Ofensiva extractivista y América latina: la centralidad de los bienes comunes

La recuperación de conceptos como el de acumulación por desposesión permite un horizonte de totalidad desde el cual leer el conflicto social contemporáneo y comprender su dinámica específica en la región latinoamericana. Desde esa perspectiva, adquiere toda su relevancia la noción de bienes comunes. La genealogía de este concepto hunde sus raíces en los comienzos de la lucha anticapitalista. En una línea de continuidad, a la hora de pensar la idea de bienes comunes, consideramos importante atender a la significación que emerge en y desde el proceso de lucha social -por demás heterogéneo- en la región latinoamericana. Es desde la experiencia de los movimientos sociales en resistencia -una lucha que hemos dicho compromete tanto sus “recursos” naturales como sus modos de vida-, que adquiere el sentido profundamente disruptivo, contrahegemónico, la noción de bienes comunes. Pues resulta el nudo en el cual se han articulado las resistencias al neoliberalismo y han abierto -mediadas por la memoria histórica de las comunidades- nuevas perspectivas a futuro. Entonces, punto clave de la resistencia que apunta a demoler uno de los pilares sobre el que se sostiene la acumulación capitalista: la pretensión de reducir la totalidad de los objetos y los seres vivos a meros “recursos” para la valoración del capital, su explotación y su mercantilización .

La disputa en torno al territorio y sus “recursos naturales”, es comprensible bajo la profundización de una lógica del despojo que abrió en la región un nuevo ciclo de mercantilización de los bienes comunes. Esa ofensiva extractivista es la que ha determinado el proceso de ambientalización de la lucha social, el giro ecoterritorial, al decir de Maristella ^{Svampa (2011}), que se manifiesta en la visibilidad que adquirieron, en la última década, los denominados “conflictos socioambientales”. Colectivos y redes regionales e internacionales en las cuales puede observarse una gravitación importante de movimientos indígenas y campesinos, así como el surgimiento de nuevas formas de acción directa y participación ciudadana centradas en la defensa de la naturaleza, la biodiversidad y el territorio.

Esta centralidad que adquiere la disputa por la naturaleza es producto de la tensión propia del capitalismo en este momento histórico, en el cual -como “salida” de la crisis global- hay un intento de recolonización de nuevos territorios y espacios sociales a través de una feroz ofensiva del capital en el sur del mundo. “Se trata así de una verdadera ofensiva extractivista como expresión regional de la crisis global” (^{Seoane et al., 2013}, p. 85). Es decir, la respuesta sistémica que se puso en movimiento frente a aquella crisis en los países centrales ha tendido a expresarse en la región como profundización y extensión del modelo extractivo exportador. Lo que sucede es que dicha crisis no se ha presentado bajo los ropajes ya conocidos -recesión económica, aumento del desempleo, inflación, ajuste, devaluación, etc.-, sino, por el contrario, de la mano de una continua recuperación económica (recordemos la retórica del blindaje). No obstante, ese tipo de crecimiento supuso para la región la consolidación e intensificación del modelo extractivo exportador. En palabras del GEAL:

Este nuevo ciclo de mercantilización y apropiación transnacional de los bienes naturales de la periferia constituye una expresión particular del impacto de la crisis global en los centros capitalistas y de la creciente aplicación del capital a la periferia a partir de la valorización financiera de los commodities. Las consecuencias que este proceso supone abarcan la dramática intensificación de las lógicas de saqueo y devastación ambiental que el modelo extractivo exportador acarrea (^{Seoane et al., 2013}, p. 97).

Irrupción del movimiento indígena y disputa por la naturaleza (1990-2000)

Comprender los procesos sociopolíticos que abarca el período entre el 2000 y 2012 supone retomar acontecimientos de la década anterior que -si bien fuera de la etapa- tuvieron una significación destacada. Durante los años de 1990 se produjeron en Ecuador movilizaciones y levantamientos indígenas que deben ser atendidos como clave de lectura para pensar la conflictividad posterior, en cuanto lo que las caracterizó fue un trastrocamiento de la configuración política e ideológica del escenario nacional.

Estos levantamientos pueden ser incluidos como parte del período que el GEAL denomina, para toda la región latinoamericana, de “resistencia social al neoliberalismo” (^{Seoane et al., 2013}). La protesta social estuvo presente desde los tempranos 1990, pero fue durante la segunda mitad que emerge con fuerza un nuevo ciclo de cuestionamiento social al proyecto neoliberal y sus consecuencias en la región. Según estos autores, dos rasgos marcaron la dinámica del conflicto social durante este período: el primero es que la conflictividad recorrió los territorios nacionales desde las periferias hacia los centros urbanos; el segundo es que se trató de rebeliones impulsadas por movimientos que con el tiempo tendieron a adquirir cierta capacidad de articulación nacional. A escala regional, las referencias que podemos mencionar como punto de inflexión de esta etapa son el levantamiento zapatista del 1 de enero de 1994 en el estado de Chiapas (México); y las pueblas de fogoneros y piqueteros al sur (Cutral-có y Plaza Huincul) y norte (Tartagal y Mosconi) de la Argentina, durante 1996 y 1997 respectivamente. En el contexto ecuatoriano pueden reconocerse cuatro picos importantes en la conflictividad del movimiento indígena (^{Guerrero y Ospina, 2003}): el levantamiento de 1990, la marcha de la Organización de los Pueblos Indígenas del Pastaza (OPIP) en 1992; la conmemoración de los “500 años” y la toma del poder del año 2000.

El levantamiento organizado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) en 1990 resulta clave en el proceso de su constitución como movimiento social. Por supuesto, tal como indican algunos autores, el movimiento no nace en esa fecha (^{Llásag, 2012}). Su historia como sujeto político, sus levantamientos y experiencia de lucha, se construyen sobre una temporalidad profunda y heterogénea, en las que es posible reconocer las marcas de una experiencia histórica compleja que remite a la colonización y despojo de sus territorios desde la época de la Conquista. Esa densidad histórica otorga al movimiento indígena ecuatoriano una presencia que rebasa las distintas coyunturas políticas y se revela en el estrecho vínculo que liga la cuestión indígena y el problema nacional (^{Guerrero y Ospina, 2003}, p. 10).

Ahora bien, la relevancia del levantamiento del Inti Raymi refiere a que, según advierte Lemzoc, puede ser considerado para los indígenas el fin de su “ventriloquia política”. A partir de allí el movimiento indígena se independiza de quienes se habían constituido en sus clásicos intermediarios, los partidos de izquierda y la Iglesia. Sobre el fondo de un contexto no elegido, el ajuste estructural, se constituye un sujeto “nuevo” con voz propia y voluntad colectiva (^{Guerrero y Ospina, 2003}, p. 37). No fue solo una marcha nacional, sino la visibilización de una agenda recogida en los dieciséis puntos que definía el “Mandato por la defensa de la vida y de las nacionalidades indígenas” (CONAIE, 1990), en el que encuentra formulación la demanda por la plurinacionalidad, una de las reivindicaciones que ha articulado al movimiento hasta la actualidad.

Puede decirse que a partir de este levantamiento, las reivindicaciones indígenas incorporaron “lo ambiental”. Lourdes ^{Endara (1997}a) sostiene que la problemática ambiental, poco tomada en cuenta por el movimiento indígena a mediados de los años de 1980, pasó a ser un eje de los principios políticos de la CONAIE, hasta que en 1994 se constituyó en uno de los temas centrales de su proyecto político. Para la autora, muchos de los planteamientos expresados durante el levantamiento del Inti Raymi, sobre todo por la dirigencia amazónica, evidenció que lo ambiental ya estaba incorporado a la demanda indígena en ese acontecimiento (Endara, 1997a, p. 443). Por supuesto, entiendo que aquí la incorporación de “lo ambiental” rebasa aquello que comúnmente se denomina como tal, puesto que remite al vínculo entre las comunidades indígenas y la naturaleza y, por lo tanto, se encuentra mediada por la totalidad de sus modos de vida y formas de producción. En efecto, como veremos, lo ambiental supone entre otras cosas la problemática de la colonialidad, y por eso la cuestión de la autonomía territorial deviene una de las demandas centrales.

En el contexto de la conmemoración de los “500 años de resistencia indígena y popular al colonialismo”, en abril de 1992, se produce un nuevo levantamiento, esta vez protagonizado por indígenas de la Amazonia. Más sensibles a la problemática de la ecología política, la marcha realizada desde Pastaza a la ciudad de Quito contiene una nueva explicitación de lo ambiental como dimensión de su politicidad.

Venimos a hablar a nombre de todas las vidas de la selva, pero sobre todo de aquellos que no están más. Seres de las aguas, de la selva, de la fecundidad, la siembra, la medicina. De los animales que se han ido. De los dioses que mantienen la vida de la selva. De los ríos y lagunas que abandonan su mundo y donde ya no están más los árboles y las plantas que desaparecen y no vuelven a florecer. Y del hombre que es parte de todo esto que llamamos nuestra Pachamama, nuestra Madre Tierra que se debilita y muere con ellos (^{Endara, 1997}b, p. 457).

El proceso de territorialización que ponía en marcha la apropiación/explotación del crudo en el territorio ancestral de los pueblos indígenas amazónicos provocaba el choque entre dos cosmovisiones diametralmente opuestas: pues, si para el indígena, el bosque es un lugar sagrado -que debe ser cuidado y respetado- los otros (colonos) miran el bosque como un espacio para extraer recursos en el corto plazo. La consigna de la marcha de Pastaza expresa esa contradicción: “La selva es nuestra madre, la madre no se vende”. Podemos notar, ya en 1992, fragmentos e ideas que van explicitando en el discurso del movimiento indígena, la resistencia a la mercantilización de la naturaleza y que hoy se articulan más claramente como expresión de una crisis civilizatoria. Ahora bien, se trata de una conflictividad que se abre en las intersecciones y continuidades entre economía y cultura, entre política y ecología. Una economía moral que, desde la memoria histórica de las comunidades indígenas, sostiene la lucha política que se juega en las transformaciones recientes del capitalismo tardío.

A través de estas movilizaciones y levantamientos populares el movimiento indígena, en resistencia contra el neoliberalismo, se constituyó en sujeto político. Lo crucial es que su irrupción en el espacio público produjo una profunda reconfiguración del escenario político nacional, permitiendo la visibilización de nuevas problemáticas como asuntos relevantes de debate, entre las que se cuenta, por entonces, el vínculo entre sociedad y naturaleza. Tal como expresa el Boletín ICCI-Rimay, publicado por el Instituto Científico de Culturas Indígenas (ICCI), su movilización interpeló a la sociedad ecuatoriana y logró resquebrajar la hegemonía neoliberal desde una profunda alteridad (ICCI, 2001, p. 22) que transforma las condiciones de (in)visibilidad sobre las que se lleva a cabo el debate público.

En todo este período, se ha abierto un nuevo espacio en la sociedad ecuatoriana, se han incorporado otros temas al debate político nacional, se ha logrado la confluencia de diversos sectores sociales dentro de un mismo proyecto de cambio; en ese sentido, hay un salto cualitativo del movimiento indígena que abre nuevos retos, nuevos desafíos, nuevas alternativas y nuevas perspectivas a la historia contemporánea (…). Desde el levantamiento del “Inti Raymi”, somos testigos de que esa transformación política del movimiento indígena ha significado una transformación profunda del Ecuador (^{Macas, 2001}, p. 173).

Es un cambio en las reglas de juego, donde por primera vez los indígenas no son hablados, sino que articulan una voz propia, un discurso que sostiene nuevas categorías y permite formular nuevas demandas, centradas en la autonomía y el reconocimiento de la plurinacionalidad. Entre esas exigencias, la relación sociedad/naturaleza ocupa un lugar central.

Crisis de hegemonía del régimen neoliberal (2000-2006)

El levantamiento del 21 de enero de 2000 es el cuarto acontecimiento que marca el proceso de constitución del movimiento indígena en el escenario contemporáneo del Ecuador. Expresa el resultado de una década de levantamientos, de experiencia de lucha contra el ajuste neoliberal, organización autónoma y constitución como sujeto político de alcance nacional. Pero la revuelta del 21 de enero del 2000 tiene además la particularidad de articularse a la temporalidad que jalonaba al conjunto de la región latinoamericana en torno al cambio de siglo, la intensificación de la resistencia social contra el neoliberalismo imperante. Pensemos en la “Guerra del agua” en Cochabamba-Bolivia o las jornadas de protestas del 19 y 20 de diciembre de 2001 en Argentina. Se trata, en la periodización que hemos tomado del GEAL, de la etapa en la que se produce, en toda la región, un aumento de la conflictividad y de los cuestionamientos al conjunto de las políticas neoliberales, proliferación de revueltas y protestas sociales que conducen a una crisis de hegemonía, la cual se manifiesta, entre otras maneras, en crisis económicas y políticas que incluyen el derrocamiento de varios gobiernos de la región . En el contexto ecuatoriano, una primera manifestación de este ciclo la encontramos en 1997 con la caída de Abdalá Bucaram y, luego de la crisis económica de 1999, en el levantamiento que termina con el gobierno de Jamil Mahuad. Aun cuando, posteriormente, la institucionalidad haya sido retomada por el bloque dominante para intentar perpetuar en gran medida el proyecto neoliberal. Este ciclo de protestas sociales se cierra con la denominada “rebelión de los forajidos”, la cual expresa fuertes expectativas de cambio que se habían ido generando en más de una década de levantamientos y lucha social.

Durante este período, la mayor parte del debate en ámbitos académico-políticos estuvo determinada por la grave crisis económica, política y social que hostigaba al país. Frente a la magnitud de la crisis, bajo el gobierno de Lucio Gutiérrez la continuidad del neoliberalismo marcaría también la agenda del debate: los avatares de la dolarización, los planes sociales para paliar la pobreza, el desajuste fiscal, la estabilización cambiaria, el salvataje a los bancos, el combate a la corrupción, el intento de generación de empleo, la búsqueda de competitividad del sector productivo, los tratados de libre comercio (ALCA). Según Javier Ponce, se trata de un momento que tal vez pueda caracterizarse con aquella frase de Antonio Gramsci acerca de un período de crisis de hegemonía y de transición política en la que lo viejo no termina de morir y lo nuevo de nacer (Ponce, 2003, p. 11).

Ahora bien, no obstante la fuerza centrífuga que ejercía la cuestión de “la crisis” sobre el debate público ecuatoriano, la lucha en defensa de sus territorios que llevaban a cabo diferentes comunidades campesinas e indígenas lograba asomar la cabeza subrepticiamente bajo la intensidad vivida de esa coyuntura, cobrando visibilidad hacia comienzos de 2004:

Un foco de conflictividad social será durante 2004, sin duda, la confrontación entre pueblos indígenas de la Amazonia y empresas petroleras, con el agravante de que el Estado se ha desentendido del tema y ha abandonado el terreno del diálogo y las negociaciones en el que debería actuar y cuando interviene, como en el caso de Sarayacu, será para respaldar a las petroleras con presencia militar y amenazas contra las organizaciones indígenas. Tres son, por el momento, los focos de conflicto. El juicio contra la Texaco, la oposición de Sarayacu al ingreso de la petrolera CGC y la controversia entre las comunidades shuar y achuar del sur de la Amazonia con la petrolera Burlington (^{Ponce, 2004}, pp. 11-12).

Dos de estos conflictos, el caso Texaco y la resistencia de Sarayacu, se constituyeron como experiencias emblemáticas en la lucha social y la movilización en defensa de la naturaleza como bien común. Esas experiencias ilustran la configuración que adquiere la conflictividad en torno a las actividades extractivas, en la medida que se trata de comunidades “aisladas” de los centros de poder nacionales que se organizan y luchan en defensa de sus territorios, amenazados por la intervención de empresas transnacionales y sus respectivos Estados. En la dinámica de estos conflictos se combina la violencia, ilegalidad, corrupción, destrucción de la naturaleza, complicidad de los Estados y gobiernos, etc. Son conflictos que permanecerán abiertos durante todo el período aquí analizado, testigos de la trama de la acumulación por desposesión que llega hasta la actualidad y partícipes de los debates sobre el extractivismo de “último momento”.

La visibilidad de estos conflictos movilizó, a comienzos de siglo, un campo de estudio y debate en ámbitos político-académicos. Así, a partir del seguimiento hecho sobre los sumarios de las revistas Íconos y Ecuador Debate, durante el primer lustro de la década (2000-2005), podemos constatar la publicación de algunos artículos que tematizan la cuestión referida al despojo. Se trata de trabajos que abordan la articulación entre lo social y lo ambiental para poner en discusión los “modelos de desarrollo”. Además, cada una de estas revistas dedica un dossier durante la primera mitad de esta década a la cuestión de la explotación petrolera en la Amazonia. En Ecuador Debate aparece en el #58 del 2003, mientras que la revista Íconos lo hace en su #21 del 2005.

Dentro de la diversidad de enfoques que presentan estas publicaciones, quisiera destacar algunos puntos que resultan clave en las discusiones de entonces. El primero es la perspectiva regionalista que organiza el debate en ambos casos, apareciendo artículos que hacen referencia a las experiencias nacionales de Bolivia, Venezuela, Colombia y, por supuesto, Ecuador. La segunda cuestión es que pareciera comenzar a tomar forma -luego de un largo impasse- el debate en torno a la cuestión del “desarrollo”, principalmente en relación con la recolonización de la Amazonia. Alberto Acosta señalaba la “maldición” que trajo para el Ecuador la explotación de hidrocarburos. El boom petrolero deja un saldo amargo: los mayores ingresos por concepto de exportaciones durante la etapa republicana del país -aportados por la explotación de crudo- no han sido “una palanca para avanzar en el camino de un desarrollo equilibrado, dinámico y autosostenido; por el contrario, ha aumentado el endeudamiento externo, el empobrecimiento, la inequidad, así como la destrucción ambiental y cultural” (Acosta, 2003, p. 99). A su vez Fander Falconí alertaba que ese extractivismo, lejos de extinguirse, cobraba mayor fuerza con la política de dolarización, ya que imponía una intensificación en la producción de los bienes y servicios en los que Ecuador tendría “ventajas comparativas”, por ejemplo, una extracción de mayores cantidades de petróleo. En efecto, conducía a un nuevo proceso de reprimarización de la economía (Falconí, 2005, p. 24). Por último, en la misma línea de cuestionamiento a los “modelos extractivistas”, el dossier de la revista Íconos resaltaba la correlación entre actividades económico-extractivas y la emergencia de “conflictos socioambientales” (^{Fontaine, 2005}, p. 9).

El conjunto de estos debates que ponen en cuestión la idea de “desarrollo” vinculada a la explotación del crudo en la Amazonia, recibe su “iluminación” de aquellas otras voces que insisten en dar visibilidad a los efectos no deseados de las actividades extractivas. Son los conflictos y las movilizaciones indígenas las que abren el horizonte a una crítica de la noción clásica y occidental de desarrollo. Se trata del “momento teórico”, al decir de Stuart Hall, que arroja la lucha del movimiento indígena, la insistencia sobre la teoría de una coyuntura política marcada por esa serie de conflictos amazónicos en torno a la explotación del crudo. Ahora bien, Alex Rivas advertía sobre un hecho paradójico, “el dossier aparece mientras Ecuador entra en una nueva etapa de extractivismo con la apertura de nuevas concesiones petroleras (al norte los bloques 11, 31 y el Proyecto Ishpingo-Tiputini-Tambococha -ITT-, al sur los bloques 22, 23 y 24)” (Rivas, 2005, p. 102).

Procesos y tensiones en la revolución ciudadana (2007-2012)

Rafael Correa gana las elecciones en segunda vuelta electoral el 26 de noviembre de 2006, enfrentando al candidato neoliberal Álvaro Noboa, en un contexto de fuerte polarización social y electoral, en el que Correa aparecía expresando las expectativas de cambio (^{Ponce, 2006}, p. 4). La Revolución Ciudadana se encontró marcada por esa temporalidad histórica que abrió la Rebelión de los Forajidos en abril de 2005 , sin olvidar las profundas transformaciones en el campo de lo histórico-social que provocó más de una década de levantamientos y movilizaciones indígenas. En efecto, los procesos sociales encarnados por la llamada Revolución Ciudadana recibieron las determinaciones de la creciente conflictividad social y el cuestionamiento a las políticas neoliberales.

No es el objetivo ni el interés de este trabajo realizar una caracterización o balance de la Revolución Ciudadana. Más bien, se trata de reconocer las tensiones que pueden haber marcado un período, para determinar cuáles han sido las condiciones histórico-sociales sobre las que se llevaron a cabo los debates en relación a la defensa de la naturaleza como bien común. Desde el inicio, la Revolución Ciudadana estuvo tensionada por la contraposición entre proyectos societales distintos que coexistían y se superponían en conflicto en la configuración del nuevo escenario ideológico-político, entre tendencias orientadas hacia procesos de cambios constituyentes y otras que más bien tendían a configurar un neodesarrollismo con mayor presencia estatal. En efecto, en la gestión de Correa puede identificarse retrospectivamente dos momentos diferenciados, según haya prevalecido uno u otro de aquellos polos en tensión. Un período marcado por la presencia y participación de movimientos y organizaciones sociales que abría paso a un proceso constituyente (2007-2009). Otro en el cual, la presión sistémica internacional en procura de una intensificación del despojo y la mercantilización de la vida, tiende a reconfigurar el escenario político, crecientemente marcado por la imposibilidad de una salida “hacia adelante”, pues la apuesta por el extractivismo como vía hacia el bienestar social fue imponiendo un aumento de la conflictividad y el paulatino distanciamiento entre el gobierno y los diferentes sectores sociales organizados (2009-2012). A continuación, en los dos apartados siguientes, procuramos analizar cada uno de esos momentos.

La constituyente: un espacio de experimentación política (2007-2009)

Según la periodización sobre las dinámicas del conflicto social en la región, la etapa que se inicia con el gobierno de Rafael Correa expresa la entrada, para el Ecuador, al período descripto por el GEAL como “cristalización institucional” y salida de la crisis de hegemonía neoliberal. Durante esta etapa se van configurando diferentes escenarios políticos, siempre singulares en cada contexto nacional. No obstante, tiende a coincidir para toda la región con una paulatina recuperación de la economía, observándose seis años consecutivos de crecimiento del PIB regional (entre 2004 y 2010, con excepción del 2009). Este contexto fue configurando un mapa social caracterizado por la desaparición de los levantamientos populares y principalmente de los ciclos destituyentes. Si bien en la temporalidad de otros países el comienzo de este período lo marca el 2004 (Argentina) y 2005 (Bolivia), en el Ecuador se observa hacia el 2007, a partir del triunfo de Rafael Correa.

Como decía, el movimiento liderado por Rafael Correa supo representar las expectativas de cambio dominantes en la sociedad ecuatoriana, orientando su campaña hacia la propuesta de una reforma política. Una vez en el gobierno, esa propuesta cobró forma en el llamado a una Asamblea Constituyente, marcado en gran medida por la creciente legitimidad que alcanzaron las diversas organizaciones y movimientos sociales en su lucha contra el neoliberalismo. En tal sentido, la Asamblea Constituyente se fue conformando como espacio histórico donde escenificar disputas sociales y en el cual encontraron una articulación posible discursos ideológico-políticos que remiten a determinados sujetos, a sus prácticas políticas, así como también a los antagonismos sociales en torno a los cuales todo aquello se configuraba.

En esta misma línea, Ana María Larrea afirma que el proceso constituyente, fruto y expresión de una determinada correlación de fuerzas, expresa las profundas contradicciones que vive la sociedad ecuatoriana, las tensiones que la atraviesan y los imaginarios que la configuran (Larrea, 2011, p. 69). El momento de mayor hegemonía neoliberal, a mediados de los años de 1990, se había expresado culturalmente bajo el denominado “pensamiento único”, invisibilizando la experiencia histórica de pueblos que atestiguaban la existencia de una diversidad de modos de vida alternativos al patrón monocultural que fue impuesto. Los debates que se dieron en la Asamblea dan cuenta de un cambio de época, producto de la irrupción, en el espacio público, de colectivos sociales que habían sido excluidos del proceso de construcción nacional en el Ecuador, el movimiento indígena fundamentalmente.

En efecto, la constituyente fue un espacio para medir correlaciones de fuerza, articular discursos contrahegemónicos producidos por y desde los movimientos sociales y marcar el terreno del debate posterior, estableciendo la discusión sobre nuevos ejes problemáticos y sentidos ideológico-políticos. Esa ruptura toma cuerpo en la letra inédita de la nueva Constitución, en los desplazamientos y giros que supuso para el debate posterior alrededor de la defensa de la naturaleza como bien común, donde la inclusión de los Derechos de la Naturaleza y el Sumak Kawsay, sin duda aparecen como la ilustración más radical. Nociones que manifiestan la formulación de un nuevo horizonte emancipatorio que los movimientos sociales fueron construyendo desde su experiencia de lucha, elaborados con los años como resultado de su práctica política. Este lenguaje de valoración coloca a los sujetos subalternos en otras condiciones para el posterior escenario político marcado por la etapa de “ofensiva extractivista” .

Si la Asamblea Constituyente puede ser referida como una coyuntura que marcó una inflexión política, también resultó un determinante en relación con el campo intelectual, puesto que supuso tanto un punto de llegada -la posibilidad de articulación de discursos contrahegemónicos- como uno de partida -la apertura a otros horizontes de sentido en el debate público-. En el campo intelectual se produjo una especie de necesidad de pensar sobre esas transformaciones sociales en curso, ese escenario complejo, de creación colectiva. Desde allí los ámbitos político-académicos recibirían el impulso para reflexionar y motorizar una producción de conocimiento que permitiera ir objetivando aquel proceso, obteniendo ciertos cierres conceptuales, como fue la posibilidad de acuñar ese término “nuevo” que es el sumak kawsay.

Esa condensación del debate en algunas nociones y conceptos clave, desde comienzos de 2008, precipita en cada uno de los sumarios de las revistas Ecuador Debate e Íconos. A su vez, gran parte de lo debatido durante la Asamblea Constituyente fue posteriormente recogido en una serie de publicaciones editadas por Abya Yala, entre 2009-2011, cuyo trabajo de coordinación estuvo a cargo de Alberto Acosta y Esperanza Martínez. Estas publicaciones con formato de libro, estuvieron dedicadas al tratamiento de diferentes problemáticas abordadas en la nueva Constitución: agua, buen vivir, soberanías, plurinacionalidad, derechos de la naturaleza, economía social y solidaria, Estado, etc. A propósito de esta colección, cabe destacar la creciente internacionalización que adquirió el debate promovido por el proceso constituyente en el Ecuador, convocando a intelectuales de diversos países latinoamericanos tales como Venezuela (Edgardo Lander), Uruguay (Eduardo Galeano, Ricardo Carrere y Eduardo Gudynas), Argentina (José Luis Coraggio, Pablo Bertinat, Eugenio Zaffaroni), Perú (Anibal Quijano), México (Jorge Urtuzástegui), solo por mencionar algunos de los más conocidos. Todo lo cual recuerda la importancia de América Latina y el Caribe como espacios históricos de producción del saber, en los aportes realizados en el último tiempo al pensamiento crítico desde el Sur.

El profundo debate dentro de la constituyente apunta a marcar el cambio paradigmático que el conjunto de demandas formuladas desde los movimientos sociales introdujo respecto de la noción clásica de “desarrollo”, donde la idea de sumak kawsay, plurinacionalidad y derechos de la naturaleza serán el punto de partida para pensar alternativas al desarrollo entendido como mero crecimiento económico y cuestionar el concepto de riqueza como acumulación de bienes materiales (productivismo/consumismo). No es posible sumariar el conjunto de ideas que pone en juego este cambio de paradigma. No obstante, lo crucial es destacar que se trata de pasar de una economía (en sentido amplio) organizada desde el mercado a una economía para la vida. Tal como advertía en la primera parte, es la expresión de una profunda crisis civilizatoria que enfrenta dos modos radicalmente antagónicos de organizar las relaciones entre los seres humanos entre sí y con la naturaleza.

Tiempos de ofensiva extractivista: del terreno del conflicto a la proliferación de los debates (2009-2012)

En torno al 2008, se puede observar para toda la región latinoamericana, una extraordinaria ofensiva extractivista concomitante con la precipitación de la crisis global. En un contexto de aumento de la demanda y del precio en el mercado internacional de commodities, las actividades extractivas exportadoras características de la región tendieron a extenderse con una intensidad mayor que en el pasado. Sin embargo, lo crucial es comprender ese proceso vinculado al desplazamiento del capital financiero -como intento de salida de la crisis- hacia el mercado de commodities en América Latina (^{Seoane et al., 2013}).

En el Ecuador este período se expresa a través de un cambio en la correlación de fuerzas que tendió, con el tiempo, a reconfigurar el escenario ideológico-político, un giro orientado principalmente al cierre del proceso de cambio constituyente abierto con anterioridad. Se puede tomar como punto de inflexión, la aprobación de la Ley de Minería en enero de 2009, la cual materializaba la controvertida estrategia sostenida desde el gobierno de un “extractivismo para salir del extractivismo” e introdujo, en el Ecuador, la discusión sobre la explotación minera metalífera a cielo abierto o megaminería. No obstante, este no fue el único conflicto a comienzos de 2009. Gran parte de la contienda política tuvo lugar ese año alrededor del debate sobre las principales leyes que fueron definiendo el proyecto de la Revolución Ciudadana. Todas ellas abrieron disputas entre diferentes sectores sociales y el gobierno y repetidas movilizaciones de las organizaciones indígenas y rurales (^{Ospina, 2010}, pp. 7-15). Si bien en la mayoría de los casos se trató de manifestaciones relativamente pequeñas, más allá de su fuerza cuantitativa, definían un escenario político en el que las organizaciones formales de los sectores populares se alejaban significativamente del gobierno (Ospina, 2009, p. 15). Por su parte, la revista Ecuador Debate afirmaba que, entre noviembre de 2009 y febrero de 2010, se había registrado un número tan elevado de conflictos sociales como aquel que caracterizó el clima de violenta confrontación socio-política que condujo al derrocamiento de Gutiérrez (Ecuador Debate, 2010, p. 31). De esta manera, la firma del primer convenio de explotación minera a gran escala, en marzo de 2012, correspondiente al proyecto Mirador, marca la consolidación de este período al poner de manifiesto la promoción de la megaminería por parte del gobierno como estrategia para compensar la erosión programada de los ingresos del petróleo (^{Acosta y Sacher, 2012}, p. 80). Sendero extractivista que pareciera profundizarse con el posterior anuncio presidencial que da por finalizada la iniciativa ^_Yasuní-ITT , al año siguiente, el 15 agosto de 2013. En efecto, se trata de un momento en el que puede observarse una revitalización de la conflictividad social y un aumento de las tensiones políticas que se expresa, en lo que aquí nos interesa, en la relevancia progresiva que fue adquiriendo la cuestión del extractivismo y el desarrollo en el debate público.

Ahora bien, ¿cómo se organiza ese debate durante este período? Entre 2009 y 2012 hay una proliferación de estudios y publicaciones que, desde diferentes perspectivas, tematizaron lo que se generalizó como “extractivismo”:

El término extractivismo se ha ido alojando en las discusiones acerca del manejo de los recursos naturales en América Latina, adquiriendo un contenido político que alude sobre todo a la imagen negativa que expresa la exploración minera e hidrocarburífera por sus efectos en el medio ambiente, el poco impacto en cambiar la desigualdad y la profundización de economías primario-exportadoras (Ecuador Debate, 2011, p. 3).

En efecto, en las revistas que he tomado como referencia del debate en el contexto ecuatoriano, encontramos diferentes artículos y dossiers dedicados al análisis de esta cuestión. En lo que sigue realizo algunas breves puntuaciones que sobresalen en el referido debate.

1. El debate académico, variaciones sobre el extractivismo. Por una parte, la mayoría de los análisis referidos al contexto ecuatoriano se encaminaron a señalar la consolidación, durante la primera década del siglo XXI, de una economía eminentemente primario-exportadora; advirtiendo incluso un proceso de reprimarización mayor en los años recientes, como efecto del aumento de los precios de algunos productos primarios (principalmente el petróleo) en los mercados internacionales. Por la otra, si bien el debate se desarrolla sobre un terreno marcado por las iniciativas de los sectores dominantes (la presión sistémica de apropiación y mercantilización de los bienes comunes naturales), encontramos fresca la memoria del reciente proceso constituyente: los sectores subalternos cuentan ahora con un discurso contrahegemónico, una nueva programática, que permite abrir el horizonte de sentido en el debate público (sumak kawsay, plurinacionalidad e interculturalidad, reconocimiento de autonomías, derechos de la naturaleza, etc.). En efecto, la batalla de las ideas aparece como parte de una apuesta por continuar y profundizar un proceso de cambio todavía inconcluso.

2. Para una crítica del neoextractivismo. En el período comprendido entre 2009 y 2012 tendió a extenderse el uso de la noción neoextractivismo o extractivismo progresista para referirse a la configuración de economías basadas en la explotación y exportación de “recursos naturales” (commodities), promovidas por algunos gobiernos latinoamericanos, principalmente Bolivia, Ecuador y Venezuela. Quienes mayormente acuñaron este término son Eduardo ^{Gudynas (2010}a; 2010b) y Alberto ^{Acosta (2011}; 2012), aunque pareciera ser compartido por un sector amplio de la intelectualidad que debate los problemas actuales del extractivismo en toda la región (^{Svampa, 2012}). La llegada de gobiernos progresistas significó para la región un recambio político comprometido con abandonar el reduccionismo de mercado y volcarse hacia otra estrategia de desarrollo. Sin embargo, casi todos los países mantuvieron el énfasis en sectores primarios como la minería y el petróleo, acentuándose un sendero extractivista que ha desencadenado varios impactos sociales y ambientales (Gudynas, 2010b, p. 61). Ahora bien, Alberto Acosta advierte que extractivismo y neoextractivismo resultan “dos caras de la misma moneda”. El punto central de su análisis recae en señalar que gran parte de las mayores y más graves “patologías” del extractivismo tradicional se mantienen ahora en el neoextractivismo (Acosta, 2011, p. 104). Al no haber cambios sustantivos en la estructura de acumulación, el extractivismo contemporáneo sostiene una inserción internacional subordinada y funcional al capitalismo transnacional; se continúa la fragmentación territorial, con áreas relegadas y economías de enclaves; se agravan los impactos sociales y ambientales; se reproducen procesos productivos volcados a la competitividad, la eficiencia, la maximización de la renta y externalización de los impactos; etc. (Acosta, 2011, pp. 100-101). El punto central (más allá del efecto redistributivo) es que se termina organizando un estilo de desarrollo clásico, alrededor del crecimiento económico y el flujo de capitales, donde ya no se discute la estrategia sino cómo se usarán los excedentes captados por el Estado. Este “Consenso de los commodities” supone la aceptación de nuevas asimetrías y desigualdades ambientales y políticas por parte de los países latinoamericanos (Svampa, 2012). La “novedad” es que extractivismo y desarrollo no se consideran excluyentes, sino complementarios: si durante los años de 1960 y 1970 el cuestionamiento clásico señalaba la dependencia generada por una economía basada en la exportación de materias primas, hoy ese extractivismo es considerado el motor del crecimiento económico, el desarrollo y la reducción de la pobreza.

3. La escisión entre lo social y lo ambiental. Desde el gobierno se vincula la generación de rentas extractivistas con la redistribución del ingreso, el crecimiento económico y el bienestar social; desmarcándose del discurso neoliberal centrado en las políticas de ajuste estructural y déficit cero. Este esquema ha encontrado variadas expresiones en el discurso gubernamental ecuatoriano, una de cuyas frases más conocidas fue aquella que aludía a la paradoja de “ser mendigos sentados en un saco de oro”; pronunciada en diferentes ocasiones por el presidente Correa, ante los cuestionamientos que reciben los proyectos de explotación de la minería a gran escala . En efecto, gran parte del debate, desde una perspectiva crítica, se ha orientado a desmontar aquel discurso extractivista. En primer lugar, advirtiendo que esa justificación del extractivismo adquiere la forma de un chantaje: “Si se pone en riesgo el extractivismo, se perderían los planes sociales y las posibilidades de desarrollo” (^{Gudynas, 2010}b, p. 67).

Bajo esa ecuación, la explotación de los recursos naturales adquiere la fuerza propia de todo lo que se presenta como inevitable, a la luz de los beneficios económico-sociales que se obtendrían. De ahí en más, el desconocimiento de las autonomías territoriales de pueblos indígenas, la destrucción de sus relaciones comunitarias y los amplios impactos sobre el territorio y bienes comunes naturales, aparecen como efectos no deseados, un mal necesario cuya atención debe ser pospuesta para un futuro mejor (zonas de sacrificio). En segundo lugar, se intenta demostrar que ese chantaje descansa sobre un conjunto de falacias fuertemente arraigadas en los imaginarios desarrollistas de nuestras sociedades (Voces de alerta, 2012; ^{Dávalos, 2013}).

Lo que subyace al discurso extractivista es una profunda escisión entre una cuestión social y otra ambiental como aspectos dicotómicos: “En sus diferentes modulaciones, esta discursividad se constituye y reproduce bajo la lógica de la formulación de una dualidad que escinde, construye y opone una “cuestión social” a otra diferente “cuestión ambiental” (^{Seoane et al., 2013}, p. 241). Lo crucial en este punto es señalar que no solo supone la oposición entre ambos términos, sino la constitución específica de cada uno de ellos como resultado del propio proceso de dualización. Por el contrario, desde el pensamiento crítico, se advierte sobre el hecho de que la lucha del movimiento indígena, por ejemplo, sus cuestionamientos a las actividades extractivas que se llevan a cabo en los territorios donde habitan incluyen, pero también rebasan ampliamente, lo estrictamente “ambiental”. Más bien, refiere a un profundo cuestionamiento que se hace desde lo social mismo, entendido en un sentido amplio, como modos de producir y reproducir su vida, la cual remite a la unidad de lo diverso, a una síntesis de múltiples determinaciones (actividades económicas, prácticas religiosas, formas políticas, costumbres, parentesco, etc.). Esa arraigada escisión entre lo social y lo ambiental, en tanto parcialización del mundo, ha producido inevitablemente fuertes deshistorizaciones que no permiten comprender la dialéctica histórica que abra el juego a una praxis de transformación de la sociedad y de la naturaleza que no vulnere los derechos de cada uno de ellos.