Del café a los créditos

Para entender la importancia que ha tomado el crédito proveniente de las instituciones financieras en la definición de las relaciones sociales en la Sierra Norte de Puebla, es necesario contrastarlo con la manera en que estas se definían previamente, cuando la región estaba inserta en otro tipo de economía capitalista, basada en la producción agrícola. Para esto, haré un breve desvío para presentar la trayectoria de la comunidad de El Progreso, donde realicé buena parte de mi trabajo de campo. Si bien esta comunidad tiene sus particularidades, su caso es oportuno para ilustrar los impactos locales que ha tenido la inserción cambiante de la región en las dinámicas económicas más amplias.

El Progreso es un pueblo que se encuentra en una frontera agrícola abierta a mediados de los años 1950. Siguiendo la disposición del Estado a la redistribución agraria promulgada por la Constitución posrevolucionaria de 1917, varias familias provenientes de otras zonas de los estados de Puebla y Veracruz ocuparon a mediados del siglo pasado las tierras de una hacienda ganadera ubicada en el municipio de Hueytamalco. Las zonas bajas de la Sierra Norte de Puebla se caracterizaban en ese entonces por una tenencia fuertemente desigual de la tierra. Aquella ocupación dio lugar a un conflicto que se resolvió a favor de las familias ocupadoras. Cada una recibió 5 hectáreas de terreno y las que contaban con un pequeño capital siguieron acumulando parcelas en los años siguientes. En la región, varias comunidades se crearon en la época bajo ese mismo modo de ocupación.

El primer cultivo que realizaron esas familias fundadoras fue el del café. Sin embargo, en sus inicios su producción no generó mayores riquezas. Al igual que en otras zonas de la Sierra Norte de Puebla, la producción fue acaparada por intermediarios que fijaron precios bajos (^{Beaucage et al. 1982}). No obstante, esta situación cambió drásticamente a mediados de la década de 1970. En este periodo, en un contexto de inestabilidad social, el Gobierno mexicano buscó reorientar la política pública agrícola hacia los pequeños y medianos productores. Al mismo tiempo que permitió al Estado retomar el control del campo mexicano, eso contribuyó a generar nuevos programas en zonas rurales. Entre ellos, se promocionó el Instituto Mexicano del Café (Inmecafé). Este instituto público buscaba estimular la producción del grano mediante la implementación de un precio de compra mínimo garantizado a los productores afiliados. Rápidamente, Inmecafé se volvió el principal comprador en el campo mexicano (^{Paré Ouellet 1993}). En 1975, una sucursal suya abrió en El Progreso. De esta manera, el pueblo y sus alrededores se vieron insertados en una economía capitalista basada en la producción agrícola mediada por la fuerte intervención del Estado.

Esto provocó un aumento en los precios del café, lo cual produjo un boom de la caficultura y contribuyó a atraer una importante mano de obra proveniente de las zonas más altas de la Sierra Norte. El auge del grano conllevó la creación de dos categorías sociales antagónicas en el pueblo. De un lado, las familias que recibieron tierras al momento de su fundación y pudieron seguir acumulando en los años siguientes. Debido a su poder, a este grupo se lo designaba como el de la gente grande. De otro lado, los trabajadores agrícolas que -debido a su escaso acceso a la tierra- no tenían otra opción que vender su fuerza de trabajo a las familias con tierra. Dado que una de sus principales funciones era la de cortar el café durante las cosechas, se los llamó cortadores. Entre esas dos categorías se daba una relación de patronazgo. Los trabajadores agrícolas eran retribuidos según los días de trabajo o -durante las cosechas- según los kilos de café recolectados. Sus patrones se convirtieron también en figuras de ayuda, en la frontera entre protección y explotación. Ese era, por ejemplo, el caso cuando consentían dar pagos por adelantado o créditos a sus trabajadores, lo cual los obligaba a trabajar para ellos con el fin de retribuir dichos pagos. De tal manera que la posesión desigual de la tierra fue la piedra angular de las relaciones sociales en esa época, y resulta paradójico notar que la reforma agraria contribuyó indirectamente a crear nuevas desigualdades en esta zona.

La economía del café y las relaciones sociales asociadas a ella se derrumbaron a inicios de la década de 1990. En ese entonces, la privatización del Estado y la liberalización de la economía global provocaron el cierre de las instancias públicas destinadas a apoyar a los pequeños y medianos agricultores. Al igual que en otras zonas rurales de México, la tierra dejó de ser el centro de la economía y, para sobrevivir, las familias se involucraron en una pluralidad de actividades no agrícolas (^{Gordillo y Plassot 2020}). Este proceso de desagrarización radical hace de México un caso de estudio particularmente interesante para pensar las transformaciones que afectan a las sociedades rurales en las que las actividades agrícolas han dejado de ser la fuente de ingreso principal. En El Progreso, al mismo tiempo que las poblaciones fueron marginadas de un tipo de capitalismo productivo agrícola⁴, se vieron insertadas en otra economía capitalista: la de las finanzas.

A partir de mediados de los años 2000, las instituciones financieras llegaron con fuerza a la región y, en un contexto de crisis económica estructural, se convirtieron en una de las principales fuentes de acceso a la liquidez. En El Progreso, los habitantes cuentan que esa llegada provocó problemas de sobreendeudamiento y que varias familias tuvieron que vender algunos de sus bienes para poder solventar sus deudas. Si bien no existen datos específicos del municipio de Hueytamalco, se estima que en 2019 el 57 % de los hogares mexicanos tenían alguna deuda en una institución financiera (Inegi 2019). De igual manera, la gran mayoría de las personas que pude entrevistar había tenido algún tipo de crédito durante los años recientes. La dependencia de los créditos se nota también en la presencia masiva de agentes de crédito de instituciones financieras en el municipio o en frases recurrentes de mis interlocutores referidas a las financieras, como “la gente vive de créditos” o “dinero siempre se necesita”.

Durante mi trabajo de campo, las tasas de interés de las financieras oscilaban alrededor del 60 % anual y los montos solicitados variaban generalmente entre 5000 y 20 000 MXN. La duración de esos créditos raramente superaba el año. Gran parte de ellos se solicitaba para financiar algún tipo de actividad productiva (agrícola o pequeño negocio), consumo, urgencia (como gastos médicos), fiesta o proyecto de vida (como pagar la educación superior de los hijos). La capacidad de reembolso dependía de diversas fuentes: trabajos remunerados en el municipio (aunque relativamente escasos o de corta duración), remesas (enviadas desde las grandes ciudades de México o desde Estados Unidos) y programas gubernamentales. Cabe destacar aquí que el endeudamiento no es un fenómeno nuevo en las zonas rurales de México. Varios estudios (^{Chamoux et al. 1994}; ^{Villarreal 2004}; ^{Zanotelli 2013}) han demostrado cómo las sociedades rurales mexicanas se caracterizan por formas diversas de adquirir deudas, a través de actores y de fuentes múltiples: redes de personas cercanas, tandas⁵, agencias gubernamentales, patrones, instituciones religiosas u otros. Sin embargo, en localidades como El Progreso, la presencia masiva de financieras ha hecho de ellas la fuente principal de endeudamiento y ha contribuido a desplazar formas locales y preexistentes de acceso al crédito. Eso se nota en la desaparición casi total de las tandas en el pueblo.

Por lo tanto, a la fiebre del café en los decenios de 1970 y 1980 la sucedió, unos años después, la fiebre del crédito. Esa inserción -con décadas de diferencia- en una nueva economía global contribuyó a limitar el rol que tenía la tierra antes, e hizo de los flujos financieros que llegaron a la región una fuente de acceso primordial a la liquidez y, por lo tanto, una pieza central de las formas de sociabilidad locales. Habiendo esbozado las relaciones sociales que se daban en la economía del café, me interesa ahora discutir cómo se articulan en esa economía del crédito. Tal como lo voy a demostrar, los márgenes del Buró de Crédito, en los que la gente busca esquivar sus reglas y barreras, son espacios oportunos para este análisis.

Prestar el nombre

La plataforma del Buró de Crédito es una pieza central del proceso de financiarización de la economía mexicana. Esta surgió a mediados de los años 1990 a través de una alianza entre un consorcio de bancos privados mexicanos y una agencia americana de información crediticia (^{Gil Hubert 2004}), en un contexto de crisis de sobreendeudamiento de una buena parte de la clase media (^{Torres 2004}). El objetivo era mejorar la calidad de las carteras de los bancos, gracias a la producción de información fiable y robusta sobre los deudores. De esa manera, México siguió la trayectoria de los mercados de crédito en Estados Unidos y Europa, en cuyo desarrollo han jugado un papel central las tecnologías de perfilamiento (^{Lazarus 2012}; ^{Leyshon y Thrift 1999}; ^{Poon 2007}). A partir de los años 2000, estas tecnologías fueron promovidas también por organismos internacionales de desarrollo, como el Banco Mundial, para favorecer la inclusión financiera en los países del sur global (^{Schwittay 2011}).

En México, el Buró de Crédito centraliza los datos recopilados por las instituciones financieras sobre sus clientes. Con base en esto, da dos tipos de información. Primero, el historial crediticio. En este están listados los créditos que han sido pedidos por cada persona y está detallado cómo han sido pagados. Segundo, el scoring. Este consiste en una nota personal que puede variar de 300 a 850 puntos y que, a través de algoritmos no revelados públicamente, pretende calcular el nivel de responsabilidad de cada individuo. Tal como lo expresa su eslogan, la plataforma pretende “Contar la vida de la gente en números”. Desde su creación, esta tecnología ha sido rápidamente adoptada por las instituciones financieras mexicanas. La idea defendida por tecnologías digitales como esta es que permiten ofrecer soluciones estandarizadas al problema del riesgo en las operaciones de crédito, a pesar de ser implementadas en contextos totalmente heterogéneos. Gracias a la traducción del nivel de responsabilidad de cada individuo a un número, harían del riesgo una categoría abstracta y conmensurable entre personas. Este número sería el fruto de un análisis neutro, sin intervención de factores humanos. En 2009, se calculaba que 55 millones de mexicanos estaban registrados en la plataforma (^{González 2009}). Como se mencionó anteriormente, en 2018, se estimaba que un tercio de las solicitudes de crédito habían sido rechazadas debido a malos historiales crediticios (“Rechazan” 2018).

Para entender lo central que se ha vuelto esa tecnología en las economías de la Sierra Norte de Puebla, basta con mirar las maneras como las financieras buscan atraer constantemente a los clientes con “buenos datos”. Es común que ellos reciban llamadas telefónicas, mensajes en sus celulares o visitas a sus domicilios en las cuales se los invita a pedir un préstamo bajo condiciones preferenciales. Yo mismo, durante mi trabajo de campo, tuve la oportunidad de acompañar un día a un agente de crédito que, después de haber clasificado a los “buenos clientes” en función de sus historiales crediticios, se iba a dejar una carta en sus domicilios. Esta carta estipulaba que ellos podían solicitar un crédito que les sería otorgado automáticamente, al mismo tiempo que podían recomendar a una persona cuyo acceso a un préstamo sería facilitado. De esta manera, las financieras buscan construir y extender su presencia alrededor de esos clientes clasificados según su “buen” perfil digital.

Sin embargo, al mismo tiempo que reconozco que las diferenciaciones producidas por la plataforma tienen un efecto directo sobre la capacidad de pedir un crédito, me interesa matizar ese impacto. Si miramos más de cerca las prácticas de la gente, vemos que esas barreras digitales son frecuentemente esquivadas. Como ya lo he dicho, son esas acciones las que busco analizar.

En la introducción, he mencionado la práctica del prestanombre. Aunque ya la había oído mencionar varias veces durante mi trabajo de campo, pude darme cuenta de su importancia durante una entrevista que realicé a un vendedor de frutas de una localidad vecina de El Progreso. Mientras discutíamos sobre los varios créditos que había solicitado, este hombre de unos cuarenta años me explicaba que había solicitado recientemente un crédito gracias a la ayuda de un amigo:

Hace poco me echaron la mano para sacar en una caja popular que se llama Yanga. Me dieron hasta más barato el crédito. Porque me recomendó un amigo. Fue como mi aval^[6]. […] Como es buen pagador, buen cliente y tiene su buen historial. Pues él me llevó y me sirvió mucho. En esa ocasión se había enfermado una de mis hijas y no teníamos para el tratamiento. (Entrevista personal, Hueyapan, 2018)

En esta situación, el hecho de tener un amigo con un buen historial era de una ayuda crucial, ya que permitía encontrar una solución en un caso de enfermedad. Más adelante en la discusión, este mismo vendedor me explicaba que había, a su vez, solicitado créditos para ayudar a personas cercanas:

Haz de cuenta que por ejemplo tú nos vienes a visitar y dices: “¿Sabes qué?, échame la mano, necesito dinero”. Y yo te digo: “No, pues, mira, la neta no tengo, pero tengo quién me preste y yo te presto”. Y luego al rato tú y yo le prestamos al otro. Y como que es una bolita que entre nosotros nos apoyamos. En las buenas y las malas. No digo que siempre que pedimos un crédito es para prestarlo. Pero lo que me sobra poquito, apoyo a mi familia, apoyo a mis amigos. Porque cuando yo tengo algo malo, ellos también me apoyan.

Según él, esta capacidad de pedir créditos estaba ligada a su buen historial y al de su mujer: “Siempre nos han dado créditos. Nos ayudan mucho nuestros historiales. Porque si fuéramos malos, en cualquier financiera no nos darían. […] El relajo es que ahora está todo ahí en las computadoras. Cualquier cosa, lo detectan a uno”.

Como ya lo he explicado, esa práctica del prestanombre me fue mencionada con mucha frecuencia durante mi trabajo de campo. A través de ella, una persona con un buen perfil digital pide un préstamo a su nombre, que prestará luego, de manera informal, a una o varias otras personas. En la Sierra Norte, esta práctica es la más común para sortear las barreras puestas por el Buró de Crédito.

Tal como lo ilustra el ejemplo anterior, el hecho de prestar el nombre es percibido como un favor y sirve, en este caso, para sostener redes de protección entre personas cercanas. Prestando su identidad digital, mi interlocutor aumenta las probabilidades de que, cuando él lo necesite, su círculo íntimo de familiares y amigos lo ayuden. Estos contradones pueden tomar formas diversas. En redes de tipo horizontal, como la descrita arriba, el prestanombrismo sirve, entre otras cosas, para afianzar las relaciones de compadrazgo, que son muy comunes en la región, donde los favores consisten muchas veces en brindar ayuda en caso de emergencia o durante la organización de algún evento festivo. En otros casos, esas redes pueden ser más verticales. Es, por ejemplo, el caso de algunos prestanombres que cumplen con determinadas actividades políticas y piden a las personas a las que ayudaron que los apoyen durante campañas o elecciones, alimentando de esta manera relaciones de tipo clientela⁷. Así, a la manera del don, la circulación de datos toma significados distintos en función de las situaciones y de las personas involucradas; según los casos, alimenta y reproduce relaciones sociales más o menos dominantes o emancipadoras.

Vemos aquí algunas de las dinámicas colectivas producidas por la plataforma. En una economía en la que una de las principales fuentes de liquidez son los créditos, los modos de clasificación digital no solo tienen un impacto en el individuo, sino también en su posibilidad de insertarse, de manera más o menos activa, en redes sociales más amplias. Según su perfil bueno o malo, las personas ocupan una posición distinta; algunas tienen una capacidad multiplicada de hacer favores, cuando otras se encuentran obligadas a pedir ayuda a los demás. Esas posiciones no son necesariamente fijas. En algunos casos (tal como lo voy a demostrar más abajo), los perfiles digitales pueden deteriorarse de forma rápida e implicar la imposibilidad de ayudar a personas cercanas.

Sin embargo, me interesa analizar cómo se regulan prácticas como la del prestanombre. ¿Las personas con buenos datos aceptan prestar su nombre a todo el mundo o se muestran selectivas?

Claroscuros digitales

Si he evocado la práctica del prestanombre es porque me permite ilustrar cómo la información transmitida por la plataforma dista muchas veces de corresponder con los usos que la gente hace de los créditos. Detrás de un nombre visibilizado en el sistema (la persona prestanombre, en este caso), pueden quedar escondidos diversos usuarios del dinero. Paralelamente al intercambio formal entre una institución financiera y un cliente abstracto, múltiples relaciones sociales basadas en favores interpersonales se alimentan y se reproducen gracias a los recursos provenientes de los créditos. Los flujos financieros globales se convierten así en un lubricante fundamental de las relaciones sociales locales. Si estas últimas son esenciales para las poblaciones, no dejan de ser invisibilizadas en la plataforma. Como si ella fuera un espejo deforme que solo transparenta algunas prácticas, mientras deja otras en la oscuridad.

A lo largo de mi trabajo de campo me di cuenta de cómo las clasificaciones del Buró de Crédito provocaban debates entre mis interlocutores, bien se tratase del personal de las instituciones financieras o de los mismos clientes. A su manera, estos debates constituyen lo que el sociólogo Mark ^{Kear (2017}) define como batallas alrededor del sí cuantificado, es decir, reclamos sobre los criterios y los métodos usados por las cada vez más importantes tecnologías de perfilamiento digital para evaluar y clasificar a los individuos. En la Sierra Norte de Puebla, los agentes de crédito son particularmente sensibles a esas tensiones provocadas por el auge de los modos de clasificación digital. En efecto, su posición en los intersticios de diferentes universos normativos hace que identifiquen con facilidad las brechas entre, por un lado, los datos transmitidos por la plataforma y, por otro, las percepciones que tiene la gente sobre los usos del dinero.

En 2018 fui testigo de eso durante una reunión a la cual tuve la oportunidad de asistir en las oficinas de una financiera. Ese día, unos directivos de esta entidad en la Ciudad de México venían a presentar un proyecto piloto destinado a automatizar los procesos de adjudicación de créditos para los clientes de la institución. Hasta entonces, ese proceso se daba de forma descentralizada. Cada semana, el personal de cada sucursal se reunía para evaluar las solicitudes recibidas. Aunque los datos producidos por la plataforma eran tomados en cuenta, había cierto margen de maniobra para considerar otros criterios. Con el nuevo mecanismo centralizado de autorización, tener un historial “limpio” se volvería una condición indispensable para acceder a un crédito. Todo sería automatizado y controlado por el sistema informático de la entidad.

Frente a este proyecto, uno de los agentes presentes expresó su inquietud: “Lo hemos platicado con los colegas y una de nuestras preocupaciones tiene que ver con el Buró de Crédito. Porque tenemos clientes que son muy buenos pagadores, pero que tienen un historial muy ‘manchado’ en el Buró” (Teziutlan, 2018). De eso se desprende que, aunque lo consulten con frecuencia y lo usen para conocer las zonas con las cuales no están familiarizados, los agentes consideran que el sistema del Buró de Crédito es “engañoso”. Enfatizan en particular la inadecuación entre los datos transmitidos por la plataforma y los usos que la gente hace localmente del dinero.

Con base en lo expuesto hasta ahora, la plataforma digital registra regularmente a personas con deudas de las cuales no se sienten responsables. Es el caso, por ejemplo, de los grupos solidarios⁸, el conjunto de cuyos miembros se ve inscrito en el Buró si uno de sus integrantes no paga. En algunos casos, la plataforma también comete errores informáticos y confunde los nombres de las personas registradas, por lo cual algunos individuos aparecen como titulares de créditos pedidos por homónimos. En otros, las instituciones financieras olvidan simplemente actualizar la información de sus clientes y dejan deudas ya pagadas en sus perfiles. Por esas diversas razones, la gente se queja con frecuencia del sistema y lo considera “injusto”. Sin embargo, es difícil hacer reclamos a la plataforma, dada la opacidad con la cual es manejada. En la mayoría de los casos, las personas deben resignarse a seguir sus vidas con lo que consideran errores o arbitrariedades en sus perfiles digitales.

La práctica del prestanombre provoca especialmente tensiones entre comprensiones distintas de la responsabilidad, lo cual ilustra de nuevo las brechas que existen entre las normas de la plataforma y la complejidad de los usos del dinero en esta zona rural, así como las de las economías morales que regulan esos usos. Desde el punto de vista de las financieras, la persona que firma el contrato de crédito es considerada como responsable y es su nombre el que aparecerá en el sistema del Buró de Crédito. Desde el punto de vista de los deudores, la responsabilidad del pago recae en la persona que hizo uso del dinero. Esto puede parecer trivial, pero no deja de causar discusiones en el caso de los créditos atrasados. En esas situaciones, es común que el prestanombre le diga al personal de la financiera que lo visita para reclamar el pago que no se considera responsable. “No he comido este dinero”, “No he tocado este dinero” o “Este dinero no es mío” son algunas de las expresiones que pude oír en circunstancias semejantes. Esas frases expresan los conflictos alrededor de las formas en que la deuda es etiquetada (^{Villarreal 2004}) y revelan las fricciones generadas por la imposición de un cuadro interpretativo sobre las prácticas monetarias desde el exterior.

Así, el Buró de Crédito produce información que corresponde solo parcialmente a los usos y a las percepciones de la gente. Más que permitir la transparencia de las prácticas monetarias de la región, la plataforma está repleta de claroscuros que deben ser tomados en cuenta por los actores que la usan con una mirada crítica.

“Tenemos nuestro propio buró”

Como ya lo he recalcado, el hecho de tener un perfil digital malo trae consecuencias graves, ya que compromete el acceso a futuros créditos, un recurso monetario central en las economías domésticas rurales en México. Para esas personas con malos datos, es necesario encontrar a alguien que les pueda dar nuevos datos y les facilite así el acceso a un crédito. En la Sierra Norte de Puebla pude identificar a dos actores principales capaces de hacer eso: los prestanombres (que ya mencioné arriba) y los agentes de crédito (de los que voy a discutir abajo). Esos actores deben, a su vez, asegurar que las personas a las que ayudan van a reembolsar sus créditos, bajo el riesgo de verse ellos mismos en problemas. De tal manera que la categoría de riesgo no es ajena a esas prácticas de circulación alternativa de datos. Sin embargo, está basada en una aprehensión del riesgo distinta a la difundida por el Buró de Crédito.

Refiriéndose a los sesgos de la plataforma, un agente de crédito me explicaba que él y sus colegas tenían su “propio buró” para evaluar a los clientes (discusión informal, Hueytamalco, 2017). Mi interpretación es que, con eso, se refería a su conocimiento tácito del mercado (^{Elyachar 2012}), es decir, de las prácticas concretas de sus clientes, que, aunque invisibilizadas en la plataforma, no dejan de ser centrales en las percepciones sobre las responsabilidades involucradas en cada crédito. Siendo ellos mismos originarios de la región y habiendo circulado entre numerosas comunidades gracias a su trabajo, los agentes a los que pude acompañar consideraban que conocían mejor a sus clientes de lo que lo permitía la plataforma.

Las informaciones sobre sus clientes las obtienen, entre otras formas, a través de los apoyos que tienen en cada comunidad. Dado que trabajan en un territorio amplio, los agentes muchas veces cuentan con personas intermediarias en las localidades a donde van. Se trata generalmente de mujeres que disponen de cierta capacidad de movilización y que realizan algún tipo de oficio que las sitúa en el centro de redes económicas locales; es común que sean pequeñas comerciantes que aprovechan las relaciones que han tejido gracias a su trabajo para organizar grupos solidarios de préstamo para las financieras. Por lo general, los agentes de crédito prefieren que esas personas sean mujeres, ya que consideran que ellas están más disponibles y que es más fácil encontrarlas en sus casas (^{Crucifix y Morvant-Roux 2018}). Es por ejemplo el caso de doña Marcela⁹, que vive en una localidad vecina de El Progreso y recibe numerosas visitas de estos agentes. Ella organiza tandas en su domicilio, al mismo tiempo que coordina grupos solidarios de crédito. Además, tiene una pastelería donde vende pasteles a crédito a la gente que conoce. Por lo tanto, es un actor central de las redes de préstamo locales y dispone de una importante cantidad de información sobre varias personas.

Esos intermediarios pueden difundir informaciones alternativas, que completan la que está presente en la plataforma. Fue el caso durante una visita a la cual asistí en una localidad vecina de El Progreso, a donde el agente iba a pedir recomendaciones a una tal doña Vero sobre una señora que le acababa de solicitar un préstamo, pero que tenía algunas “manchas” en su historial. A contracorriente del Buró, doña Vero describía a esa señora como una persona respetable, que “hace su luchita” y a la que veía vendiendo frutas todos los días en el mercado (discusión informal, Cuetzalan, 2018). En una conversación posterior, esa misma doña Vero me explicaba cómo seleccionaba a los miembros de los grupos solidarios que ella coordinaba. En efecto, era frecuente que algunos enfrentaran problemas de sobreendeudamiento. Sin embargo, eso no llevaba siempre a su exclusión del grupo. Según doña Vero, había que evaluar caso por caso. Si la persona que debía dinero se había enfermado o había tenido una emergencia, no podía ser considerada como responsable de su situación y los otros miembros debían ayudarla a reembolsar lo adeudado. Al contrario, si tenía un comportamiento poco responsable y se la veía gastando en lo que doña Vero consideraba cosas inútiles, debía arreglárselas sola. A la manera de lo que describe la antropóloga Noelle ^{Stout (2016}) en su trabajo sobre los estadounidenses sobreendeudados después de la crisis de los subprimes, los motivos del sobreendeudamiento son objeto de debate y algunos son considerados más legítimos que otros.

Sin embargo, aunque esos espacios permitan integrar otros criterios, no dejan de depender del trabajo de interpretación y de difusión que hacen los intermediarios. Son ellos los que pueden hacer llegar otro tipo de información a los agentes, para que estos busquen -como lo mostraré abajo- abrir accesos alternativos a los créditos. Las voces de personas como doña Marcela o doña Vero resuenan con más fuerza que otras y no es extraño que haya tenido acceso a ellas durante mi trabajo de campo. En la sombra se quedan los desclasados digitales, que deben esperar a que uno de esos intermediarios intervenga para que su caso sea escuchado de forma comprensiva por el personal de las instituciones financieras.

En otros casos, los agentes buscan colectar ellos mismos información adicional sobre sus clientes. La obtienen usando de forma proactiva el sistema del Buró de Crédito. Así, es común que revisen el perfil digital de los solicitantes que no conocen, antes de hacerles una visita en su domicilio. Aunque son conscientes de que la información transmitida en la plataforma tiene muchas lagunas, saben también que ella les permite hacer preguntas exploratorias para tratar de descubrir cuáles fueron los usos concretos del dinero, de tal manera que usan los datos del Buró de Crédito como una especie de sonda que les ayuda a tantear la profundidad de las prácticas monetarias existentes en la región. Fue el caso durante una visita a la cual asistí, para la que un agente había preparado sus preguntas en función de la revisión previa del perfil digital de la cliente. Combinando las respuestas de ella a sus interrogantes con conocimientos de las prácticas monetarias de otras personas de la misma localidad y de algunos comprobantes de pago, fue capaz ese día de integrar diversas fuentes de información y de descubrir algunas prácticas de prestanombrismo en las que ella participaba.

A la luz de lo anterior, se hace evidente que una nueva clasificación se da en esos espacios. Si esta permite incluir a algunas personas descalificadas por la plataforma, otras pueden seguir excluidas. Son las que no tienen contacto con algún intermediario, como doña Vero o doña Marcela, que pueda defender su caso de forma positiva ante un agente de crédito (o que simplemente están en conflicto con ellos, lo cual hace que no quieran ayudarlas). Son las que no cuentan con una persona con buenos datos en su círculo, que acepte prestarles su nombre para obtener un crédito. Son las que no han sabido responder de forma satisfactoria a las preguntas de los agentes y han sido consideradas -a veces con base en estereotipos- como “mentirosas”.

En resumen, esos espacios dan lugar a una doble dinámica de inclusión y exclusión. De nuevo, esto contribuye a crear posiciones diferenciadas; en ese juego, algunos deben ser capaces de convencer a otros de que la información que hay sobre ellos en el Buró de Crédito no es correcta.

Maquillar el Buró

A la vez que buscan obtener informaciones alternativas sobre sus clientes para evaluar mejor el nivel de responsabilidad de estos, los agentes de crédito tratan también de construir relaciones de confianza con ellos. De nuevo, la circulación de datos les ayuda en estos casos a reforzar la confianza que pueden tener en los deudores. Una estrategia que ilustra ese punto es la del maquillaje del Buró.

Dado que, durante mi trabajo de campo, me quedaba a dormir en la casa de un agente de crédito de El Progreso, llamado Oscar¹⁰, tenía la oportunidad de acompañarlo en varios momentos de su oficio. Así, cada jueves, Oscar se sentaba en el escritorio de su casa para preparar los documentos relativos a las solicitudes de crédito que había recibido durante la semana, pues cada viernes el personal de su sucursal se reunía para evaluarlas. Entre esos documentos, debía incluir una copia impresa del perfil de los solicitantes en el Buró de Crédito, lo cual representaba un problema, pues era común encontrarse con personas que, aunque podían ser buenas pagadoras, tenían malos datos en la plataforma. Uno de esos días, Oscar empezó a modificar el historial crediticio de algunos solicitantes a través de Photoshop. Ante mi sorpresa, me explicó -como ya lo había escuchado en otras ocasiones- que el sistema era engañoso y que no se podía fiar siempre de él. Por lo tanto, consideraba necesario “maquillar el Buró” (discusión informal, El Progreso, 2017). Y agregó que ya lo había hecho en múltiples ocasiones, pero que nunca había tenido problemas de reembolso. Gracias a su conocimiento de las comunidades en las cuales trabajaba, se consideraba capaz de estimar mejor el nivel de responsabilidad de sus clientes. De modo que este maquillaje de la plataforma no era percibido como una trampa, sino, al contrario, como una manera de hacerla corresponder con más exactitud con las prácticas concretas de la gente. Al igual que el prestanombre, esta práctica permitía abrir una suerte de puerta escondida para que los desclasificados digitales pudieran acceder, a pesar de sus malos datos, a algún crédito.

Al mismo tiempo que seguía acompañando a Oscar en su trabajo, me daba cuenta de que este tipo de prácticas le permitían reforzar, de manera activa, la obligación del pago. Cuando individuos con un mal historial se acercaban a él para pedir un crédito, Oscar respondía con frecuencia que iba a hacer lo posible para darles acceso a un préstamo. Muchas veces, describía eso como un “favor” que intentaría hacerles. A cambio, contaba con que reembolsarían el dinero, porque, si no, él quedaría en problemas ante su empleador. Así, apelaba a sentidos particulares del honor y creaba, en los intersticios del intercambio mercantil, una relación interpersonal de favores (^{Crucifix 2023}). Según él, esta relación complementaria permitía reforzar el compromiso de los clientes con el pago de sus créditos. Cuando implicaba a hombres, este tipo de compromisos era a veces descrito como un acuerdo de bigotes, haciendo referencia a modos de honorabilidad antiguos, asociados a un imaginario agrario y previo a la llegada de las financieras, dentro del cual se consideraba que la gente tenía un mayor sentido de sus responsabilidades.

A través de esta práctica, lo que me interesa subrayar es cómo Oscar cuestiona indirectamente la aprehensión estandarizada y universal del riesgo que pretende permitir una plataforma como la del Buró de Crédito. En este caso, la responsabilidad no es un rasgo fijo, que se evalúa a priori, a través de una cifra. Al contrario, el grado en que los clientes se responsabilizan de sus créditos es algo que debe ser activamente creado y constantemente alimentado a través de relaciones de favor personalizadas. Gracias al maquillaje del Buró, Oscar usa la plataforma para producir confianza. En su trabajo sobre el tema de la intermediación, el sociólogo francés Bruno ^{Latour (2006}) distingue a los intermediarios de los mediadores. Según él, los primeros no hacen más que transportar elementos de un punto A hacia un punto B sin modificarlos, mientras que los segundos transforman el significado de las cosas que transportan. De manera similar, Oscar se hace aquí mediador, manipulando la plataforma para producir una segunda relación, paralela a la del intercambio mercantil. Esta segunda relación se forma alrededor del favor que se hace gracias al maquillaje. Según Oscar, más que el contrato formal, es esa relación la que hace que la gente se sienta comprometida a reembolsar sus créditos.

Otra vez, vemos aquí cómo los datos son manipulados y circulan activamente entre personas. Funcionan como un don, una cosa que es dada, en este caso gracias a la creación de un perfil digital falso. Alrededor de ese don, se crea una relación nueva de obligación recíproca, que asocia a una persona que hizo el favor con otra que debe devolverlo. En una economía dependiente del crédito, con una alta proporción de desclasados digitales, esos espacios contribuyen a crear posiciones sociales distintas, que, a diferencia de lo que ocurría en la economía del café que dominaba hasta inicios de los años 1990, no se generan alrededor de la capacidad de poseer activos (como la tierra), sino de posicionarse con respecto a las tecnologías que traen consigo los flujos financieros.

Conclusión: un sistema de dos niveles

En su trabajo sobre lo que llama sociedades de control, el filósofo Gilles ^{Deleuze (1990}) explica que el poder va a estructurarse de forma creciente alrededor de la contraseña. Retoma una imagen de Félix Guattari, la de una ciudad donde las posibilidades de desplazarse estarían determinadas por un chip electrónico que cada uno tendría integrado. Siguiendo un control centralizado por computadora, este chip implicaría circuitos diferenciados: para algunos, todas las barreras se levantarían, mientras que, para otros, las posibilidades de desplazamiento serían drásticamente limitadas. Es fácil ver aquí la similitud con el sistema promovido por las tecnologías de perfilamiento digital, como el Buró de Crédito, en el que las condiciones de acceso al crédito se determinan en función de las identidades digitales de cada persona. En un futuro cercano, es probable que este tipo de clasificaciones sigan teniendo cada vez más importancia, debido a la digitalización creciente de los ecosistemas monetarios. En México, esta tendencia se traduce en la progresiva entrega de subsidios a través de medios digitales, en el auge de las aplicaciones móviles bancarias y de las fintech, o en un proyecto de moneda digital del banco central desarrollado por el Gobierno. Por lo tanto, la importancia adquirida por las tecnologías de perfilamiento digital y los debates que generan deberían seguir aumentando en los próximos años¹¹.

Sin embargo, considero necesario mirar también las formas a través de las cuales la gente se apropia y esquiva esas barreras digitales. En la Sierra Norte de Puebla, encontramos un sistema de dos niveles, dentro del cual es posible acceder a créditos directamente con las financieras y a través de formas alternativas. En este segundo nivel operan una gran diversidad de actores intermediarios: prestanombres, agentes de crédito, personas que pueden difundir información extraoficial sobre el grado de responsabilidad de otras, etc. Estos actores tienen márgenes de maniobra diferentes y actúan por medio de estrategias e intereses distintos. A pesar de su heterogeneidad, todos dan testimonio de dos cosas. Por un lado, lejos de una adopción automática y lineal, los datos son negociados y manipulados de múltiples formas, bien sea prestándolos, maquillándolos, haciéndolos circular o reinterpretándolos. A diferencia de las acciones de la figura popular del hacker solitario, esas manipulaciones no son hechas por una sola persona, sino que involucran dinámicas colectivas. Por otro lado, esos datos contribuyen a reconfigurar relaciones sociales, en función de la capacidad desigual de las personas para negociar su posición frente a las barreras del Buró de Crédito. Así, si bien las deudas siempre se han insertado dentro de relaciones sociales diversas, el componente digital cobra cada vez más importancia en la definición de estas. Eso influye en la capacidad de la gente para insertarse en sus relaciones sociales y también en las condiciones bajo las cuales lo hace. Mientras algunos tienen una capacidad multiplicada de hacer favores, otros se ven obligados a depender de esos actores intermediarios para obtener créditos.

Más ampliamente, esos espacios y prácticas me parecen idóneos para estudiar las transformaciones que afectan a una sociedad rural en proceso de financiarización. Mientras que las relaciones sociales se definían antes alrededor de la tierra, el dinero proveniente de las financieras juega hoy un papel primordial. A diferencia de las relaciones asalariadas que predominaban en el pasado, las nuevas se articulan alrededor de la capacidad de desviar los flujos financieros hacia ciertas personas y de las formas de dependencia que eso genera. Esto permite aportar una mirada nueva sobre los efectos generados localmente por la financiarización global del capitalismo. Así, observamos que algunos logran negociar sus posiciones dentro de sus círculos sociales gracias a su capacidad para ayudar a los demás a acceder a créditos. Sin embargo, esas posiciones no dejan de ser frágiles. En algunos casos, una persona puede ver su perfil digital deteriorado por razones ajenas a su voluntad. También, los prestanombres o los agentes de crédito pueden verse afectados si aquel al que ayudaron no paga su crédito. De tal manera que, al mismo tiempo que hay espacios para la redefinición de ciertas posiciones sociales, estas no dejan de ser vulnerables, ya que no se basan en algún tipo de posesión material, sino en una capacidad, muchas veces inestable, de tener un buen perfil digital o de mediar la relación con esas nuevas tecnologías.