ARTÍCULO

Un trayecto formativo que favorece la cohesión social desde la Universidad Nacional de San Martín

A training course that promotes social cohesion from the Universidad Nacional de San Martín

Verónica Haddad

* Universidad Nacional de San Martín – Docente UBA; Coordinadora Curricular de Economía Social y de Trabajo y Sociedad para la DOSESS en Universidad General de San Martín, cohorte 2012–2013. Especialista en Planificación y Gestión de Proyectos de Cooperación para el Desarrollo (UNEDOEI), Postgrado en Políticas Sociales, Género y Desarrollo (Red OEI). Postgrado en Economía Social y Desarrollo Local (FLACSO). Asesoría técnica del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación desde 2003. Evaluadora externa de Proyectos de Extensión Universitaria para el Ministerio de Educación de la Nación (2004– actualidad) veronicahaddad@gmail.com

Introducción–I. Desarrollo. –II. La ''Diplo''.– III. Estructura curricular. IV. Modalidad de implementación.–V. Modalidad de implementación.– VI. Conclusión.– Referencias Bibliográficas.

Recibido: Julio 16 de 2013 Aceptado: Noviembre 15 de 2013

RESUMEN

A raíz de las crisis económicas vividas en Argentina en su historia contemporánea se han implementado estrategias encaminadas al fortalecimiento de las relaciones Estado–Universidad– Sociedad, por medio de las cuales han tomado importancia conceptos como extensión universitaria y cohesión social en busca de lograr una Economía Social Solidaria– ESS–; entendiendo la extensión universitaria como el aporte social que puede hacer la academia en términos reales y medibles a los individuos más excluidos de la sociedad. En este artículo se describen algunas estrategias implementadas por el Estado orientadas al fortalecimiento de la ESS y, se hace una narración un poco más detallada de la estrategia de la Diplomatura de Operador Socioeducativo en Economía Social y Solidaria, la cual es un esfuerzo de la Universidad Nacional de San Martín y los Ministerios de Desarrollo social y de Educación de la Nación Argentina, que va dirigido a cooperativistas.

Palabras clave: Economía social, Desarrollo, Política Publica

ABSTRACT

Since the economic crises lived in Argentina there have been strategies aimed to the strengthening of the relationship State–University–Society in its contemporary history, and from these strategies concepts like university extension, social cohesion and university extension aimed to achieve a Social Solidarity Economy –SSE– have become important; understanding the university extension as the social contribution that academy may do in real and measurable terms to the most excluded people in society. This paper describes some State strategies implemented which are oriented to the strengthening of the SSE and, there is a more detailed account of the Diploma of the Social Economy and Solidarity Socio–educative Operator, which is an enforcement of the Universidad Nacional de San Martín and Ministries of Social Development and Education from Argentina, which is aimed to cooperatives.

Key words: Social Economics, Development, Public Policy

RÉSUMÉ

À la suite des crises économiques de l'Argentine dans son histoire recente, l'État argentin a mis en oeuvre des stratégies visant à renforcer les relations État–Université– Société. Cela a permis qu'une partie de l'extension des universités soit aperçue comme une forme d'Economie Sociale Solidaire (ESS). C'est ainsi qu'on comprend l'extension de l'université comme contribution sociale réelle et mesurable, tout particulièrement en ce qui concerne les individus les plus socialement exclus. Cet article décrit quelques stratégies mises en oeuvre par l'État visant à renforcer les ESS, en particulier nous montrons la stratégie d'offrir une formation en économie sociale et solidaire, laquelle a été proposée par l'Université Nationale San Martín, le Ministères du Développement Social et le Ministère de l'Éducation de la Nation Argentine.

Most clef: économie sociale, développement, politiques publiques

Clasificación JEL: G18, O1

Introducción

El objetivo general de este trabajo es conocer y analizar la experiencia de la Diplomatura de Operador Socioeducativo en Economía Social y Solidaria en la Universidad Nacional de San Martín que favorece el desarrollo de la economía social y solidaria con sus valores y principios, contribuyendo así a la cohesión social.

Se trata de una política pública que se materializa en un trayecto formativo que valoriza la construcción colectiva con metodología de educación social y popular, anclada en lo local como espacio territorial de desarrollo. Es producto de una articulación interministerial entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación de la Nación Argentina, aunque surge de la demanda de los propios cooperativistas del Programa de Ingreso Social con Trabajo impulsado desde el Ministerio de Desarrollo Social desde 2009.

Luego, se implementa con la participación de las Universidades nacionales con asiento en el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, que normalmente se denomina ''conurbano bonaerense'', cuyos equipos se integran tanto en el diseño de contenidos y estrategias pedagógicas, como en la efectiva ejecución, es decir, en el dictado de las materias que conforman el currículo y el acompañamiento de las prácticas de intervención con anclaje territorial.

Así es como durante el período 2012–2013, la Universidad Nacional de San Martín fue la encargada de desarrollar este programa de extensión universitaria producto de la articulación de dos Ministerios Nacionales con un objetivo común: promover la inclusión social y educativa y la consiguiente mayor cohesión social.

Es interesante ver cómo en esta experiencia se hace camino al andar. El propio Programa que surge como política pública desde un Ministerio nacional, termina dando origen a otra política pública pero ya de carácter interministerial, dado que el presupuesto que sostiene el trayecto formativo es otorgado desde los dos Ministerios Nacionales: Desarrollo Social y Educación. De esta manera, se pone en marcha toda una estructura de coordinaciones tanto de carácter académico como de intervención territorial, con parejas pedagógicas conformadas por docentes curriculares y docentes tutores para llevar a cabo la tarea de formación académica.

La Diplomatura configura un verdadero programa de extensión universitaria en su concepción más avanzada e integral, ya que surge de la demanda de la propia comunidad y se desarrolla como una interacción en la cual se conforma una comunidad de aprendizaje entre los docentes y los alumnos, ya que los saberes no se encuentran sólo en los claustros, sino que éstos últimos también se nutren de la realidad comunitaria. Esta concepción de la extensión universitaria como proceso de comunicación interactivo e integrador, resulta fundamental para comprender el desarrollo de esta Diplomatura que en todas sus etapas comporta un proceso de enseñanza– aprendizaje en el cual las decisiones se toman siempre democrática y participativamente.

La metodología utilizada para la redacción de este trabajo ha sido la recopilación de datos de publicaciones gráficas y virtuales, así como el relato de la experiencia concreta de actores vinculados a las distintas fases de planificación y ejecución de las etapas del trayecto formativo, tanto funcionarios de los distintos niveles estatales, como universitarios, docentes e integrantes de las cooperativas.

Se verifica que esta política pública que se convierte en un trayecto formativo con clara direccionalidad política, contribuye a la transformación social desde las bases, en total sintonía con los valores de la economía social. Así, a la vez que se facilita la reincorporación al mercado de trabajo de aquellas personas expulsadas del mismo, se promueve la democratización de la toma de decisiones como práctica sustantiva, con la consiguiente mayor equidad en la distribución de los ingresos. Todo esto se plasma en un mayor acceso a derechos y participación, lo cual favorece la cohesión social.

I. Desarrollo

En 2001, con la que fue quizás una de las crisis más graves y completas en la historia argentina, se hizo más visible la economía social y solidaria con sus multivariadas experiencias que comprenden iniciativas diversas, desde las fábricas recuperadas por sus trabajadores cooperativizados hasta las ferias y redes de trueque, huertas comunitarias, agricultura urbana, microemprendimientos, experiencias de moneda social, etc.

Con el fin de explicitar la profundidad de la crisis, se puede referenciar a los valores y política de la llamada ''década larga'', siguiendo a Susana Hintze, que comienza con la crisis de 1989 y la hiperinflación y termina en 2001–2002. Ambas crisis marcan cambios de gobierno y durante la década en cuestión, la reducción del Estado en cuanto a su planta de Administración pública alcanza un 30%. Así, ''se genera una virtual ruptura del lazo social entre representantes y representados'' que estalla el 19 y 20 de diciembre de 2001 con el pueblo en la calle siendo una de sus principales consignas el cántico ''que se vayan todos... que no quede ni uno solo. ''La política se había convertido en sinónimo de corrupción y la gran mayoría de los ciudadanos decía no querer involucrarse en ella. No obstante, a partir de entonces empiezan a reunirse asambleas populares en los distintos lugares del país, zonas urbanas y periurbanas, rescatando la necesidad de participación popular para ''lograr la conjunción de una democracia directa y representativa en la construcción de una nueva República''¹.

Lo cierto es que en esta explosión del 2001–2002, se suma a la recesión que venía instalándose en Argentina desde hacía unos cuatro años, un proceso inflacionario que configura un escenario en el cual más del 50% de la población queda bajo la línea de pobreza. Entonces es que se visibiliza la emergencia de una nueva economía social y solidaria. A esta nueva manifestación de la ESS se la puede llamar de segunda generación, diferenciándola de aquella surgida luego de la revolución Industrial con los pioneros de Rochdale² y otras experiencias de organización de cooperativas y mutuales. Y esta nueva economía social y solidaria, que aparece con la crisis del modelo de acumulación y concentración económica que tiene como contracara la exclusión social, resulta una alternativa para crear fuentes de ingresos, con mayor grado de informalidad que la economía social fundacional o de primera generación. Uno de los elementos distintivos de esta economía social y solidaria de segunda generación es que ahora la cuestión social es la exclusión, en tanto que cuando emergen las cooperativas y mutuales, la cuestión eran las condiciones de explotación en la relación capital–trabajo.

''La economía social fundacional y la de segunda generación forman parte de un mismo campus, tienen muchas cosas en común y comparten un proyecto. Una característica común a ambas es que ninguna tiene al homo economicus como plexo valorativo. Ambas tienen una fuerte valoración del trabajo, de lo democrático y de lo solidario como formando parte de valores de reciprocidad, de don, que no están estrictamente dentro de la lógica de racionalidad instrumental del contrato''³.

La decisión política que toma el Estado Nacional a partir del 2003, de propiciar el desarrollo y la consolidación de las organizaciones de la economía social, tiene una direccionalidad clara y transformadora que se orienta a contribuir a un sistema de relaciones basadas en la participación democrática, la horizontalidad, la solidaridad y la reciprocidad, elementos todos que favorecen indudablemente la cohesión social. ''La cohesión social es un elemento sin el cual las sociedades no logran la madurez suficiente para generar identidad cultural, compromiso social y voluntad política como pilares de estrategias de desarrollo sustentable.⁴

En este sentido, durante la última década esta orientación política se puede verificar en lo que es dable denominar como un proceso de ''institucionalización de la economía social y solidaria en Argentina.'' La misma, se materializa en el dictado de normativas específicas que favorecen la creación de organizaciones y la ampliación de sus redes, así como también su consolidación y afianzamiento, a la vez que desde el Estado Nacional se crean nuevas estructuras para poner en marcha planes y programas en el mismo sentido que incluyen la provisión de asistencia técnica y capacitación en las distintas áreas y estamentos.

La gestión que asume en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en 2003 instala desde el comienzo una política de promoción socio–productiva con el Plan de Desarrollo Local y Economía Social Manos a la Obra. El mismo, orientaba a las personas que habían sido beneficiarias de distintos planes sociales,⁵ a que se organizaran y generaran sus propios emprendimientos productivos. Para ello, se otorgaban subsidios y microcréditos para la puesta en marcha de los mismos. Para facilitar la posibilidad de viabilidad y formalización de las actividades socioproductivas de estos emprendimientos, es que se dictó la primera normativa inédita a nivel latinoamericano, que se sancionó con fuerza de ley en 2004: La Ley 25.865/2004 que crea el Registro de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social que da origen al Monotributo Social.

Dicho Monotributo Social es un régimen tributario optativo creado con el objetivo de incorporar a personas históricamente excluidas de la economía formal, reconociendo sus actividades productivas y de servicios, habilitándolas para emitir facturas, ser proveedores del Estado, acceder a una jubilación y a una Obra Social del Sistema de Salud. El Registro De Efectores es el organismo encargado de gestionar el Monotributo Social. Las personas que se inscriben tienen que cumplir ciertos requisitos de condición socioeconómica como por ejemplo, no facturar más de determinada suma anual para acceder al beneficio. Dicha suma se ha ido ajustando desde el 2004 a la fecha.⁶

Del Ministerio de Desarrollo Social surgen luego otras dos normativas importantes que van en el mismo sentido de favorecer, fortalecer y consolidar a las organizaciones y redes de organizaciones de la economía social. La primera, en concordancia con el impulso a la participación democrática favorecido por la gestión gubernamental, fue elaborada como proyecto de ley convocando a las organizaciones pioneras⁷ que ya trabajaban con microcrédito en el territorio a una jornada de intercambio para elaborar el proyecto de ley, en conjunto con los funcionarios gubernamentales que impulsaban la iniciativa. De la jornada del 28 de Marzo de 2006 surgieron las conclusiones que fueron insumo para el proyecto que luego fue sancionado como Ley 26117/2006 de Microcrédito para la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social. El organismo de aplicación es la Comisión Nacional de Microcrédito, y el mecanismo para la ejecución es la gestión asociada⁸ entre organizaciones administradoras y Estado.

La tercera normativa en cuestión para el desarrollo y consolidación de la economía social y solidaria es la Ley 26.355 de ''Marca Colectiva'', sancionada el 28 de Febrero de 2008, que permite a emprendedores sociales ampliar canales de comercialización y establecer estrategias comunes para un desarrollo en escala, con mayor visibilidad, diferenciación e identificación cualitativa de sus productos a través de un signo distintivo con nombre propio, a través del registro de su marca⁹.

A su vez, desde el Ministerio de Educación de la Nación en la reciente década se ha promovido la función de extensión universitaria como espacio integrativo y pertinente para la satisfacción de deman–das comunitarias, reconociendo que '' los problemas de la sociedad, son problemas académicos...''¹⁰. Esta afirmación, destaca la función social de la Universidad expresada en la extensión universitaria como proceso de comunicación entre la Universidad y la comunidad de la cual forma parte. En este sentido, en los últimos años se ha revalorizado la función de extensión universitaria que había sido proscripta por las dictaduras militares y luego relegadas por el posterior proceso neoliberal, convirtiéndose en algo así como la hermanita pobre de las otras dos funciones universitarias: la docencia y la investigación.

Algo importante que es preciso destacar en este sentido es la importancia de algunas personas que en calidad de funcionarios ubicados en lugares estratégicos se convierten en actores fundamentales para la orientación de la política pública al asumir la responsabilidad de impulsar determinadas cuestiones. En este sentido, es notable el incremento presupuestario para convocatorias de proyectos de Extensión Universitaria desde la Secretaría de Políticas Sociales del Ministerio de Educación de la Nación en donde la Dra. María Liliana Herrera Albrieu se desempeña como funcionaria desde hace 30 años, habiendo recibido recientemente una distinción por su labor en el área. El aumento de presupuesto para financiamiento de proyectos de Extensión Universitaria se ha incrementado veinte veces.

La economía social y solidaria se ha instalado en la agenda pública y académica de la Nación Argentina desde inicios del Siglo XXI, alcanzando notoriedad a través de las numerosas Maestrías, Postgrados e inclusive tecnicaturas y diplomaturas en distintas Universidades e Institutos.

En la institucionalización y puesta en agenda de la economía social y solidaria en Argentina ha tenido un papel sustancial el Ministerio de Desarrollo Social¹¹, aunque también el Ministerio de Educación, y otros estamentos públicos han creado estructuras al efecto en los distintos niveles del Estado. La jerarquización de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, en el marco del Ministerio de Agricultura de la Nación, la creación de los Centros de Investigación para la Agricultura Familiar (CIPAF), en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Subsecretaría de Empleo y Economía Social en el Ministerio de Trabajo son algunas pruebas de esto. La reciente jerarquización de la Secretaría de la Economía Social en Morón, es otra muestra más de este proceso de institucionalización.

Luego de cinco años de crecimiento ininterrumpido en el país, en 2009 –tras la crisis financiera internacional– las políticas sociales propuestas se integran en dos marcas o ejes de acción: El Plan Argentina Trabaja y el Plan Familia Argentina¹². En el marco del primero, se lanza el Programa de Ingreso Social con Trabajo, apuntando a organizar en cooperativas a aquellos que, a pesar de dicho crecimiento económico sostenido, no hubieran podido insertarse en el mercado laboral, ni como emprendedores autogestivos, ni como empleados asalariados.

Este Programa, en línea con las políticas públicas impulsadas y con las leyes sancionadas por iniciativa del mismo Ministerio, trata de mejorar la calidad de vida creando oportunidades de inclusión socioocupacional, con una perspectiva integral, incluyendo el derecho a la educación, la salud y ciudadanía activa. Se concreta a través de articulaciones multifactoriales y multisectoriales con Municipios, entes ejecutores y otros actores nacionales, provinciales y locales, orientando el trabajo a la mejora del hábitat y de áreas de uso público y comunitario.

Algunos meses luego de lanzado el programa en el conurbano bonaerense¹³, con toda la complejidad dada por los conflictos propios de actores que detentan poderes territoriales y no estaban dispuestos a perder sus prebendas ni su clientela amenazadas por un programa que promueve la autogestión convirtiendo a los beneficiarios en sujetos protagonistas. Los propios cooperativistas del Programa comenzaron a notar que necesitaban una formación en economía social. Esto es lógico, dado que estas cooperativas inducidas desde el Estado, carecían del affectio societatis propio, así como también de conocimientos de identidad cooperativa y herramientas para desarrollar sus proyectos socio–productivos y gestionar sus emprendimientos. Así, la Diplomatura de Operador Socioeducativo en Economía Social y Solidaria, surge de la propia demanda de los cooperativistas, como programa de Extensión Universitaria que, con apoyo del Ministerio de Desarrollo Social que se articula con el de Educación, se implementa desde la Universidad de San Martín en 2012–2013 con una población de más de 1000 inscriptos.

II. La ''Diplo''

En el año 2010, tal como se ha mencionado anteriormente, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación de la Nación, en articulación con la Universidad Nacional de Quilmes de donde había surgido la propuesta de realizar un programa de extensión universitaria para los cooperativistas, crean la Diplomatura de Operador Socioeducativo en Economía Social y Solidaria (DOSESS), como política pública orientada a fortalecer a los actores sociales del Programa de Ingreso Social con Trabajo apostando a la autonomía y sustentabilidad de las cooperativas.

Luego de la primera cohorte, los Ministerios redoblan la apuesta y la Diplomatura se implementa desde la Universidad Nacional de San Martín¹⁴, para su dictado en 2012–2013. La implementación es más compleja dado que la primera cohorte se dictaba para orientadores de la primera inscripción en el Programa de Ingreso Social con Trabajo, los cuales eran militantes de organizaciones sociales y partidos políticos con trayectoria e historia. Para la segunda cohorte, el universo se amplía y la población es más heterogénea. De cualquier forma, sigue existiendo una mayoría de mujeres entre los orientadores/alumnos.

La Diplomatura articula un conjunto de cinco materias como módulos de formación, que suman 320 horas, a lo cual se agregan 180 horas de prácticas profesionalizantes. Es de destacar que en Marzo del 2010 el plan alcanzaba a más de 62000 personas convertidas en cooperativistas y efectores sociales¹⁵, generando un impacto considerable en la condición socioeconómica de los mismos y sus familias.

En la primera cohorte de la DOSESS (2010–2011) cursaron casi 1000 cooperativistas del Programa y se diplomaron 670. En la cohorte 2012–2013 en la Universidad de San Martín, comienza la Diplomatura con aproximadamente 1000 inscriptos aunque finalmente durante la cursada se va desgranando y se diploman nuevamente alrededor de 600¹⁶. Los días en que se cursa la Diplomatura (un día por semana), los cooperativistas dan el presente en el aula y eso equivale al presente en la cooperativa, cumplimentando las 8 hs de cursada. Reciben además, una beca de $500 como incentivo a la formación cuando cumplimentan el 75% de asistencia a clases.

De los cooperativistas que cursan la Diplomatura, alrededor de un 31% son varones y un 69% son mujeres. Considerando que al inicio del programa el 53% eran mujeres, se observa que proporcionalmente el porcentaje que accede a esta formación es mayor en mujeres que en varones¹⁷.

III. Estructura curricular

Las cinco materias de la DOSESS son:

1) Economía social y solidaria

2) Grupos, Organizaciones y Equipos de Trabajo

3) Trabajo y Sociedad

4) Educación social

5) Tecnologías de Información y Comunicación.

En el marco de la materia curricular Economía Social y Solidaria (ESS), que atraviesa transversalmente todos los contenidos, los objetivos principales son que los orientadores puedan:

• Diferenciar los distintos sistemas económicos

• Reconocer a la ESS como una estrategia de inclusión social

• Identificar las distintas formas asociativas que conforman la ESS

• Intervenir en el doble desafío de la ESS: alcanzar la sustentabilidad económica y fomentar la integración social

La materia Grupos, Organizaciones y Equipos de Trabajo (GOET), se dicta en el primer tramo junto con Economía Social y Solidaria. Allí se revisan los conceptos de grupo, organización y comunidad, el proceso grupal, la coordinación y gestión de conflictos, las organizaciones socioproductivas y el llamado factor C (cooperación, comunidad, confianza, colectividad).

Trabajo y sociedad (TyS), pertenece al segundo tramo del DOSESS, como continuación de ESS, y trata de las transformaciones históricas y contemporáneas en el mundo del trabajo, la redefinición de las modalidades de acción estatal, el rol de las organizaciones sociales y la ESS, así como también la subjetividad y construcción de identidades colectivas de trabajo autogestivos.

Educación Social y Comunidad de Aprendizaje (ESCA), se dicta en el segundo tramo junto con TyS y TICs. En esta materia se plantea la construcción social del sentido de comunidad: pertenencia, identidad colectiva, territorialidad, participación, compromiso y trabajo compartido. Allí, además, se produce la integración y articulación con las Prácticas Profesionalizantes.¹⁸

Las Tecnologías de la información y comunicación (TICs), son un módulo transversal que se dicta también durante el segundo tramo, para disminuir la brecha digital mediante el uso de herramientas informáticas.

Con referencia al objetivo de sustentabilidad, se destacan las acciones del desarrollo del proceso de institucionalización de la economía social y solidaria, que favorece la creación y consolidación de distintos tipos de formas asociativas organizacionales con toma de decisiones democrática y distribución equitativa de los excedentes. Por todo ello, la Diplomatura incluye en sus materiales dicha temática de institucionalización de la economía social, desarrollada en la primera parte de este trabajo, consignando los avances que configuran las leyes sancionadas para su desarrollo y consolidación en el marco de una economía plural. Por otra parte, también la posibilidad de que cooperativas inducidas desde el Estado y dependientes en un principio del mismo, puedan ser autónomas, se vincula a la transformación social del territorio y a la potencialidad de posibilidades que brinda la alianza estratégica entre organizaciones y Estado, contribuyendo a la democracia participativa y a la cohesión social. Esto se relaciona también con este trayecto formativo en el cual los orientadores y orientadoras pasan a ser Operadores socioeducativos en ESS, con todo lo que esto implica y que se traduce en la realización de las prácticas profesionalizantes que son evaluadas por los equipos docentes en articulación con los equipos de gestión en una construcción colectiva plural colmada de enseñanzas y aprendizajes. En la primera cohorte, las prácticas profesionalizantes eran una actividad planeada por los orientadores en el segundo tramo, cuya planificación y realización sumaba horas extra–áulicas obligatorias. En la segunda cohorte, además, estas prácticas incluyeron un Seminario al principio de la cursada (antes que los módulos) que es explicativo del sentido de las mismas que se concretan con actividades de intervención territorial donde se integra la teoría con la práctica.

IV. Modalidad de implementación

Para lograr el fortalecimiento de las cooperativas y las organizaciones comunitarias, las clases se imparten como talleres con metodología de educación social y popular, en ámbitos educativos existentes en el territorio y así la palabra que circula en clase es de todos. Los y las orientadores/as cursan de manera presencial una vez por semana en la sede asignada más cercana a su cooperativa. La presencia en clase, tal como ya se ha consignado, equivale a la presencia en la cooperativa.

Las comisiones son acompañadas por una pareja pedagógica por la mañana y otra por la tarde. Las parejas pedagógicas, compuestas por un/a docente tutor/a y un/a docente curricular, conforman un cuarteto de trabajo profundizando en la formación de la comunidad de aprendizaje, modelizando una forma de coordinación horizontal e integrada. Los/as docentes curriculares están afectados al módulo de contenido particular, y los/as docentes tutores acompañan a los/as orientadores/ as durante todo el Diploma incluyendo la concreción de las intervenciones en territorio.

La comunidad de aprendizaje es entendida como un espacio en el cual todos los actores son protagonistas. La misma promueve lazos locales, participación y pertenencia, como una construcción de saberes y responsabilidades. Posibilita crear, producir y provocar las condiciones necesarias para una práctica liberadora y contextualizadora.

Con el objetivo de compartir el trayecto de cada comisión, intercambiar experiencias, conceptos y saberes y poner en juego los emergentes del territorio, el dispositivo plantea la realización de encuentros semanales del equipo docente junto al equipo de gestión. En cada uno de estos encuentros se ponen en común criterios para la planificación conjunta. Cada pareja pedagógica entrega la planificación con antelación y una memoria posterior que es base para delinear el próximo taller. Estos instrumentos dan cuenta del proceso, de las representaciones propias y de los/as orientadores/as y permiten reforzar y retomar contenidos a partir de las experiencias y particularidades de cada comisión. La revista mural y el mapeo territorial¹⁹ son herramientas que facilitan esta imbricación en el territorio de los orientadores, que en su transformación en operadores SESS²⁰ favorecen también el desarrollo y consolidación de sus cooperativas.

V. Conclusión

La Diplomatura en Operador Socioeducativo en Economía Social y Solidaria (DOSESS) es la concreción de una política pública que contribuye a favorecer la cohesión social. Los sistemas educativos están llamados a desempeñar una importante función en el fomento de la cultura emprendedora y autogestiva y en la democratización de la economía a través de proyectos basados en los principios y valores de la Economía social y solidaria.²¹ Esto está en concordancia con la concepción de Extensión Universitaria antes enunciada, en el sentido que también incentiva y favorece un proceso de integración entre la comunidad universitaria y la sociedad de la cual forma parte, horizontalizando las relaciones y promoviendo un intercambio de enriquecimiento mutuo que realimenta las otras funciones universitarias: la investigación y la docencia, favoreciendo el desarrollo y la cohesión social.

Un logro sustantivo de la política pública en la última década en Argentina es haber instalado desde la gestión, a la Economía Social como la forma de organizar el trabajo y la producción que facilita la reincorporación al mercado de trabajo de aquellas personas expulsadas del mismo, promoviendo la democratización de la toma de decisiones con la consiguiente mayor equidad en la distribución de los ingresos y cohesión social. En este sentido, el impulso desde la extensión universitaria a las organizaciones de la economía social, se plasma en la Diplomatura construyendo comunidad, favoreciendo el intercambio de saberes entre los actores sociales territoriales y los docentes curriculares y tutores.²²

Asumiendo la particularidad inherente a este tipo de organizaciones que surgen por inducción del Estado, es interesante observar la definición de Economía Social que propone el Consejo Valón²³ en 1990. Dicha definición es confirmada posteriormente en el ámbito nacional por el Consejo Central de la Economía. Según la misma, la ES se compone de actividades económicas ejercidas por formas asociativas diversas, principalmente cooperativas, mutuales y asociaciones cuya ética se traduce en los siguientes principios:

– Finalidad de servicio a los miembros y a la comunidad en lugar de finalidad lucrativa

– Autonomía de gestión

– Procesos de decisión democráticos y

– Primacía de las personas y del trabajo sobre el capital a la de la distribución de excedentes

Así, por una parte, se identifican las principales formas jurídicas que pueden adoptar las organizaciones de la ES, pero a la vez, se deja la puerta abierta a otros tipos de organizaciones. Esto quiere decir que es viable una visión abarcativa de la economía social y solidaria que incluye, además de cooperativas, mutuales y asociaciones, a todas aquellas iniciativas multivariadas que reúnan esas características antedichas y estén imbuidas de los valores de la identidad cooperativa: solidaridad, equidad, justicia, honestidad, transparencia, ayuda mutua, responsabilidad social. Por ello, resulta fundamental que estos valores estén en la base de estas organizaciones para que realmente la economía social y solidaria sea una alternativa en la cual se configura una forma diferente de relación entre las personas y entre ellas y su medio ambiente. Sobre esta premisa es que se favorece esta forma de organización y sobre esta idea es que se trabaja en metodología de educación social y popular en la DOSESS, desarrollando destrezas interpersonales para la construcción colectiva en la que con el otro somos nosotros.

Sin embargo, y tal vez por la misma peculiaridad de este tipo de cooperativas del Programa de Ingreso social con Trabajo, existe aún en el imaginario de muchos de sus integrantes, una sobrevaloración del trabajo asalariado por sobre la autogestión. Esta percepción soslaya la importancia e impacto sustancial del sentido de pertenencia y el compromiso propios de las organizaciones de la economía social y solidaria²⁴.

De modo contrario a esta apreciación, Julio H. G. Olivera, sostiene que desde el plano del análisis conceptual, existe una preferencia por parte de los teóricos en ciencias económicas hacia las formas organizativas de tipo cooperativo, afirmando: ''Es en verdad un hecho interesante, aunque poco conocido, que la mayor parte de las figuras más significativas de la ciencia económica, tanto de la escuela clásica como de épocas más recientes, que escribieron después del nacimiento del cooperativismo moderno, manifestaron categóricamente su predilección por este sistema, juzgándolo superior no sólo a los regímenes autoritarios y estatistas sino también al capitalismo privado²⁵.''

Un trayecto formativo con los valores de una economía social y solidaria, basada en el paradigma de la abundancia, situando al ser humano en el centro de la escena, resulta profundamente emancipatorio, liberador y constructor de nuevas realidades. Esta educación verdaderamente moviliza y contribuye a efectivizar los derechos facilitando las condiciones materiales y simbólicas para modificar los escenarios de manera tal que los derechos sean realidades concretas y no declamaciones.

La educación cambia la vida de las personas y aprovechar el expertise de la Universidad creando un Diploma específico para este sector particular de la economía social y solidaria, con una acreditación que pueda abrir otras puertas en el futuro, es un desafío que valía la pena construir.²⁶ Sin duda, cuando trabajan juntos docentes universitarios, funcionarios de distintas instituciones con una visión compartida, representantes de cooperativas y otros actores locales con horizontes comunes, aparece una sinergia que favorece el aprendizaje conjunto y redunda en una mejor organización comunitaria.

La cohesión social, entendida como un proceso integral que atiende a los aspectos económicos, la participación ciudadana, la igualdad de oportunidades, los aspectos culturales y basada en valores que pueden resumirse en el respeto a los derechos humanos, la transparencia y la honestidad, se constituye en prerrequisito indispensable para garantizar la convivencia armónica y las condiciones para el desarrollo sustentable.²⁷ Esto implica que los Estados nacionales lleven adelante políticas integrales que promuevan la participación de los diversos sectores de la sociedad y que no sólo se ocupen del crecimiento económico – que ya sabemos que per se no garantiza el desarrollo – sino que además atiendan a la distribución de la riqueza. Las organizaciones de la economía social y solidaria favorecen el desarrollo local y estas condiciones necesarias de equidad, convirtiéndose en un instrumento pedagógico para la democracia participativa. Por ello, las políticas públicas que favorecen su desarrollo y consolidación, en definitiva auspician el perfeccionamiento de la democracia y la cohesión social.

Notas

1 Hintze, Susana: Políticas sociales argentinas en el cambio de siglo. Conjeturas sobre lo posible. Editorial Espacio, Argentina, 2007, pág. 55.

2 La Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochdale (cuyo nombre original en inglés era Rochdale Equitable Pioneers Society) fue fundada en 1844 en Rochdale, Inglaterra como cooperativa de consumo. Fue la primera en distribuir entre sus socios los excedentes generados por la actividad, formando las bases del movimiento cooperativo moderno. Los Pioneros de Rochdale desarrollaron los llamados Principios de Rochdale, un conjunto de principios de la cooperación asumidos por las cooperativas en todo el mundo.

3 García Delgado, Daniel: Escenarios y estrategias de desarrollo local y economía social en Argentina en Primer Encuentro FORO FEDERAL de investigadores y docentes: la Universidad y la Economía Social en el Desarrollo Local, Buenos Aires, Proyecto PNUD ARG. 02/013, Abril 2004

4 Documento de la Reunión Especializada de Cooperativas (RECM): El rol de las cooperativas como parte integrante de la Economía Social en la Cohesión Social en América Latina y Europa, 2007, Intercoop Editora Cooperativa Limitada, Buenos Aires.

5 Aparece el concepto de políticas sociales integradas. De 76 programas vigentes en 2002, en 2003 se diseña un abordaje en torno a 3 líneas: Plan Familias, Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social Manos a la Obra y Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.

6 En todos los casos, debe tratarse de emprendedores en situación de vulnerabilidad social que no generen ingresos anuales superiores a $32.196–monto vigente desde el mes de diciembre de 2011–. Asimismo, la actividad económica debe ser genuina y estar enmarcada en el Desarrollo Local y la Economía Social, respondiendo al perfil productivo de cada región. Los proyectos productivos conformados por dos integrantes podrán facturar anualmente hasta $64.392, y los de tres integrantes hasta $96.588, en tanto las cooperativas de trabajo no tienen límites de facturación sino que el límite está establecido por el ingreso anual de cada uno de los asociados

7 Aproximadamente 50 organizaciones. Actualmente hay un universo de aprox. 1500.

8 La gestión asociada como proceso de construcción colectiva, de mirada integral del territorio, genera una nueva institucionalidad en la relación Estado–Sociedad Civil. Con la creación de la CONAMI, la aplicación del microcrédito desde los Consorcios de Gestión Local, las Redes de Gestión Asociada y la Red Nacional del Banco Popular de la Buena Fe, se cuenta con una base de Organizaciones Ejecutoras que facilita la expansión y promoción del microcrédito. La Gestión Asociada da cuenta de la complementariedad de acciones y recursos, pero también de la fuerza interinstitucional necesaria para las transformaciones sociales.

9 La Marca Colectiva es gestionada actualmente desde la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, dependiente de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Argentina.

10 Conclusiones del II Congreso Nacional de Extensión Universitaria, Mar del Plata, Argentina, Agosto 2006.

11 En adelante MDS.

12 Políticas sociales del Bicentenario. Un modelo nacional y popular, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Noviembre 2010, pág. 170.

13 El programa se lanza en la primavera de 2009 en 36 distritos del conurbano bonaerense y en varias provincias. Cientos de militantes de diversas organizaciones políticas y sociales fueron convocados por el Gobierno Nacional para integrar el cuadro de orientadores del Programa Argentina Trabaja. Para comprobar que aquellos que se inscriben no tienen otro ingreso, tal como se hace en otros programas, se cruzan las bases de datos que tienen AFIP y SINTyS, de manera tal de garantizar que cumplan con el perfil y las condiciones de necesidad. Ante la duda de algunos observados por el SINTyS, se realizan posteriormente visitas domiciliarias para definir cada situación. El SIEMPRO realiza un informe social de cada cooperativista que a su vez es inscripto como Efector Social. Todo esto se enmarca en la concepción de integralidad de las políticas sociales mencionada anteriormente.

14 También desde la Universidad Nacional de Quilmes y la recientemente creada Universidad Nacional de Moreno.

15 Se encuentran inscriptos en el Registro de Efectores creado por la mencionada Ley 25.865/04 de Monotributo Social.

16 Se suma la Universidad Nacional de Avellaneda ocupándose de cuestiones administrativas, además de ser sede de cursada para la UNQ.

17 A su vez, el nivel de estudios alcanzado por los cooperativistas, de acuerdo a los datos relevados es: Universitario incompleto: 4%, Terciario Incompleto: 5%, Terciario completo: 1%, Secundario Completo: 22%, Secundario incompleto: 31%, Primario completo: 22% y Primario incompleto: 5%. La mayoría de los que no terminaron el secundario lo está ahora finalizando con el Programa FINES.

18 Estas prácticas profesionalizantes son la manifestación de la teoría en la práctica y revelan la transformación del rol de Orientador de una cooperativa en la figura de Operador Socioeducativo en Economía Social y Solidaria. Así, estas prácticas implican la posibilidad de reconfiguración de la territorialidad, reconstruyendo estrategias en relación al campo de la ESS.

19 Tanto la revista mural como el mapeo territorial son herramientas de trabajo que se utilizan en la metodología de Educación popular para traer el territorio al aula.

20 Socioeducativo en Economía Social y Solidaria.

21 Ver Informe elaborado para el Comité Económico y Social Europeo por el Centro Internacional de Investigación e información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC), 2013: La Economía Social en la Unión Europea.

22 En 2003: presupuesto= $500.000 y se financian 84 proyectos. Año 2004: presupuesto $1.000.000 y se financian 86 proyectos. Año 2007: presupuesto= $400.000 y se financian 30 proyectos. Año 2008: $1.500.000 para 36 proyectos; Año 2009: presupuesto= $2.300.000 para 66 proyectos; Año 2010: presupuesto= $4.500.000 y se financian 137 proyectos. Año 2011: presupuesto $4.590.000 y 2013: presupuesto= $10.000.000 para la convocatoria en evaluación. (600 proyectos presentados)

23 La Región Valona (francés: RégionWallonne; alemán: WallonischeRegion; valón: RedjonWalone), comúnmente llamada Valonia, es una de las tres Regiones de Bélgica, y Namur es su capital. Se constituye, como lo prevé el artículo 5 de la Constitución belga, por las provincias del Brabante Valón, de Henao, de Lieja, de Luxemburgo y de Namur.

24 Haddad Verónica &Stein Natalia: La institucionalización de la economía social en Argentina en CIRIEC 2013, Antwerp, Bélgica.

25 Olivera, Julio: Teoría económica y sistema cooperativo, en Economía Social: precisiones conceptuales (Op. cit)

26 Brid, Geraldina: Articulación institucional para la inclusión educativa: La experiencia de la UNSAM en la DOSESS, 7° Congreso Argentino de Administración Pública. Mendoza, Argentina. 2013, pág. 4

27 Opcit: Documento de la Reunión Especializada de Cooperativas (RECM): El rol de las cooperativas como parte integrante de la Economía Social en la Cohesión Social en América Latina y Europa, 2007, Intercoop Editora Cooperativa Limitada, Buenos Aires, pág. 9.

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