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1. Introducción
El desarrollo emerge a partir de la consolidación de Estados Unidos como eje de poder del capitalismo, después de la Segunda Guerra Mundial. Con este acontecimiento histórico se establecieron representaciones sociales, discursos y acciones que, en nombre del desarrollo, propiciaron intervenciones en América Latina, África y Asia, según los parámetros del llamado Primer Mundo. Bajo la hegemonía del desarrollo se articularon las políticas de las instituciones internacionales, nacionales y locales en los diferentes contextos de los países ahora considerados subdesarrollados (Escobar, 1996b). En consecuencia, el desarrollo se convirtió en el referente de múltiples proyectos de desarrollo hasta inicios del siglo XXI.
El desarrollo ha sido objeto de amplios debates en diferentes ámbitos sociales (Escobar, 1996b; Esteva, 1996). Según Esteva (1996), los discursos del desarrollo privilegian los significados asociados al crecimiento. En los primeros años, entre mediados de los años cuarenta y finales de los sesenta del siglo XX, el concepto acentuaba el crecimiento económico. Después, en los años setenta, se fue integrando lo económico con lo social, tras reconocerse que las tasas de crecimiento se acompañaban con el incremento de las desigualdades. En los noventa, el desarrollo se redefinió en dos direcciones: en una, la del Norte, había que destruir, sustituir o exportar lo que ya se veía como obsoleto (medicina socializada, plantas nucleares, fabricas contaminantes, etc.); después fue tomando forma como desarrollo sostenible. En la otra dirección, la del Sur, había que desmantelar para dar espacio a los desperdicios del norte y para las maquiladoras, pero, en especial, el foco se centró en la colonización económica del llamado sector informal. En el contexto del desarrollo, en los años noventa, surge la iniciativa del Proyecto Multipropósito Guamués (PMG desde ahora), en el suroeste de Colombia.
El PMG consistió en un estudio del trasvase del río Guamués hacia el río Pasto, con el fin de construir una hidroeléctrica en la laguna La Cocha, ubicada en el suroeste de Colombia. El proyecto no llegó a ejecutarse a raíz de la oposición de una red de organizaciones ambientales que centró el discurso en la protección de La Cocha del impacto negativo del PMG y gestionó su declaración como sitio Ramsar (Tarazona, 2010). Sin embargo, tanto en los documentos del megaproyecto como en los planes de desarrollo nacional y departamental del periodo de estudio, quedaron registrados los discursos sobre el desarrollo en los que se evidencia la representación social que se tenía sobre la gente y su entorno, con lo que se trató de justificar el control del agua del humedal. En tal caso, la pregunta que sirve de hilo conductor en este artículo es ¿Cuáles son los discursos sobre el desarrollo que se expresan en los documentos del proyecto Multipropósito Guamués, que se planeó llevar a cabo en la laguna de La Cocha durante el período 1995-2002?
La metodología tiene un enfoque cualitativo. Se triangularon los estudios críticos sobre el desarrollo, los planes de desarrollo del periodo estudiado y los discursos de los documentos del PMG. La información primaria se examinó con herramientas de los Estudios Críticos del Discurso, en especial las herramientas propuestas por Wodak (2003) y van-Dijk (2008). Para estos autores, los discursos son prácticas sociales involucradas en las relaciones del poder. Los discursos cumplen un papel en la (re)producción y expresión de las representaciones sociales, entendidas como formas de cognición (ideas, conocimientos, ideologías) compartidas social y culturalmente. Las ideologías son sistemas de creencias básicas que fundamentan las representaciones sociales de un colectivo social. Por lo tanto, definen la identidad de un grupo y su interacción con otros. Así, el discurso ideológico suele organizarse en un Nosotros con respecto a un Ellos. En consecuencia, las ideologías suelen generar diferencias de opinión y, con ello, son parte de las luchas sociales (van-Dijk, 2008).
El periodo de estudio inicia en 1995, cuando comenzaron los estudios de prefactibilidad del PMG. Termina en 2002 porque hasta ese año tuvo vigencia el Plan Nacional de Desarrollo “Cambio para Construir la Paz”. Inicialmente, se revisaron los planes de desarrollo de Colombia y Nariño para encontrar el significado global (van-Dijk, 2008) sobre el tema del desarrollo en los siguientes documentos: a) Departamento Nacional de Planeación (DNP, 1998), Plan Nacional de Desarrollo: Cambio para construir la paz (1998-2002); b) Gobernación de Nariño (1995), Plan estratégico de desarrollo de Nariño (1995-1998); c) Gobernación de Nariño (1998), Plan estratégico de desarrollo de Nariño: Nariño un camino hacia el futuro (1998-2002). En el periodo estudiado, a nivel nacional, se promulgaron dos planes de desarrollo, pero solo se examinó el que corresponde a 1998-2002 porque es el que menciona el PMG.
Posteriormente, se analizó el discurso escrito del PMG en dos documentos: a) Estudio de prefactibilidad Proyecto Multipropósito Guamués (Hídrica Ltda., 1995); y b) Proyecto Multipropósito Guamués -PMG- (Departamento de Nariño - Municipio de Pasto, 1999). Para ello, se hizo seguimiento a la estrategia discursiva de categorización. En especial, la estrategia referencial y de predicación, sugerida por Wodak (2003), que consistió en identificar las categorías principales que tejen el discurso del desarrollo, tales como problemas, pobreza y medio ambiente. Una vez ubicadas estas categorías clave, se examinaron las características positivas o negativas que se le atribuyen. Examinar los dos tipos de documentos fue importante para establecer la conexión global, nacional y regional del discurso del desarrollo, ya que el PMG utiliza el formato y los discursos que están prescritos en los planes de desarrollo.
En la primera parte de este artículo, se presentan algunos planteamientos de los estudios críticos sobre el desarrollo para ubicar los discursos del desarrollo como producto de relaciones sociales jerarquizadas en un determinado momento histórico. En la segunda parte, se evidencia el tema global del desarrollo encontrado en la revisión de los planes de desarrollo nacional y departamental. La tercera parte aborda los resultados del análisis del discurso en los dos documentos del PMG. Finalmente, se hace una exploración al contexto de la laguna de La Cocha y se muestra que el PMG no se llevó a cabo debido a que tuvo que competir con otro modelo: el desarrollo sostenible, amparado en el Convenio Ramsar de la UNESCO.
2. Estudios críticos sobre el desarrollo
El desarrollo se configuró a partir de una múltiple red de poder posterior a la Segunda Guerra Mundial. Fue instaurado por los Estados Unidos, los países industrializados y diferentes organismos de carácter internacional, como el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). En este contexto histórico, se construyeron representaciones y discursos alrededor de la idea de desarrollo, que se tuvieron como verdades y se materializaron en prácticas articuladas a políticas, estudios, programas y proyectos de carácter global local (Escobar, 1996b).
Los países que dominaban el campo de poder, en conjunto con las instituciones de su influencia, propiciaron que la materialización de la idea de desarrollo colonizara los imaginarios de los demás países. Ello contribuyó al mantenimiento de las desiguales relaciones de poder y la creación de nuevas estrategias de dominación. Una de ellas, la idea de trato justo, expresada por el presidente de Estados Unidos Harry Truman, en 1949, fue plasmada en el programa Point IV. Ahí se hacía un llamado a resolver los problemas de las áreas subdesarrolladas mediante el capital, la ciencia y la tecnología. La estrategia consistía en extrapolar las condiciones de vida de los países económicamente avanzados al resto del mundo, lo que significaba aumentar los niveles de industrialización y urbanización, tecnificar la agricultura, acelerar el crecimiento de la producción material y de los niveles de vida, y la adopción de la educación y de los valores culturales modernos (Escobar, 1996b).
Lo anterior estuvo anclado a una reconfiguración geopolítica del mundo. En ella, los países fueron clasificados en primer y tercer mundo, desarrollados y subdesarrollados. Según Esteva (1996), “dos mil millones de personas se volvieron subdesarrolladas. En realidad, desde entonces dejaron de ser lo que eran, en toda su diversidad, y se convirtieron en un espejo invertido de la realidad de otros” (p. 53). Es decir, a los ojos de algunos, se transformaron en sujetos relegados del camino lineal de la historia, a quienes habría que reformar y conducir por los senderos del progreso material, siempre y cuando contaran con riquezas naturales indispensables para el crecimiento económico. Así, el desarrollo se convirtió en una exigencia de carácter universal, al cual todas las naciones tenían que aspirar si querían salir de ese estado indeseable llamado subdesarrollo. Para ello, contarían con la ayuda de los países desarrollados y organismos internacionales, visualizada como alternativa de solución de los problemas.
Como señala Latouche (2007), esta perspectiva obligó a los países en Latinoamérica, Asia y África a adoptar programas y políticas externas para lograr ese utópico estado de bienestar. No obstante, cada política y programa de desarrollo aplicado aumentaba la brecha de desigualdad entre los países y las problemáticas que intentaban solucionar se incrementaron. Porque, como señala Escobar (1996b):
El tratamiento de la pobreza permitió a la sociedad conquistar nuevos territorios. Tal vez más que del poder industrial y tecnológico, el naciente orden del capitalismo y la modernidad dependían de una política de la pobreza cuya intención era no solo crear consumidores sino transformar la sociedad, convirtiendo a los pobres en objetos de conocimiento y administración (pp. 53-54).
De manera que la idea de desarrollo adquirió un doble significado: el desarrollo como mito y el desarrollo como realidad. El mito del desarrollo se concibió como la realización de los deseos y ambiciones de todos, de ahí que representara la idea de la modernización y el crecimiento económico como el mejor camino para el devenir humano (Latouche 2007). Esto implicó la colonización de la realidad que se instaló en el lugar de las esperanzas y frustraciones de los latinoamericanos (Alimonda, 2013). En contraste, el desarrollo como realidad profundizó los problemas sociales y el deterioro ambiental mediante megaproyectos de infraestructura, basados en una economía extractiva de depredación y despojo de la naturaleza (Alimonda, 2011).
Los discursos del desarrollo se reproducen en los proyectos de carácter social (Álvarez, 2005), económico (Buitrago, 2010), ambiental (Pérez-Marín, 2016) y de infraestructura (Romero y Sasso, 2014). Así, por ejemplo, Pérez-Marín (2016) examina los regímenes de representación expresados por los discursos burocráticos referentes a los parques naturales, centrándose en el Parque Nacional Natural Los Katíos. Manifiesta que los regímenes de representación se aplican en Colombia siguiendo una extrapolación de la visión norteamericana. En ellos, se manifiesta la racionalización de la naturaleza como un recurso de conservación, espacio vacío sin personas y como objeto de investigaciones científicas para ser vigilada y controlada. Los científicos y funcionarios son vistos como los actores encargados de la conservación, en oposición a los colonos que realizan actividades que afectan en forma negativa a las áreas protegidas. Concluye que la apropiación de la naturaleza muestra discursos en los cuales se hacen evidentes las relaciones de poder establecidas por la modernidad y el desarrollo (Pérez-Marín, 2016).
Romero y Sasso (2014) plantean que los proyectos hidroeléctricos, como es el caso de HidroAysén en Chile y el Zapotillo en México, están relacionados con dinámicas político-ecológicas que tienen como fin transformar el medio ambiente de acuerdo con el modelo de desarrollo centrado en el crecimiento económico. Acorde a ello, estos proyectos reproducen un discurso de legitimación que sustenta la viabilidad de la construcción de represas. Este discurso se manifiesta en las políticas de apropiación del agua, la planeación y la localización de los proyectos de infraestructura en regiones históricamente excluidas. La justificación de las represas hace énfasis en la necesidad de su construcción dado el crecimiento de la población, la urbanización y la producción industrial. Así mismo, se presupone que el agua que no se utiliza se desperdicia. En breve, los discursos del desarrollo se vinculan con los símbolos de modernización y progreso, asociados a las intervenciones de los ríos y las cuencas, dirigidos por las elites políticas y económicas de ambos países (Romero y Sasso, 2014).
El desarrollo expresa unos discursos que producen modos de representación dominante en los que unas gentes (indígenas, campesinos, latinos, asiáticos, africanos) son considerados como atrasados. Con ello, sus prácticas económicas, sociales y culturales son vistas como inferiores y necesitadas de desarrollo. De manera similar, en los planes de desarrollo nacional y departamental se expresan discursos sobre el desarrollo vinculados con la idea del crecimiento económico que traería aparejada la solución de los problemas, como se evidenciará para el caso de la laguna de La Cocha.
3. El discurso del desarrollo en los planes de desarrollo nacional y departamental
Los planes de desarrollo son documentos que ponen de manifiesto las políticas de gobierno. Durante el periodo de estudio se realizaron diferentes planes de desarrollo a nivel nacional y departamental. Estos planes hacen referencia a varios modelos: desarrollo humano, desarrollo sostenible y desarrollo territorial. A continuación, se plantea que los discursos de estos modelos de desarrollo expresan relación con las políticas de crecimiento económico.
Los discursos sobre el desarrollo que enuncian los planes gubernamentales del periodo de estudio están orientados bajo la perspectiva del crecimiento económico propuesta por entes supranacionales. Ello porque, como lo plantea Oswaldo Riveiro (2014), los países del tercer mundo deben estar acordes con los lineamientos del capitalismo financiero internacional, controlado por el Banco Mundial, el FMI y las empresas transnacionales. Así, la autonomía de los países subdesarrollados está perforada. Situación que los lleva a acoger programas económicos externos para evitar sanciones y exclusiones de los mercados internacionales. A raíz de ello, en Colombia se siguen los lineamientos de las políticas de poder de arriba hacia abajo que articulan los programas y proyectos de desarrollo a nivel nacional y departamental.
En Colombia, entre 1995 y 2002, las políticas se articularon con los planes de desarrollo “El Salto Social” (Ernesto Samper: 1994-1998) y “Cambio Para Construir La Paz” (Andrés Pastrana: 1998-2002). Dichos planes fueron producidos en un contexto histórico del país en el que se puso en marcha la integración económica internacional. Para el momento, ya se había promulgado la constitución de 1991 en la que se estipulan reformas administrativas y judiciales encaminadas a la modernización del Estado. Ejemplo de ello es la descentralización administrativa, la definición de un nuevo marco para la prestación de servicios públicos domiciliarios, la apertura de la participación ciudadana en la toma de decisiones, y la definición de los derechos económicos y sociales de los colombianos (Caicedo, 2008). Es de anotarse que las políticas de la apertura económica estaban ligadas a un discurso de crecimiento económico.
En el periodo del Plan Nacional de Desarrollo “Cambio para Construir la Paz” (1998-2002), presentado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP, 1998), se gesta el PMG. El plan es acorde con la visión económica del Estado bajo el modelo del desarrollo humano sostenible, que se entiende como:
Visión moderna del desarrollo, que resalta la importancia de la acumulación de cuatro tipos de capital distintos, el natural, el físico, el humano y el social, enmarca adecuadamente el tipo de políticas requeridas para la promoción del desarrollo. En términos muy generales, se debe explotar de manera sostenible el capital natural; se debe promover la generación de ahorro, para permitir la acumulación de capital físico; se debe promover la atención de los niños, los jóvenes y las mujeres, la salud, la nutrición, la educación, la capacitación, la generación, desarrollo y dominio del conocimiento y el bienestar individual, para permitir la acumulación de capital humano (DNP, 1998, p. 17).
Según Latouche (2007), el desarrollo humano surge a partir de la declaración universal de los derechos humanos; no obstante, es institucionalizado en la década de 1990 como una crítica a la medición del desarrollo basado únicamente en el Producto Interno Bruto. Por esta razón, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) aplica un índice que incluye otras dimensiones sociales menos economicistas, como la educación, la salud, la nutrición, entre otras. Este se conoce como Índice de Desarrollo Humano. En otras palabras, se suma un concepto social al crecimiento económico.
El desarrollo sostenible, de acuerdo con Escobar (1996b), se presenta por primera vez en 1987 por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en el informe Brundtland. Sin embargo, solo es hasta la conferencia de Río de Janeiro que este concepto se globaliza. Este tipo de desarrollo busca como fin establecer un equilibrio entre la naturaleza y los procesos económicos. Llega a ser la esperanza de los desarrollos en partículas, ya que se trata de un desarrollo “económicamente eficaz, ecológicamente sostenible, socialmente equitativo, democráticamente fundado, geopolíticamente aceptable, culturalmente diversificado” (Latouche, 2007, p. 39).
La adición de “humano” y “sostenible” al discurso del desarrollo, según Latouche (2007), no es más que un eufemismo ya que, en el fondo, las estrategias nacionales de desarrollo estuvieron encaminadas a dinamizar diferentes capitales con el propósito de aumentar la productividad y la acumulación. Esta última dirigida a mantener reservas de capital físico y mano de obra para su posterior utilización. Según Castien (2013), dichas estrategias implican explotación, dominación y relaciones desiguales de producción. En el plan de desarrollo, se expresa un discurso moderno de desarrollo que promociona mejores niveles de bienestar humano, pero que, en esencia, reproduce las condiciones mismas del capital.
A nivel departamental, entre 1995 y 2002, se ejecutaron dos planes de desarrollo que, si bien se presentan bajo otros modelos (Desarrollo a Escala Humana, Desarrollo Sostenible, Desarrollo Regional), comparten el discurso del Plan Nacional de Desarrollo. Como lo plantea Latouche (2007), “el desarrollo ha sido repensado o ‘vestido con traje nuevo’ (...) entramos en la era de los desarrollos en ‘partículas’ para intentar conjurar mágicamente los efectos negativos de la empresa desarrollista” (p. 25). Es decir, la adición de adjetivos al término desarrollo implica nuevas nociones sobre este, pero no cuestiona su trasfondo ideológico. Tal como sucede con los planes de desarrollo departamentales con relación al plan de desarrollo nacional.
El Plan Estratégico de Desarrollo de Nariño de la Gobernación de Nariño (1995), comprendido entre 1995 y 1998, se orientó bajo los modelos de Desarrollo Humano Sostenible y Desarrollo Regional. De acuerdo con dicho plan, estos modelos consisten en:
Un modelo alternativo de desarrollo [...] diferente al proteccionismo y al intervencionismo de los años sesenta, así como también al neoliberalismo. Se basa en cuatro conceptos básicos: la equidad y la solidaridad, el crecimiento económico y el capital social y sus tres componentes: capital de conocimiento, infraestructura y medio ambiente, competitividad (Gobernación de Nariño, 1995, s. p.).
Según la cita anterior, en este plan, el discurso sobre el desarrollo incorpora diferentes aspectos sociales, económicos y ambientales, sin dejar de lado el crecimiento económico y los diferentes capitales, lo que significa la continuidad de las ideas desarrollistas. Latouche (2007) afirma que, con independencia del adjetivo que se le adicione, “el contenido implícito o explícito es el crecimiento económico, la acumulación del capital con todos los efectos positivos y negativos que conocemos: competencia sin piedad, crecimiento sin límites marcados por las desigualdades, pillaje sin reparar la naturaleza” (p. 21). Así mismo, la definición permite entrever su finalidad: la inmersión de la región en las nuevas dinámicas del mercado nacional e internacional.
Los discursos sobre el desarrollo humano y el desarrollo regional, así como las diferentes perspectivas sobre el término en cuestión, resultan de los debates sobre la concepción del desarrollo a partir de 1970. Latouche (2007) señala que estas redefiniciones sirven para prolongar el desarrollo basado en el crecimiento económico al añadirle un concepto al modelo: social, ecológico o humano. Mientras que, en la práctica, el desarrollo no puede ser humano, sostenible o social, entre otros. Brunet y Bocker (2015) plantean que los nuevos discursos tienen como fin “vincular el desarrollo a la sostenibilidad y a la dimensión humana de la vida y conectando esta dimensión a las prácticas cotidianas y al uso de los recursos y conocimientos locales y regionales como eje de desarrollo endógeno” (p. 312). Esta asociación contiene novedosas estrategias discursivas para mantener el imaginario desarrollista. Pero, para los autores, las redefiniciones sobre el desarrollo son producto de las reconfiguraciones del capitalismo elaboradas por instituciones financieras y organismos internacionales (Brunet y Bocker, 2015).
El otro plan de la Gobernación de Nariño (1998), denominado Plan Estratégico de Desarrollo de Nariño “Nariño un camino hacia el futuro” para el periodo 1998-2000, también expresa las resignificaciones semánticas mencionadas. En su trama discursiva, incluye cuatro modelos: desarrollo sostenible, desarrollo humano, desarrollo territorial y desarrollo a escala humana. En el plan, se manifiesta que el Desarrollo Sostenible se concibe según el Artículo 80 de la Constitución Política Colombiana y los principios contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo. También que el Desarrollo Humano adopta lo estipulado por la ONU. El Desarrollo a Escala Humana -en el que más se enmarcan las políticas del gobierno departamental- se plantea de acuerdo con la perspectiva postulada por el economista, ambientalista y político Manfred Max Neef, quien propone que la finalidad del desarrollo es la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales (Gobernación de Nariño, 1998).
El Desarrollo Territorial, en el plan de la Gobernación de Nariño (1998), se relaciona con los procesos de descentralización y globalización. Es de anotarse que el desarrollo territorial es entendido, desde el discurso económico territorial, como un proceso de crecimiento y de cambio estructural que utiliza el potencial de desarrollo de un determinado territorio para conducirlo a “la mejora del bienestar de la población de una localidad o una región. Cuando la comunidad local es capaz de liderar el proceso de cambio estructural, la forma de desarrollo se puede denominar desarrollo local endógeno” (Caicedo, 2008, p. 18). Lo que es lo mismo, como respuesta a las dinámicas de la globalización, la democratización y la descentralización que permitan a los territorios ser competitivos a escala global.
Los dos planes de desarrollo de la Gobernación de Nariño (1995; 1998) materializan los lineamientos del desarrollo a través de dos estrategias discursivas: a) la cuantificación con la que se presentan estadísticas sobre la pobreza y el desempleo, desde la mirada de las instituciones internacionales como el Banco Mundial y la ONU; y b) la comparación entre los niveles de vida del Departamento de Nariño y la población de otros departamentos del país, en la que se establecen las diferencias entre los departamentos con alto o bajo crecimiento económico. Con ello, se muestra el bajo crecimiento económico a nivel regional y local, lo que sirve para justificar la necesidad de impulsar el desarrollo desde la perspectiva de gobierno.
En pocas palabras, los planes de desarrollo nacional y departamental expresan unos discursos que obedecen, en buena parte, a los modelos de desarrollo supranacional liderados bajo la hegemonía de los Estados Unidos. Aunque los planes se elaboran de acuerdo con la redefinición del modelo (como desarrollo humano sostenible, regional, a escala humana, entre otros), se continúa bajo las políticas que privilegian el crecimiento económico. El PMG emerge en este contexto.
4. El discurso del desarrollo en los documentos del PMG
Los discursos del desarrollo sobre la laguna de La Cocha, entre los años 1995 y 2002, se expresan a través de la planeación del megaproyecto hidro-energético conocido como Proyecto Multipropósito Guamués (PMG). En lo que sigue, se muestra el análisis de algunas categorías sobre el discurso del desarrollo encontradas en los documentos del Proyecto.
4.1 Los problemas: categoría central del discurso del desarrollo en el PMG
El discurso del desarrollo en el PMG se basa en mostrar problemas, vistos como causa de atraso de la gente y el territorio en el Departamento de Nariño. El problema central identificado es la infraestructura insuficiente. Frente a tal panorama negativo, el PMG se presenta como alternativa en la perspectiva de ser el salvador que solucionaría los problemas, y traería el desarrollo humano y ambiental. Esto es lo que se abordará a continuación.
En el PMG, el suroccidente de Colombia se vincula con la poca infraestructura como problema principal:
El problema es la insuficiente infraestructura de acueducto para la población de Pasto y Chachagüí, de irrigación para el sector agropecuario, de generación de energía eléctrica para el Suroccidente Colombiano y de alternativas a la deforestación y pérdida de biodiversidad causadas por la producción de leña y carbón vegetal y el drenaje de los Humedales de importancia Internacional-Ramsar en la cuenca de la laguna de La Cocha, que asegure un desarrollo humano y ambiental sostenible dentro del concepto del Principio Ramsar de uso racional en beneficio del Departamento de Nariño, que genere empleo y las oportunidades para su industrialización (Departamento de Nariño - Municipio de Pasto, 1999, p. 3).
En la cita anterior, se evidencia que, de acuerdo con los postulados del desarrollo, la infraestructura insuficiente es lo que impide un desarrollo humano sostenible no solo en el entorno de la laguna La Cocha, sino también en Pasto y Chachagüí. Así mismo, se infiere que los actores más indicados para resolver esta situación son el Estado, las instituciones y los empresarios, quienes aparecen como sujetos activos con capacidad para resolver los problemas. Sin embargo, es necesario preguntarse: ¿La infraestructura resolvería la irrigación para el sector agropecuario, la deforestación y la pérdida de biodiversidad? Lo que queda claro es que se trata de un discurso que legitima el poder de la economía mediante la carencia de infraestructura.
En el desarrollo, como lo indican Escobar (1996b) y Latouche (2007), las ideas de progreso e industrialización son el fin último de las políticas y proyectos de las élites en el poder. Esto se ilustra en el siguiente párrafo:
El proyecto Multipropósito Guamués se plantea como la única alternativa actual para terminar excesivamente la larga tradición de atraso del Departamento, ya que no sólo se constituirá en una solución al deficiente servicio de agua potable en la capital del departamento y como productor de uno de los bienes más preciados a nivel nacional (e internacional), como es la Energía eléctrica sino que posibilitará el establecimiento de nuevas industrias, y/o la industrialización del sector microempresarial existente en Nariño; contribuirá en la conservación de valiosos recursos naturales, como el agua, elemento fundamental en la realización del PMG, y los bosques, puesto que uno de sus objetivos es trabajar por la reforestación, a través de la paulatina implementación de diversos programas; y significará un profundo avance en el camino hacia el desarrollo de una cultura de progreso y de empresa en el Departamento (Hídrica Ltda., 1995, p. 141).
La solución de los problemas gira en torno a la representación positiva de la ejecución del proyecto. Ello se logra a través de la imposición del desarrollo como un discurso civilizatorio (Bretón y Palenzuela, 2016) que, apoyado por las instituciones, genera modelos de intervención en las regiones vistas como atrasadas. En correspondencia, se manifiesta que el PMG, con la iniciativa del sector privado y las instituciones gubernamentales, haría posible salir del atraso al Departamento de Nariño para conducirlo al progreso. No obstante, el referente del desarrollo humano sostenible adoptado de la Convención Ramsar se menciona en términos generales. En contraste, se hace énfasis en la perspectiva de servicios que puede ofrecer el ecosistema como el agua y su utilidad para generar energía eléctrica. A lo anterior, es preciso agregar las promesas de la generación de empleo, protección del medio ambiente y la industrialización, expresadas en los planes de desarrollo nacional, departamental y municipal.
De acuerdo con el PMG, de no llevarse a cabo este Megaproyecto, la gente y la región quedarían relegadas del desarrollo económico y social. Además, continuaría el deterioro ambiental. Esto se evidencia en la siguiente cita:
Si no se implementa oportunamente la infraestructura mencionada, las poblaciones de Pasto y Chachagüí sufrirán fuertes racionamientos de agua para consumo humano, lo que implicará un bloqueo al desarrollo económico y social, con el incremento del desempleo y la pobreza de la población (...). El deterioro ambiental continuará, extinguiéndose bosques naturales protectores y ecosistemas estratégicos de humedales y páramos, disminuyendo la oferta ambiental hídrica de suelos y de biodiversidad (Departamento de Nariño - Municipio de Pasto, 1999, p. 4).
El PMG utiliza diferentes estrategias argumentativas para convencer al lector de la necesidad del proyecto. De acuerdo con su razonamiento, si no se implementaba la infraestructura se ocasionarían problemas más graves de los que en ese momento tenía la población campesina y urbana. Van-Dijk (2008) plantea que este tipo de estrategias son de contraproposición y repetición, dado que se hace énfasis en la suposición “qué pasaría si… esto no se hace” (p. 102). Además, en el documento se reafirma la representación positiva del proyecto a partir de afirmaciones negativas sobre el contexto.
El discurso del proyecto solo muestra una cara de la moneda, la que está orientada a la conquista de la naturaleza (Sasso, 2009). Gira en torno a la urgencia del proyecto para solucionar problemas y evitar otros peores. Sin embargo, la construcción de un megaproyecto hidroeléctrico, como lo muestra Sasso (2009), no siempre trae los beneficios prometidos a la población local. Ello porque este tipo de construcciones requieren una explotación intensiva de los recursos naturales, el desplazamiento de poblaciones, la contaminación por residuos de la construcción, la destrucción de formas de vida locales, así como la privatización y mercantilización del agua. Todo en detrimento de las personas afectadas por los proyectos que se enfocan en el crecimiento económico.
En pocas palabras, los problemas en el PMG, más que descripciones sobre el contexto del suroccidente del país, hacen parte de una estrategia argumentativa que, en el discurso del desarrollo, se orienta a legitimar el proyecto hidroeléctrico. De acuerdo con van-Dijk (2008), la estrategia consiste en hacer énfasis en aspectos negativos asociados a los problemas de infraestructura en el Departamento de Nariño. A la vez, el PMG maneja una retórica salvacionista (Escobar, 1996a; Restrepo, 2015) sobre un mejor porvenir con la construcción de la obra.
4.2 La población en el PMG
La población del suroccidente de Colombia se caracteriza por ser pobre, según el PMG, en concordancia con el discurso del desarrollo. La pobreza se vincula con problemas relacionados con la carencia de infraestructura, las necesidades insatisfechas, las actividades relacionadas con el sector primario, los altos índices de desempleo y el bajo nivel de industrialización. El siguiente análisis incluye la representación social de la población y los indicadores de pobreza más visibles en el documento del PMG.
En el PMG, la gente se asocia con la pobreza por los problemas de infraestructura. Se hace referencia a la carencia de redes de abastecimiento de agua para acueducto y para cultivos en varios lugares. Para ello, se apoya en la estrategia de cuantificación:
La población afectada corresponde a 500.000 habitantes del municipio de Pasto y de Chachagüí, que requieren con urgencia una solución definitiva para el abastecimiento del acueducto a partir del año 2005 (…). Afecta a 5000 familias de bajos recursos económicos asentadas en un microfundio de 4.000 hectáreas localizadas sobre el Valle de Atriz que requieren de agua para irrigación (Departamento de Nariño - Municipio de Pasto, 1999, p. 6).
En la anterior cita, la gente se muestra afectada por unos problemas y, por lo tanto, con la necesidad de la intervención del proyecto de desarrollo. Muchos de los problemas presentados, según Escobar (1996a), son formulados por las instituciones gubernamentales quienes, a través de la planificación, construyen un sistema de representación de los problemas sociales.
Esta perspectiva permite mostrar a la gente como objeto que requiere de intervenciones múltiples. De manera que “las «poblaciones» devienen objetos sobre los cuales se puede actuar, objetos que pueden ser controlados, desarrollados, limitados” (Duden, 1996, p. 236). En este caso, una gran cantidad de habitantes del suroccidente del país:
Afecta a cerca de 2,500.000 habitantes de los departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo, sin contabilizar la población restante del Suroccidente Colombiano, que, al no disponer de energía eléctrica generada en la región, tendrían que afrontar los altos costos y la baja confiabilidad del sistema interconectado Nacional (Departamento de Nariño - Municipio de Pasto, 1999, p. 6).
La representación social de la gente como pobre se apoya en clasificaciones elaboradas por instituciones estatales, como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2018). Esta entidad discrimina a la población de acuerdo con variables económicas y el acceso a los servicios públicos domiciliarios. De manera que la población de los Departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo es clasificada en estratos socioeconómicos por una institucionalidad gubernamental, que la describe así: “corresponde en un 95% a estratos socioeconómicos bajo-bajo (1 y 2), con altos niveles de necesidades básicas insatisfechas y con los más altos índices de desempleo del país” (Departamento de Nariño - Municipio de Pasto, 1999, p. 6).
Con el uso de la estadística se reafirma la credibilidad y objetividad del proyecto. Los datos numéricos se enuncian con la intención de unificar a la población en un grupo que corresponde al estrato socioeconómico bajo-bajo, caracterizado por altos niveles de necesidades básicas insatisfechas y altos índices de desempleo. De manera que “Cuantificar algo es en tercer lugar, crear una comunidad, proyectando rasgos que antes se consideraban aislados y singulares, hacia un grupo homogéneo que comparte esas características” (Buitrago, 2010, pp. 37-38). Entonces, al cuantificar, se homogeniza a un grupo, lo que facilita la intervención de los agentes del desarrollo que, al determinar el estado de los sujetos, diseña políticas enfocadas en manejar con mayor precisión la situación descrita. Así mismo, se ratifica la autoridad de las instituciones frente a la realidad objeto del proyecto de desarrollo.
Las cifras sobre población registradas en el proyecto de desarrollo hacen parte de una estrategia de argumentación para persuadir e impactar (van-Dijk, 2008). Acorde a ello, se hace énfasis en la magnitud del proyecto mencionado y la gran cantidad de población que se beneficiaría, es decir, más de 3.005.000 personas. Lo anterior significa que, entre mayores cifras se muestran en los datos, mejor será la aceptación y credibilidad del proyecto, pues en “nuestra cultura, las cifras y las estadísticas son medios básicos de mostrar objetividad de manera persuasiva” (van-Dijk, 2008, p. 118).
La cuantificación permite que la población sea administrada de alguna u otra forma de acuerdo con parámetros establecidos por los agentes del desarrollo (Restrepo, 2015). Como afirma Buitrago (2010):
(…) la estrategia numérica exige acciones ya que medimos las cosas cuando queremos cambiarlas o cambiar nuestro comportamiento en relación con ellas; con sólo medir un problema se crea una presión sutil para hacer algo, agregando que el número o algún nivel de medida suele imponerse como norma (p. 36).
Otro indicador de pobreza en el PMG alude a las necesidades básicas insatisfechas. Mismas que serían aliviadas con la construcción de la represa. Pero, según Feres y Mancero (2001), la infraestructura no es una necesidad básica, más bien es una necesidad relativa que se produce al mejorar la cultura material humana. Es pertinente satisfacer dichas necesidades cuando las necesidades básicas están satisfechas, de lo contrario, se profundiza en las desigualdades sociales. Álvarez (2005) indica que las necesidades básicas hacen parte de un humanitarismo renovado que promueve el alcance de unos mínimos biológicos básicos, pero sin cuestionar las causas de la desigualdad. Para la autora, los países acogen dichos discursos, elaborados por el Banco Mundial, que a la vez se valen del humanitarismo y fomentan que se desmantele el Estado de bienestar en favor del mercado, con la cooptación de derechos sociales (Álvarez, 2005). Así, las personas deben autogestionar la pobreza de acuerdo con sus capacidades para alcanzar los niveles básicos de vida. Ello conlleva a la naturalización de la desigualdad.
El PMG usa el discurso de las necesidades básicas como una estrategia para reforzar sus argumentos, ya que la infraestructura es una necesidad impuesta por el mercado que, en este caso, está dirigida a la construcción de una hidroeléctrica, y el trasvase de agua para acueducto e irrigación. Así, la pobreza en el discurso del proyecto alude a la idea de familias campesinas necesitadas de acceso a los bienes y servicios. El acceso a estos bienes es medido y evaluado por medio de indicadores diseñados por el PNUD, a través del informe de desarrollo humano aplicado en la década de 1990, con el propósito de mejorar las condiciones de la población (Rahnema, 1996; Barba, 2009). Basado en estos indicadores, el PMG plantea que la población de campesinos asentada alrededor de la ciudad de Pasto tiene un alto índice de necesidades básicas insatisfechas (Gobernación de Nariño - Municipio de Pasto, 1999, p. 11). Es decir, se trata de hogares que no logran acceder a los mínimos básicos de una vida digna, de acuerdo con los parámetros estadísticos.
Por consiguiente, la representación que se hace de los campesinos responde a la clasificación social basada en índices económicos elaborados por instituciones y organismos que se sustentan en un paradigma económico que excluye. En consecuencia, se asume “que los pobres son “subdesarrollados” y momentáneamente por lo menos-privados de su capacidad para definir sus propios intereses. Depende de aquellos en una posición superior de conocimiento y poder (gobiernos, instituciones, profesionales, autoridades competentes) asistirlos en su nombre” (Rahnema, 1996, p. 258). Por lo dicho, es evidente que la categoría pobreza cobra gran importancia para reafirmar el discurso del PMG.
El discurso del proyecto expresa la visión técnico económica de las élites y de las instituciones gubernamentales, quienes suelen desconocer el contexto de vida de las personas y colectivos que serían afectadas por el PMG. En correspondencia, el conocimiento científico y técnico de los profesionales y expertos se considera suficiente para determinar quiénes son los sujetos afectados por los problemas: “En breve, las realidades locales llegan a quedar grandemente determinadas por estas prácticas institucionales no locales que por tanto deben ser vistas como inherentemente políticas” (Escobar, 1996a, p. 227). Así, lo que está en juego son las relaciones de poder mediadas por el conocimiento. En ellas, se privilegia una posición sustentada en las estrategias discursivas que legitiman la visión económica y están basadas en una representación de la pobreza, las necesidades básicas y la infraestructura.
En pocas palabras, la representación social del PMG sobre la gente que habita en el entorno de La Cocha sigue la estrategia de hacer énfasis en los aspectos negativos de los otros (van-Dijk, 2008). Se apoya en la idea, según la cual, se trata de una gente pobre debido a la falta de infraestructura y por las necesidades básicas insatisfechas; problema que -de acuerdo con su argumentación- se superará con la implementación del proyecto hidroenergético. La cuantificación es una de las estrategias más usadas para establecer la pobreza.
4.3 El discurso sobre el medio ambiente en el PMG
Los proyectos de desarrollo suelen estar soportados en una idea de naturaleza que prescribe su transformación constante por la cultura. En particular, por aquellos grupos humanos que tienen como perspectiva la modificación de los bienes naturales en productos industriales o mercancías de consumo. Acorde a ello, en el desarrollo sostenible, la naturaleza es concebida como fuente de recursos que se deben explotar racionalmente, sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Así, la naturaleza es convertida en medio ambiente por las burocracias globales. De acuerdo con Sachs (1996), Ulloa (2002) y Escobar (1999), ello supone la transformación de la naturaleza en recurso natural.
Dicha ideología, sustentada en el naturalismo y en la lógica dualista ser humano-naturaleza (Descola, 2002), contribuye a un sistema de representación basado en la ciencia y la tecnología como mecanismos para controlar y administrar a la gente y a los bienes naturales. Esta representación permite a los agentes del desarrollo justificar las formas de intervención en las poblaciones locales y sus territorios, tal como lo presenta el PMG en el siguiente fragmento:
La población objetivo para la conservación y recuperación ambiental de la cuenca del Alto Guamués, es de 2.000 habitantes dedicados a la deforestación para la producción de leña y carbón vegetal, básica para su supervivencia. Específicamente con esta población se trabajará durante los estudios para investigar métodos productivos alternos a la deforestación, que permitan su subsistencia y el mejoramiento de su calidad de vida (Departamento de Nariño - Municipio de Pasto, 1999, p. 11).
En correspondencia con lo anterior, por una parte, se hace una representación favorable sobre las intervenciones que el PMG realizaría para mitigar los efectos negativos del proyecto: participación comunitaria, consulta de los efectos del PMG, medidas de mitigación aceptable a los efectos ambientales, investigaciones prácticas de alternativas a la explotación de carbón vegetal para detener la deforestación. En cambio, poco se cuestionan los daños ambientales y sociales que genera la construcción de una hidroeléctrica en un humedal de importancia internacional, como la pérdida de páramos y las especies de flora y fauna que hacen parte de este ecosistema. Tampoco se considera el desplazamiento de comunidades.
A la vez, las familias campesinas aparecen con una representación negativa. Se muestran como sujetos perjudiciales para la naturaleza porque tienen la cultura del carbón, desconocen la oferta ambiental, deterioran los ecosistemas y carecen de tecnología agropecuaria. En consecuencia, tienen que ser incluidas en las prácticas modernas impulsadas por los agentes del desarrollo (políticos y profesionales), como la utilización de tecnologías modernas y la adopción de actividades diferentes a la explotación forestal:
Otras causas del problema son el desconocimiento de la oferta ambiental en lo referente a recursos hídricos existentes, al deterioro ambiental de los ecosistemas por la cultura del carbón como medio de subsistencia y a la escasa tecnología agropecuaria que amenaza la destrucción de los Humedales y páramos azonales (Departamento de Nariño - Municipio de Pasto, 1999, p. 4).
Lo manifestado en el anterior fragmento corrobora lo dicho por Pérez-Marín (2016), quien señala que los colonos se muestran como responsables del deterioro ambiental, en contraposición al discurso de los expertos que se legitima como válido.
En esta mirada, se considera que los proyectos hidroeléctricos son símbolos de progreso y modernización. Estos discursos afianzan una representación de superioridad del conocimiento científico, como son las evaluaciones y estudios ambientales. Así se muestra a continuación:
El proyecto dispone de estudios de Prefactibilidad Avanzada y Diagnóstico Ambiental de Alternativas, restando para culminar la preinversión el estudio Factibilidad Técnica, Social, Ambiental, Económica y Financiera con Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo de la Cuenca (Departamento de Nariño - Municipio de Pasto, 1999, p. 5).
Es así como el discurso del PMG justifica la intervención en la cuenca alta del río Guamués, apoyado en la ciencia y la tecnología. El diagnóstico y la factibilidad, como lo indican Escobar (1996b) y Sasso (2009), son prácticas del modelo de desarrollo que se validan en estudios científicos y justifican la viabilidad de los proyectos de desarrollo. Ello permite tener una mayor influencia sobre las poblaciones locales, dado que estas “narrativas de la planificación y la administración, presentadas siempre como ''racionales” y “objetivas”, son esenciales para dichos expertos. En esta narrativa, los campesinos aparecen como el indicador semihumano y semiculto contra el cual el mundo euroamericano mide sus logros” (Escobar, 1996b, p. 365). De modo que el conocimiento experto, bajo una representación positiva de sus prácticas, se utilizó para tratar de incorporar a la laguna de La Cocha en las dinámicas del mercado.
O’Connor (2000) señala que las dinámicas del desarrollo capitalista no son sostenibles aun con el apoyo de estudios técnicos. El crecimiento económico necesita, para su expansión, una mayor proporción de fuerza de trabajo, materias primas y espacios de producción, lo que ocasiona un grave daño a los seres humanos y a la naturaleza. En este sentido, Latouche (2007) afirma que “para los poderosos, no es el medio ambiente lo que se trata de preservar, sino ante todo el desarrollo” (p. 43). Por tanto, el discurso de desarrollo sostenible en el PMG es una antinomia, pues el concepto en esencia reproduce un estilo de economía insostenible.
Para finalizar, se puede decir que, en las dinámicas del desarrollo, la naturaleza se convierte en recurso natural. De ahí que la construcción del proyecto se legitima con una representación que favorece la intervención ambiental, bajo el argumento de que es sostenible porque se basa en la ciencia y la tecnología. En contraposición, las relaciones de los campesinos con la naturaleza se muestran como inapropiadas por carecer de tecnología y realizar acciones contra el medio ambiente, tales como la explotación de carbón vegetal.
4.4 Privatización del agua y los bienes comunes en el PMG
El PMG expresa un discurso del desarrollo asociado a una representación positiva sobre la privatización del agua. Esta idea se apoya en la restauración ambiental de la laguna de La Cocha, los estudios de prefactibilidad y la vinculación pública-privada de empresas regionales y nacionales. En esta parte, se muestra cómo este discurso es la continuación del modelo desarrollista que se encamina a la privatización de los bienes comunes mediante la apropiación y control de la naturaleza; en este caso, el agua.
Como parte de la historia del desarrollo desigual, América Latina se representa como espacio subalterno susceptible de ser explotado, arrasado o reconfigurado, de acuerdo con las necesidades de acumulación vigente del capitalismo. En correspondencia, el territorio se usa para los monocultivos, los proyectos hidroeléctricos, la hiperminería a cielo abierto y la infraestructura para la exportación (Alimonda, 2011). Con ello, la naturaleza se visualiza como una mercancía a disposición de los mercados y de los grandes empresarios, tal como se lee en la siguiente cita, en la que se asigna valor económico al agua y al bosque:
Se asegura la recuperación ambiental de la cuenca del Alto Guamués y de la laguna de La Cocha, resolviendo un problema de interés no solo regional sino nacional, al asignarle un alto valor económico al agua y por tanto al bosque natural que lo hace más rentable como productor de agua que como productor de leña (Hídrica Ltda., 1995, p. 17).
La mercantilización de la naturaleza supone complejas relaciones de poder en un espacio geográfico determinado, entre las comunidades locales y el capital (público o privado) por las dinámicas de acumulación y ganancia. Santos (1982) plantea que la región aparece como un espacio de conveniencia, como una demarcación que sirve para la producción de relaciones sociales. Los lugares no son más que espacios funcionales. Es decir, espacios potencialmente utilizables o vaciables “con el fin de poner bajo el control de las grandes empresas una porción de los bienes naturales presentes en dichos territorios” (Svampa, 2008, p. 8). Lo que implica insertar en la dinámica consumista los espacios geográficos que poseen importantes bienes naturales, como la laguna de La Cocha que, por su importancia hídrica, fue articulada al PMG buscando el crecimiento económico.
Lo anterior, de acuerdo con Ávila-García (2016), es producto de un nuevo proceso de expansión de los mercados capitalistas hacia todas las regiones del mundo, que se dio en la década de 1980 y permitió la mundialización del capitalismo bajo la estrategia del neoliberalismo, impulsado por los países industrializados como Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Además de importantes organizaciones financieras como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, entre otros. Dichas organizaciones monopolizaron los mercados a través de préstamos, acuerdos y tratados con el fin de controlar los territorios de los países periféricos y los bienes de la naturaleza (Ávila-García, 2016). Para ello, utilizaron diferentes estrategias, como la privatización y la restricción del acceso a los bienes comunes. Muchas de ellas aprobadas por los Estados.
Es claro que el Estado implementa políticas a favor de los monopolios privados. Entre estas, una de las más críticas en el contexto Latinoamericano alude a las leyes con relación a la privatización del agua, como las empleadas en Chile y México. Estas consisten, según Romero y Sasso (2014), en la concesión del agua a empresas privadas, lo que significa la sustitución de la propiedad colectiva o comunal por la propiedad corporativa. Esta última se basa en los principios de distribución del mercado (Shiva, 2003). En el caso del PMG, estas políticas de privatización son evidentes, pues se afirma que una vez “Finalizada la fase de preinversión, se obtendrá la Licencia Ambiental Única y se convocará al Inversionista Estratégico Privado, en concordancia con la Política Nacional de Privatización de los Servicios Públicos” (Departamento de Nariño - Municipio de Pasto, 1999, p. 5).
En Colombia, las normas de privatización son el resultado de las políticas neoliberales impulsadas desde el Gobierno de César Gaviria (1990-1994). Estas se concretaron con la Ley 142 de 1994 que instaura el régimen de los servicios públicos domiciliarios y dicta otras disposiciones (Congreso de la República, 1994a); y la Ley 143 de 1994, en la que se establece el régimen para la generación, interconexión, trasmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones en materia energética (Congreso de la República, 1994b). Las anteriores leyes fomentan la participación del sector privado en la administración de los servicios públicos; es decir, están orientadas a los intereses del capital privado.
Como señala Shiva (2003), lo mencionado obedece al utilitarismo que ejercen los grupos de poder sobre el Estado para despojar a las comunidades del agua y de la naturaleza, a través de diferentes mecanismos legales y acciones concretas, como la ejecución de megaproyectos hidro-energéticos. Dichos proyectos son un medio efectivo para la privatización del agua (Sasso, 2009). En este sentido, una de las estrategias del Estado y los grandes empresarios para privatizar el recurso hídrico es mediante la alianza del sector público con el sector privado, para conformar una corporación mixta. Tal como en el PMG, donde se muestra que la estrategia del sector eléctrico nacional con las centrales hidroeléctricas consiste en “apoyar con recursos de la Nación las inversiones en capital de riesgo, con el objeto de atraer capitales privados de inversión en este tipo de infraestructura” (Departamento de Nariño - Municipio de Pasto, 1999, p. 8).
De acuerdo con los organismos internacionales, la situación anterior es causada por la incapacidad del Estado para ofrecer un servicio público de calidad, con eficiencia económica y saneamiento financiero (Ávila-García, 2016). Entonces, la intervención privada se ve como la única alternativa para la administración de los bienes del Estado, lo que acaba por restringir el uso de un bien común como es el agua. En este orden de ideas, como afirma Shiva (2003): “Las asociaciones público-privadas en el negocio del agua tienen como propósito convertir los servicios hídricos en un servicio público” (p. 100). En consecuencia, el agua se ha transformado en una mercancía: para acceder a ella, debe pagarse una tarifa. Esto genera profundas injusticias sociales, ya que “en la premura por privatizar suele olvidarse la existencia de comunidades de personas reales con necesidades reales más allá del Estado y el mercado” (Shiva, 2003, p. 33).
Los grandes empresarios, en conjunto con las instituciones gubernamentales locales, regionales y nacionales, suelen utilizar varias formas de argumentación para privatizar el recurso hídrico. Por ejemplo, en los estudios de prefactibilidad y factibilidad que se requieren para llevar a cabo la construcción del proyecto (Sasso, 2009), tal como muestra el documento del PMG cuando busca convencer sobre la viabilidad del proyecto:
La estrategia regional para asegurar la inversión privada en la infraestructura requerida, para asegurar el desarrollo económico y social del próximo siglo, es la de demostrar al inversionista con estudios altamente confiables, que el PMG es técnica, social, ambiental, económica y financieramente viable, con tasas internas de retorno atractivas asociadas a beneficios sociales significativos (Departamento de Nariño - Municipio de Pasto, 1999, p. 5).
En apoyo a lo anterior, la Comisión Mundial de Represas (2000), en la elaboración de sus informes para la construcción de grandes represas, indica que: a) no se consideran los impactos ambientales y sociales; b) se exagera la retribución económica; c) no se tiene en cuenta que la construcción de un proyecto hídrico requiere de una elevada inversión por parte del Estado y el capital privado; y, en la mayoría de los casos, las élites, los empresarios, los agricultores industriales, la industria y la población urbana son los únicos beneficiados con este tipo de proyecto. Mientras que las poblaciones locales son las que padecen los efectos negativos de estas construcciones. En varios casos, se trata de la destrucción de sistemas de vida ubicados en las zonas de inundación, que son estratégicos para el mantenimiento de la reproducción de la vida natural y humana.
En pocas palabras, el discurso del PMG se orienta a la apropiación y control de la naturaleza a través de la privatización del agua, lo que es avalado por las normas estatales. La finalidad es la mercantilización de los bienes comunes al asignarles valor monetario; de esta manera, el agua de la laguna de La Cocha quedaría articulada al mercado local y regional.
5. La Cocha: del PMG a humedal Ramsar
El PMG se proyectó ejecutar en la laguna de La Cocha o lago Guamués. El proyecto no se llevó a cabo pese a la representación favorable que de sí mismo circuló entre sus documentos, en el periódico Diario del Sur de Pasto y entre habitantes de los alrededores del lago. Ello porque tuvo que enfrentar un conflicto socioambiental a raíz de la obra. En seguida, se ubica a la laguna de La Cocha y se esbozan las características del PMG y su desplazamiento por el modelo de desarrollo sostenible asociado al Convenio Ramsar.
La Cocha, en términos geográficos, es un lago de alta montaña ubicado a 2780 msnm en el macizo de Huaca o nudo de los Pastos, en la cordillera de los Andes. Pertenece a la cuenca alta del río Guamués de la vertiente amazónica. Del lago emerge la isla La Corota, declarada Santuario de Flora y Fauna. Político administrativamente hace parte del corregimiento conocido como El Encano, del municipio de Pasto, en el Departamento de Nariño (Figura 1).
Fuente: diseño del geógrafo Giovanni Montilla a partir de datos del IGAC, 2019.
Figura 1 Ubicación de la laguna La Cocha
Los habitantes de El Encano se concentran en la cabecera del corregimiento y en la vereda El Puerto, lugar de embarcación de las lanchas; las demás familias viven en forma dispersa en 18 veredas (Figura 2). La mayor parte de los pobladores se identifican como campesinos e indígenas del pueblo Quillasinga. Las familias se dedican al turismo mediante servicios de restaurante y alojamiento; al transporte fluvial que recorre el lago y en vehículo por la vía a la ciudad de Pasto; a la explotación del bosque para madera y carbón; al comercio, y a la producción agropecuaria y piscicultura en pequeña escala.
El PMG fue una iniciativa particular, después avalada por la sociedad Proyecto Multipropósito Guamués S.A., una empresa mixta de servicios públicos. La empresa se creó en San Juan de Pasto, en 1994, bajo la Ley 142 de 1994 o ley de servicios públicos domiciliarios (Congreso de la República, 1994a), y la Ley 143 de 1994 o ley eléctrica (Congreso de la República, 1994b). Se fundó en cumplimiento de la ordenanza No. 046 de mayo 10 de 1994 de la Asamblea Departamental de Nariño y por acuerdo No. 126 del 19 mayo de 1994 del municipio de Pasto. Tenía como objetivo realizar los estudios de preinversión, gestión financiera, inversión, construcción, operación y administración del Proyecto Multipropósito Guamués - PMG. Consistía en la proyección del trasvase del río Guamués hacia el río Pasto, con el fin de construir la hidroeléctrica del Guamués, con una potencia instalada de 480 Mw y una energía media de 2.000 Gw/año (Departamento de Nariño - Municipio de Pasto, 1999). Además, se generaría energía eléctrica para los departamentos del Cauca, Putumayo y el norte del Ecuador (Hídrica Ltda., 1995).
El PMG, como alianza estratégica entre el sector privado y público, tuvo el apoyo de entidades oficiales de los Departamentos del Valle del Cauca (CVC, Emcali) y de Nariño (Empopasto, Cedenar, Corponariño), del Departamento Nacional de Planeación y de la empresa de Interconexión Eléctrica Nacional (Diario del Sur, 1992; Holguín, 1994). Recibió respaldo del candidato y después presidente Ernesto Samper Pizano, y de la orden de los jesuitas de Cali (Tarazona, 2010). Al inicio, algunos habitantes del corregimiento aceptaron la propuesta porque el ingeniero gerente del proyecto y un sacerdote jesuita pregonaban sobre sus beneficios. Según ellos, se iba a tener electricidad, habría empleo en la construcción de la obra y se incentivaría el turismo. El sacerdote mostraba el valor moral de compartir el agua con poblaciones que carecían de ella (Francisco Ramos, campesino, comunicación personal, 2018).
El PMG terminó los estudios de prefactibilidad. En la puesta en marcha de los estudios, convocó a reuniones con las Juntas de Acción Comunal y con la Asociación de Desarrollo Campesino (ADC). Asimismo, compró un lote para edificar una cabaña, contrató a campesinos para abrir caminos y para cimentar los mojones de los puntos de inundación. No obstante, la represa no se construyó dado que se presentó un conflicto socioambiental por el proyecto. Los campesinos identificaron la afectación que tendrían con la represa a partir de los conocimientos que tienen sobre el ciclo de inundación del lago, la ubicación de los puntos de inundación y el diálogo con los ambientalistas. De ahí infirieron que se inundaría toda el área plana circundante al lago, varias zonas de páramo y algunas veredas (Roque Medina, líder social, comunicación personal, 2018). Mientras que el PMG mencionaba la inundación de 400 hectáreas “a lo largo del lecho mayor del río Guamués” (Hídrica Ltda., 1995, p. 19). Fuera de ello, el PMG no les respondía sobre qué pasaría con la tierra de los túneles que se iban a construir para el trasvase del agua al río Pasto.
En ese contexto, una red de ambientalistas se opuso al PMG. De esta hacía parte la Fundación Ecovida, la ACD, la Universidad de Nariño e indígenas que en ese momento estaban en un proceso de reetnización como pueblo Quillasinga. Ecovida se originó en los grupos ecológicos de la Universidad de Nariño, en relación con el movimiento ambientalista nacional y con actores locales de izquierda. La ACD, creada en 1980, estaba conformada por campesinos, profesionales de Pasto, miembros del movimiento ambientalista y agentes de la cooperación internacional. Con apoyo de Canadá, organizó una cooperativa y se realizó investigación participativa; formó parte de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil. La red tuvo asesoría de la corporación de Asesorías para el Desarrollo (ASDES) y financiación del Fondo Mundial para la Naturaleza (Tarazona, 2010). Cabe anotar que, desde 1998, en la zona se recrudeció el conflicto armado interno por la presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que expresaron su oposición a la obra (Roque Medina, líder social, comunicación personal, 2018).
Las estrategias usadas por la red para detener al PMG fueron las alianzas con organizaciones de la sociedad civil, la celebración de foros científicos con la participación de expertos reconocidos en temas ambientales, los encuentros de “disoñadores” y la postulación de la Cocha como sitio Ramsar. Los “disoñadores” estaban orientados al diálogo de saberes, con participación de la academia y las experiencias de vida. La postulación como humedal Ramsar en la UNESCO se hizo mediante el diligenciamiento de la ficha, la consulta a los pobladores y, luego, la gestión de varias instituciones (Universidad de Nariño, Corponariño, Ministerio de Medio Ambiente, Parques Nacionales) y la Red de Reservas de la Sociedad Civil. La declaratoria de La Cocha como humedal Ramsar se obtuvo en el año 2000 (Figura 3). En el proceso, se ganó influencia en las instituciones y en la opinión pública, persuadiendo sobre el impacto negativo del PMG en el ecosistema de la Cocha. El PMG disminuyó el capital político y el Ministerio del Medio Ambiente negó la licencia ambiental al proyecto hidroenergético en el 2001 (Tarazona, 2010).
En la actualidad, en torno a La Cocha se ubican varios actores. A nivel local, están las Juntas de Acción Comunal, el Cabildo indígena, la Asociación de Carboneros, las reservas naturales privadas de la sociedad civil, la Asociación para el Desarrollo Campesino, la Asociación Campesina Agroalimentaria Pie de Monte Amazónica, PROHUMEDALES, la Asociación de Transporte Fluvial del Guamuez, Cootrandes Ltda., y las asociaciones comunitarias de servicio de agua. Entre los actores estatales, están la Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño), el Sistema de Parques Nacionales Naturales, el Ministerio del Medio Ambiente, la Policía Nacional de Colombia, el Municipio de Pasto y la Gobernación de Nariño. Entre los organismos internacionales, está el PNUD de la ONU y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Hay una empresa extranjera dedicada a la piscifactoría de trucha en el lago. Entre los actores, hay varias formas de apropiación del territorio. Con ello, emergen otros conflictos socioambientales que incluyen la disputa por el control del agua del lago.
6. Conclusión
Los discursos del desarrollo, enunciados en los planes de desarrollo nacional y del departamento de Nariño entre 1995 y 2002, expresan representaciones sociales positivas sobre el desarrollo entendido como crecimiento económico. Es conveniente anotar que esto se hace mediante los modelos de desarrollo resignificados a partir de 1970: desarrollo humano sostenible, desarrollo a escala humana, desarrollo territorial, entre otros. Algo semejante ocurre en el PMG, que se presenta como un proyecto beneficioso para la región bajo el pretexto de que la construcción de la obra solucionaría los problemas de abastecimiento de agua para acueductos, la irrigación de tierras y la generación de energía eléctrica. A su vez, sería una alternativa para la perdida de la biodiversidad, la deforestación y el drenaje de los humedales. En contraste, expresa representaciones poco favorables sobre los campesinos y el territorio de la laguna de La Cocha, que son asociados con problemas como la pobreza, la carencia de infraestructura y el deterioro ambiental. En cambio, no se mencionan los detrimentos que puede ocasionar la construcción de la hidroeléctrica, como la injusticia social y ambiental. De esta manera, el discurso legitima la intervención del megaproyecto para explotar los recursos locales como el agua y la generación de utilidades económicas para el mercado.
El PMG no se llevó a cabo porque fue confrontado por el movimiento ambiental que hizo énfasis en los efectos perjudiciales del PMG en el ecosistema, y gestionó la declaración de La Cocha y su entorno como humedal de importancia internacional. Con ello, el modelo de desarrollo que prevaleció fue el desarrollo sostenible articulado al Convenio Ramsar. En todo caso, las disputas del desarrollo en la laguna La Cocha invitan a preguntarse ¿Qué nuevos conflictos socioambientales se están generando por el control del agua del lago? ¿Qué discursos se están (re)produciendo en las actuales disputas por el agua? ¿Cuál es el efecto de la declaratoria de La Cocha como sitio del Convenio Ramsar en la protección del humedal y en la vida de los campesinos e indígenas?
