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Sociedad y Economía

Print version ISSN 1657-6357

Soc. Econ.  no.19 Cali July/Dec. 2010

 

Narrando el dolor y luchando contra el olvido en Colombia. Recuperación y trámite institucional de las heridas de la guerra1

Narrating the pain and struggling against oblivion in Colombia. Recovery and institutional handling of the war wounds

Jefferson Jaramillo Marín
Universidad Javeriana, Bogotá-Colombia
jefferson.jaramillo@flacso.edu.mx

Recibido: 06.10.09
Aprobado: 16.09.10

1. Artículo derivado de la investigación doctoral que el autor adelanta alrededor de las comisiones de estudio sobre la violencia y las políticas hacia el pasado en Colombia.


Resumen

El artículo analiza distintas experiencias de recuperación y trámite institucional de las heridas de la guerra colombiana. Su objetivo es identificar cómo, en algunas coyunturas de la historia nacional, se crean "comisiones de estudio de la violencia" que permiten, de una parte, la reconstrucción histórica de las causas, evolución y consecuencias del conflicto armado, y de otra, la producción de memorias del desangre y narrativas contra el olvido. A lo largo del texto, destacamos varias de estas experiencias, las cuales tienen lugar entre 1958 y 2006 en medio de una "guerra sin transición". Luego, identificamos las dimensiones centrales que están involucradas en la recuperación de la memoria histórica en el proceso de Justicia y Paz, en particular, el trabajo del Área de Memoria Histórica.

Palabras clave: Memoria histórica, conflicto armado interno, comisiones de estudio sobre la violencia.


Abstract

The article examines different experiences of recovery and institutional handling of the wounds of the Colombian war. Its objective is to identify how in various joints of the national history, it creates "study commissions of violence" allowing the one hand, the historical reconstruction of the causes, course and consequences of armed conflict, and secondly, bleeding production and narrative memories against forgetting. Throughout the text, we highlight several of these experiences, which take place between 1958 and 2006 in the midst of a "war without transition". Then, we identify the core domains that are involved in the recovery of historical memory in the process of Justice and Peace, in particular the work of the Area Historical Memory.

Key words: Historical Memory, arm conflict, commissions study on violence.


Introducción

Varios son los países2 que pretendiendo tramitar las marcas y heridas de la represión, la discriminación y la guerra, apostaron en el mediano plazo -con altos costos políticos y no siempre con saldos a favor- por iniciativas de verdad histórica y judicial, por procesos de recuperación de sus pasados cruentos y por estrategias de reparación integral para las víctimas (Barahona de Brito, Aguilar y González, 2002; Dutrénit y Varela, 2010). En el papel, Colombia estaría avanzando por este mismo camino a través de Justicia y Paz, experiencia diseñada y ejecutada por el gobierno de Uribe Vélez (2002-2010) con el objetivo de facilitar la reconciliación nacional. Más allá de los avances y los logros con respecto a otros casos del continente y del mundo, en cinco años de funcionamiento ésta iniciativa gubernamental enfrenta serias dificultades en su concepción filosófica, enormes limitaciones operativas en las regiones y críticas válidas de diversos sectores sociales y políticos3.

Sin desconocer lo anterior, éste artículo se concentra específicamente en mostrar que en el país, pese a la "novedad" política y jurídica de Justicia y Paz, parece existir un "continuo" histórico de procesos, iniciativas y estrategias institucionales de recuperación, procesamiento y tramitación de las heridas de la guerra, dentro de la guerra misma. A diferencia de otros países, estas experiencias caseras han ocurrido en el marco de un conflicto armado, sin un horizonte transicional claro. Es decir, el "desangre" de ayer y de hoy, sigue alimentando la "memoria mítica" de los colombianos (Pécaut, 2003). Lo que es objeto de análisis es, cómo en distintas coyunturas de la historia nacional, algunas de estas iniciativas, en su mayor parte "escenarios gubernamentales", contribuyen a organizar lo disperso de nuestro conocimiento sobre la violencia y a historizar ciertas parcelas del pasado y del presente, por ejemplo, al establecer sus causas, explicar su desarrollo y describir sus consecuencias. Pero también, mostrar que algunas de ellas, contribuyen a producir memorias del desangre y narrativas contra el olvido, aunque, en algunos casos también decretan "oficialmente" ciertos olvidos funcionales frente a la guerra.

Esta cuestión es abordada en dos momentos. El primero, describe rápidamente un panorama de once comisiones de estudio e investigación sobre el conflicto y las violencias entre 1958 y 2006. Se especifican sus mandatos, sus alcances, algunos de sus impactos y en varias de ellas, se describe cómo se narró el pasado y se comprendió el presente. Luego, nos concentramos en señalar la artesanía, los alcances y la novedad de la experiencia liderada por el Área de Memoria Histórica (MH) de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR). MH es una subcomisión4 singular respecto a las anteriores, puesto que avanza, en la construcción de relatos literales e históricos sobre el terror, pero también permite profundizar en la construcción de "memorias ejemplares" 5, en un contexto nacional no exento de tensiones políticas y sociales por las disputas frente al "sentido del pasado". Lo particular de este tipo de memorias, es permitir la visibilización y articulación de narrativas e iniciativas sociales contra el olvido, los silencios impunes y las estigmatizaciones provocadas por ciertos actores armados y agentes estatales, especialmente en las zonas donde ocurrieron masacres emblemáticas. No sobra considerar aquí, que estamos ante unas memorias que hablan de nuestra guerra, como una "guerra de masacres" (Sánchez, 2008).

1. Las comisiones de estudio e investigación sobre la violencia en Colombia (1958-2005)

Al menos once experiencias gubernamentales de gestión y tramitación institucional de las huellas de la guerra pueden documentarse en el país, entre 1958 y 20066. En estricto sentido, ninguna de ellas se adecuaría a los criterios convencionales requeridos para las denominadas comisiones de verdad que han tenido lugar en el mundo7. Tampoco ninguna de estas iniciativas ha sido causa o efecto de una situación estándar de transición del conflicto al postconflicto o de una salida negociada a la guerra. Su particularidad es que se crean y operan en medio de una "guerra sin transición clara8", funcionando como "escenarios gubernamentales" que facilitan, en ciertas coyunturas nacionales críticas, unas "treguas para el recuerdo", activando memorias del desangre, posibilitando la historización parcial de sus causas, evolución y consecuencias y en algunos casos, contribuyendo a decretar olvidos funcionales a la reconciliación nacional acorde al momento donde operaron.9 En un país sin cierres temporales precisos en el conflicto armado, con violencias recicladas históricamente, con silencios decretados institucionalmente y memorias sociales fracturadas por el terror, las comisiones básicamente permiten "cartografiar" el dolor, denunciar patrones sistemáticos de violaciones de derechos humanos y vehiculizar las denuncias en la escena pública nacional e internacional. Varias de ellas produjeron una serie de relatos explicativos e interpretativos, unos más globales que otros, pero en todo caso, materializados también en informes finales que terminaron por exponer las dimensiones e impactos del desangre. También se establecieron, a partir de algunas de ellas, las bases políticas y sociales para acciones de intervención estatal sobre las violencias.

En su mayoría, las comisiones fueron nombradas por decretos presidenciales10 y se articularon a mandatos institucionales de varios meses. Algunas tuvieron un alcance nacional y otras fueron sólo de cobertura local. Su conformación se hizo de forma más o menos plural, aunque con restricciones de participación de ciertos sectores sociales, con equipos de investigación integrados en la mayoría de los casos, por personalidades notables de la política, la vida pública y la academia nacional. Al realizar un balance histórico de las mismas, se debería reconocer que unas comisiones fueron más efectivas que otras en sus recomendaciones, mandatos, alcances políticos y transcendencia social. Como se verá más adelante, en su momento se les denominó de diversas maneras, atendiendo a las diferencias de concepción, o a la naturaleza de sus mandatos, o a las coyunturas en las que operaron. De varias de ellas, los diversos actores involucrados en su gestación y desarrollo, derivaron unos usos políticos y con el tiempo se resignificaron sus alcances y logros. Frente al "boom memorialístico" propio de nuestros días, quizá resulte útil volver sobre varias de las conclusiones y recomendaciones generadas por ellas, no consideradas debidamente por los legislativos de turno.

La primera comisión tiene lugar en el país en 1958, en los inicios del Frente Nacional, con el gobierno de Alberto Lleras Camargo. Se le denominó Comisión Nacional Investigadora de las Causas y Situaciones Presentes de la violencia en el Territorio Nacional y fue nombrada el 21 de mayo de 1958 mediante el decreto 0165 de la Junta Militar11. Funcionó hasta enero de 1959 y recibió también el nombre de Comisión de Paz o Comisión Investigadora; en su momento se le dotó de la autoridad necesaria para tener acceso a dependencias oficiales, informes sumarios y expedientes, con el propósito de "analizar fría y objetivamente el fenómeno de la violencia… visitar las zonas afectadas, constatar los problemas y necesidades de la gente e informar al gobierno para establecer las bases de una nueva y más racional acción oficial"12. Nunca generó un informe oficial sobre lo sucedido, a pesar de haber entregado informes parciales al gobierno de Lleras Camargo, durante los cerca de ocho meses que funcionó13. Gran parte de sus hallazgos, fueron consignados en el libro más editado, vendido y discutido en su género en el país, La Violencia en Colombia (1962-1963) (Guzmán, Fals Borda y Umaña, 2005).

Tanto la comisión como los dos tomos del libro, expresaron en su momento las tensiones derivadas de "una política de entendimiento de élites" (Rodríguez, 2008) para afrontar la recuperación del pasado, la construcción del presente y la concertación del futuro nacionales. Cuatro meses después de creada y como respuesta a las evidencias recogidas por los comisionados que la integraron (partidos Liberal y Conservador, Iglesia Católica y Ejército Nacional) y a los "mascarones del trauma" social, económico y moral14 generados por la violencia bipartidista, el gobierno organiza la Oficina Nacional de Rehabilitación que tendrá como labor "contener los estragos de la violencia en los cinco departamentos en los que se mantuvo el estado de sitio" (Guzmán, Fals Borda, Umaña, 2005). A esta oficina se le sumó la formación de un Comité Ministerial de Orden Público, Tribunales de Conciliación y amnistía condicionada. Terminada la primera comisión en enero del 59, siguió en funcionamiento la oficina hasta diciembre de 1960.

La comisión del 58, pese a su carácter "clasista y oligárquico" (Guzmán, 2009) en su conformación (nunca participaron de ellas los campesinos afectados) avanzó en el conocimiento de las zonas afectas por la violencia, desnudando la magnitud de la guerra bipartidista, pero también permitiendo tejer acuerdos "parciales" de pacificación en algunas de ellas. Por su parte, el libro publicado posteriormente, inaugura la primera lectura emblemática sobre el pasado reciente de la violencia política en el país. Esta lectura es emblemática no porque sea la primera que se haga sobre lo sucedido, de hecho ya existía todo un acumulado literario sobre el tema a través de la novela de la violencia; lo es porque "inscribe" e "instituye" un "régimen de memoria"15 a partir de situar otras formas de leer el desangre nacional, más allá del "acalorado bipartidismo" o de las visiones apologéticas de uno u otro bando, ponderando la importancia del análisis sobre la problemática en términos de "proceso social", "globalizando su descripción". (Sánchez, 2009a: 22).

Esta experiencia, permitiría además una "peculiar forma de intervención de los intelectuales en la sociedad", especialmente de la universidad (Sánchez, 2009b). De hecho, la comisión y la constitución de las ciencias sociales, al menos de la sociología, van a la par. Además la Comisión y el libro, al exponer una responsabilidad estructural sobre lo ocurrido, al cartografiar regionalmente el dolor en casi todo el país y al etnografiar el terror a partir de los 20.000 testimonios recogidos, desencadenan acaloradas reacciones de la prensa, de los poderes civiles, eclesiásticos y militares. No obstante, siendo críticos del proceso, hay que considerar que las acciones de la Comisión estuvieron más encaminadas a la "pacificación", acordada tácitamente por las élites con una gran dosis de legitimación de silencios y verdades a medias. Y aunque se revelaron los problemas estructurales del país, tanto la descripción como la terapéutica que impregnaron los dos tomos del libro y el trabajo de la Comisión, lo que perseguían de fondo era "devolver a un estado social, lo que estaba en una fase antisocial"16. El trabajo en ese sentido, no terminaría tocando uno de los meollos centrales de la guerra en el país, y por ende uno de los nodos centrales que siempre ha costado reconocer a las élites del país, para desactivar el conflicto: la reforma agraria. Es decir, la pacificación y rehabilitación fueron ante todo estrategias de asistencia y de ingeniería social, más que reformas programáticas y estructurales.

La II Comisión de Estudios sobre la Violencia, se constituye durante el gobierno de Virgilio Barco y es convocada a finales de enero de 1987 por el entonces Ministro de Gobierno, Fernando Cepeda. La investigación duró cuatro meses, en un país que atravesaba coyunturalmente por un acrecentamiento de la violencia urbana, la expansión del narcotráfico, el crecimiento del crimen organizado y la emergencia de la "guerra sucia" con sectores políticos de oposición como la Unión Patriótica. La "naturaleza" de la violencia política había mutado también del año 58 al 87, una expresión sintomática de ello, era el crecimiento de las guerrillas, que demandaban desde hacía ya un buen tiempo, negociación política en lugar de confrontación armada. De hecho, la Comisión surge en un momento en el que la consigna central de muchos sectores sociales y políticos es la "paz negociada". La apuesta del gobierno Barco para llevar a cabo ese propósito, es un plan que incluye la triada: "rehabilitación, normalización y reconciliación". Por su parte, el propósito de la comisión, será ayudar a generar recomendaciones a esa política, enfatizando sobre todo en un "tratamiento integral y fundamentalmente político al conflicto" (Comisión de Estudios sobre la Violencia, 1987: 165-186).

Esta comisión permitió la consolidación de un campo de expertos en violencia17 y la publicación del informe Colombia: violencia y democracia que terminó convertido en la academia colombiana en el primer "gran diagnóstico" de las "violencias contemporáneas". La sentencia que teje la arquitectura del trabajo de esta comisión, que es a la vez la clave interpretativa de lo que sucede en el país en ese momento, es que los colombianos estamos signados por un pasado de "cultura de la violencia"; por unas "espirales de violencia que de generación en generación han venido ascendiendo". Nuestra hipótesis, es que a pesar de que el informe se escribe luego de casi 30 años de haberse llevado a cabo la primera comisión, y a que insiste en que sus apreciaciones versan sobre fenómenos nuevos como las denominadas "violencias no negociables" o las violencias de la calle "que matan más que las del monte" (Comisión de Estudios sobre la Violencia, 1987: 18), la II comisión amarra nuevamente a lo largo de varias de sus páginas, una de las sentencias del libro clásico del 62, es decir, la violencia es un dispositivo inserto en el "alma nacional".

De todas formas, el trabajo de esta comisión se inscribe más dentro de un "diagnóstico del presente", a diferencia de la Comisión del 58 y del libro La Violencia en Colombia, que producen una "sociogénesis de la guerra" y una "arqueología del desangre". Más que un diagnóstico regional sobre la violencia en el país, cosa que si fue notoria en la primera comisión, el informe del 87 fue un "diagnóstico general de violencias múltiples"18 con conclusiones y recomendaciones parceladas en unos terrenos, que buscaron incidir sobre los programas de seguridad del gobierno de turno. Especialmente, en un periodo en el que había una necesidad sentida de informes académicos, no solo analíticos sino también propositivos, que avalarán decisiones gubernamentales en la destinación de fondos sobre el tema. Con este trabajo, transitamos básicamente de una "sociología de la Violencia" mezclada con una gran dosis de terapéutica social encaminada a la rehabilitación y la pacificación, como fue el sentido del trabajo del 58 y del libro La Violencia en Colombia, hacia una "sociología de las violencias" con una apuesta política por una "pedagogía de la democracia". Si para los comisionados del año 58, lo esencial era la "pacificación del territorio nacional y la rehabilitación de los afectados" para los comisionados del 87, lo primordial será entonces "buscar los mecanismos para sustituir la cultura de la violencia por una cultura de la paz y la democracia" (Comisión de Estudios sobre la Violencia, 1987: 22).

Luego de estas dos grandes experiencias, se suceden durante los años noventa, iniciativas con menores alcances políticos y académicos, aunque igualmente significativas por el trabajo realizado, las enseñanzas políticas y sobre todo, la experiencia acometida en las regiones. Su principal impronta no será tanto la "historización de la violencia", su "diagnóstico global" o las "grandes arqueologías del desangre", sino más bien, la descripción de casos, los diagnósticos locales, la denuncia de violaciones a los derechos humanos en comunidades sin voz, la construcción de condiciones para el diálogo con las guerrillas, el esclarecimiento de masacres o la denuncia de olvidos y silencios institucionales frente al terror propiciado por los actores armados o el mismo Estado. Aunque ya no son las enormes "correas transmisoras del pasado" o los grandes "vehículos de ofertas de sentidos" sobre el presente o el futuro, como posiblemente lo fueron las dos comisiones anteriores, en ellas se descubre una necesidad también por revelar detalles sobre "ciertas parcelas de nuestra guerra", integrar "nuevas voces" institucionales y sociales que hablen sobre lo que ocurre en las regiones y generar acciones más localizadas para su tramitación y gestión institucional. La labor de estas comisiones será también un campo de batalla entre los gobiernos y ciertos sectores sociales. Examinemos rápidamente algunas de estas experiencias.

En el año 91 se creará la Comisión de Superación de la Violencia, en cumplimiento de los acuerdos de paz entre el gobierno de Cesar Gaviria, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL). La Comisión se encarga por mandato de las Consejerías de Paz y de Derechos Humanos. Su coordinador fue el sociólogo Alejandro Reyes y la integraron personalidades de reconocida trayectoria académica y en el campo de los derechos humanos. Al igual que las dos comisiones anteriores tuvo una cobertura nacional y produjo el informe Pacificar la Paz: lo que no ha se ha negociado en los acuerdos de paz. Ahora bien, si a las dos comisiones anteriores les interesó "radiografiar la violencia", a esta comisión le interesan más las estrategias para consolidar el proceso de paz iniciado con la insurgencia en 1985, y así generar condiciones para la reinserción. Resulta significativa esta iniciativa en tanto integra "voces" de diversos actores, más plurales a las dos comisiones anteriores, entre ellas las de excombatientes, Fuerzas Armadas, organismos de seguridad, autoridades civiles, funcionarios públicos, gremios, organizaciones campesinas, Indígenas, representantes de ONGs y voceros de la Iglesia Católica. Lamentablemente, sus conclusiones y recomendaciones en torno a la relación entre violencia y paz, no serán acogidas por el gobierno de turno. Con dicha experiencia también se realizan diagnósticos locales sobre la guerra, permitiendo la construcción de una especie de "atlas de la violencia" (Sánchez, 2009b). Además, la experiencia permitió avanzar en la construcción de una narrativa sobre los "derechos humanos" al punto de provocar la idea de recopilar y centralizar la información sobre la temática en el país. Uno de sus logros más importantes fue que contribuyó a ponderar la necesidad de los "diálogos regionales" para discutir la situación de violencia en las comunidades (Sánchez, 2009b).

En ese mismo año se nombra la Comisión de Derechos Humanos de la Costa Atlántica (1991) por decreto presidencial 1078 de 1991, en cumplimiento de los acuerdos entre el gobierno y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). La comisión fue integrada por los gobernadores, procuradurías, delegados de los personeros municipales, la Policía Nacional, las Fuerzas Militares, la Conferencia Episcopal y las organizaciones de derechos humanos. Fue una comisión de carácter local, su radio de atención fue la región de Montes de María. Su trabajo se realizó entre 1991 y 1992, suspendiéndose actividades por carencia de apoyo institucional y resurgimiento de violaciones a los derechos humanos. Las labores se reanudaron en 1994. Como parte del acervo de actividades desarrolladas estuvieron los programas, las campañas, los foros de sensibilización y los talleres sobre la situación de derechos humanos. No se tuvo conocimiento de informe final, aunque sí realizó diagnósticos locales y también generó espacios de participación de las organizaciones sociales y las comunidades encaminados a la promoción y defensa de derechos humanos en la región (Cfr. Villarraga, s.f).

Durante 1994 se crean dos comisiones más, ambas en el gobierno de Samper Pizano. La primera es la Comisión de Derechos Humanos, por decreto presidencial 1533 de 1994, en el marco de las negociaciones con la Corriente de Renovación Socialista (CRS). Participan de ella el Ministerio del Interior, el Consejero presidencial, oficiales de la Fuerza Pública, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica, la Cruz Roja Colombiana, ONGs, delegados de la (CRS), el Departamento Nacional de Planeación, la CUT, la Fundación Progresar, Cedavida y la Corporación Región. Tuvo una cobertura Nacional y al parecer no generó un informe final en el sentido estricto de la palabra. Su labor fue interrumpida por el mismo gobierno en 1995. En la coyuntura de esta comisión, existieron ciertos desacuerdos con organizaciones sociales por decretos que expidió el gobierno de Samper Pizano, específicamente los relacionados con la creación de las "zonas de orden público". Pese a que se truncó el proceso, la experiencia permitió construir un escenario para discutir políticas y propuestas en materia de libertades públicas, respeto a las normas del derecho internacional humanitario, reforma penal militar, acuerdos humanitarios y reforma agraria (Cfr. Villarraga, s.f).

La segunda experiencia que se constituyó ese año, fue la Comisión de Investigación de los Sucesos Violentos de Trujillo (CISVT), por decreto presidencial 2771 de 1994. Esta iniciativa nace por las demandas de reconocimiento agenciadas por algunas organizaciones frente a lo que en la región de Trujillo (Valle del Cauca) había ocurrido a finales de los años ochenta. Uno de los motores de su creación fue la Comisión Intercongregacional Justicia y Paz (CIJP) que en el año de 1992 había investigado y documentado por su cuenta, entre 1988 y 1991, una serie de masacres que tuvieron como saldo 63 personas desaparecidas, mutiladas y asesinadas en la región. A esto se sumarán, las presiones y exigencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo ante el cual la CIJP, junto con AFAVIT - Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo, elevó el caso ante la Corte. La CISVT sobre la base del testimonio de un "testigo presencial" llamado Daniel Arcila Cardona, que luego sería desaparecido y asesinado, llegará a la conclusión, que entre el 29 de marzo y el 17 de abril de 1990, ocurrieron en la zona 34 asesinatos (Comisión de Investigación de los Sucesos Violentos de Trujillo, 1995), aunque dejará abierta la posibilidad de reconocimiento futuro de las víctimas documentadas por el (CIJP). Esta comisión tuvo el aval de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a diferencia de lo que había hecho el CIJP llamando a los hechos de la zona como "masacre", tipificaría lo ocurrido allí, desde un punto de vista jurídico-penal, como los "hechos violentos de Trujillo".

Esta comisión resulta sugerente en varios sentidos. En primer lugar, emerge un reconocimiento del Estado colombiano sobre la participación de agentes estatales en esos hechos. En segundo lugar, se introduce la figura del "testigo de excepción" como "narrador clave" que permite recuperar un pasado cruento y contribuir a los procesos de judicialización posteriores de aquellos que participaron en los hechos. En tercer lugar, la forma de nombrar lo ocurrido en la zona y el universo de víctimas reconocidas por el Estado generará una impugnación inmediata de los hechos, cosa que no había sucedido anteriormente en Colombia en otras comisiones. En cuarto lugar, esta experiencia, a diferencia de las otras anteriormente descritas, ayuda a fortalecer un espacio de "lucha memorial" que involucra a distintas organizaciones, las cuales activan y movilizan recursos para buscar reconocimiento explícito de lo que sucedió en la zona y reivindicar así las memorias de las víctimas no reconocidas por el Estado. Finalmente, este caso resultará un antecedente importante para la tarea de reconstrucción de la memoria histórica que tendrá que emprender MH en esta zona19.

Otra iniciativa local de esclarecimiento de hechos de violencia, tendrá lugar en 1998. Conocida con el nombre de Comisión para la Búsqueda de la Verdad en los Eventos de Barrancabermeja, fue nombrada por decreto presidencial 1015 de junio 4 de 1998. Su mandato se orientó a esclarecer hechos sobre la masacre de siete personas y la desaparición de 25 más en la ciudad de Barrancabermeja. Sus resultados se consignaron en un informe final clasificado y los crímenes que se "esclarecieron" quedaron en impunidad (Echeverría, 2007). En ese mismo año también se crean dos iniciativas nacionales conocidas con los nombres de Comisiones para Impulsar y acelerar las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos. Su constitución se hizo por los decretos 2391 y 2429 de 1998 y su función estuvo orientada a investigar violaciones a los derechos humanos. No hubo coordinación entre los miembros de ambas comisiones y no se produjo informe final (Echeverría, 2007).

En 2005 será convocada la Comisión de la verdad de los hechos del Palacio de Justicia por iniciativa de la Corte Suprema de Justicia. Su mandato no fue propiciado por el ejecutivo, ni tampoco recibió apoyo económico o logístico del mismo. Tuvo básicamente la asesoría técnica y metodológica del Centro Internacional para la Justicia Transicional y el apoyo económico de la Fundación Ford y la Comisión Europea. El trabajo de los comisionados consistió en investigar los hechos del Palacio ocurridos entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 durante la toma guerrillera del grupo M-19 (Movimiento 19 de Abril). Esta comisión fue integrada por tres magistrados y no tuvo participación directa de otros sectores de la sociedad. En su informe final se documenta la muerte de más de 100 personas entre magistrados de las Altas Cortes del país, servidores públicos, trabajadores, visitantes ocasionales, miembros de las fuerzas armadas y guerrilleros del M- 19. Un informe preliminar fue entregado en 2006 y uno final en 2009; en ambos se establecieron responsabilidades directas de miembros del grupo guerrillero, de las Fuerzas Armadas y del gobierno de Belisario Betancur.

La Comisión es significativa por varias cosas. De una parte, se recuperan y se condensan, tras veinte años de "silencio oficial", una explicación de los hechos acontecidos y una narrativa experiencial de lo ocurrido durante esos días, a partir de un acervo documental y testimonial significativo. A través de más un centenar de entrevistas y reuniones con sobrevivientes, familiares de víctimas y personalidades políticas, se develan verdades ya conocidas pero no reconocidas por el gobierno de Betancur: por ejemplo, que hubo personas desaparecidas y torturadas (12 personas). De otra parte, la recuperación de estos pasados se vale también de medios documentales como el vídeo, no sólo de los testigos claves, que permitan aportar información directa y confiable de lo que sucedió en la escena de los hechos, por ejemplo, de las personas que salieron vivas de Palacio y que luego de ser conducidas por el ejército desaparecen. Además, la construcción de esta memoria de los hechos del Palacio lleva consigo una forma intencionada de representar y legitimar los hechos ocurridos allí como un "holocausto", como un desangre sistemático, que aún no acaba de pasar para los sobrevivientes y los familiares de las víctimas. Finalmente, éste proceso imputa responsabilidades directas, tanto judiciales como morales, al gobierno de Belisario Betancur, a ciertos agentes militares (uno de los cuales ya fue condenado) y a algunos miembros del M-19, hoy desmovilizados e incorporados en la política. Una de las hipótesis que teje el informe, y que sigue generando discusión por sus implicaciones políticas, es la posible recepción por parte de miembros del M_­­19 de dineros provenientes del narcotráfico (especialmente del narcotraficante Pablo Escobar) con la finalidad de hacer desaparecer los archivos de procesos de extradición. Sin embargo, la imputación más seria que hace esta Comisión es considerar que el objetivo del M_19 era "la realización de un juicio al Presidente de la República por el incumplimiento de los acuerdos de tregua suscritos con el Gobierno Nacional en agosto de 1984, sumado a un golpe de opinión nacional e internacional" (Gómez, Herrera y Pinilla, 2009.

Ahora bien, estas iniciativas no son sólo una constante histórica en el país, sino también un recurso básico para el investigador que intente responder a la pregunta ¿cómo se ha gestionado, interpretado y apropiado histórica, social y políticamente el pasado, el presente y el futuro de nuestra nación? Alrededor de ella quizá surjan otros interrogantes, por ejemplo ¿qué se recuerda y qué se olvida en el país?, ¿cuándo se recuerda y cuándo se olvida?, ¿quiénes lo hacen, cómo y para qué? (Rodríguez, 2008). Incluso, en cada una de estas preguntas se podrían ponderar las tensas y dinámicas relaciones que operan en el largo plazo, entre historia, memoria y guerra, sobre todo cuando algunos autores son del parecer que la característica de la violencia colombiana que termina convertida en los relatos y narraciones como una especie de "potencia anónima", es la imposibilidad de producir una "historia global de lo ocurrido" y unas memorias más allá de lo "mítico" (Pécaut, 2003)20. Pese a esa imposibilidad, estos escenarios institucionales, que a la larga también son "vehículos de memoria y de la historia", revelan que es "posible" construir en medio de la guerra, parcelas de memoria e historia. Un estudio más detallado, que desborda las pretensiones de este artículo, tendrá que acometer la tarea de evidenciar en qué medida el pasado recuperado a través de las comisiones, tuvo la función de esclarecimiento de los hechos para saldar cuentas con unos actores o unos procesos políticos; o hasta qué punto estuvo presente la función de denuncia política o resistencia en relación con aquello que debió ser protegido ante el peligro de desvanecerse, ocultarse o clausurarse por razones e intencionalidades políticas; o qué tanto existió desde ellas, la pretensión de situar, en la memoria pública de la nación, un debate duradero sobre nuestro pasado de violencias. Por ahora, en lo que sigue del artículo, trataremos de evidenciar los alcances y significados de una experiencia reciente y singular, respecto a las descritas antes; tal vez, podamos encontrar en ella, en su artesanía y retos, respuestas más amplias y finas a algunas de estas inquietudes formuladas.

2. La experiencia de Memoria Histórica

Justicia y Paz es el "laboratorio" gubernamental que pretende liderar y ejecutar las políticas de tramitación y gestión de un pasado de violencia que abarca, según la definición oficial, desde 1964 (surgimiento de la insurgencia moderna) hasta 2005 (inicio de la Ley de Justicia y Paz). De entrada, estamos frente a una experiencia y coyuntura política singular, respecto a las descritas antes. Por ejemplo, con éste proceso, adquieren relevancia y visibilidad las víctimas21, al punto de sugerirse que en el marco de ésta iniciativa, el país atraviesa por una "nueva sensibilidad y una obligación social y ética con ellas" (Sánchez, 2009c). De otra parte, a contravía del reconocimiento que en su momento hicieron los gobiernos de Lleras Camargo y Virgilio Barco de la magnitud de la guerra y el desangre, con las comisiones que ellos nombraron, el país estuvo por ocho años frente a un gobierno que a la par que promovió el marco jurídico y político de Justicia y Paz, insistió en el discurso y en la práctica en la negación de la existencia del conflicto armado. Con enormes contradicciones a cuestas, Justicia y Paz avanzó con el relato oficial explicativo de la "amenaza terrorista", pero también con la justificación de la negociación con unos actores y la exclusión del diálogo con otros, y, sobre todo, con el imaginario de un Estado libre de responsabilidades directas frente a la guerra22.

En este escenario, emergen también unos "discursos transicionales caseros" articulados a una "nueva consciencia humanitaria global" (Reyes Mate, 2008). En nuestro caso, estos discursos emanan de unos agentes gubernamentales y de los actores desmovilizados en el proceso, que amparados en Justicia y Paz, reclaman de manera pragmática y sospechosa, más reconciliación que justicia y en algunos casos, más "derecho a olvidar" que "deber de recordar". De otra parte, aparecen por doquier y cada vez con más fuerza política "narrativas humanitarias" que, propiciadas por organizaciones de víctimas y colectivos de derechos humanos, demandan con urgencia políticas de memoria frente a las políticas de olvido del sistema colombiano. Por si fuera poco, comienzan a construirse o a ser más visibles, desde diversos ángulos, innumerables "relatos del conflicto", ya no sólo narrativas oficiales condensadas en informes de gobierno, sino repertorios y tecnologías plurales y performativas sobre el pasado (Uribe, 2009)23. A esto se añade la activación de unos "mercados de memoria" y unas "luchas memoriales" que colocan en escena las tensiones entre sectores hegemónicos y subalternos, por la representación del pasado, la descripción del presente y la construcción del futuro de la nación.

Ahora bien, dos motores institucionales que sobresalen aquí, precisamente porque nunca antes se habían constituido con las comisiones mencionadas, o al menos no en la magnitud y con los mandatos con los que cuentan ahora, son la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) y el Área de Memoria Histórica (MH). La primera, creada por la ley 975, tiene a su cargo durante ocho años, funciones extremadamente ambiciosas que realizar en una misma coyuntura política, por ejemplo, acompañar los procesos de desmovilización de actores armados ilegales, facilitar la reincorporación de los mismos, atender de manera integral a las víctimas, ejecutar políticas de justicia y verdad, y generar mecanismos de reparación simbólico-material para ellas. Es de conocimiento público que el actual diseño institucional de la CNRR, impide que se convierta pronto en una Comisión de la Verdad como tal24, con un mandato autónomo y con más efectividad en sus procedimientos de justicia y verdad. Muchos de sus críticos, la consideran un escenario profundamente ambiguo y dependiente de sus políticas y decisiones, lo que bloquea sus resultados y pretensiones. Para otros, resulta ser un organismo cuyas acciones operativas en las regiones han terminado desdibujadas y siendo poco eficaces en materia de justicia transicional (Corporación Viva la Ciudadanía, 2008)25.

Por su parte, Memoria Histórica26 lidera por mandato de la CNRR, la "reconstrucción global" del origen y evolución del conflicto armado interno en los últimos 45 años; en particular, la memoria de todos aquellos hechos derivados de los actos cometidos por los grupos armados ilegales, tal y como los define el marco jurídico de Justicia y Paz27. Aunque MH ha buscado mantener cierta autonomía académica, metodológica y operativa de su trabajo respecto de la CNRR, ganando hasta ahora un importante terreno al respecto, lo cierto es que su equipo de investigación tiene que trabajar, sorteando disputas, tensiones y controversias con sectores académicos, políticos, organizativos y comunitarios en el país. Los dos primeros cuestionan la "supuesta" autonomía del equipo, así como sus estrategias metodológicas y sus intencionalidades políticas en el levantamiento de la memoria28. Los dos últimos sectores, entre los cuales se cuentan las organizaciones de víctimas, los familiares y los sobrevivientes, han exigido a MH "negociar" su entrada, aceptación, permanencia y continuidad en las zonas donde recabaron información para los casos emblemáticos o lideraron iniciativas de memoria. Esta negociación se extiende, también a la concertación de aspectos decisivos que deben contener los informes, la participación de las comunidades en ellos y las estrategias de divulgación29.

La experiencia condensada hasta ahora por MH es decisiva, sin lugar a dudas, para responder ¿cómo se está avanzando en el país en la construcción de relatos literales e históricos sobre el terror?, ¿cómo se profundiza en el levantamiento de "memorias ejemplares" en contextos de masacre? y, ¿cómo se colocan en escena unas "políticas de memoria"? Este último aspecto, no contemplado en el artículo, ayudaría a reconocer que una comisión como ésta es un "marco de poder representacional"30 a través del cual, diversos actores, producen y recrean unas ofertas de significado dinámicas y tensas sobre el pasado y el futuro nacionales. Éste marco, termina articulándose a unos usos y a unas resignificaciones culturales. A continuación, revisaremos con más detalle, algunas de las lógicas de trabajo de MH, las dimensiones involucradas en la experiencia y los alcances de su iniciativa, especialmente con los "informes emblemáticos" que han publicado.

MH es un equipo de trabajo con "acumulados académicos" en la labor de la reconstrucción de la memoria del conflicto. Respecto a las otras iniciativas analizadas arriba, por ejemplo la comisión del 87, encontramos más pluralidad académica y biográfica en su composición, aunque también existen investigadores que se han reciclado de anteriores procesos. Tal es el caso de su actual coordinador, Gonzalo Sánchez y de Álvaro Camacho, coordinador del primer informe emblemático Trujillo: una Tragedia que no cesa; ambos integraron la comisión del 87. Alrededor de ellos, se observa la emergencia de investigadores noveles, que están contribuyendo en la elaboración de otros informes y, posiblemente, en la consolidación de "nuevas agendas" de investigación en los estudios sobre violencia en el país31. Pero es también un equipo con una "heterogeneidad en las lecturas del conflicto". Sus trayectorias académicas, sus pasados y presentes políticos permiten entender que entre sus integrantes existan diferencias conceptuales, quiebres analíticos y posturas de país diversas, a pesar de participar de una misma experiencia. No debería pasarse por alto y tan a la ligera este pequeño indicador de "heterogeneidad" que puede permitirnos entender que MH no es exclusivamente un grupo "compacto" de intelectuales funcionales al establecimiento o "cooptados por el sistema", o un conjunto de "expertos" encapsulados, donde todos al "unísono", se encuentran subordinados en sus razones académicas y políticas a los designios estatales.32

De otra parte, la metodología utilizada para la reconstrucción y recuperación del pasado es singular respecto de otras iniciativas arriba consideradas. La experiencia del 58 utilizó técnicas clásicas como el testimonio y la triangulación de información con archivos y fuentes oficiales. La del 87 se valió de fuentes oficiales, estadísticas incipientes e información suministrada por memorandos solicitados intencionalmente a actores claves. Esta nueva experiencia, si bien hace uso de varias de estas técnicas, diseñó un marco y una ruta metodológica de más largo alcance, cuyo pivote básico, no el único, son los denominados "casos emblemáticos", capaces "de ilustrar procesos y tendencias de la violencia" entre 1964 y 2005. Con éste marco metodológico se persiguen al menos dos cosas. De una parte, explicar las causalidades de la violencia y los discursos y representaciones de las víctimas y los perpetradores. De otra parte, recoger e integrar "memorias aisladas" sobre los hechos sucedidos, las cuales al final se articularán a un "relato global interpretativo" bajo la figura de "memorias emblemáticas", que condensan informes parciales sobre lo acontecido. Los casos emblemáticos, serían en esencia, "lugares de condensación" de contextos, procesos y subjetividades, que permitirían integrar un conocimiento de la guerra, una descripción de los escenarios sociopolíticos de las masacres y la integración de relatos y trayectorias personales, sociales y políticas de las víctimas (CNRR-Grupo de Memoria Histórica, 2009a; 2009c).

Además, en la escogencia de estos casos, se estarían ponderando criterios que van desde el "grado de sistematicidad, voracidad y dolor" de ciertos eventos históricos que han sido significativos en el país, por ejemplo las masacres, hasta la "voz autorizada" de los especialistas que conocen las zonas; también estarían, las demandas sociales de las víctimas, o las condenas emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto último, sería evidente en la selección de los casos de la Rochela y Trujillo. De todas formas, esta metodología acarrea algunas críticas al grupo, especialmente porque se considera que en su afán de ser "políticamente correcto" con el proceso de Justicia y Paz, dejó afuera una amplia cantidad de casos, teniendo en cuenta el gran espectro de situaciones y sujetos dignos de ser estudiadas. Frente al tema, Gonzalo Sánchez33 ha sido enfático al afirmar que "una experiencia tan limitada en tiempo y recursos para abordar todo lo que la guerra tan prolongada de nuestro país demanda, seleccionar más casos sería sencillamente un "imposible empírico". De todas formas, ello estaría revelando que la iniciativa de memoria emprendida por éste grupo, se mueve en un terreno enormemente disputado y controvertido (aspecto a todas luces saludable para el proceso y la nación) por diversos sectores sociales, especialmente por organizaciones de víctimas.

Ahora bien, metodológica y políticamente el equipo de trabajo se enfrenta a una tarea que resulta problemática por el período de tiempo tan heterogéneo y nada fácil de negociar en el proceso de reconstrucción de la memoria. Mientras en Argentina y Guatemala, sólo por colocar dos ejemplos, el asunto fue zanjado por las comisiones allí creadas, dado que se tenían cortes epocales más o menos claros sobre cuando había comenzado la dictadura o la guerra civil, en nuestro país el asunto es a otro precio (Cfr. Jaramillo, 2009). El período que se pretende reconstruir va desde 1964, momento en el que surgen las FARC como movimiento insurgente, hasta 2005, cuando se inicia el proceso de Justicia y Paz. Sin embargo, en esos 46 años, hay distintos momentos emblemáticos del desangre, hay quiebres de época que no son contemplados por ahora en los casos escogidos; por fuera de esos años también hay momentos ejemplares que no han sido considerados. Quizá sea importante recordar lo que ha dicho su coordinador al respecto y es que "la temporalidad es la primera batalla de la memoria en Colombia" (Cfr. Sánchez, 2007). En ese sentido, el tema tiene fuertes implicaciones políticas desde el ángulo que se vea. Alargar y acortar ésta temporalidad, tiene efectos en la narración de los hechos, en el universo de víctimas a considerar en los procesos de reparación, en los alcances de la justicia con los victimarios y en el esclarecimiento de la verdad futura para la nación. En todo caso, es un enorme reto para el equipo establecer en el "relato global" que condense todo el acumulado de casos emblemáticos y temáticos34, una justificación amplia y argumentada sobre esta cronologización.

Por su parte, los informes emblemáticos producidos hasta ahora35 tampoco son un salto al vacío en la memoria de la guerra de este país. Ambos recogen y sintetizan material de discusión que ya se conocía por otras comisiones (como en el caso de Trujillo, Valle) o que se obtuvieron en otras instancias de investigación (por ejemplo, en El Salado), pero que resultan reveladores por las informaciones inéditas que contienen de las víctimas, por la incorporación de testimonios de los victimarios, por los archivos oficiales consignados (por ejemplo, los expedientes penales) y porque además revelan cómo se invisibilizaron institucionalmente o por parte de los actores armados, las masacres, o se marginalizaron las memorias de las víctimas en los medios de comunicación o en las agendas políticas. Al igual que el informe Guatemala: memoria del Silencio (CEH, 1999) sólo por traer a la memoria uno de los informes clásicos, estos dos "archivos del dolor"36 que son Trujillo y El Salado, no se limitan a ser exposiciones oficiales sobre los hechos de crueldad ocurridos en esas zonas, revelan en la escena pública, la magnitud de la "ingeniería del terror", el "espectáculo de horror" y "la etnografía del dolor" (CNRR &- Grupo de Memoria Histórica, 2008; 2009a).

Así, el informe, Trujillo: una tragedia que no cesa (CNRR &- Grupo de Memoria Histórica, 2008) avanza, tal y como lo habían exigido históricamente las organizaciones de víctimas, en el reconocimiento oficial de que en esa zona y en los municipios aledaños (Bolívar y Riofrío) lo ocurrido entre 1986 y 1994 fue resultado de una serie de "masacres" sistemáticas, en las que murieron 342 mujeres y hombres entre 25 y 29 años, en su mayoría campesinos, líderes políticos y religiosos. Estas personas fueron torturadas y luego serían asesinadas, mediante un proceso de eliminación "contrainsurgente" liderado por paramilitares, narcotraficantes y agentes estatales. Por su parte, el informe La Masacre de El Salado: esa guerra no era nuestra, condensa e integra eventos de violencia masiva perpetrados por los paramilitares en la región de Montes de María entre 1999 y 2001, los cuales se "materializaron en 42 masacres que dejaron 354 víctimas fatales" (CNRR-Grupo de Memoria Histórica, 2009a). La investigación que adelantó MH en este caso, se concentró en particular, en la "masacre" perpetrada por 450 paramilitares, entre el 16 y el 21 de febrero de 2000, en el corregimiento de El Salado del municipio de El Carmen de Bolívar37. El saldo de la misma fueron 60 víctimas, en su mayoría trabajadores rurales. Entre las víctimas torturadas y posteriormente asesinadas, estaban 52 hombres y 8 mujeres, y entre ellas había menores, jóvenes, adultos jóvenes y adultos mayores. El informe registra también varias sobrevivientes de violencia sexual, de tortura física y psicológica, así como víctimas de daño en bien ajeno y un número considerable de víctimas de desplazamiento forzado38 (CNRR &- Grupo de Memoria Histórica, 2009a).

En todos ellos, MH coloca de presente una relación con el pasado de las víctimas, bajo una especie de "imperativo moral del recuerdo" (De Gamboa, 2005:315). Imperativo que conlleva romper el silencio institucional al cual fueron abocadas las comunidades donde se experimentaron las masacres. Allí, la memoria histórica aparece como una "estrategia para vencer el silencio y la rutinización"; claro está, no es la única, las comunidades también construyen otras formas y tienen repertorios diversos39. De todas formas, el trabajo de memoria del grupo, ha permitido evidenciar, en la escena pública, que en dichas comunidades existen un conjunto de procesos, prácticas, subjetividades y narrativas ligadas al dolor, al estigma, a la necesidad de superarlo y a la resistencia al olvido. Lo interesante aquí es que aunque el informe es un depósito de narrativas "subjetivas", también funciona como dispositivo de historización de los relatos, de los producidos por las víctimas, los victimarios, los agentes estatales, los sistemas de justicia. Su historización permite evitar ambigüedades o falta de coherencia en los relatos, pero también favorece que las formas de narrar, de olvidar y de silenciar, se conviertan en objeto de análisis para el investigador social. Es posible, además, considerar a estos informes como espacios de lucha y legitimación. En relación con lo primero, la memoria que ellos contienen nunca es neutral (Jelin, 2002). En cuanto a lo segundo, terminan por "legitimar simbólicamente las voces y demandas de las víctimas", contribuyendo a la "socialización del dolor y a la transmutación en realidad pública de aquello que es, en primera instancia, privado e incomunicable" (Reátegui, 2009: 29).

Los informes producidos facilitan también una descripción densa de testimonios y escenas, revelando la necesidad de nombrar "literalmente" el dolor producido. Por ejemplo, dar cuenta que lo ocurrido en Trujillo y El Salado no correspondió solamente a "hechos violentos" o "excesos" de los grupos armados ilegales o del Estado, sino que allí ocurrieron "masacres", "fiestas de sangre" y "derroches de violencia". Admitir que en esos lugares, existió participación directa o indirecta y con nombres específicos, de miembros de grupos paramilitares, de narcotraficantes y del personal de la fuerza pública colombiana40 También ha sido importante evidenciar que algunos de los perpetradores de dichas masacres fueron especialistas y profesionales en su oficio. Que tanto en espacios privados como públicos, por ejemplo una "finca"41 o una "cancha de futbol", a la vista de todos y con el ruido de los equipos de sonido, se aprendieron a legitimar herramientas de tortura y muerte como la "motosierra", o técnicas como el descuartizamiento o los "empalamientos" de cuerpos de mujeres. A esto se agrega la revelación de las rutas de sangre que en algunos casos se fueron tejiendo durante varios días, como en El Salado, o durante varios años, como en el caso de Trujillo, sin que las autoridades y los medios de comunicación hayan evidenciado su verdadera magnitud o contribuido a su freno.

Estos informes expresan también las diversas maneras cómo se pluralizan, se cruzan, se enfrentan y se superponen las distintas memorias y las voces frente a un mismo acontecimiento. Siguiendo a Jelin (2006) diríamos que lo que opera aquí es una permanente lucha por la legitimidad de la palabra. En el caso de estos dos informes, MH lo que hace es evidenciar las múltiples interpretaciones de los hechos y las diversas memorias de los actores. Por ejemplo, las "memorias de resistencia y denuncia" de organizaciones como AFAVIT para el caso de Trujillo, o las "identitarias" y "performativas" sostenidas tanto por los sobrevivientes como por las Mujeres Unidas de El Salado. En este espacio también caben las "memorias victimizadoras", las de los paramilitares, que como en el caso de El Salado, pretendieron legitimar una versión particular de los hechos, afirmando que lo ocurrido allí fue parte de un "operativo militar", de "un combate" normal entre grupos armados, o de una "práctica efectiva y selectiva" de eliminación de guerrilleros. Las memorias de los "medios de comunicación" que hicieron eco de las visiones de los perpetradores; o las memorias del ejército colombiano que pretendieron posicionar inicialmente la narrativa neutral de los combates.

Finalmente, un aspecto central de este trabajo de MH que hemos tratado de describir parcialmente en este artículo, es que abre una transición desde la descripción de un pasado literal hacia unas memorias ejemplares contra el olvido, hacia unos espacios pedagógicos y públicos de tramitación de lo ocurrido. Con ello se busca dignificar a la víctima, ayudar a la remoción del estigma que pesa sobre ella. Pero también se persigue la responsabilización histórica del Estado, el establecimiento de responsabilidades judiciales para los victimarios y la recuperación moral del sobreviviente y de sus familiares frente al silencio al que fueron condenados. Es decir, sin negar la "singularidad" de la experiencia de la masacre, MH intenta transformar la evidencia de ella, en una demanda generalizada y pública, "donde el dolor causado por el recuerdo es superado para que no invada la vida, [extrayendo] lecciones para que el pasado se convierta en principio de acción para el presente y el futuro" (Jelin, 2006: 23). De todas formas somos conscientes que la novedad del proceso, impide aún identificar con claridad qué tanto los sobrevivientes están convirtiendo estas "etnografías del dolor" en "memorias ciudadanas". Lo que si sabemos al día de hoy es que están emergiendo o consolidándose unos "mantenedores y motores" de la resistencia y la denuncia (Cfr. Jelin, 2006; Allier, 2009). En los casos de Trujillo y El Salado son una expresión de ello, las mujeres y los jóvenes. También se están consolidando procesos organizativos locales, y las comunidades están movilizando sus demandas de justicia y verdad a nivel local e internacional, a partir de los mismos informes.

Consideraciones finales

1. En Colombia, por lo que hemos presentado y discutido, existe una constante histórica y es "ceder" en medio del desangre y el terror, unos espacios institucionales de "tregua" para explicar la violencia, narrar el dolor y luchar contra el olvido. Mientras otros países han requerido del posconflicto para recuperar su memoria y hacer historia de la represión y el conflicto, nosotros lo hemos hecho hasta ahora, desde nuestra "guerra sin transición". La pregunta obligada aquí será, ¿qué pasará con la memoria y la historia de nuestra guerra, en el momento que ocurra realmente una transición?

2. Las iniciativas aquí abordadas si bien operan como dispositivos sociales y políticos de administración y tramitación de lo ocurrido, su particularidad es que hacen inteligible el terror y el dolor, a través de una serie de lenguajes, escrituras y prácticas nominativas. Con ellas, los gobiernos y otros sectores sociales, perfilan y calibran una mirada sobre la guerra, realizan un recorte explicativo e interpretativo sobre lo sucedido e instauran o subvierten lecturas emblemáticas sobre los pasados.

3. Parece también que estas iniciativas no son sólo escenarios para administrar el relato de lo que aconteció, sino escenarios de disputa y tensión política sobre lo que ocurrió, se narró y se divulgó. El carácter de la disputa se relaciona también con las coyunturas críticas donde se llevaron a cabo y las apuestas políticas de ciertos sectores. Hace más de cincuenta años, el gobierno de Lleras Camargo apostó a la pacificación y rehabilitación a través de la Comisión, pero las élites conservadores y la Iglesia disputaron el trabajo de la Comisión y lo consignado en el Libro la Violencia, por considerar que no era momento de historizar la violencia, abrir las heridas y juzgar lo acontecido. Hoy, ciertas organizaciones de víctimas y sectores académicos, disputan con MH la tarea de reconstrucción y recuperación del pasado, problematizan los dispositivos metodológicos y las apuestas ético-políticas del grupo en el marco de un proceso enrevesado como Justicia y Paz. Pero también otros sectores, entre los que me incluyo, consideran que hay una apuesta potente en esta experiencia, que está posibilitando "rutas" significativas para luchar contra el olvido y favorecer procesos de reparación y de justicia.

4. Finalmente, no debe olvidársenos que los informes y las comisiones experimentan ciclos y formas de apropiación y resignificación muy variables con el tiempo. Al principio son aplaudidos, confrontados, y posiblemente apropiados históricamente; luego de un tiempo, son relegados a los anaqueles institucionales o al olvido de los políticos y de las acciones gubernamentales, para más adelante ser reabiertos por los investigadores, las víctimas y los colectivos sociales como herramientas académicas, jurídicas o de resistencia. Ninguna de estas experiencias descritas aquí, puede escapar a ese designio.

Citas de pie de página

2 Por ejemplo, Argentina, Chile, Guatemala, Irlanda del Norte, Perú, Sudáfrica, Uruguay, entre otros.

3 Es bien reconocido, que los aspectos "más frágiles" de la iniciativa, conciernen a la efectiva desmovilización de las estructuras paramilitares y, especialmente, al diseño y aplicación de ciertas políticas de justicia, verdad y reparación. Balances al respecto, desde diversos ángulos críticos, analíticos y con distintas valoraciones políticas, se pueden encontrar en (Orozco, 2009; Pizarro, 2010; Rangel, 2009; Díaz, Sánchez y Uprimny, 2009).

4 Hablamos de "subcomisión" porque Memoria Histórica es un área de trabajo dentro de una gran comisión que es la CNRR, que integra otras subcomisiones de trabajo y con ellas funciones de todo tipo, por ejemplo: la reparación y atención a víctimas, la reconciliación, la desmovilización, el desarme y la reinserción de los grupos armados ilegales, la atención a la problemática de género y a poblaciones específicas.

5 Retomo aquí las nociones de "memoria literal" y "memoria ejemplar" de Todorov (2000).

6 Éste número es producto de la investigación realizada por el autor y no está exento de ser ampliado posteriormente. No se tuvieron en cuenta, por ejemplo, comisiones locales creadas en los noventa en Urabá, Apartadó y Meta, las cuales surgieron como iniciativas más sociales que institucionales (Villarraga, s.f). Tampoco se tuvo en cuenta el Tribunal Permanente de los Pueblos que funcionó en el país en 1989 (Cfr. Echeverría, 2007). Para ampliar la discusión sobre las comisiones se recomiendan los trabajos de Springer (2002) y Procuraduría General de la Nación (2008).

7 Priscilla Hayner (2008) sintetiza en cinco las condiciones &- tipo para las comisiones de la verdad: 1. Clarificación y reconocimiento de la verdad; 2. Privilegio de las necesidades e intereses de las víctimas; 3. Contribución a la justicia y al rendimiento de cuentas; 4. Esbozo de la responsabilidad institucional y recomendación de nuevas reformas; 5. Fomento de la reconciliación y reducir de tensiones. En la historia nacional la gran mayoría de las comisiones, como se podrá observar, reúnen uno o varios de estos criterios pero no todos en su conjunto; quizá algunas de ellas probablemente puedan ser asimiladas a modalidades de "comisiones extrajudiciales" dado que comparten y siguen algunos parámetros de las denominadas comisiones de la verdad, sin serlo realmente. Para ampliar la discusión consultar Ceballos (2009) y Grandin (2005).

8 Este es un tema no agotado en la discusión. Unos autores son del parecer que sí hay horizontes transicionales hacia el postconflicto (Cfr. Pizarro, 2007a; 2007b; 2010). Otros hablan de una transición con "equilibrios tensionantes" entre visiones contextualistas - realistas y visiones universalistas -idealistas alrededor de la justicia, la verdad y la memoria (Orozco, 2009). Algunos les preocupa la "instrumentación política" de los "discursos transicionales" sobre todo para justificar la reconciliación sobre la justicia, el perdón sobre la verdad o el olvido funcional sobre la memoria ejemplar (Cortés, 2009). Otros consideran que lo que sucede en el país es una clara muestra de "justicia transicional sin transición" (Uprimny y Safón, 2006); también los hay que consideran que nuestra historia está plagada de "transiciones fallidas" (Gamboa, 2007).

9 Paralelos o incluso con anterioridad, han operado y siguen haciéndolo en el país, varias "iniciativas no oficiales" de promoción y defensa de la recuperación del pasado en función de procurar justicia y reparación con las víctimas históricas del conflicto armado. Para un balance de las mismas, dado que es un tema que escapa a nuestros objetivos, se recomienda (Briceño, Reátegui, Rivera y Uprimny, 2009; CNRR, Grupo de Memoria Histórica, 2009b).

10 Por ejemplo, la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia fue nombrada por mandato de la Corte Suprema de Justicia no por mandato del ejecutivo.

11 Periódico El Espectador, 27 de mayo de 1958.

12 Prólogo de Fals Borda a la edición de La Violencia en Colombia de 1962, en Guzmán, Fals Borda y Umaña (2005:29).

13 Su mandato inicial fue de sesenta días, pero el gobierno de Lleras lo fue ampliando.

14 Revista Semana, Junio 21 &- 27 de 1958.

15 Este término es tomado de (Crenzel, 2008) y sirve en este caso, para afirmar que el libro y la comisión funcionaron como estrategia política y narrativa predominante, a partir de la cual muchos sectores sociales recordaron y representaron el pasado y el presente de la Violencia.

16 Palabras de Guzmán Campos, en Guzmán, Fals Borda y Umaña (2005: 497).

17 Si la primera Comisión estuvo integrada por "ilustres personalidades políticas y literarias", al menos dos de sus miembros fueron reconocidos en las letras, tal fue el caso de Morales Benítez y de Ramírez Moreno, la experiencia del 87 sería integrada por "expertos en violencia". Algunos de sus integrantes como Gonzalo Sánchez (coordinador), Álvaro Guzmán Barney, Jaime Arocha, Álvaro Camacho, Carlos Eduardo Jaramillo, Carlos Miguel Ortíz, tenían trabajos canónicos sobre la violencia, cuya consolidación se daría antes o después de conformada esta iniciativa, pero siendo ella un "parte aguas" en sus trayectorias académicas. Otros, como Eduardo Pizarro, llegarían a figurar políticamente en el actual proceso de Justicia y Paz. De todas formas, su carácter de "expertos", con el tiempo "objetivados" dentro de un campo de conocimiento como violentólogos (etiqueta desafortunada para su trabajo, según lo refirió Guzmán Barney en entrevista realizada en la ciudad de Cali el 17 de mayo), fue una de las principales razones para ganar en reconocimiento gubernamental y social, legitimidad que se extiende hasta el día de hoy sobre muchos de ellos.

18 El ejercicio taxonómico (excesivo para algunos de los críticos de esta comisión) lleva a los investigadores a identificar diez modalidades de violencia, con sus respectivos actores y lógicas. Por ejemplo, las asociadas al "crimen organizado contra políticos y periodistas", "al crimen organizado contra personas privadas", "a la violencia de la guerrilla dirigida contra el Estado", "de las guerrillas contra los partidos políticos", "del Estado contra movimientos sociales", "de particulares no organizados" y "de particulares organizados". Al interior de modalidades específicas de violencia, como pasa con la violencia urbana se hicieron subclasificaciones (la económica, la privada, la de cuello blanco, etc).

19 Resultado de esa lucha por el "sentido del pasado", distintas organizaciones de la zona, en colaboración con sectores de la Iglesia Católica, crean en el año de 1997 un Comité de Evaluación de los Casos de Trujillo (CECT) para esclarecer de forma "no oficial" lo ocurrido allí.

20 Daniel Pécaut, parece sugerir que la "violencia" como dispositivo discursivo, es una especie de "potencia anónima" que acompaña a los colombianos "desde siempre" en sus relatos, y frente a la cual no se sabe a ciencia cierta cuándo alguien habla, si remite a un "lugar", a una "temporalidad dada", a "un sector de la población", o a unos "personajes asesinados o muertos" de manera dramática. Este "pasado mítico" no acaba de ser pasado-pasado, está presente en muchos relatos fragmentados de nuestra historia como pasado-presente, no tiene un comienzo ni un final definido, y por tal motivo, no es fácilmente recuperable bajo un "relato global histórico" (Pécaut, 2003).

21 Aunque las víctimas adquieren visibilidad, no podemos desconocer que ellas son uno de los eslabones más débiles de Justicia y Paz. En este sentido, como ha dicho un analista, nuestras víctimas "tienen un enorme diferencial de poder, dado que no son los mismos poderes con los que cuentan las víctimas de la guerrilla que aquellos con los que cuentan las víctimas de los paramilitares" (Orozco, 2009: 193). El tema aunque escapa a las pretensiones del artículo es importante porque no sólo hay diferenciales de poder entre víctimas de un lado y otro, sino también un porcentaje elevado de unas "muy débiles" vengan de donde vengan. Específicamente porque aún no tienen acceso fácil a los procedimientos de justicia por los lugares tan lejanos donde viven, o porque no cuentan con representantes legales oficiosos, o no pueden acceder a las versiones libres por falta de recursos o por temor, o porque no entienden o se niegan aceptar que en las versiones libres algunos temas siguen siendo vedados, por ejemplo la "tierra"; también están aquellas que desconocen en su "integralidad" los procesos jurídicos o las instancias directas a las que acudir para denunciar o solicitar reparación, o que incluso son instrumentalizadas por líderes inescrupulosos, funcionarios públicos o mercaderes del activismo.

22 El gobierno de Uribe Vélez y por ende Justicia y Paz, asumieron que el Estado colombiano no es responsable directo de la guerra, sino sólo un actor "solidario" con las víctimas que otros producen. Lo cuestionable es que con ello no sólo se suspende la responsabilidad histórica y judicial en los hechos crueles, sino que también se sitúa al Estado como una especie de "arquetipo institucional incólume", en una posición cómoda de "actor imparcial" de un conflicto que el mismo ayudó a producir y perpetuar históricamente.

23 Estos repertorios condensan estrategias corporales, visuales, sonoras y auditivas, entre otras.

24 La creación de esta comisión fue sugerida en 2009 al gobierno nacional, por la Corte Suprema de Justicia. Su solicitud iba encaminada a esclarecer los crímenes cometidos por los paramilitares que se desmovilizaron al amparo de la Ley de Justicia y Paz. Este llamado se hizo en el marco de un serio cuestionamiento, luego de cuatro años, a la efectividad de los procesos judiciales amparados en esta Ley. Recientemente, el Alto Comisionado para la Paz, Frank Pearl, aseguró que no se necesita una comisión de la verdad en el país, puesto que ya existe un Área de Memoria Histórica para ello, y eso sería duplicar funciones de forma innecesaria. Cfr. "No necesitamos una comisión de la verdad". El Espectador, Junio 19 de 2010. En entrevista con varios de los miembros de este grupo, pese a las declaraciones del Alto Comisionado, se hizo la salvedad de las diferencias radicales entre uno y otro escenario.

25 Aunque se realizan críticas válidas sobre la CNRR, también hace falta un trabajo más fino de investigación, más allá de los lugares comunes; uno que involucre aspectos etnográficos en las regiones donde operan las sedes de la Comisión, para dar cuenta de las lógicas de trabajo, de las prácticas de los equipos de las distintas áreas, así como de los efectos e implicaciones de sus acciones.

26 MH lo conforman un grupo de diecisiete investigadores nacionales y un comité consultivo de ocho académicos extranjeros. La mayoría de sus miembros son investigadores, profesores universitarios, directores de centros de investigación y consultores independientes. A este grupo se suma un número importante de asistentes de investigación que contribuyen en el trabajo de campo a nivel regional, específicamente en el proceso de recolección y análisis de información.

27 Como sujetos de ley de Justicia y Paz se encuentran los denominados "grupos armados ilegales" (GAI), es decir, grupos de autodefensa y guerrilla, directos responsables del "terrorismo" según el gobierno. El asunto es que el conflicto armado interno que el gobierno de Uribe Vélez negó enfáticamente, tiene más actores históricos: la insurgencia que no se desmovilizó y por ahora no piensa hacerlo; agentes estatales; empresarios; grandes terratenientes; narcotraficantes, y miembros de grupos de autodefensa que siguen delinquiendo o que se han rearmado.

28 En conversaciones con algunas organizaciones sociales y académicos, se habló de que este grupo, pese a lo loable de su tarea, puede correr el riesgo, al menos en esta coyuntura de Justicia y Paz y con el gobierno de Uribe Vélez, de "emblematizar la memoria", "volverla un patrimonio de expertos", "ser funcionales al sistema".

29 Estos asuntos fueron abordados en conversaciones con algunos miembros de MH.

30 La noción de "marco de poder" la apropio de Lechner y Güell (2002), los cuales la utilizan para mostrar cómo las políticas de memoria no sólo sirven para administrar el pasado, sino que sus efectos van más allá de nuestra relación con los conflictos vividos y ayudan a entrever el futuro nacional, además están afectadas por los contextos sociopolíticos en los que operan.

31 Tal es el caso de Andrés Suárez, que coordinó el informe El Salado esa guerra no era nuestra; o el caso de Martha Nubia Bello que coordina el informe sobre Bojayá, que saldrá para la 3ª semana de memoria en septiembre de este año. Así como la primera y segunda comisión ayudaron a la formación y consolidación de unas temáticas dentro de un campo de estudios sobre la violencia en el país, esta nueva experiencia podría generar agendas de análisis potencialmente ricas, por ejemplo, los impactos psicosociales de la guerra, las etnografías del dolor o las dimensiones públicas del terror.

32 En varias entrevistas con sus miembros he percibido la emergencia de estrategias y posiciones discursivas no necesariamente convergentes frente al conflicto, que revelan en parte el "clima interno" de esta comisión. Así mismo, quedan al descubierto ciertas lógicas comunes de acción, tensiones y rupturas frente a la tarea que han emprendido. Desde luego estas posiciones y estrategias están amarradas a unas "coyunturas críticas" de la guerra y a unos "discursos institucionales" sobre el presente y el futuro nacionales, agenciados por el gobierno de turno, por los grupos de presión y por las organizaciones de víctimas.

33 Conversación sostenida en Bogotá, el 8 de julio de 2010.

34 Además de informes sobre masacres emblemáticas, también el equipo ha trabajado en informes temáticos (memorias en tiempos de guerra) y en la elaboración de herramientas metodológicas para ayudar a la formación de gestores de memoria. Otros informes temáticos que están en curso son "despojo de tierras en los departamentos de Córdoba y Sucre". Para ampliar, se sugiere visitar http://www.memoriahistorica-cnrr.org.co.

35 En camino vienen otros tres casos emblemáticos: Bojayá, la Rochela y Bahía Portete.

36 La expresión la tomo prestada de Castillejo (2009).

37 La masacre fue una ruta de terror que incluyó el sitio la Loma de las Vacas y la vereda El Balguero en El Salado; también los corregimientos de Canutal y Canutalito y las veredas Pativaca, El Cielito y Bajo Grande en el municipio de Ovejas; y la vereda de la Sierra en Córdoba (CNRR-Grupo de Memoria Histórica, 2009a: 7-38).

38 Aproximadamente 4.000 personas, de las cuales 730 regresaron a la zona. La mayoría de estas personas se desplazaron para El Carmen de Bolívar, Sincelejo, Barranquilla y Cartagena. (CNRR-Grupo de Memoria Histórica, 2009a).

39 Por ejemplo, tanto en Trujillo como en El Salado, se han construido Monumentos a las Víctimas. La Asociación de Familiares Víctimas de Trujillo (AFAVIT) se encuentra desde hace algún tiempo construyendo una galería de memoria de sus víctimas y tiene una apuesta enorme en las estéticas del dolor. En El Salado se han pintado dragones en las fachadas de las casas y se han realizado murales, bajo el liderazgo de la organización Mujeres Unidas de El Salado.

40 El ejercicio de nombrar lo innombrable es crucial en estos procesos de memoria, especialmente para ayudar a transitar del "olvido rutinizado" a la visibilización del perpetrador. Así, ha sido importante nombrar a John Henao, alias "H2", delegado de Carlos Castaño, como el coordinador de la masacre de El Salado; también a Alias "El Gallo", o Alias "Cadena" como coordinadores de las estructuras paramilitares que posibilitaron la incursión. Para el caso de Trujillo, nombrar a Diego Montoya, alias Don Diego, y Henry Loaiza, alias el Alacrán; al Mayor Alirio Urueña, comandante del Puesto de Mando Adelantado (pdma) del Ejercito Nacional quien coordinaba las operaciones ofensivas en la región y estuvo presente en varios hechos crueles.

41 Así como la "motosierra" es el ejemplo de la herramienta del terror, la "finca" es el territorio de la planeación de lo macabro. Por ejemplo, en "Villa Paola", finca de propiedad de "El Alacrán" se perpetraron torturas y asesinatos en la región de Trujillo. En la finca "El Avión", en la jurisdicción del municipio de Sabanas de San Ángel en el departamento de Magdalena, los jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar y John Henao planearon la masacre de El Salado (CNRR-Grupo de Memoria Histórica, 2008; 2009a).


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