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1. Introducción
El término “heurístico” es atractivo por sus dos principales componentes: la búsqueda de soluciones a problemas determinados y la invención creativa (Menna, 2014). En otras palabras, valerse de la invención y de la creatividad para ayudar a encontrar soluciones. Bien mirada, esta forma de pensar puede aplicarse al concepto de desarrollo, si no olvidamos que las teorías que lo acompañan siempre apuntan a una misma dirección: la gestión de un mayor bienestar. Cada una de ellas representa una estrategia creativa para entender y solucionar el problema complejo de cómo se impulsa el bienestar y a qué se refiere esta idea, admitida como algo universalmente conveniente.
Sin embargo, todavía hoy estamos muy lejos del consenso. La mayoría de los paradigmas se mantienen por algún tiempo (a veces prolongado); pero luego son retados por otros, a medida que se encuentran casos (teóricos y empíricos) que no encajan en ellos. Esto es precisamente lo que postuló Kuhn (1971). No hay por qué extrañarse. Donde hay una diferencia es que no siempre una perspectiva desafiante consigue convertirse en un paradigma dominante, pero tampoco es derrotada de forma cabal por el predominante. Lo más común es la adscripción casi religiosa a un encuadramiento mental, con independencia de su capacidad exegética objetiva.
Las razones son muchas. Pero dos parecen ser las más usuales: la forma en que embonan con las posturas políticas pre-conceptuales, casi instintivas; y, en segundo lugar, el suministro de certidumbres. Los individuos pueden vivir en las circunstancias más adversas, pero no pueden hacerlo en incertidumbre. Necesitan explicaciones y por tal razón inventan los mitos y, sus alter egos, las ideologías. Y, una vez asimiladas, las visiones permiten identificar la fuente de todos los males y derivar, por algún mecanismo lógico, la matriz de soluciones.
En el terreno de las ciencias sociales, la economía y el desarrollo no es raro presenciar esta resistencia (un argumento en contra de la idea de innovación y creatividad). Sin embargo, antes de que arraiguen, muchas ideas sí son innovadoras y representan respuestas creativas al viejo enigma sobre la mejora del bienestar. Son giros heurísticos, en la medida en que, tras la insatisfacción con el paradigma vigente, se recuperan ideas que en su tiempo estuvieron de moda o fueron ignoradas, o se inventan nuevas que ofrecen perspectivas o lecturas distintas. A veces, basta con voltear la mirada hacia otro lado; y otras, con usar los mismos ingredientes conceptuales, pero acomodados de forma diferente.
El objetivo de estas líneas es presentar esos giros heurísticos en el concepto de desarrollo. Por supuesto, dista de ser exhaustivo y, por lo tanto, siempre se corre el riesgo de omitir alguna aportación significativa. Se organiza en tres secciones. En la primera, se describe el concepto del desarrollo visto desde el desarrollo mismo, lo que Ros (2001) llamó la economía madura. En la segunda, se cambia de óptica y la mirada se ejerce desde el subdesarrollo. Por último, se expone la visión del desarrollo humano y el enfoque de derechos. Como es usual, también se dedica una sección a las conclusiones.
2. El desarrollo desde el desarrollo: la óptica desde las economías maduras
Esta sección está orientada a revisar la perspectiva de los enfoques que toman como referente a las economías desarrolladas. Cada uno de ellos pretende aportar una visión de cómo se desarrollaron estas sociedades; y así, extraer lecciones para las subdesarrolladas.
2.1 El desarrollo como crecimiento económico
No es exagerado afirmar que la economía política inicia con la preocupación sobre el desarrollo. La pregunta seminal de Smith (1994) y de Ricardo (1998) era: ¿en qué consiste que unos países sean ricos, y otros no? Sunkel y Paz (1975) pretenden armar una definición de riqueza mediante lo que ellos llaman “una ligera modificación” del concepto de smithiano: “(...) aquel conjunto máximo de bienes que un país puede adquirir, dada la naturaleza de su suelo, su clima y su situación respecto a otros países” (p. 98)2. Los autores contemporizan exitosamente con el concepto actual de crecimiento, centrado en el producto potencial -y no en el corriente- y en el largo plazo.
Ricardo (1998) ofrece la mejor respuesta -o por lo menos, la más cercana a nosotros- al postular que es la acumulación de capital (inversión) el factor determinante del crecimiento. La razón es que, en el largo plazo, la tierra es limitada y que, por ello, no constituye un factor de impulso. La expansión del trabajo, por otro lado, está subordinada a la demanda laboral y, por esta vía, a la propia acumulación de capital.
Los modelos de Harrod (1979) y de Domar (1979) siguieron la misma ruta que el modelo clásico: el desarrollo fue visto como simple crecimiento del volumen total de bienes y servicios de una sociedad. Sus raíces keynesianas los llevaron a preocuparse por la inestabilidad de la trayectoria del crecimiento, en el sentido de que una economía debía crecer a una tasa garantizada -determinada por la tasa de ahorro y la relación producto/capital-, si se quería evitar el surgimiento de fuerzas centrífugas que condujeran al desempleo o la inflación, sin posibilidad de regresar a la trayectoria de equilibrio.
2.2 El crecimiento del PIB per cápita
Solow (1956) introdujo tres cambios importantes a esta visión del crecimiento: la incorporación del producto por trabajador, los límites de la acumulación de capital en la promoción del desarrollo y el pronóstico de una convergencia condicionada entre naciones. En sentido estricto, el primero da cuenta de la productividad laboral media; pero también representa una proxy acertada del producto per cápita, si se supone que el número de trabajadores empleados es proporcional a la población3. De esta forma, el Producto Interno Bruto per cápita se usó como la variable relevante a la hora de dar cuenta sobre la prosperidad de una sociedad. Y no era para menos: reflejaba cuánta era su disponibilidad promedio de bienes y servicios.
El segundo giro consistió en acotar la importancia de la acumulación de capital y la tasa de ahorro, enfatizadas por las teorías clásicas y por la dinámica keynesiana, así como de la tasa de crecimiento poblacional. En contra de lo que empezaba a consolidarse en los medios académicos, sus conclusiones apuntaban a que esas variables pueden explicar variaciones en el producto per cápita en el corto, pero no en el largo plazo. Cada una de ellas encara límites que, al final, imponen el arribo a un estado estacionario, fruto inevitable de las fuerzas estabilizadoras del sistema. El único candidato fiable para evadir tales límites es el progreso técnico.
El tercer mensaje consistió en pronosticar la convergencia condicionada (Sala-I-Martin, 2000). Si naciones con distintos grados de desarrollo (aproximado por el PIB per cápita) mantenían tasas de ahorro y de crecimiento demográfico iguales a las de los países más adelantados, la convergencia hacia un mismo nivel de vida estaba asegurada, en virtud de las fuerzas equilibradoras que, con independencia de la relación capital/trabajo, conducían al mismo estado estacionario.
2.3 Crecimiento y redistribución del ingreso
La idea de que el crecimiento del producto per cápita acarreaba una mejoría continua en el bienestar de la población fue criticada desde varios frentes; todos ellos apuntaban a la omisión de la distribución del ingreso. La advertencia no era simplemente un prurito académico: abría la posibilidad de que los frutos del crecimiento se concentraran en pocas manos y de que la desigualdad original se ensanchara con el tiempo, en virtud de la capacidad creciente de las élites beneficiadas para traducir su riqueza en poder político y, por esta vía, para imponer instituciones que perpetuaran la desigualdad. En el extremo, surgió la imagen de un crecimiento acelerado que impulsaba un mayor volumen de bienes y servicios (e ingresos totales), al que no tenía acceso la gran mayoría de la población.
De esta forma, identificar el mero crecimiento con el desarrollo se convirtió en un discurso menos aceptado. Era necesario incorporar una tendencia hacia una mayor equidad de la distribución del ingreso. Con ello se pretendía aportar el otro ingrediente esencial del concepto de desarrollo.
Y el autor que más destacó en esta tarea fue Kuznets (1955) 4. Su famosa curva en forma de “U” invertida pronostica el aumento continuo de la desigualdad -aproximada por el índice de Gini-, a medida que el ingreso per cápita crece a partir de bajos niveles. Después de esa etapa inicial, ambas variables registran una relación negativa de tal manera que a un mayor nivel de producto por persona corresponde una mejor distribución del ingreso. El autor atribuyó este comportamiento a la transición campo-ciudad de la mano de obra, típica de los procesos de industrialización. La mayor abundancia en los centros urbanos abate los salarios y, con ello, la distribución del ingreso sufre mermas que son revertidas a medida que el proceso de crecimiento continúa y el trabajo deviene escaso. De esta forma, la desigualdad es vista como una etapa transitoria. Después de cierto punto, cede hasta lograr niveles satisfactorios.
El modelo de Solow nunca abordó de forma explícita los cambios distributivos asociados al proceso de crecimiento. No obstante, es posible derivarlos de su análisis del proceso de acumulación y llegar a conclusiones semejantes a las de Kuznets5. La clave está en la convergencia condicionada de países ricos y pobres, de la que nos ocuparemos más adelante. Lo importante es que ambas formas de pensar arrojaron un mensaje inequívoco: en la medida en que el crecimiento termina por redistribuir progresivamente el ingreso hasta llegar a niveles aceptables de equidad, la preocupación por la redistribución del ingreso es irrelevante. Basta con centrarse en el nivel de ingreso per cápita para avalar la pertinencia de identificar el desarrollo con el crecimiento.
Los soportes argumentales de este postulado son dos: por un lado, la convergencia condicionada entre sociedades, con independencia de los niveles iniciales; y por el otro, la convicción de que el proceso de acumulación de capital desemboca en una sociedad más equitativa. Al primero le podemos llamar el postulado de la convergencia (condicional) externa; al segundo, el postulado de la convergencia interna. Cualquier desviación de esta trayectoria obedecería a otros factores, fundamentalmente culturales y políticos; y no al proceso mismo de crecimiento.
El primer soporte será cuestionado por las teorías del desarrollo y las del crecimiento endógeno; el segundo, por las recientes aportaciones de Piketty (2014). Los hallazgos del autor son los siguientes: en primer lugar, que el período de convergencia interna que analiza Kuznets es un período excepcional de la historia económica. Opera en un lapso de tiempo que puede ubicarse entre 1910 y 1950, en el que la desigualdad disminuye drásticamente. Este período abarca las dos guerras mundiales y la crisis de 1929, que en mucho contribuyen a explicar tal comportamiento. Entre 1950 y 1980 permanece constante, para repuntar a partir de 1980. El mensaje es claro: desde una perspectiva de más largo plazo, no existe la curva de “U” invertida, sino de U directa.
El segundo hallazgo es, sin duda, el más importante porque consigna que no existe ninguna fuerza “igualadora” en la acumulación de capital y en el crecimiento. Más bien, la dinámica económica tiende a generar tanto fuerzas convergentes como divergentes en los niveles de vida de las clases sociales. Pero son estas últimas las que tienden a prevalecer sobre las primeras. La más importante de ellas es la tendencia a que el capital crezca a un ritmo mayor que la economía nacional. Esta proposición se sintetiza en la famosa desigualdad 𝑟>𝑔, que describe que el rendimiento del capital, r, (equivalente a su tasa de expansión) tiende a superar el crecimiento de la economía (g). La consecuencia es un aumento de la participación de las ganancias en el ingreso nacional:
La participación de las ganancias (𝜋) en el ingreso nacional (𝑌) puede expresarse de la siguiente manera:
La evidencia empírica que presenta Piketty demuestra que r tiende a ser estable en el tiempo; por tanto, el comportamiento de la participación de las utilidades depende de
3. Subdesarrollo, una forma distorsionada de desarrollo. La óptica desde las economías y las sociedades heterogéneas
Las aportaciones de Piketty confirmaron la vieja desconfianza intuitiva en usar el PIB per cápita como equivalente al desarrollo y en el consejo de olvidarse de la distribución del ingreso. Y esto, a pesar del arsenal teórico de Kuznets y, sobre todo, de Solow. Este se había convertido en la ortodoxia sobre el crecimiento económico; y, como es costumbre, delimitaba -junto con los modelos keynesianos- los términos y la perspectiva en los que debería desplegarse el pensamiento sobre el desarrollo: estudiar el subdesarrollo desde la óptica de una economía madura y desarrollada. A ella correspondía la visión de Solow (Ros, 2001; 2013).
La reacción en contra suscitó el rico material analítico que se conoce como teorías del desarrollo. Autores como Lewis (1963), Rostow (1990), Nurkse (1963), Rosenstein-Rodan (1943) y la Cepal (Rodríguez, 1980) insistieron en que la fórmula clásica de estimular la inversión, el ahorro, la productividad y la innovación no era tan fácil de aplicar en los países en desarrollo; y mucho menos, de esperar los mismos resultados. Cada una de estas prácticas, generalmente recomendadas por la ortodoxia, fue examinada a la luz de la característica más sobresaliente del subdesarrollo: la heterogeneidad. Las naciones subdesarrolladas se distinguen por el carácter heterogéneo de su mecánica social y económica; y en el nivel más elemental, tal heterogeneidad se manifiesta en la dualidad premoderno/moderno, que fue identificada como el obstáculo más destacable. Así, la teoría del desarrollo involucró aspectos culturales, sociológicos y estructuras de poder y dominación, que suelen estar ausentes en las visiones más tradicionales. La superación de los obstáculos fue concebida como un proceso de cambio estructural que debería apuntar hacia la modernización (Germani, 1962). Ello permitió darle una nueva connotación al desarrollo: proceso de modernización.
La necesidad de inspeccionar el subdesarrollo desde el subdesarrollo mismo condujo a postulados extraños para las visiones tradicionales. Incluso en las versiones afines al proceso de modernización, el subdesarrollo fue visto como un proceso de “atraso”: al final, los países que lo experimentaban se encontraban en alguna de las etapas previas que, supuestamente, habían recorrido en su tiempo las naciones más avanzadas6. Dos imágenes pueden ilustrar esa visión: la de varios corredores que se encuentran en una misma pista, pero unos van atrasados y, otros, adelantados. Pero todos se dirigen y llegarán a la misma meta. O también: las naciones subdesarrolladas son como niños en su tránsito a constituirse en un adulto plena y armónicamente desarrollado, con todas sus capacidades cabalmente utilizadas.
La reacción a estas imágenes fue contundente: el subdesarrollo no es una etapa previa al desarrollo, sino una forma específica -distorsionada, si se quiere- de desarrollarse. Las naciones del tercer mundo se desenvuelven en una pista distinta; los enanos también se desarrollaron y comenzaron desde niños; pero lo han hecho de forma diferente. Las trayectorias históricas de unos y otros países no registran coincidencias asincrónicas. De tal forma, la idea central de esta propuesta “histórico-estructural” postula el desarrollo global de un sistema, conformado por dos estructuras, el desarrollo y el subdesarrollo:
(...) que el subdesarrollo es parte del proceso histórico global de desarrollo, que tanto el subdesarrollo como el desarrollo son dos caras de un mismo proceso histórico universal; que ambos procesos son históricamente simultáneos; que están vinculados funcionalmente, es decir, que interactúan y se condicionan mutuamente y que su expresión geográfica concreta se observa en dos grandes dualismos: por una parte, la división del mundo entre los estados nacionales industriales, avanzados, desarrollados, “centros”, y los estados nacionales subdesarrollados, atrasados, pobres, periféricos, dependientes; y por la otra, la división dentro de los estados nacionales en áreas, grupos sociales y actividades avanzadas y modernas y en áreas, grupos y actividades atrasadas, primitivas y dependientes.
El desarrollo y el subdesarrollo pueden comprenderse, entonces, como estructuras parciales, pero interdependientes, que conforman un sistema único. La característica principal que diferencia ambas estructuras es que la desarrollada, en virtud de su capacidad endógena de crecimiento, es la dominante, y la subdesarrollada, dado el carácter inducido de su dinámica, es dependiente; y esto se aplica tanto entre países como dentro de un país (Sunkel y Paz, 1975, p. 37).
No es necesario mucho detenimiento para darse cuenta de que esta perspectiva es muy cercana a la llamada “teoría de la dependencia”, que pretendió corregir el carácter “desarrollista” de la Comisión Económica para el Desarrollo de América Latina y el Caribe (Cepal). Recoge la visión “centro-periferia” del “sistema”, pero no apuesta por los rasgos distintivos de cada una de dichas estructuras, fincadas en la heterogeneidad vs homogeneidad estructural, por un lado; y en la especialización vs la diversificación productiva, por el otro (Rodríguez, 1980). Tales rasgos son desplazados por el carácter autónomo vs el dependiente en ambos polos del sistema. Más adelante, la teoría de la dependencia abrió el paso a una visión más radical que enfatizó la sobreexplotación de la mano de obra (Marini, 1973), como elemento distintivo de América Latina, asociado al intercambio desigual y a la dependencia7 (Lastra, 2018).
Sin embargo, esta teoría conservó uno de los primeros postulados básicos de la Cepal: el ensachamiento de la brecha entre naciones desarrolladas y subdesarrolladas. Es la manera en la que el sistema -formado por las dos estructuras- se desarrolla. Pero para la Cepal esta tendencia era reversible: si se abandonaba el modelo primario-exportador, se emprendía la industrialización por medio de la sustitución de importaciones y si se desplegaba un intenso activismo internacional en favor de términos de intercambio más justos.
En la visión de la Cepal, el sistema está conformado por dos estructuras: el Centro y la Periferia. Ambos están interconectados en la división internacional del trabajo, gestada en la segunda mitad del siglo XIX. El Centro es homogéneo porque la estructura económica exhibe niveles muy similares de productividad; y, además, es diversificada: genera una variedad muy amplia de bienes, lo que le permite concentrarse en los bienes industriales, especialmente los manufacturados. En cambio, la Periferia es heterogénea (estructura económica con grandes disparidades en la productividad) y especializada en la producción y exportación de bienes primarios. A medida que el progreso técnico se difunde más aceleradamente en la elaboración de los productos industriales (a cargo del Centro en la división internacional del trabajo) que en los bienes primarios, y que los términos de intercambio entre ambos polos del sistema se deterioran en desmedro de la Periferia, la brecha de ingresos relativos centro/periferia se hace cada vez más grande.
Formalmente, sea
Pero esto tiene solución: industrialización y lucha por revertir el deterioro de los términos de intercambio. El examen del proceso sustitutivo de importaciones, sobre todo de su segunda fase, fincada en la producción de bienes durables (Pinto, 1973), llevó a los teóricos de la dependencia a concluir que: a) la industrialización no era la solución al subdesarrollo, en virtud de que esta desembocaba en la internacionalización del mercado interno en esa segunda fase (Cardoso y Faleto, 1969); y b) la verdadera característica del subdesarrollo era la dependencia, reciclada a lo largo de la historia de América Latina en versiones distintas de sí misma.
Después de una o dos décadas de auge, la teoría de la dependencia declinó hasta caer en el ostracismo. En primer lugar, porque cada vez fue más evidente que su fortaleza radicaba más en la fuente de origen (la Cepal) que en las contribuciones propias (Cardoso, 1977); y en segundo lugar, porque desde los años 1960 fue evidente que países tradicionalmente dependientes -señaladamente, los del sudeste asiático- podrían desarrollarse sin abolir la condición de dependencia.
De esta forma, el concepto de desarrollo volvió a necesitar bocanadas de aire fresco. El neoinstitucionalismo (North, 1993; Acemoglu y Robinson, 2012) aportó nuevas ideas, pero estas se dirigieron más a los mecanismos institucionales que separan a los países ricos y democráticos de los pobres y autoritarios, que al concepto mismo. En realidad, este se acercaba a la noción de crecimiento, al cual se le agregó la dimensión político-social. La cuestión central es el tipo de instuticiones que conducen a la democracia y al desarrollo (instituciones inclusivas) o al autoritarismo y el subdesarrollo (instituciones extractivas). Ambas están determinadas por las estructuras históricas del poder.
Tanto la teoría de la dependencia como el neoinstitucionalismo dieron al traste con la idea de la convergencia entre naciones. En ambos prevalece la creencia de que la historia, especialmente las condiciones iniciales de inserción en la dinámica capitalista, es decisiva para la trayectoria que seguirán los países. Ya sea por el carácter dependiente o extractivo de sus intituciones, las naciones subdesarrolladas siguen pautas históricas distintas de las más desarrolladas. Y de tales pautas se puede inferir la divergencia -más que la convergencia- de las naciones.
Es importante señalar que la importancia de las condiciones iniciales y la tendencia a la no covergencia fue uno de los resultados más llamativos de las teorías del crecimiento endógeno (Rebelo, 1991). Al inscribirse -aunque de forma heterodoxa- en el paradigma neoclásico, obtuvieron casi de inmediato la respetabilidad de la que carecieron las teorías del desarrollo. En esencia, este tipo de teorías critican el postulado de rendimientos decrecientes de la función de producción, que es el que permite pronosticar el estado estacionario de Solow. Si, en su lugar, se plantean rendimientos marginales constantes (Rebelo, 1991) o crecientes (Romer, 1986), el resultado es la no convergencia y la revalorización de las condiciones iniciales como determinantes de la trayectoria nacional. De esta forma, sin proponerselo -y quizas, sin saberlo-, le dan la razón a la teoría de la dependencia; hoy en desuso.
4. Desarrollo humano y enfoque de derechos
En 1971 se publicó la Teoría de la Justicia de Rawls (1971). Apareció en un contexto en el que las prescripciones de intervencionismo estatal en la esfera económica y social se veían cada vez más arrinconadas por el resurgimiento del liberalismo, en una versión nueva y recargada de las críticas al pensamiento keynesiano. En las naciones desarrolladas este liberalismo de nuevo cuño la emprendió contra el Estado del Bienestar; y en las subdesarrolladas, contra las políticas de desarrollo, señaladamente las favorables a la industrialización a través de la sustitución de importaciones. En el terreno político, el embate se manifestó en el rechazo al autoritarismo y en el apoyo a la democracia como forma ideal de gobierno. Una excepción fue la combinación de dictadura y neoliberalismo del gobierno de Pinochet.
Pero fue en el terreno de la filosofía social donde la crítica neoliberal ha tenido un impacto que obliga a tomarlo más en serio de lo que generalmente se hace. Este impacto fue el desplazamiento de la atención hacia el individuo, antes que a las estructuras sociales. En esto consiste la esencia de toda perspectiva liberal: las instituciones y, en general, cualquier constructo social (la sociedad civil, el Estado) deben subordinarse y obedecer al interés individual. Esta es la idea común detrás del viejo liberalismo, desde Hobbes, Locke y Rousseau. En todos ellos prevalece la concepción de que ambos constructos sociales son artificiales; y por lo tanto, no naturales. Son los individuos los que abandonan el “Estado de la naturaleza” y optan por un “contrato social” que los ayuda a vivir mejor. No son las comunidades, sino seres humanos atomizados los que toman esa decisión trascendental (Mcpherson, 2005).
Es en este contexto, en que el individuo recupera la centralidad que había tenido, en el que pueden entenderse mejor las ideas de Rawls y de Sen, pero sobre todo su influencia en la concepción del desarrollo (Sen, 2000).
La esencia de todo liberalismo, sea viejo o “neo”, se sintetiza en la sentencia: “el individuo es responsable de su propio bienestar” (Huberman, 1965). El fundamento se encuentra en la interacción entre dos atributos “naturales” de los humanos: la libertad y la igualdad. Si a los individuos se les libera de las ataduras sociales y, sobre todo políticas, como las que imperaban en el “ancien regime”, la única posibilidad de diferenciación social es la disparidad de esfuerzos individuales. La mancuerna entre libertad e igualdad fue diseñada desde el siglo XVIII para asegurar que todo bienestar esté basado únicamente en el esfuerzo (trabajo y estudio); y que todo esfuerzo sea recompensado con mayor bienestar. La dupla bienestar-esfuerzo es el centro último del proyecto de la modernidad, aunque se nos olvida con frecuencia.
El razonamiento es muy sencillo: la igualdad “natural” entre los hombres está fincada en dos principios: a) la esencia del hombre es la razón; y b) la razón se distribuye equitativamente. “El buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo...” es la frase con la que comienza Descartes (2020, p. 70) el “Discurso del Método”. En este sentido, la igualdad humana tiene un evidente sustrato natural. A eso se refería Jefferson (1776) en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos: “ Sostenemos por evidentes, por sí mismas, estas verdades: que todos los hombres son creados iguales” (p. 209). De la sentencia cartesiana se desprende que la igualdad original es igualdad de capacidades; de la jeffersoniana, que es evidente. En el extremo, si todos los hombres usaran con la misma intensidad sus capacidades, entonces no habría desigualdad económica. En este sentido, cuando la modernidad desmonta todos los privilegios en los que reposaba el antiguo régimen y que generaban una estructura social estamental, los hombres pueden usar libremente las capacidades iguales con las que han sido dotados. Es el uso diferenciado de esas capacidades, traducido en esfuerzos distintos, la única fuente de diferenciación social.
El proceso de modernización (penetración del mercado y del Estado en estructuras tradicionales) es el vehículo seleccionado para la realización del proyecto de la modernidad. El problema surge cuando se desvirtúa y acaba por ahogar la modernidad. Cuando esto sucede, la libertad puede derivar en estructuras económicas que ahondan la desigualdad por vías “ilegítimas”: desvinculan el bienestar del esfuerzo y vuelven a entronizar el privilegio como su principal gestor. Por su parte, la desigualdad desemboca en estructuras de poder y dominación social que restringen seriamente la libertad en los hechos, aunque permanezca en el terreno jurídico. Este es el caso en el cual, a pesar de la modernización, la igualdad de capacidades y la disparidad de esfuerzos no rige el nivel ni la distribución del bienestar individual.
Las ideas de Rawls y Sen pueden ser vistas como una respuesta a las distorsiones que el Estado y el Mercado (modernización) pueden introducir en la vida social. Rawls (1995) establece un patrón ideal de “justicia como equidad”; cualquier desviación implica deformaciones que hacen que la convivencia social sea injusta. Sen (2000) baja la mirada al abogar por un concepto “relativo” -y por lo tanto, más modesto- de justicia y, además, introduce la posibilidad de diferentes capacidades.
4.1 Rawls y los principios de justicia
De conformidad con el proyecto liberal, Rawls también piensa que los individuos tienen derecho a escoger y realizar el proyecto de vida que aprecian. Para eso necesitan un conjunto de “bienes primarios”. El problema es cómo deben ser repartidos estos bienes; o mejor: ¿cuáles son los principios que deben regir en una sociedad que posibilita una distribución justa de los mismos, sin que ello suscite inconformidades en sus miembros? La deducción de tales principios reposa en los siguientes supuestos sobre los individuos: a) son racionales y autointeresados; b) están sometidos a un “velo de la ignorancia” que les impide saber de antemano cuál será la situación social y personal, de tal manera que no puedan sacar ventaja de ella; y c) a la manera contractualista de los siglos XVII y XVIII, se reunen para derivar en conjunto los principios sobre bases escrupulosamente desprovistas de interés particular, aunque no del que es común a todos. El resultado es un pacto que contiene los dos principios de justicia, que a continuación se reproducen:
Primer principio
Cada persona ha de tener un derecho igual al más extenso sistema total de libertades básicas compatible con un sistema similar de libertad para todos.
Segundo principio
Las desigualdades económicas y sociales han de ser estructuradas de manera tal que sean para:
a) mayor beneficio de los menos aventajados, de acuerdo con un principio de justo ahorro, y
b) unidas a los cargos y las funciones asequibles a todos, en condiciones de justa igualdad de oportunidades (Rawls, 1971, p. 280).
Rawls nos advierte que la importancia reside no sólo en sus postulados, sino también y principalmente, en el orden lexicográfico. El primer principio -o “principio de igualdad”- tiene prioridad sobre el segundo: “principio de la diferencia”. Y, dentro de este, el inciso b) es más relevante que a). La intención de tal jerarquización es ubicar al sistema de libertades como un sistema incondicionalmente equitativo: la libertad no sólo debe ser igual para todos los individuos sino que, además, no existe forma de socavar la de alguna persona en aras de una mayor justicia social, aun cuando esta entrañe una mejor distribución de los bienes primarios. De esta forma, el autor establece la injusticia intrínseca del socialismo autoritario de los países del Este.
El otro propósito es reivindicar la igualdad de oportunidades. Es el equivalente a la igualdad de capacidades, pero incluye variables de orden contextual: dos niños pueden tener la misma inteligencia, pero uno tiene oportunidad de estudiar, mientras el otro no. Es decir, incluye no solo la igualdad en las capacidades sino también en las condiciones para su uso; pero el mensaje es el mismo: la única fuente legítima de la desigualdad es la diferenciación de esfuerzos. Se trata de la distribución meritocrática. Una vez -y solo una vez- que esta se asegura, es posible la redistribución no meritocrática, siempre y cuando a) se use para mejorar las condiciones de los menos aventajados y b) no se incurra en políticas populistas que sacrifiquen el bienestar futuro para beneficiar a las generaciones actuales.
El concepto de desarrollo que puede desprenderse de la visión rawlsiana es el de una sociedad que avanza en el sistema de libertades, las cuales son repartidas de forma equitativa, y en la que el progreso material es considerado como tal si sirve para realizar los proyectos de vida individual deseados de todos los miembros de la sociedad. Y para que esto sea posible es indispensable que los pobres maximicen las expectativas de realización de sus proyectos de vida deseados (su idea del bien). Sin la mejora de los más pobres -aquellos que por su carencia de bienes primarios tienen expectativas escasas de realizar sus proyectos de vida- no hay desarrollo. En este sentido, podemos definir el desarrollo como un proceso en el que los pobres maximizan continuamente sus expectativas de realizar el proyecto de vida que aprecian, en virtud de que mejoran continuamente las condiciones que permiten esa realización; es decir, su dotación de bienes primarios.
Como se puede apreciar, el concepto de desarrollo ha dado un paso significativo y en otra dirección. Es su versión rawlsiana, el liberalismo insiste en conservar la subordinación de la sociedad al individuo, pero ahora se demanda que esté estructurada no sólo en los términos de igualdad y libertad jurídicas de la Ilustración, sino también que funcione solidariamente. Es decir, que incorpore “la fraternidad” de la Revolución Francesa, pero no de forma empática, sino como parte intrínseca de su comportamiento. Por eso a menudo se le conoce como “liberalismo social”. Es este carácter solidario el que lo separa del liberalismo clásico y del neoliberalismo: aun cuando el bienestar provenga de la igualdad de oportunidades (que entraña igualdad de capacidades) y, por lo tanto, del mérito individual, no se justifica la desigualdad social si no es usada solidariamente en favor de los más aventajados. En esto consiste la gran novedad del enfoque rawlsiano y, sobre todo, de su proyección hacia las concepciones del desarrollo.
Además, la teoría de la justicia de Rawls aportó algo más al enfoque de derechos: la necesidad de garantizar a los individuos una dotación mínima pero suficiente de bienes primarios con la finalidad de que pudieran maximizar sus expectativas de desarrollar sus vidas por el camino deseado. La clave era transformar esa garantía en derechos: un reclamo legítimo y directo de todos los individuos a la sociedad, representada por el Estado, de que con independencia de cualquier criterio meritocrático, les asistía el derecho de acceder a esos bienes. Por su legitimidad, ese reclamo debería transformarse en ley; y el Estado debería asegurar las condiciones para su cumplimiento.
4.2 Sen y el enfoque de capacidades: el desarrollo como libertad
Esta sección aborda el enfoque de derechos, a partir de su elaboración más difundida, la de Amartya Sen. Pensamos que la forma más clara de exponerlo fue la que utilicé en un texto anterior (Millán, 2022) que, aunque tenía un propósito distinto (elaborar una nueva definición de infraestructura), sirve para continuar con la idea de giros heurísticos. Por tanto, se pide se remitan a la fuente original (Millán, 2022, pp. 2-5).
4.3 El paso final: ciudadanía y derechos sociales
Hoy, el paradigma dominante del desarrollo es el enfoque de derechos. En su configuración han sido determinantes las aportaciones de Rawls y, principalmente, de Sen. Sin embargo, faltaba otro paso adicional: traducir la expansión de derechos en expansión de la ciudadanía. Esta fue la forma en que la Cepal, en su afán de actualización sin olvidar la heterogeneidad estructural, presentó en 2001 su nueva visión en el texto Equidad, desarrollo y ciudadanía (Cepal, 2001). Se puede argüir que el hilo conductor entre las primeras aportaciones de Prebisch (1998) y esta última versión es la equidad. Por lo tanto, la transición entre el pensamiento cepalino tradicional y las aportaciones de Sen fue tersa.
La traducción del concepto de desarrollo, fincado en la expansión de las capacidades y libertades en ampliación de la ciudadanía, provino de la sociología y de la política. Y en esta tarea el trabajo de Marshall (1997) fue decisivo. El interés creciente por la democracia que sucedió a las transiciones de Europa del Este (O´Donell y Schmitter, 1986) llevó al estudio de la ciudadanía. Y por esta vía, el texto clásico de Marshall fue redescubierto y usado para: a) otorgar a la igualdad un sustrato esencial y no económico de la vida moderna; b) justificar plenamente la economía mixta (Freijeiro, 2005) y el Estado de Bienestar; y c) demostrar el carácter integral de la ciudadanía.
La ciudadanía es un status de pertenencia a una comunidad que se otorga a todos sus miembros y que posibilita la igualdad de derechos y obligaciones para cada uno de ellos. A diferencia de lo que sucedía en el Medievo, estos derechos son suministrados de forma igualitaria; y por ello, desvinculados de la clase social. La consecuencia es que, en medio de las desigualdades de clase asociadas al capitalismo, la ciudadanía introduce un principio de igualdad, plasmado en ciertos mínimos universales que se expanden a través del tiempo. Estos mínimos son los elementos constitutivos de la ciudadanía: el civil, el político y el social.
El ingrediente civil está constituido por el conjunto de derechos necesarios para la libertad individual; el político, por los que permiten participar en el ejercicio del poder público (votar y ser votado). Y, por último, el social:
(...) me refiero a todo el espectro desde el derecho a un mínimo de bienestar económico y seguridad al derecho a participar del patrimonio social y a vivir la vida de ser civilizado conforme a los estándares corrientes en la sociedad (Marshall, 1997, pp. 302-303).
Cada uno de estos ingredientes se ha traducido en ciudadanía civil, ciudadanía política y ciudadanía social. Los ingredientes -que no la ciudadanía- estaban fundidos (constituían una “sola hebra”) en el feudalismo y, tras su disolución, emprendieron caminos distintos y sin contacto, hasta que volvieron a juntarse a través de un largo período: primero aparecen los derechos civiles en el siglo XVIII; después los políticos, que se desarrollan en el XIX, hasta lograr la universalidad a principios del XX; y, por último, en este último siglo, surgen y se desarrollan los derechos sociales. De tal forma, la ciudadanía se vuelve integral: si se carece de alguno de los conjuntos de derechos asociados a cada uno de los ingredientes, no es posible hablar cabalmente de ciudadanía. Y sin ciudadanía, no hay democracia.
El aspecto puntilloso de este argumento reside en el carácter nivelador que acarrea el status de ciudadanía. Las características de esta son dos: igualdad y universalidad de los derechos. Por lo tanto, si la ciudadanía plena se logra cuando los tres ingredientes están presentes, la igualdad universal debe expresarse en derechos sociales iguales y universales, de la misma manera en que son iguales y universales los derechos civiles y los políticos. Entonces la igualdad de la ciudadanía disminuye la desigualdad de clase, propia del capitalismo. Esta es la tesis fundamental de Marshall (1997):
La igualdad implícita en el concepto de ciudadanía, aun limitada en su contenido, minó la desigualdad del sistema de clases, que era, en principio, una desigualdad total. Una justicia nacional y un derecho común para todos tienen por fuerza que debilitar y, finalmente, destruir la justicia de clase, y la libertad personál, como derecho universal innato, tiene que acabar con la servidumbre" (p. 313).
El mecanismo de transmisión es que la igualdad civil se traduce en igualdad política, y esta en un conjunto de derechos sociales, mínimos e iguales. Todos fueron expandiéndose de una u otra forma: los civiles, al ampliar la gama de derechos para la libertad individual; los políticos, al cubrir progresivamente a más núcleos de la población; y los sociales, al universalizar el sistema educativo y aumentar los derechos sociales: salud, alimentación, seguro de desempleo, derecho a vivienda, pensiones para la jubilación, etc. La clave de esa expansión fue la gradual “des-mercantilización” (Esping-Andersen, 1990) de importantes dimensiones de la vida; especialmente, de aquellas que son detonantes del desarrollo humano.
De esta forma, el círculo en favor del enfoque de derechos se cerró y empató la esfera económica con la social; y ambas con la política.
5. Conclusiones
El concepto de desarrollo ha experimentado varios giros heurísticos, en el sentido de que las teorías han ensayado inventos creativos para encontrar una solución al problema de la gestión del bienestar. Antes del enfoque de derechos, las diferencias y los debates se referían en torno a los mecanismos que lo impulsaban. Esta es la constante que se encuentra en las visiones que apuestan al crecimiento económico, a la distribución del ingreso, a la modernización o a la independencia política y económica.
A partir del enfoque de derechos se cambia la mirada y se voltea hacia el bienestar, antes que a sus mecanismos generadores. Este giro comienza con el examen del bienestar. ¿Qué significa “estar bien”? La respuesta se encuentra tanto en Rawls como en Sen: poder escoger y realizar el proyecto de vida deseado; o maximizar las expectativas de que puede ser realizado. Es decir, en vivir el estilo de vida que uno prefiere.
A partir de este cuestionamiento y de la respuesta, se reconstruye el concepto de desarrollo y se deriva el carácter integral de las políticas públicas que, en principio, deben abocarse a garantizar el acceso a ciertos mínimos de bienestar. Estos son importantes porque permiten detonar la expansión de las capacidades y libertades de los individuos.
La evolución del concepto de desarrollo a través de giros heurísticos ha desembocado en una reflexión penetrante, que cuestiona seriamente el término bienestar. Ya no se da por sentado la universalidad de su significado; ahora se cuestiona su pretendido carácter uniforme. Ello ha dado pie para una agenda nueva.
En primer lugar, emerge el tema del medio ambiente: ¿vale la pena estimular el progreso material si el hábitat se deteriora? La respuesta no es fácil y excluye soluciones extremas. La producción de acero, por ejemplo, es contaminante, pero necesaria para una gran cantidad de bienes que nos facilitan la vida: la computadora en la que escribo; las paredes de mi casa; el auto en el que me desplazo y me da más libertad de movimiento. Por lo tanto, recomendar su completa prohibición se antoja desproporcionado; pero permitir su producción sin freno, amenaza la vida y llega a ser irracional. Indagar el equilibrio entre ambas posiciones, más allá de posiciones neoclásicas fincadas en los óptimos paretianos, es un punto clave para guiar las tareas de investigación.
En segundo lugar, la centralidad del bienestar y la conciencia de que este no es uniforme ni existe una sola forma de experimentarlo, ha puesto en la agenda de investigación otros temas. Uno de ellos es la felicidad (Rojas, 2014) y otro -muy cercano- el estudio del bienestar subjetivo. Ya es famosa la propuesta del rey de Bután de estimar el Producto de la Felicidad Bruta, en lugar del PIB, como indicador de qué tan bien se desempeña una sociedad. La OCDE (2013) ha empezado a preguntarse sobre el bienestar subjetivo con su iniciativa “¿Cómo va la vida?”.
En tal sentido, es posible afirmar que el enfoque de derechos abrió un giro heurístico que puso en la agenda tres temas fundamentales: la ecología, la diversidad y la subjetividad.
