Introducción

La finalidad de este artículo consiste en problematizar la relación entre el tránsito a la vida adulta y el proceso de activación política de los jóvenes en México. Frecuentemente referida como la adquisición de nuevas responsabilidades sociales, bajo la concreción de un conjunto de transiciones, tales como el primer trabajo, la primera unión, el inicio de la paternidad/maternidad y la emancipación residencial, la transición a la adultez ha sido relegada como objeto de estudio en la prefiguración de una ciudadanía activa en regímenes democráticos.

En los países latinoamericanos, las y los jóvenes organizan sus vidas en contextos caracterizados por crisis económicas recurrentes, patrones agudos de inequidad social y ciclos crecientes de violencia. Como consecuencia, las pautas de transición a la adultez se expresan en la configuración de lo que políticamente se denomina distorsiones participativas (^{Verba, Schlozman y Brady, 1995}). Tales distorsiones consisten en la prevalencia política de aquellos sectores con mayores recursos y cualidades para concretar su participación.

Mediante un balance general del tratamiento bibliográfico del compromiso cívico y la transición a la adultez, este trabajo tratará de enfatizar la importancia de redimensionar la asociación entre procesos vitales y políticos. A partir del enfoque de curso de vida (^{Elder, 1998}; 2006), se buscará discutir en qué medida la noción de ciudadanía activa ha persistido como un referente lejano al debate sobre las múltiples maneras de experimentar la transición a la adultez.

El material empírico que sustenta la investigación, como mostraremos más adelante, está acotado al universo de jóvenes urbanos con orígenes sociales ligados a estratos medios altos y bajos, y con acceso a la educación superior. Este acotamiento nos permite observar cómo el origen social, los antecedentes de participación política del hogar paterno y los patrones de transición a la adultez, moldean el proceso de activación política de estos jóvenes. Más en concreto, en este trabajo, intentamos dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿de qué manera se detonan los procesos de activación política?; ¿en qué momentos tienen lugar las primeras experiencias de participación? y ¿cómo impacta la tenencia de ciertos recursos en la intensidad con que se toma parte en el tratamiento de asuntos públicos?

Nuestra hipótesis central plantea que la activación política se suscita a edades más anticipadas y en mayores proporciones entre aquellos jóvenes que logran acumular mayores ventajas sociales -en razón de su origen social-, provenientes de familias donde la participación ha sido testimoniada y estimulada desde la niñez, y con procesos de transición que redundan en la adquisición efectiva de mayor autonomía decisional e independencia económica.

Acotamiento analítico: desafíos persistentes en los estudios sobre participación y compromiso cívico

La participación política se refiere a todas aquellas expresiones activas del compromiso cívico, por las cuales los ciudadanos tratan de incidir, directa o indirectamente, en decisiones que tienen lugar en diversos niveles del sistema político (^{Barnes y Kaase, 1979}); ya sea buscando influir en la composición de los gobiernos nacionales o locales (^{Nelson, 1979}), impactando en la distribución de bienes públicos materiales y simbólicos (^{Booth y Selligson, 1979}), o redefiniendo normas, prácticas y lógicas bajo las cuales se desenvuelve la producción y reproducción funcional de dicho sistema.

Referida en un amplio cuerpo bibliográfico, el tratamiento de la participación se ha caracterizado por un conjunto de limitaciones. En primer lugar, destaca la persistencia de estudios sincrónicos de la condición participativa, omitiendo su carácter temporal e ignorando un tratamiento de carácter longitudinal, que permita conocer en qué medida el involucramiento político se configura a lo largo del curso de vida.

Segundo, una perspectiva predominantemente adultocéntrica, la cual concibe la participación política como una expresión de la habilitación formal de la persona, tanto en el terreno legal como en otros ámbitos, como el electoral o el productivo.

Tercero, el predominio de explicaciones de tipo disposicional, las cuales dan prioridad a los aspectos valorativos, político-culturales, motivacionales e ideológicos como detonadores principales de la toma de parte en el tratamiento de asuntos públicos.

Cuarto, una discusión con una manifiesta orientación normativa, en la cual se asume que la ausencia de participación se reduce a una postura de apatía, cuando no de cinismo, o que los impactos de distinciones y desigualdades sociales son de orden colateral y resolubles mediante formalismos de tipo institucional, a partir de políticas de acción afirmativa.

Mediante un análisis sincrónico, en una vasta mayoría de investigaciones previas, la participación política aparece ligada al ejercicio del sufragio o a la adscripción a partidos políticos; asociaciones profesionales o gremiales y grupos de interés. No obstante, en buena parte de los cuerpos instituidos y organizacionales contemplados se suelen presentar barreras de acceso ligadas a la condición etaria de los individuos. Así, muy pocos trabajos han tenido en cuenta que las formas de involucramiento de los jóvenes no necesariamente se focalizan en los mismos aparatos y opciones de los adultos. Más aún, salvo en contadas excepciones (^{Verba et al., 1995}; ^{Mannarini, Leggitimo y Talò, 2008}), los catálogos de indicadores sobre participación ignoran antecedentes relevantes tales como la pertenencia a congregaciones religiosas, instancias de recreación durante la infancia o núcleos asociativos de cariz estudiantil o barrial. Como consecuencia, el tratamiento vigente sobre el tema suele minimizar la importancia de los precedentes participativos en otras etapas vitales, y no suelen indagar acerca de la incidencia que experiencias previas tienen sobre la condición política actual de los sujetos analizados.

Desde hace poco más de tres décadas, distintos trabajos han problematizado el carácter inequitativo de la participación, enfatizando que distintos factores anclados al hogar, el género, el nivel socioeconómico o el logro educativo inciden en la configuración de rutas de involucramiento donde prevalecen sectores sociales aventajados (^{Milbrath y Goel, 1977}; ^{Verba, Nie y Kim, 1978}; Verba et al., 1995; ^{Burns, Schlozman y Verba, 2001}; ^{Klesner, 2009}; ^{Walsh, Jennings y Stoker, 2004}; ^{Jarvis, Montoya y Mulvoy, 2005}; ^{Mannarini et al., 2008}).

Pese al valor de esas contribuciones, los resultados muestran una importante asociación entre privilegios materiales, formativos, culturales y familiares, sin lograr dilucidar en forma clara cómo se construyen pautas desiguales de activación a lo largo del curso de vida.

El estudio del involucramiento político resguarda, en ese sentido, el desafío de problematizar un proceso que está sujeto a múltiples condicionantes y que puede tomar forma en canales y manifestaciones diversas de enlace entre las personas y los asuntos públicos. El desafío principal consiste en incorporar una dimensión de discusión temporal que permita reconocer el carácter dinámico y contingente de la acción política.

A modo de trascender algunas de las limitaciones previamente expuestas, en este artículo se propone un marco comprensivo que parte de cuatro premisas fundamentales: primero, que la participación política constituye un proceso diacrónico, donde circunstancias de historicidad y trayectorias vitales inciden en la prefiguración de oportunidades y recursos para la expresión activa del compromiso cívico. Segundo, que los recursos y repertorios de involucramiento político se modifican y adaptan en la medida en que las personas experimentan un conjunto de transiciones a la adultez, que los habilita socialmente para incursionar en los asuntos de interés público, ello como resultado de su penetración progresiva en nuevos ámbitos de sociabilidad. Tercero, que los elementos disposicionales, al igual que los recursos materiales, relacionales e institucionales, se modifican a lo largo del curso de vida de los sujetos. Y, cuarto, que existe una tensión entre las aspiraciones normativas a la igualdad ciudadana y las condiciones reales de equidad para el ejercicio activo de los derechos políticos.

Los primeros indicios desde los cuales se retoman dichas premisas pueden ser rastreados en los trabajos de ^{Riley (1973}), ^{Bengtson y Cutler (1976}), ^{Converse (1976}) y ^{Jennings (1979}), quienes reabrieron el debate de la participación política a la consideración de factores temporales anclados al curso de vida. Años más tarde, las investigaciones de ^{Sears (1981}), ^{Rose y McAllister (1990}), y ^{Alwin y Krosnick (1991}), complementaron algunos de los hallazgos precedentes, reconociendo la ocurrencia de procesos intensivos de socialización y activación política en momentos particulares de las trayectorias biográficas. Este conjunto de autores, al igual que sus predecesores, enfatizó la importancia de ciertas experiencias tales como la vivencia de la juventud y su correlativa adquisición de nuevos roles y recursos para la participación en asuntos públicos.

Sin comprometerse a una postura evolucionista o de carácter teleológico, las contribuciones antes mencionadas mostraron, por un lado, que en la medida en que los procesos de transformación social y cambio individual están entrelazados, la socialización política es resultante tanto del desarrollo de los individuos como del curso histórico de la sociedad (^{Alwin y Krosnick, 1991}). Por otro, que las actitudes políticas son productos contingentes que se constituyen a lo largo de la vida de las personas, y cuyo sustrato valorativo y preceptivo se adquiere durante las primeras fases del curso de vida y en los primeros años de la adultez (^{Rose y McAllister, 1990}). Y, por último, que el entramado de ideas y prácticas que configuran los horizontes de politización de los sujetos suele compartir un carácter dinámico y diferir en cuanto al sentido incidental de la temporalidad (^{Sears, 1981}).

La importancia de evocar aproximaciones dinámicas sobre la participación obedece, sin duda alguna, a la ausencia de referentes similares en los contextos latinoamericanos. Una de las principales limitaciones de los estudios en la región, en torno a dicho tema, ha consistido en la dificultad para reemplazar explicaciones de corte culturalista, así como las perspectivas que confieren centralidad al enfoque generacional en detrimento de perspectivas que enfatizan la importancia del acceso diferencial a los recursos económicos, sociales y políticos, por parte de contingentes juveniles de la población.

La dimensión política en el proceso de transición a la vida adulta

Tal y como fue señalado en páginas precedentes, el reconocimiento de la relevancia del enfoque diacrónico en el estudio de la participación política constituye, actualmente, un hecho ampliamente valorado.

A la luz de los precedentes pioneros de hace cuatro décadas, distintos trabajos provenientes de diversas latitudes han venido insistiendo en la centralidad de analizar el entramado de prácticas políticas que tienen lugar en las fases del curso de vida que preceden a la adquisición formal de los derechos de ciudadanía, es decir, a la mayoría de edad.

A partir de esfuerzos como los de ^{Albanesi, Cicognani y Zani (2007}), ^{Diemer y Hsieh (2008}), ^{Flanagan y Levine (2010}), ^{Ginwright y Cammarota (2007}), ^{Pacheco y Plutzer (2008}), por mencionar solo algunos de los estudios más influyentes, las fases tempranas del curso de vida -infancia, adolescencia y juventud temprana- han recobrado un papel central en el entendimiento de las formas de injerencia de las y los jóvenes en los asuntos públicos.

El resurgimiento del interés por la intersección temática entre ciudadanía activa, compromiso cívico y juventud (Sherrod, Torney-Purta y ^{Flanagan, 2010}) ha redundado en el redimensionamiento de procesos vitales particularmente focalizados en la transición a la adultez.

La gradual conversión de los sujetos en adultos se ha tornado en un componente relevante de indagación, en la medida en que las experiencias que tienen lugar durante la juventud enmarcan cambios intensivos que resultan determinantes en la orientación del curso de vida en sus fases posteriores (^{Elder, 2006}; ^{Casal, 1996}; ^{Mora y Oliveira, 2014}).

Tal y como reporta la bibliografía sobre el tema, a lo largo del periodo que corre desde la infancia hasta la adquisición de ciertos rasgos de autonomía decisional, emancipación emocional e independencia económica, los individuos prefiguran de manera fundamental varios de sus rasgos constitutivos como agentes sociales, productivos y políticos (^{Juárez y Gayet, 2014}).

Originalmente, pensado desde la demografía, el tránsito a la vida adulta solía asumirse como un proceso etápico donde la experimentación de eventos peculiares demarcaba la obtención de un renovado estatus personal definido por roles productivos y familiares. Así, de acuerdo con investigaciones como la de ^{Hogan y Astone (1986}), la conversión en adulto se correspondía con normas sociales y compases institucionales, que incidían en la secuencia y calendario de ocurrencia de acontecimientos que llevarían al joven a concretar su transición a la adultez.

Enclaves clásicos de sociabilidad como la familia, la escuela o el trabajo serían entonces asumidos como reguladores de los ciclos vitales. Particularmente en países desarrollados como Estados Unidos, Inglaterra o Alemania, el análisis poblacional llevaría al establecimiento de un modelo normativo de transición a la adultez, donde el ocaso de la juventud sería asociado con la terminación de la preparación escolar; el ingreso perdurable al empleo; el emparejamiento; el abandono del hogar parental, y el nacimiento del primogénito (^{Kohli y Meyer, 1986}; Mills y ^{Blossfeld, 2005}).

Evidentemente, las limitaciones del esquema anterior consistían en subestimar el margen de heterogeneidades sociales que suelen prevalecer en contextos donde los marcos institucionales carecen de accesos simétricos y relativamente igualitarios (^{Casal, García, Merino y Quesada, 2006}; Oliveira y Mora, 2012). Otra omisión importante se refería al componente subjetivo del proceso transicional (Mora y Oliveira, 2009). De ese modo, la penetración en nuevos esquemas productivos o familiares no necesariamente se traducía en la automática asunción de autonomía por parte del sujeto; dado que la adultez no solo acontece, sino que se produce. Otros trabajos, de más reciente cuño, han subrayado la relevancia de la desestandarización de senderos y el carácter contingente que tiene la prefiguración de expectativas y roles entre los individuos (^{Aronson, 2008}; ^{Grant y Furstenberg, 2007}).

De cara a realidades sociales donde los arreglos institucionales no siempre poseen los mismos alcances y efectos sobre las personas, pensar en el tránsito a la adultez se ha tornado útil para comprender la configuración de desigualdades a lo largo del curso de vida (^{Blossfeld, Klijzing, Mills y Kurz, 2005}; ^{Casal et al., 2006}; Casal, García y Merino, 2011; ^{Mora y Oliveira, 2009}; Oliveira y Mora, 2012; ^{Saraví, 2009}).

En este trabajo se asume que el desarrollo de los individuos es resultado del interjuego entre determinantes estructurales, agencia humana y pautas adaptativas. El tránsito a la vida adulta es conceptuado como un proceso de naturaleza dual. De un lado, este proceso es moldeado, entre otros elementos, por la conjugación de orígenes sociales, adscripciones socio-culturales y experiencias precedentes que condicionan las acciones de las personas. Mientras de otro, se dimensiona la fase juvenil como un proceso intensivo de transformación que se despliega con diferentes grados, temporalidades y tipos de agencia humana, al tiempo que se suscita la adquisición de nuevos roles, responsabilidades y circunstancias que prefiguran el reconocimiento, la autonomía y la emancipación que da sentido a la noción de adultez.

En virtud de la lógica que resguarda dicha experiencia transicional es que se presupone también que en la medida en que acaece el ingreso en nuevos ámbitos de sociabilidad, se ajustan repertorios de acción, recursos y expectativas sociales.

Aunque el logro de la ciudadanía y la participación política han sido parte importante de las preocupaciones del campo sobre la transición a la adultez, prevalecen perspectivas que restringen el involucramiento cívico a las prerrogativas políticas conferidas por la ley, llegada la mayoría de edad (Nat. Res. Counc., 2005; ^{Flanagan y Christens, 2011}). Trascender las limitaciones analíticas de la politización implica comprender que los aprendizajes y acciones vinculadas a los asuntos públicos constituyen tramas complejas, que trascienden el derecho al sufragio.

Activarse cívicamente y convertirse en adulto dan cuenta de una imbricación. Este proceso no es lineal, lo cual puede dar lugar a distorsiones participativas. Es decir, expresiones de involucramiento político diferenciadas basadas en asimetrías, donde la carencia de ciertos recursos, experiencias o la posición social de las personas producen oportunidades desigualmente distribuidas para vincularse con los asuntos públicos (^{Verba et al., 1995}).

La relevancia de estudiar la intersección de los procesos antes mencionada radica en abonar al entendimiento de la participación política, como una experiencia que al igual que el empleo, la educación o la conformación familiar, está sujeta a constreñimientos particulares. La intervención en la esfera pública -en aspectos decisionales, comunitarios o sociales- también está influenciada por temporalidades específicas y arreglos recursivos que ponen en duda las pretensiones igualitarias de los regímenes democráticos. Aportar evidencia sobre la manera en que tiene lugar la acción política de las personas, coadyuva a conocer no solo quienes se involucran activamente, sino por qué lo hacen, a qué barreras de acceso se enfrentan y qué desigualdades deben sortear para ejercer la ciudadanía política.

Datos e hipótesis

Con el objetivo de problematizar la activación cívica desde una perspectiva diacrónica, y a partir del enfoque de transición a la adultez, el ejercicio de contrastación aquí propuesto se basa en el trabajo con datos de una encuesta a jóvenes universitarios del Distrito Federal. Para obtener la muestra, se seleccionó una universidad privada -Universidad A- dirigida a atender las demandas de población de los sectores medios y de altos ingresos, y una pública -Universidad B- que exhibe mayor heterogeneidad en cuanto al origen social de los estudiantes inscritos, con marcado predominio de los estratos medios bajos y estratos vinculados a las clases trabajadoras urbanas³.

La Universidad A, con más de siete décadas de existencia, forma parte de uno de los sistemas de instituciones privadas con mayor demanda y prestigio de la República Mexicana. En el caso del plantel específico de los sujetos de estudio, este se integra a una organización subregional, donde convergen los campus ubicados en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y algunos otros situados en entidades ligadas al núcleo central de dicho entorno urbano. El costo de matrícula semestral, durante el semestre de la entrevista, ascendía a 93.200 pesos (USD 5.648,5), lo que constituye una cuota prohibitiva para la mayoría de las familias mexicanas⁴. Asimismo, al momento de levantamiento de la encuesta, la población estudiantil estaba compuesta por 4.135 estudiantes. Con base en información proporcionada por la propia institución, así como a partir de los datos recabados, se tiene que 9 de cada 10 alumnos eran hijos de padres que culminaron una carrera universitaria; 2 de cada 10 provenían de familias donde los padres habían cursado alguna maestría o doctorado y 7 de cada 10 habían estudiado el bachillerato en la misma universidad donde actualmente sus hijos cursan estudios profesionales.

La Universidad B forma parte de una red institucional con más 40 años de existencia. Al momento del levantamiento de datos contaba con 13.841 estudiantes. La composición social de este grupo da cuenta de la presencia de sujetos de clases medias bajas y un claro predominio de sectores urbanos de extracción popular. De cada 10 estudiantes, 8 provenían del sistema de educación público; cerca de 7 de cada 10 eran universitarios de primera generación; 6 de cada 10 residían en hogares con ingresos de entre tres (USD 181,82) y menos de diez mil pesos mensuales (USD 606,06); 1 de cada 10 pertenecía a familias con ingresos inferiores a 3,000 pesos y solo 2 de cada 10 provenían de entornos familiares cuyos ingresos superaban los 10 mil pesos mensuales (ver tabla 1)⁵.

El propósito de tal elección consistió en comparar dos contextos formativos que, tanto en su interior como entre ellos, albergaran un margen de heterogeneidad social que permitiera contrastar la importancia de distinciones asociadas a la posesión de ciertos rasgos estructurales, antecedentes de participación política en la familia y rutas de transición a la adultez.

Para recabar los datos se optó por una estrategia de muestreo irrestricto aleatorio, con un margen de error máximo de 4,3% a 95% de confianza y con un nivel de heterogeneidad de distribución de respuestas conservador al 50%. Para validar la muestra se conocían algunos parámetros del marco poblacional, tales como el total de la matrícula de cada universidad, la distribución por sexo, carrera y semestre de los estudiantes. La aplicación de cuestionarios se realizó en puntos de afluencia dentro de cada plantel, con el objeto de evitar sesgos electivos asociados a la composición de grupos en aulas y maximizar la varianza captada en las características de los informantes. En la Universidad A se obtuvo un total de 462 registros, mientras que en la Universidad B la cifra asciende a 501 observaciones.

El esquema comparativo propuesto no apunta a la conformación de casos de estudio. Pese a la relevancia que una y otra institución tiene en el panorama de la educación terciaria, el objetivo consistió en someter a prueba un modelo analítico particular que postula la articulación de dimensiones que prefiguran condiciones distintivas de participación política. Nuestro propósito se centra en contrastar las ventajas/desventajas que factores como el origen social, los precedentes de involucramiento político en el seno familiar y la experiencia transicional a la adultez reportan en el trazado de trayectorias diferenciadas de activación política. En ese sentido, los contextos universitarios sirvieron para identificar sujetos con posiciones sociales contrastantes a efectos de analizar cómo las desigualdades sociales asociadas a la familia de origen definen, de manera diferencial, la temporalidad de incursión política de los jóvenes estudiados.

Considerando la bibliografía del campo, se formuló una conjetura según la cual: la posición social de las y los jóvenes, las diferencias de género y la precedencia de experiencias tempranas y familiares de carácter participativo se conjugan con la experimentación de eventos transicionales que definen la autonomía y el carácter independiente de las y los jóvenes durante el curso de su prefiguración como adultos. Esta combinación de elementos da lugar a la configuración de una brecha de posibilidades de participación política activa. La persistencia de tal brecha sería indicativa del cómo durante la transición a la adultez se perpetúan y consolidan diferencias sociales que derivan en asimetrías en el involucramiento político.

Esta conjetura permite formular, a manera de hipótesis de trabajo, que una mayor probabilidad de participación política está asociada a los estratos sociales de mayor solvencia económica, al hecho de ser hombre y a la precedencia de prácticas tempranas de involucramiento familiares y personales en asuntos públicos. Asimismo, dichas ventajas se conjugan con la gradual adquisición de autonomía decisional e independencia económica que supone la experimentación de eventos transicionales particulares. Estos últimos, en tanto situaciones que, como el primer empleo, la salida del hogar parental o la adquisición de nuevas responsabilidades, se traducen en mayores recursos materiales y personales por parte de las personas jóvenes, lo cual favorece una mayor participación política.

El modelo analítico postulado pretende sintetizar varias de las dimensiones identificadas como relevantes en estudios previos y problematizarlas mediante la incorporación de una pauta de dependencia temporal, la cual está referida a la manera en como distintos factores alteran el calendario y la intensidad con que se suscita la activación política a lo largo una trama etaria de interés. El origen social, en tanto indicador de la calidad de vida; algunas adscripciones socio-culturales como el género; la precedencia de experiencias familiares o personales en organizaciones sociales y políticas; así como las circunstancias y eventos bajo los que tiene lugar el tránsito a la adultez, permitirían comprender en qué medida desigualdades sociales se tornan en diferencias políticas durante un periodo intensivo de transformación y adaptación. Este último, como una trama que tiene lugar desde la infancia, hasta el momento mismo en que las y los jóvenes concretan una mayor autonomía e independencia.

El tratamiento de datos se sustentó en el empleo de técnicas estadísticas de análisis de historia de eventos. Estas permiten conocer la probabilidad de que individuos con ciertas cualidades analíticamente relevantes experimenten una determinada transición de interés. De manera específica, aquí se empleó el análisis de datos de tiempo al evento, bajo el ajuste de modelos de tiempo discreto. En estos últimos, se prepondera la ocurrencia de una transición determinada en intervalos de duración (^{Allison, 1984}).

El “evento” a analizar es la participación política, el cual se registra en una variable dicotómica que asume el valor 0 = para quienes no han participado y 1 = para quienes declararon haber participado activamente. La variable de duración viene dada por la edad a la cual el informante reporte haber iniciado su involucramiento en actividades de dicho tipo, o la edad al momento de la entrevista en caso de que no hayan experimentado el evento.

Para definir los indicadores de participación se tomó en cuenta la especificidad de los sujetos de estudio. De esa manera, como elementos de involucramiento se consideró la vinculación a clubes de lectura, grupos ambientalistas, instancias de ayuda comunitaria, comités vecinales o barriales, asociaciones estudiantiles, manifestaciones y performances, protestas y toma de avenidas, campañas políticas o redes de apoyo a candidatos, así como agrupaciones políticas de tipo partidista o ligadas a organizaciones de la sociedad civil.⁶

Discusión de hallazgos

Distintas aportaciones sugieren que la participación política es un privilegio ejercido por agentes con cualidades muy específicas: los más educados, los más adinerados, los mejor posicionados dentro de la sociedad son aquellos que se vinculan de manera más densa y sostenida con el tratamiento de asuntos públicos (^{Milbrath y Goel, 1977}; ^{Verba et al., 1978}; Verba et al., 1995; ^{Burns et al., 2001}; ^{Klesner, 2009}; ^{Walsh et al., 2004}; ^{Jarvis et al., 2005}; ^{Mannarini et al., 2008}).

En una pluralidad de contextos y de fuentes de información, estas investigaciones han coincidido en el papel favorable que tiene la tenencia de recursos económicos, mayores márgenes de disponibilidad sobre el uso del tiempo, así como mayores habilidades y conocimientos, en el volumen y la proclividad para el ejercicio activo de derechos cívicos.

Sin reparar demasiado en la naturaleza de los espacios institucionales y extraformales para el involucramiento político, la evidencia contenida en esfuerzos precedentes sugiere que las plataformas disponibles de participación tienden a ser de inclusión limitada⁷. Las arenas prevalentes para enlazarse con el sistema político parecieran regirse por costos de entrada, que demandan la posesión de ciertos capitales, así como la pertenencia a determinados grupos sociales con mayor capacidad de interlocución en la construcción de la agenda pública.

La explicación propuesta en esta investigación recogió en una primera dimensión el impacto asociado a las distinciones derivadas de las condiciones materiales de origen social y la adscripción dada por el sexo de la persona. En una segunda, se consideraron elementos como la participación familiar y el involucramiento asociativo durante la niñez. Mientras que en la tercera se problematizaron los eventos y circunstancias clave del tránsito a la adultez.

Con la incorporación de tales parámetros explicativos se esperaba que en la medida en que los individuos se desplazan a lo largo de la trama temporal, que corre hasta los linderos de la transición a la vida adulta, se conformaran distintas brechas participativas. Estas últimas, dadas por diferencias en el calendario e intensidad con que se suscita la activación cívica hasta el límite de los 29 años de edad. Atravesadas por una lógica selectiva que permite traducir ventajas sociales en condiciones más favorables para el involucramiento político, la escisión entre pautas se presentaría como consecuencia de la tenencia de ciertos atributos que inciden en la propensión de participar en el tratamiento de asuntos públicos. En relación con estos temas, hemos podido observar los siguientes patrones⁸.

Primero, en relación con las condiciones de origen social, tanto en el nivel comparativo para la muestra general, como dentro de cada subconjunto escolar estudiado, los patrones identificados sugieren que las personas jóvenes que provienen de entornos económicamente más favorables tienden a participar a edades más anticipadas y en proporciones mayores, con respecto a aquellos de orígenes sociales más bajos.

En el gráfico 1 se presentan las probabilidades estimadas de haberse involucrado políticamente, según la pertenencia al percentil 10 o 90 de la medida sintética que condensa el acceso a bienes y servicios por parte de los jóvenes estudiados. En consonancia con los hallazgos de autores como ^{Verba et al. (1995}), ^{Mannarini et al. (2008}), entre muchos otros, el nivel socioeconómico incide tanto en la tenencia de recursos materiales como en las oportunidades para adquirir habilidades y conocimientos necesarios para concretar la participación política.

Tal y como sugieren ^{Verba et al. (1995}), el impacto de las distinciones socioeconómicas se entiende como resultado de la conexión que prevalece entre los recursos materiales de las personas y otros elementos tales como la disponibilidad del tiempo, las posibilidades de acceso a la educación formal o el tipo de vínculos que se construyen en ciertos ámbitos de sociabilidad.

No obstante, en adición a la correlación identificada en trabajos previos, la exploración aquí presentada permite relevar otros efectos sugerentes ligados a la pauta de dependencia temporal. Tal y como se puede constatar en el gráfico 1, la asociación entre orígenes sociales y participación política se expresa también en un calendario diferenciado de activación cívica. Así, quienes provienen de contextos más favorables tienden a involucrarse políticamente a edades más tempranas. De acuerdo con nuestras estimaciones, para la muestra analizada, a los 15 años quienes se ubican en el percentil de mayores privilegios poseen el doble de probabilidades de haber participado políticamente con relación a aquellos situados en el percentil de menores recursos. Más aún, posterior a esa edad, el patrón asimétrico se mantiene, de manera tal que la proporción de jóvenes políticamente activos tiende a concentrarse en el grupo económicamente más favorecido. El hallazgo resulta relevante en tanto se advierte que dicha tendencia se profundiza a lo largo de los intervalos etarios que corren desde la infancia hasta la transición a la adultez.

En el gráfico 2 se presentan las probabilidades estimadas de que los entrevistados hayan iniciado su involucramiento político durante distintos momentos desde la infancia hasta su transición a la adultez, diferenciando la universidad en que están inscritos. Como puede apreciarse, la proporción de estudiantes que han experimentado el evento de activación cívica tiende a ser mayor para quienes provienen de la Universidad A. Asimismo dentro de ese mismo grupo, el inicio de una vida política activa se suscita a edades más tempranas.

Tomando como referencia los 18 años de edad, se tiene que las probabilidades de haber participado políticamente resultan 60% mayores para quienes estudian en la Universidad A en comparación con quienes lo hacen en la Universidad B. Al respecto, es preciso recordar que la pertenencia a una u otra universidad está fuertemente asociada con el estrato social de sus alumnos. Una vez más, el efecto mediado del nivel socioeconómico que sugieren ^{Verba et al. (1995}) se manifiesta también en el carácter selectivo que se reproduce en los circuitos de formación profesional.

Desde luego, además de las distinciones según estrato social, el efecto asociado al tipo de escuela invoca otros condicionantes de intervención en la prefiguración política activa de los universitarios estudiados. Así como ^{Verba et al. (1995}) denotan la correlación parcial del nivel socioeconómico con otros factores predictivos de la participación, ^{Lareu (1987}; Lareu y McNamara, 1999) apunta que la vinculación entre el entorno familiar y escolar tiende a dotar de experiencias diferenciadas en la adquisición de recursos, competencias y conocimientos para el ejercicio de ciertas prácticas. Junto con la particularidad del ethos formativo, las instituciones educativas tienden a incidir preponderantemente en la reproducción de la estructura social. En ellas se establecen oportunidades y discursos disposicionales que moldean el capital cultural de los educandos. Se trata entonces de comunidades relativamente constreñidas, donde rasgos precedentes y adquiridos se conjugan para incidir en decisiones que orientan el curso vital, entre estas, la de tomar parte activa en el tratamiento de asuntos públicos.

Aunado a las disparidades materiales, otras contribuciones también han enfatizado el papel del género como configurador de brechas en el involucramiento político. La prevalencia de espacios participativos predominantemente masculinizados o la discriminación hacia las mujeres como agentes políticos han merecido consideraciones particulares por parte de autores como ^{Burns et al. (2001}). De acuerdo con ellos, el debate se ha conducido por conjeturas donde la asimetría participativa entre hombres y mujeres se liga a la falta de tiempo de estas últimas para tomar parte en actividades políticas; la presión para dedicarle mayor esfuerzo y dedicación a la crianza de hijos o el cuidado de familiares; la antecedencia de familias patriarcales donde la jerarquía incide en roles diferenciados; el acceso acotado a recursos socioeconómicos dada la disparidad educativa, ocupacional y de ingreso con respecto a los varones; la discriminación que se traduce en la distinción de espacios e intensidades con que se suscita el involucramiento; y pautas de socialización donde se produce un déficit actitudinal para comprometerse o interesarse por asuntos públicos.

Aunque el trabajo de ^{Burns et al. (2001}) solo encuentra soporte empírico para las hipótesis relacionadas con la estructura familiar, el nivel socioeconómico y la diferenciación de espacios participativos, se sabe que las implicaciones del género en materia política suelen operar mediante mecanismos de mayor complejidad según el contexto de estudio. De hecho, tal y como sugiere la evidencia recabada por esos autores, resulta importante no desestimar la intervención de factores compensatorios como la precedencia de involucramiento familiar o la inmersión en enclaves asociativos en edades anticipadas.

Sin problematizar más finamente la conexión entre el género y la participación política, nosotros optamos por un análisis indicativo con el objetivo de contrastar la persistencia de diferencias entre las y los jóvenes de las universidades A y B. A diferencia de ^{Burns et al. (2001}), nuestro propósito consistía en relevar la probable asimetría en el calendario e intensidad con que se suscita la activación cívica entre ambos sexos.

Como puede verse en el gráfico 3, en el conglomerado de universitarios estudiados, las distinciones entre hombres y mujeres no parecen ser muy pronunciadas. Dicha cuestión implica que, aun cuando prevalece una mayor probabilidad de involucramiento entre los varones, las mujeres no necesariamente se rezagan de manera significativa. Más aún, cuando se tiene en cuenta la presencia de otros factores como la precedencia de ejercicios asociativos durante la infancia, las diferencias entre jóvenes del sexo masculino y femenino tienden a desvanecerse.

Una cuestión clave en este hallazgo se relaciona con el énfasis contextual para la interpretación de efectos. Tal y como ^{Burns et al. (2001}) apuntan en su investigación, la magnitud de las disparidades de género tiende a modificarse de acuerdo con el espacio en que están situados los sujetos de estudio. De ese modo, de acuerdo con el patrón de probabilidades estimadas, hay una diferencia observable en el trazado de brechas entre la Universidad A y B. Las distinciones en calendario e intensidad asociadas a la pertenencia de género resultan menos pronunciadas en la institución privada que en la pública. Tomando como referencia los 18 años, en la Universidad A, las probabilidades de haberse involucrado políticamente a esa edad son apenas 21% mayores para los hombres que para las mujeres. En contraste, en la Universidad B, y en ese mismo punto etario, los varones ostentan 79% mayores probabilidades de haber participado con respecto a sus compañeras de formación.

La introducción del factor de precedencia asociativa durante la infancia parece corregir el carácter más anticipado e intenso con el que los hombres se activan políticamente. No obstante, en los casos donde dicho antecedente no está presente es preciso puntualizar el origen de las asimetrías participativas de género, sus impactos mediados por la incursión en ciertos circuitos institucionales y la manera como el sexo se conjuga con otros atributos.

Los indicios aportados por esta primera dimensión hacen eco efectivo de planteamientos antecedentes sobre patrones de inequidad en las tasas de participación. Nuestra evidencia sugiere que las distinciones socioeconómicas y de género tienden a concretarse desde edades relativamente tempranas. El impacto de tales factores desemboca en expresiones participativas anticipadas en cierto grupo de los jóvenes estudiados, dando lugar a que el involucramiento cívico tienda a prevalecer entre los más favorecidos. Ya sea por sus condiciones materiales, sus mayores oportunidades de acceso a ciertos conocimientos y prácticas en espacios selectivos o por su pertenencia al sexo masculino, la muestra analizada da visos de un patrón de activación asimétrico que se pronuncia a lo largo del intervalo vital que corre desde la infancia hasta los 29 años.

En una segunda dimensión, se consideraron factores como la participación familiar⁹ y el involucramiento asociativo durante la infancia¹⁰. Ambos componentes son indisociables del contexto de partida en que se ubican nuestros informantes y, por tanto, vienen influenciados por las ventajas materiales y culturales que ostentan sus padres, así como por el perfil de personas con quienes se comparte la experiencia de socialización temprana.

En el gráfico 4 se consigna el patrón de probabilidades estimadas bajo el efecto del precedente de participación familiar. Para ello, se consideró el involucramiento político de los padres y parientes cercanos tanto por vías convencionales como no convencionales. Asimismo, como en las tendencias graficadas previamente, los cálculos se llevaron a cabo manteniendo constante el resto de los predictores.

En ambas universidades, aproximadamente 8 de cada 10 estudiantes indicaron que sus padres o familiares habían tomado parte en alguno de los repertorios participativos considerados en el cuestionario de encuesta. Como se puede apreciar, la experiencia de activismo cívico familiar ejerce no solo una incidencia favorable sobre la propensión a participar políticamente. A su vez, refleja la transferencia de ciertos hábitos, disposiciones y destrezas para inmiscuirse en el tratamiento de asuntos públicos. Es decir, las y los jóvenes que provienen de familias con mayor trayectoria de participación política muestran mayores probabilidades de activación política a una menor edad.

En concordancia con otras investigaciones que señalan la relevancia del contexto doméstico como ámbito fundamental de politización (^{McIntosh, Hart y Youniss, 2007}; O’Donoghue y Strobel, 2007; ^{Schmidt, Shumow y Kackar, 2007}; ^{Verba et al., 1995}; ^{Burns et al., 2001}; entre otros), este hallazgo permite inferir que en los casos en que se carece de referentes parentales de activismo, existe una alta probabilidad de truncamiento para la participación política.

La socialización política en el hogar se traduce en la adquisición precoz del valor de uso de la participación y el enlace con el espacio público. Aunado a las limitaciones que supone la falta de recursos económicos, temporales y relacionales, la ausencia de involucramiento en los confines familiares da lugar a un déficit actitudinal donde se confiere poca importancia a la política y se le adjudica una baja efectividad a la acción. Si se considera que la activación política se detona preminentemente durante el lapso que corre de la infancia hasta el tránsito a la adultez, se vuelve poco probable que dichas personas puedan incorporarse a alguno de los circuitos disponibles para el desa hogo de asuntos públicos, a no ser que eventos críticos personales o coyunturas políticas emergentes creen condiciones excepcionales para que la activación política de estos jóvenes acontezca en las fases subsiguientes de su curso de vida.

De igual forma, tal y como se mostró anteriormente en el gráfico 3, la inmersión en cuerpos colectivos o en circuitos de agregación asociativos desde la infancia implica el despliegue anticipado de habilidades sociales que redundan en un calendario de activación política mucho más temprano. En muchas ocasiones promovida por la voluntad familiar, la inserción de niños y niñas en ese tipo de esquemas favorece el desarrollo de competencias de sociabilidad, donde tal y como se refirió con antelación, se transmiten y adquieren elementos que prefiguran el “capital cultural” de las personas. Por ello, la incidencia de este antecedente no debe ser desligada de la contribución parental y del papel coaligado que la escuela y el núcleo doméstico ocupan en los procesos de socialización (^{Lareu, 1987}; Lareu y McNamara, 1999).

Finalmente, por lo que toca a la última dimensión sobre eventos y circunstancias claves del tránsito a la adultez, se optó por una conceptuación ajena a la visión clásica de la demografía y su cariz normativo y etápico. La aprehensión de dicho proceso se realizó a partir de cuatro atributos: la adquisición de condiciones crecientes de autosustentación, la reducción de los grados de control externos sobre la toma de decisiones, la adquisición de roles sociales que se definen y ejercen a partir de un repertorio renovado de derechos y obligaciones y, finalmente, el reconocimiento social de la persona como un individuo autosuficiente que procede en pleno uso de sus facultades y es responsable de sus acciones.

En correspondencia con lo anterior, el tratamiento de datos se orientó a la problematización de tres elementos: (1) eventos claves como la salida del hogar parental por al menos 6 meses o la entrada al mercado de trabajo; (2) condiciones de emancipación económica y autonomía decisional, las cuales contemplan indicadores distintivos sobre la capacidad de autosustentación y autodeterminación; y (3) circunstancias de vulneración, donde se recoge la experiencia de situaciones adversas por parte de las y los encuestados.

Para esta presentación optamos por ejemplificar algunos rasgos sobresalientes en las tendencias rastreadas. Es importante remarcar que para todos los casos se controló que el acontecimiento o situación transicional de referencia hubiese ocurrido en edades previas al momento en que la persona reporta el inicio de su activación política.

En general, el análisis desplegado en torno a esta dimensión permite inferir dos consideraciones. Primero, eventos-transición a la adultez como el ingreso al mercado laboral o la salida del hogar parental inciden favorablemente en el calendario e intensidad con que ocurre la activación cívica de los sujetos estudiados. Pese a que ambos acontecimientos revisten la adquisición de nuevas responsabilidades, también representan la oportunidad para redimensionar las capacidades de los individuos. Mediante el tejido de nuevas relaciones sociales, la obtención de otros recursos materiales y la prefiguración de experiencias, las personas incrementan sus repertorios de actuación, así como su vinculación frente a otros derechos y temas que demandan de la incursión en el espacio público.

Segundo, como muchos de los factores explorados, la relevancia de ciertas transiciones no es general. La necesidad de trabajar o el desplazamiento del domicilio parental están sujetos a especificidades contextuales que condicionan el itinerario biográfico de los individuos. En ese sentido, no se trata solo de situar la importancia de dichos eventos, sino de enmarcarlos con respecto a la emancipación efectiva que se conquista a partir de su ocurrencia. Tal cuestión es digna de señalarse, en tanto en función de la relevancia que tienen estos acontecimientos vitales, se prefiguran impactos diferenciados. Estos últimos, asociados a casos en los que se suscita una ruptura frente a determinaciones estructurales previas, u otros en los cuales no necesariamente trabajar o mudarse de casa de los padres redundan en una mayor independencia económica y autonomía decisional. Así, de acuerdo con la evidencia conjuntada, eventos-transición repercuten de manera amplia en la propensión participativa, cuando su incidencia viene acompañada del logro de una mayor autonomía por parte de las personas jóvenes.

Tomando como ejemplo la experiencia del primer empleo en el gráfico 5, se puede observar que quienes han incursionado en el mercado laboral alcanzan poco más del doble de probabilidades de ser políticamente activos. Particularmente, en la imagen relativa a la Universidad B, presentamos una lógica de estimación diferente, ajustando las probabilidades de participación a la luz de la interacción entre el ingreso al trabajo y el status de dependencia/independencia económica. Como se puede apreciar, la brecha participativa tiende a incrementarse cuando además de haber entrado al campo laboral se adquieren condiciones efectivas de autosustentación.

Evidentemente, el hallazgo merece consideraciones de mayor alcance y ulteriores ejercicios de contrastación. Este tipo de eventos transicionales podrían ejercer efectos compensatorios sobre otros atributos asociados a un calendario retrasado y una menor intensidad en el inicio de una vida políticamente activa.

En el caso de la acumulación de sucesos y situaciones de vulneración, encontramos que estas, lejos de inhibir el involucramiento cívico, apuntan a la conformación de detonantes particulares para promover la apelación al sistema político. Sorpresivamente, derivado de la vivencia de circunstancias adversas, las personas jóvenes entrevistadas parecen alcanzar una mayor disposición para intervenir en el tratamiento de asuntos públicos.

Según se muestra en el gráfico 6, a los 18 años de edad, los universitarios situados en el percentil 90 del volumen acumulado de eventos de vulneración reportan mayores probabilidades de haberse involucrado políticamente, con respecto a aquellos del percentil 10 que han padecido escasas situaciones adversas.

El origen social funge nuevamente como un importante mediador en la relación entre la vulnerabilidad y la participación, considerando que el nivel socioeconómico de las personas incide en la propensión para experimentar ciertas dificultades a lo largo del curso de vida. Más aún, el acceso a ciertos recursos materiales y sociales influye correlativamente en la capacidad de los individuos para sobreponerse a tales adversidades.

Teniendo eso en cuenta, y a fin de no sobreestimar la relación entre la vulnerabilidad y la activación política, realizamos una estimación de probabilidades a partir de la interacción entre el volumen acumulado de circunstancias adversas y el tercil de ubicación de los informantes en materia de origen social.

En el gráfico 7 se presenta la contrastación entre los percentiles de más baja y alta vulnerabilidad a la luz de los estratos bajo, medio y alto de las condiciones de origen social para ambas universidades. Tal y como reflejan los patrones estimados de probabilidad, la vulnerabilidad propicia al activismo en ciertos sectores aventajados, mientras que en otros tiende a perpetuar el rezago que deviene de sus propias limitaciones transferidas desde el seno del entramado familiar. Este hallazgo no es determinante y en virtud de su cariz contraintuitivo obliga a profundizar en la complejidad que reviste la interacción entre ventajas y desventajas sociales, como factores explicativos de los procesos de activación política.

Considerando la evidencia presentada en este trabajo, la participación en asuntos públicos que hoy parece ser ejercida más como un privilegio que como un derecho, demanda conocer de forma más detallada quiénes son los ciudadanos dotados de voz y de habilitación para el involucramiento. Solo a sabiendas de una explicación más exacta, podrá delimitarse a qué grupos pertenecen los excluidos, quiénes son los relegados, qué condiciones los definen y cuáles circunstancias posibilitarían su acceso a los canales de acción.

A manera de cierre

De manera panorámica, el trabajo aquí expuesto nos invita a reflexionar en torno a tres cuestiones. En primer lugar, nos permite subrayar que la participación política requiere ser conceptuada como una condición resultante de procesos longitudinales, cambiantes y adaptativos que se suscitan a lo largo del curso de vida. Mayor atención debe conferirse al estudio de cómo la transición a la adultez se relaciona con la activación cívica y el ejercicio de participación política de las personas jóvenes. Ello posibilitaría, por un lado, ampliar nuestra comprensión de los procesos que gobiernan y moldean esta transición y, por otro, conferir un carácter diacrónico al estudio de la participación política.

Segundo, que la habilitación cívica se prefigura de manera intensiva durante el lapso que corre desde edades tempranas hasta el inicio de la vida adulta. Aunque con una muestra acotada de sujetos de estudio, en este trabajo intentamos mostrar cómo el involucramiento cívico está sujeto a tensiones donde distinciones materiales, diferencias formativas, precedentes familiares y trazos vivenciales, influyen en la traducción de desigualdades sociales en asimetrías políticas. La participación en otras arenas sociales vinculadas al ámbito laboral, educativo o familiar también parece estar presente en la conformación de enlaces entre los individuos y el sistema político del cual forman parte.

Tercero, que aun en escenarios de heterogeneidad social relativa como los aquí analizados, donde el peso de las distinciones y desigualdades sociales no es el más extremo, persiste la conformación de brechas en las posibilidades de participación entre sectores con mayores ventajas sociales y aquellos que ocupan una posición social inferior. La evidencia recabada opera en favor de la hipótesis que sostiene que la activación política es una función de los recursos económicos, sociales y culturales a que tienen acceso las personas. En ese sentido, no es de extrañar que las y los jóvenes que provienen de familias de estratos medios altos, quienes han acumulado mayores recursos educativos y culturales y han crecido en ambientes familiares donde la participación política es positivamente valorada, sean quienes inician sus experiencias de involucramiento político a menor edad y quienes, conforme transcurren los años, alcanzan las mayores probabilidades de participación política. Siendo que esto último se ve reforzado con el logro de una mayor autonomía decisional e independencia económica.

Tal y como se discutió en la sección previa, aunado a las restricciones muestrales de nuestra investigación, se torna preponderante aportar mayor evidencia sobre el carácter complejo y multisituado de la participación política. Las distorsiones participativas señaladas por ^{Verba et al. (1995}) parecieran encontrar eco efectivo en la pauta de dependencia temporal que opera para las y los jóvenes de las universidades analizadas. No obstante, en el tenor de nuestra propia evidencia presentada, es importante indagar en qué medida interactúan distintos factores, dando lugar a la reproducción de brechas entre ciudadanos plenamente involucrados y aquellos parcialmente activos.

Resulta por demás preocupante que la desigualdad que atraviesa la prefiguración política de los sujetos se suscite desde edades tan tempranas, y con un fuerte halo de incidencia del origen social y familiar. Si aún entre el selecto contingente de jóvenes que accede a la educación superior en México persiste el trazado de tales asimetrías, nos podemos imaginar la distancia con respecto a quienes, por su origen y privaciones sociales, se ven forzados a truncar sus trayectorias educativas precozmente. Por tal razón, se torna urgente dilucidar de qué manera se conforma el involucramiento activo en sociedades profundamente desiguales como las latinoamericanas. Sin duda una apuesta central para el fortalecimiento democrático está ligada al ejercicio de una ciudadanía plena y comprometida por parte de ciudadanos de todos los estratos sociales. Ninguna democracia es sostenible bajo la exclusión de cualquier sector social, pues una democracia de minorías no es deseable ni funcional