El estudio de las políticas públicas: miradas diversas

En el ámbito de los estudios de las políticas públicas pueden identificarse dos aproximaciones claramente diferenciadas. Las décadas de los años sesenta y setenta estuvieron dominadas por una visión instrumentalista de las políticas, en la que eran concebidas como un instrumento técnico y racional para resolver problemas. Desde este enfoque, aún vigente en ciertos ámbitos académicos e institucionales, las políticas son representadas como un proceso lineal, lógico y ordenado que empieza con la identificación de un problema, continúa con la formulación de una solución y termina con la implementación y evaluación de unos programas. Esta mirada supone una doble lógica de diagnóstico y prescripción, según la cual los tomadores de decisiones definen unos medios y unos fines, evalúan las distintas posibilidades existentes y, orientados por una racionalidad de costo-beneficio, eligen la mejor alternativa. Todo ello bajo el supuesto de que la información y el conocimiento garantizan no solo la formulación e implementación de políticas eficaces, sino también una representación objetiva y neutral de la realidad a intervenir (^{Shore 2010}; ^{Shore y Wright 1997}; ^{Wedel et al. 2005}).

A partir de los años ochenta, algunos autores comienzan a refutar esta consideración de las políticas públicas como procesos lineales, que se construyen de arriba abajo siguiendo una serie de pasos que inician con su formulación en los altos niveles administrativos y luego descienden hacia los rangos medios hasta llegar a los burócratas de la calle (^{Lipsky [1980}] 1999), quienes finalmente se hacen cargo de su implementación (^{Shore 2010}). Los críticos de esta perspectiva plantean la necesidad de reconocer el carácter ambiguo y disputado de las políticas, así como de adoptar una perspectiva orientada al actor que permita dar cuenta de la manera en que los individuos y las redes que estos constituyen coproducen los mundos sociales en los que se desenvuelven. Desde esta aproximación, los sujetos de las políticas no aparecen como meros receptores de unos proyectos ideados "desde arriba", sino que despliegan distintas estrategias y recursos frente a las intervenciones planeadas por agencias públicas o privadas, al tiempo que las incorporan en sus mundos de vida y les otorgan significados disímiles (^{Long [2001}] 2007). Se trata de una mirada crítica que toma la política pública como un objeto de análisis en sí mismo y no como un hecho que pueda darse por sentado.

Uno de los aspectos que ha sido objeto de escrutinio por parte de los autores que se adscriben a este punto de vista son las narrativas de las políticas que, al revestirse del lenguaje objetivo, neutral y legal-racional de la ciencia, aparecen como instrumentos dirigidos a promover la eficiencia y la efectividad, por lo que enmascaran, de esta manera, los verdaderos fines políticos que persiguen. Al representar cuestiones políticas como la pobreza, el acceso a la tierra y los recursos, el trabajo y los ingresos como problemas de orden técnico, las políticas tienen un poderoso efecto conceptual e ideológico de despolitización de la vida social. Esta apelación a un lenguaje científico y aparentemente neutral no tiene otra función distinta a la de silenciar la oposición, cuyos argumentos en contra de las decisiones tomadas suelen ser descalificados como "irracionales" o "regresivos". En tal sentido, las políticas públicas cumplen una función claramente legitimadora, que busca apuntalar la autoridad de quienes se encuentran en posiciones de autoridad (^{Escobar [1995}] 2007; ^{Ferguson 1994}; ^{Li 2007}; ^{Scott 1998}; ^{Shore 2010}; Shore y Wright 1997; ^{Wedel et al. 2005}).

Afín a esta segunda aproximación, la antropología de las políticas públicas se propone develar las constelaciones de actores, operaciones e intereses que configuran las decisiones, así como su implementación y los efectos que estas traen consigo. Antes que interesarse en establecer una definición abstracta de "la política", el antropólogo se propone auscultar qué hace la gente en nombre de la política (^{Wedel et al. 2005}), cuáles son los marcos de referencia de quienes las diseñan e implementan, y cuál es el carácter de las relaciones que establecen con sus destinatarios. El conocimiento de las diversas experiencias e interpretaciones que los pobladores hacen de estas políticas ocupa un lugar igualmente importante dentro de este enfoque (^{Shore 2010}). En diálogo con otras aproximaciones críticas al estado y a las formas de ejercicio del gobierno, la perspectiva antropológica de las políticas públicas cuestiona las habituales antinomias que han cartografiado el estudio del poder político y que han establecido una frontera precisa entre el estado y la sociedad civil, lo público y lo privado, lo legal y lo ilegal, lo formal y lo informal, el centro y los márgenes, entre otras.

Además del cuestionamiento a dichas dicotomías, este enfoque parte de la constatación empírica del divorcio existente entre los objetivos fijados al inicio de la intervención y los resultados efectivamente alcanzados. Al decir de ^{Rose y Miller (1992)}, "el gobierno es una operación congénitamente fallida" (190). En su proceso de aplicación práctica, las políticas tropiezan con una serie de obstáculos que escapan a la lógica programática de los planificadores (falta de recursos financieros, rivalidades profesionales, ausencia de estadísticas confiables, sistemas de comunicación ineficaces, líneas de mando difusas), por no mencionar aquellos derivados de las diversas lecturas e interpretaciones, cuando no de la resistencia por parte de los sujetos a quienes van dirigidas. Esto es así porque, lejos de ser instrumentos técnicos pretendidamente neutrales ideados para la resolución de problemas, las políticas públicas están inmersas en las luchas por el poder y la dominación que se despliegan entre actores diferencialmente situados en los campos en los que ellas se insertan (^{Li 2007}; ^{Shore 2010}; Shore y Wright 1997; ^{Wedel et al. 2005}).

A finales de la década de los noventa, Cris ^{Shore y Susan Wright (1997)} sentaron las bases de una agenda de investigación en el campo de la antropología de las políticas públicas. Para ello, los autores organizaron el debate en torno a tres posibles maneras de entender dichas políticas: como lenguaje de poder, como agente cultural y como tecnología política. Desde la primera de estas acepciones, se considera que el lenguaje de las políticas tiene la capacidad de otorgar autoridad institucional a unos discursos por encima de otros. Al respecto, Raymond ^{Apthorpe (1997)} ha planteado que el lenguaje en el que se expresan las políticas funciona como un mecanismo de poder que tiene la finalidad de persuadir antes que de informar. De ahí que sea importante pensar en la política escrita como un género, un estilo de expresión que es seleccionado y perseguido. Los lenguajes y estilos de la política son, entonces, un reflejo de los valores culturales y de los sistemas morales de una sociedad.

En lo que tiene que ver con la consideración de las políticas como agentes culturales, se destaca el papel que desempeñan en el control y regulación de poblaciones heterogéneas, a través de sistemas de clasificación que intentan homogeneizar tal diversidad. Al clasificar a la población, las políticas tienen un activo rol en la creación de nuevas categorías de individuos, quienes son definidos de acuerdo con diferentes criterios de clase, género, pertenencia étnica, edad, profesión, ingresos, entre muchos otros. De este modo, se terminan imponiendo tipos ideales de ciudadanía, que son apropiados de diversas maneras por los sujetos. Pero esta imposición no es de ningún modo coercitiva, sino que consiste en la creación de un campo de elecciones razonables de lo que se debe y no se debe hacer, a partir del cual los individuos normalizan determinados patrones de acción y comportamiento (^{Wedel et al. 2005}). Este es, precisamente, uno de los rasgos centrales de las modalidades neoliberales de gobierno, en las que la autonomía personal entra a formar parte de los mecanismos de operación del poder político, al lado de métodos más sutiles de intervención basados en ideas como la libertad, la empresa y el mercado (^{Dean 2002}; ^{Rose 1996}; ^{Rose y Miller 1992}).

Por su parte, la consideración de las políticas como tecnologías políticas ve en ellas formas de poder que obran sobre el sentido individual del ser, de tal suerte que el foco de interés de quienes se adhieren a esta mirada se centra en cómo los individuos adoptan e internalizan los nuevos patrones de conducta configurados por las democracias liberales avanzadas (^{Shore y Wright 1997}). Los fundamentos de esta proposición hunden sus raíces en la noción de gubernamentalidad, a partir de la que ^{Foucault (2006)} da cuenta de la aparición del problema de la población como dato, como fin e instrumento de las técnicas de gobierno y como campo de intervención. Se trata de una nueva racionalidad gubernamental que cifra su eficacia, ya no en mecanismos coercitivos, sino en la libertad como tecnología de conducción de la conducta dirigida a la autorregulación de los individuos (^{Rose 1996}; ^{Shore y Wright 1997}).

En este punto, es importante referirnos al cuestionamiento que algunos autores les han hecho a estos dos enfoques, el instrumental y el crítico. ^{Mosse (2005)}, por ejemplo, considera que ambas aproximaciones obstaculizan la comprensión de la relación existente entre las políticas y la práctica, por cuanto desconocen el complejo entramado de actores, intereses y cursos de acción implicados en su desarrollo. La primera, al establecer de manera ingenua una relación demasiado mecánica entre el diseño y la aplicación de las políticas. La segunda, al calificarlas como dispositivos de dominación y control que reproducen las jerarquías de conocimiento, silencian las voces de sus destinatarios y ocultan sus verdaderos fines políticos de regulación social y autoridad burocrática tras el velo de un lenguaje científico que se pretende neutral y racional. En coincidencia con la perspectiva centrada en el actor propuesta por ^{Long ([2001}] 2007) para el estudio de la intervención planeada, ^{Mosse (2005)} plantea la necesidad de restituir la capacidad de agencia de los actores implicados en las diversas arenas del desarrollo que, a su juicio, permitirá superar la mirada de los destinarios de las políticas como víctimas engañadas, y de las instituciones y sus profesionales como actores todopoderosos.

A partir de su experiencia como consultor en un proyecto de desarrollo rural ejecutado en la India, ^{Mosse (2005)} se propone abrir la caja negra ³ de las prácticas y su relación con las prescripciones de política, un aspecto poco atendido en la literatura sobre el tema o cuyos desajustes han sido explicados en términos de una brecha entre la teoría y la práctica, bajo la premisa de que, a mejores modelos, mayores posibilidades de éxito en la implementación de las políticas. Inspirado en la perspectiva orientada al actor, así como en la sociología de la traducción, el autor sostiene que la función de las políticas públicas, entendidas como modelos y diseños de proyectos, no consiste en orientar las prácticas de desarrollo, sino en movilizar y ganar el apoyo político necesario para legitimar las intervenciones. Así, aunque el lenguaje en el que se expresan las políticas es técnico, sus fines son políticos, en el sentido de que buscan convocar a distintos actores (gobiernos, organizaciones no gubernamentales, agencias donantes, consultores) con agendas e intereses divergentes en torno a la localización de recursos en proyectos particulares. Esto significa que el papel de las políticas no reside precisamente en orientar la acción, sino más bien en lograr alianzas, coaliciones y consensos entre los diferentes actores implicados, sin quienes estos proyectos no llegarían a hacerse realidad.

Detenernos en esta última proposición nos conduce a los aportes de la sociología de la traducción, una de cuyas figuras más sobresalientes es Bruno La-tour. Su teoría del actor-red (TAR) plantea que el quehacer del sociólogo consiste en el rastreo de las asociaciones, a partir de la adopción del principio metodológico de "seguir a los actores" para comprender la forma en que estos definen sus realidades. Para ^{Latour (2008)}, los actores se hallan insertos en redes más amplias en las que cada participante está en capacidad de hacer que los otros hagan algo, lo que desencadena desplazamientos, eventos inesperados o nuevas interpretaciones.

Esta capacidad de hacer que otros hagan algo pasa por el trabajo de traducción realizado por algunos agentes, quienes además de alinear los intereses de otros actores humanos en torno a un proyecto determinado, articulan entidades no humanas a la red. Sin embargo, cabe precisar que, siendo consecuentes con el principio de simetría propugnado por este enfoque analítico, los teóricos de la TAR plantean que la capacidad de agencia no es una cualidad exclusiva de las personas, sino que también es ostentada por los objetos, dispositivos y demás materialidades que, lejos de ser simples intermediarios que transportan significados sin transformarlos, actúan como mediadores que modifican, traducen o alteran dichos significados (^{Latour 2008}).

La noción de traducción es, pues, central a la propuesta de hacer una sociología de las asociaciones planteada por esta vertiente analítica. El proceso de traducción abarca el conjunto de negociaciones, alianzas, acciones de persuasión o coercitivas que un agente ejerce para lograr la adhesión de otros actores a sus propios intereses (^{Callon 1995}; ^{Latour 1992}). Este proceso implica tanto el desplazamiento de metas e intereses, como de materiales, recursos e información, que dejan de ser entidades pasivas, para incorporarse a entramados móviles, plenos de significado y desencadenantes de acciones. Así, llevar a la realidad un proyecto no es algo que dependa de la coherencia de su diseño inicial, sino de la habilidad de algunos actores para lograr el consenso en torno a este.

Los teóricos de la TAR (^{Callon 1995}; Latour 1996; ^{Law 1998}) distinguen cuatro fases constitutivas del proceso de traducción: 1) el momento de la problematización, en el que los actores construyen sus propias hipótesis acerca de la identidad, la conducta y las metas de otros actores (sean humanos o no) y, a partir de ello, definen puntos de paso obligados para forzarlos a moverse por canales particulares; 2) el interesamiento, que encierra el conjunto de acciones desplegadas por un actor a fin de imponer y estabilizar la identidad que les ha atribuido a otros actores; 3) el enrolamiento, esto es, el conjunto de negociaciones, acciones de fuerza, concesiones y consensos a través de los cuales se definen y asignan determinados roles a los actores; 4) la movilización de actores que, a través de la designación de portavoces, busca concitar el interés de otros agentes en torno a un proyecto determinado.

Como resultado de esta cadena de operaciones de traducción, tenemos la construcción de una compleja red de relaciones, cuyas características han sido descritas con el término actor-red.

En palabras de ^{Callon (1998)}: "Un actor-red es, simultáneamente, un actor cuya actividad consiste en entrelazar elementos heterogéneos y una red que es capaz de redefinir y transformar aquello de lo que está hecha" (156). Con esta definición, el autor pretende significar al actor-red como la acción misma que articula temporalmente entidades heterogéneas, sean humanas o no. En este sentido, las redes están constituidas tanto por entidades naturales como sociales que, lejos de ser estables, se encuentran en un continuo proceso de redefinición de sus identidades y de sus relaciones mutuas. Esta dinámica de asociación de componentes heterogéneos es posible gracias a dos operaciones: simplificación y yuxtaposición. La primera consiste en la reducción que los actores hacen de la realidad a partir de la definición de unas cuantas entidades a las que les son atribuidas ciertas características. De lo anterior se infiere que tales definiciones siempre se hallan en competencia con otras, por lo que su aseguramiento requiere de un continuo trabajo de estabilización. Pero estas entidades no existen de manera aislada, sino que se encuentran ligadas a otras que hacen parte de la red. Es aquí donde interviene la yuxtaposición que, al poner en relación a las entidades simplificadas, las sitúa en un contexto en el cual adquieren significado.

En esta apretada síntesis del enfoque de la TAR se vislumbra el valor heurístico de la sociología de la traducción para el estudio de las políticas públicas que, mediante el principio metodológico de seguir a los actores, hace posible reconstruir la cadena de asociaciones, intereses, acciones, recursos y desplazamientos de significados que estos movilizan para adherir a otros agentes (humanos y no humanos) a su causa, en este caso, una política pública en particular. Al revelar el carácter inestable de las asociaciones, identidades e interpretaciones alcanzadas en el decurso de los procesos de traducción, esta perspectiva analítica permite, asimismo, comprender los pasos en falso, las intenciones frustradas o las tentativas fallidas que en muchas ocasiones impiden que un proyecto llegue a existir, lo que derriba las lecturas convencionales de las políticas que sitúan su "fracaso" en el desajuste entre los diseños y la realidad.

Llegados a este punto, podemos establecer un claro paralelo entre la aproximación antropológica a las políticas públicas y la TAR. Desde el primer enfoque, estas políticas son entendidas como principios organizadores respecto a los cuales la gente estructura sus realidades, a través de la creación de vínculos entre agentes, instituciones, tecnologías y discursos que buscan alinear esos diversos elementos (^{Shore y Wright 2011}). Desde la TAR, podríamos entender las políticas públicas como el resultado de la asociación heterogénea de actores, instituciones, conocimientos, prácticas, valores, artefactos, entre otros, que son reunidos, durante un periodo de tiempo, en el mismo lugar⁴, en torno a su construcción (^{Greenhalgh 2008}). De este modo, podemos afirmar que las políticas públicas funcionan a la manera de un actor-red que, según ^{Latour (2008)}, no es otra cosa que "el blanco móvil de una enorme cantidad de entidades que convergen hacia él" (73).

A continuación presentamos un balance, que en absoluto pretende ser exhaustivo, de las investigaciones efectuadas en América Latina en las que se han adoptado las perspectivas socioantropológica y de la sociología de la traducción para abordar el fenómeno de las políticas públicas.

Aproximaciones socioantropológicas a las políticas públicas

Dejando de lado cualquier pretensión de abarcar la totalidad de la literatura sobre el tema, podemos decir que los aportes al estudio de este fenómeno en América Latina por parte de los antropólogos o de otros científicos sociales que recurren a métodos etnográficos se han centrado básicamente en las líneas de análisis que se esbozan a continuación. En un primer énfasis temático, gran parte de estas investigaciones se ha dirigido al examen de los efectos que las políticas públicas producen en la vida de las poblaciones a las cuales se dirigen. De una parte, estos trabajos abordan la manera en que los actores vinculados al mundo de las políticas recortan ciertos segmentos de la realidad para construirlos como áreas problemáticas que deben ser objeto de intervención (^{Assusa 2014}; Barbato 2005; ^{Chao 2019}; ^{Fagundez y González 2018}). De otra parte, se ocupan de la incidencia que dichos dispositivos estatales tienen en la construcción de nuevas subjetividades entre sus beneficiarios, quienes adoptan las identidades que les son atribuidas por instituciones y funcionarios para hacerse merecedores de los servicios dispensados por las agencias estatales (^{Aparicio 2005}; ^{Gracia 2015}; ^{Grinberg 2008}; ^{Jardim 2016}; ^{Ortiz 2017}).

Ahora bien, no todos los sujetos etnográficos indagados muestran tal nivel de conformidad, pues como lo han evidenciado algunos autores, los destinatarios de las políticas son, a la vez, objetos y agentes de ellas, por cuanto elaboran sus propias interpretaciones y traducciones de dichos modelos de acuerdo con sus intereses, valores y necesidades (^{Agudo 2009}, 2011; ^{Dapuez 2016}; ^{Hornes 2014}; ^{Isacovich 2013}; S. Martínez 2017). Cabe pensar, sin embargo, que las formas de intervención estatal también se ven afectadas por los contextos en los que operan, en tanto que, en ocasiones, adoptan las formas locales de organización a fin de favorecer el desarrollo de sus iniciativas (^{Dallorso 2012}; ^{Lozano 2016}; ^{Llanes 2009}).

Un segundo énfasis temático aborda el estudio de las interacciones entre los funcionarios y operadores de las políticas públicas y las poblaciones asistidas a partir del examen de las prácticas y representaciones desplegadas por unos y otros en esta interacción. Para algunos de los autores que se inscriben en esta línea, la aplicación de la ley y de los dispositivos institucionales es el resultado del "regateo" y la negociación entre estos actores (S. Martínez 2019; ^{Nuijten 2003}; ^{Recalde 2019}), mientras que para otros, en dichos encuentros se reproducen y actualizan las jerarquizaciones sociales y, con ellas, los parámetros de inclusión y exclusión de los ciudadanos en las políticas estatales (^{Diehl y Langdon 2015}; ^{Franco 2016}; ^{Restrepo 2010}; ^{Salaini y Jardim 2015}; ^{Saldi 2016}; ^{Wanderley 2009}). Ahora bien, los modelos institucionales de intervención devienen objetos de cuestionamiento tanto por parte de sus beneficiarios (Jaramillo 2006, 2008; ^{Mancini 2016}; ^{Mariano 2013}; ^{Osorio 2014}), como de los mismos agentes a cargo de su implementación.

En este complejo campo de interacciones, emergen diversas respuestas por parte de sus destinatarios, que van desde la sumisión a la autoridad estatal o el desistimiento de las solicitudes (^{Auyero 2013}), pasando por la realización de las performances esperadas por los funcionarios con el fin de asegurar su inclusión o permanencia en los programas (^{Herron 2003}; ^{Hornes y Salerno 2019}; ^{Jabs 2013}; ^{Medan 2018}), hasta la construcción de nuevas identidades al margen de las previsiones de estos últimos (^{Jaramillo 2006}; F. ^{Martínez Ramírez 2019}; ^{Osorio 2011}). Los funcionarios, por su parte, elaboran toda suerte de taxonomías, que definen y categorizan a los usuarios de las políticas de acuerdo con la dimensión de sus carencias. Así, quienes no logran demostrar su calidad de "necesitados" son calificados como "aprovechados" (^{Mariano 2013}), sospechosos e, incluso, peligrosos (^{Recalde 2019}).

El papel de las burocracias en el diseño e implementación de las políticas públicas constituye el eje de una tercera vertiente de análisis. En este grupo se sitúan los estudios interesados en develar los valores y hábitos que los agentes estatales intentan inculcar en las poblaciones intervenidas (^{Assusa 2014}; ^{Gutiérrez y Assusa 2015}), aquellos que examinan las limitaciones presupuestales y organizacionales que estos enfrentan en el desarrollo de su trabajo (^{Jaramillo 2008}; ^{Salej, Ardila y Bragato 2016}), así como los que abordan los amplios márgenes de discrecionalidad de los funcionarios a la hora de tomar decisiones sobre la asignación de bienes y servicios públicos (^{Buchely 2015}; ^{Perelmiter 2016}). En esta vertiente pueden incluirse también las investigaciones que se ocupan del rol que los saberes expertos desempeñan tanto en la configuración de diferentes formas de intervención social y modelos de gobierno (^{Chávez y Piquinela 2017}; ^{Franco 2016}; ^{García 2016}; ^{Hornes 2020}; ^{Salaini y Jardim 2015}) como en la evaluación de los programas sociales (^{Agudo 2009}).

Las políticas públicas vistas a través de la sociología de la traducción

Las nociones y principios que hacen parte de la sociología de la traducción han sido incorporados al análisis de las políticas públicas que, vistas desde esta perspectiva, adquieren un nuevo sentido que se aleja de los enfoques normativos convencionales. Acogiendo los planteamientos de la TAR, un creciente número de autores ha conceptualizado las políticas públicas como un ensamblaje de elementos heterogéneos, tanto sociales como técnicos, semánticos o materiales, que logran ser enrolados y movilizados durante algún tiempo, ya sea para apoyar y estabilizar ciertos modelos de política, o para legitimar la definición oficial de los problemas y de los sujetos de intervención estatal. Este enfoque ha sido fructífero para dar cuenta de la complejidad de un amplio rango de políticas en áreas tan diversas como el manejo del riego (^{Rap 2008}), el ordenamiento territorial (^{Cabrera 2011}), la pobreza (^{Corrêa y Spink 2014}; ^{Ramos 2016}), el transporte público (^{Ureta 2014}, 2015), la inclusión social de personas en situación de calle (^{Chávez y Riet 2015}; ^{Fagundez 2018}), la educación artística (^{Jaramillo 2015}), las políticas de juventud (^{Faustino y Hüning 2015}), la salud pública (E. ^{Martínez 2016}), la atención y restitución de las víctimas del conflicto armado (^{Dávila 2017}; ^{Mora 2016}), los sistemas educativos (^{Amantino y Arimatéia 2017}; ^{Da Silva y López 2014}; ^{Ramos 2018}), la lucha contra la corrupción (^{Arenas y Alzate 2019}) y el empodera-miento (^{Castillo, Winkler y Berroeta 2019}).

Otras investigaciones adoptan algunas nociones de este corpus teórico para aplicarlas a estudios de caso particulares. Es el caso de los trabajos de ^{D'Alessandro y González (2014)}, quienes se apoyan en las nociones de redes socio-técnicas y de controversias para describir las tensiones generadas por la implementación de un programa de distribución de semillas de maíz mejorado en los Altos de Chiapas, y de la investigación de ^{Kerr, Santos y Gastalho (2015)} sobre la política de internación obligatoria para los usuarios de drogas en Río de Janeiro. El concepto de redes sociotécnicas ha sido utilizado, además, por otros autores como ^{Salete et al. (2015)} para examinar el Programa de Erradicación del Trabajo Infantil en Brasil y por ^{Schöngut (2017)} en su indagación sobre los programas de protección de menores en Chile.

De igual modo, la noción de traducción ha mostrado ser productiva en el análisis de intervenciones gubernamentales específicas. Es así como algunos autores recurren a ella para explicar la manera en que los programas de política social se hacen reales gracias al trabajo de generación y traducción de intereses desplegado por los brokers. Este rol es ejercido por distintos actores, como los proveedores del servicio de salud, los funcionarios y las lideresas comunitarias del Programa Oportunidades en México (^{Agudo 2009}; 2011) y los "operadores de cercanía" de la política Uruguay Crece Contigo (^{Chávez, Hotou y Piquinela 2016}). Por su parte, ^{Chávez y Piquinela (2017)} retoman los aportes de los ESCT sobre el proceso de construcción del conocimiento científico para aproximarse a la relación que los psicólogos vinculados a políticas sociales en Uruguay establecen con la población.

El papel concedido por la TAR a las entidades no humanas como agentes activos dentro de la red también ha tenido eco en los estudios sobre las políticas públicas. En este grupo se ubican algunos trabajos (^{Hoyler y Campos 2019}; ^{Leite 2018}; S. Martínez 2021; ^{Rivera-Aguilera 2017}) que, acogiendo el llamado de ^{Hull (2012)} con respecto a la necesidad de analizar los documentos como objetos etnográficos en su propio derecho y no solamente como textos a ser interpretados, reconocen el papel de los documentos de política pública como mediadores que transforman y traducen el significado o los elementos que ellos transportan. En una dirección similar, los estudios de ^{Mora (2016)}, E. Martínez (2016), ^{Soto et al. (2017)} y ^{Ramos (2016}; ²⁰¹⁸) analizan las funciones performativas de los instrumentos de registro, gestión, medición y evaluación de políticas públicas, los dos primeros en Colombia y los tres últimos en Chile.

Por último, es preciso señalar que un importante grupo de investigaciones integra ambas perspectivas de análisis -la socioantropológica y la sociología de la traducción- al considerar las políticas públicas como ensamblajes de diversas racionalidades y técnicas de gobierno dirigidas a la administración de las poblaciones. En este grupo se sitúan algunos trabajos sobre las políticas urbanas en dos ciudades colombianas (^{Pérez 2010}), el dispositivo de control migratorio en Brasil (^{Jardim 2016}), las políticas de salud en Chile (^{Castillo et al. 2017}), el Programa Prospera en México (^{Ortiz 2017}), el sistema de evaluación del sistema educativo en Chile (Ramos 2018) y las políticas anticorrupción en Colombia (^{Arenas y Alzate 2019}).