Spanish (pdf)
Article in xml format
Article references
Automatic translation
Send this article by e-mail
Cited by SciELO 
Cited by Google 
Similars in
SciELO 
Similars in Google 
Permalink
Introducción
Venezuela es un país de medianas dimensiones que se abre al mar Caribe para dar acceso a América del Sur. Es un país privilegiado por sus cuantiosos recursos naturales, sus variados paisajes y ecosistemas, y por su clima tropical. Como país petrolero posee las mayores reservas probadas, producto en el cual llegó a ser el tercer mayor productor a nivel mundial, lo cual determinó que a finales del siglo XX tuviera el mayor crecimiento económico e ingreso per cápita de Latinoamérica. Posee además las mayores reservas gasíferas del mundo, abundancia de minerales como hierro, carbón, oro, diamante, bauxita, coltán, entre otros, y grandes recursos de infraestructura hidráulica, por lo que fue en el pasado un importante exportador de energía eléctrica.
La bonanza petrolera de la segunda mitad del siglo XX le permitió mejorar la calidad de vida y el acceso a los servicios básicos a la gran mayoría de la población. La educación universal, gratuita y de calidad hasta el nivel universitario, logró que se formaran profesionales de alta calificación, quienes además fueron becados para realizar postgrados en las mejores instituciones educativas del mundo, en su mayoría mediante el programa "Gran Mariscal de Ayacucho". La pobreza disminuyó y se configuró una creciente clase media profesional. Se creó una red de atención primaria de salud y de hospitales en todo el país, y, en conjunto con el saneamiento ambiental, se logró una mejoría de los indicadores de salud, en especial los de mortalidad infantil, neonatal y materna, una cobertura promedio de vacunaciones mayor del 90%, la erradicación de enfermedades como la malaria, la difteria, la poliomielitis y, en general, un aumento en la expectativa de vida.
A partir del año 2000, el país ha estado gobernado por un régimen socialista cívico-militar, que lo ha destruido. La producción petrolera ha caído en más del 75%; hay un proceso de hiperinflación creciente: la inflación acumulada en el 2018 fue de 1 698 488 %, la más alta del mundo e, incluso, históricamente, la más alta del continente; además, la moneda se ha devaluado proporcionalmente y la reconversión monetaria significó "la mayor depreciación de una moneda nacional ocurrida en América Latina", equivalente a 1300% en un solo día 1. La relación del bolívar con el dólar americano se incrementa en cuestión de horas. El 31 de marzo del 2019, por ejemplo, era de Bs. 3678,14 por dólar, por lo que el salario mínimo de Bs. 18 000 era equivalente a 4,9 dólares al mes 2. Adicionalmente, hay una grave escasez de dinero en efectivo debido a los frecuentes cambios del cono monetario y a la devaluación que deja fuera de circulación las denominaciones más bajas. Los bancos limitan los retiros en efectivo a cantidades mínimas, que no alcanzan ni para el pago diario del transporte, lo que ha obligado a realizar las operaciones por medios electrónicos y a la utilización cada vez más frecuente de divisas.
Lo que sucede en Venezuela no es solo un descalabro económico y social, se trata de una tragedia que abarca todos los aspectos de la vida del país, como se mostrará en el curso de esta reflexión. Mainetti 3 afirmaba, a finales del siglo pasado, que el reto de la bioética en Latinoamérica no era el de los derechos individuales y las virtudes personales, sino el de la ética social, con énfasis en el bien común y la buena sociedad. Todos los elementos de la buena sociedad, según Mainetti, se encuentran trastocados en Venezuela: la familia, la educación, la salud, la cultura, los valores, la estabilidad psicoemocional de las personas e incluso el sentido de la vida y la esperanza, lo que caracteriza el problema como profundamente bioético. Tealdi ha insistido en que la bioética debe ocuparse de la defensa de la libertad y de los derechos humanos 4; en Venezuela se da un irrespeto permanente y sistemático a los ciudadanos y sus derechos fundamentales en todos los ámbitos.
La recuperación del enfoque Potteriano de la bioética hacia la globalidad, que esta ha experimentado en los últimos veinticinco años, ha fortalecido el interés hacia los temas sociales y ambientales, y mostrado la necesidad de incorporar a su campo de reflexión y acción aplicada temas sociopolíticos de actualidad 5). Schmidt habla de un renacimiento de la biopolítica desde la bioética 6. Esto ha generado nuevas propuestas epistemológicas de la bioética en Latinoamérica, entre ellas la "bioética de intervención", de carácter pospositivista, antihegemónico e intensamente politizado, enfocada en la complejidad y la trans-disciplinariedad 5.
En este orden de ideas, el International Bioethics Committee de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) 7 publicó en el año 2006 un importantísimo documento colectivo denominado: Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (DUBDH), con la aprobación de 191 países. Parte de sus 28 artículos abordan temas sociales, sanitarios y ambientales. A partir de este documento, se presenta el análisis de la situación venezolana.
En este análisis se incluyen solo los artículos de la Declaración más pertinentes para el tema, sin seguir un orden numérico estricto. Como en la bioética social todos los elementos se interrelacionan, podrían ubicarse en más de un artículo, por lo que se les incluye en el de mayor impacto.
Dignidad humana y derechos humanos (Art. 3)
La dignidad humana es la base fundamental de la bioética y presupone valores inalienables como la vida, la libertad y la justicia, que son igualmente derechos primarios del ser humano (por el solo hecho de serlo) y constituyen, junto con el derecho a la salud o la integridad física y la propiedad, los derechos humanos civiles y políticos. Según la definición contractual de la justicia, estos derechos individuales se hacen colectivos mediante el contrato social, dirigido a la justicia social; para John Locke, esta se logra con solo proteger los derechos individuales de las personas 8.
Derecho a la vida
Nadie discute el carácter primordial del derecho a la vida. Venezuela tiene una tasa de homicidios de 81,4 por 100 000 habitantes 9, lo que la sitúa como uno de los países más violentos de Latinoamérica. De las diez ciudades más violentas del mundo, tres son venezolanas: Caracas, Ciudad Guayana y Ciudad Bolívar 10. Existen razones para afirmar que la violencia es generada por el propio régimen: 7.523 (33%) de los 23.047 homicidios registrados en el 2018 fueron producto de la acción policial; este, además, ha creado grupos paramilitares urbanos, mal llamados "colectivos", que operan sin ley, amedrentando y matando sin piedad a quienes se atreven a protestar, e incluso han llegado a utilizar presidiarios para este fin.
El incremento de la agresividad del hampa común es también un elemento importante a destacar. El Pbro. Alejandro Moreno 11, quien ha vivido por más de 50 años en los barrios de Caracas, ha estudiado los perfiles de los delincuentes y hace referencia a un delincuente juvenil que inicia sus actividades cada vez a más temprana edad, alrededor de los 12 años, y que como adolescente actúa impulsivamente y mata por motivos triviales.
Existe una evidente banalización del valor de la vida en todos estos victimarios, pero es muy preocupante que esto esté ocurriendo en miembros de la sociedad civil supuestamente pacíficos, hecho que queda en evidencia por sus expresiones de satisfacción cuando matan a delincuentes. Es una reacción de violencia emocional contra la violencia y la aceptación tácita de la pena de muerte. Comenta Moreno:
"la violencia es una enfermedad contagiosa. Puede contagiar el alma, el pensamiento y la ética de toda una sociedad. Un hombre, por mucho crimen que haya cometido, por muy perversa y abominable que haya sido la historia de su recorrido por la vida, es siempre mucho más que su mala conducta. La humanidad que le es inherente no la pierde ni puede, aunque quiera, perderla". 12
También se han incrementado en forma alarmante los suicidios, cuya tasa se ha cuadriplicado a partir del año 2016, alcanzando las cifras de 19 por 100.000 habitantes en algunas zonas como el Estado Mérida. La mayoría de los suicidas son hombres jóvenes y adultos, en buena parte debido a la desesperación ante la crisis; en los suicidas de la tercera edad se evidencian como causas, la falta de tratamiento para sus enfermedades malignas o crónicas y la depresión generada por la desintegración familiar y la soledad, a consecuencia de la migración de los más jóvenes 13.
Igualdad, justicia y equidad (Art. 10) y No discriminación y No estigmatización (Art.11)
La dignidad y la libertad son los cimientos de la bioética. La autodeterminación como expresión de la libertad proviene de la dignidad, su ética no puede ser heterónoma 6.
La libertad se expresa en una serie de derechos civiles y políticos que en Venezuela se encuentran conculcados: libertad de conciencia, de expresión, de información, de reunión y asociación, de comercio, de residencia, de propiedad, de circulación, de no ser detenido arbitrariamente, entre otros, e incluso la libertad de tener una vida privada.
En Venezuela es un delito pensar diferente. El régimen totalitario se ha propuesto adoctrinar a la población penetrando en el sistema educativo en todos sus niveles y monopolizando los medios de comunicación. No obstante, la población se ha resistido desde el inicio. Se han dado multitudinarias manifestaciones pacíficas de protesta por las violaciones a los derechos ciudadanos y, más recientemente, por las fallas de los servicios básicos; su frecuencia va en aumento, a pesar de la represión brutal de los cuerpos de seguridad del Estado y los "colectivos" armados. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social 14 registró 6.211 protestas en los primeros 90 días del presente año, equivalente a 69 diarias. Esta cifra representa un incremento de 157% en comparación con el mismo período del 2018, y de 395% con respecto a 2017.
Por otro lado, ha resultado un creciente número de presos políticos. Para el mes de marzo del 2019, el Foro Penal Venezolano cuantificó 980, entre civiles y militares; la sumatoria desde el inicio del régimen daría un número considerablemente mayor, pero salen unos y entran otros, como en una "puerta giratoria" 15.
Las detenciones se realizan sin orden judicial y no se respetan los derechos procesales, ni la inmunidad en el caso de los parlamentarios. Estos han sido acosados, perseguidos y apresados con miras a desmantelar la Asamblea Nacional, único poder independiente. Los sitios de reclusión son inhumanos: los presos, en especial los políticos, se encuentran hacinados, sin servicios sanitarios, sin comida, sometidos a crueles torturas que recuerdan las más feroces dictaduras del continente y algunos han muerto en extrañas circunstancias. Hay una cárcel política llamada "la tumba", que se encuentra a más de diez metros de profundidad del suelo, donde el frío, la limitación del espacio y la incomunicación hacen honor a su nombre. Todas estas acciones violan los artículos 44 a 47, y 49, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), creada 20 años atrás por el propio régimen 16.
El derecho al libre tránsito
En todo el territorio nacional este derecho está limitado de muchas formas: hay una grave carencia de medios de transporte, tanto públicos como privados, por falta de producción de vehículos y repuestos. El deterioro de las vías urbanas y carreteras daña las pocas unidades existentes y es causa permanente de accidentes. A esto se suma la delincuencia vial y las numerosas alcabalas de los agentes del Estado, que extorsionan a los conductores. La falta de transporte afecta todas las actividades del país.
Los viajes al exterior también se encuentran restringidos por el retiro de numerosas líneas de transporte aéreo, marítimo y terrestre, además del alto costo de los pasajes y las dificultades para la obtención de pasaportes y visas.
El derecho a la información y comunicación
Este derecho ha sido conculcado. Han clausurado un gran número de emisoras de radio y televisión, así como medios impresos, y los pocos que sobreviven están sometidos a un control férreo de su programación. Los sistemas privados de televisión por cable o antena han sido obligados a retirar emisoras que no son del agrado del régimen; por el contrario, proliferan las emisoras del Gobierno para adoctrinar a la población. Se persigue a los periodistas disidentes y muchos han tenido que dejar el país 17.
Los sistemas de comunicación telefónica son cada día más ineficientes por la obsolescencia de los equipos de transmisión y el interés de mantener a los ciudadanos incomunicados. Las conexiones a internet son de muy bajo alcance y funcionan en forma intermitente, especialmente las que dependen de la telefonía del Estado. Esto entorpece no solo las comunicaciones personales y la información, sino también el funcionamiento de todo el sistema económico. El régimen utiliza las redes sociales como un arma de guerra psicológica para confundir y desesperanzar a sus usuarios.
Derecho a la propiedad
El Gobierno ha expropiado, sin ningún tipo de compensación, grandes extensiones territoriales, haciendas y empresas de diversa índole. Tierras y empresas que eran productivas en manos privadas, han dejado de serlo en breve tiempo, lo que explica en parte la grave carencia de productos agroalimentarios e industriales. Han proliferado las expropiaciones indirectas, estimulando a los pobres a invadir propiedades privadas y saquear comercios.
Justicia
El concepto de dignidad también se asocia indisolublemente con el de justicia, y este, a su vez, con el trato igualitario, equitativo y apropiado, a la luz de lo que se debe a las personas o es propiedad de ellas 18. De este concepto general derivan otros más concretos como la justicia distributiva, que en su sentido más amplio se refiere a la distribución de los derechos y responsabilidades en la sociedad, incluyendo los derechos civiles y políticos, y otras formas particulares de justicia como la penal y la rectificadora. Para que la justicia funcione se requiere un árbitro imparcial y, en Venezuela, el poder judicial no es independiente, sigue las órdenes del ejecutivo y la corrupción ha penetrado todos los niveles del sistema. Los delincuentes gozan de total impunidad. En las cárceles los jefes de las bandas criminales (llamados "pranes") gozan de numerosos privilegios y desde ellas dirigen sus operaciones. Por el contrario, personas inocentes o que han cometido delitos menores permanecen detenidas por tiempo indefinido, sin juicio, y deben pagar altas sumas de dinero a abogados y funcionarios judiciales para ser liberadas.
Derecho a la privacidad y confidencialidad (Art. 9)
El Estado viola la privacidad de las comunicaciones personales, interviene líneas telefónicas y hace grabaciones audiovisuales sin consentimiento ni soporte legal, que luego son editadas a voluntad para ser usadas en contra de las personas que aparecen en ellas, quebrantando el artículo 48 de la CRBV.
Los organismos de identificación y los de inteligencia están bajo el control de un Gobierno extranjero, el cubano. Ellos realizan labores de espionaje y manejan el padrón electoral, el cual manipulan a su conveniencia, violando la soberanía nacional.
Responsabilidad social y salud (Art. 14)
Pobreza
En Venezuela la pobreza ha crecido constantemente. En el año 2017, la pobreza determinada por el ingreso familiar alcanzó al 87% de la población 19. En marzo de 2019, la mayoría de las familias tuvo un ingreso mensual entre 1 y 2 salarios mínimos (Bs. 18.000 a 36.000), mientras la canasta alimentaria, que corresponde a 60 productos de consumo básico para una familia de 5 miembros, costaba la cifra de Bs. 1.555.866,88 al mes, equivalente a 86 salarios mínimos. La canasta básica familiar, que incluye además algunos bienes y servicios, alcanzó para esa fecha a Bs. 2.491.159,29, equivalente a 138 salarios mínimos 20. Existe, además, una grave escasez de alimentos, debido a la destrucción del aparato productivo privado. Los precios de los productos nacionales e importados se incrementan a diario en tal proporción que se han hecho inaccesibles también para la clase media. La consecuencia es el hambre y la malnutrición. Las imágenes de personas haciendo largas colas para comprar un alimento regulado o de personas comiendo de la basura se han hecho cotidianas. Los adultos han bajado de peso, el 64% de la población ha perdido en promedio 11 Kg 19. La United Nations International Children's Emergency Fundation (Unicef) 21 ha alertado sobre el continuo deterioro del estado nutricional de los niños venezolanos. El 78% de los menores de 5 años tienen algún grado de desnutrición y en el 17% esta es moderada o severa 22. Los lactantes que no son amamantados no disponen de fórmulas infantiles ni de leche entera de vaca (900 g de esta leche en polvo cuestan el equivalente a 2 sueldos mínimos y alcanzan para alimentar a un niño menor de 1 año solo por 9 días); en consecuencia, ellos solo reciben carbohidratos. En este grupo etario la desnutrición puede ser mortal cuando se complica con infecciones y produce un retraso irreversible de su crecimiento y desarrollo, lo que limita su futura capacidad intelectual. Estos niños serán en el futuro inmediato los jóvenes y adultos de baja estatura, que no completarán la escuela primaria, con oportunidades de empleo limitadas a labores simples que requieren solo de capacidad física, con muy baja remuneración y fácilmente captados por la delincuencia y la droga.
El derecho a la alimentación tiene una estrecha relación con la vida misma, de la cual es una condición indispensable; aunque no tiene existencia independiente, es un componente del derecho a un nivel de vida adecuado, el cual forma parte de los derechos económicos sociales y culturales; estos son derechos positivos que generan obligaciones al Estado. La obligación primordial es crear las condiciones para que cada persona atienda sus propias necesidades, pero cuando ocurren desastres naturales u otro tipo de emergencia que prive a la población del acceso a la alimentación, o cuando el individuo se encuentra en situaciones de vulnerabilidad que se lo impidan, como es el caso de la infancia, la vejez, la enfermedad, o cuando se está privado de libertad, la responsabilidad de la vigencia de este derecho recae en el Estado 23. Los derechos de esta segunda generación no suponen una garantía inmediata, pues requieren la adopción de medidas que los garanticen en forma progresiva; esto no significa que el Estado pueda determinar discrecionalmente el momento en que emprenderá las acciones. En el caso específico de la protección contra el hambre, las medidas deben ser inmediatas y efectivas.
La respuesta del régimen a la crisis alimentaria ha sido un programa que consiste en la venta de una bolsa de alimentos básicos a un precio que inicialmente era bajo, pero se ha incrementado hasta alcanzar un tercio del salario mínimo mensual, con una constante disminución de la cantidad y calidad de los productos incluidos. El programa tiene una cobertura limitada: el 58,7% de los hogares lo reciben cada 2 meses o en forma esporádica 24, y es discriminatorio, por estar condicionado a la filiación política de los usuarios.
En el curso del 2019, cuando el régimen está siendo presionado por medidas económicas externas, han surgido nuevos condicionamientos, como la firma de un documento de apoyo al Gobierno y de protesta por la intervención extranjera; la mayoría de las personas firman contra su voluntad, por miedo y porque "el hambre apremia"; después de firmar, no les entregan la caja o bolsa que ellos ya han pagado, con la falsa excusa de que el cerco económico ha impedido la adquisición de estos alimentos en el exterior. Este trato vulnera la justicia y la libertad de conciencia de los ciudadanos, y, en consecuencia, irrespeta su dignidad.-
Derecho a la salud
El derecho a la salud ha sido siempre controversial. La atención de salud es parte de los derechos de segunda generación; fueron promovidos por el socialismo democrático en procura del bienestar colectivo. Como tal, es un derecho positivo que otorga obligaciones al Estado y se ha transformado en un derecho exigible en justicia, basado en la justicia distributiva 8,25,26. La CRBV lo asume de esta manera en sus artículos 83 a 86.
Paradójicamente, en materia de atención de salud la situación del país es crítica. Hay una carencia severa de todo tipo de medicamentos e insumos, la infraestructura sanitaria ha colapsado por falta de inversión y mantenimiento, y gran parte del personal ha renunciado al sector público o ha tenido que emigrar, por la deficiente remuneración. En marzo del 2018, el sueldo anual de un médico venezolano, dependiendo de su nivel de formación, oscilaba entre 711 a 3.573 dólares anuales, el más bajo de Latinoamérica 27. El régimen ha creado un sistema paralelo de salud con personal cubano, al que se ha sumado un gran contingente de nacionales, con una formación deficiente e improvisada; este sistema consume la mayor parte del presupuesto en salud, sin dar solución a los problemas que agobian a la población.
La morbilidad y mortalidad de los pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes, etc., ha aumentado por la falta de medicamentos, que según la Federación Farmacéutica de Venezuela (Fefarven) alcanza el 85%. Desde el año 2017, el régimen eliminó de las listas de compras del sector público los medicamentos de alto costo destinados a personas con cáncer, VIH, trasplantes, hemofilia, lupus y otros problemas reumáticos, Parkinson, enfermedad inflamatoria intestinal, esclerosis múltiple e hipertensión pulmonar, entre otras afecciones graves. Esto se ha traducido en deterioro de la calidad de vida y riesgo de fallecer a corto plazo para unas 300.000 personas 1. Los programas de trasplantes de órganos tienen más de 2 años paralizados por falta de insumos, especialmente de los inmunosupresores que evitan el rechazo del órgano trasplantado. Esto afecta especialmente a los pacientes renales, que adicionalmente tienen limitaciones para ser dializados por falta de cupo y de insumos en las unidades de diálisis, especialmente en el sector público, que es el más demandado, por los altos costos del procedimiento 28.
Existe un "oscurantismo estadístico". Se ha dejado de publicar información oficial sobre la situación de salud del país y la que se envía a los organismos internacionales no es confiable. La encuesta nacional de hospitales realizada por una Organización No Gubernamental (ONG) reveló, en el año 2018, que el 94% de los servicios de radiología no funcionaba o lo hacía en forma intermitente; lo mismo ocurrió con el 100% de las pruebas de laboratorio. El 53% de las salas de hospitalización y el 40% de las camas no estuvieron funcionando. No se ofreció una alimentación adecuada al 96% de los pacientes hospitalizados y, en el caso de los lactantes, la falta de suministro de fórmulas lácteas alcanzó el 66%. Alrededor de un 90% de los servicios de pabellón, emergencia y unidades de cuidados intensivos no funcionaron o lo hicieron en forma intermitente. El desabastecimiento de medicamentos alcanzó el 88% y el de insumos quirúrgicos, el 79% 29. Los hospitales privados se han hecho inaccesibles debido al alto costo de sus servicios, los cuales no pueden ser cubiertos por las pólizas de seguros nacionales. Solo las pólizas en dólares cubren tratamientos quirúrgicos más complejos o cuidados intensivos. Los pacientes con patologías agudas y las embarazadas en proceso de parto, deben peregrinar por varios hospitales hasta lograr que los atiendan. Las intervenciones quirúrgicas están con frecuencia limitadas a las urgencias extremas, generalmente relacionadas con hechos violentos.
La atención preventiva prácticamente ha desaparecido. Hay muy pocas consultas de niño sano y consultas prenatales, a pesar de que la mortalidad infantil y la mortalidad materna se han incrementado en forma importante, y de tener la mayor proporción de embarazos en adolescentes de Latinoamérica (25%). Las coberturas de vacunación han descendido dramáticamente, lo que ha ocasionado la reaparición de enfermedades como la difteria, con 2512 casos y 270 muertes, y el sarampión, con 6395 casos y 76 muertes en el año 2018 30. La tuberculosis, enfermedad asociada a la pobreza, se ha incrementado en forma preocupante, y la malaria, enfermedad en cuya erradicación Venezuela fue pionera gracias a un programa de saneamiento ambiental implementado a partir del año 1957 31, es actualmente endémica en 10 Estados. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Venezuela es el único país del continente en donde aumentó el número de infectados, y el que aporta 23% de los casos de toda América. Hasta junio de 2018 habían fallecido 820 personas por falta de medicamentos antimaláricos 1.
Si se suman las muertes por causas violentas con las ocurridas por las deficiencias del sistema sanitario, puede afirmarse que en Venezuela no solo se irrespetan en todos sus aspectos los derechos a la vida y a la salud, sino que sus ciudadanos están siendo víctimas de un verdadero "genocidio silencioso".
Servicios públicos
Estos se encuentran en franco deterioro. Solo la cuarta parte de la población disfruta de ellos regularmente. Desde hace varios años vienen ocurriendo interrupciones del servicio eléctrico por lapsos breves, pero a partir de marzo del 2019 se presentan "apagones nacionales" de varios días consecutivos y "apagones regionales" que afectan preferencialmente a algunos estados como Zulia, Táchira y Mérida. Esta situación paraliza todas las actividades básicas y produce daños en los equipos eléctricos. Gran número de hospitales no cuenta con plantas eléctricas en buenas condiciones de funcionamiento y en abril del 2019 ya se habían registrado 79 pacientes fallecidos por la suspensión del servicio eléctrico 29.
Los apagones afectan el suministro de agua, el cual de por sí es muy precario, debido a fallas de infraestructura y mantenimiento. Hay zonas del país donde el agua llega, en el mejor de los casos, una vez al mes, y es de pésima calidad. Es frecuente ver a personas de avanzada edad y niños enflaquecidos por el hambre, cargando pesados recipientes con agua, desde tomas situadas a varios kilómetros del cerro donde habitan. El 79% de los hospitales tiene un suministro inconstante de agua.
En el país petrolero con las mayores reservas de gas del mundo hay una severa carencia de gas doméstico. El sistema de gas directo solo está disponible en algunas urbanizaciones de las grandes ciudades y la mayoría del país se surte mediante tanques (bombonas) que, para ser adquiridos, las personas deben hacer largas colas durante horas. Esto les ha obligado a utilizar leña como combustible, con la consiguiente contaminación ambiental y daño a su sistema respiratorio.
De acuerdo con el Dr. Casas Zamora, director de Salud y Desarrollo Humano de la Oficina Panamericana de la Salud (OPS), citado por Castillo 25, el abordaje bioético de los problemas de atención de salud ha pasado por cuatro etapas; a partir de la tercera cobran importancia los sistemas y políticas de salud, comunitarios y poblacionales, y, en consecuencia, los determinantes sociales de la salud, en los que la carencia de servicios públicos juega un papel importante.
Educación
La cobertura del sistema educativo ha descendido progresivamente. Para el año 2018, el 30% de la población entre los 3 y 23 años quedó fuera del sistema 24. Solo la mitad de los escolarizados asistieron regularmente debido a, principalmente, la falta del suministro de comida, tanto en el plantel como en el hogar, a fallas de servicios básicos en las escuelas y a falta de medios de transporte. Las escuelas privadas han tenido que incrementar exponencialmente el costo de sus mensualidades para pagar más a sus docentes y mantener la calidad de su enseñanza.
Las instituciones de educación superior autónomas, públicas y privadas, no escapan a esta situación: su matrícula es cada vez menor y hay una elevada deserción de docentes. El Gobierno las tiene sometidas a un cerco presupuestario en procura de su cierre y, por el contrario, ha creado numerosas universidades improvisadas.
De acuerdo con la Unesco, la educación es un derecho humano fundamental, indisolublemente ligado a la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y muchos otros instrumentos internacionales de derechos humanos, y es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030 propuesto por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Por su carácter de derecho habilitante, la educación es un instrumento poderoso que permite a los niños y adultos que se encuentran social y económicamente marginados salir de la pobreza y participar plenamente en la vida de la comunidad 31.
Empleo
Las tasas de desempleo crecen en paralelo al cierre de empresas y comercios; en los más jóvenes alcanza el 25% y se proyecta que supere el 40% en el curso del 2019. Solo el 39% de los trabajadores tiene un empleo fijo y por lo menos el 40% podría estar en el sector informal de la economía 19. El régimen ha respondido a esta situación con la creación de empleos masivos transitorios con planes de acción improvisados que llaman "misiones", con salarios mínimos y carentes de protección social.
Solidaridad y cooperación (Art. 13) de otros países hacia Venezuela
La magnitud del desempleo aunado al drama social ha impulsado un proceso migratorio en un país que tradicionalmente recibía inmigrantes. En los primeros años del actual gobierno emigraron profesionales, algunos muy calificados como los de la industria petrolera, lo que ha representado para el país una importante y lamentable "fuga de cerebros". A partir del 2017, con la aceleración del descalabro económico, el fenómeno se ha hecho masivo, con participación mayoritaria de los sectores más pobres de la población; muchos de ellos se marchan y caminan largas distancias durante muchos días. Los países receptores han tenido que habilitar refugios para recibirlos y prestarles asistencia alimentaria y de salud, además de procurar su inserción laboral.
Sumado al costo económico que esto representa, los inmigrantes están creando problemas en los países que los acogen: han generado casos e incluso brotes de enfermedades infectocontagiosas como sarampión y difteria, entre otras; han aumentado los índices delictivos, el comercio ilegal y la prostitución, y han estimulado un creciente sentimiento de xenofobia.
Aunque no se tienen cifras exactas, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) estiman que la población de migrantes venezolanos en el mundo pase de 3.4 a 5.3 millones en 2019 33, aproximadamente el 10% de la población. Un promedio de 5.500 personas abandonó el país cada día en el 2018 34. Los países de Latinoamérica y el Caribe han acogido a 2,4 millones de migrantes: Colombia más de un millón; Perú medio millón; Ecuador más de 220.000; Argentina 130.000; Chile más de 100.000 y Brasil 85.000 35. En este caso, la solidaridad y cooperación, considerados principios fundamentales en la bioética latinoamericana 5,36 son baluartes de los países que están apoyando a los venezolanos, no solo al recibir y atender a los migrantes y refugiados, sino también con la donación de alimentos, equipos e insumos médicos. El régimen ha colocado múltiples obstáculos para el ingreso de esta ayuda al país, insistiendo en que no existe emergencia humanitaria.
Protección del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad (Art.17), y protección a las generaciones futuras (Art. 16)
A partir del año 2016, con la idea de compensar la disminución de los ingresos por concepto del petróleo, el régimen implementó el "Arco Minero del Orinoco" en territorios de la Amazonia. Este es un programa de explotación masiva e indiscriminada de diversos minerales, el cual ha provocado la deforestación de 1.058 Km2 de territorio, la contaminación de los ríos con mercurio y el desplazamiento de 198 comunidades indígenas por grupos de delincuencia organizada, los cuales imponen su propia ley con las armas y se benefician de la minería ilegal 37. La alteración del ecosistema ha desplazado las especies animales y modificado el hábitat de algunos vectores de enfermedades, lo que explica el incremento de la malaria y otras enfermedades en los habitantes de la zona.
Cualquiera que sea la ética ambiental a partir de la cual se analice el problema: antropocéntrica, centrada en los animales, centrada en la vida o en la biosfera en su conjunto (holismo ecológico), resulta moralmente inaceptable 38. El arco minero es contrario a todos los principios de la bioética ambiental: de responsabilidad, precaución e igualdad de intereses, es injusto y maleficente, y vulnera la dignidad de los indígenas que habitan sus tierras ancestrales, al irrespetar sus derechos fundamentales. Adicionalmente, destruye el paisaje, que es un valor estético de esta región cercana al Salto Ángel, el más alto del mundo.
No hay forma de justificar este ecocidio, ya que los beneficios económicos que se obtienen de la minería se desvían mayoritariamente hacia una extensa red de corrupción. Además, existen otras opciones para obtener estos recursos, como una minería ordenada y racional, o la ampliación del desarrollo turístico de la zona, respetando el ambiente natural y humano.
Otro elemento fundamental a considerar es que el arco minero forma parte de la Amazonia, considerada el "mayor pulmón del mundo". Su destrucción, viola el derecho a disfrutar en el presente y futuro de un medio ambiente sano, que es un derecho humano de tercera generación, no solo de los venezolanos, sino de toda la biosfera y de las generaciones futuras
Respeto de la vulnerabilidad humana y la integridad personal (Art. 8)
Como se comentó anteriormente, el arco minero, lejos de resolver los problemas económicos del país, ha creado muchos otros. Los indígenas de la etnia Pemón han sido los más afectados; además de ser víctimas de una criminal matanza por tratar de defender sus derechos y sus territorios, han sido afectados por enfermedades como malaria, VIH/SIDA, tuberculosis, sarampión, etc., producto del contacto con los mineros y de los cambios ecológicos.
En Venezuela también se irrespetan continuamente otros grupos vulnerables. Los niños y adolescentes no se alimentan adecuadamente, por lo que están desnutridos; no asisten a la escuela; muchos están separados de sus padres, que han migrado para mantener sus familias con las remesas que envían del exterior; no tienen la protección de las vacunas y, cuando se enferman, no disponen de la atención médica ni de los medicamentos que requieren; no tienen acceso a deportes ni otras formas de recreación, tampoco al trabajo, además de que son presa fácil de la droga y la delincuencia.
Los ancianos se han quedado solos por la migración de los más jóvenes. Hacen inmensas colas para cobrar una pensión de vejez inferior a 5 dólares mensuales, que no les alcanza ni siquiera para comer, por lo que lucen emaciados; han sido, de hecho, más afectados que los jóvenes, debido a la carencia de atención médica y medicamentos, por lo que sufren las complicaciones de sus enfermedades crónicas y mueren antes de lo previsto.
Adopción de decisiones y tratamiento de las cuestiones bioéticas (Art. 18)
El daño más importante que se ha hecho a este país ha sido la destrucción de sus valores, principalmente, del valor de la honestidad. La mentira es la norma; el régimen miente en forma descarada y reiterada a la población y a otros países y organismos internacionales. Se realizan permanentemente procesos electorales para aparentar ser un gobierno democrático, pero cambian los resultados a su antojo. La corrupción se ha arraigado en todos los organismos del Estado en proporción a la jerarquía de sus funcionarios y ha permeado al resto de la sociedad. La corrupción de los altos mandos militares ha sido una estrategia exitosa para mantenerse en el poder.
El valor de la educación ha sido desvirtuado por un sistema educativo ideologizante, improvisado, de muy baja calidad, que otorga títulos sin méritos y demuestra un gran desprecio a la excelencia en todas las instancias y actuaciones. La destrucción del valor del trabajo ha transformado a los ciudadanos en "pedigüeños", dependientes de las dádivas del Gobierno, las cuales están obligados a retribuir con su apoyo político incondicional. Los valores ciudadanos de libertad, igualdad, justicia, honestidad, solidaridad, tolerancia, diálogo, respeto y paz 39 han sido constreñidos por el modelaje muy negativo de los gobernantes. El daño que esto produce a una sociedad es muy difícil de reparar y conllevaría mucho tiempo.
Comités de ética (Art. 19)
La productividad científica de Venezuela se encontraba entre las mayores de Latinoamérica, pero ha disminuido en forma notable en los últimos 20 años. Los comités de ética para la investigación se comenzaron a crear a finales de la década de los 90, por iniciativa individual de algunos investigadores o centros de investigación. Es lamentable que actualmente algunas instituciones en las que se realiza investigación carezcan de Comité, y a aquellas que si lo tienen se les brinde poco apoyo institucional, por lo que sobreviven gracias a la tenacidad de sus miembros. Lo mismo sucede con los comités asistenciales de bioética, que están presentes solo en algunos hospitales públicos y privados.
Educación, formación e información en materia de bioética (Art. 23)
En Venezuela, al igual que en el resto de Latinoamérica, el interés por la bioética surgió en la última década del siglo pasado y su desarrollo ha estado vinculado a las universidades con muy poca o casi nula participación del Estado. En el año 1999, el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Fonacit) creó una "Comisión de Bioética y Bioseguridad". Ese mismo año, en el Ministerio de Salud se creó la "Comisión Nacional de Bioética", pero al poco tiempo se inició el actual régimen, el cual anuló la iniciativa. Podría afirmarse que el único aporte valioso a la bioética que ha hecho este último en 20 años, ha sido el "Código de Ética para la Vida" 40, cuyo propósito es regular la investigación en organismos vivos y el ambiente.
El desarrollo de la bioética en el país se debe a personas y ONG interesadas en la materia. La ONG de mayor trascendencia ha sido y es actualmente el Centro Nacional de Bioética (Cenabi), creado en 1994 por profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela (UCV). La principal función del Cenabi ha sido la formación de recursos humanos en bioética. En sus 25 años de existencia, ha realizado 31 Cursos de Ampliación en Bioética Médica con 737 egresados. En el año 2010, comenzó a dictar una maestría en Bioética Global, de carácter multidisciplinario, que inició recientemente su séptima cohorte, con una sumatoria de 100 cursantes. A esto se agrega un gran número de cursos cortos y talleres sobre temas específicos y la organización de varios congresos nacionales y locales. El Cenabi cuenta, a partir del año 1999, con un Comité Independiente de Bioética para la Investigación (CIBI-Cenabi), que además de evaluar proyectos de investigación de carácter nacional e internacional, ha asesorado a muchos comités de bioética locales (institucionales) en su proceso de formación. El grupo mantuvo en sus inicios relaciones estrechas con el Programa Regional de Bioética de la OPS/OMS y, en particular, con los doctores Diego Gracia y Miguel Sánchez, de la Universidad Complutense de Madrid, así como con Fernando Lolas, de Chile. Por otro lado, cuenta con la representación del país ante la Federación Latinoamericana de Instituciones de Bioética (Felaibe).
Otras universidades han incluido la bioética en los pensa de estudios de algunas de sus carreras y realizan actividades de promoción, como es el caso de la Red de Bioética en universidades del estado Zulia, y la conformación de la Unidad en Venezuela de la "Unesco Chair in Bioethics", en la Universidad de los Andes, del estado de Mérida.
Una vez concluido este recorrido por los artículos de la DUBDH, queda evidenciado el incumplimiento de los principios que ella promueve y la situación crítica en que se encuentra el país en todos los escenarios: político, jurídico, social, económico y sanitario. No obstante, el país no se rinde. En los 20 años transcurridos bajo el régimen, no ha dejado de luchar por sus derechos en los ámbitos internos y externos, con el concurso de numerosas instituciones y ONG, y de la diáspora venezolana organizada, con el propósito de llamar la atención de los organismos internacionales encargados de la defensa de los derechos humanos.
Como respuesta a estas denuncias, la situación de Venezuela comenzó a ser considerada partir del año 2015 como: "emergencia humanitaria compleja" en gran escala, por sus extensos y múltiples efectos regresivos en el plano institucional y jurídico, y en los derechos civiles, políticos, sociales y económicos 1.
Igualmente, los organismos internacionales relacionados con la materia han manifestado su preocupación por el caso Venezuela. En julio del 2016, el Secretario General de las Naciones Unidas (ONU) Ban Kimoon se refirió a la crisis humanitaria, atribuyendo su origen a la inestabilidad política del país, y ofreció el apoyo de la ONU para el logro de la estabilidad necesaria. En julio del 2018, el para entonces alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, Zeid Ra'ad Al-Hussein, manifestó alta preocupación por el "declive dramático en el disfrute de los derechos económicos y sociales el aumento del hambre generalizada y el deterioro de los servicios de salud" 1.
En el periodo 40 de las sesiones del Consejo de Derechos ONU, en marzo de 2019, la nueva alta comisionada, Michelle Bachelet, ofreció un informe preliminar de lo observado en Venezuela por sus delegados. Comenzó diciendo: "Estoy sumamente preocupada por la magnitud y la gravedad de la repercusión de la crisis actual sobre los derechos humanos, que constituye además un inquietante factor de desestabilización regional" 41). A continuación fue abordando diferentes tópicos: el deterioro de las condiciones de las poblaciones más vulnerables (ancianos, niños, mujeres embarazadas y pueblos indígenas); las interrupciones del abastecimiento de fluido eléctrico, con sus consecuencias en otros sectores (alimentos, agua, hospitales); la escasez de agua y de gas natural; el colapso del transporte público que, combinado con la hiperinflación, han deteriorado al máximo las condiciones económicas y desencadenado miles de protestas sociales; el colapso del sistema de atención sanitaria con sus repercusiones en la morbilidad y mortalidad materna, en la mortalidad infantil y en el repunte de enfermedades infecto-contagiosas. Hizo referencia a la deserción escolar que, para el momento, alcanzaba a más de un millón de niños, a causa de la imposibilidad de los padres para proporcionarles el desayuno, el cierre de los programas de almuerzo escolar, la escasez de transporte público y la falta de docentes, muchos de los cuales han abandonado el país.
Así mismo, puntualizó la reducción del espacio democrático, en particular la continua criminalización de la protesta y la disidencia pacíficas; denunció numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados progubernamentales, los cuales incluyen el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en condiciones de detención, así como actos de amenaza e intimidación.
También alertó sobre el aumento de las restricciones a la libertad de expresión y de prensa en Venezuela, los instrumentos como la "Ley contra el Odio", utilizada para imputar a periodistas, dirigentes de la oposición o a cualquiera que exprese opiniones disidentes, lo cual genera autocensura y limita el derecho de las personas a la información.
Señaló como consecuencia de lo anterior, la salida de más de 3 millones de Venezolanos en busca de comida, atención médica, empleo y protección; muchas de ellas en precarias condiciones de salud y con poco dinero (a veces en ausencia de este); las dificultades que deben afrontar por las prácticas habituales de extorsión y confiscación empleadas por algunos agentes de fronteras y los enormes obstáculos que tienen que resolver para obtener la documentación que les permita una migración ordenada y el acceso a la educación y el empleo en los países receptores.
Está prevista una visita personal de la Dra. Bachelet a Venezuela, luego de la cual emitirá el informe definitivo sobre la situación, el cual se espera sea contundente.
El problema de Venezuela es mucho más complejo de lo descrito anteriormente. No se trata de una clásica dictadura cívico-militar latinoamericana que oprime a la población y destruye el país por ineptitud. Venezuela es la "punta de lanza" de un movimiento político-ideológico internacional, conectado con el narcotráfico, la guerrilla colombiana y el fundamentalismo islámico, el cual es dirigido por el Castro-comunismo cubano y un grupo de dirigentes políticos asociados en el "Foro de Sao Pablo". La influencia de este grupo se extiende a otros países del continente, como lo hacen sospechar algunos hechos en desarrollo y tras bastidores se reavivan tensiones entre potencias mundiales ideológica e históricamente enfrentadas, que amplían las posibles repercusiones del problema.
Conclusiones
Si podemos referirnos a una bioética latinoamericana, no es con la pretensión de la creación de un nuevo sistema con carácter regional, más bien se trataría de añadir a los retos provenientes de los avances técnicos, aquellos propios de la realidad en la que estamos inmersos. Tal como se ha expuesto, una realidad caracterizada por los grandes problemas de la pobreza, la marginalidad y la violencia consecuente, fallas en la atención de salud, la educación y los servicios públicos 42.
Resulta evidente, entonces, la necesidad de poner el énfasis bioético en cuestiones como la justicia, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, que deberían impregnar las políticas gubernamentales a fin de garantizar las condiciones mínimas para una vida digna a más de dos tercios de la población en situación de pobreza o de exclusión 43.
El caso Venezuela podría ser abordado desde diferentes perspectivas de la bioética. Si se hace desde la bioética social, todos los elementos que conforman el bien común se encuentran gravemente afectados: la pobreza creciente, la inflación desbordada, la terrible situación de la atención de salud preventiva y curativa, la falta de acceso y la mala calidad de la educación; el desempleo, la falta de servicios públicos básicos: agua, electricidad y transporte; las dificultades en las comunicaciones, la inseguridad y la violencia. La consecuencia es el deterioro de la calidad de vida de la población y el éxodo masivo, que está afectando también a los países receptores. El Estado no cumple con sus obligaciones básicas y no acepta reclamos. La justicia distributiva, al igual que las otras formas de justicia, no funciona. En estas condiciones se hace imposible vivir en paz.
Desde la perspectiva de los derechos humanos es importante citar a Tealdi, que los considera el material normativo de mayor universalidad en la moral del mundo actual y, por consiguiente, la alternativa complementaria de consenso fáctico de la bioética 44. Queda suficientemente demostrado en el contenido de este artículo y ha sido refrendado por observadores independientes, como la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la forma como son violados los derechos de los venezolanos en todas sus categorías.
Para que los supuestos ético-normativos de los derechos humanos se conviertan en realidad fáctico-prescriptiva hace falta un estado de derecho, un marco legal específico y un sistema de garantías específicas 44. En Venezuela existe el marco legal, dado por la DUDH y la CRBV, pero no existe el estado de derecho ni las garantías y los reclamos no son tomados en cuenta porque las instituciones correspondientes como la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía son parte del régimen.
En virtud de la complejidad del problema Venezuela, su fundamental componente socio-político, su incidencia en una población sometida a la opresión y al sufrimiento, y su persistencia durante 20 años, resulta especialmente pertinente analizarlo bajo la perspectiva de la bioética de intervención. La bioética de intervención procura respuestas más adecuadas que las tradicionales como el principialismo, para el análisis de macroproblemas y conflictos que tienen relación concreta con los temas bioéticos persistentes, constatados en los países pobres y en desarrollo 5,36,45, y tiene especial utilidad cuando las situaciones incluyen elementos biopolíticos. Según Garrafa 45, debe evitarse la tendencia a despolitizar los conflictos morales, utilizando la justificativa bioética como un instrumento metodológico neutral, para la exclusiva interpretación horizontal y aséptica de estos conflictos, por más dramáticos que estos sean.
Este se aplica al caso venezolano, cuya población se encuentra esclavizada por una tiranía que irrespeta su dignidad, la engaña, la manipula, le limita su libertad, le conculca sus derechos, la mantiene con hambre, la mata por acción o por omisión (en la atención a su salud), le roba los recursos que por derecho ciudadano le corresponden, la hace migrar a otros países para sobrevivir, destruye sus proyectos de vida y sus esperanzas. El análisis bioético de la situación no puede excluir el problema político que la genera.
A diferencia de lo que ha ocurrido en otros casos de Latinoamérica, en los cuales la opresión la ejercen dictaduras militares, países de tradición colonialista o élites político-económicas, Venezuela ha sido sometida a un neocolonialismo ideológico cubano; sus gobernantes llegaron al poder prometiendo revindicar a los pobres y rescatar al país del imperialismo norteamericano y la oligarquía económica, y por el contrario se han convertido en brazos ejecutores de un proyecto político-ideológico destructivo, dirigido desde La Habana, denominado "socialismo del siglo XXI". Este prometía acabar con la pobreza, la exclusión y otros males sociales, los cuales evidentemente existían en el país, pero nunca en la proporción actual. A la postre, están acabando con la pobreza matando a los pobres, y sus dirigentes se han apoderado de la riqueza para su propio beneficio y el de sus promotores, como ha ocurrido en experiencias comunistas previas.
El empoderamiento de la población que plantea la bioética de intervención ya se ha dado, como lo revelan las continuas protestas, pero estas al final han generado frustración por sus nefastas consecuencias: muertes, persecución, cárceles, tortura. Los intentos de diálogo han sido contraproducentes, porque no hay voluntad de diálogo y solo han logrado "oxigenar" al régimen. Se ha designado un gobierno paralelo, el cual ha adelantado planes para la reconstrucción del país; no obstante, todas estas acciones han resultado ineficaces.
Se ha recibido apoyo internacional en forma de ayuda humanitaria, medidas de presión diplomática y económica, enjuiciamiento por narcotráfico y terrorismo a los jerarcas del régimen, pero hasta ahora no han resultado y el pueblo sigue sufriendo y muriendo. Se hace necesaria una alianza internacional que aborde el problema en su complejidad y entienda que este puede afectar a sus propios países, mucho más de lo que lo hace la situación migratoria.
En Venezuela es indispensable y urgente un cambio político para iniciar la recuperación económica y social del país, pero también resulta urgente, indispensable e impostergable la discusión bioética que impulse su recuperación moral:
"Esta pérdida de evidencias éticas que han caracterizado la situación del país, solo puede ser revertida mediante la recuperación de la responsabilidad y de la criticidad morales [...] nuestra sociedad reclama una actitud moral frente al vacío ético [...] el debate ético cobra cada vez más importancia, entre otras razones [...] para la propuesta de un ideal que eleve el nivel moral de nuestra vida social" 46.
