1. Introducción

La crisis de asequibilidad de la vivienda en alquiler es una realidad innegable que afecta a una gran parte de hogares a lo largo del mundo. Este fenómeno constituye un desafío crítico en materia de políticas públicas, ya que la falta de unidades habitacionales contribuiría a la exclusión social, la pobreza y la marginación de comunidades enteras. Un creciente conjunto de investigaciones sobre esta temática refleja la naturaleza global de esta crisis y demuestra que la vivienda se está volviendo más inaccesible, especialmente para aquellos hogares de ingresos medios y bajos (^{Galster y Lee, 2021}; ^{Lee et al., 2022}; ^{OCDE, 2021}; ^{Padley y Marshall, 2018}; ^{Wetzstein, 2017}).

En Argentina “(…) la evidencia sobre esta problemática es escasa y en gran medida desactualizada y fragmentada” (^{Molinatti, 2023}, p. 141). Sin embargo, los antecedentes sobre el tema sugieren un incremento de la asimetría entre la oferta y la demanda en el mercado de la vivienda en alquiler. Además de condiciones más desfavorables para los inquilinos, principalmente debido a que los precios de los alquileres tuvieron incrementos muy por encima a los registrados en los salarios. Algunos de los factores que impulsan estas alzas en los valores de los arriendos se vinculan, por un lado, a un restricto mercado hipotecario que ha causado una saturación del mercado de alquiler. Por otro lado, al incremento de las viviendas rentadas de forma temporal y en dólares, asociado al despliegue de Airbnb y otras plataformas no hoteleras en los principales aglomerados urbanos del país (^{Brunelli Giorgis y Falú, 2019}; ^{Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, 2016}; ^{Granero, 2019}; ^{Reese et al., 2014}; ^{Rodríguez et al., 2015}).

La evidencia muestra que la vivienda es uno de los principales gastos para la mayoría de los hogares, los cuales destinan una proporción cada vez mayor de sus ingresos al pago de la hipoteca o del alquiler, y otras erogaciones relacionadas (^{OCDE, 2021}). Un estudio realizado en Argentina evidenciaba que el régimen de la tenencia de la vivienda es determinante en la estructura de gastos de los hogares: mientras un hogar propietario destinaba un poco más del 10,5% de sus gastos totales al rubro vivienda, ese porcentaje se elevaba al 28,2% entre los inquilinos durante 2017-2018. Comparados con la medición anterior (2004-2005), estos valores crecían 2,8 y 3,5 puntos porcentuales, respectivamente (^{Molinatti, 2023}).

La determinación del costo de una vivienda se establece en relación con los ingresos de un hogar. El umbral del 30% se ha convertido en la medida estándar para determinar si un hogar se encuentra sobrecargado financieramente, evaluando su asequibilidad. Sin embargo, como se desarrollará más adelante, este enfoque no tiene en cuenta el tipo y tamaño del hogar, el costo de las otras necesidades básicas y cómo estas varían en función de lo anterior. Tampoco ilustra las dificultades y las compensaciones -y los costos adicionales- que probablemente enfrentan los hogares en términos de calidad o localización de la unidad habitacional para mantener su gasto en vivienda (^{Gabriel et al., 2005}).

Las investigaciones sobre el tema indican que, si bien esta crisis de asequibilidad de la vivienda afecta a todos los hogares a lo largo de la distribución de ingresos, son los de menores ingresos quienes enfrentan mayores desafíos para pagar los altos costos y no enfrentar un desalojo. Asimismo, el acceso a una vivienda se ha vuelto más difícil para las personas adultas jóvenes, en comparación con las generaciones anteriores, especialmente para aquellas provenientes de hogares más pobres, que no cuentan con el apoyo financiero de sus familias para acceder a una vivienda propia (^{OCDE, 2021}). Los hogares encabezados por mujeres -particularmente por madres solteras- también enfrentan mayores problemas de asequibilidad, no solo por sus menores ingresos disponibles para el pago de los gastos relacionados a la vivienda, sino también porque suelen vivir en hogares con una alta presencia de dependientes, como niños o personas adultas mayores (^{Borrett y Hollowood, 2023}; ^{Stone, 2006b}).

Este gasto, además, suele ser tan grande que es capaz de desequilibrar los presupuestos familiares, empujando a los hogares inquilinos a la pobreza. Debido a que es uno de los gastos menos flexibles y debe abonarse mensualmente para evitar el desalojo. Su pago resulta prioritario en situaciones de deterioro de los ingresos, pudiéndose generar un empobrecimiento encubierto en los hogares, que no suele ser detectado por los estudios tradicionales de pobreza (^{Airgood-Obrycki et al., 2022}; ^{Stone, 1993}).

Este artículo parte de la conceptualización de ^{Kutty (2005)} de “pobreza inducida por la vivienda” (housing-induced poverty), y propone estimar la asequibilidad del alquiler de una vivienda en Argentina desde el enfoque de ingresos residuales (EIR), tomando como estándar normativo la línea de pobreza. Además, se comparan los resultados con los obtenidos a partir del umbral del 30%, en términos del tamaño e ingreso per cápita del hogar. Se utilizan los datos de la última edición de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) -realizada entre 2017 y 2018- y los valores de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT). Posteriormente, a partir de modelos multivariados, se busca identificar qué características sociodemográficas de los hogares, más allá del ingreso monetario, se encuentran asociadas a una mayor probabilidad de experimentar pobreza inducida por la vivienda.

2. Perspectivas teóricas dominantes para el estudio de la asequibilidad

A medida que han aumentado los problemas para acceder a viviendas asequibles, se han incrementado también las investigaciones sobre el tema (^{Lee et al., 2022}). La literatura sobre este tema es bastante abundante, aunque mayormente restringida a los países de lengua inglesa. El término “asequibilidad” ha sido frecuentemente empleado en el discurso académico, en la formulación de políticas públicas y en las instrucciones bancarias y financieras de muchos países, adoptando una gran variedad de significados. Los intentos por definir este concepto han resultado en definiciones amplias y muchas veces vagas. Asimismo, esta dificultad se vincula a la mezcla en un solo término de un gran número de problemas dispares, tales como la distribución del ingreso, las preferencias de los hogares, la capacidad de endeudamiento de los mismos, las políticas públicas que afectan al mercado inmobiliario, entre otros (^{Galster y Lee, 2021}).

En este sentido, si bien este concepto ha ganado popularidad en el debate sobre políticas de vivienda, se destaca su falta de claridad analítica, que se ve reflejada en la ambigüedad de una gran parte de las definiciones predominantes, no solo a nivel académico, sino en las políticas públicas. Los debates, en cambio, se han concentrado en la mejor forma de medirla, el establecimiento de estándares o si se cumplen los criterios previamente acordados. Usualmente se la evalúa de manera bastante simple en términos monetarios, buscando identificar la carga financiera de los costos de la vivienda sobre los ingresos de los hogares (^{Gabriel et al., 2005}; ^{Galster y Lee, 2021}).

A un nivel más profundo, tal como lo expone ^{Stone (2006a}; ^2006b), la asequibilidad de la vivienda es una expresión de las experiencias sociales materiales y subjetivas de las personas, constituidas en hogares, en relación con sus situaciones particulares. La asequibilidad representa un desafío que cada hogar enfrenta al momento de equilibrar el costo real o potencial de su vivienda, por un lado, y sus gastos no relacionados con ella, por el otro, dentro de los límites de sus ingresos. Sin embargo, estas experiencias individuales de asequibilidad se encontrarían mediadas por indicadores analíticos y estándares normativos que las trascienden.

En este sentido, la asequibilidad de la vivienda es considerada a partir de la relación entre los gastos en vivienda y los ingresos que los hogares disponen. Matemáticamente, esta relación “(…) puede ser calculada como una ratio (traducido al español como razón o relación) o una diferencia. Estos dos enfoques son las bases formales de los paradigmas de asequibilidad predominantes” (^{Molinatti, 2023}, p. 145).

3. Fuente de datos y aspectos metodológicos

La metodología de ese trabajo es cuantitativa. Se utilizó la última edición de la ENGHo 2017-2018 -única encuesta que proporciona de forma conjunta información sobre gastos e ingresos de los hogares- como principal fuente de información. Los datos fueron complementados con las estimaciones de la línea de pobreza realizadas a partir de los valores de CBA y CBT, publicados periódicamente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De la ENGHo se obtienen los gastos en vivienda y los ingresos de los hogares inquilinos. En este trabajo, al analizarse exclusivamente los hogares inquilinos, los gastos en vivienda incluyen el gasto en alquiler efectivo, como así también otros gastos relacionados a la vivienda, según lo establecido por la División 4 de la Clasificación del Consumo Individual por Finalidad (COICOP, por su sigla en inglés).

Los ingresos se trabajan a nivel de hogar y, puntualmente, con la sumatoria de los ingresos netos promedios de los últimos seis meses (o doce meses en el caso de los trabajadores no asalariados del sector no agropecuario) de miembros que componen el hogar (^{INDEC, 2020c}).

Es importante destacar que las encuestas de hogares, en general, presentan como condicionante dos problemas: por un lado, la subdeclaración de los ingresos y de los gastos (en particular, de los gastos de consumo) y, por otro lado, las no-respuestas (^{Albina et al., 2024}). En ambos casos, estos problemas se presentan con mayor frecuencia entre las personas con ingresos muy altos. En el caso de la ENGHo, los ingresos y los gastos solo fueron ajustados en casos de no-respuestas parciales², siguiendo la metodología de imputación Hot Deck. En cambio, no se realizaron ajustes por subdeclaración (para más información, véase: ^{INDEC, 2020d}).

Para estimar el nivel de vida mínimo de un hogar, según su tamaño y composición, se utilizan los valores de la CBA y CBT. Por un lado, la CBA “(…) es el conjunto de bienes que satisfacen requerimientos nutricionales, kilocalóricos y proteicos, cuya composición refleja los hábitos de consumo de una población de referencia” (^{INDEC, 2020a}, p. 5)³. Por otro lado, la CBT considera también los bienes y servicios no alimentarios, como la vestimenta, el transporte, la educación y la salud. Al valor de la CBA se lo multiplica por la inversa del Coeficiente de Engels “(…) que muestra la relación existente entre los gastos totales, respecto de los gastos alimentarios observados en la población de referencia que surge de la ENGHo” (^{INDEC, 2020a}, p. 7).

Debido a los diferenciales nutricionales por edad, sexo y actividad de las personas, ambas canastas suelen informarse para una unidad de referencia, denominada adulto equivalente, que corresponde al requerimiento energético (2.750 kcal) de un varón adulto de 30 a 60 años⁴. Mientras el valor de la CBA es utilizado con fines estadísticos para establecer la línea de indigencia (o pobreza extrema), el valor de la CBT sirve para determinar la línea de pobreza⁵.

Considerando que la CBT, al estimarse para hogares propietarios, incluyen parcialmente gastos relacionados con la vivienda (impuestos, servicios, entre otros), en este artículo se excluyen estos gastos -que representan entre un 11 y un 15% del total según región- y se recalculan los valores de los gastos alimentarios sobre estos nuevos totales. Esto posibilitó obtener unos nuevos coeficientes de Engels a partir de los cuales se recalcularon las CBT, obteniéndose una CBT ajustada (CBTa) de gastos no relacionados con la vivienda.

A cada hogar se le asignó una CBTa en función de la región de residencia y del trimestre⁶ en el cual fue realizada la encuesta, la cual fue multiplicada por el número de adultos equivalentes que residen en dicho hogar.

4. Resultados

La Tabla 1a muestra que el 27% de los hogares inquilinos se encuentran sobrecargados por los gastos en vivienda, utilizando el EIR, Mientras que el 47% no, según el método estándar. Sin embargo, si se incrementa la CBT en un 50%, incorporando a los hogares en riesgo de pobreza monetaria, este porcentaje aumenta en 17 puntos porcentuales, aproximándose casi a la proporción de hogares sobrecargados según el enfoque ratio (Tabla 1b).

Este mayor número de hogares con pobreza inducida por vivienda se debe al aumento no solo en el porcentaje de hogares inquilinos que se encuentran sobrecargados, como consecuencia del aumento del umbral (4,7% al 12,5%), sino también por aquellos hogares que, aunque destinen hasta el 30% de sus ingresos en vivienda, no logran satisfacer otras necesidades también básicas (22,6% al 31,4%).

La Figura 1 y la Figura 2 ilustran cómo el porcentaje de hogares sobrecargados por los gastos en vivienda difiere según el enfoque elegido, cuando se incorporan características sociodemográficas como su tamaño -medido a partir del número de miembros- o nivel de ingresos.

Nota: todas las estimaciones son confiables (coeficiente de variación ≤ 16,6%). Fuente: elaboración propia con base en ENGHo 2017-2018 (^{INDEC, 2020b}).

Figura 1 Porcentaje de hogares inquilinos con problemas de asequibilidad de la vivienda según enfoque y tamaño del hogar. Argentina, 2017-2018 

Nota: todas las estimaciones son confiables (coeficiente de variación ≤ 16,6%). Fuente: elaboración propia con base en ENGHo 2017-2018 (^{INDEC, 2020b}).

Figura 2 Porcentaje de hogares inquilinos con problemas de asequibilidad de la vivienda según enfoque y decil de ingreso per cápita. Argentina, 2017-2018 

La Figura 1 muestra que los hogares pequeños (de uno o dos miembros) podrían pagar más del 30% de sus ingresos en vivienda y aun así cubrir hasta 1,5 canasta de bienes y servicios no relacionados a este gasto y, por lo tanto, no experimentar pobreza inducida por la vivienda. Por ejemplo, en los hogares unipersonales el porcentaje con sobrecarga se reduce entre 35 y 48 puntos porcentuales, según se considere 1,5 o una CBTa. En cambio, en los hogares más numerosos el umbral del 30% resulta muy elevado, sugiriendo que, aunque redujeran sus gastos en vivienda, tendrían problemas de asequibilidad, debido a que no podrían pagar otros gastos básicos.

Otro factor importante es el nivel de ingresos de los hogares. En los tres primeros deciles el problema de asequibilidad se encuentra subestimado si es medido a partir de la relación gastos-ingresos, evidenciando que estos hogares no pueden ni siquiera destinar el 30% de sus ingresos al pago de la vivienda sin comprometer seriamente su subsistencia. Si consideramos una canasta y media, esa subestimación alcanza inclusive a aquellos hogares de ingresos medios. En el otro extremo se encuentran los hogares de mayores ingresos, quienes pueden estar consumiendo vivienda por encima del estándar sin comprometer el acceso a una canasta básica, acorde a la composición del hogar y su lugar geográfico de residencia (Figura 2).

En la Tabla 2 se presentan las estadísticas descriptivas de las variables utilizadas en los modelos multivariados, que permiten identificar qué características de los hogares se encuentran asociadas con mayores probabilidades de experimentar pobreza inducida por vivienda. Las columnas 1 y 3 muestran el porcentaje de hogares inquilinos sobrecargados, según se considere una o 1,5 CBTa, y las columnas 2 y 4, la significación estadística de las regresiones logísticas bivariadas entre cada variable dependiente y las variables explicativas seleccionadas.

Los resultados de los modelos de regresión logística multivariada son presentados en la Tabla 3. La composición del hogar, referida al número de adultos y a la presencia de niños, se encuentran significativamente asociados con la probabilidad de encontrarse sobrecargados desde un EIR para ambas CBTa. En línea con lo observado en la Figura 1, los hogares unipersonales se encuentran en promedio menos sobrecargados que aquellos con dos o más adultos. De acuerdo con el Modelo 1 y 4 -los modelos que mejor se ajustan a los datos para cada CBT- la relación se mantiene al controlar esta variable con otras características del hogar.

La presencia de menores de edad se encuentra asociada a una mayor probabilidad de experimentar pobreza inducida por vivienda, pero cuando se controla por otras variables (modelos 1 y 4) los coeficientes solo son significativos para los hogares con dos o más niños.

Estas características, relativas a la composición del hogar, se encuentran vinculadas a otra variable que expresa el grado de dependencia económica a partir de la relación entre el número de no-perceptores y perceptores de ingresos. Evidenciando que los hogares con más de un no-perceptor por perceptor tienen entre un 13 y un 24% más de probabilidad, según la CBTa utilizada, de encontrarse sobrecargados, respecto a aquellos con una relación de hasta 0,5 no-perceptores por perceptor. En este sentido, el riesgo de un hogar de experimentar pobreza inducida por vivienda se encuentra asociado a la vinculación de la población con el mercado de trabajo y la percepción de ingresos monetarios, razón por la cual el número de adultos puede vincularse a una mayor probabilidad de percibir ingresos y el número de niños a una mayor carga de dependencia.

Las características del jefe(a) de hogar, excepto el sexo⁸, presentan asociación estadística significativa con la probabilidad de encontrarse sobrecargado por los gastos en vivienda en los Modelos 1 y 4. Los hogares con jefes(as) jóvenes (menores de 25 años) tienen un 10% más de probabilidad de experimentar pobreza por vivienda respecto a los hogares con jefes de mayor edad, cuando se considera una CBTa, o un 7% cuando se incrementa en 50% la CBTa de referencia. Al controlar el efecto de esta variable con otras se observa que, al ampliar la CBT, si bien aumenta el porcentaje de hogares expuestos a la pobreza por vivienda, se reducen las brechas entre los hogares según la edad del jefe.

Asimismo, las probabilidades de experimentar pobreza inducida por vivienda disminuyen a medida que aumenta el nivel educativo y la calificación de la ocupación de los jefes(a) de hogar. Los hogares con jefaturas con estudios superiores completos y ocupados en trabajos profesionales o técnicos tienen menores probabilidades de encontrarse sobrecargados. En el otro extremo, se encuentran aquellos cuyo jefe(a) tiene un nivel educativo inferior a la educación secundaria completa y con trabajos no calificados, los cuales tienen entre un 10 y un 14% más de probabilidad de encontrarse sobrecargados respecto al grupo de referencia. Estas probabilidades aumentan a un 18 y 16%, respectivamente, cuando se utiliza 1,5 CBTa.

El hacinamiento, como indicador proxy de la pobreza estructural de un hogar, se encuentra asociado a su probabilidad de experimentar pobreza inducida por vivienda: aquellos hogares con más de dos personas por cuarto tienen alrededor de un 15% más de probabilidad de encontrarse sobrecargados respecto a los hogares no hacinados.

Otra variable analizada es la relación entre los gastos en vivienda y los ingresos disponibles del hogar, observándose que a medida que aumenta el porcentaje de ingresos destinado al pago de la vivienda, se incrementa también la probabilidad de experimentar pobreza por vivienda, aun controlando por los otros factores. Un hogar con una ratio superior al 40% tiene casi el 60% de probabilidad de encontrarse sobrecargado que uno que destina hasta el 30% de sus ingresos en vivienda.

La región de residencia también evidencia asociaciones con la probabilidad de experimentar pobreza por vivienda. Las regiones del Noreste (provincias: Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones) y Cuyo (provincias: Mendoza, San Juan y San Luis) son las que presentan mayores porcentajes de hogares sobrecargados por los gastos en vivienda (ver Tabla 2). Una vez controlados otros factores, los hogares que residen en dichas regiones tienen casi un 20% más de probabilidad de no poder cubrir la CBT ajustada, luego de pagar por la vivienda y sus gastos relacionados, respecto a un hogar de CABA (referencia).

5. Discusión y conclusiones

En un país como Argentina, donde el alquiler es una práctica en crecimiento y trasversal a todos los hogares, la discusión sobre la asequibilidad de la vivienda en alquiler es necesaria y urgente. La creciente mercantilización universal de los bienes y servicios (incluyendo la vivienda) pone en evidencia e incluso amplifica las desigualdades socioterritoriales preexistentes. Por consiguiente, las discusiones sobre la desigualdad en el ámbito de la vivienda “(…) ya no se refieren solamente a factores físicos -tamaño inadecuado o falta de servicios básicos como agua potable o electricidad- sino a aspectos financieros como asequibilidad y desigualdades en la distribución de la riqueza de acuerdo a la propiedad de la vivienda” (^{Martin et al., 2016}, p. 32).

Este trabajo aborda dos cuestiones centrales a la hora de pensar este problema. En primer lugar, se cuestiona si es suficiente con establecer un umbral para determinar cuándo un hogar gasta “demasiado” en vivienda. En segundo lugar, se indaga sobre qué relación existe entre la vivienda y otras necesidades también básicas Considerando que para la mayoría de los hogares la participación en el mercado de vivienda no es opcional y es un gasto tan grande que es capaz de desequilibrar a los demás, impulsando a los hogares a la pobreza.

Los resultados de este trabajo sugieren que el enfoque tradicional -similar a lo observado en los antecedentes sobre el tema (^{Grady, 2019}; ^{Kutty, 2005}; ^{Stone, 1993}; ^2006b)- subestimaría el problema de asequibilidad en los hogares inquilinos de mayor tamaño y/o de menores ingresos, e incluso en aquellos de ingresos medios. Simultáneamente, sobrestimaría las probabilidades de encontrarse sobrecargados por el pago del alquiler y otras erogaciones relacionadas en los hogares de hasta dos miembros y en aquellos más ricos. Esta distorsión estaría relacionada con el hecho que este enfoque solo considera los gastos relativos a la vivienda e ignora otros factores que afectan la asequibilidad, como la satisfacción de otras necesidades también consideradas básicas y las compensaciones que realizan los hogares para mantener este gasto.

Sin embargo, tal como queda expresado en este trabajo, definir un estándar mínimo de necesidades no habitacionales no es sencillo. A diferencia de los países de ingresos altos, Argentina no cuenta con presupuestos estándares que especifiquen -y actualicen regularmente- los precios de una canasta de bienes y servicios esenciales. Pero sí se dispone de canastas básicas de pobreza (CBT en Argentina) -en línea con lo propuesto por ^{Kutty (2005)}- que, si bien reflejan un menor nivel de consumo que los presupuestos estándares, permiten afirmar cuánto, en promedio, es muy poco.

En este sentido, el EIR refleja una escala móvil, ya que considera cómo las sobrecargas de los costos de la vivienda varían no solo por el nivel de ingreso, sino también por el tamaño y tipo de hogar. Es decir, más allá de las diferencias de los valores en los hogares, revela qué segmentos de la sociedad son más vulnerables a la pobreza inducida por la vivienda.

Los resultados hallados en este trabajo ilustran cómo algunos factores relacionados a la composición sociodemográfica del hogar e incluso la región de residencia, como indicador del mercado inmobiliario de vivienda⁹, se encuentran asociados a una mayor probabilidad de experimentar pobreza inducida por la vivienda. Para definir el consumo mínimo no relacionado con la vivienda, contra el cual se contrasta el ingreso residual resultante de la diferencia entre ingresos disponibles y gastos totales en vivienda, se consideran dos variantes. Una que establece un consumo mínimo, asociada a una CBTa y otra que lo incrementa en un 50%, considerando que aquellos hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir esta nueva CBT, más los gastos en vivienda, se encontrarían en riesgo de pobreza monetaria.

Un mayor grado de dependencia económica de los hogares se encuentra asociado a una mayor probabilidad de presentar problemas de asequibilidad, aun controlando con otros factores relevantes. Un estudio realizado para Argentina sugiere que este mayor grado de dependencia económica se asociaría a mayores probabilidades de entrar o mantenerse en la pobreza, ya sea por incrementos en sus necesidades o bien por reducciones en sus ingresos (^{Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, 2019}). En este sentido, cambios en el número de perceptores pueden causar variaciones en los ingresos, afectando la capacidad de pago del hogar y aumentando (o disminuyendo) el riesgo asociado a experimentar pobreza inducida por vivienda.

Asimismo, las características del o de la jefe/a de hogar, con excepción del sexo, también se encuentran asociadas: hogares con un(a) jefe(a) menor de 25 años, con educación inferior al secundario completo y/u ocupado/a en trabajos no calificados presentarían mayores probabilidades de encontrarse sobrecargados, desde un enfoque residual, respecto a aquellos cuyos jefes/as se ubican en el extremo opuesto de la distribución. Similares resultados se han encontrado en otras investigaciones realizadas para otros países (^{Airgood-Obrycki et al., 2022}; ^{Stone, 2006a}; ^{Stone et al., 2011}; ^{Tunstall et al., 2013}). Sin embargo, se destaca que, si bien en los últimos años se ha avanzado sobre la operacionalización del concepto de ingreso residual, son relativamente escasos los antecedentes donde se analicen qué características sociodemográficas, más allá de los ingresos disponibles, se vinculan con mayores problemas de asequibilidad.

Asimismo, los modelos de regresión multivariados muestran que la ratio que expresa la relación entre los gastos en vivienda y los ingresos disponibles del hogar, son una variable explicativa importante -aunque no único- en la estimación del porcentaje de hogares con problemas de asequibilidad. Los hogares que gastan más del 40% de sus ingresos en vivienda tienen casi un 60% de probabilidad de encontrarse sobrecargados, según el enfoque residual, respecto a aquellos que destinan hasta el 30%.

Todos estos resultados permiten identificar qué perfiles tienen los hogares inquilinos que se encuentran expuestos a la pobreza inducida por vivienda. Generalmente, los estudios clásicos de pobreza no contemplan, por lo menos en Argentina, a los hogares inquilinos, ya que la CBT utilizada como medida para determinar qué hogares se encuentran por encima o por debajo de la línea de pobreza, al estar restringida a una subpoblación como lo son los hogares propietarios, solo incluye parcialmente los gastos en vivienda, excluyendo el pago del alquiler.

Si bien este trabajo no tiene por objetivo comparar la pobreza inducida por vivienda con la pobreza monetaria, principalmente por cuestiones metodológicas relacionadas a la ventana de observación y a cómo se indaga e imputa los ingresos de los hogares. Los resultados sugieren que la noción pobreza inducida por vivienda puede servir como una base más precisa para priorizar quienes serían más susceptibles de atención por parte del Estado, porque contempla los gastos efectivos en vivienda que los hogares realizan, especialmente los inquilinos y porque, a diferencia del enfoque tradicional, es más sensible a los hogares de menores ingresos (^{Kutty, 2005}).

Los resultados de este trabajo resaltan la necesidad de contemplar el submercado de alquiler en las medidas de pobreza, como así también en el diseño de intervenciones relativas a mejorar el bienestar de los hogares argentinos. Se destaca la necesidad de una mayor periodicidad de fuentes de información que relevan cuestiones relativas a la situación de los hogares inquilinos, especialmente aquellas vinculadas a los costos de las viviendas y su relación con los ingresos. Esto último es de vital importancia en contextos de inestabilidad económica con alta volatibilidad de precios, como los que suelen caracterizar la realidad argentina. Asimismo, por la proliferación de las plataformas de alojamiento turístico extra-hotelero (por ejemplo, Airbnb) y la consecuente turistificación de los principales centros urbanos del país.