Introducción

Esta investigación hace parte de tesis de Doctorado en Arquitetura e Urbanismo, de la Universidade de São Paulo (Brasil), con el título Moradia adequada e dignidade humana na experiência espacial (2016). El doctorado en mención es desarrollado dentro del marco de una comisión de estudios para doctorado de la Universidad Nacional de Colombia (2012-2016), financiado con el Programa Crédito Beca Colfuturo Colombia (2012-2016) y Beca 679 Doctorados en el exterior, de Colciencias (2014-2016).

El acceso a la vivienda adecuada se instaura según el ingreso familiar y mediante mecanismos de financiación desde la década de 1940, por parte de las Naciones Unidas, que es la fuente institucional que da origen a las directrices sobre asentamientos humanos para los países que la integran. Contribuye a este escenario que el indicador del Derecho a la Vivienda Adecuada, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), de 1991, diagnostica áreas residenciales en el mundo como adecuadas o inadecuadas, y a sus pobladores, en franjas estratificadas de ingreso económico, para mostrar una vivienda financiarizada que no siempre es adecuada; es decir, se halla atravesada por instrumentos de financiación en su acceso y su provisión, así como en la garantía de su derecho, pasando por la cotidianidad en el residir. El examen de los asuntos epidemiológicos en el medio humano, observado desde criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), posibilita indagar por las perturbaciones en la salud del morador causadas por las inadecuaciones en la vivienda, que, además, envuelven las medidas de financiación para su acceso. Esta apreciación aportaría información para comprender la vivienda como abrigo, y no solo como objeto de riqueza en la garantía de los derechos habitacionales; sobre todo, en momentos de excepción como los que surgen con una pandemia.

Los documentos de las Naciones Unidas (en concreto, las resoluciones -son recomendaciones que buscan instituir criterios para legislar las prácticas de los países-) develan que el discurso sobre la vivienda se estructura a partir de: 1) un problema construido respecto a la vivienda y los asentamientos humanos; 2) una noción equivalente a la vivienda adecuada, que, a manera de lema, denota el problema que debe ser solucionado por las Naciones Unidas; 3) programas de acción para resolver el problema de vivienda; 4) la vigencia de la noción equivalente o el periodo en el que los programas de acción deben ser aplicados para solventar el problema; 5) el modo de medición del problema desde los indicadores construidos por cuerpos anexos a las Naciones Unidas, estipulados como universales y que las naciones integrantes acogen, y 6) el medio de difusión de los diagnósticos residenciales en informes globales a partir de los indicadores universales. Dicha estructura se encuentra evidenciada en los subtítulos de la presente introducción y en la figura 2.

La evolución de la provisión de vivienda adecuada desde el discurso de las Naciones Unidas se detalla en este texto a manera de recortes temporales entre 1946 y 2020, desde las nociones análogas a la vivienda adecuada descubiertas como lema, y mostradas en los subtítulos entre comillas, acompañadas del programa de acción, su vigencia entre paréntesis, y el medio de difusión que corresponde a los protocolos de derecho internacional y las conferencias mundiales.

La provisión de vivienda por parte de los Estados en Europa se desarrolla a fines del siglo XIX e inicios del XX, como respuesta a la situación social de los barrios precarios, carentes de condiciones de saneamiento, como resultado de la urbanización y su creciente población, pues hasta entonces la vivienda era un asunto de aprovisionamiento particular, y no materia de regulación nacional e internacional; también, por los movimientos sociales que exigían mejores condiciones en los lugares de trabajo (^{Craven, 2003}). Se han observado dos formas de pensar el problema de la vivienda desde mediados de la primera mitad del siglo XX: 1 ) según la eficacia funcional de la vivienda, un good, un bien de valor económico que provee beneficios y lo convierte en una variedad de actividades legales, y 2) según el valor intrínseco de la vivienda, que es el abrigo, y que conduciría a la preservación de la dignidad humana y la supervivencia, un concepto ligado más a la idea de home que de house (Craven, 2003).

De problemas del "medio humano" (1972) a problemas en el "medio ambiente" (1992) en los "asentamientos humanos". Conferencias mundiales Hábitat I (1976), Hábitat II (1996) y Hábitat III (2016)

Asentamientos humanos, medio ambiente y hábitat fueron tres ámbitos que las Naciones Unidas expusieron en la década de 1970 con un común denominador: la vivienda. A fines de la década de 1960, esta misma organización se focaliza en detallar cómo las formas de habitar y la urbanización acelerada en los conglomerados urbanos en crecimiento -sobre todo, en los países en desarrollo- degradan la calidad del "medio humano"; esto motiva a que realice la Conferencia Mundial sobre el Medio Humano, en 1972, con principios comunes para guiar a las naciones hacia la preservación de este medio (^{Organización de las Naciones Unidas, 1972}). La noción de "medio humano" fue reemplazada por la de "medio ambiente" en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), o Cumbre para la Tierra (^{Organización de las Naciones Unidas, 1992}).

El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos inicia en la década de 1970 con la Fundación Hábitat y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); desde allí instauró, además de la Conferencia de 1972, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos, más conocida como Hábitat I-1976 (^{Asamblea General de las Naciones Unidas, 1976}). La Fundación Hábitat mudó su nombre a Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (CNUAH), y 20 años más tarde las Naciones Unidas desarrolló la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos Hábitat II-1996 sobre Vivienda Adecuada y Asentamientos Humanos (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1996), y luego, Hábitat 111-2016 sobre Vivienda Adecuada y Desarrollo Urbano Sostenible (^{Asamblea General de las Naciones Unidas, 2017}).

La conferencia sobre el medio humano de 1972 se acerca al tema de la vivienda desde el control de recursos como agua, energía y residuos generados por los conglomerados humanos; es decir, servicios conexos a la vivienda. La conferencia sobre "medio ambiente" no focaliza su atención en los servicios conexos, sino en la influencia de los asentamientos humanos precarios, en la degradación del medio ambiente y en la gestión de los recursos naturales, así como en su demanda y su consumo. La vivienda es interpretada en Hábitat I-1976 como un componente del derecho a un nivel de vida adecuado; Hábitat II-1996 acoge la definición y los siete elementos del Derecho a la Vivienda Adecuada del PIDESC de 1991; Hábitat 111-2016 delimita de nuevo a la vivienda como componente integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y ratifica la realización progresiva del derecho a la vivienda a partir de mecanismos de financiación para su provisión y su acceso.

Metodología

El acceso a la vivienda adecuada según el ingreso familiar y mediante mecanismos de financiación se explora desde la década de 1940 como directriz por parte de las Naciones Unidas, en más de 9000 de sus resoluciones, sus instrumentos jurídicos internacionales, sus conferencias mundiales, sus declaraciones, sus convenciones y sus informes globales, para concretar la indagación desde el análisis de contenido en 300 documentos entre 1946, año de la primera resolución sobre vivienda de esta agencia, hasta noviembre de 2020, con un rastreo a partir de palabras clave en los títulos, como agua, albergue, asentamientos humanos, cooperación técnica, dignidad, derechos civiles y políticos, derechos económicos y sociales, energía, erradicación de la pobreza, estándar de vida, hábitat, medio ambiente, medio humano, microcrédito, planificación, urbanismo, urbanización, saneamiento, propiedad y vivienda Covid-19.

El levantamiento de los indicadores de déficit habitacional de 21 países de América Latina y el Caribe permitió comprender la base de sus diagnósticos residenciales y lo que constituye para estas naciones el grado de vivienda adecuada, y además, que se considera que sus variables son el componente objetivo de lo que se busca garantizar desde los derechos habitaciones. Se advierte que el origen de dichas variables es las Organización de las Naciones Unidas. Los indicadores habitacionales de la región son categorizados en déficit cuantitativo y cualitativo, examinados desde sus institutos de estadística que hospedan metodología para variables de vivienda y asentamientos humanos, y cuyos datos se observan en sus censos de población y vivienda y desde la encuesta de hogares realizada en los países hispanohablantes, con su equivalente en Brasil: la Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). Desde las constituciones vigentes de estas naciones se registraron las cualificaciones dadas al derecho a la vivienda, a la casa, al domicilio, a la habitación, al recinto, a habitação, moradia. La revisión de tan diversas fuentes y la profundidad en los datos, examinados desde el análisis de contenido, dificultó la consulta sobre el indicador habitacional de los países de la región.

Resultados

La Guía de las Naciones Unidas de (1961) sobre los mínimos esenciales de los componentes del nivel de vida enuncia que siempre deberán ser completadas las estadísticas con material descriptivo, fundamentado en información regional, interpretando el concepto local de vivienda y, según cada cultura, evaluando el nivel y los servicios de cada comunidad y teniendo en cuenta la disponibilidad y la comparabilidad internacional de los datos. Tal información local no es diagnosticada para los países de América Latina y el Caribe (ALC), debido a que sus indicadores de déficit habitacional no posibilitan levantar datos particulares; además, como se observa en la figura 1, las variables son comunes para ALC, derivadas de los indicadores instituidos por las Naciones Unidas.

Fuente: elaboración propia (2020).

Figura 1 Variables de vivienda, adjetivación al derecho a la vivienda en las constituciones y año de la carta política de los países de América Latina y el Caribe. 

Las constituciones de los países de América Latina y el Caribe cualifican el derecho a la vivienda de diversas formas: adecuada, barata, cómoda, confortable, decente, decorosa, digna, de interés social, económica, inviolable, popular, que garantice la privacidad familiar, sagrada, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias, un direito social. Se advierte la poca coherencia de las variables en los indicadores de habitación de estas naciones con las adjetivaciones dadas a la vivienda como derecho en sus cartas políticas.

La provisión y el acceso a la vivienda financiarizada que las Naciones Unidas instaura mediante nociones equivalentes a la vivienda adecuada, a manera de lema e indicadores de habitación para diagnósticos residenciales, y su relación con la cualificación al derecho a la vivienda de los países de América Latina, se presentan en la figura 2, la cual se compone de dos líneas de tiempo: 1) en la parte superior, cuatro vertientes de acción: vivienda como servicio, a la vez que dentro de un marco de derechos; asentamientos humanos, medio ambiente y salud; y 2) la línea de tiempo concerniente a las constituciones de 21 países de América Latina y el Caribe (línea inferior). La vertiente de acción Salud ha estado presente con los asuntos epidemiológicos en el medio humano, desde que las Naciones Unidas inicia sus actividades, pero supeditada a llamar la atención sobre cómo las inadecuaciones en la vivienda, los asentamientos humanos y el medio ambiente pueden perturbar la integridad del hombre.

Fuente: elaboración propia (2020).

Figura 2 Línea de tiempo sobre el discurso de las Naciones Unidas para acceso y provisión de vivienda adecuada financiarizada. 

Cada vertiente de acción exhibe nociones equivalentes a la vivienda adecuada a modo de lema, el cual engloba el problema de habitación para solucionar, según las Naciones Unidas, en un escenario donde la vivienda adecuada se comporta como un servicio atravesado por mecanismos de financiación, divulgado en protocolos y conferencias mundiales. Las nociones equivalentes a vivienda en cada una de las vertientes de acción se muestran en letra mayúscula y negrita, como se observa en la figura 2, y en los subtítulos de la introducción del artículo entre comillas; los programas de acción vigentes se enseñan bajo la noción análoga a vivienda adecuada. Las adjetivaciones a la vivienda como derecho en las constituciones de los 21 países de América Latina y el Caribe y el año de la constitución vigente son exhibidas en la línea de tiempo inferior. Entre las 2 líneas de tiempo se exponen los indicadores de vivienda y sus variables de habitación instituidos por las Naciones Unidas, aplicados desde el indicador de déficit habitacional de los países de América Latina y el Caribe como diagnósticos sobre vivienda adecuada, los cuales se difunden desde los protocolos y las conferencias mundiales de dicha organización, mostrados en la línea de tiempo superior.

Como producto de la crisis económica de la década de 1970 en Europa, el Banco Mundial (BM) aconseja a los gobiernos que cambien su rol anterior como productores de vivienda y pasen a ser facilitadores, para apoyar la expansión de mercados privados en este sector (Banco Mundial, 1993, p. 1). ^{Rolnik (2015)} afirma que en dicha década, a través de préstamos internacionales fueron financiados proyectos piloto de vivienda con servicios conexos en áreas residenciales precarias -particularmente, en América Latina-, para luego, en la década de 1980, abandonar progresivamente la financiación de estos proyectos urbanos. En esos momentos la política del BM se direcciona a realizar préstamos a instituciones financieras para crear condiciones y corporaciones destinadas a promover sistemas financieros habitacionales que viabilicen la compra de casa propia. En la década siguiente se concreta la creación de un sector financiero habitacional. En todas estas etapas, América Latina y el Caribe, según declara ^{Rolnik (2015)}, se han mantenido como clientes de relevancia.

Así pues, los programas instaurados por las Naciones Unidas para hacer frente a la escasez de vivienda y a los problemas de la urbanización desde instrumentos de financiación para acceso y provisión de esta se practican en América Latina y el Caribe desde la década de 1950. ^{Rolnik (2015)} revela que siempre lo han hecho acompañados por la asistencia técnica de consultores de agencias como el BM, el Banco Central Europeo y otros bancos y organizaciones multilaterales, con tres instrumentos para viabilizar la demanda: 1 ) el acceso a la vivienda según el ingreso del habitante (el derecho de propiedad); 2) el desarrollo de un sistema financiero de vivienda, con la creación de instituciones de crédito hipotecario que acaparen demanda en todas las franjas de ingreso económico de la población, y 3) la racionalización focalizada de subvenciones para habitación por parte de los Estados. Este modelo es conocido desde el decenio de 1990 como grant subsidies (otorgamiento de subsidios), y es ampliamente reproducido en la región; principalmente, en Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú y Venezuela (2015).

Las áreas residenciales precarias también son alcanzadas por la mercantilización de la vivienda. Cuando UN-Hábitat lanza la política de mejora de asentamientos precarios en 2000, la solución se enfoca en asegurarles a estas familias acceso a financiamiento; el denominado microfínanciamiento habitacional para mejora de vivienda y servicios conexos, un modelo en el cual se presupone que la vivienda es un activo de inversión, para financiar el consumo, el bienestar o la actividad emprendedora (^{Rolnik, 2015}), y para incluir a más población en el acceso a la vivienda mercantilizada, bajo el supuesto de mejorar las condiciones de vida, alcanzar una vivienda adecuada y combatir la pobreza.

Discusión

^{Pisarello (2003)} expresa que todo derecho, por estar en la Constitución de un país, goza de un contenido básico que es admitido como lo mínimo esencial, un estándar a manera de componente objetivo que ninguna autoridad pública puede dejar de satisfacer. Este mismo autor argumenta que para dicho componente, objetivo del derecho a la vivienda, es necesario adoptar indicadores que puedan ser usados como parámetro para distinguir, por ejemplo, el incumplimiento de las obligaciones de un Estado o de particulares en el ámbito de los derechos habitacionales, o para establecer si una nación produjo, en un periodo determinado, situaciones de regresión o de progreso en la aplicación de la política de habitación. La importancia de los indicadores habitacionales está en ese papel de componente objetivo, para que acciones u omisiones del Estado, o de particulares, sean consideradas verdaderas violaciones del derecho a la vivienda.

El tránsito del morador a una vivienda con estándar residencial adecuado no necesariamente se asimila a un escenario con condiciones de habitabilidad. Aun cuando los indicadores de déficit habitacional nacionales incorporen los mínimos esenciales de la Guía de las Naciones Unidas de 1961, no se incluyen condiciones particulares de los contextos latinoamericanos ni necesidades particulares de población homogénea. Adicionalmente, el derecho a la vivienda ya ha sido atravesado por medidas financieras cuando desde su componente objetivo -las variables de habitación- no interpela el acceso a la vivienda y los servicios conexos desde instrumentos de financiación como impacto en la calidad de vida; en consecuencia, los procesos de financiamiento no existen como situación que podría violar el derecho a la vivienda, y así la garantía por la violación a este derecho es una vivienda o unos servicios conexos como riqueza, sin atender a la vivienda adecuada desde su condición de abrigo y lugar de desarrollo del ser humano.

El escenario de acceso y provisión de la vivienda según el ingreso familiar, desde las medidas de financiamiento, bien sea o no dentro del marco de la garantía del derecho a la vivienda, se corresponde con lo que expone ^{Aalbers (2019)} sobre financiarización, como

[...] el creciente dominio de los actores financieros en los mercados, las prácticas, las mediciones y las narrativas a diversas escalas, que se traduce en una transformación estructural de las economías, las empresas (incluidas las instituciones financieras), los estados y los hogares [la traducción es de la autora], (p. 1)

Lo enunciado también se corresponde con lo manifestado por ^{Vergara-Perucich y Boano (2020)}, quienes aseguran que la financiarización de la vivienda se observa en la influencia de los actores financieros en los procesos de producción de la vivienda, en la relevancia de los instrumentos financieros en la comercialización de la vivienda y en el incremento de los actores que adquieren una vivienda con el fin de extraer valor de ella, más que para habitarla. Para adicionar como reflexión, también se aprecia en los productos habitacionales financiarizados que se entregan a quien ha sido lesionado por vivienda inadecuada, como garantía de los derechos habitacionales. Esta condición de la financiarización mantiene el escenario para la avalancha de desalojos por el no pago de créditos hipotecarios, de alquiler y de servicios conexos, además de ejecuciones hipotecarias; todos ellos, previstos en el Informe A/75/148 de 2020 de las Naciones Unidas sobre impactos de la COVID-19, y anunciados ampliamente en los noticieros mundiales en 2020.

Conclusiones

Las variables de los componentes del nivel de vida de 1961 configuran los indicadores de déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda para los países de América Latina y el Caribe, y han sido constitutivas del Indicador de Asentamientos Precarios de los ODM a 2015, de manera disgregada de los ODS a 2030; además, se han visibilizado desde un marco de derechos cuando la vivienda fue considerada un componente del derecho a un nivel de vida adecuado en la DUDH de 1948, en el PIDESC de 1966 y desde el derecho a la vivienda adecuada en el PIDESC de 1991. No obstante, las Naciones Unidas, desde la década de 1940 y entrado el siglo XXI, ha instituido un enfoque hacia la asequibilidad de la vivienda como problema a partir del ingreso; la preocupación por la calidad de vida no es evidente y confirma a la vivienda y los servicios conexos como servicios adquiridos mediante medios económicos, dentro del marco de políticas de habitación financiarizadas. Así, la vivienda adecuada es elegida por el morador a partir de decisiones sobre las variables de habitación que su ingreso económico puede cubrir; la capacidad económica definirán las inadecuaciones con las que se mora.

La vivienda que se habita no se convierte en inadecuada o insalubre por una situación que afecte la salud del morador, pero cuando la salud flaquea y se requiere confinamiento en casa emerge la conciencia individual, colectiva y estatal, que el espacio en el cual se vive y donde se interactúa con otros influye en la integridad física y mental, y en el cuerpo recae la capacidad de resistir. También se tiene en consideración que el ingreso económico es lo que posibilita el acceso a las variables que configuran la vivienda adecuada y saludable, que pueden ayudar a minimizar los efectos del confinamiento; sin embargo, el aislamiento domiciliario genera un impacto devastador en los medios de subsistencia, lo que redunda en el acceso a la vivienda adecuada y sus servicios conexos, a los que se accede por el ingreso familiar.

Los Estados construyen el escenario al acceso a la vivienda financiarizada, que no siempre es adecuada, cuando la jurisprudencia de los países no configura objetivamente lo que es un derecho habitacional; cuando lo homologa a cuatro paredes y un techo y su garantía son las opciones limitadas en cuanto a habitabilidad que ofrece el mercado inmobiliario; cuando estipula variables mínimas de habitación no correspondientes a condiciones locales o culturales y desde el valor de la vivienda como abrigo; cuando no contempla que el acceso a la vivienda según el ingreso familiar y desde medidas financieras perturba la salud humana; cuando los ciudadanos no tienen a su alcance instrumentos jurídicos para exigir, en la práctica, el derecho a habitar una vivienda adecuada y saludable, que es más que el derecho a su acceso por subvenciones.

La garantía de la vivienda adecuada como derecho transita hoy entre la eficacia funcional, cuando desde la política habitacional se resarce la violación al derecho a una vivienda financiarizada, y su concepción social, cuando es considerada un servicio con acceso por ingreso, para la sobrevivencia del hombre y el abrigo a su integridad.