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Introducción
El análisis de la superestructura (aspectos político, cultural, ideal y moral), en la cual la acción política crea y reproduce la hegemonía, expone la importancia de los medios de comunicación para legitimar la infraestructura (estructura económica) o las fuerzas de producción y las relaciones sociales de producción 1. En el caso de Colombia, los medios de comunicación (prensa escrita, radio, televisión) responden a las demandas del mercado global e ignoran las necesidades de la población frente a la información, el entretenimiento y la educación 2,3,4, por su cercanía a intereses políticos y económicos particulares.
Lo anterior se da pese a que el artículo 20 de la Constitución Nacional establece que "se garantiza a toda persona la libertad de difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación" 5, llegando a generar una "cultura difundida" para incentivar el consumo 6 y legitimar ciertas posiciones políticas, económicas y ambientales a favor del poder central.
Cabe resaltar que el sustento teórico del actuar de los medios de comunicación parte de supuestos marxistas, funcionalistas, estructuralistas y eclécticos que ven a los movimientos sociales como fenómenos aislados carentes de propuestas teóricas 7. Lo que fundamenta las bases de territorios enajenados habitados por seres negados a sí mismos, que condenan las revoluciones de conducta por el rechazo a la producción y la naturalización de la inferioridad 8, radica en la manera como los medios son usados para distraer de problemáticas reales 9 y, a su vez, son instrumentalizados para generar seres carentes de humanidad y justificar acciones, modelos económicos, toma de espacios, cuerpos y riquezas de las poblaciones por medio de la deformación, el descrédito y el desalojo (tres D) 10,11.
En este sentido, "las 3Ds hacia las culturas extraeuropeas las sometió a los modos de belleza y a la constitución moral del Hombre europeo" 8, bajo un principio kantiano deformado, en el que la razón proviene de la razón original y constituye un cimiento fundamental para este proyecto cultural de construcción de lo humano. Ejemplo de lo anterior se evidencia en la influencia de la visión cotidiana de sustentabilidad y cambio climático que generan los medios, por la poca importancia y divulgación sobre los impactos del aumento de la fragmentación en el territorio, originada por la expansión urbana 12, el desarrollo sin visión de las consecuencias a largo plazo 13 y la fragmentación espacial del paisaje 14,15, la desarticulación de las dinámicas culturales 16, la ecología 17-20, así como la disminución de especies 21 y ecosistemas naturales por el cambio en la cobertura vegetal 22.
Desde la teoría de la comunicación, la instrumentalización de los medios de comunicación se ha caracterizado porque la cultura de masas satisface la necesidad de lo cotidiano mediante tácticas que afectan las prácticas y llevan al consumo 6, generando escenarios que obligan a los consumidores a comportarse exclusivamente como compradores de mercancía 23-26, trasladando la realidad a un mundo ficcional de películas, telenovelas, modas y escándalos 27, bajo una lógica epistémica que pone en peligro la objetividad 28, llevando al consumidor a ser tratado como individuo (mito hipodérmico) o sujeto (teoría de la recepción) 29. De esta manera, los medios de comunicación, al invisibilizar las problemáticas locales y darle mayor importancia a imaginarios televisivos o problemáticas extranjeras, fomentan "una geografía de la razón que no se apoya en la negación del otro sino de lo propio" 8, con el fin de controlar geografías locales "habitadas" por personas enajenadas, en una Modernidad que fortalece las miserias de la línea de producción y el esclavo asalariado 27.
Se puede hablar entonces de una "sociedad del espectáculo" 30, con medios de comunicación "buceadores fait"27, que convierten en mercancía mediatizada todo lo viviente, por medio de "noticias" o "eventos ficcionales" dramáticos y asimilables que le restan valor a las cosas por lo que son, y se lo dan por el valor que tienen en el mercado 31, como sucede con las economías dominantes del petróleo, la palma aceitera (Elaeis guineensis) y la ganadería. Un ejemplo de lo anterior se da con el cultivo de palma aceitera y su justificación como parámetro estético (árbol bonito), para minimizar otro impacto estético (desierto verde) asociado con epidemias, ya que al ser una especie foránea es el lugar perfecto para los nidos de ratas, serpientes y zancudos que no solo afectan la salud humana, sino la de otros animales 32.
El anterior parámetro estético de "árbol bonito" es reforzado por los medios de comunicación al relacionar el cultivo legal de esta planta con un escenario de motor de la economía y con otro como base de alimentos procesados, pero omiten que en el primer escenario hay casos en los que estas plantaciones no reconocen los derechos de los trabajadores, como los pensionales 33,34 y fomentan el desplazamiento de indígenas y campesinos 35,36,37, así como las problemáticas para la biodiversidad colombiana. Mientras que en el segundo escenario omiten que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 38 no recomienda su consumo por asociarse con enfermedades cardiorrespiratorias 39, y que el biodiésel es más destructivo de la atmosfera que el mismo petróleo 40 y por ende acrecienta el calentamiento global 41.
Lo anterior es otra manera de evidenciar dos lógicas económicas frente a una misma problemática, un enfoque económico neoclásico "sostenible", en el que prevalece lo económico, y un enfoque económico orgánico "sustentable", que se enmarca en una economía ecológica, lo que expone el conflicto entre ciclos de larga duración o ambientales, con ciclos de corta duración o económicos que llevan a la depredación. En este marco narrativo está inmersa la bioética ambiental 42, en la que se habla de ciudadanos ecoeficientes con capacidad de generar resistencias y agenciar trasformaciones 43 frente al manejo que se le da a la biodiversidad, el agua, el aire, el suelo y el cambio climático, no solo para la supervivencia del Homo sapiens, sino de todas las especies del sistema "planeta Tierra", lo que le da significado a la búsqueda de una perspectiva de realización personal que confiera acciones de sentido en lo cotidiano mediante el desarrollo sustentable, en el que están inmersas la economía, la ecología, la educación y el desarrollo social.
Por todo lo anterior, el presente escrito de reflexión pretende exponer, en dos apartados, las tensiones entre la bioética ambiental y los medios de comunicación frente al llamado de exigencia al Gobierno nacional y de seguimiento a la comunidad internacional, en las que los medios de comunicación tradicionales pueden estar funcionando como un dispositivo de emancipación o de captura de producción de lógicas empresariales sobre actividades de "crecimiento económico".
El primer apartado, "Cambio climático y su relación con aspectos sociales, ambientales y económicos asociados con los modelos de explotación económica en el Meta", se apoya en estudios científicos que analizan los impactos sociales, ambientales y económicos de diferentes formas de explotación en la zona, contemplados en el informe y en las noticias relacionadas con estos hechos. El segundo apartado, "La bioética ambiental y la vida cotidiana: los medios de comunicación en el nuevo milenio y la ficcionalización de la realidad asociada a los modelos de explotación 'sustentables' en el Meta", expone la manera como los medios de comunicación han influido en la vida cotidiana y en la ficcionalización de la realidad frente a los movimientos sociales, la cotidianidad y las nuevas tecnologías e intereses, para finalmente abordar las posibles respuestas ante la enajenación.
Materiales y métodos
Como resultado de una serie de entrevistas realizadas a líderes sociales en el marco de una investigación doctoral, se pretende exponer las tensiones entre la bioética ambiental y los medios de comunicación tradicionales durante la pandemia del COVID-19, en el año 2020, sin comprometer innecesariamente las identidades de los líderes, ya que los argumentos están contemplados como demandas de conocimiento público hechas por la Mesa Hídrica del Piedemonte Llanero, o las del informe del 14 de mayo del 2020 de las organizaciones sociales y de derechos humanos pertenecientes a la Red Llano y Selva, durante la pandemia del COVID-19 44.
Partiendo de lo anterior, se identifican los cuatro puntos que configuraron un llamado de exigencia al Gobierno nacional y de seguimiento a la comunidad internacional: 1) el asesinato de líderes sociales: 2) la criminalización de la protesta; 3) el riesgo de desplazamiento, y 4) el impacto de las empresas, los cuales son contrastados con la manera como son abordados por medios tradicionales de comunicación durante el año 2020.
La selección de los medios de comunicación tradicionales obedeció a tres aspectos: 1) ser parte de la representación de grupos de poder; 2) disponibilidad de bases públicas; 3) impacto y credibilidad histórica a nivel nacional, por lo que fueron seleccionados el periódico El Tiempo, de Luis Carlos Sarmiento Angulo, y El Espectador, del grupo Valorem, que encabeza la familia Santo Domingo.
La búsqueda en las dos bases de datos arrojó 13 artículos relacionados con los cuatro puntos planteados por el informe, los cuales son debatidos a la luz de 146 referencias, entre libros y artículos científicos y no científicos, que hablan del impacto social, económico y ambiental que se genera, no solo por la problemática que se aborda en estos textos, sino por el impacto de noticias que naturalizan o invisibilizan actuaciones que propenden por la sostenibilidad de economías legales o ilegales.
Resultados
Los resultados parten del informe del 14 de mayo del 2020, hecho por las organizaciones sociales y de derechos humanos pertenecientes a la Red Llano y Selva durante la pandemia del COVID-19 44, y de la manera como se fomenta el pensamiento crítico o se perturba la visión cotidiana de las problemáticas de sustentabilidad ambiental y cambio climático con noticias o con la omisión de las mismas por parte de los periódicos tradicionales, durante el año 2020. De esta manera, se analizan artículos de El Tiempo y El Espectador publicados durante el tiempo de la pandemia y relacionados con las exigencias del informe de adoptar medidas eficaces que garanticen los derechos humanos integrales, territoriales y ambientales en la región, frente a cuatro puntos: 1) asesinato de líderes sociales, 2) criminalización de la protesta, 3) riesgo de desplazamiento, y 4) impacto de las empresas en el Meta.
Frente a la primera exigencia, relacionada con el asesinato de líderes sociales, el informe establece que este delito se ha perpetrado contra personas que lideran en procesos de restitución de tierras, de defensa de áreas protegidas ambientalmente, de sustitución de cultivos de uso ilícito, de titulación de bienes baldíos a favor del campesinado, de participación en Juntas de Acción Comunal que protagonizan los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y, finalmente, de quienes denuncian el reclutamiento forzado de niños y jóvenes por los grupos armados.
En consecuencia, el informe expone siete antecedentes: 1) tres amenazas de muerte contra líderes campesinos e indígenas en Puerto Gaitán, Meta, entre marzo y abril del 2020; 2) actuar intimidante de grupos sucesores del paramilitarismo mediante videos en redes sociales, en los que manifiestan su interés en retomar el control territorial en Cabuyaro, Barranca de Upía, Puerto Gaitán y Villanueva, Casanare; 3) asesinato de integrante de la Asociación de Agricultores de El Viso, en Cabuyaro, Meta. Sobre el cadáver de la víctima fue dejado un panfleto amenazante contra la comunidad; 4) desplazamiento de personero, concejal y familia campesina dedicada al cultivo de plátano en Cabuyaro, por amenazas; 5) amenazas contra líder de Asociación Comité Ambiental, Agrario y Comunitario de Rubiales, en Puerto Gaitán; 6) intimidación, el 20 de abril del 2020, contra la población del resguardo Kawinanae, por hombres armados que buscaban información sobre el capitán mayor Tiobardo Amaya; y 7) asesinato de tres personas en Uribe y Mesetas, Meta, presuntamente por disidencias de las Farc, el 11 de mayo del 2020.
Para el primer antecedente, que se realiza mediante una denuncia pública, el 21 de abril de 2020 45, así como para el segundo y el tercero, no aparecen artículos sobre los hechos denunciados. Sin embargo, El Espectador publica un artículo titulado "Clan del Golfo es la estructura armada ilegal más grande de Colombia" 46, en el cual se establece que esta organización ha entrado en el Meta y ha diversificado su portafolio económico.
Para agosto de 2020, el Clan del Golfo hace presencia en 211 municipios del país, siendo la estructura armada ilegal más grande de Colombia [...] con una cobertura nacional que les ha permitido consolidar su presencia en otros departamentos como Meta (12 municipios) [...]. El despliegue territorial del Clan del Golfo en diferentes departamentos de Colombia se sustenta en gran medida en la estrategia de subcontratación, como la que han implementado en municipios del Meta como Puerto López, Puerto Gaitán y Cabuyaro (Defensoría del Pueblo, 2020) [.] sus actividades ilícitas se orientan hacia el objetivo principal de obtención de rentas económicas [.] como la minería ilegal a gran escala brindan [...]. Esta diversificación del portafolio criminal con fines económicos también les ha permitido expandirse geográficamente 46.
Para el punto cuatro, "Desplazamiento de per-sonero, concejal y familia campesina dedicada al cultivo de plátano en Cabuyaro, por amenazas", ni El Espectador ni El Tiempo presentan un resultado específico. Sin embargo, El Espectador publicó el artículo "Campesinos capturados en Mapiripán sostienen que no son guerrilleros" 47, que hace referencia a la visión de la comunidad afectada por las acciones del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, el 9 de junio del 2020, cuando se capturan a seis presuntos integrantes de un grupo armado, bajo una operación de avance en la lucha "contra los criminales, narcotraficantes, y asesinos de líderes sociales", que el ministro explicita como respuesta a una alerta temprana, pero que es inexistente en el último informe de la Defensoría del Pueblo, del 28 de abril de 2020 48.
Seis campesinos fueron capturados y acusados de ser responsables por el desplazamiento de una líder que apoyaba la sustitución de cultivos. Sin embargo, cinco de ellos firmaron acuerdos de sustitución, arrancaron la coca e incluso uno hace parte de la Junta de Acción Comunal [...]. El hecho ocurrió en la vereda El Silencio, donde la propia Junta de Acción Comunal rechazó la captura, pues aseguran que los capturados son campesinos que viven en la vereda desde hace más de 12 años, no guerrilleros [...]. Es de anotar que en los allanamientos no se encontró ningún material que los vinculara con grupos ilegales, únicamente una escopeta que las autoridades no tuvieron en cuenta por considerarla de caza […]. Otro punto que mencionaron las autoridades y que desmienten los campesinos es que en la zona haga presencia el Frente Primero de las disidencias. El ministro de Defensa dijo que atendían a una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo de mayo de este año 48.
Sobre el quinto, sexto y séptimo antecedente no se publican noticias en El Espectador, mientras que El Tiempo presenta una relacionada con el quinto y el sexto antecedente, titulada, "Iglesia alerta por crímenes contra líderes, excombatientes e indígenas" 49, que sintetiza un informe de la Pastoral en el que señala que los actos de violencia sucedidos en los últimos ocho meses vienen agudizándose, atentando contra los derechos a la paz, las garantías de participación, la autonomía y la justicia social.
Ante el asesinato de siete exintegrantes de las Farc y de una lideresa social, así como atentados a otros líderes, amenazas y desplazamientos de comunidades indígenas en los departamentos de Meta, Guainía y Guaviare, la Iglesia y las organizaciones de derechos humanos están alarmadas [...]. A ellos se suman las amenazas y el robo de que fue víctima la lideresa social de la vereda El Porvenir, de Puerto Gaitán, Luz Dary García y las […] situaciones de alta vulnerabilidad para la población indígena como las amenazas del 12 de abril pasado en contra del asentamiento Aseinpome, de la comunidad Sikuani, sobre la carretera que conduce a la vereda El Porvenir, en Puerto Gaitán, por las amenazas realizadas por hombres armados [...]. La mayoría de estos hechos han ocurrido en el departamento del Meta donde las autoridades están ofreciendo una recompensa de hasta 2.100 millones de pesos 49.
Sobre la segunda exigencia del informe, relacionada con la "criminalización de la protesta", El Tiempo y El Espectador no reportan información. Sin embargo, el informe establece que en el primer trimestre del 2020 se desplegaron al menos cinco acciones de movilización y protesta social en contra de empresas petroleras asentadas en el Meta, ya que no cumplen la normatividad ambiental y exponen a la población a contagios por no cumplir protocolos o medidas de bioseguridad propias de sus labores. Así mismo, resalta que se ha usado a la Fuerza Pública, fomentando la estigmatización, captura y judicialización de líderes comunitarios, a quienes se les imputa daño a la propiedad privada, bloqueo de vías públicas, incitación al sabotaje y al terrorismo.
En torno a la tercera exigencia del informe, relacionada con "riesgo de desplazamiento", explicita el Plan Artemisa, una iniciativa del Gobierno que contiene una estrategia militar para la recuperación de los Parques Nacionales Naturales, dirigida contra los campesinos y colonos que los habitan antes de la delimitación y que, en muchos casos, fueron llevados allí por el mismo Estado. Esta estrategia militar, llevada a cabo el 21 de febrero del 2020, en el Parque Nacional Natural Tinigua (La Macarena, Meta), violó los derechos humanos y amedrentó a los campesinos, lo que terminó generando desplazamientos.
Acerca de los desplazamientos y el Plan Artemisa en el Meta durante la época analizada, El Espectador publicó el artículo "¿Qué tan efectiva ha sido la intervención militar para detener la deforestación?" 50, el cual es un informe de Ideas para la Paz que revela los peligros, retos y oportunidades de militarizar el cuidado ambiental, y expone las denuncias por el abuso de la fuerza, por lo que resultaron 2 muertos y 20 capturados en febrero del 2020, entre los que se encontraban campesinos que tenían título legal de tierras, así como la incitación ejercida por las disidencias de las Farc, con la unidad John Linares, que le exige a la comunidad abandonar proyectos apoyados por cooperación internacional y declara objetivos militares a Parques Nacionales, Instituto Sinchi, Misión Amazonia y corporaciones autónomas.
En febrero de 2020, se presentaron protestas en Caquetá y Meta en rechazo a las acciones de la Fuerza Pública en los PNN Tinigua, Sierra de La Macarena y Cordillera de los Picachos, ubicados en el Área de Manejo Especial de La Macarena [...]. De esta operación resultaron dos muertos, varios heridos y 20 capturados, y algunos menores de edad a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Según una comisión de verificación, los predios que les pertenecen no estaban dentro de zona protegida, y no "invadieron" sino que viven allí desde antes que se declarara el Parque (en este caso el Picachos) [...]. En su análisis sobre estas experiencias, Ideas para la Paz plantea que "militarizar la protección del medio ambiente" puede tener riesgo porque […] cuando las Fuerzas Militares se enfrentan a la presión por mostrar resultados inmediatos, la represión puede recaer directamente en los agentes más débiles (como campesinos y otras comunidades vulnerables), en la medida en que las operaciones contra actores poderosos y redes más sofisticadas requieren de inteligencia, capacidades, tiempo y concentración de recursos. [...] El balance costo beneficio de estas intervenciones termina siendo desfavorable para el Estado. Algunas estimaciones señalan que un solo despliegue en el marco de la Operación Artemisa tuvo un costo de 800 millones de pesos, dejando como balance 17 capturas de personas que en la mayoría de los casos fueron dejadas en libertad 50.
En esta misma línea, El Tiempo publicó el artículo "¿La ganadería extensiva está acabando con el parque Tinigua?" 51, en el cual expone que la problemática de la deforestación tiene un sustento legal aprobado por la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), pero que se le ha querido atribuir a las disidencias de las Farc, pese a que históricamente no se les puede atribuir la deforestación de 63 000 hectáreas entre el 2000 y el 2020.
Parque Nacional Natural Tinigua, epicentro de un conflicto social y ambiental de larga data, está muy cerca de convertirse en un extenso potrero. Si bien la primera explicación que entregó el Gobierno nacional, a raíz de los recientes operativos en el marco de la estrategia Artemisa, es que la culpa es de las disidencias de las Farc porque están reemplazando el bosque por plantas de coca, las cifras revelan otra cosa. [...] El parque Tinigua, que fue declarado área protegida en 1989, con una extensión de 214 362 hectáreas, perdió 63 000 entre el 2000 y el 2019. Hoy quedan aproximadamente 150 000 hectáreas [...] la ganadería extensiva [...] negocio conocido como "ganado al aumento", es decir, un campesino recibe el ganado, lo alimenta, lo vacuna, y al término de dos años se reparten las ganancias entre el dueño y quien lo cuida [.] es legal, porque tiene la aprobación de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 51.
En torno a la cuarta exigencia, "impacto de las empresas en el Meta", el informe expone tres problemáticas: 1) mercados verdes; 2) consultas previas virtuales, y 3) falta de aplicación de la normatividad ambiental. Frente a la primera problemática, la denuncia hacia los mercados verdes es sobre empresas que se acercan a comunidades indígenas para adelantar procesos de socialización de proyectos económicos, como la suscripción de contratos de bonos de carbono sin la debida asesoría ni procesos de consulta previa. La segunda problemática, relacionada con las consultas previas virtuales, se da por las limitaciones tecnológicas de muchas poblaciones. Finalmente, la tercera problemática se relaciona con la normatividad ambiental, Ecopetrol y Caño Rubiales.
Con respecto a la problemática de los mercados verdes y a la denuncia de los indígenas contra los bonos de carbono, durante el periodo de la pandemia del COVID-19 no se encontró nada publicado en El Espectador ni en El Tiempo, lo que es de gran preocupación, dados los intereses que este mercado puede generar al Gobierno y lo que significa la resistencia de los grupos indígenas para el modelo neoliberal. Sin embargo, el sector de mercado verde de turismo de naturaleza, asociado con el Meta, se presenta en el artículo "Y volver al Llano cuando se silenciaron los fusiles" 52, en el cual se revela un horizonte romántico sobre el Meta y la belleza de sus paisajes.
Volvimos a este Llano mestizo con mi padre y mis hijos a sentir la brisa del río y a mirar juntos los atardeceres rabiosos que incendian el horizonte de todos los colores mientras las parejas de garzas silbadoras y las ruidosas bandadas de loros reales cruzan el cielo en el último vuelo del día; y también nos juntamos a recordar los relatos de mi abuelo sobre su querido Llano 52.
En esta misma línea, El Espectador presenta un informe sobre mercados verdes en el sector de turismo de naturaleza, titulado "En caravana yo voy al Meta" 53, en el que se invita a conocer importantes atractivos del departamento del Meta, sin mencionar las estrategias de seguridad, ni las normas de bioseguridad.
El Meta recibe la certificación para tener turismo bio-seguro [...]. El Parque Las Malocas es de los primeros recintos en el mundo para hacer conciertos con bio-seguridad [...] se invertirán más de $640 millones para la creación de una aplicación móvil que permitirá a visitantes locales y extranjeros recorrer la Ruta Turística Territorio Vorágine que busca promocionar, posicionar y comercializar turísticamente el territorio con base en la obra literaria de José Eustasio Rivera [...]. Las 5 rutas turísticas del departamento del Meta que no pueden dejarse de visitar: (1) Ruta Villavicencio: comprende los municipios de Villavicencio, San Juanito y El Calvario. 2 Ruta Piedemonte Llanero: integra los municipios de Restrepo, Cumaral y Barranca de Upía. 3 Ruta Amanecer Llanero: reúne a los municipios de Puerto López, Puerto Gaitán y Cabuyaro. 4 Ruta Embrujo Llanero: incluye a los municipios de Acacías, Guamal, San Martín, San Luis de Cubarral, El Castillo, El Dorado, San Carlos de Guaroa, Castilla la Nueva, Puerto Concordia, Granada, Fuente de Oro, Puerto Lleras, Puerto Rico y Mapiripán. 5 Ruta Sierra de la Macarena: agrupa a las poblaciones de Lejanías, San Juan de Arama, Vistahermosa, Mesetas, Uribe y La Macarena 53.
Cabe resaltar que la activación de estas formas neoliberales de mercado cobran relevancia con la información de El Tiempo titulada "Los tres factores que le darían un impulso a los precios del petróleo" 54, en la que expone la posible quiebra de las compañías petroleras.
La verdadera fórmula […] es una mezcla de menor producción, reactivación económica mundial y una vacuna para combatir el COVID-19 [...] para que los precios del petróleo se recuperen en todos sus plazos es necesario que disminuya la oferta, lo cual podría lograrse con un recorte de producción más agresivo por parte de la opep o por la quiebra de compañías petroleras que ya no son rentables a este nivel de precios 54.
Sobre las consultas previas, El Espectador publica la noticia "Indígenas rechazan consultas previas virtuales impulsadas por el gobierno en medio de la pandemia" 55, en el que expone el rechazo a la medida de las consultas previas virtuales, determinada por el Ministerio del Interior, y la Circular el 27 de marzo de 2020, en la que decide que durante la emergencia de la pandemia del COVID-19 se adelantará de manera virtual la consulta previa de proyectos a las comunidades, desconociendo que estas no tienen las posibilidades para acceder a internet y usar tecnología.
La Comisión Nacional de Territorios Indígenas, integrada por la Confederación Indígena Tayrona, la Organización Nacional Indígena de Colombia (OMC), la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), Autoridades Indígenas de Colombia por la Pachamama (AICO) y Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, emitió un comunicado público en el que rechaza la decisión del Gobierno plasmada en la circular externa CIR 2020-29-DMI-1000, expedida por el Ministerio del Interior [...]. Importante llamado que hace el Procurador Delegado de Asuntos Étnicos, Richard Moreno, al Gobierno para que revoque Circular que busca que consultas previas se desarrollen virtualmente, acción a todas luces inconstitucional y que desconoce claramente la situación de las comunidades 55.
En esta misma línea, El Tiempo publica el artículo "Por petición de la Procuraduría, no habrá consultas previas virtuales" 56:
Fue emitida una nueva circular firmada por la ministra Arango en la que asegura que "dada la relevancia social que ha generado la recomendación (de hacer consultas previas virtuales por la situación sanitaria que atravesamos), y el ánimo permanente de concertación con las comunidades étnicas, se encuentra procedente derogar la circular externa CIR2020-29-DMI-1000 del 27 de marzo del 2020" 56.
En relación con la falta de aplicación de la normatividad ambiental a Ecopetrol y Caño Rubiales, y la filtración de trazas de petróleo en el clúster 38, en Campo Rubiales, municipio de Puerto Gaitán, que viene presentándose desde mayo del 2019, ni El Espectador ni El Tiempo presentaron información sobre este tema específico, en la época de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, frente a la normatividad ambiental, ambos diarios han focalizado esta problemática en la deforestación en el Meta, como medida para combatir el cambio climático, sobresaliendo cuatro artículos.
En primer lugar, el artículo de El Espectador titulado "La deforestación en Meta, Guaviare y Caquetá está fuera de control" 57 expone la arbitrariedad del Ideam ante la publicación de un informe, en un momento clave de divulgación ambiental del presidente de la República, así como el aumento del 83 % de la deforestación en el Meta.
El boletín trimestral del Ideam advierte que la deforestación aumentó de enero a marzo un 83 % en Meta, Guaviare y Caquetá. Esto es el equivalente a 64 000 hectáreas taladas solo entre enero y marzo de 2020
[...]. El boletín se publicó discretamente, sin ningún anuncio por parte del Ideam o de sus redes sociales (que como instituto científico y técnico tiene la obligación de divulgar la información que es de interés público) [...]. El boletín número 22 dice que la deforestación se disparó específicamente en Meta, Guaviare y Caquetá, tres de los departamentos más afectados por la tala indiscriminada en Colombia [...]. Según el Boletín, el 68,3 % de la deforestación se concentró en la Amazonia, el 17,2 % en la región Andina, el 6,9 % en el Caribe, el 5 % en la región Pacífica y el 2,3 % en la Orinoquía 57.
El artículo de El Tiempo encabezado "Incautan madera de 1700 árboles nativos en una finca del Meta" 58, revela la responsabilidad de un finque-ro y el estudio de responsabilidad civil o penal a aplicar por la tala ilegal de especies nativas.
La Policía del Meta logró la incautación de 1700 árboles que fueron talados ilegalmente por traficantes de madera en Meta [...]. La madera rolliza incautada representaba unos 110 metros cúbicos, el equivalente a once camiones cargados de especies nativas, y quedó a disposición de la administración municipal de Cabuyaro […]. Cormacarena inició un proceso de investigación para establecer el tipo de sanción en relación con esta conducta que puede ser económica, penal o de resarcimiento de daños. No hubo capturas, pero el finquero que se encontraba en el lugar será el primero en responder ante las autoridades por el daño ambiental 58.
En esta misma línea sobre la problemática de la deforestación y el cambio climático, El Tiempo divulga el artículo "Áreas para restauración ecológica en Colombia, ¿se hace lo correcto?" 59, que ofrece un análisis crítico sobre la estrategia del Ejército de arrojar semillas para la restauración, basado en la siembra de árboles, un proceso sin base científica.
El Ejército colombiano arrojó 8000 semillas desde un helicóptero con el propósito de que se conviertan en árboles [...] este tipo de acciones sin base científica para la recuperación de los bosques parecen ser recurrentes en el país, [...] muchos estudios a nivel mundial han confirmado que en general los procesos de restauración activa basados en la siembra de árboles tienden a ser mucho más costosos. Por eso, es radical en afirmar que la restauración tiene tanto de biología, como de ecología y economía. "En este país hay grandes extensiones de usos ganaderos improductivos que no tienen sentido. Se podría ir a esas áreas y reconvertirlas para que garanticen la recuperación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos" 59.
A partir de todo lo anterior, se analizará el alcance de las noticias frente a las problemáticas planteadas por las organizaciones sociales y de derechos humanos pertenecientes a la Red Llano y Selva, y cómo impactan la bioética ambiental en la visión cotidiana de sustentabilidad y cambio climático, durante la pandemia del COVID-19, en el Meta, mediante los apartados "Cambio climático y su relación con aspectos sociales, ambientales y económicos, asociados a los modelos de explotación económica en el Meta" y "La bioética ambiental y la vida cotidiana: los medios de comunicación en el nuevo milenio y la ficcionalización de la realidad asociada a los modelos de explotación 'sustentables' en el Meta ".
Análisis de resultados
Cambio climático y su relación con aspectos sociales, ambientales y económicos, asociados a los modelos de explotación económica en el Meta
El análisis de este apartado hace necesario contemplar el punto cuatro del informe, concerniente al "impacto de las empresas en el Meta", relacionado con los mercados verdes, las consultas previas virtuales y la falta de aplicación de la normatividad ambiental. Cabe resaltar que con respecto a las denuncias específicas solo se encontraron artículos sobre los procesos de consulta previa virtual de comunidades indígenas, establecida por el Ministerio del Interior, y que fue anulada por la Procuraduría General de la Nación.
El enfoque que se le ha dado a los mercados verdes ha sido el de sector turismo de naturaleza y su posible relación con los factores que le darían impulso a las compañías petroleras, con la quiebra de empresas que no sean rentables en la producción del crudo. Resalta que sobre la normatividad ambiental denunciada contra Ecopetrol, en el informe sobre la filtración de trazas de petróleo en el clúster 38 en Campo Rubiales, municipio de Puerto Gaitán, no se encuentra nada, pero sí específicamente en relación con la deforestación, la tasa de crecimiento, la acciones de ley, la importancia ecosistémica de especies nativas para la captación de carbono, así como un análisis crítico de estrategias de reforestación, sin sustento científico, como lo de arrojar semillas desde el aire, para mitigar el cambio climático, que en la región se ha dado por tres pilares económicos: la ganadería, la palma aceitera y la extracción de hidrocarburos.
Estudiar cómo el cambio climático influye en el funcionamiento de los ecosistemas, así como en la historia de las poblaciones humanas y no humanas, implica exponer la relación, por un lado, entre los cambios geográficos, la densidad de las poblaciones, la diversidad de especies animales y vegetales, frente a la estructura y funcionamiento del ecosistema, por otro lado 60. Para el caso específico de Colombia, los modelos predictivos establecieron que por acciones de minería, monocultivos y ganadería se ha tenido un incremento en la temperatura (0,1 - 0,2 °C), lo que ha acrecentado la vulnerabilidad de especies del bosque seco y de los glaciares de montaña, contribuyendo al aumento de las lluvias en las zonas bajas y del nivel del mar (de 3 a 5 mm por año), así como a cambios de temperatura en las zonas altas 61, aumentos en la fragmentación del paisaje y pérdida de la biodiversidad 62,63.
Los modelos económicos de explotación económica "sustentable" de la región se iniciaron con la ganadería (siglo XVI), seguida del cultivo de la palma de aceitera (1930) y, por último, de la explotación de hidrocarburos (siglo XX) (más minería legal o ilegal) 64. Estos se han fomentado en zonas de importancia forestal del país, acelerando procesos hidroclimáticos en la escala de tiempo y espacio, por la interrelación de políticas de uso del suelo y de reglamentos, los cuales han generado presiones socioeconómicas que agudizan los problemas ambientales, debido al conflicto de intereses de los pequeños productores y de aquellos que plantearon el modelo territorial 65.
La ganadería, como actividad económica en Colombia, definió que toda planta diferente al pasto era maleza, y consolidó el modelo político y económico de control del territorio de mediados del siglo XX, por medio de la propiedad privada 66, lo que debido a una demanda de mercado causó deforestación, erosión y compactación del suelo, alterando la biodiversidad y el clima. Esta es una producción que, a pesar de haber sido desplazada por fenómenos climáticos y la minería 67, ha causado el 60 % de la deforestación del país 68,69, saturando suelos que no tienen esta vocación de uso, con 23 millones de cabezas de ganado vacuno desperdigadas a nivel nacional (5 millones en la Orinoquía) y 5 300 000 cabezas de porcinos en todo el país (350 000 en la Orinoquía) 70, que impactan negativamente las fuentes de agua y las zonas de importancia ecosistémica, como humedales (morichales) y páramos 71, al aumentar los procesos de sequias y lluvias 72.
La palma aceitera (Elaeis guineensis) o "desierto verde" es introducida como actividad económica en la década de los treinta del siglo pasado 73. Colombia es, actualmente, el primer exportador de aceite de palma de América Latina y el cuarto del mundo 74. Ha implementado este monocultivo en el 71 % de la Orinoquía 75, al reconocerla como Zona de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres) 76, a pesar de que dentro del marco legal de esta actividad se han reportado casos que no reconocen los derechos pensionales de los trabajadores 33,34 y de que su implementación como cultivo ha desplazado indígenas y campesinos, con consecuencias devastadoras para la vida de los trabajadores y la biodiversidad colombiana 35.
Ecológicamente, la Elaeis guineensis produce un efecto sombra durante su desarrollo, que impide el crecimiento de otros árboles a su alrededor. Tiene una alta absorción de nutrientes que causa la eliminación de la capa orgánica 77 y reduce la vida útil del suelo a 40 años 34, lo que se puede reducir por el uso del glifosato 78, llevando al territorio a la infertilidad, cuya recuperación (si fuera posible) tomaría aproximadamente 25 años 79, afectando todos los flujos de energía y la bio-diversidad. Tal es el caso de la pérdida del 90 % de las aves del piedemonte llanero colombiano, debido al desplazamiento de los morichales, y de otras actividades agrícolas como el arroz por la palma aceitera, razón por la que las aves pierden zonas de alimentación y reproducción 80.
La minería, como actividad económica en Colombia, está definida por el Gobierno nacional como el principal motor de desarrollo para el país 81. Específicamente, en la Orinoquía (Arauca, Casanare, Meta y Vichada), la Agencia Nacional de Hidrocarburos establece que se aporta el 73 % del petróleo colombiano 82. Pese a esto, las necesidades básicas insatisfechas de los llaneros van del 24 % en áreas urbanas al 70 % en áreas rurales 83.
Dentro de los aportes de los modelos económicos se establece que, aunque el petróleo ha generado una gran renta fiscal y la palma aceitera ha producido más empleo 84, hacer uso intensivo de los recursos y reemplazar los ecosistemas estratégicos 85, ignorando sus bienes y sus servicios ambientales (aire, agua, energía, materias primas, equilibrio ecológico, prevención de riesgos, bio-diversidad) 86, no garantiza la sustentabilidad. Lo anterior arriesga la seguridad alimentaria 87, empeora las problemáticas sociales, ambientales y económicas locales, lo que se agudiza con la presencia de más incentivos para la implantación de ganadería o palma aceitera que los existentes para la conservación de las fuentes nativas de recursos en la Orinoquía, como la del "aguaje", "morichal" o Mauritia flexuosa88,89, haciendo más rentable producir que conservar, olvidando que se puede producir conservando.
Debido a todo lo anterior, se puede concluir que el cambio climático y su relación con aspectos sociales, ambientales y económicos asociados con los modelos de explotación económica en el Meta, han sido caracterizados por intereses de grupos de poder que enmarcan una forma de neocolonialismo, fomentado por políticas de unidad nacional que hablan de sostenibilidad en contextos insostenibles, lo que ha entrado en tensión con la bioética ambiental y ha reconfigurado el territorio y homogenizando lógicas territoriales 90,91, poniendo en riesgo las tradiciones culturales con desequilibrios en la dinámica y funcionamiento de la "infraestructura natural", imprescindible para la continuidad de los procesos económicos y sociales 86.
La bioética ambiental y la vida cotidiana: los medios de comunicación en el nuevo milenio y la ficcionalización de la realidad asociada con los modelos de explotación "sustentables" en el Meta "Lo que cuenta no solo es lo que las fuerzas sociales hacen en nuestra vida cotidiana, sino lo que hacemos con esas fuerzas a través de la forma en que las 'vivimos'" 92.
Para empezar este recorrido se hace necesario analizar el primer punto del informe relacionado con el asesinado de los líderes sociales, en el que, de acuerdo con el barrido de la información de los diarios, pareciera que se responsabilizara a las disidencias de las Farc y al Clan del Golfo, y hay un afán por exponer resultados, por parte del Gobierno, que surge a consecuencia del aumento de acciones en contra de los derechos a la paz, a las garantías de participación, a la autonomía y a la justicia social, lo que a su vez, como respuesta desmedida del Estado, retroalimenta positivamente lo que pretende combatir.
Con el fin de establecer las relaciones entre la bioética ambiental con la vida cotidiana, los medios de comunicación y la ficcionalización de la realidad, el presente apartado se divide en tres partes que tratan de manera específica las tensiones de los movimientos sociales, de la cotidianidad, y de las nuevas tecnologías y los intereses, para finalmente plantear las respuestas ante la enajenación expuesta con los modelos de explotación de hidrocarburos, palma aceitera y ganadería en el Meta.
Tensión de los movimientos sociales
El análisis de la tensión de los movimientos sociales tiene como punto de partida el primer punto del informe sobre el asesinato de líderes sociales, y la falta de cobertura mediática respecto de las denuncias específicas y sus implicaciones, lo que es clave para entender lo que dice un sector de la población y lo que no se dice sobre los hechos. Los medios establecen que este fenómeno de violencia es resultado de las disidencias de las Farc y de la diversificación del portafolio económico y la expansión territorial del Clan del Golfo, que no solo incluye cultivos ilícitos, sino la ganadería, la palma aceitera y la minería, convirtiendo en objetivos militares a los líderes sociales y ambientales que puedan estar poniendo en riesgo la efectividad de estas economías.
Lo anterior ha tenido como resultado la agudización de los actos de violencia en los últimos ocho meses, atentando contra los derechos a la paz, las garantías de participación, la autonomía y la justicia social, en los que se resalta la denuncia de robos a líderes sociales y las amenazas de personas armadas a comunidades indígenas. En esta línea sobresalen las declaraciones del ministro de Defensa sobre "la captura de criminales narcotraficantes, y asesinos de líderes sociales", como respuesta a una alerta temprana inexistente, a los que no se les encontró armas ni ningún tipo de material que los relacionara con dichos grupos armados, ya que de acuerdo con la población, en esa zona no existen disidencias y los capturados eran líderes sociales que estuvieron en el proceso de paz.
Así mismo, el punto dos del informe resalta la criminalización de la protesta. Los líderes ambientales han hecho cinco movilizaciones, que no han tenido cobertura mediática, en contra de empresas asentadas en el Meta, pero en las que se ha usado a la Fuerza Pública, fomentando la estigmatización, captura y judicialización de líderes comunitarios, a quienes se les imputan daños a la propiedad privada, bloqueo de vías públicas, incitación al sabotaje y al terrorismo.
Pese a que el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia legitima la protesta como una manera de aceptar el reclamo de derechos 93, las dinámicas históricas contra las protestas exponen una estigmatización que las criminaliza, no para eliminar al contrario, sino para amedrentar e impedir movimientos y sujetos en resistencia 94. Los movimientos sociales son la contrapartida de los mecanismos de disciplina que organizan el orden sociopolítico en una sociedad convertida en texto, que hacen una lectura del mundo activa 95 y visibilizan a intelectuales orgánicos que expresan un conglomerado de relaciones sociales de producción y sus reflejos ideológicos, "momentos revolucionarios" que van desde la superestructura hasta la estructura económica, como respuesta a la crisis hegemónica 1.
Es pertinente cuestionar el impacto de los medios de comunicación en la forma como se presentan los "momentos revolucionarios" de los movimientos sociales y sus líderes 96, así como la bioética ambiental y la confrontación de problemas de sustentabilidad que afectarán a las generaciones futuras 97. En este sentido, los intereses de los medios que se benefician de las praxis productivas de modelos económicos o posturas políticas, justifican mediante estrategias, tácticas y dispositivos el accionar del opresor, el cual genera relaciones de producción que no permiten la liberación del hombre o la realización del espíritu por medio del trabajo, sino que cosifican la esencia humana (fomentan la esclavitud) 30 y estigmatizan y criminalizan la protesta social 94.
Específicamente, para las economías mineras, la invalidez que se le da a la consulta previa genera efectos sociopolíticos en la producción cotidiana que se evidencia en la Microfísica del poder, de Foucault 98: primero, una opresión de tipo jurídico, con fundamento en la legitimidad o ilegitimidad del poder, y segundo, "dominación", que se evidencia en los términos de lucha y sumisión 6. De esta manera, la polarización de la riqueza, con intereses de producción por hidrocarburos, ganadería o palma aceitera, dificulta la compra de tierras para usos tradicionales del suelo, ocasiona una alteración de los ecosistemas productivos, agudiza las deudas sociales y ambientales mediante la fragmentación social 99) e invisibiliza a los directamente afectados por la explotación de recursos en su territorio 100, al no tener en cuenta una participación ciudadana de tipo consultivo 101.
Sobre la extracción de hidrocarburos, se podría decir que Colombia está dentro de los países que tienen una "maldición de petróleo" que alude a la corrupción de los líderes que administran las regalías provenientes de su explotación 102, ya que como pasó en el Casanare, la economía departamental no se preparó para dejar de estar subordinada a las regalías petroleras, y la población no estaba lista para no depender del petróleo, olvidando la vocación agrícola del suelo 103, lo que demuestra que las regalías de explotación de recursos minerales no satisfacen las necesidades económicas regionales y, por el contrario, acrecientan las deudas sociales y ambientales, y polarizan la riqueza con intereses de producción.
Las deudas sociales y ambientales se han normativizado, al acaparar el uso de bienes comunes como agua, tierras y petróleo, visibilizándose en la minería con decretos como el 934 de 2013 104, que imposibilitaba su regulación por los concejos municipales y asambleas departamentales, por investigaciones de la Procuraduría General de la Nación a los funcionarios públicos que permitan realizar consultas en temas mineros, y el documento Conpes 3917 de 2018 105, que en los proyectos mineros agilizó los procesos de licenciamiento ambiental y la adquisición predial sin la participación comunitaria.
Es de resaltar que las consultas regionales en Colombia evidencian que la mayoría de las poblaciones locales rechazan la minería en su territorio y, por ende, la aplicación del Plan Nacional de Desarrollo, ya que la minería destruye el tejido social de las comunidades al impactar la naturaleza y el medio ambiente, provoca daños a la salud y desplaza comunidades 106. En este sentido, la migración de los campesinos ha ocasionado que el paisaje aledaño de las grandes ciudades cambie por fábricas, zonas de recreación, viviendas 15 y vías 107, lo que origina una alteración de los ecosistemas productivos que, junto al "efecto borde" que sufren las áreas fragmentadas a nivel ecológico y social 108, retroalimenta positivamente la fragmentación y sus efectos, lo que evidencia la emergencia de territorios de paz y de una territorialidad para la vida, bajo el eslogan de "locomotora de desarrollo".
De esta manera, se puede decir que la "locomotora de desarrollo" colombiana es una economía extractivista que causa la privatización de territorios enteros con impactos socioambientales, la cual se caracteriza por provocar daños ambientales y sociales que han tenido respuesta de las comunidades de los Llanos Orientales 109 por medio de manifestaciones 110, movimientos sociales y sindicales 111, como ha sucedido con grupos como "Yopal somos todos" y la "Asociación Defendamos a Casanare", que han hecho frente a Cepcolsa y Parex, por afectar nacimientos de agua. Por lo anterior, estas empresas se retirarán de la zona y amenazan con demandas a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) por incumplir con la responsabilidad contractual de garantizar las condiciones para la operación. Sin embargo, la empresa Gran Tierra continuó en la zona, pese a que el pozo petrolero afecta a la laguna Tinije (Ramsar), y en febrero de 2017 empezó la fase de explotación, lo que recibió como respuesta el desarrollo de un plantón pacífico en la vereda La Unión, para obstaculizar la entrada de materiales al pozo Prosperidad 1 del bloque y evitar, hasta ahora, el inicio de la explotación 112.
También, el bloque CPO-9, otorgado a Ecopetrol en el Meta, pretende realizar sísmica 3D en las zonas de amortiguación del Sumapaz, que es el nacedero de varios ríos en un territorio de vocación agrícola cuyos pobladores han buscado escenarios de diálogo con la empresa, pero sin recibir respuestas concretas. Esto se agudiza si se tiene en cuenta que Parques Naturales de Colombia hace acuerdos con la ANH para reordenar socioespacialmente las zonas amortiguadoras de la sierra de la Macarena, donde tienen presencia Petronova (Canadá), Hupecol (China) y Hocol (Colombia) 111.
La protesta social ha sido confrontada por el Estado por vías militares y jurídicas o por acuerdos que buscan la solución del conflicto por la vía política 94. Pese a esto, tiende a privilegiarse la derrota de los insurgentes con la criminalización de la protesta 113, mediante ideologías de mercado que justifican la eliminación de quien se opone a modelos económicos establecidos, para no poner en peligro los dogmas sobre los que se sostiene esta visión de mundo 30.
La estigmatización de la protesta social no es más que el efecto de la política estatal frente al conflicto 94 y se fundamenta en imaginarios atávicos que definen la estructura del cuenco cultural o las reglas que tratan de impedir la trasformacion 114, imposibilitando el pensamiento crítico y suprimiendo la posibilidad de la expresión pluricultural 115. Cabe resaltar que la sociedad actual categoriza los modos de vida subversivos para controlarlos dentro del sistema, al otorgarles un rol claro, visible y banalizado dentro del mercado, como es el caso del Che Guevara 30.
En este sentido, René Girard 116 habla de las formas de alienación y desarrolla una teoría sobre la violencia mimética, estableciendo que esta no es solo individual sino institucional, y que en las sociedades cada quien quiere ser como su jefe, líder o modelo, lo que genera un comportamiento de lealtad y costumbre. Pero, en determinando momento, la fidelidad que hay hacia el líder se vuelca, porque el otro empieza a competir con el líder (lucha violenta de poderes). Esto repercute en una violencia social multiplicada que lleva a la autodestrucción de la sociedad, ante lo cual las instituciones apelan al ritual de sacrificar chivos expiatorios (el cordero de Dios), que permiten que la sociedad se purifique de la violencia y pueda convivir en paz durante otro tiempo. De esta manera, las instituciones generan, a su vez, otros chivos expiatorios para que los líderes puedan mantenerse en el poder, lo que obliga a que se apacigüen los ánimos y las luchas vuelvan a un relativo equilibrio.
Pese a lo anterior, el Gobierno propicia la generación de movimientos sociales, por el hecho de no brindarles a los trabajadores la posibilidad de poseer propiedad privada y solo dejarles vender como mercancía la fuerza de trabajo por salarios muy bajos, lo que convierte al trabajador en un posible sujeto revolucionario que no arriesga nada y tiene mucho que ganar 30 ante cualquier tipo de economía1. En este sentido, la construcción de la bioética ambiental, junto con la relectura gramsciana del intelectual orgánico, exige no separar el conocimiento y la práctica política, lo que implica asumir el papel y la vocación histórica, confrontar las crisis de identidad nacional y el proyecto cultural que esta representaba 96, es decir, asumir la tarea bioética de proporcionar teorías, imaginar formas de resistencia y sobrevivencia, y confrontar los embates sociales, políticos y económicos junto a quienes han sufrido diversas formas de exclusión.
Tensión en la cotidianidad
El análisis de este apartado hace necesario contemplar el punto tres del informe, relacionado con el riesgo de desplazamiento, y el Plan Artemisa como una estrategia militar para la recuperación de los Parques Nacionales Naturales, que se llevó a cabo el 21 de febrero del 2020 en el Parque Nacional Natural Tinigua y causó violaciones a los derechos humanos y desplazamientos. Frente a este hecho sobresale la cobertura de los medios de comunicación consultados, en la que se expone como una estrategia ecológica para recuperar 63000 hectáreas y que tuvo como resultado 2 muertos y 20 capturados, entre los cuales algunos tenían título legal de tierras.
Las noticias analizadas expusieron que los campesinos que talan el bosque tienen una forma de economía llamada "ganado al aumento", aprobada por Fedegán y el ICA. Esta economía consiste en que el campesino, sin ser el dueño, se encarga de la crianza y alimentación del ganado, para al final dividir ganancias con los verdaderos dueños. Por otra parte, está la estrategia militar de la Unidad John Linares, de las disidencias de las Farc, que declara objetivos militares a Parques Nacionales, el Instituto Sinchi, la Misión Amazonia y las corporaciones autónomas, y le exige a la comunidad abandonar proyectos apoyados por la cooperación internacional.
Esto marca un antecedente cotidiano de tensiones políticas y económicas, que es, entre otras, una acumulación autoconsolidante y resiliente de los mismos hechos, hábitos y costumbres 117; se podría decir, que esta forma de percibirla no va a favor de la política y el dominio público, ya que los eventos reales ocurren en otro lugar (escenarios regionales, nacionales o internacionales), que está fuera del alcance y al que solo se llega mediante la ilusión que genera la televisión 27, evidenciándose una "psicopatología de la vida cotidiana" 118 que hace necesario ir más allá de la conciencia generalizada para resistir a la "atrofia de la experiencia".
Cuestionar lo cotidiano lleva al sujeto a salir del sistema y articularse en otro, por lo que lo cotidiano debe contemplar la incertidumbre y la complejidad del sistema abierto 117. De esta manera, se puede hablar de un cambio gravitacional dentro de la estructura dada, ya que no hay dos personas que compartan exactamente el mismo sistema estructural de costumbres personales, por lo que el proceso de apropiación moviliza lo cotidiano, abriéndolo y liberando su capacidad de autotrascendencia 27 a una experiencia extracotidiana.
La experiencia extracotidiana es un punto de fuga que puede cambiar la percepción misma del sistema, y permite que el individuo, ahora sujeto, tome la decisión de salir de ese sistema para vivir una realidad distinta, con otro tipo de imaginarios restrictores que le permitan trascender de su propia realidad 117, para visibilizar las problemáticas en el ámbito de lo cotidiano y generar un proceso de apropiación que pueda llevar a la transformación 119, dándole al participante de la cotidianidad la capacidad de no solo ser un sujeto pasivo, sino un agente activo de carácter subversivo con capacidad de transformación existencial 120, con una indeterminación que potencia su poder político para interrumpir los sistemas que buscan encapsularlo 6,27,117.
Pese a que esferas no cotidianas como el arte, la religión y la filosofía brindan valores estéticos que le restan a la cotidianidad su poder imaginativo, emancipatorio, político, de asociación, comunicación y solidaridad 27, esta misma tiene sus propias valoraciones en ontología, epistemología, ética, estética, economía, historia y política, en la forma como se construye y habita la ciudad, determinando la manera en que se siente, piensa y vive 30. De esta manera, el cambio gravitacional de la estructura, la experiencia extracotidiana2 y la calle generan escenarios de potenciación de lo cotidiano con lo filosófico y lo político, ya que la insatisfacción y el deseo llevan a imaginar escenarios de cambio que no se pueden reducir a los moldes que impone la Modernidad 121.
Estos escenarios de potenciación de lo cotidiano con lo filosófico y lo político hacen que el ambiente no sea un lugar ajeno a las condiciones sociales de vida del ser humano, sino por el contrario, que sea dependiente de las relaciones sociales que el Homo sapiens establece consigo mismo 122, forjando una discusión aún más profunda sobre el hecho de que el Gobierno no haya previsto que las comunidades consideren como "riesgo de desplazamiento" a una estrategia militar para la recuperación de los Parques con el Plan Artemisa, que implicaba convertir en objetivos militares a organizaciones y líderes ambientales por parte de los grupos armados, y expuestos a la necesidad de una bioética como constructo de la relación entre lo social, lo científico y la experiencia 123. Esto ha visibilizado la falta de aplicación de la bioética ambiental en la manera como se actúa ante las poblaciones, ya sea por el Gobierno central o por los modelos económicos de minería, petróleo e hidrocarburos, que han generado una desterritorialización de los referentes simbólico-culturales y de la identidad individual y colectiva 124,125, así como la pérdida de la armonía entre la población y el paisaje 126, que para la región surge históricamente desde la relación de los morichales con los huitotos 127, los yukuna 128 y el pueblo guahibo o sikuani en la Orinoquía 129,130,131.
Tensión entre las nuevas tecnologías e intereses
Las nuevas tecnologías han redefinido el tiempo-espacio, translocalizando el territorio por una "instantaneidad transaccional" ocasionada por artefactos tecnológicos 132, vistos como el progreso, que apoyado en el cogito ergo sum cartesiano, desplazó a Dios y trasladó esas seguridades a la ciencia y la técnica 8. Por su parte, las redes sociales se han usado para realizar estudios económicos sobre los intereses de los usuarios 133, convirtiéndose en un componente que permite resignificar valores y conceptos, lo que hace de la tecnología un amigo-enemigo de la existencia auténtica. Por un lado, es innegable la facilidad que le brinda al hombre moderno; por el otro, es un agente principal de alienación y precursor de nuevas formas de vida cotidiana 27.
Colombia se ha caracterizado por elaborar estudios ambientales y desarrollar tecnologías que han sido generadas, en su gran mayoría, por empresas privadas 132, lo que ha expuesto intereses y modalidades de producción para el manejo de recursos naturales dentro de un modelo global de organización del poder 134, que en este caso sobreestiman sus esfuerzos publicitarios, al subestimar a los receptores de la información y sus formas de comunicación no solo histórica (arte, música, símbolos), sino contemporánea, con otros medios de comunicación no formal. Lo anterior se ha evidenciado en las formas con las que los movimientos ambientales locales han logrado más visibilización internacional que local, exponiendo denuncias ambientales y sociales en las que se establece que las respuestas a los impactos ambientales causados por la explotación de hidrocarburos en Colombia, en todas sus fases (sísmica, exploración y producción), no cumplen las normas ambientales 135 y que "se asesina o amenaza a quienes se oponen a la industria" 136.
Cabe resaltar que así se cumplieran las normas y se aplicaran las tecnologías ambientales de la economías legales relacionadas con la minería (procedimiento y tecnología ambiental) 137, la palma aceitera 138 y la ganadería, los costos ambientales jamás podrían ser recuperados por los ecosistemas locales, a lo que se le suma la disminución de las áreas destinadas a cultivar productos alimenticios básicos, la expulsión de pequeños productores y campesinos, poniendo en riesgo la provisión nacional de alimentos 83 de un país que, de acuerdo con la visión Colombia 2019, cuenta con 6,6 millones de hectáreas de tierra irrigable, de las cuales solo el 12,8 % tiene mejoras en riego y drenaje 13.
Las problemáticas de drenaje fueron la justificación con la que empresa Agrocascada, de la petrolera Pacific Rubiales, propuso dar solución a pasivos ambientales (contaminación a las fuentes de aguas, la reducción del nivel freático, la contaminación auditiva, generación de material particulado, etc.) originados por el petróleo, potencializando el mercado de la palma aceitera perteneciente a la empresa, al suministrar agua de producción tratada para la extracción de este hidrocarburo dentro de los cultivos de la compañía, dejando pérdidas para Colombia de $37 260 662 404 139. Esto es un crimen ambiental, que no solo expone que los problemas ambientales son de esencia natural y social 140, sino que la falta de responsabilidad del Estado para proteger el medio ambiente y normatizar la bioética ambiental aumenta las deudas económicas-sociales-ambientales, al permitir el acaparamiento y mal uso de bienes comunes como agua, tierras y petróleo, comprometiendo la salud y calidad de vida de sus habitantes.
Desde esta perspectiva, las industrias pilares del desarrollo socioeconómico (ganadera, agrícola y minera) 141, al alterar la integridad funcional del ecosistema 142, han sido un componente activo de la fragmentación en dos sentidos; por un lado, mediante su expansión 143, y por el otro, han dado lugar a nuevas generaciones sin interés en el uso y manejo de la tierra 16, lo que ocasiona la venta del territorio para el desarrollo de intereses dados por el valor de producción no local. De esta manera, la crisis ambiental se debe a un problema económico con raíces éticas que ignora las relaciones ecosistémicas locales 122, lo que ha llevado a la reestructuración territorial del Meta en favor de intereses del capital financiero internacional por medio de dos lógicas: una lógica de territorio que privatiza y mercantiliza los bienes naturales, y una lógica de capital que lleva a la liberalización comercial, la promoción de inversiones y el despojo del campesinado 144.
Es preciso destacar que en medio de la problemática de salud pública por el COVID-19 y la posible recesión económica que lleve a la declaratoria de emergencia económica, 25 empresarios, entre los que se encuentra la Asociación Colombiana de Minería, la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite y la Organización Ardila Lülle, enfatizan que instrumentos como la consulta previa frenan el plan de desarrollo actual y que la reactivación de la economía necesita la reducción del tiempo de decisión de 90 días hábiles, según el Decreto 2041 145, para que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) entregue las licencias 146.
En este sentido, los medios de comunicación, frente a la visibilización de las problemáticas planteadas en el informe de las organizaciones sociales y de derechos humanos pertenecientes a la Red Llano y Selva, durante la pandemia del COVID-19 44, juegan un papel protagónico mediante la deformación, el descrédito y el desalojo (las tres D) de las denuncias expuestas, ya que exponen una geografía de la razón que niega al otro, con el fin de controlar geografías que se consideran y/o visibilizan inhabitadas, cuando no lo son, construyendo un cimiento fundamental para el proyecto cultural de construcción de lo que se quiere instaurar.
Lo anterior representa la responsabilidad multitemporal que tenemos como especie para cambiar la visión de desarrollo de sociedades utópicas, hacia una visión de sociedades de moderación, que garanticen la existencia de distintas formas de vida por medio de una potencia productiva como la economía de los afectos, en el sentido spinoziano 147, lo que significa generar una nueva realidad con un imperativo ético, que no solo exponga la fragilidad y errores del Homo sapiens148, sino sus relaciones de interdependencia con la naturaleza, lo que le da un lugar primordial a la bioética ambiental, al aceptar que hay mucho más que la plusvalía y la ganancia que captura el capital 149.
Respuestas ante la enajenación
La bioética ambiental presenta un horizonte paradigmático que no solo brinda soluciones, sino que problematiza el efecto de los medios de comunicación referente al problema de sustentabilidad y cambio climático en el Meta, frente a la visibilización o no de los ciclos de larga y corta duración 42. De esta manera, expone los procesos de ocupación territorial como un escenario de conflictualidad que se da por diferentes concepciones de derechos humanos y de propiedad en territorios, entre lo biocéntrico, en donde la naturaleza tiene derecho a no ser destruida por el hombre 150, y lo antropocéntrico, en donde el Homo sapiens tiene todos los derechos sobre la naturaleza 151. Esta tensión entre lo biocéntrico y lo antropocéntrico ha propiciado afectaciones biocéntricas que no se limitan a la dimensión económica, sino que permiten trascender la relación "ético-estético-política" de un sujeto inmerso en el capitalismo postindustrial 152.
De esta manera, pese a que el sujeto haga parte de un sistema que predetermina su orientación material y simbólica para reproducir las estructuras básicas de aquel sistema en un "deber ser", el "querer ser" visibiliza la propuesta de los filósofos Gilles Deleuze y Félix Guattari 153 de una "microética" o de una "micropolítica", quienes sostienen que la transformación social se genera desde adentro y desde la propia inmanencia del campo social. Lo anterior representa una tensión ético-moral, así como una resistencia que se presenta como posible solución ante los intereses económicos de explotación de los recursos en el territorio, ya que reconoce en los actores la afirmación autovaliosa del cinismo o la negación del otro, el origen positivo de la propia tradición cultural, lo ignorado de la Modernidad, como los saberes y conocimientos, y finalmente el diálogo entre los críticos que se encuentran en la exterioridad 154.
Se debe tener en cuenta que la localización determinada y concreta para hablar de ciudadanía 155 representa un desafío para pensar lo epistemológico, lo ontológico, lo ético, lo estético, lo político y lo histórico. Esto se relaciona con los criterios de establecimiento y legitimidad, en lo que tiene que ver con lo otro, y se produce por un orden que legitima la producción discursiva, lo que se conoce en el postestructuralismo como "vínculos de los regímenes de verdad". Sin embargo, en la cotidianidad alienada 92 o la negación de la cotidianidad 156, la potencia discreta de lo cotidiano 117 y del "potencial no incluido" por la Modernidad 8 y la Transmodernidad 154, pueden llevar a generar soluciones mediante los diálogos interepistémicos que confieran acciones de sentido en lo cotidiano, al dar cuenta de diferentes realidades y formas de verdad más acordes con el desarrollo sustentable, en el que están inmersas la economía, la ecología, la educación y el desarrollo social.
La invisibilización del querer del pueblo, al quitarle sus derechos de decisión, como sucede con el hecho de que la Corte Constitucional fije límites al mecanismo de participación ciudadana en la toma de decisiones de actividades extractivas como la explotación de hidrocarburos 157, expone una crisis civilizatoria de individuos y colectivos que frente a un dispositivo de captura de producción de lógicas empresariales, conectan y combinan un eje estructural y generativo de significancia y subjetivación, que posibilita la transformación de los imaginarios atávicos que definen la estructura del cuenco cultural 114. En otras palabras, se trata de un momento de responsabilidad como especie que sienta las bases de una cultura 158 que legitima ética y moralmente la necesidad de los movimientos sociales 43) y la bioética ambiental ante la pérdida de derechos multigeneracionales por el mal manejo, la invisibilización y la legitimización de las faltas a los derechos humanos 159, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación del agua, el aire y el suelo, y la manera como se incide en la aceleración del cambio climático, lo que no solo afecta la posibilidad de existencia de la especie humana, sino la de todas las formas de vida del planeta Tierra.
Por todo lo anterior, esta lucha de poderes que se da en el escenario de la Fuerza Pública y la población civil expone al departamento del Meta como un territorio de convergencia que reivindica el medio ambiente como una expresión de agenciamiento de la comunidad, mediante la experimentación de estrategias y tácticas biopolíticas de resistencia, como lo son las organizaciones ambientales, y el informe completo de las organizaciones sociales y de derechos humanos pertenecientes a la Red Llano y Selva, durante el COVID-19. En este se propende y expone la necesidad de aplicar prácticas estructuradas para la solución de las problemáticas planteadas de una manera alcanzable y medible, lo que no solo da el sustento filosófico, político y cultural abordado en este artículo, sino que puede contribuir en los actuales y futuros proyectos, iniciativas, propuestas y políticas públicas que buscan mejorar la manera de producir industrialmente a partir una perspectiva sostenible, en el departamento del Meta.
Conclusiones
COVID-19, movimientos sociales y medios de comunicación. Poderes en tensión durante el 2020 en el departamento del Meta (Colombia) expone cómo la bioética ambiental permite comprender las luchas que han propiciado afectaciones biocéntricas, que no se limitan a la dimensión económica, sino que trascienden la relación "ético-estético-política" de un sujeto inmerso en el capitalismo postindustrial, al exponer un escenario de conflictualidad biocéntrica y antropocéntrica que se da por diferentes concepciones de derechos humanos y de propiedad en territorios.
Esto sucede en un marco narrativo en el que los medios de comunicación juegan un papel protagónico por medio de la deformación, el descrédito y el desalojo (las tres D) de las denuncias expuestas en un informe de las organizaciones sociales y de derechos humanos pertenecientes a la Red Llano y Selva, durante la pandemia del COVID-19 44, lo que expone una geografía de la razón que cimienta un sustento teórico para los movimiento sociales que representan geografías invisibilizadas que rechazan la producción y naturalización de la inferioridad. De esta manera, los movimiento sociales que se generan no son movimientos ni fenómenos aislados carentes de propuestas teóricas, como postulan el marxismo, el funcionalismo, el estructuralismo y los eclécticos, sino que son una respuesta a un proyecto cultural de construcción de lo que se quiere instaurar.
Desde la teoría de la comunicación del mito hipodérmico, el individuo no tiene la capacidad de controlar su existencia, ya que toda realización no solo está mediatizada por el dinero, sino definida por modelos de vida que el espectáculo impone. De esta manera, se podría asegurar que los medios de comunicación tienen el potencial de formar sujetos codificados como consumidores abstractos, que se relacionan como espectadores pasivos de una realidad que se ha vuelto ajena y sobre la que no tienen ningún poder, como se evidencia en el hecho de que los medios solo hayan profundizado en las denuncias expuestas en el informe relacionadas con el riesgo de desplazamiento y la consulta previa de manera virtual, mientras que las denuncias específicas sobre el asesinato de los líderes sociales, la criminalización de la protestas y el impacto de las empresas en el Meta no hayan sido visibilizadas.
En este sentido, los medios de comunicación tienen el potencial de ser instrumentos políticos y económicos usados mediante diferentes estrategias, tácticas y dispositivos, que no solo roban la creatividad y la imaginación, sino que condenan al sujeto a estar en una prisión perpetua donde no hay posibilidad de cambio en su diario vivir, al trasladarlo a realidades ficcionales que romantizan la miseria, como lo visto en el artículo romántico sobre el mercado verde del turismo, y condenan la evolución posanalítica y pospolítica en favor de una revolución molecular y anarquizante que aporte a la construcción de la ética ambiental. Sin embargo, surge la posibilidad de que los consumidores produzcan, tengan criterio, trasformen, ironicen y evadan, evidenciando al poder a partir del contrapoder; este conflicto se da por medio de lo que Henry Lefebvre denomina una "cotidianidad alienada" o lo que Bruce Bégout llama "la negación de la cotidianidad".
Hacer de la vida una obra de arte lleva a trascender la enajenación generada por los medios y expone una transformación de la vida cotidiana que viene de sí misma o por esferas especializadas (ciencias, arte, religión, filosofía). Sin embargo, a nivel ambiental, los valores estéticos traslapados pueden ser utilizados para someter a la población, como sucede con los cultivos de palma aceitera, a los que se les da valor paisajístico por encima del daño ecosistémico del "desierto verde".
Lo anterior es reafirmado con la ficcionalización de la realidad y la invisibilización de problemáticas como las expuestas en el informe, que generan un equilibrio entre el sentir y la razón que lleva a un antagonismo que anula el sentir, hasta soportar el morir propio o naturalizar muertes o tragedias de terceros, como sucede con los asesinatos de líderes sociales. De esta forma, los medios tienen una responsabilidad ética en la generación de cotidianeidades miserables, pobres y fragmentadas, que son invisibles para quienes las viven por imágenes utópicas, ricas y unificadas de una vida soñada, de consumidores abstractos y espectadores pasivos que creen que están cerca de lograr la felicidad mediante el consumo.
Ante la enajenación, el análisis de la cotidianidad expone que, pese a que el sujeto haga parte de un sistema que predetermina su orientación material y simbólica para reproducir las estructuras básicas de aquel sistema en un "deber ser", existe un "querer ser" que visibiliza una dimensión micro, que se traza en distintas esferas y sirve para identificar los grupos de dominación y los grupos dominados. Lo anterior es una forma de analizar el tipo de representaciones de símbolos y de acciones a las que está supeditada la subsistencia, así como microcomportamientos que aceptan cosas, pero que pueden emerger a mesocomportamientos y macrocomportamientos por distintos caminos.
En este sentido, la microcotidianidad ve toda forma de institución como poder y todo poder como dominación, en la que lo instaurado por un camino en lo micro puede generar por otro camino una forma de cotidianidad macro. Cabe resaltar que toda solución que lleve el sello institucional es problemática, ya que la institución no agencia ni potencia lo local o lo singular, ni construye comunidad.
Los modelos de explotación analizados expusieron problemáticas ambientales, sociales y económicas que han sido denunciadas internacionalmente por ser formas de esclavitud, como sucede con la palma aceitera, la centralización de regalías, petróleo y las pérdidas de ecosistemas y especies (animales y vegetales), así como patrones culturales asociados con la ganadería.
De esta manera, las concesiones petroleras y los cultivos de palma aceitera han generado una cultura que rinde destrucción a la comunidad y al entorno, y no garantiza las formas de reproducción y mantenimiento de la vida, lo que expone el problema como un conflicto entre contradictorios que ha llevado a la eliminación del contrario. Lo anterior hace necesario ahondar en dilemas éticos y preguntar: ¿se han agotado todos los caminos del diálogo y las posibilidades de acercamiento?, ¿qué interpretaciones son las que están oscilando?, ¿qué tradición histórica tiene eso?, ¿cuál ha sido la genealogía de esas ideologías?, ¿hay visiones de futuro?, ¿qué posibilidad hay de salida?
Generalmente, las manifestaciones del poder de la vida cotidiana están asociadas con las marchas, las protestas y con expresiones que no necesariamente conducen a una revolución, pero que son una canalización del disgusto, del desacuerdo y que crean una mentalidad, porque aportan un eco positivo o negativo. Lo anterior se acrecienta con las tensiones entre los medios de comunicación y la bioética ambiental en la visión cotidiana de sustentabilidad y cambio climático en la Orinoquía colombiana, en donde los movimientos sociales y los procesos de resistencia no cobran mayor visibilización a nivel local, pero sí internacional, como sucede con la muerte de líderes sociales, lo que hace que las formas de asociaciones básicas estén totalmente subyugadas, atemorizadas, no solo por la violencia armada, sino por la administrativa que se da por medio de leyes y consultas previas sin supervisión de las obligaciones y compromisos frente a los límites, alcances, repercusión e incidencia de los proyectos en los modos de vida cotidiana.
La estrategia de militarización o Plan Artemisa ha despertado el rechazo de un sector de la población, que se ha visto afectado por los grupos armados legales e ilegales; cabe resaltar que en la teoría de los conflictos, las resoluciones por vía de eliminación del contrario generan más violencia, lo que plantea el reto de identificar los términos del conflicto (polaridades e intención) e inventar formas de acercamiento que suponen negociaciones e interpretación de lo que es un conflicto de contrarios. Bajo esta premisa, hay que tener en cuenta que el conflicto tiene dos conflictos, dependiendo de quién lo mire, los involucrados deben ceder algo, la tensión no se suprime, sino que adquiere una dimensión creativa que hace necesario que los polos se acerquen, manteniendo la tensión.
La paradoja bioética ambiental en la cotidianidad es que está atravesada por ejercicios de dominación que tratan de remoldearla, lo que puede suscitar una serie de movimientos sociales, provocando que la protesta callejera no quede capturada en un movimiento social. Pese a esto, la crisis económica de los municipios productores, después de los cambios en el sistema general de regalías, estimuló que los habitantes del Meta se cuestionaran sobre los impactos sociales, ambientales y económicos, generando resistencias que no se limitan a la contratación laboral, sino al papel fundamental que tiene el medio ambiente, configurando un escenario de exigencias a las empresas extractoras, en el que los movimientos sociales buscan canales de articulación para confrontar, por medio de la protesta social, a las trasnacionales y a la política de Estado que las legitima en el territorio.
