Introducción

En el segundo trabajo de campo, luego de haber realizado el diagnóstico de los daños ocasionados por el conflicto armado, el equipo de investigación se disponía a indagar sobre los procesos de reparación a las víctimas y su participación en ellos¹. Ante la incertidumbre y confusión que tenían las comunidades con las que trabajamos respecto a dichos procesos, decidimos remitir derechos de petición a las alcaldías de Sonsón, San Francisco y Cocorná, así como a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv)², para conocer de estas fuentes los programas y proyectos desarrollados en estas localidades como formas de reparación a víctimas.

Para sorpresa nuestra y de las comunidades, dichas repuestas incluían la provisión y mantenimiento de diferentes infraestructuras dentro de los programas, proyectos y políticas implementadas en el marco de la reparación a víctimas, como mantenimiento y construcción de vías, construcción de pozos sépticos, provisión de estufas eficientes, construcción y mejoramiento de vivienda, construcción de acueductos, intervenciones y mantenimientos en escuelas y centros de salud, reconstrucción de casetas comunales, reconstrucción y adecuación de parques, construcción y mantenimiento de infraestructuras asociadas a sistemas productivos de caña, café y cacao, entre otros.

Al contrastar las respuestas a los derechos de petición con lo acontecido en el contexto regional del Oriente antioqueño, encontramos que varios de los procesos de reparación colectiva se habían destinado a la construcción de diversos proyectos de infraestructura. Es así como la pavimentación de la vía San Carlos-Granada (^{Uariv 2015b}), la pavimentación de la vía San Luis-Chocó (^{Uariv 2015a}) o la remodelación del parque principal de San Francisco (^{Uariv 2016}) se han presentado como medidas de reparación colectiva a las víctimas del conflicto armado de estas localidades.

Las personas con las que trabajamos no manifestaron su oposición a este cúmulo de obras; sin embargo, sí nos declararon cierta indignación ya que no se les había informado que varias de estas eran medidas de reparación -lo cual contradiría el principio de participación que debe operar en los procesos de reparación-, además de que consideraban esos proyectos no como mecanismos directos o específicos de la reparación, sino como “algo que tiene que hacer normalmente el Estado” (comunicación personal, habitante de Boquerón, taller sobre expectativas en torno a la reparación, mayo de 2018).

En cuanto a la reparación, es de precisar que es considerada como un derecho humano de las víctimas que, en el marco de la justicia transicional y del derecho internacional de los derechos humanos (DIDH), lleva a que los Estados sean los garantes del resarcimiento de “los derechos violados, los daños sufridos y los perjuicios soportados” (^{Magarrell 2007}, 2). Este enfoque de garantía de derechos ha tendido a configurar así una lógica correlacional entre daño y reparación en la que esta última debe “ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido” (^{OACNUDH 2005}).

Si bien los procesos de reparación, en su lógica correlacional con el daño, deberían responder a las particularidades de las afectaciones ocasionadas, lo que se ha ido labrando es la concepción más general de reparación integral. El artículo 25 de la Ley 1448 dice lo siguiente con respecto a ese concepto:

las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones, [lo que comprende] las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. (^{Congreso de la República 2011}, énfasis añadido)

Con relación a un posible enfoque transformador de la reparación, ^{Uprimny-Yepes y Guzmán-Rodríguez (2010)} proponen que los procesos de reparación pueden ser considerados como una oportunidad para que la justicia restaurativa, propia del mecanismo transicional con el que se pretende reparar a las víctimas, confluya con la esfera de la justicia distributiva inmanente al Estado y al deber de garantizar el bienestar de sus asociados. Sin embargo, tal intento por armonizar esos dos ámbitos de la justicia puede conducir a considerar que la reparación a las víctimas es un asunto transversal e inherente a la provisión de bienes y servicios de la justicia distributiva, con lo que se pierde de vista la especificidad de los daños por reparar, así como las expectativas y la participación de los sujetos de reparación³.

A nivel individual, la esperanza más general y concreta que tenían las comunidades con las que trabajamos respecto a su derecho a la reparación era la de obtener una indemnización económica que les permitiera recuperar sus viviendas y cultivos⁴. A nivel colectivo, sus expectativas se han centrado en postularse como sujetos de reparación colectiva para lograr la recuperación y construcción de infraestructuras que les posibiliten mejorar los procesos económicos y sociales de sus territorios. Incluso, en el desarrollo de la investigación evidenciamos el esfuerzo que hacen las comunidades rurales para adelantar las gestiones necesarias, o inmiscuirse en ellas de manera colectiva y autogestionada, en lo relativo a la construcción o rehabilitación de las vías de acceso a sus veredas, así como en la restauración de sus viviendas, sus espacios comunitarios y sus cultivos; todo ello con la finalidad de recuperar los lugares y modos de vida que fueron afectados por el conflicto armado.

Ahora bien, esta coincidencia entre oferta, demanda y autogestión de infraestructuras como forma de reparación y recuperación ante los daños producidos por la violencia está atravesada por dos tipologías de infraestructura -diferenciables en sus funciones y efectos sobre el territorio-, que se vinculan con distintos procesos de la producción de escalas en la configuración socioespacial del Oriente antioqueño, y conducen a una concurrencia de visiones y acuerdos relacionados con la reparación a víctimas y la construcción de paz.

Así, es posible rastrear una tipología en la que los proyectos infraestructurales poseen un carácter preponderantemente económico, pues se rigen por los principios de rentabilidad económica. Para efectos de este artículo, la denominaré infraestructura económica, ya que está impulsada principalmente por agentes económicos mixtos, públicos y privados, y su objetivo principal es la utilidad económica vinculada con la escala global del capital. El caso emblemático que se tratará aquí está representado por las centrales hidroeléctricas y otras infraestructuras subsidiarias.

Una segunda tipología, que emerge de manera más visible y generalizada con las estrategias de superación del conflicto armado, es la que se adelanta bajo la modalidad de infraestructura social o comunitaria⁵, que puede ser orientada desde el Estado nacional y los organismos de cooperación internacional. Esta modalidad también puede delegarse en las comunidades locales -a través de la descentralización y entrega de recursos- o incluso surgir de la autodeterminación de las comunidades. Esto ocurre cuando las personas perseveran en recuperar o construir las infraestructuras que reviven procesos materiales y afectivos de la vida en comunidad que están más vinculados a una escala local o territorial, es decir, a una especificidad geográfica relacionada con los espacios intra- e interveredales, así como los municipales o los correspondientes a los circuitos y relaciones socioeconómicas que se tienen con cascos urbanos próximos.

Al rastrear de dónde provienen estas visiones de construcción de infraestructura y cómo cobran sentido en el territorio, se pueden diferenciar los modos en los que se desarrollan o adquieren fuerza local, así como el tipo de actor/sector que las impulsa: estatal, empresarial o comunitario; y si bien las intervenciones realizadas sobre un espacio pueden resultar híbridas (tanto en lo relativo a los actores que participan como en lo que se refiere a los actores que se benefician), en el caso de lo observado en el Oriente antioqueño es posible distinguir a aquellos actores preponderantes en la construcción o impulso de cada una de estas apuestas infraestructurales. Es justo en este punto donde cobra relevancia el análisis de la concurrencia de visiones y acuerdos, en la medida en que implican no solo un diálogo o negociación, sino también una disputa entre diferentes perspectivas de la reparación a las víctimas y la construcción de paz.

En el análisis de dicha concurrencia se encuentra el argumento principal que presento en el artículo: describir y examinar cómo la construcción de infraestructuras ha estado relacionada históricamente con el despliegue del conflicto social, político y armado en el Oriente antioqueño, pero también, más recientemente, con la reparación a las víctimas y la construcción de paz. Esto exige no perder de vista que las infraestructuras se han ido construyendo con la función latente de integrar esta subregión a un proyecto desarrollista, un proyecto que ha suscitado entre sus habitantes diferentes modos de asimilación, reconducción o rechazo. En el caso actual de la provisión de infraestructura -sobre todo la vial- como forma de reparación a las víctimas y de construcción de paz, algunas comunidades y organizaciones sociales empiezan a desconfiar o a oponerse porque a ello le subyacen los intereses económicos de empresas que necesitan accesos apropiados para la explotación de recursos naturales.

Para desarrollar este argumento, ordené el artículo en cinco secciones. En la primera reviso algunos antecedentes histórico-políticos del Oriente antioqueño que muestran la relación entre el desarrollo del conflicto armado y la construcción e implantación de una infraestructura económica. En la segunda describo la aproximación etnográfica del proceso investigativo con el que se determina el cruce entre reparación y provisión de infraestructura. En la tercera analizo cómo acontece una inserción estatal y económica mediante la construcción de infraestructura que, además de presentarse como una forma de reparación a las víctimas, se ha configurado como un componente de la construcción de paz. En la cuarta detallo algunas de las acciones relacionadas con la participación de las comunidades en el mantenimiento y la construcción de infraestructura suministrada por el Estado. En la quinta expongo cómo algunas formas de autogestión de las comunidades han estado direccionadas a la recuperación y construcción de infraestructura en su propio entorno. Finalmente, a modo de conclusión, presento un epílogo en el que infiero la existencia de dos tipos de agenciamientos en la concurrencia de acuerdos y visiones para el desarrollo de infraestructuras.

Desarrollo de infraestructura económica y conflicto social, político y armado en el Oriente antioqueño

Como lo afirma un dirigente popular que participó en movimientos sociales y comunitarios del Oriente antioqueño a finales del siglo pasado, esta es una subregión que “se podría llamar la arrancaguas”, pues “de ahí arrancan las aguas que caen al Magdalena y arrancan las que van al Cauca, es una enorme despensa de agua casi al final de la cordillera central” (^{Ramírez Valencia 2020}, 23; énfasis en el original). Es la existencia de ese potencial hídrico, en cuanto recurso estratégico, uno de los elementos definitorios de la configuración del conflicto que ha caracterizado la historia reciente de esta subregión.

Por un lado, esa riqueza en aguas ha sido aprovechada para construir, entre las décadas de los setenta y ochenta, cinco represas en las que hoy en día se produce aproximadamente el 30 % de la energía de Colombia. A la construcción de esas represas, y con el ánimo de alinear esta región con el escenario de la economía nacional e internacional -lo que implica “la implantación de una infraestructura ligada a fortalecer los flujos extraterritoriales” (^{Pineda Gómez y Pimienta Betancur 2021}, 11)-, se le sumó la construcción, en ese mismo periodo, de otras obras de infraestructura económica, como la autopista Medellín-Bogotá, el aeropuerto José María Córdova, la zona franca y, con ella, el establecimiento de grandes industrias.

Pero, por otro lado, el despliegue de tales infraestructuras en el Oriente antioqueño dio lugar a un modelo de desarrollo inequitativo que podría emparentarse con lo que David ^{Harvey (2006}) denomina desarrollo geográfico desigual. En el caso del Oriente antioqueño ese modelo ha producido una fragmentación espacial en la que el impacto más fuerte del desarrollo se ha concentrado en algunos municipios del “Oriente cercano” -más próximos a Medellín, la capital del departamento, y con una marcada tendencia a la urbanización e industrialización- y no en aquellos municipios del “Oriente lejano” -más apartados de Medellín y con características preponderantemente rurales-, donde se localizan las mencionadas infraestructuras energéticas que han ocasionado grandes impactos sociales, culturales, políticos y económicos (^{García y Aramburo 2011}).

En respuesta a los efectos generados por ese desarrollo desigual se fue gestando un proceso de movilización e integración regional que se concretó en la década de los ochenta con la creación del Movimiento Cívico de Oriente (^{García 2007}; ^{Olaya 2012}). La organización se opuso a las políticas de Estado diseñadas para la subregión, ya que no habían tomado en cuenta a la población para la implantación de la infraestructura energética (^{PNUD 2010}); a su vez denunció la existencia de tarifas injustas para un territorio productor de un gran porcentaje de la energía del país y reivindicó la distribución equitativa de los beneficios económicos generados por dicha infraestructura. Sin embargo, esta posición no fue entendida como una iniciativa ciudadana en búsqueda de justicia social y económica, sino como un problema frente al cual se reaccionó mediante la represión y el uso generalizado de la violencia. Fue así como el Movimiento Cívico se convirtió en objeto de un proceso de estigmatización, persecución y exterminio en el que participaron militares y paramilitares.

Tales hechos condujeron a que el ejercicio de ciudadanía que adelantaba dicho movimiento perdiera credibilidad en las vías legales y democráticas de sus reivindicaciones. En ese momento comenzó a hacer presencia en la subregión el Ejército de Liberación Nacional (ELN) a través de los frentes Carlos Alirio Buitrago y Bernardo López Arroyave (^{Olaya 2012}); también llegaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuyos frentes 49 y 9 encontraron en el Oriente antioqueño un territorio de refugio y retaguardia que poco a poco fueron copando (^{García y Aramburo 2011}). Estos grupos insurgentes tomaron, a su modo, el relevo de las reivindicaciones que ya había hecho el movimiento social en la subregión.

El desarrollo de proyectos de infraestructura económica ha sido sin duda un componente material y emblemático de la configuración regional del Oriente antioqueño; pero, como puede verse, también ha sido un elemento neurálgico en el desenvolvimiento del conflicto social, político y armado que ha atravesado esta subregión; un conflicto que entre 1997 y 2006 alcanzó sus máximos históricos de violencia en medio de una disputa territorial entre militares, paramilitares y las guerrillas de las FARC y el ELN. Finalmente, ya hacia el segundo lustro del presente siglo, luego del despliegue de varias operaciones militares desarrolladas en el marco de la Política de Seguridad Democrática, imperaría el control del Ejército Nacional en el Oriente antioqueño. A la par que se afianzó ese control, parecía que se iban borrando las reivindicaciones de la movilización ciudadana en torno a la justicia social que debía generar la implantación de la infraestructura económica, lo que dejó como referente principal de la historia de la subregión el hecho de ser un territorio pujante gracias al desarrollo económico aportado por dicha infraestructura.

No obstante, sobre la base de los procesos de movilización ciudadana esas reivindicaciones permanecieron vivas y abiertas a otros devenires. Fue así que en 2013 se volvió a conformar un movimiento de carácter regional denominado Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio (Movete), que ha procurado recoger el legado histórico del Movimiento Cívico, con especial énfasis en el cuidado del agua en cuanto garante de la vida en el territorio; con este objetivo, Movete ha propuesto un análisis crítico de los impactos socioambientales que generan en la subregión los proyectos hidroeléctricos, agroindustriales y mineros (^{Movete 2018}) (figura 1).

Fuente: mapa elaborado por Creación Libertaria para el Movete, noviembre de 2016.

Figura 1.  Mapa: tejiendo territorios para la defensa de la vida y la permanencia en el Oriente antioqueño 

Acercamiento etnográfico a los procesos de reparación y a la construcción de infraestructura

Además de la fase de revisión documental, con el equipo de investigación del proyecto que da origen a este artículo desarrollamos un trabajo de campo de corte etnográfico con víctimas del conflicto armado y con funcionarios públicos encargados de su atención y reparación. Con las víctimas realizamos talleres participativos⁶, entrevistas semiestructuradas y técnicas etnográficas como recorridos territoriales y observaciones participantes en reuniones de las comunidades y en convites⁷. Con los funcionarios llevamos a cabo entrevistas semiestructuradas; igualmente, tuvimos que hacerles requerimientos a través de derechos de petición (como mencioné en la introducción) y concertar con ellos reuniones públicas para esclarecer diferentes situaciones administrativas relacionadas con los procesos de reparación de las comunidades que participaron en la investigación.

El trabajo de campo lo adelantamos en tres lugares del Oriente antioqueño (figura 2): las veredas Palmirita (municipio de Cocorná) y Boquerón (municipio de San Francisco), y el corregimiento de Río Verde de los Montes (municipio de Sonsón). Estos los elegimos porque, además de la intensa disputa territorial que en ellos aconteció durante el conflicto armado, sus comunidades ya habían iniciado procesos de reparación de diferentes hechos victimizantes, como asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, tortura, siembra de minas antipersona, extorsiones, coacción, retenciones arbitrarias, desplazamiento forzado, entre otros. El reconocimiento de la dimensión y del impacto social y territorial de estos hechos nos permitió activar posteriormente el trabajo etnográfico sobre las formas particulares en las que las comunidades han ido superando las afectaciones causadas por el conflicto armado, bien sea por las acciones emprendidas por el Estado para la reparación o bien porque han sido iniciativas adelantadas de manera autónoma por las comunidades⁸.

Fuente: elaboración propia, con base en información de Open Street - IGAC (2021).

Figura 2.  Lugares del Oriente antioqueño donde se realizó trabajo de campo 

Sobre los procesos de reparación que se implementan desde el Estado, ya se han adelantado trabajos etnográficos que muestran, por ejemplo, las divergencias entre los marcos normativos de la reparación y su aplicación a colectivos con especificidades étnicas (^{Latorre-Iglesias 2018}); igualmente, se han hecho etnografías que se focalizan en la dimensión colectiva de la reparación a partir de la generación de estrategias de producción de lo común (^{Sañudo et al. 2021})⁹. Si bien en este artículo comparto ese acercamiento etnográfico como enfoque metodológico de análisis de los procesos de reparación, lo que quiero describir y analizar aquí de manera más específica son los significados y controversias que han ido emergiendo en algunas comunidades del Oriente antioqueño alrededor de las infraestructuras como modo de reparación o recuperación, luego de haber sido víctimas del conflicto armado. Como puede verse, se trata de un cruce entre la etnografía de la reparación y la etnografía de las infraestructuras, en la medida en que estas últimas son usadas como forma de reparación y de construcción de paz.

En cuanto a la etnografía de las infraestructuras, ya se han adelantado trabajos (sobre todo en África y en Asia) que las analizan como una herramienta de construcción de ciudadanía, para forjar identidades colectivas y movilizar la acción política (^{Anand 2017}; ^{Fredericks 2018}); también para pensar dicha construcción en los términos materiales que implican las infraestructuras en contextos de transformación política en los que los procedimientos técnicos y económicos las convierten en lugares en donde las ciudadanías son concertadas o impugnadas (^{Schnitzler 2016}). En correlación con este tipo de estudios, también se encuentra el trabajo de Daniel ^{Mains (2019}), que explora la confluencia entre desarrollo y gobernanza examinando los conflictos que emergen en torno a proyectos infraestructurales instrumentalizados, simultáneamente, para la construcción de nación y el consentimiento de la legitimidad del Estado. Estas etnografías tienen en común -como también es el caso del análisis que expongo aquí- el que se hacen en países o zonas “en vía de desarrollo”, así como el carácter controversial del uso de las infraestructuras como práctica material y simbólica en la construcción de ciudadanías y la producción de Estado. El estudio de ^{Schnitzler (2016)} sobre el procedimiento técnico-político y polémico del recurso a las infraestructuras para la superación del Apartheid en Sudáfrica resulta incluso bastante similar al presente artículo en lo relativo al marco contextual de la transición política que analizo; solo que, como ya lo he señalado, el aspecto más cuestionable en lo referente al Oriente antioqueño se encuentra en recurrir a la provisión de infraestructura como forma de reparación y construcción de paz en una región donde la implantación de infraestructura económica ha estado relacionada con la violencia y sigue generando conflictos sociales.

Las comunidades con las que trabajamos consideran el mantenimiento, la rehabilitación y la construcción de infraestructuras comunitarias -escuelas, caminos, carreteras, etc.- como una necesidad con respecto a la cual están dispuestas a realizar diferentes acciones políticas con el fin de recuperarse de las secuelas del conflicto armado; pero al mismo tiempo ven como una amenaza la llegada de proyectos infraestructurales como las pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH). En los tres lugares donde trabajamos, una de las mayores expectativas en relación con su reparación estaba en la no-repetición, en poder vivir tranquilamente sin aquel riesgo que representa la presencia de los actores armados; paralelamente, una de sus mayores preocupaciones es la aparición de intereses externos que solo ven en sus espacios de vida unas despensas de recursos naturales por explotar, con lo cual advierten un nuevo riesgo para su permanencia en el territorio y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Como gran parte del Oriente lejano, los lugares donde hicimos trabajo de campo se caracterizan por una enorme riqueza hídrica y de suelos, aspectos que para las comunidades y los movimientos socioterritoriales, como el Movete, son componentes de una vida digna en la que son primordiales la solidaridad, el encuentro, el goce, el trabajo comunitario, y la defensa y el cuidado de un territorio compuesto por “personas, cultivos, carreteras, caminos, paisajes, ríos, animales y toda la biodiversidad” (comunicación personal, habitante de Boquerón, taller de cartografía social, abril de 2018).

La inserción estatal y económica en la construcción de infraestructura como mecanismo de reparación a víctimas y medio para la consecución de la paz

Se ha llegado a aseverar, sin mayores cuestionamientos, que “la paz y el desarrollo van de la mano en Colombia” (^{Banco Mundial 2014}), que el bienestar y la paz se alcanzan por la vía del desarrollo, y que la paz misma promueve las inversiones y permite el desarrollo social y económico. De hecho, este tipo de visión, que reivindica la construcción de infraestructuras para la consecución de la paz, se inserta en una dinámica internacional que en la última década ha utilizado “las infraestructuras como ‘punta de lanza’ en la consolidación de la paz [lo cual] forma parte de un retorno más amplio de las infraestructuras en la agenda global de desarrollo” (^{Bachmann y Schouten 2018}, 386)¹⁰. Así, luego del auge que tuvo a nivel mundial el desarrollo mediado por la construcción de infraestructuras, actualmente reaparece un nuevo impulso cuya justificación es la paz.

Esa misma asociación entre desarrollo y paz es de hecho la que se ha promovido en el contexto regional del Oriente antioqueño desde hace dos décadas a través del Programa de Desarrollo para la Paz (Prodepaz), abanderado por actores como la diócesis de Sonsón-Rionegro y las empresas del sector eléctrico. Con la financiación de la Unión Europea, dicho programa tuvo a su cargo la gestión del Laboratorio de Paz realizado en esta subregión, evento con el que se ha fomentado y simbolizado, en torno a la búsqueda y la consolidación de la paz, lo que debería ser “el giro en las prioridades más visibles de las comunidades: el ‘desarrollo’” (^{García y Aramburo 2011}, 171).

Como puede notarse, el uso de las infraestructuras en el restablecimiento del discurso del desarrollo por medio de la construcción de paz comporta una agencia con la que se procura alcanzar fines sociopolíticos y económicos. Del lado del Estado, el recurso a las infraestructuras como forma de reparación a víctimas y construcción de paz resulta ser una oportunidad para llegar al Oriente antioqueño a través de su músculo económico y político. En el desarrollo de infraestructuras -como la construcción y el mejoramiento de vías que permiten dar más agilidad al transporte de personas y recursos- opera entonces una tecnología logística que ayuda “a la penetración efectiva del Estado en la vida social” (^{Mann 2006}, 10).

Ahora bien, en el contexto actual de las democracias capitalistas, para que los Estados puedan ser “infraestructuralmente fuertes” deben aceptar y refrendar acuerdos con “las reglas y la racionalidad de la economía capitalista que los rodea” (^{Mann 2006}, 8). De tal entramado se puede incluso inferir que la intervención social del Estado es una manera de abonar el terreno para dar acceso al flujo económico del capital. Así, mientras el Estado, por un lado, ofrece obras de infraestructura social como modos de reparación a víctimas y de construcción de paz, por otro lado, incentiva en el Oriente antioqueño la explotación minero-energética¹¹ en cuanto estrategia de desarrollo económico que también se vincula con la consecución de paz.

De hecho, el prolífico resurgimiento de proyectos extractivistas en el Oriente antioqueño prefigura nuevamente un panorama complejo en el que concurren diferentes visiones de quienes están en el territorio. Mientras que para algunos actores, como los movimientos socioterritoriales, la persistencia de ese tipo de proyectos no representa la garantía de justicia y no repetición que exige la transición hacia la paz, para otros representantes de sectores específicos de la sociedad civil -como Prodepaz e instituciones públicas y privadas-, la prioridad más visible e inmediata en la búsqueda de la paz reside en la promoción del desarrollo económico. Tal panorama genera divisiones y conflictos entre la misma población, como es el caso actualmente en Río Verde de los Montes y Boquerón, donde se proyecta la construcción de dos centrales hidroeléctricas, así como en Palmirita, donde se gestiona una solicitud de licencia para explotación minera.

Como nos lo manifestaron distintos habitantes, tales proyectos representan una amenaza para sus territorios y la emergencia de un nuevo conflicto en el que está latente un desplazamiento “negociado” para que se pueda dar la explotación de recursos naturales. En los talleres y encuentros -momentos de recorridos territoriales y de observación participante en convite-, algunos integrantes de las comunidades de Boquerón y Palmirita nos hablaron de su voluntad de permanecer unidos en contra de esos proyectos y de estar dispuestos a defender su territorio frente a los intereses y visiones que surgen desde los mismos gobiernos locales, las empresas interesadas en los proyectos¹² y las entidades que las apoyan¹³.

En el caso de Río Verde de los Montes, encontramos que la población estaba dividida entre quienes opinaban que el Proyecto Hidroeléctrico Río Verde de los Montes traería desarrollo al corregimiento y quienes afirmaban que el agua de Río Verde “es de nosotros y nuestras generaciones futuras y por eso no dejaremos represar el río” (comunicación personal, habitante de Río Verde de los Montes, taller de devolución y validación de la información, febrero de 2019). Incluso, en un momento en que nos expresaron la idea de constituir a la comunidad de Río Verde de los Montes como sujeto de reparación colectiva, proyectaron solicitar como medida de reparación la construcción de una carretera hasta el lugar, que consideran primordial, “porque nosotros aquí sin carretera no tenemos calidad de vida buena, porque aquí tenemos un suelo que nos produce pero no tenemos por dónde sacar los cultivos” (comunicación personal, habitante de Río Verde de los Montes, taller sobre expectativas en torno a la reparación, abril de 2018). Sin embargo, en opinión de otras personas lo mejor era solicitar como reparación colectiva la recuperación de sus viviendas, pues la carretera tendría que ser finalmente construida para poder hacer viable la hidroeléctrica, o podrían seguir esperando que se cumpliera esta vieja promesa que diferentes gobiernos municipales y departamentales les habían hecho: “si ha habido tantos políticos que nos han engañado, el Estado no puede seguir evadiendo la responsabilidad que tiene con nosotros como ciudadanos” (comunicación personal, habitante de Río Verde de los Montes, taller sobre expectativas en torno a la reparación, abril de 2018).

En uno de los recorridos territoriales por Río Verde de los Montes, un poblador de este corregimiento me relató que los inicios de la construcción de esa carretera datan de los años ochenta del siglo pasado. Me comentó además que la construcción la detuvieron por el impacto ambiental que generaba en el sistema del páramo andino que hay en la zona, y que luego su continuación se convirtió en promesa electoral de varios de los aspirantes a la alcaldía y gobernantes de Sonsón. Al continuar con su relato me refirió que en la administración municipal que hubo entre 2016 y 2019 se abrió una trocha hasta La Soledad con el ánimo de finalizar luego las obras de la carretera; sin embargo, esa trocha quedó sin mantenimiento durante más de tres años, de modo que se convirtió en un camino de muy difícil tránsito, cuestión que llevó a que la misma comunidad del corregimiento se encargara, mediante convites, y con sus propios aportes monetarios, de tender piedras y madera en la vía para poder pasar con sus mulas (figuras 3.1 y 3.2).

Fuente: fotos cortesía de Valentina Hincapié, abril de 2018.

Figuras 3.1 y 3.2.  Chiva varada y mulas en tránsito por la carretera (trocha) de Río Verde de los Montes 

La participación de las comunidades en el mantenimiento y la construcción de infraestructura suministrada por el Estado

Pese a sospechar que tras la provisión de infraestructuras sociales -sobre todo viales- se pueden esconder intereses de empresas para la extracción de recursos minero-energéticos, en general las comunidades que participaron en la investigación se mostraron proclives al suministro de infraestructuras por parte del Estado. Es más, durante el trabajo de campo fue común escuchar frases como “el Estado somos todos” (comunicación personal, habitante de Boquerón, taller de devolución y validación de información, febrero de 2019) o “el Estado también somos nosotros” (comunicación personal, habitante de Río Verde de los Montes, taller sobre expectativas en torno a la reparación, abril de 2018), en las que no solo se expresaba la esperanza de poder recibir algún servicio del Estado, sino también la voluntad de aportar a la formación del Estado tanto a través de la participación política como de ese elemento tan concreto que es la construcción de infraestructuras.

Esta clara voluntad de las comunidades es compatible con aquella visión en la que el Estado es “un proceso de coproducción en el que participan diferentes actores y dinámicas” (^{Uribe, Otero-Bahamón y Peñaranda 2021}, 89), que a su vez inciden en lógicas locales de construcción del Estado y de la paz. En contextos afectados por conflictos armados y en los cuales la esperanza de su superación pasa por ese sentido material de la construcción de infraestructuras, resulta vital que se tengan en cuenta las aspiraciones sociales y políticas de las comunidades locales. Estas aspiraciones redundan en una amplia concepción de la construcción de paz. Al ser entendida de manera procesual, esta última compete al conjunto de acciones que, buscando superar las circunstancias que motivaron el conflicto armado y tratando de evitar que este se repita, contribuyen a mejorar las condiciones de vida de una población (^{Grasa y Mateos 2014}). Para ello es necesario consolidar espacios y recursos con duración en el tiempo, cuya legitimidad permita que se constituya una “infraestructura de paz” en la que “los diferentes actores de la sociedad, incluyendo las partes del conflicto, preparen la paz y la sostengan en el tiempo” (^{Pfeiffer 2014}, 4). De acuerdo con ^{Lederach (2012}), esta infraestructura de paz, además de implicar un horizonte de largo plazo, también debe tener como elemento fundamental la inclusión de iniciativas y esfuerzos locales de construcción de paz, pues solo así se tendrá cercanía, responsabilidad y legitimidad frente a los diferentes contextos.

Las comunidades que participaron en nuestra investigación hicieron mayor hincapié en las acciones realizadas por ellas mismas para recuperarse de las secuelas del conflicto. De ahí que en los tres lugares mencionados hayan relatado que, después de haber vivido el desplazamiento forzado, regresaron a sus veredas y, entre sus primeras iniciativas, emprendieron la reorganización de las juntas de acción comunal (JAC)¹⁴ para constituir procesos políticos que, con la mediación de instituciones públicas de diversa escala, permitieran la reconstrucción de sus espacios y la recuperación de la vida en común afectada por el conflicto armado. Fue con ese ímpetu que las comunidades de Boquerón y Palmirita estuvieron prestas a realizar diferentes gestiones para mejorar las vías de acceso a sus veredas mediante la pavimentación con placa-huella¹⁵. Aunque en el caso de estas dos comunidades ese mejoramiento de las vías no fue tramitado directamente como un mecanismo de reparación colectiva -como sí ha sido el caso en otras localidades del Oriente antioqueño y del país-, los pobladores de estas veredas lo han concebido como un verdadero proceso de recuperación física, económica y social. Es por ello que, de manera voluntaria y entusiasta, transigieron en realizar diversos trámites, y en poner recursos y mano de obra para pavimentar con placa-huella algunos de los tramos más deteriorados o difíciles de sus carreteras veredales (figuras 4.1 y 4.2).

Fuente: fotos cortesía de Laura Cuadros, octubre de 2019.

Figuras 4.1 y 4.2. Chiva varada en parte destapada y tramo de placa-huella de la carretera de Palmirita 

Este caso es una muestra de cómo en torno a la construcción de infraestructura se logra movilizar y vincular a una población con sus aspiraciones sociales, económicas y políticas; igualmente, se prefigura como un indicio de que en el uso de las infraestructuras para la construcción de paz es preferible “delegar las fuentes de poder, así como la agencia de las infraestructuras, fuera de los Estados centrales, en sus principales usuarios: las comunidades locales [...] afectadas por el conflicto” (^{Bachmann y Schouten 2018}, 392). Se trata de una ocasión apropiada para ir tejiendo una infraestructura social y política de paz en la que es necesario reconocer la voluntad de las comunidades locales para involucrarse en la agenda de programas, proyectos y obras relacionados con la búsqueda de la paz, en el contexto de la solución de sus propias dificultades y en busca de la generación de las capacidades que permitan disminuir las brechas de un desarrollo inequitativo.

Así, a la idea incluyente de que “el Estado somos todos”, termina por superponérsele un conjunto de prácticas excluyentes que dejan la sensación de que “el Estado son otros”: usualmente personas con poder económico y político que solo tienen en cuenta a estas comunidades para conseguir prebendas políticas -representadas en obtención de votos- o económicas -como la explotación de recursos naturales presentes en sus territorios-.

La autogestión de las comunidades para la recuperación y construcción de infraestructura

Entre el desencantamiento que producen los meandros burocráticos estatales y la desconfianza que generan los intereses económicos de agentes exógenos, el razonamiento que hace la gente es que “mejor lo hacemos nosotros mismos” (comunicación personal, habitante de Palmirita, taller sobre expectativas en torno a la reparación, abril de 2018): muchas de las obras que se obtendrían a través de procesos de reparación, o de diversas gestiones ante el Estado, se pueden autogestionar o realizar mediante labores comunitarias, con lo que se evita el desgaste que implica la burocracia y la frustración que conllevan las estratagemas políticas y económicas.

A diferencia de las obras que aparecen como delegadas por el Estado, o de aquellas que eran responsabilidad estatal pero quedaron inconclusas, en este caso se trata de un tipo de obras que se construyen al margen de la institucionalidad estatal, creadas y gestionadas a través de los espacios comunitarios mismos.

En el caso de Palmirita, Boquerón y Río Verde, pudimos apreciar que para superar lo padecido durante el conflicto las comunidades fueron recuperando, poco a poco y de manera autónoma, repertorios de acción colectiva que les permitieran reconstruir sus mundos de vida mediante la solidaridad y con la esperanza de edificar proyectos comunes y visiones de un futuro compartido. De las acciones que las propias comunidades han emprendido, sobresalen las que realizan mediante trabajos colectivos arraigados en los lazos de solidaridad entre familiares y vecinos que se esfuerzan autónomamente por recuperar sus modos y espacios de vida. Así, el mantenimiento o la restauración de caminos, cultivos, casas y espacios colectivos, como las escuelas y las casetas comunales, lo hacen mediante convites para los cuales cada quien destina tiempo y recursos económicos, o mediante eventos como festivales, torneos deportivos, entre otros, destinados a recolectar dinero y financiar dichas obras.

En el caso de Palmirita tuvimos la oportunidad de participar en cuatro convites cuyo propósito era la restauración de la escuela de la vereda (figuras 5.1 y 5.2). Esta acción fue llevada a cabo como autogestión de una forma de reparación colectiva, dado que la comunidad de Palmirita no la había podido tramitar a través de la Uariv o la Administración municipal que les exigían tener la titulación del terreno donde se encuentra la escuela; a pesar de haber sido donado hace mucho tiempo por la primera maestra que hubo en la vereda, hasta la fecha el terreno no se ha podido ceder legalmente a la JAC ya que los herederos de la maestra se encuentran en un complicado proceso de sucesión.

Fuente: foto cortesía de Valentina Hincapié, septiembre-octubre de 2019.

Figura 5.1 y 5.2. Escuela de Palmirita y detalle del trabajo de su recuperación  

Para los habitantes de Palmirita la restauración de la escuela -en cuanto espacio importante para la vida comunitaria de la vereda, pues además de ser el lugar de estudio de niños y niñas también es usado para reuniones y festejos- era vista entonces como una acción concreta de reparación colectiva. En los convites destinados a esta actividad hubo una masiva participación de la comunidad de la vereda que, junto con nuestro equipo de investigación, se dedicó a arreglar muros, techos, a estucar, pintar, y a recomponer el jardín y el cerco de la escuela. El entusiasmo depositado en esa obra descansaba en el hecho de que en ella había, simbólicamente, una rehabilitación de los vínculos y sentimientos comunitarios; como si en la capacidad de hacer, de trabajar colectivamente, estuviese también la posibilidad de restablecer y fortalecer el entramado comunitario que había sido deteriorado a causa del conflicto armado (^{Ramírez Zuluaga 2021}).

Esa capacidad de organizarse y actuar colectivamente, de generar alternativas de autogestión en pro de su vereda, rebasa las visiones centradas en lo económico, y se perfila como un cimiento para consolidar la solidaridad, la autonomía y la dignidad. Es quizá desde esa perspectiva que la comunidad de Palmirita, en lugar de postularse como sujeto de reparación colectiva, decidió integrarse al Movete para abrirse a una movilización política afín a sus intereses comunitarios, en los que la defensa y el cuidado del territorio se proyectan como la base para la consecución de una vida digna y en paz.

Epílogo: ensambles y agenciamientos en la concurrencia de acuerdos y visiones para el desarrollo de infraestructuras

Pareciera que el propósito de reparar a las víctimas, en su dimensión material, se puede lograr con la restauración y construcción de caminos, carreteras, casas, escuelas, etc.; y que la concreción de la idea de la construcción de paz implica también ese proceso material de las infraestructuras que se construyen con ladrillos y cemento. Sin embargo, puede resultar erróneo “equiparar simplemente las cosas construidas con los avances hacia la paz” (^{Bachmann y Schouten 2018}, 389-390) y sustituir por esas cosas el “compromiso real con las causas fundamentales del conflicto” (390). En este punto resulta pertinente reflexionar sobre los entramados sociopolíticos y económicos de las infraestructuras para revelar la concurrencia de acuerdos y visiones que en ellas operan.

Si admitiéramos que las infraestructuras no son simples objetos con una mecánica y una finalidad material determinada, sino que comportan además un carácter o sentido “maquínico” cuyo funcionamiento no se da “de forma aislada, sino por agregado o agenciamiento” (^{Guattari 2005}, 122), en el caso que nos ocupa podríamos identificar, al menos, dos agenciamientos particulares en los que concurren diferentes acuerdos y visiones. Uno en el que la reparación a las víctimas y la construcción de paz a través de las infraestructuras constituyen un medio de construcción de Estado, así como un restablecimiento del discurso del desarrollo económico. Y otro en el que la construcción y el mantenimiento de la infraestructura tienen que ver con la cimentación y actualización de la vida en comunidad en la que coexisten procesos materiales y afectivos.

En el primero, las infraestructuras permiten el agenciamiento de configuraciones sociales, políticas, económicas e ideológicas que están articuladas a fenómenos de diferentes escalas, entre los que se encuentran la penetración del Estado en un territorio y la implantación de una visión hegemónica acorde con los intereses de la economía capitalista. A escala local, es innegable que pueden existir gobiernos municipales, organizaciones y personas que transigen con esa especie de intríngulis que hay entre Estado y economía capitalista, y que implican el acuerdo y la visión de un crecimiento económico a través del desarrollo de infraestructuras.

Incluso las mismas víctimas del conflicto armado pueden estar de acuerdo con el hecho de que el Estado retome su forma de penetrar en el territorio mediante el desarrollo económico, pues necesitan recuperar los modos y espacios de vida afectados por la guerra, además de que una adecuada infraestructura pública ha sido una deuda social permanente del Estado con las comunidades rurales. Sin embargo, muchas de estas no están de acuerdo con que “las infraestructuras para el desarrollo” y “el desarrollo para la paz” sigan siendo una fachada que esconde la depredación de sus territorios.

De ese desacuerdo emerge un segundo agenciamiento que parte justamente de la desconfianza sobre “la trampa” (comunicación personal, habitante de Boquerón, taller sobre expectativas en torno a la reparación, mayo de 2018) representada por ese contubernio entre el Estado y la economía capitalista. Para ello, las comunidades tienen como fundamento la evidencia histórica de un desarrollo desigual que ha fomentado un desequilibrio territorial en el que lo rural aparece como un espacio rezagado o mantenido a modo de retaguardia para la extracción de recursos. Ese desarrollo desigual ha propiciado un orden social y económico injusto en el que los dividendos económicos de la extracción van a parar mayoritariamente a los actores externos, mientras que los internos (la población rural) perviven en un proceso cíclico de exclusión e injusticia que pasa por el desarrollo, la violencia y la supuesta o anhelada construcción de paz, para la que se recicla, nuevamente, el discurso del desarrollo.

Si bien se trata de comunidades herederas de un colonialismo agrícola, se han convertido en actores internos que buscan recuperar los lazos comunitarios afectados por la guerra y fortalecer los vínculos con sus territorios a través de la defensa y el cuidado de estos. Y es que, en los territorios en que los actores armados vieron escenarios geoestratégicos y otros han visto un depósito para la extracción de recursos naturales, estas comunidades campesinas tratan de hacer realidad la posibilidad de una vida digna. Su mayor convicción está en un trabajo comunitario que haga posible recuperar, cuidar y defender sus modos y espacios de vida. Por ello se dedican a acciones colectivas que les permitan abrir nuevamente los caminos para sembrar, recomenzar sus cultivos, reconstruir sus casas, sus escuelas, sus acueductos, etc. A través de esas prácticas en común se tejen, se transmiten y se incorporan vínculos sociales basados en la interdependencia y la solidaridad que se experimentan en ese espacio al que denominamos vereda, y que en el caso del Oriente antioqueño

es mucho más que una porción de territorio delimitada y administrada por el Estado. Las veredas se conectan a través de los ríos y se articulan, con otras comunidades y organizaciones sociales del Oriente antioqueño, por la defensa de la vida que se organiza alrededor de las relaciones entre el agua y la tierra. (^{Valderrama 2018}, 194)

Se trata de lo que Carolina Jiménez-Martín concibe como territorialidades comunales (2016, 64), en las que las afectaciones generadas por el desarrollo desigual han sido acentuadas por el conflicto armado y han dejado el germen de la esperanza de una justicia espacial (^{Soja 2014}) que les garantice un acceso equitativo a los recursos de sus territorios, así como a la infraestructura que les permita cimentar los procesos materiales para una vida digna y en paz. Esta cuestión no está lejos de lo que se ha buscado con el acuerdo de paz de 2016, en el que, para el desarrollo de acciones como la reforma rural integral (RRI) y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), resulta crucial la provisión de infraestructuras “que brinden bienestar y buen vivir a la población rural [...] y fortalezcan sus formas de organización y producción” (^{Mesa de Conversaciones de la Habana 2016}, 11).