Introducción

La recuperación de la democracia como forma de gobierno en América Latina a lo largo de la década de 1980 tuvo como correlato la consolidación de nuevos objetos de estudio en el campo académico. Sin ir más lejos, la forma concreta que adquirieron las llamadas “transiciones a la democracia” en los distintos países de la región se convirtió en sí misma en uno de los campos de investigación más fecundos en el campo de las ciencias sociales y humanas.

Este fenómeno, asimismo, abriría camino a interrogantes respecto del accionar de distintos sectores de la sociedad en un escenario en el que la repetición de nuevos golpes de Estado se convertía en una posibilidad cada vez más remota. En particular, el accionar de las comúnmente llamadas “asociaciones empresariales”, esto es, las que representan a fracciones de capitalistas y terratenientes, comenzó a ganar importancia como objeto de estudio.

La Argentina se constituyó como uno de los ámbitos en los que esta tendencia se vio acentuada. Una de las razones es que dichas organizaciones juegan allí un papel particularmente relevante, ya que asumen en gran medida el rol de representar los intereses políticos y económicos de dichas clases sociales, a diferencia de otros países en los que ese papel ha estado mucho más vinculado a determinados partidos políticos (^{Birle, 1997}). Por otra parte, la relativa ausencia de trabajos que enfocaran la cuestión de forma empírica añadía interés a la cuestión (^{Acuña, 1994}; ^{Birle, 1997}) .

Pero si la consolidación de los gobiernos democráticos había abierto la pregunta respecto del accionar de tales asociaciones en este nuevo contexto, sería otro hecho fundamental el que sentaría las bases para el afianzamiento de este objeto de estudio: la implementación de regímenes económicos neoliberales. En efecto, si bien a lo largo de la década de 1970 habían comenzado a instaurarse regímenes de este tipo en distintos países de la región, en la década de 1990 cobrarían mayor fuerza. Este escenario se consolida como el objeto de estudio, por ejemplo, del trabajo de ^{Viguera (2000)}, quien se detiene específicamente en los pormenores de la apertura económica en la Argentina, y busca dar cuenta del rol desempeñado tanto por los gobiernos como por las asociaciones empresariales en la implementación de dicha política. En esta misma línea, ^{Beltrán (2011)} indaga en el comportamiento de las principales asociaciones de la clase capitalista a lo largo de la década.

Estas investigaciones ponen de manifiesto un fenómeno particularmente relevante: la implementación del proceso de reformas neoliberales no contó con pleno consenso entre los representantes de los propietarios de los medios de producción, esto es, de capitalistas y terratenientes. En este sentido, si bien estos no dejaron de manifestar su consustanciación con el neoliberalismo y su apoyo al avance de buena parte de las reformas, tampoco dejaron de mostrarse reticentes frente al avance del proceso en determinadas áreas.

Sobre esta base, surge la pregunta de si, en dicho contexto, existió algún sector que fuera capaz de accionar sin reparos por la implementación del régimen neoliberal en su plenitud. Aquí nos proponemos indagar sobre esta cuestión, tomando como marco las particularidades del proceso argentino de acumulación de capital. En particular, nuestro objetivo será mostrar que la fracción más concentrada de la clase terrateniente se constituyó como uno de los sujetos sociales que más significativamente fueron capaces de accionar por la implementación del programa neoliberal en su unidad, en contraposición a la generalidad de los capitales del sector industrial. Cabe destacar al respecto que otras fracciones del capital, entre las que sobresale el capital financiero (tanto de origen local como extranjero) se constituyeron como actores igualmente destacados de este proceso.

Para avanzar en estos objetivos, vamos a centrarnos en el accionar de la Sociedad Rural Argentina (SRA), organización que representa a dicha fracción de los terratenientes argentinos (^{de Palomino, 1988}). Al respecto, cabe efectuar algunas precisiones. En primer lugar, cuando aquí se hace referencia tanto a capitalistas como a terratenientes, no se lo hace en relación con su carácter de personas, sino de personificaciones de la propiedad del capital y de la tierra respectivamente. Se trata del punto de vista empleado por Marx en el despliegue de la crítica de la economía política que realiza a lo largo de El Capital (^{Marx, 2006}[1867], p. 7). Dicha perspectiva no implica asumir que la propiedad de la tierra y del capital se halle personificada necesariamente por individuos distintos; de hecho, como ha sido señalado, los miembros de la SRA suelen ser también capitalistas ganaderos (^{Sidicaro, 1982}; de Palomino, 1988; ^{Sesto, 2005}). En consecuencia, tampoco se presupone la imposibilidad de que capitalistas de otras ramas de la producción sean al mismo tiempo propietarios de tierras³.

En segundo lugar, cabe destacar que la SRA no se constituye como única representante de los terratenientes, sino que dicha clase tiene expresiones políticas en distintas organizaciones. Entre ellas destacan tanto Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) como la Federación Agraria Argentina (FAA), que tras la serie de transformaciones en la estructura social agraria pampeana producidas en la segunda mitad del siglo pasado comenzó a nuclear también a propietarios de pequeñas extensiones de tierra (^{Lissin, 2010}; ^{Pérez, 2015}).

Para avanzar en los objetivos propuestos, analizamos en primer lugar el programa económico de la SRA en el contexto de la crisis de finales de la década de 1980, así como algunos aspectos de su acción política en los primeros dos años de la implementación de las reformas, remarcando aquí el contraste exhibido con el accionar de las asociaciones de capitalistas. Vamos a centrarnos en un momento clave de dicho proceso: el que media entre la sanción de las leyes de Reforma del Estado y Emergencia Económica y la de Convertibilidad, sobre las cuales nos detendremos particularmente. A continuación, tras presentar una perspectiva respecto de la forma específica de acumularse el capital en la Argentina, haciendo hincapié en el período neoliberal que sucede a la referida crisis, procuramos avanzar sobre el hecho de que la fracción más concentrada de la clase terrateniente sea una de las portadoras más consecuentes de la ideología neoliberal y, por lo tanto, detente la capacidad de accionar en favor de la implementación de la totalidad de las reformas, en contraste con los límites para avanzar en la misma dirección que mostró gran parte de los capitalistas del sector industrial. Esta conclusión se sustenta en que una de las fuentes de valorización del capital en la Argentina consiste en la apropiación de fracciones de renta diferencial de la tierra. Esta particularidad, planteamos como corolario, impide a los representantes de dichos capitales accionar por la liquidación de algunos de los mecanismos que dan forma a dicha apropiación, aspecto que constituyó un eje significativo de las reformas neoliberales.

El desarrollo de este análisis se sostiene sobre distintos tipos de fuentes. Específicamente, la reconstrucción de las posiciones políticas de la SRA y de su accionar se basan tanto en la consulta de documentos propios de la entidad (tanto la revista Anales como la publicación de sus memoria y balance) como de notas periodísticas.

1. El neoliberalismo como ideología de la SRA y su programa económico en la crisis de 1989

Como ya se ha señalado, el liberalismo económico ha sido históricamente la ideología económica que caracterizó el discurso y la acción de la SRA (^{De Palomino, 1988}). Del mismo modo, se ha notado que, en épocas recientes, la asociación abrazó el ideario neoliberal (^{Heredia, 2003}; ^{Gálvez, 2012}). A continuación, procuramos sintetizar la perspectiva de la organización ante la crisis abierta hacia fines de la década de 1980, en la que queda de manifiesto la coincidencia con el programa neoliberal que sería posteriormente implementado.

La inminencia de la crisis, en dicho período, ya había abierto una brecha entre los representantes de las clases capitalista y terrateniente, que valorarían de distinto modo el llamado “Plan Primavera”, lanzado en agosto de 1988. Por una parte, tanto los representantes de los capitales del sector industrial, nucleados en la Unión Industrial Argentina (UIA), como los del sector comercial, agrupados en la Cámara Argentina de Comercio (CAC), apoyaron explícitamente el plan, lo que permitió a la primera negociar medidas como la continuidad de los programas de promoción de las exportaciones, un desdoblamiento más favorable del tipo de cambio, y la discusión de las modificaciones en los aranceles de importación (^{Viguera, 2000}). Por la otra, y a pesar de integrar junto a estas asociaciones el Grupo de los 8 (G-8), la SRA enfrentó abiertamente esta política, procurando incluso empujar a dicho grupo a pronunciarse en este sentido. Ante el fracaso de esta estrategia, se alió momentáneamente con las restantes entidades agrarias, que se hallaban ya en pie de guerra, para publicar una solicitada en la que denunciaban al plan en general y al desdoblamiento cambiario en particular como un “despojo al campo” (^{Acuña, 1990}; ^{Lattuada, 1991}).

En este contexto de agudización de la crisis, la SRA presionaría para poner en marcha su propio programa económico. La formulación más clara de este se halla condensada en un documento difundido en diciembre de 1988 bajo el nombre “Mensaje a la Dirigencia”, en el que se propusieron los lineamientos generales de un programa que evidenciaba claramente la adopción de los principales postulados del neoliberalismo. De manera general, allí se planteaba a la inflación como el principal obstáculo para la estabilidad económica. La forma de eliminarla, se afirmaba, consiste en eliminar el déficit fiscal, para lo cual se efectuaba una serie de propuestas que constituiría poco tiempo más tarde el eje de las reformas: privatización de empresas públicas, reducción de organismos estatales, eliminación de impuestos a las importaciones y especialmente a las exportaciones, y aumento del endeudamiento externo para promover inversiones productivas. Pero si bien estas medidas permitirían contener la inflación, el estancamiento económico tendría como causa la mala asignación de los recursos productivos, a su vez originado en el exceso de regulaciones. Consecuentemente, la propuesta consistía en eliminar todo tipo de regulación económica para permitir que el mercado determine por sí mismo la asignación de los factores. En particular, se sugería al respecto eliminar la intervención sobre precios y salarios, unificar y liberar el mercado cambiario, y “revisar” (con vistas a reducir o eliminar) los programas de promoción industrial (^{Sociedad Rural Argentina, 1989b}, pp. 123-6). Esta última cuestión se convertiría, como veremos, en uno de los ejes de la acción política de la SRA: ya en febrero de 1989, esta insistiría en la necesidad de desarticular los distintos mecanismos de apropiación de renta de la tierra por parte de los capitales industriales, cuestión a la que refería como “desmantelamiento del sistema de privilegios”, y que se había constituido en el eje de sus reclamos desde el retorno de la democracia en 1983 (^{Sociedad Rural Argentina, 1989b}, p. 136).

2. La SRA y los representantes de las distintas fracciones del capital ante la implementación de las reformas neoliberales

A continuación, nos detendremos en el accionar de la SRA y las organizaciones que representan a los capitalistas del sector industrial durante los primeros años del gobierno neoliberal electo en 1989. En particular, vamos a centrarnos en el período comprendido entre dos momentos claves del período: la sanción de las leyes de Reforma del Estado y Emergencia Económica, en ese mismo año, y la de la Ley de Convertibilidad, en 1991.

3. El neoliberalismo como forma específica de acumularse el capital en la Argentina durante la década de 1990

Las principales características del período que se extendió a lo largo de la década de 1990 (y que, en rigor, abarca las presidencias de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, esto es, entre los años 1989 y 2001) han sido abordadas de distinta forma en la literatura económica. Por una parte, desde una perspectiva neoliberal, se ha planteado que el período abierto en 1989, que se habría originado a partir del colapso de la llamada “industrialización por sustitución de exportaciones” (ISI), tendría al crecimiento económico y la expansión en la productividad del trabajo como algunos de sus rasgos más importantes (véase, por ejemplo, ^{Llach, 1997}). En contraposición, autores críticos de esta perspectiva plantean que la crisis de la ISI debe ubicarse hacia mediados de la década de 1970, momento en que el gobierno militar la interrumpe para instalar un “patrón de acumulación” regresivo: la llamada “valorización financiera” (véanse, a modo de ejemplo, los trabajos de ^{Basualdo, 2001}, y ^{Ortiz y Schorr, 2007}). Desde esta perspectiva, se han destacado los rasgos regresivos del período neoliberal de la década de 1990 y, particularmente, la liquidación de una gran masa de pequeños capitales, la expansión del endeudamiento externo, y la caída del salario.

En lo que sigue, presentaremos brevemente un enfoque alternativo sobre la economía argentina, desarrollado originalmente por ^{Iñigo Carrera (1998}; ²⁰⁰³; ²⁰⁰⁷) y retomado posteriormente por distintos autores tanto para el caso de la Argentina como de otros países de América Latina (véanse, entre otros, ^{Grinberg, 2010}; ^{Grinberg y Starosta, 2014}; ^{Kornblihtt, Seiffer y Mussi, 2016}; ^{Caligaris, 2017}; ^{Dachevsky y Kornbhlitt, 2017}; ^{Fitzsimons y Starosta, 2017}). Tomando este enfoque como base, sintetizaremos subsiguientemente los principales aspectos de la acumulación a lo largo de la década de 1990.

De manera general, la economía argentina está conformada por una gran cantidad de pequeños capitales, principalmente de origen nacional, que conviven con fragmentos de capitales de tamaño normal, en su mayoría de origen extranjero. Se trata, en muchos casos, de filiales de los capitales más concentrados del mundo, que operan localmente limitando su producción al mercado interno, o exportan solo bajo regímenes de promoción⁴. Dado que esta contracción en la escala en relación con la que sostienen en sus países de origen implica una fuerte caída en la productividad del trabajo que ponen en marcha y, por tanto, de la tasa de ganancia, dichos capitales se resarcen localmente mediante distintos mecanismos, entre los que se encuentran: la recuperación de medios de producción que se hallan obsoletos para producir para el mercado mundial, pero que aquí son puestos en producción como si fueran la vanguardia del desarrollo técnico; la elusión y evasión impositiva; y una porción de la ganancia que escapa en la circulación a los pequeños capitales. Históricamente, sin embargo, la principal fuente de compensación consistió en la apropiación de una fracción de la masa de riqueza social que fluye hacia el país bajo la forma de renta de la tierra a través de las exportaciones de mercancías agrarias mediante distintos mecanismos, entre los que sobresalen las retenciones a la exportación, la sobrevaluación de la moneda⁵ y el sostenimiento de una tasa de interés real negativa^6. A dichas fuentes se suma, con marcada intensidad a partir de mediados de la década de 1970, la compraventa de la fuerza de trabajo por debajo de su valor.

Sobre esta base, dichos capitales se acumulan liberados de avanzar en el desarrollo de las fuerzas productivas, transformando medios de producción obsoletos en un capital que se valoriza a la tasa normal de ganancia. Sin embargo, la acumulación comienza a chocar, y de forma cada vez más aguda, contra sus límites específicos. Por un lado, al liquidar a los pequeños capitales, la centralización del capital contrae la plusvalía que estos liberan, estrangulando así una de las fuentes de valorización de los capitales más concentrados. Al mismo tiempo, la brecha existente entre la productividad del trabajo limitada por el reducido tamaño del mercado interno y la correspondiente al mercado mundial no hace sino expandirse continuamente. Finalmente, a partir de mediados de la década de 1970, la renta de la tierra agraria entra en un proceso gradual de contracción mundial, tornando particularmente agudas las contradicciones existentes en el proceso argentino de acumulación de capital (^{Iñigo, 1998}; ²⁰⁰³; ²⁰⁰⁷).

Con la escala de la producción chocando ya contra los límites que le impone esta forma específica de acumulación, algunos de los mecanismos de transferencia de renta hacia los capitales industriales comienzan a ser parcialmente desmantelados, volviéndose más limitados y selectivos. A lo largo de la década de 1990, en este sentido, los principales apropiadores de renta pasaron a ser las filiales locales de capitales extranjeros (entre las que destacan especialmente las automotrices) y las empresas de servicios privatizadas. Así, y más allá del sostenimiento de algunos mecanismos de apropiación heredados de períodos previos, la principal forma de apropiación de renta estuvo dada a lo largo del período por la sobrevaluación de la moneda, que osciló en torno al 100% (^{Grinberg y Starosta, 2014}).

Al mismo tiempo, las privatizaciones de las empresas públicas, el estancamiento del salario, la expansión de la tasa de desempleo, el avance en la diferenciación de los atributos productivos de la fuerza de trabajo (y consecuentemente de su reproducción), así como la expansión del endeudamiento externo, tornaron el neoliberalismo como la forma política necesaria en que se realizaron estos procesos. Sobre todo, tras el colapso de las políticas “heterodoxas” aplicadas en la segunda mitad de la década de 1980, que se resolvieron en una crisis hiperinflacionaria y la caída en los salarios reales (^{Grinberg y Starosta, 2014}).

El curso que tomó la acumulación de capital en la Argentina a lo largo de la década de 1990, sin embargo, no hizo sino acentuar sus contradicciones. Por un lado, la sobrevaluación de la moneda (que empieza a afectar a partir de este período no solo la renta de la tierra agraria, sino también en magnitud menor pero significativa la renta ligada a la producción de petróleo, gas y energía hidroeléctrica) atenúa los efectos de la reducida escala del mercado interno, al abaratar la importación de medios de producción pagados con el peso sobrevaluado y aranceles reducidos. Lo mismo ocurre respecto de la importación de medios de vida, al disminuir el valor de la fuerza de trabajo. No obstante, el sostenimiento de una moneda fuertemente sobrevaluada a lo largo de una década requiere de la formación y reposición de una reserva de divisas de magnitud suficiente para contener cualquier tipo de movimiento cambiario en su contra. La expansión del endeudamiento externo, en este sentido, se configuró como la principal fuente de obtención de tales divisas, especialmente tras el agotamiento de los bienes públicos privatizables. Con la irrupción de la crisis mundial y su consecuente expresión en la economía nacional, sin embargo, esta fuente acabó por agotarse, arrastrando consigo el esquema neoliberal (^{Iñigo, 2005}).

4. La ideología neoliberal como forma específica de conciencia de la clase terrateniente y su determinación

Habíamos mostramos previamente que la SRA se había puesto a la cabeza de la lucha por la implementación y profundización de las reformas neoliberales. Al respecto, plantearemos que lo que la determina como una asociación capaz de enarbolar casi sin titubeos la ideología neoliberal y, consecuentemente, de accionar en favor de la aplicación del programa neoliberal en su unidad, es la especificidad que caracteriza al proceso nacional de acumulación de capital. Como ya sintetizamos, mientras que aquí los fragmentos de capitales industriales normales o sus equivalentes en escala se reproducen obteniendo la tasa normal de ganancia sobre la base de apropiar la renta de la tierra agraria, es la clase terrateniente la que, en contrapartida, deja de apropiar dichas fracciones de renta. El neoliberalismo, en este sentido, provee a la SRA de una herramienta con la cual enfrentarse a los distintos mecanismos de apropiación. Detengámonos en algunos de los más significativos al momento de la implementación de las reformas.

Uno de ellos consiste en las distintas formas de subsidio a la producción industrial, cuyo contenido es la transferencia, por parte del Estado, de parte de la renta apropiada previamente mediante mecanismos como las retenciones a la exportación. Se trata de un mecanismo de apropiación que es inmediatamente reconocido como tal por la SRA, que denuncia tanto la “discriminación” a la que se somete al sector agrario al aplicarle retenciones como la transferencia de la masa de riqueza social apropiada hacia los “ineficientes” capitales del sector industrial, que solo serían capaces de reproducirse por recibir “privilegios” como estos.

Otro mecanismo que permite sostener esta forma específica de valorizarse el capital es la restricción a la circulación de mercancías importadas en el ámbito nacional de acumulación, lo que les permite no ser barridos por la competencia a pesar de vender sus mercancías a un precio de producción más alto que el que rige en el mercado mundial. Guiada por la ideología neoliberal plasmada en el programa económico difundido poco antes de la asunción del gobierno menemista, la SRA también clamó por la liquidación de las políticas de protección del mercado interno, y particularmente de los aranceles a la importación.

Lo mismo sucede respecto del déficit público, cuando es cubierto no mediante la expansión del endeudamiento externo sino mediante la emisión monetaria, lo que da pie al sostenimiento de una tasa de interés real negativa. Así, la reproducción de dicho déficit media en la apropiación de porciones de renta de la tierra por parte de los capitales industriales vía la toma de crédito a dicha tasa de interés. Y entre las fuentes del déficit destaca la gestión de las empresas públicas de servicios. También aquí, el neoliberalismo orientó a la SRA a enfrentar este mecanismo. En efecto, como ya vimos, esta no solo accionó por la reducción del déficit fiscal, sino que bregó en favor de la privatización de estos capitales, cuestión que aparece como un eje especialmente significativo del programa neoliberal.

En resumen, es el hecho de representar a la fracción más concentrada de la clase terrateniente en un espacio de acumulación con las características que presenta el argentino lo que determina que la SRA haya abrazado la ideología neoliberal en su plenitud, formulado un programa económico acorde y accionado en pos del avance general de las reformas. Cabe destacar que otras organizaciones que representan a propietarios de tierras de menor tamaño no se sumaron a aquella en sus reclamos, sino que, por el contrario, enfrentaron en buena medida las políticas neoliberales, como es el caso de la FAA. Lo que no resulta sorprendente si se considera que gran parte de su base social, conformada por individuos que eran propietarios tanto de pequeños capitales como de tierras, fue fuertemente afectada por el proceso de concentración y centralización del capital agrario (^{Lissin, 2010}; ^{Pérez, 2015}).

Por su parte, los representantes de las fracciones más concentradas del capital no dejaron de accionar en favor de la implementación de muchas de las cuestiones más significativas del proceso de reformas, coincidiendo así con la SRA: la “flexibilización” laboral, la reducción de los impuestos a la producción e inversión y el achicamiento del Estado serían algunos de los ejes de su acción. En el marco de la fuerte crisis que sacudía la economía nacional, también la reducción del déficit se convirtió en una de las principales reivindicaciones de estos actores sociales. A esto se sumó la privatización de empresas públicas, que además de contribuir a dicho objetivo y tener el resultado aparente de una caída en los costos de producción, podría convertirse (como finalmente sucedió) en un nuevo ámbito para la valorización de capitales privados.

En estos aspectos coincidirían con los reclamos de la fracción más concentrada de la clase terrateniente expresados por la SRA. La revitalización del G-8 expresa estas coincidencias: si bien durante los años de avance de las reformas esta organización no fue capaz de articular una posición conjunta debido a las divergencias entre sus integrantes, hacia 1993 comenzó a tener una presencia más activa en la escena política centrándose, por un lado, en la defensa del “modelo” frente a las críticas de la oposición; y por el otro, en la demanda de su profundización, que descansaría en tres ejes primordiales de contenido general: flexibilización laboral, reforma del sistema previsional, y ajuste fiscal, particularmente en las administraciones provinciales y municipales (^{Viguera, 2000}).

En otras cuestiones, sin embargo, el fervor neoliberal de buena parte de los capitalistas del sector industrial encontraría límites. Ya señalamos, por ejemplo, que estos enfrentaron la política de eliminación de mecanismos de apropiación directa de renta de la tierra, particularmente de regímenes de subsidios y promoción de exportaciones. Lo mismo sucedió respecto de la reducción o eliminación de los aranceles a la importación, que halló entre aquellos no pocas resistencias.

En efecto, como mostramos anteriormente, la generalidad de los capitales del sector industrial se reproduce mediante estos mecanismos. Tomemos, por ejemplo, los de la rama automotriz, uno de los casos más paradigmáticos de esta forma específica de acumulación, y que es representada por una cámara específica: la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA). Esta gestionó en el período aquí analizado la introducción de un régimen especial, que incluía no solo el mantenimiento de aranceles a la importación más altos que el nivel general en el que quedarían comprendidas las restantes mercancías, sino también un sistema de cupos e incentivos⁷.

No son de extrañar, por tanto, los reacomodamientos que atravesó la UIA durante los primeros años de gobierno menemista, y que decantaron en el enfrentamiento entre la COPAL y buena parte de las fracciones restantes. Dichos capitales, en efecto, parecen ser los únicos dentro del sector industrial que pueden coincidir con los terratenientes de la SRA en su capacidad para accionar en torno a la aplicación del programa neoliberal en su generalidad.

La razón de este posicionamiento político de la COPAL amerita, por supuesto, ulteriores análisis. Al respecto, uno de los casos más discutidos en la literatura es el de Arcor, que tiene doble representación en dicha entidad: indirecta, como miembro integrante de la CIPA (Cámara de Industriales de Productos Alimenticios), y directa, por ser también empresa adherida. La capacidad de Arcor para convertirse en poco tiempo de un productor de golosinas para el mercado interno a un exportador al mercado mundial la ha transformado en eje de análisis contrapuestos.

En efecto, mientras que autores como ^{Azpiazu & Basualdo (1989)} o ^{Schorr & Wainer (2006)} hacen hincapié en las transferencias estatales recibidas a la hora de explicar su capacidad de acumulación, ^{Baudino (2009a}; ²⁰¹⁰; ²⁰¹¹) afirma que estas transferencias fueron notoriamente reducidas en comparación con las obtenidas por capitales de otras ramas y que el elemento principal se encuentra en la competitividad internacional de materias primas producidas localmente, en especial el maíz (del cual obtienen la glucosa) y el azúcar. A pesar de que estos autores no mencionan el hecho, en ambas cuestiones se hace presente la apropiación de renta diferencial: no solo las transferencias estatales tienen por base la apropiación previa de fracciones de renta por parte del Estado, sino que, como también mencionamos, son las condiciones diferenciales de producción las que determinan la competitividad de las mercancías agrarias utilizadas como materia prima (especialmente el maíz) y que, por ser portadores de renta de la tierra, circulan en el interior del territorio nacional a un precio comercial inferior al que rige en el mercado mundial por efecto de la presencia de los distintos mecanismos de apropiación. A esto hay que agregar, asimismo, la apropiación vía sobrevaluación de la moneda.

Así, el accionar de Arcor en favor de la profundización de las reformas neoliberales sobre todo a partir de la llegada de Cavallo (con quién, como destaca ^{Baudino (2009b)}, tenían un vínculo directo por intermedio de la Fundación Mediterránea) y la instauración de la convertibilidad puede ser explicado, al menos parcialmente, sobre estas bases: por una parte, la apropiación de renta vía subsidios y regímenes de promoción es sumamente pequeña en comparación con otras ramas; por la otra, los insumos más importantes para su producción no son importados, sino producidos localmente, con lo cual la baja de los aranceles a la importación no les representa una amenaza.

Por otra parte, dada la heterogeneidad de los capitales que integran la COPAL (que representan desde capitales exportadores de carne o de producción de leche hasta producciones regionales como la oliva o los cítricos), parece lógico asumir que la dirección que toma su acción política no necesariamente refleja un consenso absoluto en su interior.

Así, es la apropiación de fracciones de renta de la tierra por parte de los capitales del sector industrial, en cuanto característica específica del proceso nacional de acumulación de capital, lo que permite explicar que aquellos no detenten, de manera general, la capacidad de reivindicar la implementación de las reformas neoliberales en su conjunto. La ideología neoliberal, en este sentido, es lo que guía a los terratenientes a la hora de enfrentar los distintos mecanismos de apropiación de renta por parte de los capitales del sector industrial. Cabe destacar, no obstante, que la principal forma de apropiación a lo largo de la década de 1990 escapó a su accionar.

Específicamente, la sobrevaluación de la moneda que se consolidó tras la sanción de la Ley de Convertibilidad desvió alrededor del 80% de la renta de la tierra de los bolsillos de la clase terrateniente (^{Iñigo, 2007}). Se trata, en efecto, de un mecanismo mucho más difícil de enfrentar (en la medida en que es advertido), ya que a diferencia de otros que afectan específicamente a la producción agraria, como las retenciones o la fijación de precios máximos, se constituye en condición general de acumulación para la totalidad de los capitales que operan sobre el ámbito nacional.

Debido a su magnitud, la sobrevaluación a la que dio lugar la Convertibilidad fue inmediatamente advertida por la SRA, que destacó que “la situación desfavorable en los precios relativos afecta[rá] significativamente al sector exportador, y particularmente al agropecuario”. Pero esta desventaja se vería posteriormente compensada, estimaban, conforme avanzara el proceso de reformas:

El tipo de cambio real de la economía es uno de los principales problemas a solucionar por el Dr. Cavallo. El camino más seguro para lograrlo es una mayor apertura […]. Simultáneamente es necesario lograr una flexibilización laboral. En caso de no optarse por este sendero, presionar a la baja los servicios y obtener un aumento de productividad puede ser una manera de evitar un mayor deterioro [...]. En el sector agropecuario, la reducción de la presión impositiva y la eliminación de regulaciones que actúan sobre el transporte y puertos, permitirían mejorar la situación del sector (^{Sociedad Rural Argentina, 1991a}, pp. 78-79).

Así, la instauración del régimen de convertibilidad no haría sino reforzar la presión de la SRA para profundizar las políticas neoliberales. Otros factores, sin embargo, también pesaron para que esta no solo no la rechazara, sino que acabara por abrazarse a ella como su tabla de salvación.

En primer lugar, la SRA ponderaba el hecho de que la ley impidiera la emisión de moneda, y por lo tanto pusiera límites al crecimiento del gasto público financiado mediante la expansión del déficit fiscal. Pero, más importante aún, la fijación de un ancla al tipo de cambio garantizaba, en caso de éxito, la existencia de “una mayor dosis de certidumbre en cuanto al valor futuro de la divisa” (^{Sociedad Rural Argentina, 1991c}, pp. 14-15).

Por cierto, la Ley de Convertibilidad se constituyó como el punto más novedoso de la política económica implementada en la década de 1990, puesto que no era parte de ninguna agenda neoliberal preestablecida. Sin embargo, rápidamente se mostró capaz de sostenerse en un contexto de estabilidad, con lo cual la salida solo podía ser pensada a un alto costo económico y político (^{Beltrán, 2011}). Esto significaba que quien se atreviera a cuestionarla se vería rápidamente acusado de “desestabilizador”. Especialmente tras la crisis hiperinflacionaria de finales de la década de 1980, que no solo había constituido a la “estabilidad” como un valor en sí mismo, sino que también había dado lugar a la interpretación, compartida incluso por la SRA, de que las devaluaciones no lograrían resolver la situación. En este sentido, ya a finales de 1991, la asociación reconocía que “las circunstancias en que debió instaurarse la Convertibilidad han llevado a un esquema de precios relativos desfavorable para los sectores exportadores y para el agro en particular”, aclarando inmediatamente que “comprendemos la dificultad de su corrección por la vía cambiaria, toda vez que tenemos conciencia de que eso es imposible dentro del camino elegido” (^{Sociedad Rural Argentina, 1991b}, p. 14).

Así, las medidas sectoriales exigidas consistían en privatizar los puertos, recortar impuestos a la producción agraria y bajar las tarifas de los servicios públicos. A estas se sumaban otras de carácter general, y que se referían al avance general de las reformas neoliberales: como la flexibilización laboral o el achicamiento del Estado. De este modo, el apoyo a la convertibilidad no hizo sino reafirmar la necesidad, para la SRA, de profundizar en la implementación de las reformas.

En síntesis, aquí hemos procurado mostrar que, en cuanto representante de la fracción más concentrada de la clase terrateniente, la SRA fue capaz de apoyar la implementación del programa neoliberal en su conjunto, como lo muestra su accionar en los primeros años del período. En contraposición, la generalidad de los capitales del sector industrial buscó limitar algunos aspectos de las reformas implementadas, particularmente las que refieren a la apertura económica y la liquidación de mecanismos directos de apropiación de renta de la tierra.

5. Palabras finales

Sinteticemos las principales conclusiones de este desarrollo. Tomando como punto de partida la forma específica en que se acumula el capital en Argentina, hemos mostrado que el programa neoliberal se convierte, para los terratenientes representados por la SRA, en el vehículo de enfrentamiento contra distintas formas de apropiación de renta diferencial de la tierra por parte de los capitales del sector industrial. Asimismo, y con las excepciones mencionadas, estos son capaces de accionar junto a aquella por la aplicación de parte de las propuestas del neoliberalismo, pero este empuje se detiene frente a la liquidación de los mecanismos más directos de apropiación de renta. Su capacidad de expresar la ideología neoliberal de manera plena, por lo tanto, se ve limitada.

Pero esto no significa que los representantes de la fracción más concentrada de los terratenientes puedan accionar de manera indefinida en pos de la profundización de la política neoliberal. Por el contrario, el propio avance de dicha política desnudaría los límites de esta capacidad (^{Pérez, 2017}).

Tomemos por caso el devenir de los capitales de propiedad estatal aplicados a la producción de servicios. Ya hemos mencionado el rol que estos desempeñaban como vehículo de apropiación de renta por parte de los capitales del sector industrial. El contenido de su privatización, sin embargo, no se detuvo en la liquidación de este papel, sino que encerraba también la conversión de ellas mismas en beneficiarias de esta forma específica de acumulación (^{Iñigo, 1998}; ²⁰⁰⁰). Una década más tarde, la SRA reconocería que “con las privatizaciones se nos dijo que lo importante no era la plata que se obtendría, sino la baja de tarifas debido a una mejor eficiencia. Pero desde que se privatizó, en lugar de tener servicios más baratos, los tenemos más caros” (^{Sociedad Rural Argentina, 2000b}, p. 22). Sobre esta base comenzó a replantearse, tibiamente, la posibilidad de revertir el proceso (en el caso de los ferrocarriles), mientras que se opuso abiertamente a la posibilidad de privatizar el Banco Nación (véanse, respectivamente, ^{Sociedad Rural Argentina, 1999}, pp. 38-39; ¹⁹⁹⁸, pp. 6-8).

Al mismo tiempo, la crisis que se abría hacia finales de la década (y que acabaría haciendo caer al régimen de la convertibilidad), y que había tomado forma, en parte, en una caída en los precios de las mercancías agrarias (cuya exportación, además, se veía afectada por la sobrevaluación), provocó que la SRA reconsiderara, al menos circunstancialmente, su tajante rechazo a la existencia de subsidios a la producción (véase, al respecto, ^{Sociedad Rural Argentina, 1999}, pp. 38-39). Asimismo, cuando la convertibilidad finalmente se derrumbó, la entidad clamó por revertir el enorme avance en el proceso de achique del Estado, y la consecuente desregulación de la actividad económica que eso implicaba (véase ^{Sociedad Rural Argentina, 2002}, p. 6).

En resumen, si bien la especificidad de la acumulación de capital en la Argentina determina a la fracción más concentrada de la clase terrateniente como una de las portadoras por excelencia de la ideología neoliberal, las consecuencias de la implementación del programa implementado a lo largo de la década de 1990 y el desencadenamiento de una nueva crisis provocaron que la SRA, en cuanto representante de aquella, pusiera en cuestión momentáneamente algunos de los ejes centrales de aquel. Cabe destacar, sin embargo, que a pesar de estos replanteos, no dejaría de accionar por la reproducción de la fase neoliberal de la acumulación, incluso cuando esta comenzara a mostrar evidentes síntomas de agotamiento.

Solo con la consolidación de un gobierno de signo opuesto, hacia mediados de la década siguiente, la SRA lograría rearticular y reafirmar los principios rectores de su accionar. Así, el retorno del populismo como forma política general del proceso nacional de acumulación de capital empujaría a la SRA a rechazarlo, enfrentando en primer lugar los aspectos intervencionistas de la política económica, destinadas en gran medida al desvío de un flujo creciente de renta de la tierra hacia los capitales del sector industrial, y posteriormente la política del gobierno en su generalidad. Y al hacerlo, reconstruiría también las principales directrices de su pensamiento, contraponiéndolo al “modelo” político que comenzaba a ponerse en marcha.