4.1 Soacha: habitar en la periferia de Bogotá

Soacha es vecino suroccidental de Bogotá, capital del país. Este hecho, sumado a que el municipio está atravesado por el corredor vial que conecta la capital con el sur del país, lo han convertido en un municipio con una ubicación estratégica y que, por tanto, ha recibido una fuerte presión demográfica (^{Rueda-García et al., 2012}). A partir de 1970, el crecimiento de la población de Soacha ha sido acelerado, tanto que, en la actualidad, Soacha es uno de los 10 municipios más poblados del país y está completamente conurbada con la ciudad de Bogotá (^{Rueda-García et al., 2012}). Dada la alta presión demográfica y una capacidad institucional disminuida para atender las problemáticas sociales, Soacha se caracteriza por haber tenido un fuerte desarrollo urbanístico informal, lo cual se verá en los casos de los barrios que describo a continuación.

Este desarrollo urbanístico informal se ha sumado entonces a la falta de servicios de educación, salud e infraestructura para atender las necesidades de la población, siendo un municipio en el que se presentan fenómenos de vulnerabilidad y exclusión social (^{Rueda-García et al., 2012}). Esto se relaciona con el hecho, ya ampliamente estudiado por la literatura sobre medioambiente, de que las zonas más vulnerables socialmente son las que están más expuestas a las consecuencias del deterioro medioambiental (^{Pellow, 2002}). En Soacha, el fenómeno del crecimiento poblacional ha estado aparejado con el incremento de actividades industriales y económicas que han tenido impacto en el ordenamiento del territorio, el cual sigue siendo en su mayor extensión de carácter rural. La minería y la industria, como se puede ver también, tienen un lugar importante en el ordenamiento territorial municipal y, de esta forma, marcan la manera en la que los ciudadanos habitan el municipio, como desarrollaré a continuación.

4.2 El distrito minero de la comuna 6 y la ausencia de movilización

La comuna 6 de Soacha asciende desde la Autopista sur hacia los cerros del sur del municipio. Esta comuna es, a su vez, la frontera entre la zona urbana de Soacha y las veredas del corregimiento 1, que hacen parte del páramo de Sumapaz y desde allí desciende el Río Soacha (principal fuente hídrica del municipio y ahora evidentemente contaminada como consecuencia de la actividad minera). Los barrios de la Comuna 6 se han ido desarrollando hacia los cerros, así que los barrios más antiguos son los que están localizados en las partes bajas de las montañas, y los más recientes se localizan en las partes más altas. La mayoría de los barrios de la Comuna 6 son de procesos de autoconstrucción y/o de origen informal. Según algunos de los habitantes del sector, la actividad minera se ha ejercido allí desde hace más de 50 años. Bernardo, por ejemplo, soachuno y habitante del barrio El Altico, localizado en la parte baja de la comuna 6, señaló que:

Yo llegué al barrio hace 49 años, cuando empezaron a lotear acá y con toda la familia compramos varios lotes. Y esto acá era antes una cantera…Lo primero que nos tocó hacer fue nivelar el suelo, porque estaba desnivelado porque de acá sacaban arena y piedra los antiguos. Y así entre todos fue que empezamos a hacer el barrio… Pero mis papás, la gente soachuna de antes, todos cuentan que aquí siempre ha habido canteras en toda esta zona, muy cerquita al río (B. N. López, comunicación personal, 10 de octubre de 2020).

No es sorprendente, entonces, que en la zona en la que se presentaban actividades mineras desde hace mucho tiempo se empezara a desarrollar el distrito minero de Soacha. En la actualidad, hay más de 45 títulos mineros en este sector del municipio, muchos de ellos concedidos en la década del 2000. Nicanor habita en el barrio Divino Niño (parte baja de la Comuna 6) desde hace 40 años, cuando empezó su construcción. Fue parte, entre los años 2000 y 2005, de la organización de Juntas de Acción Comunal de la Comuna 6 (Asojuntas) y señaló que, a pesar de haber discutido con algunos vecinos la posibilidad de exigir control sobre las actividades mineras en la zona, esta propuesta no se desarrolló finalmente por la falta de voluntad de algunos miembros de las Juntas, y también por la falta de interlocución con la administración. De hecho, y a diferencia de lo que sucedió en las comunas 4 y 5, en la comuna 6 no hay ninguna movilización rastreable contra la explotación minera.

Esto, a pesar de que entre los habitantes de la comuna 6 parece existir la noción de que el deterioro ambiental producido por la minería tiene un efecto nocivo en su calidad de vida. Por ejemplo, en el documento Perfil Ambiental Municipal, producido en conjunto por la Alcaldía de Soacha y el programa de Trabajo Social de la Universidad Externado de Colombia, en el año 2009, consta que 35 asistentes a un ejercicio de cartografía social en la comuna 6 del municipio identificaron que la mayor problemática ambiental de la comuna es la contaminación, manifestada en el deterioro de los cerros y las fuentes hídricas (con un puntaje de 75 sobre 100 posibles). Se desprende de este documento que “Si bien el agua, las fuentes hídricas y las montañas se destacan como elementos centrales o representativos, su estado se valora unánimemente como crítico” (^{Alcaldía Municipal de Soacha y Universidad Externado de Colombia, 2009}, p. 10).

Esta consciencia de que existe una problemática ambiental que afecta la vida en la comuna también se evidencia en las historias de mis entrevistados. Eva es la esposa de Nicanor e, igual que él, lleva 40 años residiendo en la zona. Actualmente padece de fibrosis pulmonar y le atribuye parte de sus problemas de salud al medioambiente que habita:

Sí, claro, tiene que ver. Yo empecé con tos y problemas respiratorios desde hace mucho y se han empeorado con el tiempo. Es que aquí la tierra se ve, en la puerta, en las ventanas, en todas partes, en el andén. Hace poco el neumólogo nos sugirió cambiar de casa, pero nosotros dígame ¿para dónde nos vamos a ir? Mi esposo ahorita lo que hace es tapar bien las rejillas de las ventanas y las puertas como para que estemos más aislados… (E. M. Rodríguez, comunicación personal, 28 de octubre de 2021).

Así, pues, puede que en este caso no nos encontremos necesariamente con una población “expuesta y confundida” (^{Auyero y Swistun, 2007}) para la que sea difícil detectar el problema o articular las causas con los efectos de la contaminación ambiental. La consciencia y comprensión de la problemática, entonces, puede ser una condición necesaria, pero no suficiente, para el surgimiento de la movilización social ambiental en este caso. De hecho, en el año 2019 pareció revivir la discusión sobre la minería como consecuencia del debate que se daba en varias ciudades del país respecto a la calidad del aire. En articulación con la Red Ciudadana de Calidad del Aire, en el barrio Divino Niño (en la residencia de Nicanor), se instalaron instrumentos de monitoreo para hacer seguimiento a la calidad del aire en el sector. La comunidad, entonces, consta incluso de una serie de argumentos empíricos locales para probar y discutir la problemática (la tierra en ventanas y rejillas, las enfermedades respiratorias recurrentes de la población, los índices de medición de calidad del aire en los instrumentos instalados recientemente), y de relaciones (aunque incipientes) con entidades científicas, técnicas y organizativas que les permitirían apoyar sus demandas. Sin embargo, la movilización no parece emerger y muchos residentes tienen una mirada desesperanzada sobre la posibilidad de transformar su situación.

La búsqueda de Tania por opciones de movilización en su comuna materializa este panorama de ausencias de acción política. Tania tiene 28 años y reside en el barrio Divino Niño desde que tenía 4 años. Desde la terraza de su casa, se visualiza el distrito minero de Soacha casi en su totalidad. Ella señala que el paisaje siempre le pareció “normal”, pero que su perspectiva cambió después de graduarse del colegio y haber hecho un viaje como mochilera por Ecuador y Perú. En el momento de su viaje, las movilizaciones sociales en Cajamarca contra la minería vivían un auge mediático. Por esa razón, al regreso empezó a buscar maneras de “hacer algo” frente a la problemática minera de su comuna, pero no encontró muchas posibilidades de organización en su barrio y, mucho menos, de interlocución con las autoridades ambientales municipales. En sus palabras:

Uno se siente sola, ¿sí me entiendes? Porque por un lado los señores de la Junta eran gente con la que yo no me hablaba, porque eran como muy de derecha y bueno, con otras ideas muy distintas en la cabeza. Y por otro lado la relación con la Alcaldía era solamente corrupta, esa gente solo viene acá por el negocio. Ni la Alcaldía ni la CAR se preocupan por la gente (J. T. Maldonado, comunicación personal, 30 de octubre de 2020).

La perspectiva de Tania sobre la ineficacia de las instituciones ambientales a nivel municipal y local es compartida por muchos de los residentes. Nicanor, de hecho, señaló que una de las razones por las que dejó de participar en los organismos de gobierno local fue, precisamente, la dificultad de tejer puentes con la administración municipal, debido a su “falta de voluntad política”. Por otro lado, en los resultados consignados en los ejercicios diagnósticos del Perfil Ambiental Municipal figura como segunda problemática para los habitantes de la comuna 6 (después de la contaminación de la que ya hemos hablado) “la falta de apoyo institucional como aspecto que influye directamente en los demás problemas” (^{Alcaldía Municipal de Soacha y Universidad Externado de Colombia, 2009}, p. 12).

Podría pensarse, entonces, que una relación distinta con las instituciones podría generar una respuesta política diferente y quizás más activa a nivel local. Como se verá más adelante, esto se confirma con el caso de las comunas 4 y 5 contra las canteras de INVERCOT.

Siguiendo la búsqueda de Tania por organizaciones o colectividades con las que se pudiera discutir y articular la problemática de la minería, aparece otro factor importante que podría impulsar la movilización: las organizaciones ambientalistas municipales. En 1990, se fundó el Cabildo Verde de Soacha, una ONG ambientalista que adelantó diferentes procesos de movilización, principalmente sociolegales, en el municipio. Esta organización tuvo un papel importante como intermediaria en el caso de INVERCOT, como veremos más adelante. Hacia el año 2012, se mantenía como la única ONG ambientalista en el municipio, pero decreció su actividad hasta su desmantelamiento en el año 2018. En palabras de uno de sus exintegrantes:

Porque nos empezaron a cobrar. Eso hizo parte de una reforma que hizo el gobierno para que la gente se organice menos. Porque a nosotros nunca antes nos habían pedido impuestos, y de repente nos empezaron a cobrar. Y esta lucha uno la da con lo poquito que tiene y se sabe que uno no se lucra de eso, entonces ¿plata de dónde íbamos a sacar? (A. H. Gutiérrez, comunicación personal, 10 de noviembre de 2020).

Podría pensarse que esta razón, esgrimida por uno de los miembros del Cabildo Verde para explicar el fin de la organización, desalentaría la formación de nuevas organizaciones ambientalistas en el municipio. Lo cierto es que sucedió lo opuesto. Entre los años 2012 y 2014, surgieron dos organizaciones ambientalistas a nivel municipal que mantienen su presencia y su accionar: la Corporación Ambiental Caminando el Territorio y la Corporación Ambiental Semillas de la Tierra del Sol (SETIS). En otras palabras, el número de organizaciones ambientalistas ha aumentado en lugar de disminuir, desde el año 2012. Paradójicamente, en este mismo periodo decreció la movilización social sobre la minería urbana en el municipio, ya que decayó el caso de INVERCOT en las comunas 4 y 5, y no se tiene noticia de nuevas movilizaciones que problematicen la minería en la zona urbana de Soacha. En otras palabras, la existencia y el mayor número de organizaciones ambientalistas en el municipio no garantiza necesariamente el crecimiento de la movilización social ambiental.

La búsqueda de Tania por las posibilidades de movilización puede sugerir algunas explicaciones para esta aparente paradoja. Tania empezó a estudiar una carrera técnica en manejo ambiental en el SENA, en el año 2016, y durante el mismo periodo se acercó a la organización ambiental Caminando el Territorio. En esta organización ambiental empezó a hacer sus prácticas y, simultáneamente, lo vio como una oportunidad de vincularse a la lucha ambiental. Sin embargo, poco a poco se desencantó del trabajo en la organización hasta que decidió renunciar y pasar a la otra organización ambiental del municipio, SETIS, para terminar sus prácticas. Allí tuvo inconvenientes similares. En su narración, lo expone así:

Tuve muchos problemas por dos cosas. Lo primero es que me enteré que los de SETIS camellaban proyectos que les daba la CAR, o sea, la CAR les financiaba cosas. Y mientras yo estudiaba empecé a odiar a la CAR, pues porque son la institución más corrupta y cómplice de todo lo que pasa en Soacha. Entonces me di cuenta que ellos lo que hacían era como ponerle cara a los problemas en nombre de la CAR. Y en Caminando me decepcioné fue porque ellos privilegiaban era la ganancia, los proyectos, gestionarse cosas, pero no realmente camellar en el tema que a mí me interesaba que era que la mina se está comiendo mi barrio (J. T. Maldonado, comunicación personal, 30 de octubre de 2020).

En conversaciones con las directoras de las dos ONG ambientales del municipio, descubrí que no es que la minería no esté entre sus preocupaciones. Ambas señalaron la minería como una de las problemáticas ambientales más urgentes y menos atendidas a nivel municipal. Sin embargo, señalaron la falta de voluntad política de la institucionalidad para atender el problema (similar a lo que denuncia la comunidad) y el reto que es para las organizaciones ambientalistas gestionar recursos mientras intentan adelantar o posicionar demandas ambientales a nivel municipal. De esta manera, detecto un cambio en los horizontes y las estrategias organizativas de las organizaciones ambientalistas en el municipio entre la década de 1990 y la del 2010. Mientras los integrantes de Cabildo Verde eran principalmente líderes comunales, algunos profesionales y otros no, e interesados especialmente en la política contenciosa más que en la gestión de recursos, los integrantes de Caminando el Territorio y SETIS, además de ser de otra generación y todos profesionales en diferentes campos, estaban interesados no tanto en la política contenciosa sino en hacer algo mientras direccionaban recursos.

Esta preocupación por los recursos para los ambientalistas manifiesta uno de los argumentos presentados con frecuencia en la literatura cuando se pregunta por qué la gente no se moviliza más frente a las problemáticas ambientales. En contextos de carencia, las problemáticas ambientales son leídas como problemáticas menos urgentes frente a otras necesidades materiales de corto plazo como la alimentación o la vivienda. Esta, de hecho, es la razón por la que las personas pueden preferir permanecer en contextos altamente deteriorados ambientalmente antes que marcharse, privilegiando la necesidad de la vivienda sobre la necesidad de un ambiente sano. En el caso de la comuna 6, si bien hay varias condiciones para la movilización -la consciencia de que existe la minería y la interpretación de que esta actividad presenta problemas para la comunidad, las organizaciones ambientalistas que se relacionan de alguna manera con la comunidad y las formas de organización más institucionalizadas como las JAC-, aun así, no ha ocurrido la movilización.

4.3 El caso de INVERCOT, las comunas 4 y 5, y una movilización improbable

Por razones como la aparente tensión entre las necesidades materiales más urgentes y las demandas ambientales, parece poco probable que una comunidad en contextos de marginalidad o carencia se movilice políticamente frente a las problemáticas ambientales. De hecho, Teresa, lideresa comunitaria y habitante de Ciudadela Sucre, localizada en la comuna 4 de Soacha y vecina de una explotación minera, explica así el hecho de no haber participado en ninguna lucha contra la minería:

Aquí la tenemos todo el tiempo, la vemos todo el tiempo. Uno aquí se acuesta y ve las sábanas, las cobijas, todo lleno de la arena que sale de la cantera… El paso de las volquetas, todo… Pero yo nunca he estado muy metida en esa lucha porque cuando yo llegué la lucha era por el agua, porque no teníamos agua. Y yo llegué aquí derechito a luchar, pero fue por eso… Es que aquí hay tantas cosas por las que pelear que uno no puede dar todas las peleas (T. Montenegro, comunicación personal, 10 de septiembre de 2020).

En esta cita se evidencia que, como en el caso de la comuna 6, para los habitantes parece evidente la presencia de la minería y la problemática ambiental que representa. A diferencia de lo que sucede en la comuna 6, y a pesar de esas múltiples luchas por dar que la entrevistada señaló como un obstáculo, las comunidades de las comunas 4 y 5 sí se movilizaron. Este caso constituye, entonces, un caso de “movilización improbable” (^{Álvarez-Rivadulla, 2019}), en el que, a pesar de compartir algunas de las características que ya presenté en el caso de la comuna 6 del municipio, surgió una movilización social ambiental contra la minería urbana que logró el cierre preventivo de algunas canteras y la realización de una audiencia pública ambiental sobre la minería (la única que se ha realizado en Soacha) en el año 2009.

Los barrios que conforman las comunas 4 y 5 son de diferente origen e iniciaron su desarrollo urbanístico desde finales de la década de 1970. A diferencia de la comuna 6, en este caso no hay reportes de actividades mineras previas al desarrollo urbano del sector, sino al revés. Es decir, algunos habitantes señalaron que fue con el tiempo que notaron la expansión de la minería. De todas formas, la llegada de la minería no implicó automáticamente el inicio de la movilización. Desde finales de la década de 1990, Inversiones y Construcciones Toro LTDA. (INVERCOT) poseía tres títulos mineros en los cerros de Soacha, en las comunas 4 y 5, en inmediaciones de barrios como Ciudadela Sucre, San Mateo y El Bosque. Como la CAR estableció después de adelantar las investigaciones correspondientes, dos de estas canteras no cumplían con el plan de manejo ambiental obligatorio, a pesar de su carácter legal, y el título minero restante a nombre de esta empresa no estaba legalizado (^{El Tiempo, 2016}). El mal manejo ambiental, la expansión de los límites de los títulos mineros y el uso de materiales no autorizados fueron expuestos por la comunidad y el Cabildo Verde de Soacha durante la audiencia pública ambiental en el año 2009, como las principales razones para darle un cierre definitivo a estas canteras y exigir a la administración pública preservar los cerros de San Mateo como un espacio público de interés ambiental.

El primer antecedente importante de esta movilización se identifica a través de los documentos de archivo, en el año 2004. En este año, algunos miembros de la comunidad de Ciudadela Sucre interpusieron acciones de tutela exigiendo el cierre de la cantera Lomas de Terreros (otra mina ubicada cerca de las canteras de INVERCOT). Si bien algunas de estas tutelas fueron denegadas por considerarse improcedentes, una comunicación entre un habitante del barrio y la CAR terminó siendo exitosa y condujo al cierre definitivo de las actividades mineras en esta cantera en el año 2006. Sobre este caso no tengo información directa de los implicados, ya que sus cambios de residencia hicieron difícil el contacto, pero se puede suponer que este acontecimiento generó un antecedente importante de acción política frente a la minería en la comunidad.

Posteriormente, en el barrio Ciudadela Sucre, y dadas las múltiples deficiencias que la comunidad detectaba en la vida cotidiana en su barrio, se constituyó en el año 2005 el Comité cívico de lucha por los derechos sociales de Ciudadela Sucre. El campo de acción de este comité parecía ser diverso. Algunos de sus miembros, como Teresa, se enfocaron en la lucha por la prestación del servicio de agua, y otros se enfocaron en las preocupaciones ambientales. Es de resaltar que muchos de los miembros de este comité eran también parte de los organismos de gobierno local, como la Junta de Acción Comunal, lo que sugiere un uso de las plataformas organizativas ya existentes para la política contenciosa.

En el año 2005, este Comité se dirigió varias veces a las autoridades ambientales (especialmente a la Dirección de Gestión Ambiental de la Alcaldía Municipal) con el fin de exigir atención a la problemática de la minería en cercanía de sus residencias, denunciando especialmente las irregularidades de las minas de INVERCOT. En este periodo de tiempo, a partir de la correspondencia y las entrevistas, se detecta un conflicto al interior de la comunidad, ya que, si bien el Comité cívico avanzaba en las quejas por las irregularidades de la actividad minera, otra parte de la población del barrio defendía a la empresa INVERCOT y su titular, Carlos Toro, por los beneficios materiales que este aportaba a la comunidad (trabajo, mercados, brigadas de salud). Una carta dirigida por parte de la comunidad de Ciudadela Sucre y firmada por una edilesa de la comuna 4 a la CAR, por ejemplo, señala que:

Esta comunicación quiere desmentir comentarios malintencionados frente a la cantera INVERCOT ubicada en el sector Ciudadela Sucre de Soacha […] El señor CARLOS TORO es benefactor de esta comunidad aportando materiales pétreos para reparaciones y adecuaciones de las diferentes vías de acceso, cuando tenemos un fallecimiento, presto en las diferentes actividades como el día de los niños, navidad, día de las madres, aportante de varias brigadas de salud […]. (J. A. Moreno, comunicación personal, 4 de marzo de 2005).

Este aspecto de la relación entre la comunidad y el propietario de la mina también puede contribuir a explicar la falta de movilización en algunos casos y sería importante preguntarse si entre las comunidades de la comuna 6 y los propietarios de las minas se han presentado o se presentan relaciones similares. Lo interesante del caso sigue siendo, entonces, que a pesar de estas relaciones de “patronazgo” entre el dueño de las canteras y parte de la comunidad, la movilización continuó, aunque no presentaría su punto álgido hasta tres años después, cuando otras organizaciones comunales, ambientales e incluso la administración pública ingresaron al debate.

En el año 2005, se produjo en Soacha un cambio de administración. Jesús Ochoa ganó unas elecciones locales atípicas a la alcaldía municipal, producidas después de la destitución del alcalde en curso en abril de ese año. La elección de Jesús Ochoa fue singular porque fue la primera elección de un candidato de un partido de izquierda en el municipio y porque rompió el monopolio que un clan familiar había forjado en el gobierno local durante aproximadamente diez años. Algunas organizaciones comunales y locales, incluyendo algunos miembros del Cabildo Verde de Soacha, apoyaron esta candidatura. Este apoyo hizo que algunos de los miembros de esta organización ambiental ingresaran a la administración y vieran este ingreso como una posibilidad de trabajar por el medio ambiente local “desde la institucionalidad”. Este cambio administrativo y diferentes actividades adelantadas por la Dirección de Gestión Ambiental durante este periodo (2005-2009) fueron percibidos efectivamente por diferentes miembros de la comunidad como una oportunidad política para posicionar sus demandas sobre la problemática de la minería.

Estas demandas ya se venían tejiendo a nivel local en las comunas 4 y 5 debido a dos factores relacionados: el surgimiento de diferentes iniciativas organizativas comunales y el uso de las plataformas organizativas locales ya existentes (las JAC y Asojuntas, por ejemplo), para la movilización de demandas políticas. Parte de los títulos mineros de la cantera INVERCOT están otorgados en un área que corresponde a los denominados Cerros del Bosque de San Mateo, cerros en los cuales hay vestigios arqueológicos de interés en el municipio de Soacha. En el año 2007, se constituyó una organización de jóvenes habitantes del barrio San Mateo, Muexca, organización principalmente interesada en la protección del patrimonio arqueológico en San Mateo en particular y en Soacha en general. Esta organización solicitó información a la CAR sobre los títulos mineros que explotaban la zona aledaña a los cerros de San Mateo al finalizar el año 2008. Simultáneamente, varios líderes comunales de la Comuna 5 (de la que hace parte el barrio San Mateo) se empezaron a articular para la consecución de fines comunes en la organización Asojuntas Comuna 5.

A inicios del año 2009, varias de las y los líderes comunales de San Mateo que pertenecían a Asojuntas, con la influencia del contacto con el Cabildo Verde de Soacha, constituyeron la Red Mesa Ambiental de la Comuna 5 con el fin de discutir las problemáticas ambientales de su sector. Según uno de los entrevistados, un grupo que en principio discutía más la temática de basuras y la ausencia de parques y zonas verdes empezó, poco a poco, a darle más importancia a la problemática de la minería. En este punto, parece que la influencia de los miembros de una organización que ya había tenido experiencias exitosas de movilización ambiental fue importante para que los miembros de la Red Mesa Ambiental comenzaran a aprender sobre recursos legales, normatividad ambiental y estrategias de movilización. De hecho, al preguntarle a Marina, representante de la Red Mesa Ambiental, sobre lo más valioso que le dejó este ejercicio de movilización, señaló:

El conocimiento, haber adquirido un conocimiento. Yo me casé muy joven… Y de ahí a trabajar, y después sola pues trabajar, no había tenido la posibilidad de estudiar, pero yo cuando llegué a la asociación y a ese proceso yo decía ‘yo tengo que manejar como un lenguaje técnico, como un conocimiento’… Entonces ahí se organizaron muchas salidas, capacitaciones, para conocer también. Para conocer la ley ambiental, porque no la conocíamos. Nosotros también sin tanto conocimiento en el tema nos apoyábamos en otras personas del Cabildo Verde. Porque pues nosotros éramos muy ignorantes en el tema… (L. M. Ramos, comunicación personal, 20 de septiembre de 2020).

Es notable que, para el caso de la comuna 5, un análisis de las organizaciones sociales asistentes a las sesiones de construcción del Perfil Ambiental Municipal (del que ya he hablado en el caso de la Comuna 6) muestra que era de las comunas más fortalecidas para ese momento en términos de organización comunitaria, ya que participaron más de 10 organizaciones en el diagnóstico. Simultáneamente, este ejercicio afianzó lazos entre la comunidad y la administración municipal (cosa que no ocurrió en el caso de la comuna 6). En palabras de Beatriz, directora de medio ambiente de la época y ambientalista:

No fue tanto que nosotros fuéramos a decirles a ellos cuáles eran sus problemas ambientales y qué tenían que hacer, sino que allá nos encontramos con una comunidad que ya estaba muy activa y que siguió buscándonos para apoyar sus posiciones sobre la problemática de la minería. Y, claro, nosotros cómo no íbamos a apoyarlos (B. Pérez, comunicación personal, 7 de noviembre de 2020).

Por esa razón, no es sorprendente que en ese mismo año se realizaran varias actividades públicas de caminatas en los cerros de San Mateo con el apoyo de la Dirección de Gestión Ambiental del municipio. Junto a estas actividades públicas, se afianzaba también la movilización sociolegal. Solamente un mes después de su participación en el diagnóstico ambiental participativo, en abril del 2009, la Red Mesa Ambiental de la Comuna 5 solicitó a la CAR la realización de una audiencia pública ambiental en San Mateo, para discutir el caso de las canteras de INVERCOT.

La audiencia pública fue citada finalmente para octubre del año 2009 y se decretaron cierres preventivos de las canteras como medida previa a la audiencia. En preparación a la audiencia, la Red Mesa Ambiental realizó varias jornadas de movilización y sensibilización con el fin de invitar a residentes de las comunas 4 y 5 a participar en el proceso. Esta audiencia fue el punto álgido de la movilización, implicó que la CAR, como autoridad ambiental principal en el municipio, se viera forzada a adelantar las investigaciones pertinentes que, solamente muchos años después y ya con la desarticulación de la movilización, desembocaron en sanciones económicas para los mineros. En el año 2016, se reportó una sanción impuesta por la CAR de 7.000 millones de pesos contra INVERCOT por no haber respetado las medidas de suspensión preventiva dictadas desde el año 2009 (^{Caracol Radio, 2016}).

5.1 El marco interpretativo común necesario, pero no suficiente

La producción teórica sobre los movimientos sociales ha mostrado que una de las tareas clave de estos (independiente de su carácter, su objetivo o su lugar de emergencia) es la construcción de un marco interpretativo común sobre la política contenciosa, sobre sus propias demandas y sobre la problemática que pretenden transformar (^{Tarrow, 1994}). Cuando inicié mi acercamiento a campo había asumido que, al menos en el caso de no movilización de la comuna 6, iba a encontrar un panorama similar al que describen ^{Auyero y Swistun (2007)} en su trabajo etnográfico en Villa Inflamable, Argentina.

Es decir, una comunidad que, a pesar de vivir en un ambiente muy contaminado, no se moviliza porque no tiene un marco interpretativo común ni los recursos necesarios para la movilización, y que incluso se encuentra permanentemente con “contra-marcos” producidos desde los discursos institucionales, que les dificultan encontrar una problemática común y un horizonte de objetivos compartidos (^{Auyero y Swistun, 2007}). Sin embargo, este no fue el caso. En las conversaciones que tuve con los habitantes de la comuna 6, parece ser que la problemática de la minería es, al menos, cotidianamente visible. Todos señalaron la preocupación por la tierra, el paso de volquetas, la manera en la que es visible que las minas se expanden todos los días, los problemas respiratorios, entre otros.

De hecho, y de manera similar a lo que sucedió en las comunas 4 y 5, en la comuna 6 la comunidad también parece tener sistemas empíricos locales para probar y discutir los problemas que genera la cercanía con las canteras. La alianza reciente con la Red Ciudadana de Calidad del Aire muestra, de hecho, que estos sistemas empíricos no solamente existen en la comunidad, sino que se han afianzado en la relación con otros sectores técnicos, científicos y activistas. Pero, a pesar de ello, no ha emergido la movilización. La construcción de marcos interpretativos comunes para la movilización, entonces, parece ser una condición necesaria, pero no suficiente para que la movilización emerja en estos casos. Eso no quiere decir que necesariamente la movilización no vaya a suceder, ya que, como han invitado varios estudiosos de los movimientos sociales, valdría la pena preguntarse no solamente por las comunidades que se movilizan y las que no se movilizan, sino también por las que están “en riesgo de movilización”, es decir, en las que se presentan una serie de condiciones que pueden ser concebidas como las líneas subyacentes a un proceso de movilización (^{McAdam y Boudet, 2012}). ¿Es la construcción de estos marcos interpretativos comunes una línea subyacente a la movilización? La pregunta puede ser explorada en profundidad en futuras investigaciones, pero ahora mostraré que, en la combinación con otros mecanismos, puede que la movilización emerja.

5.2 La administración municipal y la percepción de oportunidades políticas

Como he mostrado con anterioridad, una gran diferencia entre el caso de movilización de las comunas 4 y 5, y el caso de no movilización de la comuna 6 es la existencia de relaciones entre las comunidades y miembros de la administración municipal. Mientras que, en el caso de la comuna 6, se señala una desconfianza general hacia las instituciones administrativas y las autoridades ambientales, y se argumenta que un problema general es la falta de apoyo institucional en las demandas comunales y locales, en el caso de las comunas 4 y 5 contra INVERCOT, se presentó tanto la disposición al apoyo por parte de funcionarios públicos como la percepción de la comunidad de esta oportunidad política.

Esto se manifiesta en el hecho de que quienes habían sido miembros de la Red Mesa Ambiental señalaran en las entrevistas que ellos habían visto “la posibilidad” de trabajar con algunos miembros de la administración pública y esta se manifestó, finalmente, tanto en una caminata y concierto en los cerros de San Mateo como en la participación de los miembros de la Red en las actividades de un diagnóstico ambiental participativo realizado por la Dirección de Gestión Ambiental. La participación en actividades mutuas no se presentó de ninguna manera en la comuna 6 y, como se ha señalado con anterioridad, la percepción sobre la administración municipal allí es más desde la desconfianza y la falta de voluntad política. Esto se relaciona con la invitación a pensar en el modelo dinámico de las políticas contenciosas para poder entender que: “Ninguna oportunidad, sin importar lo objetivamente abierta que esté, invitará a la movilización a menos que sea: a) visible para los retadores potenciales y b) percibida como oportunidad” (^{McAdam et al., 2001}, p. 51).

En otras palabras, si bien la alcaldía de Jesús Ochoa pudo haber significado un cambio respecto a la tradición electoral anterior en Soacha, y el ingreso de miembros de organizaciones sociales y ambientales a la administración pudo en efecto conformar una oportunidad política para el surgimiento de la movilización, esta oportunidad tenía que ser visible y percibida como tal para las comunidades. Así, no basta solamente la existencia de una oportunidad política para que surja una movilización, sino que esta entra en diálogo una vez más con los marcos interpretativos colectivos de la comunidad, dimensión que algunos teóricos han relacionado más con elementos de la agencia de quienes hacen parte de estas movilizaciones (^{Goodwin y Jasper, 1999}).

Esto podría explicar por qué, durante el periodo 2005-2009, las comunidades de las comunas 4, 5 y 6 tuvieron una problemática minera similar, la misma alcaldía y los mismos funcionarios dispuestos, pero en un caso sí se presentó la movilización y en el otro no. Las comunidades de las comunas 4 y 5 habían percibido la oportunidad política que significaba el cambio administrativo y aprovecharon el contacto con la institucionalidad que les ofrecieron algunas actividades conjuntas, como la realización del diagnóstico ambiental municipal en el año 2009. La movilización, entonces, se entiende también comprendiendo las redes políticas que pueden facilitar su surgimiento, y particularmente en América Latina este examen de las relaciones entre la comunidad y el Estado es útil y pertinente (en diferentes escalas), toda vez que las relaciones entre las comunidades y el Estado han variado en función de la temporalidad y las ciudades que se estudien (^{Álvarez-Rivadulla, 2019}).

5.3 Las organizaciones comunitarias y el vínculo con las organizaciones ambientales

Atendiendo el llamado a entender las dinámicas de movilización desde una perspectiva relacional más que desde un único actor o grupo determinante (^{Auyero et al., 2019}), para mi comparación de casos resulta relevante entender no solamente la relación de las comunidades con el Estado (y con los funcionarios específicos de ese Estado a nivel local que pudieron haber actuado como intermediarios), sino también la relación entre las diferentes formas de organización a nivel barrial, local y municipal. En este punto encuentro otra diferencia importante entre el caso de la movilización contra INVERCOT y el caso de no movilización en la comuna 6, y tiene dos dimensiones distintas (pero relacionadas): la primera es la organización local y el uso de formas de organización local ya existentes para fines contenciosos, y la segunda es la relación con organizaciones ambientalistas con su propia experiencia histórica en movilización ambiental municipal.

Por un lado, en el caso de las comunas 4 y 5 contra INVERCOT, encontramos cómo muchos de quienes después fueron líderes de la Red Mesa Ambiental iniciaron su trayectoria de liderazgo en los organismos existentes de participación y organización comunitaria, específicamente las Juntas de Acción Comunal y las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal. Esto corresponde con la idea de que la fuerza organizativa de una comunidad no depende únicamente del surgimiento de muchas y diferentes formas de organización, sino también del uso de estructuras organizativas ya existentes con fines de política contenciosa (^{McAdam et al., 2001}). Como señalaron algunos líderes de la comuna 5, no fue tanto la existencia de Asojuntas en esta comuna lo que determinó el surgimiento de la movilización ambiental, sino el hecho de que los líderes comunales pasaron poco a poco de usar este espacio organizativo para discutir las problemáticas “tradicionales” del barrio (problemas entre vecinos, basuras, inseguridad, mal estado de las zonas verdes) a usarlo para discutir la problemática de la minería, y lo que representaba para la salud y la vida de los vecinos de la comunidad.

Esto difiere, de nuevo, con lo que sucede en la comuna 6, donde incluso quienes participan o han participado en los organismos locales y se preocupan por la problemática de la minería, no han encontrado el espacio para discutir estas problemáticas desde la JAC. Puede que esta imposibilidad no resida tanto en la Junta en sí misma, o en su estructura organizativa, sino en las relaciones entre esta Junta, otras organizaciones y la administración municipal. El caso de las comunas 4 y 5, y el papel que organismos como las Juntas de Acción Comunal tuvieron en el surgimiento y la permanencia de la movilización, es interesante también para visibilizar ese nexo, aún poco explorado, entre las formas de acción colectiva más “cívicas” con otras de carácter más contencioso.

La combinación de eventos comunales (como un evento recreativo en los Cerros de San Mateo que tuvo lugar en el año 2009) con eventos de movilización (como una manifestación de invitación a la audiencia pública ambiental) puede constituir un ejemplo de una “acción social mixta” (blended social action), la cual, para algunos autores, ha ido tomando fuerza conforme decaen los movimientos sociales más clásicos y confrontativos, propios de las décadas de 1960 y 1970 (^{Sampson et al., 2005}). ¿Qué tan nuevo es ese vínculo entre las Juntas de Acción Comunal y las movilizaciones?, y ¿cómo varía en función de la temporalidad y los espacios? son preguntas interesantes que pueden seguir abiertas para futuras discusiones.

Por otra parte, la relación entre las organizaciones comunitarias de las que ya he hablado y las organizaciones ambientalistas a nivel municipal también constituye una diferencia entre el caso de INVERCOT y el caso de la comuna 6. Mientras que, en el caso de la comuna 4 y 5, la relación con el Cabildo Verde de Soacha fue cercana, tanto con miembros que trabajaban desde la organización como con otros que habían pasado a hacer parte de la función pública, en el caso de la comuna 6 esta relación no fue cercana y, cuando se ha dado, ha sido problemática. Este caso de vínculos entre movilizaciones más de “base” con ONG ambientalistas sigue siendo interesante para explorar las redes entre estos actores, en lugar de entenderlos como entes únicamente antagónicos y enfrentados, lo cual simplificaría la complejidad de los movimientos sociales ambientales en América Latina (^{Foyer y Doumolin-Kevran, 2017}).

La experiencia acumulada de Cabildo Verde fue un recurso adicional para la movilización de las comunas 4 y 5, ya que facilitó el intercambio de conocimientos, el manejo de las técnicas de movilización y el acercamiento a la normativa ambiental; los cuales, finalmente, robustecieron ese marco interpretativo compartido del que ya he hablado previamente. En el caso de la comuna 6, por el contrario, la relación con las organizaciones ambientalistas municipales (cuyo número ha aumentado desde el año 2014) ha sido escasa y no necesariamente positiva. Esta transformación puede explicarse de distintas maneras, pero me gustaría sugerir aquí que parece detectarse un cambio entre las estrategias y los horizontes políticos de la organización ambientalista de Soacha de la década de 1990 y 2000, y las organizaciones ambientalistas de la década del 2010. Estas últimas, pareciese, se han enfocado más en la gestión de recursos para la realización de proyectos comunitarios concretos que en la movilización sociolegal más de disputa, o confrontativa. Valdría la pena preguntarse en otras investigaciones qué factores estructurales podrían haber incidido en estos cambios, entre los cuales se puede encontrar la falta de recursos materiales y la dificultad de ampliar las movilizaciones territoriales a niveles más grandes, producida por la descentralización política creciente (^{Álvarez-Rivadulla, 2019}).