas por el Estado en los años sesenta y setenta tuvieron una aplicación ilusoria. El propósito fundamental de la Ley 135 de 1961 sobre reforma social agraria fue reestructurar la propiedad en zonas de gran densidad de población campesina e indígena en donde predominaban las relaciones desiguales entre el latifundio y el minifundio (Reyes 1974). La ley no contempló la redistribución directa de la tierra en áreas incorporadas a la frontera agrícola, sino que proporcionó tierra a aquellos campesinos minifundistas, aparceros y arrendatarios mediante la compra de predios de propiedad particular, racionalizando la colonización espontánea y legalizando los baldíos explotados por colonos mediante programas de “colonización dirigida” (CNMH 2016).

Las condiciones del interior del país no eran las mismas de la Orinoquia, donde existía la “ley del llano” o la “ley de opción” que las guerrillas liberales decidieron proteger durante los años cincuenta25. La ley de reforma agraria contrastaba con la concepción de la posesión defendida por los grandes terratenientes llaneros que hacían parte de la sociedad llanera tradicional, pues estableció un límite territorial de 3.000 ha para la colonización, que nunca tuvo vigencia en la Orinoquia26. El artículo 29 dispuso que no podrían adjudicarse baldíos si el peticionario no probaba haber explotado económicamente las dos terceras partes del predio que solicitaba. Si así era, se autorizaba al Incora a delimitar las áreas de baldíos objeto de adjudicación (Ortiz 2005; Reyes 1974). Igualmente, el Incora expidió la Resolución 042 de 1962 en la que delimitaba las 3.000 ha, siempre y cuando no se tratara de tierras comunicadas por medio de carreteras, ferrocarriles o ríos navegables; en tal caso, la superficie no debería pasar de 200 ha. Ortiz (2005) asevera que, teniendo en cuenta que el poseedor era quien debía solicitarle al Incora la adjudicación, los costos de mediación superaban el valor real de la tierra, lo cual hizo ineficaz la norma (Ortiz 2005; Reyes 1974).

En algunas zonas cuya valorización era inminente, como en las cercanías de la carretera entre Puerto Gaitán y Santa Rita, en el bajo río Vichada, ganaderos de Bogotá y Villavicencio acapararon inmensas extensiones sabaneras como “lotes de engorde”, con el objetivo de parcelar y revender posteriormente, y asegurar el terreno para llenarlo poco a poco de ganado. Había fincas hasta de 80.000 ha con unas pocas cabezas de ganado y con una familia contratada para cuidar e impedir la entrada al predio (Baquero 1981). Asimismo, en 1964 se impulsaron programas de apoyo estatal a la colonización, que consistían en la construcción de carreteras y caminos, así como en el otorgamiento de créditos de fomento a la producción agropecuaria27. El Incora había diseñado y comenzado a ejecutar nueve ambiciosos proyectos de apoyo a la “colonización espontánea” que abarcaban una inmensa área del territorio nacional (CNMH 2016). Uno de estos fue el “Proyecto Meta 1: apoyo a la colonización y crédito supervisado”28, que permitió la apropiación del territorio tanto por campesinos desalojados de latifundios del centro del país como por terratenientes que ya tenían fincas en la zona.

Esta colonización en poco tiempo reprodujo las condiciones desiguales de tenencia de la tierra del interior andino (Baquero 1981) y muchos colonos terminaron en situaciones de pobreza y miseria. A pesar de que la Ley 135 prohibió la adjudicación de baldíos “ocupados por indígenas”, los grandes terratenientes quisieron expandir sus propiedades y fueron empujándolos, mediante el ejercicio de la violencia, hacia regiones más alejadas. Los sikuanis terminaron por ceder y acostumbrarse a la presencia de los colonos en sus territorios, quienes por la fuerza y casi extinguiéndolos lograron reducirlos a una pequeña porción de tierra (Martínez 1979).

En este contexto, el Incora impulsó el proyecto para la constitución de reservas indígenas en la Orinoquia, el cuarto hito identificado por los sikuanis de Wacoyo como clave para la comprensión de la historia del despojo de su territorio. El periodo de adjudicación de reservas marca la historia del pueblo de Wacoyo, porque a partir de aquí se intensificaron los conflictos con los hacendados y colonos que les habían usurpado sus tierras, pero sobre todo porque se delimitó legalmente lo que hoy les corresponde como resguardo, y cambió así la noción de la propiedad de la tierra.

La política de adjudicación de reservas fue un proyecto impulsado desde el Estado, que se desarrolló entre 1967 y 1980 en el marco de la Ley 135 de 1961, y delimitó tierras baldías con el carácter legal de reservas indígenas29. Así se crearon 69 reservas. En ese entonces, el Estado alegó que la reserva indígena era una forma provisional de adjudicación que le otorgaba a este el derecho de usufructo temporal mientras se sometía el territorio a la conformación de las unidades agrícolas familiares (UAF) para su titulación individual30. Sin embargo, varias voces disidentes, especialmente de algunos funcionarios del Incora, mostraron que las reservas debían entenderse como formas definitivas de adjudicación o reconocimiento territorial que no pretendían disolver el régimen comunal, pues se asimi laban a los resguardos consagrados en la Ley 89 de 189031 (Arango y Sánchez 2006).

La delimitación de las reservas indígenas es un tipo de cercamiento, pues los funcionarios del Incora demarcaron las zonas que debían ser aprovechadas únicamente por los indígenas, separándolas de aquellas que podrían ser fundadas por los colonos. Peluso y Lund (2011) sostienen que muchos tipos de cercamiento pueden tener lugar de manera simultánea, a la vez que ocurren diversas territorializaciones que se entrelazan entre sí. En este caso, hubo cercamientos simultáneos por parte de colonos y funcionarios del Incora al delimitar las tierras indígenas de reserva, y en ambas situaciones pasaron por procesos de legalización e institucionalización, aunque la de las reservas fue más regulada, pues el Estado fue quien ejecutó el cercamiento y la posterior legalización del predio.

La política de reservas cumplió una doble función. Por una parte, ofreció una protección relativa a las tierras indígenas de la colonización y, por otra, permitió un mayor control estatal de los territorios indígenas y sus poblaciones. En consecuencia, hay una relación entre los cercamientos de tierras y la territorialización practicada por el Estado. Si entendemos la territorialización como un mecanismo para la administración de poblaciones y recursos mediante el control del territorio y la tierra, es un proceso que podemos pensar como parte de la gubernamentalidad32 (Foucault 2007; Li 1999; Moore 2005; Peluso y Lund 2011). En el caso de los sikuanis, entiendo la política de reservas indígenas como un mecanismo de territorialización que le permite al Estado administrar poblaciones indígenas sobre las que antes no tenía control. Así, la territorialización produce y mantiene las relaciones de poder entre las poblaciones gobernadas y entre los sujetos y las autoridades; en últimas, la gobernanza y el control del territorio son una forma de control de tierras (Peluso y Lund 2011).

A partir de 1968, las comisiones del Incora hicieron estudios en la región de los Llanos para constituir reservas indígenas, especialmente en las entonces comisarías de Meta y Vichada. Los funcionarios señalaron que la mayor parte de las tierras altas (no inundables) estaba en manos de los colonos y no de los pueblos indígenas. Según la Resolución 205 del 16 de diciembre de 1968, en el año de 1967 la División de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno le solicitó al Incora la creación de varias zonas de reserva destinadas a las comunidades de indígenas guahibos que habitaban parte de las denominadas Llanuras Orientales. Entre 1968 y 1980 fueron adjudicadas 7 reservas indígenas en el actual municipio de Puerto Gaitán. En el caso particular del hoy resguardo Wacoyo, se asignaron 8.257 ha mediante la Resolución 100 de 1974. Para entonces, allí habitaban 239 personas agrupadas en 41 familias y asentadas en 3 comunidades: Walabó, Corocito y Yopalito. De ahí que a la reserva, y años más tarde al resguardo, se les llame Wacoyo.

Para los sikuanis de Wacoyo el proyecto de adjudicación de reservas del Incora fue una oportunidad para defenderse del despojo al que estaban siendo sometidos y, por lo tanto, más que una imposición estatal lo interpretan en parte como un logro político frente a los hacendados que les habían usurpado las tierras. En Wacoyo algunos líderes opinan que las tierras adjudicadas fueron insuficientes, pues a otras reservas del municipio se les adjudicaron más hectáreas33. Líderes de otros resguardos critican, en cambio, que no fueron los indígenas quienes determinaron los cercamientos y que no se les tuvo en cuenta a la hora de delimitar los terrenos. Este fue el caso de Abalibá, como denunció el capitán indígena Rafael Macabare a algunos de los miembros del Comité Pro Defensa del Indio a principios de la década de los setenta. Según él, los funcionarios del Incora ubicaron la sede de la comunidad a la orilla de la carretera sin considerar las necesidades de los nativos que preferían estar cerca de fuentes de agua, como caños y morichales, y de las zonas de bosque de galería o montes para la siembra de sus conucos (Pérez 1971).

Esto nos ayuda a entender que la territorialización se hizo desde el Estado y sin tener en cuenta las nociones sobre el territorio de las comunidades indígenas de la zona. Sin embargo, que los sikuanis habiten actualmente dentro de esos cercamientos, hoy resguardos legalizados, y los reivindiquen como su territorio, demuestra cómo la territorialización del Estado influyó en la constitución de las territorialidades sikuanis del presente. En el caso de Wacoyo, estas gestiones fueron adelantadas con ayuda de algunos miembros del Comité Pro Defensa del Indio de los Llanos Orientales, que denunciaron la masacre de Planas, y del director de Cáritas en la ciudad de Villavicencio, el padre Ignacio González34. Pablo Emilio Gaitán y José Antonio Yepes (1999) relatan que:

En 1972 conocimos al padre Ignacio González, trabaja en Villavicencio (hoy es párroco de Puerto Gaitán), él nos insinuó los primeros derechos del indígena y que debería crearse un territorio indígena, con título propio; pero, en ese cuando conocíamos únicamente el nombre “reservas indígenas” y así solicitamos para nuestro territorio, con el nombre de Walabó, Corocito y Yopalito [...]. (43)

Pinzón (1975) documentó este proceso y señaló que, en agosto de 1971, los indígenas hicieron un memorial para el Incora en el que solicitaban que la tierra en la que trabajaran fuera de su propiedad, además de herramientas y créditos agropecuarios para su usufructo. Por lo tanto, una de las transformaciones evidentes e identificada por los propios sikuanis fue el cambio de noción de propiedad de la tierra y sus usos.

La adjudicación de reservas tuvo muchos efectos sobre la vida comunitaria sikuani, pero me centraré en describir la oleada de violencia y de hostilidades que desató por parte de los terratenientes de la región, pues este es un aspecto que los sikuanis priorizan en su relato sobre el despojo. La adjudicación de reservas fue rechazada tanto por los colonos que llegaron al llano en busca de tierras y riqueza, como por los terratenientes y finqueros que se habían asentado en décadas anteriores. La territorialización definida por las reservas agudizó el conflicto entre hacendados y nativos. Los “blancos”, apoyados por el gobierno comisarial, veían con malos ojos esta política del Estado y culparon directamente al Incora como causante de todo el conflicto interétnico (Baquero Montoya 1981) que terminó en el derramamiento de sangre de ambos grupos. La insubordinación de los hacendados frente a las políticas del Estado central -que obligaban a que las zonas de reserva indígena no fueran ocupadas por colonos- se materializó con la ocupación de los predios indígenas. Los sikuanis relatan que los hacendados “corrían a los indios” y “metían el ganado” para apropiarse de las tierras indígenas. Un capitán sikuani expresó que los colonos los habían “corrido” desde el municipio de Puerto López, lo que indica el amplio referente territorial sikuani y el despojo del que históricamente han sido objeto por parte de los “blancos”. Particularmente, los sikuanis de las comunidades de Corocito, Yopalito y Walabó tuvieron conflictos con la familia Riobueno de la hacienda Santafé, pero también con los dueños de la hacienda Casuna y la hacienda Santa Isabel. Afirmaron que entre los hacendados y los sikuanis había una “guerra” porque los colonos no respetaron los linderos que habían marcado los funcionarios del Incora y esto empezó a traer conflictos entre ellos.

Durante una de mis estancias en el resguardo, Moisés Yepes, un comunero sikuani que reside en Puerto Gaitán, me contó que, para 1974, la comunidad estaba asentada en el Guatal, una meseta que irrumpe en medio de la llanura que se extiende en sentido suroriental desde el río Meta. Allí ya existían las comunidades de Walabó, Corocito y Yopalito, que permanecieron en el rincón del río Meta hasta que la gente empezó a salirse a la carretera. Las primeras en trasladarse fueron las familias de Corocito. El acceso en el invierno se volvía complicado por las condiciones ambientales del terreno, ya que la sabana suele inundarse en la temporada de lluvias e impide el desplazamiento de la gente. Por ser seminómadas, los sikuanis rotaban sus asentamientos hacia las partes altas durante las lluvias, lo cual era difícil debido a la división del territorio por cercas y a que las fincas a las que tenían prohibido el acceso quedaban en las partes altas. No obstante, la gente de Corocito se desplazó y se asentó más cerca de la carretera, como el actual capitán de Walabó 2, don Jorge Macabare y su esposa, la señora Adelina Gaitán. Allí decidieron hacer su casa y criar a sus hijos en un mangal que hacía parte de los predios de la hacienda Casuna. Don Jorge relata que no lo querían dejar vivir ahí y tanto él como la gente de la comunidad de Yopalito tuvieron problemas con el dueño, quien decía que los indígenas le estaban quitando el terreno, cuando en realidad los de la hacienda Casuna eran quienes habían invadido el territorio indígena. En esa época, el hacendado perseguía a don Jorge y a otros indígenas para matarlos por ingresar en los predios de la finca. Lo mismo sucedió con el propietario de la hacienda Santafé, Daniel Riobueno. En una ocasión en que don Jorge salió a mariscar (cazar), el encargado de la hacienda fue hasta su casa y golpeó a la señora Adelina. Uno de sus hijos que estaba presente comenta que la única forma de que el capataz soltara a su madre fue apuntarle con una puya (registro diario de campo).

En Wacoyo abundan los relatos sobre las hostilidades, la violencia y la intimidación por parte de los hacendados vecinos que intentaron privar, de manera permanente, a los indígenas del aprovechamiento de su territorio. En este caso, la violencia es importante en el establecimiento y defensa de procesos e instituciones de territorialización o cercamiento, como también lo es para desafiarlos (Bloomely 2003). Pedro Durán, un comunero sikuani originario de la región de Planas pero que actualmente habita en el resguardo Wacoyo, recuerda muy bien los conflictos que tenían con el señor Riobueno. En una de nuestras conversaciones durante mi trabajo de campo en el 2013, me contó que, cuando migró hacia Wacoyo, los trabajadores de Riobueno le tumbaron varias veces la casa que estaba construyendo para vivir con su familia.

Cuando yo llegué aquí, todavía estaban peleando con los colonos. Se peleaba con Riobueno el de la Hacienda Santafé. Cuando yo estaba armando mi ranchito, el Riobueno ese venía con sus trabajadores y me tumbaba lo que yo había avanzado en el día. También tuvimos problema con el dueño de Santa Isabel que nos estaba quitando un lote. Y nos tocaba ir toda esta comunidad, desde abajo desde Yopalito venían gente para arreglar la cosa con el de Santa Isabel. (Entrevista a Pedro Durán, 5 de enero del 2013)

El líder y sabedor sikuani Eduardo Aldana también denunció en su relato los conflictos que mantenían los sikuanis de Wacoyo con el señor Riobueno:

Nosotros nos peleábamos con Daniel Riobueno porque el ganado se comía las yuqueras de nosotros. Entonces nos tocaba quejarnos ante el Gobierno porque el blanco nos estaba invadiendo nuestro territorio. ¿Y entonces qué íbamos a hacer?, ¿nos íbamos a morir de hambre por culpa de un hacendado? E igualmente les pasaba a los de Yopalito con los de la hacienda Casuna. (Entrevista a Eduardo Aldana, 19 de enero del 2013)

Los testimonios de Jorge, Pedro y Eduardo ilustran los problemas que tenían con los hacendados, y además explican que estos regulaban actividades económicas y de subsistencia. Los poderes territorializados tienen la habilidad de dibujar fronteras alrededor de recursos y personas, y dentro de estos territorios se les imponen controles (Peluso y Lund 2011). Los hacendados habían logrado establecerse como poder territorial y podían infligir terror a la población indígena que quería acceder a las tierras y los “recursos” que se encontraban en ellas. Los indígenas se encontraban en un aparente estado de indefensión, pues los hacendados actuaban con total impunidad. Eduardo Aldana relata que comenzaron a quejarse ante el Gobierno, pero en vez de justificar un enfrentamiento violento para defenderse de los colonos, plantearon una lucha a través de las organizaciones indígenas y sus líderes empezaron a cumplir la función de intermediarios ante las comunidades y los sectores no indígenas. Por ejemplo, en 1975, en el Periódico Unidad Indígena, denunciaban que “los compañeros Guajibos del Meta y del Vichada han tenido que resistir el ataque de los terratenientes que les están quitando sus tierras [...]” y reivindicaban la creación de una reserva “[...] que cobije toda la población Guajiba [...]” (Unidad Indígena, abril de 1975, 2). Un año más tarde, en un comunicado publicado en mayo de 1976, los miembros de Unuma denunciaron una serie de atropellos:

Los indígenas guajibos y los demás indígenas de Colombia hemos sufrido durante toda nuestra vida la persecución de los “civilizados” para acabarnos y exterminarnos, porque nos consideran una “raza inferior” y porque quieren apoderarse de nuestras tierras. Por medio del engaño y la explotación nos han venido arrebatando nuestras tierras y nos han venido obligando a meternos en la selva, teniéndonos ahora al borde de esta. Ahora nosotros no tenemos otro rincón de dónde coger y hemos tenido que defender lo poquito que nos queda, luchando por nuestra tierra en donde podamos vivir tranquilos, sin tener colonos en el medio que traten de quitárnosla. (Unidad Indígena, mayo de 1976, 5)

En esta publicación reiteraron la persecución de los colonos y denunciaron el etnocidio y exterminio al que estaban siendo sometidos, además de la pérdida de tierras y el arrinconamiento de las poblaciones hacia las zonas más selváticas. Resaltaron además que la causa de esta persecución era racial, pues los colonos y terratenientes consideraban a los indígenas una raza inferior. Las hostilidades de los hacendados hacia los habitantes de Wacoyo no mermaron hasta la década de los ochenta y finalmente los sikuanis lograron recuperar una pequeña parte del territorio usurpado. La prueba material de este logro se inscribe en el resguardo actual, ya que la casa principal de la hacienda Santafé es hoy una de las edificaciones del Colegio Kuwei, centro educativo del resguardo Wacoyo. A pesar de que la reserva de Corocito, Yopalito y Walabó se había adjudicado a principios de los setenta, no fue sino hasta principios de los años ochenta que se inició la gestión para su legalización como resguardo. Esta territorialización significa no solo la imposición de un modelo territorial externo, sino también una especie de logro indígena incompleto, ya que los sikuanis consideran que las tierras que hoy poseen como propiedad comunal no son suficientes ni cumplen con las condiciones que garanticen su reproducción cultural y su subsistencia como pueblo. El resguardo no abarca la totalidad de lo que consideran su territorio, y consecuentemente siguen asumiendo su condición de despojados.

Consideraciones finales

Alejandro Reyes ([2009] 2016) asevera que el control de la tierra ha sido la fuente de acumulación de riqueza y poder de más larga duración en la historia del país. A pesar de que recientemente la investigación sobre despojo ha centrado su atención en los fenómenos de acumulación por desposesión ligados a la violencia paramilitar y a la imposición de un nuevo modelo de desarrollo agroindustrial y minero (Ballvé 2011; Machado 2002; Reyes [2009] 2016; Rodríguez 2014), el discurso sobre el despojo de tierras de los sikuanis de Wacoyo nos recuerda que este no es un proceso reciente. Como sugieren Edelman y León (2014), es primordial historizar el fenómeno del acaparamiento de tierras, dado que tiende a suceder en ciclos dependientes de las dinámicas históricas regionales y globales de acumulación de capital. Esto último nos ayuda a pensar, como afirman Peluso y Lund (2011), que las prácticas de control de la tierra no siempre aparecen de manera simultánea o lineal ni son acciones ejercidas exclusivamente en una misma dirección, dado que se generan de manera activa mediante las luchas que involucran variados actores, contextos y dinámicas. Los sikuanis abandonaron temporalmente su territorio a causa de la violencia del llano. Esto dio pie a la apropiación de ese territorio por parte de hacendados como Riobueno. En este caso, el abandono se convierte en una de las condiciones para el despojo del territorio, que estuvo acompañado de violencia y desplazamiento de la población, así como de argucias de los hacendados para la apropiación de las tierras. En este proceso de despojo vemos cómo se ejerce un control de tierras a través de los cercamientos, la legalización y el ejercicio de la violencia.

La colonización y el etnocidio indígena adquieren una especial importancia una vez terminada La Violencia. El movimiento migratorio se originó, en un principio, en el desplazamiento de campesinos andinos pauperizados al extremo, ávidos de nuevas tierras y deseosos de rehacer sus vidas, después del impacto que soportaron por la violencia política ejercida en las tierras andinas. Este movimiento no fue espontáneo, ya que el Gobierno les aseguró a las empresas y ciudadanos del interior exenciones tributarias sobre sus inversiones ganaderas en los Llanos Orientales (Aragón 1983). Mediante la imposición de normas o leyes a favor de un modelo territorial estatal, se redefinieron las relaciones socioespaciales. Esto último también ocurrió con la política de adjudicación de reservas indígenas en el llano. En este caso, los encerramientos y legalizaciones se hicieron “en favor” de los pueblos indígenas, pero tal política de control de tierras implicó una territorialización definida desde el Estado, que ofreció una protección relativa a las tierras indígenas de la colonización, a la vez que consolidó el control de los territorios indígenas y sus poblaciones. La construcción e instrumentalización de estas políticas fueron impugnadas y negadas por los colonos porque interferían con sus intereses, y los pueblos indígenas se encontraron entre las presiones de los colonos que querían despojarlos de sus tierras y su administración estatal. En esta encrucijada, los sikuanis optaron por aceptar y apropiar la política de reservas porque, como me manifestó alguna vez uno de sus mayores, “era la única opción que nos quedaba” (registro diario de campo). Al aceptar la política de reservas e interiorizarla como una demanda política propia, los sikuanis defendieron sus territorios de los colonos y terratenientes, pero al mismo tiempo sucumbieron a la Administración estatal firmando así una sentencia. Aceptaron asentarse, además de entablar otro tipo de relaciones, especialmente comerciales y laborales. En un largo proceso, los habitantes de las comunidades de Corocito, Yopalito y Walabó lograron recuperar parte de sus tierras, pero no la totalidad de lo que los abuelos conciben como su territorio. Es importante señalar que la territorialización de las reservas en los setenta determinó la manera en que las nuevas generaciones de sikuanis empezaron a construir su territorialidad. En el imaginario de los más jóvenes, como lo he corroborado en el trabajo realizado con algunos jóvenes y niños del resguardo, el territorio se limita a lo que está encerrado en los límites jurídicos del resguardo.

Los líderes sikuanis de Wacoyo perciben como un logro la adjudicación de la reserva, y su posterior legalización como resguardo35. En los discursos de la élite política se rememora la lucha del pueblo por el territorio y se interpreta como una batalla ganada. En mi análisis, la adjudicación de reservas efectivamente fue un logro frente al despojo de tierras del pueblo sikuani, pero también fue un logro del Estado, al conseguir asentar a esos pueblos semisedentarios que habían intentado “poner en policía”36 desde tiempos coloniales, lo que significa el fin del pueblo sikuani como pueblo de migración estacional. Las reservas son un caso interesante porque son las tierras indígenas las que atraviesan ese proceso de legalización e institucionalización que generó una forma adicional de control, pues todo el procedimiento legal se realizó a través de burocracias.

Como resultado, los sikuanis asumieron nociones como la propiedad privada y los títulos de propiedad territorial, y adquirieron una conciencia ciudadana al exigirle al Estado central el cumplimiento de sus derechos por vías administrativas y de las instituciones estatales.

A pesar de la legalización de los resguardos, los sikuanis siguen enfrentándose al despojo de su territorio. Desde el año 2001, el Gobierno nacional ha venido implementando el proyecto de convertir la Altillanura en un polo de desarrollo agrícola, petrolero y minero. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) revivió la fantasía del presidente Belisario Betancur (1982-1986) de convertir la Orinoquia, en general, y la Altillanura, en particular, en el nuevo polo de desarrollo del país. Para ello impulsó la iniciativa “Renacimiento de la Orinoquia”, cuyo proyecto bandera era el desarrollo de más de 6.000.000 ha de cultivos agroindustriales, principalmente forestales: caucho y palma de aceite. El proyecto de Uribe Vélez empató con las “Locomotoras de Desarrollo” del gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2014), en el cual, desde el 2010, se fijó como prioridad el desarrollo no solo de infraestructura, sino también de oferta de tierras en esta región (Domínguez 2013; Presidencia de la República de Colombia 2011). Lo anterior ha ocasionado cambios drásticos en la tenencia, uso y cobertura del suelo, así como la llegada de empresarios de otras partes del país, lo que ha transformado el ordenamiento social y productivo de la región (La Rota-Aguilera y Salcedo 2016). Muchas de estas empresas se han ubicado en las inmediaciones de los resguardos indígenas y sus actividades se han superpuesto al territorio de las comunidades. Actualmente, el resguardo Wacoyo colinda con las haciendas Las Delicias, Santa Isabel, Casuna, Bramadero y La Toyota, con la empresa agroindustrial Aliar S. A., la estación de explotación petrolera a cargo de la empresa española Cepsa, la empresa Mavalle dedicada a la explotación de caucho, y Santa Bárbara y Wasipati, dos asentamientos de desplazados por conflicto armado reubicados por el Estado en el año 2000 (notas de campo).

El pueblo de Wacoyo ha iniciado procesos para la ampliación de su resguardo a fin de recuperar parte del territorio despojado, aún sin resultados favorables. Es una lucha que persiste, pues mantienen la conciencia del despojo al que fueron sometidos reivindicando la cualidad de su territorio como espacio vital necesario para su reproducción cultural y supervivencia como pueblo. Al escuchar los relatos sikuanis sobre el despojo de tierras, apreciamos la importancia de historizar este fenómeno, ya que nos permite entender los antecedentes y definir las bases para poder evaluar los impactos de fenómenos más recientes de acaparamiento, como los asociados a la violencia paramilitar de la década de los noventa (Massé y Camargo 2013; Reyes [2009] 2016; Rodríguez 2014), o el reciente acaparamiento que tiene lugar a partir de la imposición del modelo agroindustrial de la explotación de hidrocarburos (La Rota-Aguilera y Salcedo 2016; Rodríguez 2014; Salinas 2011). Esto significa, como bien señalan Edelman y León (2014), “[...] observar el momento presente como un epifenómeno resultante de un conjunto de procesos materiales y sociales anteriores; restaurando así la agencia de clases sociales en contienda [...]” (197). Consecuentemente, la reconstrucción del antiguo territorio sikuani a través de las memorias del despojo es un elemento clave en las luchas territoriales actuales, donde los sikuanis se posicionan como los pobladores originarios de esas tierras y, por lo tanto, reclaman su derecho sobre estas.

Referencias

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1Este artículo hace parte de la investigación de mi tesis de doctorado con el pueblo sikuani del resguardo Wacoyo, uno de los nueve resguardos indígenas ubicados en el municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta. En algunos mapas y documentos oficiales el resguardo Wacoyo aparece registrado como Comunidades de Corocito, Yopalito y Walabó. Se ubica aproximadamente a 20 km del casco urbano del municipio de Puerto Gaitán.

2Entiendo el colonialismo interno como una estructura de relaciones sociales de dominio y explotación entre grupos culturales heterogéneos dentro de los límites de un Estado-nación.

3En Colombia, actualmente se encuentran asentados en los departamentos de Vichada, Meta, Casanare, Guainía y Arauca.

4Durante mi trabajo de campo en enero del 2016, un grupo de sabedores sikuanis planteó que querían cambiar la autodenominación de sikuani por la de jiwi, que en su lengua significa gente.

5El pueblo sikuani está disperso por toda la Orinoquia colombo-venezolana. A pesar de que los diferentes asentamientos comparten características sociales y culturales, el pueblo sikuani no es un todo homogéneo, hay aspectos que varían de un caserío a otro y de un resguardo a otro. Incluso hay diferencias significativas entre los pueblos asentados actualmente en Vichada y Guainía con aquellos de las llanuras del Casanare y Meta. Una dificultad metodológica es que, por ser un pueblo de tradición seminómada y al no existir información demográfica concluyente hasta después de la década de los setenta del siglo XX, cuando los pueblos se asentaron definitivamente en reservas indígenas, me encuentro con información que en ocasiones identifica comunidades y asentamientos, pero no puedo asegurar que se trate del mismo grupo de personas. Dado que mi trabajo etnográfico se hizo en su mayoría en los resguardos de Puerto Gaitán y principalmente en el resguardo Wacoyo, algunas de mis interpretaciones y las de mis interlocutores pueden no responder a la realidad de otros grupos.

6El Plan de Vida Indígena es un instrumento de planeación, de política y de gobierno que articula la visión indígena con la planificación técnica de la gestión de su territorio y sus recursos.

7La organización Unuma (Unión de Trabajo para la Defensa de la Vida) surge en 1974 y concentra sus esfuerzos en la formación de maestros, con la ayuda del padre Ignacio González y de un estudiante universitario llamado Luis Pérez.

8El manuscrito aparece firmado por José Antonio Yepes Casolua, médico tradicional y sabedor sikuani hoy fallecido. Los habitantes de Wacoyo, tienen discusiones frente a su apellido. Algunos señalan que su apellido real es Casolua, pero otros, como Pablo Emilio Gaitán, afirman que su apellido es Yepes. En este caso uso el apellido que aparece en el manuscrito.

9En la literatura se puede encontrar como /momowi/ o /momobi/, dependiendo de la gramática utilizada por cada autor. Yo empleo /momowi/, que es la gramática de los sikuanis de Wacoyo. Véanse Calle (2015), Morey y Metzger (1974), Morey y Morey (1974), Ortiz Gómez (1976) y Reichel-Dolmatoff (1944). Según los diferentes relatos de la tradición oral sikuani, en la historia de la movilidad y el poblamiento del territorio, los diferentes momowis se dispersaron desde el lugar de origen hacia las cuencas hidrográficas de la Orinoquia, hacia el río Meta, y sus afluentes, y el río Manacacías. Otra ruta fue hacia el río Vichada y sus afluentes, los ríos Planas, Guarrojo y Muco, y hacia las sabanas del Meta, San Martín y el Ariari, área que se denomina en lengua sikuani Waünakua (ONIC 2013).

10Durante la primera mitad del siglo XX, las fuerzas políticas del momento, el Partido Liberal y el Partido Conservador, emprendieron una contienda violenta para lograr el control del Estado y equilibrar el poder del Gobierno a su favor. Este periodo de la historia, conocido como La Violencia, ocurrió entre 1949 y 1958, y se presentó en dos momentos específicos: de 1949 a 1953 (primera ola de La Violencia) y de 1954 a 1958 (segunda ola de La Violencia), cada uno con etapas de pacificación (Guzmán, Fals Borda y Umaña [1962] 2005).

11En la literatura citada, los investigadores hablan de “control de tierras” y no de “control de territorios”. Los sikuanis de Wacoyo en ocasiones se refieren al despojo de tierras y al despojo de territorio como sinónimos. Sin embargo, se debe aclarar que lo que los académicos describen como control de tierras o despojo de tierras es interpretado por los sikuanis como despojo del territorio, pues tienen un sentido de pertenencia e identidad y entienden que existe una serie de relaciones sociales íntimamente ligadas a la tierra, además de considerarla imprescindible para su supervivencia como pueblo.

12El Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) fue creado a partir de la Ley 135 de 1961. Dentro de sus funciones estaba la administración de las tierras baldías de propiedad nacional. El Incora fue liquidado en el 2003 y reemplazado por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).

13Los sikuanis identifican un tercer momento de despojo territorial vinculado a la época de legalización de resguardos. Esta también es asumida parcialmente como un logro político por algunos líderes, pero se percibe como una imposición ineludible que implicó una recuperación insuficiente de las tierras y el territorio. Por motivos de espacio no trataré este tercer momento.

14En las etnografías realizadas entre los grupos de los Llanos entre 1940 y 1990, vemos cómo siempre está presente la división entre grupos nómadas y asentados, pero también cómo los grupos nómadas van desapareciendo de forma gradual o se van asentando por las presiones en el territorio.

15Las personas con más de sesenta años de edad son consideradas “mayores”.

16Significa que Guadalupe Salcedo era el líder guerrillero que comandaba en esta región.

17La pacificación corresponde al proceso de paz (1953-1955) impulsado por el gobierno de Rojas Pinilla, en el que algunos comandos guerrilleros de los Llanos fueron amnistiados.

18El conuco se refiere al huerto o parcela cultivada.

19El wafal es una zona boscosa en las inmediaciones del resguardo y un sitio sagrado para los sikuanis del resguardo Wacoyo. Algunos mayores identifican este lugar como el primer asentamiento de su pueblo. Además, consideran que allí cayeron algunas semillas del árbol del kaliwieinae o árbol de los alimentos en el origen de los tiempos y por esto se encuentran plantas de plátano, piña, guamos y merey (marañón).

20Las aldeas, ubicadas en medio de la sabana, como es el caso de Wacoyo, constaban de varias viviendas sin un patrón formal, pues cada jefe de familia establecía su vivienda de manera fortuita. Además de construir su casa, sembraba árboles frutales y desmontaba la parcela para la siembra o conuco. El título de “propiedad real”, es decir, la vivienda y el conuco —tierra que produce alimentos y los cultivos que crecen en ella—, recaía y recae en el hombre que la construye quien, por lo general, es el jefe cabeza de familia. Él determina quién puede vivir o entrar en ella, pero los privilegios del conuco y sus productos son exclusivos de la familia nuclear (Metzger y Morey 1983).

21Marcelino Sosa Quintero es un líder sikuani originario de la región de Planas. Participó en la fundación de la Cooperativa Integral Agropecuaria de Planas a principios de los años setenta y fue víctima de la violencia desatada en la llamada “masacre de Planas”. Huyó al Vichada donde fue contactado por misioneros del Instituto Lingüístico de Verano, con quienes trabajó durante varios años. Después de la Constitución de 1991 empezó a participar en la política del municipio de Cumaribo, en el Vichada, y llegó a ser consejero de la comisaría de ese departamento y diputado en dos oportunidades. También fue alcalde de este municipio entre el 2005 y el 2006.

22La literatura antropológica ha utilizado la denominación genérica guahibo para referirse a los múltiples pueblos indígenas de la Orinoquia colombo-venezolana. Entre los términos y variantes para referirse a este pueblo indígena en particular están: guahibo, guajibo, guajivo, guayba, guagiva, guaiva, guahivo, gaivo, goagibo, guagibo, guaibo; chiricoa, chiricoy; cuiva, kuiva, kuiba, entre otros. Con el crecimiento del movimiento indígena en la década de los ochenta, estos grupos empezaron a denominarse autónomamente como sikuanis.

23En esta se contemplaba el derecho colectivo a pastar las sabanas comunales, pacto que no tuvo en cuenta el uso que los sikuanis y otros pueblos indígenas le daban al territorio. Con la llegada de nuevos colonos se produjo una serie de abusos por el desconocimiento de la norma consuetudinaria (Ortiz 2005), en la medida en que comenzaron a fundar y a levantar cercas incumpliendo el pacto de “uso colectivo” de la sabana, lo que generó conflictos entre la sociedad llanera tradicional y los nuevos pobladores.

24Entiendo anomia y descaracterización cultural como un momento en el que los vínculos sociales se debilitan como producto de la fragmentación de la estructura cultural de la sociedad. Es un estado de crisis existencial individual y colectiva. Barabas y Bartolomé (1992) argumentan que, en ciertos casos, "[...] la crisis de identidad y la paralización cultural producidas por estos procesos de cambio dirigido pueden llegar a culminar en situaciones de anomia, si los afectados no generan estrategias adaptativas adecuadas para enfrentar los cambios” [...] (8).

25Las guerrillas liberales buscaron crear y mantener un orden territorial y jurídico interpuesto por la sociedad llanera tradicional. Los diferentes comandos crearon un reglamento común que se dio con la expedición del “Proyecto que reglamenta la vida civil, jurídica y militar” o Primera Ley del Llano, del 11 de septiembre de 1952 (véase Barbosa 1992).

26Según el informe “Tierras y conflictos rurales” del Centro Nacional de Memoria Histórica, “[...] la Ley 97 de 1946 había fijado en 5.000 hectáreas el máximo de tierra que se podía adjudicar a ‘título ganadero'; y en 25 hectáreas el mínimo de tierra adjudicable a los cultivadores [...]”. Estos topes siguieron vigentes hasta la expedición de la Ley 135 de 1961 (CNMH 2016, 134).

27En el Meta fueron incorporadas 200.000 ha a la plena explotación económica mediante el apoyo a la colonización que se había desarrollado en la zona (CNMH 2016, 138).

28El proyecto buscaba la titulación, asistencia técnica y crédito a colonos del valle del Ariari, municipios de Granada, Fuente de Oro, Acacías, Guamal, San Martín y San Luis de Cubarral, y la construcción de vías de acceso (CNMH 2016, 139).

29Corresponde al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, según lo previsto en el literal a del artículo 3.° de la Ley 135 de 1961: “Administrar a nombre del Estado las tierras baldías de propiedad nacional, adjudicarlas o constituir reservas y adelantar colonizaciones sobre ellas, de acuerdo con las normas vigentes”.

30“Las unidades agrícolas familiares eran un nuevo intento de fijar límites razonables a la propiedad privada de la tierra, para evitar el latifundio y el minifundio [...]” (CNMH 2016, 128).

31Desde un punto de vista jurídico, la Ley 89 de 1890 institucionalizó la administración y “civilización” de poblaciones indígenas por misiones católicas al amparo del concordato de 1887 con la Santa Sede, lo que determinó cómo serían gobernados. A pesar de su concepción discriminatoria, se convirtió en la base fundamental de las leyes de los territorios indígenas al concebirlos como tierras imprescriptibles, inembargables e inalienables. También estableció que los resguardos debían ser gobernados por un cabildo (consejo indígena nombrado por los comuneros) y estar encabezados por un gobernador encargado de dirigir el resguardo de manera relativamente autónoma, siempre y cuando no se opusieran a la ley nacional.

32Se entiende gubernamentalidad como una tecnología general del poder, que no solo se refiere a las prácticas gubernamentales constitutivas de un régimen de poder particular, sino a la forma como se orienta la conducta de las poblaciones. En últimas, hay una serie de tecnologías de poder que determinan la manera en que se administran los territorios y las personas que los habitan, y unas “reglas de juego” que las legitiman.

33Mientras que a las comunidades de Wacoyo se les adjudicaron 8.200 ha, a otras reservas como El Tigre o Vencedor Pirirí, se les adjudicaron 22.000 y 40.000 ha, respectivamente. En los informes del Incora no aparecen especificadas las razones por las que se les adjudicaron más tierras a algunos grupos. El factor demográfico no parece ser la razón, pues la población de los tres asentamientos era similar. En Wacoyo, 239 habitantes; en El Tigre, 335, y en Vencedor, 241. Es posible que el criterio de adjudicación esté asociado a la distancia y a los baldíos disponibles en la época. Los asentamientos de Vencedor y El Tigre están en zonas más selváticas y alejadas del centro.

34Cáritas es una confederación caritativa, humanitaria y social de la Iglesia católica instituida por la Conferencia Episcopal. El padre González fue un denunciante de la masacre de Planas que participó en la fundación de Unuma, la primera organización indígena en los Llanos Orientales a principios de los años setenta.

35El resguardo Wacoyo fue legalizado por el Incora a través de la Resolución 080 de 1992. El número de hectáreas adjudicadas fue de 8.050 para 490 personas. Según el censo de población indígena hecho por el municipio de Puerto Gaitán (2013), la población del resguardo Wacoyo asciende a los 1.178 habitantes aproximadamente.

36“Poner en policía” se refiere a un dispositivo de dominación colonial por medio del cual la población indígena era agrupada en pueblos y reducciones donde serían dirigidos “en el ejercicio de la vida cívica” y “apartados de las idolatrías”. También significaba integrar a los indios al aparato burocrático colonial; implicaba que aprendieran la cortesía, la buena crianza y la distinción en el trato y costumbres, así como también el cumplimiento de las leyes y ordenanzas establecidas para el “buen gobierno” (Bengoa 2000; Landaeta y Espinoza 2015en Calle 2015).

Recibido: 01 de Abril de 2016; Aprobado: 13 de Diciembre de 2016

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