2.1 Caracterización de actores armados ilegales en Buenaventura (2015-2019)

El control rural armado ilegal en Buenaventura se caracterizó, durante la década de 1980, por la presencia de las guerrillas, pero finalizando la década de 1990 entraron nuevos actores armados (paramilitares, Bacrim o los conocidos recientemente como grupos GAO, después del 2006), a ejercer tensión y conflicto territorial. Hoy, el control de las zonas y espacios urbanos es lo más disputado, y no es posible identificar de manera patente un actor hegemónico único que haya logrado consolidarse en la ciudad (^{Corporación Nuevo Arco Iris, 2017}). Se trata de la disputa de áreas urbanas, debido al microtráfico de estupefacientes, pero también a causa del contrabando ilegal de mercancías, entre otras prácticas ilegales asociadas al narcotráfico y la violencia.

Las diferentes territorialidades que operan en el municipio de Buenaventura, desde el 2000, corresponden al uso del espacio por parte de paramilitares, Bacrim y grupos GAO; incluso algunas multinacionales son acusadas de asociarse con los grupos paramilitares ya mencionados, con el objetivo de instaurar su hegemonía armada ilegal en el territorio, provocando, como principal consecuencia, el desplazamiento de la población. Después de la desmovilización del Bloque Calima, en el 2006, se dio paso a los Rastrojos, la Empresa y los Urabeños, quienes se disputaron, entre 2011 y 2014, el control territorial en Buenaventura. Tras esta intensa confrontación, Los Urabeños lograron imponerse hasta hacer casi desaparecer a Los Rastrojos (^{Corporación Nuevo Arco Iris, 2017}).

De esta ciudad se apoderó una banda criminal llamada ‘La Empresa’, que en principio tenía nexos con los ‘Rastrojos’. La llegada de los Urabeños significó una confrontación con esta organización que dejó decenas de muertos y una tragedia espantosa que los medios de comunicación reflejaron a lo largo de 2013 y 2014. Fue en esa ciudad donde se descubrieron las ‘casas de pique’; lugares tenebrosos donde se descuartizaba a seres humanos. A finales de 2014 los ‘Urabeños’ lograron establecer presencia en ocho de las doce comunas de la ciudad y ‘La Empresa’ se había refugiado en cuatro (^{Valencia et al., 2016}, p. 1).

Como se observa en la Figura 1, los barrios más afectados por la presencia de grupos armados ilegales son los siguientes: Juan XXIII, Bellavista, Lleras, 6 de Enero y los barrios aledaños a los proyectos portuarios TCBUEN (Terminales de Contenedores de Buenaventura) 1 y 2. Se trata de barrios que se ubican tanto en la zona insular como continental de Buenaventura, y la particularidad de estos hace referencia a su cercania con las salida al mar. Estos barrios tienen poco control estatal por parte del ejército nacional y la policía, debido a la presencia violenta de actores armados ilegales. Los habitantes de estos barrios viven en mayor proporción de actividades económicas informales. Si bien es cierto que las condiciones o calidad de vida de los habitantes de Buenaventura pueden ser inferiores a la media nacional, esta situación se acentua en los barrios mencionados, ya que el conflicto armado trae múltiples formas de desigualdad social (género, étnico racial, económica). Cabe señalar que los barrios aledaños a los Terminales de Contenedores de Buenaventura (TCBUEN)⁵ han sido algunos de los más afectados, no solo por el incremento de actores armados legales e ilegales, sino por el cambio en sus estilos de vida ancestrales, debido a la implementación del capital global y las políticas neoliberales en la región (^{Caicedo, 2013}).

Fuente: tomado de ^{Valencia et al. (2016}, p. 13)

Figura 1 Barrios con presencia de actores armados en Buenaventura 

Como se mencionó, actualmente el riesgo de las agrupaciones armadas ilegales se encuentra focalizado en el casco urbano. Desde el 2018, se presenta una re-configuración del control territorial en Buenaventura, debido al espacio que dejaron algunos grupos que se acogieron al proceso de paz en el año 2016, y debido también al surgimiento de nuevos grupos que pretenden instaurarse en el territorio. En estos últimos años, se evidencia con fuerza el actuar de grupos delincuenciales como La Banda Local, La Empresa, Gente del Orden-FARC⁶, el Clan del Golfo, entre otros (^{Verdad Abierta, 2019}).

Al parecer, el sector que mayores riesgos afronta es la Comuna 12, debido a la disputa que libran La Empresa y La Banda Local, en la cual la segunda busca expulsar a la primera de algunos barrios como Francisco José de Caldas, Nuevo Amanecer, Nueva Floresta, Vista Hermosa, Citronela, La Caucana y hasta de la región del Bajo Calima; sectores privilegiados por donde se movilizan de manera constante tanto armas como estupefacientes (^{Verdad Abierta, 2019}).

Se hace necesario señalar que, recientemente, a las bandas emergentes ilegales se les ha nominado desde la institucionalidad estatal nacional como narcoparamilitares, ya que se han dedicado a servicios ilegales de seguridad criminal, para obtener lucro propio y de terceros; y, además, actúan en alianza con mafias internacionales y actores nacionales que financian la acumulación violenta de riquezas, y agencian prácticas de terror y muerte (^{INDEPAZ, 2020}). En este mismo mercado entran los grupos pos FARC-EP⁷ (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) quienes no se acogieron al proceso de paz (residuales) o, después de firmar el tratado de paz en el 2016, deciden reintegrarse a la ilegalidad (disidentes).

Según datos recolectados por ^{INDEPAZ (2020)}, el Valle del Cauca es uno de los departamentos que registraron mayor actividad (88,1%) de grupos narcoparamilitares, entre el 2018 y el 2019. Buenaventura, en este escenario departamental, representa la mayor intensidad conflictiva. Algunos de los grupos narcoparamilitares o grupos que hacen parte de las modernas GAO, con presencia nacional en los últimos años (2015-2019), son La Local, La Empresa, Los AGC (conocidos en Buenaventura como los Urabeños), Cordillera, Los Pachelly, Los Contadores, Los Carrapos, La Constru y los Puntilleros. Los tres primeros grupos con alta presencia, sobre todo en el Valle del Cauca, y en Buenaventura de manera particular⁸.

Entre los grupos residuales de las FARC-EP, se encuentran a nivel nacional el Bloque Suroriental (Frente Oliver Sinisterra), La Nueva Marquetalia, el Frente 18 (Estiven González), el Frente 10 (Carlos Patiño), el Frente 28 (Fuerza Unida del Pacífico), y el Frente 30 y 48. Específicamente en Buenaventura, el grupo armado que aún tiene control territorial son las disidencias del frente 30, con alta presencia en el Naya; zona minera y territorio estratégico de cultivos ilícitos (^{Verdad Abierta, 2018}).

A pesar de los acuerdos de paz y desarmes, tanto de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) -en el año 2006, durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe- como de las FARC-EP, en el año 2016, durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, la paz no ha llegado a los territorios más afectados, puesto que las disidencias o nuevos grupos armados se han reacomodado en los espacios que dejaron los grupos desmovilizados. De hecho, lo que se ha presentado es una intensificación de los ciclos de violencia, impidiendo así el cese del conflicto en los territorios (^{Gutiérrez, 2020}). Como se mencionó, en la zona del Naya han hecho presencia las disidencias y los residuales del Frente 30, quienes han mantenido un control más importante en las zonas de las cuencas; aunque después del año 2017, el control territorial se empieza a disputar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Conforme a los datos expuestos anteriormente, es posible establecer que la reconfiguración del control territorial, por parte de actores armados ilegales en las zonas rurales y urbanas de Buenaventura, se ha acelerado después de la firma del Acuerdo de Paz en el año 2016. Este conflicto incluso se ha agravado por las recientes migraciones venezolanas, puesto que muchas de estas personas estarían siendo utilizadas por grupos ilegales disidentes, residuales y narco paramilitares como recurso humano disponible para la guerra y la expansión del control territorial en zonas donde prima el narcotráfico (^{INDEPAZ, 2020}).

4.1 Actores y acciones violentas en Buenaventura

La dinámica del conflicto armado y de la violencia ilegal en Colombia se caracteriza por la presencia de una multiplicidad de actores que se asientan y ejercen control en las regiones, a través de formas variadas de violencia, es decir, que no es posible hablar de una caracterización homogénea válida para todas las regiones. Buenaventura, sin embargo, podría considerarse como el lugar donde se han hecho presentes todos los actores y, por ende, todas las formas de violencia.

De acuerdo con el ^{CNMH (2015)}, en su informe Buenaventura, un puerto sin comunidad, es posible identificar tres periodos de violencia según la presencia de actores. El primero durante la década de 1990, en la que el control territorial estaba determinado por la guerrilla de las FARC. El segundo, desde 1998, aproximadamente, hasta el año 2006, período de incursión y consolidación del Bloque Calima de las AUC en el Valle del Cauca y, por supuesto, en Buenaventura. Finalmente, el tercer período, correspondiente al accionar de las bandas criminales, ahora GAO, formadas por antiguos miembros del Bloque Calima en articulación con hombres de los ejércitos armados del cartel del Norte del Valle: Machos y Rastrojos (sobre las que se habla en el apartado 2.1). No obstante, en la actualidad, también se ha registrado en los últimos años la presencia de disidencias de las antiguas FARC en zona rural, como también del ELN (^{Defensoría del Pueblo, 2019}).

En consecuencia, la perpetuación del ejercicio de la autoridad a manos de actores ilegales implica el despliegue de acciones que posibiliten el control del territorio. Se trata de un repertorio de acción amplio que evidencia un reciclaje de la violencia (^{Acosta, 2019}; ^{Ronderos, 2014}), en tanto los actores surgen de alianzas entre paramilitares y hombres del narcotráfico, como es el caso de Los Rastrojos, por ejemplo, o como en el caso de las guerrillas, que simplemente reproducen y perfeccionan acciones suficientemente probadas como eficientes. Como característica esencial, buscan la creación de un ambiente de terror que les posibilite ganarse la sumisión de los pobladores e impedir la presencia de la autoridad legal.

(…) amenazas individuales y colectivas; homicidios selectivos y de configuración múltiple; confinamiento o restricciones a la movilidad; ataques indiscriminados con artefactos explosivos improvisados; desapariciones y desplazamientos forzados masivos y gota a gota; reclutamiento forzado y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes y violencia sexual contra las mujeres (^{Verdad Abierta, 2019}, párr. 8).

En cuanto a la zona rural de Buenaventura, las Farc son la principal fuente de riesgo porque busca controlar el territorio e impedir el ingreso de otras estructuras ilegales. (…) Imponen normas de conducta a la población y realiza acciones que generan terror en la comunidad, esto es, homicidios, amenazas y confinamiento de la población (Defensoría del Pueblo en ^{Verdad Abierta, 2015a}, párr. 20).

(…) aquí todos estamos pagando: transportadores, comerciantes, vendedores ambulantes y hasta aquellas personas que venden chontaduro y comidas caseras en las puertas de su casa (…) (Sacerdote Diócesis de Buenaventura en ^{Verdad Abierta, 2014}, párr. 9).

Aunque se trata de acciones que también se presentan en otros territorios, como el departamento del Cauca, Nariño, Chocó o Antioquia, por poner ejemplos, también se resaltan acciones que tienen un matiz particular, en tanto implican una mayor crueldad. Es este el caso de las desapariciones forzadas, las masacres y los descuartizamientos y torturas que tienen lugar en las “casas de pique”. Espacios físicos destinados a la deshumanización, a la sevicia, a la muerte. Tal como en tiempos en los que se reconocía la existencia del paramilitarismo, se recurre a las fosas comunes como mecanismo para disminuir las cifras de víctimas y evitar cualquier responsabilidad (^{El País, 2014b}).

Adicionalmente, como lo analiza ^{Mbembe (2011)} para las colonias, los actores armados controlan la cotidianidad de la población a través de la limitación a sus itinerarios. A este fenómeno se le conoce como la generación de fronteras invisibles que les obligan a transitar por un mismo sector dentro de la ciudad, mientras se prohíbe el paso hacia otros barrios o calles. Se rompen así relaciones entre vecinos y familiares, pero también se alteran las rutinas de los pobladores y se garantiza la libertad para que los victimarios puedan actuar sin la intromisión de terceros, entre estos las mismas fuerzas coercitivas del Estado.

(…) no solo basta asesinar a las personas sino descuartizarlas, desaparecerlas, masacrarlas y a sus familiares desplazarlos, estigmatizarlos, a los niños reclutarlos, y condicionar la movilidad de la gente en fronteras invisibles (Sacerdote Diócesis de Buenaventura en ^{Verdad Abierta, 2014,} párr. 10).

Sobre las fosas, la ‘casa de pique’ (nombre con el que se le conoce a los sitios en donde desmiembran a las víctimas) y las víctimas desmembradas, «por fin la Fiscalía está entrando a ciertos lugares que son prohibidos por las bandas, lugares vedados. (…) la comunidad conoce de sitios como estos en donde las bandas desmembran a sus víctimas y las entierran clandestinamente, pero no son denunciados por temor a represalias» (Director de Pastoral Social en ^{Verdad Abierta, 2015a}, párr. 8).

Cuando entraron a disputarle el control de las rentas ilegales de ese puerto en el Pacífico a ‘Los Rastrojos’. En medio de esa confrontación, los entonces denominados ‘Urabeños’, volvieron a recurrir a las casas de pique, que en antaño utilizaron los paramilitares del Bloque Calima para torturar, desmembrar y desparecer a sus víctimas (^{Verdad Abierta, 2016}, párr. 14).

Sobre la desaparición forzada, HRW llama la atención que los «grupos sucesores del paramilitarismo» optan por desmembrar los restos de sus víctimas y arrojarlos al mar o enterrarlos en fosas comunes, y que «atormentan a familiares de víctimas de desapariciones, diciéndoles que sus seres queridos fueron ‘picados’ y los amenazan para que no denuncien lo sucedido». Por esta razón, las cifras de desaparecidos pueden ser mayores (^{Verdad Abierta, 2015b}, párr. 5).

La deshumanización de las personas convertidas en víctimas de la violencia expresa el ejercicio de un poder ilegal que decide sobre el valor de la vida de las personas afrodescendientes y, en menor proporción, indígenas, que residen en esta ciudad. En ocasiones, se trata de un medio para alcanzar propósitos económicos, en ocasiones es un fin en sí mismo. En consecuencia, el derecho a matar en la experiencia de Buenaventura no es solo reclamado por el Estado, sino por “entidades necroempoderadas”, como las organizaciones paramilitares, que desarrollan técnicas sofisticadas de muerte sobre otros dejados a su suerte por un Estado que se proclama de Derecho (^{Estévez, 2018}).

Así, en esta ciudad se evidencian actores, técnicas y espacios de muerte, tanto porque tiene lugar efectivamente el asesinato masivo de pobladores como por las condiciones de vida precaria que mantienen a la población en situación de supervivencia, como consecuencia de las políticas socioeconómicas de un Estado neoliberal. Es decir que, como un elemento central del ejercicio del poder necropolítico se encuentra una perspectiva colonizadora que orienta la estructuración y las disposiciones del Estado. Por ello, desde la posición que aquí se adopta, la situación violenta permanente en la que viven los bonaverenses no se explica solo por cuenta de su posición estratégica, sino de su condición étnico racial.

4.2 ¿Por qué en Buenaventura?

Esta posición geoestratégica de Buenaventura no es la única forma de explicar su dinámica violenta (^{Vega-Cantor, 2012}), ya que debe añadirse que Buenaventura es el reflejo de una forma de administración estatal centralizada que se ha concentrado en la inversión en ciudades específicas como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, entre otras, sacrificando otras más pequeñas. Esta situación ocurre pese a que este puerto le genera importantes ingresos al país, como se menciona en la introducción de este artículo, lo que contribuye a que, de los 42 municipios del Valle del Cauca, Buenaventura sea la ciudad con el mayor índice de NBI.

La crisis social (no hay hospitales públicos en funcionamiento, el desempleo es superior al 60%, el índice de pobreza es del 80% y la educación pública se convirtió en negocio particular) desborda cualquier anhelo bienintencionado y hace necesario tomar medidas de choque por parte del gobierno nacional (^{Verdad Abierta, 2015d}, párr. 9).

El Estado neoliberal solo se interesa por la obtención de los recursos económicos que pueden generar territorios marginados como Buenaventura, desconociendo a sus habitantes. Así, en cada administración se reproduce una situación de exclusión de estas poblaciones, sumiéndoles en la pobreza, en comparación con otras poblaciones de la nación. De acuerdo con ^{Casanova (2006)}, se trata de una opresión de unos grupos y clases dominantes sobre otros, como un factor central en la explicación de las condiciones de precariedad y subdesarrollo de sociedades como la colombiana, reflejado en la situación de la población bonaverense. Es decir, de la expresión del colonialismo interno.

En consecuencia, en la exclusión de estos grupos humanos, se hace presente como elemento central la colonialidad del poder, de tal manera que la clase se cruza con la condición étnico racial de los miembros de dichos grupos: afrocolombianos e indígenas, en el caso de los habitantes de Buenaventura. Se trata de la articulación mencionada por ^{Quijano (2005)} entre capitalismo, Estado-nación y colonialismo. Vale la pena mencionar que no es una situación exclusiva de Buenaventura. Ocurre lo mismo en el pacífico nariñense, en el pacífico caucano y en el Chocó; regiones todas caracterizadas por la condición étnico racial afrocolombiana de sus habitantes, quienes además viven en situación de pobreza.

No nos digamos mentiras: el gobierno nacional se ha usufructuado de Buenaventura, pero la población no ha sido beneficiada. (…) La pobreza y la violencia deben ser consideradas de manera pluridimensional, con relación a salud, vivienda, educación y recreación, pero todos esos elementos están por hacerse en Buenaventura. Mientras perdure una mentalidad neoliberal, que es la ganancia por la ganancia, y tener lo más que se pueda, no podrá haber atención a este puerto, y a la ciudad sobre todo. Aquí el acento es que el puerto es lo importante, pero se le debe poner atención a la gente. (…) todo el problema de Buenaventura es que vemos entrar y salir la riqueza y nosotros somos solo espectadores (^{Verdad Abierta, 2015c}, párr. 6 y 7).

(…) el gobernador del Valle del Cauca, Ubéimar Delgado, cuestionó la falta de inversión del gobierno nacional, (…) «a la fecha no se ha visto una inversión importante, y Buenaventura le ha entregado a la Nación en los últimos dos años 8.8 billones de pesos y debe verse retribuido de alguna manera los recursos para una revolución social en el Puerto» (^{Verdad Abierta, 2015a}, párr. 18).

Más allá de las ganancias multimillonarias del Puerto, la miseria de sus habitantes es un lugar común y, aquellos que viven en los sectores de baja mar, combinan esa pobreza con la sevicia de las bandas que surgieron tras la desmovilización de las Autodefensas Unidades de Colombia (Auc) (^{Verdad Abierta, 2015d}, párr. 3).

(…) por la precariedad en la que viven, son objetivo de los grupos armados ilegales para ser reclutados o utilizados en la confrontación armada, además de esto se evidencia que los grupos armados ilegales en las comunas 3, 4, 9, 10, 11 y 12, utilizan el microtráfico como estrategia de acercamiento y posterior convencimiento de ingresar a sus filas. Por esas razones, muchos padres han optado por no enviar a sus hijos a la escuela (…) (^{Verdad Abierta, 2019}, párr. 11).

Así, los actores armados ilegales se valen de la precariedad en la que habita gran parte de la población bonaverense, pero sobre todo de la ausencia de las instituciones del Estado. En este sentido, se expresa el biopoder de este último, que tiene la potestad de hacer vivir pero también de dejar morir: “se trata de un asesinato indirecto, porque sin necesidad de que poblaciones enteras sean matadas intencionalmente, estas mueren como consecuencia de que el Estado no haga algo por ellas” (^{Estévez, 2018}, pp. 12-13).

4.3 Denuncias constantes, medidas ineficientes, represión

Esta ausencia del Estado se evidencia en el hecho de que, aunque organizaciones sociales nacionales e internacionales, la iglesia, la academia y algunos medios de comunicación ponen en evidencia la situación crítica en la que se vive en Buenaventura, la autoridad sigue estando en manos de actores ilegales que se dedican a la gestión de la muerte, pero además a través de técnicas sofisticadas. En consecuencia, más allá de tratarse del ejercicio del biopoder del Estado moderno, en este caso se trata más bien del establecimiento de una necropolítica. Es decir, no solo no se vira la mirada hacia Buenaventura, pese a toda evidencia, se les condena a sus habitantes a la muerte de manera directa.

Por esta razón, las denuncias manifiestas por las entidades encargadas de visibilizar el riesgo en el que se encuentran los habitantes, por cuenta de la presencia de actores armados enfrentados, no son respondidas y terminan acumulándose sin surtir ningún efecto. Se omiten porque se trata de una población que no representa ningún valor para un Estado capitalista, neoliberal y “colonial”. En este mismo sentido, sus instituciones coercitivas tampoco garantizan la protección, porque se encuentran en una situación subordinada a los actores armados, quienes realmente ejercen el poder, pero como consecuencia lógica de un Estado desinteresado en garantizar los derechos de estos “cuasi ciudadanos”. En consecuencia, no se busca una estrategia real de control del territorio que garantice la recuperación de la autoridad legal de manera sólida y sostenida.

La Defensoría del Pueblo emitió tres alertas tempranas de inminencia (…) describiendo los escenarios de posibles vulneraciones de derechos humanos que afrontan los habitantes de Buenaventura (…). En estos documentos, se les hace un llamado a entidades estatales del orden local, regional y nacional para que tomen medidas que mitiguen las amenazas descritas y no ocurran más tragedias (^{Verdad Abierta, 2019}, párr. 1).

La Personería de Buenaventura le ha hecho un fuerte llamado a las autoridades para que les garanticen la seguridad a los habitantes de los barrios afectados por la violencia y hagan presencia efectiva en todo el territorio. «La gente está asustada porque la Policía llega hasta cierto punto y no ejerce control en bajamar y en el monte», indicó una fuente de esta dependencia del Ministerio Público (^{Verdad Abierta, 2013}, párr. 7).

Para la Comisión de Vida, Justicia, Solidaridad y Paz de la Diócesis de Buenaventura no es claro por qué «las autoridades locales hicieron caso omiso a las recomendaciones» de la Defensoría del Pueblo, que advirtió «con suficiente tiempo y anticipación el riesgo que suponía en el Distrito de Buenaventura la presencia de los grupos autodenominados La Empresa y Los Urabeños». Por esa razón, la Diócesis hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a diferentes entidades estatales, para que «le brinden medidas de protección y garantía de sus derechos a las comunidades y el territorio» (^{Verdad Abierta, 2012}, párr. 5).

Adicionalmente, vale la pena enfatizar en el carácter paramilitar de estas organizaciones armadas que hoy se consolidan en la ciudad. Pese a su atomización, siguen haciendo uso del repertorio de acción paramilitar y el Estado no las construye como enemigo, como sí ha ocurrido históricamente con las guerrillas.

De otro lado, con el propósito de fungir como autoridad legal, las medidas tomadas por la administración nacional se reducen al reforzamiento de la “mano derecha del Estado”, que involucra el despliegue de una serie de medidas represivas como el aumento de pie de fuerza o la militarización del territorio en cuestión (^{Wacquant, 2014}). Este tipo de accionar lleva implícita la construcción de la población residente en Buenaventura como peligrosa, contaminada por un ambiente de narcotráfico, contrabando, delincuencia y violencia. Se trata de la extensión de la responsabilidad de la crisis social a la población víctima, culpabilizándola de una situación en la que han sido puestas por la desatención estatal. En este sentido, como señala ^{Mbembe (2011)}, se genera un estado de excepción materializado a través de un control militar y policial que regula la vida.

Estos estados de excepción validan la militarización de las poblaciones como parte del proceso de consolidación de la necropolítica, que convierte en sospechoso a cualquier poblador que no se acoja a las reglas establecidas oficialmente, como por ejemplo los toques de queda. De esta manera, se otorga licencia al Estado para desplegar sus “funciones mortíferas” no solo a victimarios sino también a las víctimas.

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, ordenó en la noche del miércoles la militarización de Buenaventura, como una muestra más del acompañamiento integral exigido por el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Según el funcionario, no se va a permitir que la criminalidad siga azotando al Puerto, por eso decidimos su militarización en ciertos sectores (^{El País, 2014a}, párr. 1).

La situación llegó a un punto tan alto a finales de 2013 y comienzos de 2014 que el gobierno nacional se vio obligado a intervenir de manera directa, aumentando el pie de fuerza, tanto de Policía como de Ejército, para controlar la situación (^{Verdad Abierta, 2015a}, párr. 5).

El descubrimiento de varias ‘casas de pique’ -nombre con el que se conocen los sitios en donde criminales descuartizan a sus víctimas-, hicieron que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunciara el pasado 6 de marzo una “intervención especial” para mejorar la seguridad y acabar con los grupos que generan terror en Buenaventura (^{Verdad Abierta, 2015b}, párr. 2).

De esta manera, la ausencia del Estado hace referencia a la falta de garantías de seguridades básicas y derechos de la población de la que son indicadores la falta de oportunidades, la pobreza, pero, de manera singular, la presencia de actores armados ilegales de orígenes y naturalezas diversas que someten a la población a su arbitrio y les obligan a estar entre la vida y la muerte de manera constante. Esta situación es permitida por el Estado dado que no se desarrollan políticas efectivas que busquen una transformación estructural de las condiciones de vida de la población, más allá de medidas represivas.

Así, el funcionamiento del necropoder se presenta tanto desde la forma de ejercicio del poder por parte del Estado como del control ilegal que realizan los actores armados ilegales. Esta necropolítica se caracteriza porque atraviesa diferentes espacios de la cotidianidad de los bonaverenses como “a) salud física y emocional; b) dominio de bienes y servicios; c) cultura y vida social; d) asociaciones cívicas; e) economía; f) violencia y relaciones coercitivas; y g) instituciones regulatorias y legales” (Held, citado por ^{Achoy, 2018}, p. 39).

4.4 La respuesta de los Bonaverenses

Lejos de ser actores pasivos, la población residente en Buenaventura ha respondido a este contexto violento que condiciona su cotidianidad. Esta respuesta se expresa a través de protestas sociales y formas de resistencia frente al accionar de los actores armados, como también frente a la inoperancia del Estado o a sus políticas de corte neoliberal que plantea un desarrollo de espaldas a la ciudad-puerto. De acuerdo con Archila (2011), citado por ^{Jaramillo et al. (2020)}, entre 1975 y 2015, Buenaventura presentó 253 luchas sociales, siendo una de las ciudades intermedias que más registró este tipo de procesos expresados a través de acciones colectivas.

Las demandas han sido variadas. Entre estas, se pueden señalar las denuncias por el impacto de los megaproyectos promovidos durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014) en su plan de desarrollo; demandas por “el acceso a la justicia, el territorio, la educación, la salud, la productividad, el empleo, el saneamiento básico, el ambiente y la cultura” (^{Jaramillo et al., 2020}, p. 146); demandas por el derecho a vivir y en paz, es decir, contra la violencia de los actores armados y frente al Estado que debe garantizarles la protección de la vida, como, por ejemplo, el Paro Cívico en Buenaventura «Para vivir con dignidad y en paz en el territorio», que tuvo lugar en mayo de 2017, durante 22 días.

De acuerdo a Monseñor Héctor Espalza, Obispo de Buenaventura y líder del Comité del Paro Cívico, en una entrevista para realizada por el diario El País: «La Iglesia está de parte del pueblo, no porque quiera la revuelta si no que se solucionen las cosas. Queremos la paz pero con justicia social, no con el neoliberalismo que enriquece a unos y maltrata a los empleados portuarios y a la población. Por eso acompañamos el paro cívico. Si la paz quiere ser verdadera tiene que tener como base la justicia social, eso es lo que pretendemos con el paro cívico» (^{Colombia Informa, 2017}, párr. 2).

Vale la pena señalar que algunas marchas en el marco de este paro cívico se efectuaron también en contra de las medidas represivas del Estado, como fue el toque de queda decretado en respuesta a los varios días de huelgas masivas que habían tenido lugar en la ciudad, justificado por el gobierno nacional de Juan Manuel Santos como una respuesta a acciones de hecho que tuvieron lugar durante las protestas (^{El País, 2017a}).

En este tipo de acciones colectivas que implican procesos organizativos, realización de foros sobre derechos humanos, cacerolazos, plantones, marchas, bloqueos, concentraciones, se manifiesta la articulación de diferentes actores como la iglesia, la academia, las centrales de trabajadores, la población civil y, de manera especial, las y los jóvenes. Así, recientemente, durante el paro nacional en Colombia que tuvo lugar en abril de 2021, el liderazgo en la convocatoria a salir a las calles estuvo en manos de jóvenes que 4 años atrás hicieron parte del Paro Cívico en Buenaventura, ahora agrupados bajo la denominación “Buenaventura Resiste”. Haciendo uso de las redes sociales, a través de la promoción del #SOSBuenaventura, consiguieron que el país pusiera la mirada en lo que allí acontecía y que, aproximadamente, 500 personas salieran a las calles (^{La Silla Vacía, 2021}).

En consecuencia, pese a que es innegable la cooptación de miembros de la población bonaverense por parte de las organizaciones al margen de la ley -principalmente jóvenes-, las y los habitantes de esta ciudad-puerto también han sido un actor importante y activo en los procesos de resistencia y movilización social, tanto frente a los actores armados de diversa índole como frente a los diferentes gobiernos que administran el Estado en detrimento de la población.