Tipo de artículo: de investigación

Disputas y conflictos en torno a la delimitación de los complejos de páramos en Colombia
El caso del complejo de páramos Sonsón de los departamentos de Antioquia y Caldas³

Disputes and conflicts over the delimitation of the complexes of moors in Colombia
The case of the complex of the Sonson moors in the states of Antioquia and Caldas

Por: Irene Piedrahita Arcila¹ y Carolina Peña Padierna²

¹ Antropóloga, estudiante de la Maestría en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia e investigadora asociada del grupo Cultura, Violencia y Territorio del INER en la Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia. Contacto: irepiedrahita@gmail.com
² Antropóloga, Investigadora asociada, Grupo de Investigación Cultura, Violencia y Territorio, Instituto de Estudios Regionales, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Contacto: carolinapena@udea.edu.co.

Recibido: Agosto de 2015 Revisado: Octubre de 2015 Aceptado: Noviembre 20 de 2015

Resumen

Este articulo tiene como objetivo mostrar resultados de investigación en el que se describen los conflictos por la apropiación territorial y las consecuencias que traerá el proceso de delimitación para las comunidades asentadas y los demás actores sociales que convergen en el territorio del complejo de páramos Sonsón de los departamentos de Antioquia y Caldas. Esto con el fin de dar elementos para la problematización de estos ejercicios estatales, y manifestar que el reto que significa hoy la gobernanza ambiental de los territorios rebasa el marco de una propuesta de delimitación que se propone como un trámite administrativo que determine dónde puede hacerse minería en el país, y que demanda escuchar las respuestas de las comunidades ante este tipo de iniciativas.

Palabras clave: Áreas protegidas, Páramos, conflictos socioambientales, configuración territorial, justicia ambiental.

Abstract

This article aims to show the results of research, which describes the conflicts over land ownership and the consequences that the redistricting process will bring to settled communities and other social actors that converge in the territory of the complex Sonson moors in the states of Antioquia and Caldas. This is in order to provide some items to the problematization of these state exercises, and to manifest the challenge of what the environmental governance of the territories means today, goes beyond the scope of a proposal of delimitation, which is proposed as a managerial procedure, which determines where in the country mining can be carried out, and which requires the fact of hearing the answers from the communities, in view of such initiatives.

Key words: Protected areas; Moors; Socio-environmental conflicts; Territorial configuration; Environmental justice.

Introducción

La definición de áreas protegidas destinadas a la conservación es consecuencia de discursos ambientales producidos en escalas internacionales, en donde la pérdida de recursos naturales por lo devastador del modelo industrial capitalista, ha implicado que se "[impulsen] políticas ambientales y estrategias que permitan la conservación de los recursos naturales. Dentro de estas surge la creación de reservas estratégicas, parques nacionales, reservas y biotopos [...]" (Monterroso 2005). Esto, aunado a la creciente fuerza del sector minero-energético colombiano, obliga a que deban zonificarse los llamados "ecosistemas estratégicos" para que se establezcan niveles de protección de la biodiversidad que aseguren la futura provisión de recursos y para que se propongan los lineamientos necesarios para prácticas extractivas realizadas en estos territorios.

En ese contexto se inscribe la delimitación de los complejos de páramos en Colombia. Este proceso tiene su primer antecedente en el año 2010, cuando se realizaron varias modificaciones a la legislación nacional para regular las actividades de carácter minero o energético en estos ecosistemas. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos propuso en su Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010 - 2014 (Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, 2011), la necesidad de "definir la estructura ecológica principal de la nación, la delimitación de los páramos y humedales, el deslinde de los humedales y la zonificación y ordenación de reservas forestales nacionales, y la declaratoria de áreas protegidas correspondientes" (Congreso de la República, 2011), con el fin de garantizar la regulación de "los títulos mineros ubicados en los páramos, humedales, áreas protegidas y otras áreas de especial importancia ecosistémica" (Congreso de la República, 2011). Lo anterior es fundamental debido a que una de las llamadas "locomotoras del progreso" o líneas de acción dentro de dicho PND, consiste, justamente, en la locomotora minero-energética, que busca desarrollar estos sectores económicos a lo largo y ancho del país.

Una de las metas de este para la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, consistía en que "el 100% (1.932.987 has) de ecosistemas de páramo y humedales [estuvieran] delimitados a escala adecuada" (2010, pp. 589); para el momento de elaboración de la línea base solo el 38.6% se encontraba delimitado, y actualmente, solo se ha procedido con la delimitación del páramo de Santurbán, famoso y polémico, entre otras cosas, por los movimientos sociales que se activaron para protestar por las concesiones mineras otorgadas a grandes multinacionales como Anglo Gold Ashanti, Eco Oro, Aux Gold, entre otras. El páramo de Santurbán se delimitó en diciembre de 2014, en donde 98.954 has fueron catalogadas como área protegida. Este es un precedente importante para la delimitación de los demás ecosistemas de páramos y para las acciones colectivas de los movimientos sociales ambientalistas del país. (El Tiempo, 2014)

Como parte de la ejecución del PND, el Instituto Geográfico Colombiano Agustín Codazzi (IGAC) realizó en el año 2012 una actualización cartográfica de los páramos a escala 1:25.000, a través de la cual múltiples territorios fueron considerados parte de estos ecosistemas. Esto llevó a que el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), en compañía de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), y el Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander Von Humboldt (IAVH), adelantaran los estudios previos para la delimitación de los complejos de páramos, los cuales comprendían dos tipos de evaluaciones: una de carácter biológico y otra de carácter socioeconómica y cultural. Ambas fueron llevadas a cabo por las CAR y por centros nacionales de investigación relacionados - por proximidad o experiencia de trabajo - con alguno de estos territorios. Las CAR, se encargaron en la mayoría de los casos, de adelantar los estudios previos de carácter regional, en donde incluían una visión ampliada de los territorios, generalmente a nivel departamental y municipal. El entorno local estuvo a cargo de los centros de investigación de las universidades participantes, en donde se hizo énfasis en las veredas.

Estos informes, en conjunto, permitirán que los tomadores de decisiones determinen cuál es el límite de las zonas protegidas y cuál será la zonificación que tendrá cada complejo de páramos, así como establecer las actividades permitidas y prohibidas al interior de los mismos. Además, deberán dar información necesaria para establecer esquemas de gobernanza ambiental, es decir, de procesos de toma de decisión y de ejercicio de autoridad en el ámbito de bienes públicos, en los cuales intervienen los servicios gubernamentales en sus distintos niveles o instancias de decisión. Así como también otras partes interesadas que pertenecen a la sociedad civil o al mundo de las empresas" (Delgado, Bachmann, & Oñate, 2007), definen entre otras funciones, marcos regulatorios que buscan establecer los límites y restricciones al uso de los recursos naturales y de los ecosistemas y a la definición de ordenamientos territoriales que posibiliten la conservación de los páramos y que generen otro tipo de relaciones con los actores sociales que viven, perciben y sienten estos territorios, para que no haya necesidad de contraponer la conservación a las formas de vida de las comunidades. Vale aclarar que aun cuando se considera que la categoría de "actor social" puede resultar problemática para algunas corrientes teóricas, se primó por su uso en este texto dado que así se refiere el IAVH a aquellos sujetos - individuales y colectivos - que habitan los páramos y los humedales

Ahora bien, las relaciones de territorialidad son conflictivas y están mediadas por múltiples intereses que dejan en una posición desventajosa a las propuestas de conservación desde y para las comunidades locales.

Uno de los complejos de páramos a delimitar es el Complejo de Páramos Sonsón (CPS) ubicado entre los departamentos de Antioquia y Caldas, que se encuentran en la zona andina colombiana. Este Complejo retoma, según el IGAC, 64 veredas ubicadas en doce municipios; seis en jurisdicción de Caldas y los seis restantes en jurisdicción de Antioquia. La mayoría de estas veredas tienen una altura por encima de los 2.000 msnm, y son habitadas por comunidades campesinas que se dedican, en buena parte de los casos, a la ganadería ovina y bovina, al cultivo de papa y maíz, y, para el caso de Antioquia, al cultivo de frijol y arveja es el más representativo, en menor escala cultivos de caléndula, aguacate, frutales, entre otros, todo lo cual se posibilita por la riqueza de la zona en términos medioambientales y culturales.

Debido al carácter estratégico de los territorios que hoy conforman el CPS y a la abundancia de recursos naturales que allí se encuentran, este Complejo ha sido objeto de disputa por parte de actores económicos y políticos, así como de grupos armados, lo que ha hecho que su configuración territorial se haya desarrollado en medio de un ambiente de tensión, confrontación y búsqueda de control de sus recursos naturales, y que dicho panorama sea importante para pensar la futura gestión de los territorios en el marco de un proceso de delimitación. De ahí que el MADS en compañía de las diferentes entidades ambientales del país, haya iniciado el proceso de caracterización de este páramo, con la finalidad de tomar decisiones frente a su delimitación.

Entre mayo de 2014 y febrero de 2015 un equipo de investigación del Instituto de Estudios Regionales, INER, de la Universidad de Antioquia, realizó los estudios previos de caracterización socioeconómica y cultural del CPS en su entorno local, donde pudo evidenciarse cómo la disputa por la apropiación territorial involucra varios actores sociales y diferentes niveles de conflicto, y, por tanto, reconocer la pluralidad de voces que habitan dicho territorio y aquellos intereses que los convocan, movilizan y enfrentan, se hace necesario para comprender el complejo escenario de delimitación de este ecosistema.

Metodología

De ahí que el objetivo de este articulo sea mostrar algunos resultados de dicha caracterización, haciendo énfasis en los conflictos por la apropiación territorial, y en las consecuencias que traerá el proceso de delimitación para las comunidades allí asentadas y los demás actores sociales que convergen en el territorio. Esto con el fin de dar elementos para la problematización de estos ejercicios estatales, y manifestar que el reto que significa hoy la gobernanza ambiental de los territorios rebasa el marco de una propuesta de delimitación que se propone como un trámite administrativo que determine dónde puede hacerse minería en el país, y que demanda escuchar las respuestas de las comunidades ante este tipo de iniciativas.

El texto estará organizado de la siguiente manera:

• En un primer momento, presentaremos los principales actores sociales del CPS, especialmente aquellos con incidencia directa en la futura delimitación.
• Segundo, mostraremos cuáles son los principales conflictos socioambientales que se han vivido en la región.
• Para finalizar, reflexionaremos acerca del carácter problemático de la delimitación de los páramos en el país, y de la necesidad que tenemos como sociedad de proponer otro tipo de relaciones con la naturaleza.

En el trabajo de campo que se realizó para el estudio de caracterización, se visitaron 27 veredas ubicadas los diferentes municipios del CPS, 64 veredas ubicadas en doce municipios; seis en jurisdicción de Caldas, municipios de Aguadas, Pácora, Salamina, Manzanares, Marulanda y Pensilvania. y los seis restantes en jurisdicción de Antioquia

Durante el trabajo de campo hecho en el CPS se encontraron cerca de ochenta actores sociales que inciden con fuerza en los territorios. Pero por cuestión de espacio y de temática, en este apartado solo se mencionarán algunos de estos actores sociales, especialmente aquellos que se relacionan con los conflictos socioambientales más significativos en la zona.

Resultados

Dinámicas territoriales del CPS: Actores, intereses y disputas

El CPS es uno de los complejos de páramos más nuevos en el país, puesto que surge en el año 2012 con la cartografía del IGAC. Si bien desde la década de los ochentas los pobladores de los municipios de Sonsón, Argelia y Nariño (Antioquia), reconocían que en sus territorios o en zonas aledañas contaban con ecosistemas de páramos (CORNARE, 1994), la idea de "complejo" surgió de lo adelantado posteriormente por el MADS y por el IGAC, lo cual ha suscitado novedosas dinámicas territoriales. La más visible - y que se configura como una de las más complicadas en el futuro proceso de delimitación - consiste en la convergencia de dos jurisdicciones político - administrativas, Caldas y Antioquia, las cuales, a simple vista, podrían verse como similares en términos ecosistémicos y culturales, pero, en profundidad, lo que se observa es que tienen diferencias sustanciales que cuestionan desde distintos puntos la idea de "complejo", y, por ende, problematizan aún más el futuro proceso de delimitación del mismo.

Uno de los puntos centrales radica en la identificación del ecosistema de páramos por parte de los actores que componen el entorno local. Si bien en Antioquia el referente es más fuerte por el hecho de que se reconoce desde antaño la existencia de este ecosistema en Sonsón, en el departamento de Caldas son muy pocas las referencias a dicho ecosistema, en la medida en que se alude a que el páramo queda cerca al Parque Nacional Natural Los Nevados, y, por ende, los municipios que hoy conforman el CPS para la jurisdicción de Caldas no se identifican como parte de ecosistemas paramunos. De ahí que uno de los retos de la delimitación sea, precisamente, lograr esa identidad como territorio unificado, con el fin de que las medidas de conservación que allí se instauren recojan las percepciones de aquellos actores presentes en el entorno local, o bien, repensar la idea de "complejo" en tanto unidad territorial.

Ambas jurisdicciones tienen como principales habitantes del entorno local a comunidades campesinas dedicadas a labores agropecuarias y con prácticas culturales compartidas como el trabajo familiar en la tierra, el sentido de pertenencia por la región, la capacidad de trabajo colaborativo, entre otras. No obstante, no hay posibilidad de equiparar los dos territorios a pesar de que se compartan historias o valores culturales, pues sería sostener una idea inviable de homogeneidad en un panorama de evidente divergencia.

Los territorios de la jurisdicción de Caldas, fueron colonizados por campesinos antioqueños durante el siglo XVIII, lo que hace que haya una suerte de historia cultural compartida entre ambos departamentos. Sin embargo, ello no puede leerse a través del lente de "complejo territorial", en la medida en que hubo otras oleadas migratorias - boyacense y tolimense - que configuraron de diversos modos las dinámicas territoriales de Caldas. Las grandes extensiones de cultivo de papa y de pastos para ganado, producto de la herencia de dichos procesos migratorios, han hecho que la tierra se concentre en pocos propietarios, y que la mayor parte de campesinos que la habitan se vean obligados a trabajarla más no a poseerla.

Pero ello no discute con el alto sentido de pertenencia territorial de los campesinos caldenses, quienes encuentran satisfacción en "darle el golpe a la tierra" a pesar de ser ajena. Así mismo, la incidencia del cultivo de café en ese departamento hizo que las tierras frías se consolidaran con cierto nivel de marginalidad, en tanto los principales recursos se concentraban en las tierras medias y bajas, aptas para el café; de hecho el Departamento de Caldas, se encuentra entre los de mayor producción de Café en Colombia.

En el caso antioqueño, la mayoría de los pobladores del entorno local son dueños de los predios, los cuales han sido heredados desde varias generaciones atrás. Esto hace que los campesinos antioqueños tengan mayor autonomía sobre las decisiones que toman con sus productos, lo cual es reconocido por los mismos como una de las ventajas de vivir en el campo y de seguir trabajando la tierra. La apropiación territorial en este caso también ha producido relaciones de compadrazgo y vínculos de solidaridad que determinan otro tipo de relación con el páramo, así como una fuerte organización comunitaria.

Una diferencia en términos organizativos para ambas jurisdicciones radica en el hecho de que en Caldas son más frecuentes las asociaciones relacionadas con ciertos productos, como el café, la caña, los frutales o la ganadería. No obstante, las Juntas de Acción Comunal (JAC), que se constituyen como las principales formas de organización comunitaria, han sufrido serias fracturas por causa del conflicto armado, por lo que las relaciones vecinales en el entorno local se construyen alrededor de un líder que cohesiona los procesos sociales. En el caso de la vereda Alejandría en Marulanda (Caldas), uno de los habitantes que se mantuvo presente en el territorio durante la época más álgida del conflicto armado, es quien organiza hoy a la comunidad para exigir derechos o para mantener la solidaridad característica de las comunidades campesinas. En Quebrada Negra (Pensilvania) sucede algo similar, y aun cuando allí funciona la JAC, la mayor parte de los procesos sociales se resuelven y tramitan por vía de la amistad y la solidaridad vecinal.

En Antioquia los procesos comunitarios funcionan de una manera más articulada a las JAC, las cuales han sido actores fundamentales en la cohesión de los campesinos en el territorio, pues han tenido una presencia más constante y han logrado legitimidad con las administraciones municipales. Así mismo, algunos campesinos se han articulado alrededor de organizaciones de víctimas del conflicto armado y de grupos ambientales presentes en municipios como Sonsón.

Uno de los puntos en común de los pobladores de Caldas y Antioquia radica en compartir, lamentablemente, la incidencia del conflicto armado colombiano durante la década de los noventas y el 2000 (García y Aramburo, 2011). Los territorios del CPS sufrieron múltiples violencias producidas por la disputa territorial entre los Frentes 9 y 47 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Frente Carlos Alirio Buitrago del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Unidas del Magdalena Medio y el Ejército Nacional. Los fuertes combates, la existencia de territorios minados, los asesinatos y las incriminaciones por ser "colaboradores de" o por el simple hecho de vivir en los territorios, hicieron que muchas familias campesinas se desplazaran hacia los centros urbanos más cercanos o a las capitales del país como Medellín, Bogotá y Manizales. Así mismo, las familias que decidieron resistir quedándose en sus predios se vieron sometidas a múltiples formas de violencia e intimidación, lo cual ha marcado la vida cotidiana de estas comunidades.

En la actualidad muchos pobladores han vuelto a habitar sus predios y varios de ellos han recuperado parte de sus rutinas. Pero, aun cuando la comunidad ha retomado ciertas prácticas comunitarias como la conformación de JAC en las veredas o la realización de actividades para recoger fondos económicos - como festivales o bazares -, la mayoría de las familias visitadas en el CPS recuerdan este periodo de la violencia con dolor, y establecen que la vida no ha vuelto a ser la misma en tanto la confianza en el vecino se ha fragmentado y sus territorios son reconocidos como ajenos, distantes y poco confiables. Esto último es fundamental porque durante el periodo de la violencia entre los noventas y la década del 2000, las partes altas de la montaña, esto es, aquellas zonas que coinciden con el ecosistema de páramos, eran asociadas con los corredores de los grupos armados para transitar entre un municipio y otro, y por ello son asociados con lugares de miedo o de terror. En efecto, muchos de estos territorios son intransitables por la presencia de minas antipersonales y por el recuerdo de los campamentos y combates. Esto evidencia cómo el conflicto armado colombiano ha configurado una particular disputa territorial del CPS, la cual debe tenerse en cuenta al momento de la delimitación.

Las veredas Montecristo y La Española en el municipio de Nariño (Antioquia), son un ejemplo de esto, pues aunque los habitantes han reconstruido la JAC, han establecido nuevos liderazgos y han retornado a sus predios, buen parte de la vereda aun hoy continúa deshabitada y no posee la misma dinámica de antaño. En particular, estas veredas remplazaron los cultivos de café y de caña por cultivos de uso ilícito, y la reconversión ha sido difícil para sus economías. No obstante, mientras realizamos trabajo de campo como equipo de investigación, pudimos asistir a la víspera de un festival que se estaba organizando en Montecristo para recoger fondos para los regalos de navidad de los niños y jóvenes de la vereda. Así mismo, en el marco de un taller que realizamos en La Española, pudimos ver cómo los líderes de la vereda organizaban la logística para la fiesta de los niños de diciembre. Esto denota un resurgir comunitario importante en el contexto actual de delimitación.

Además de los actores armados, las comunidades locales campesinas de ambas jurisdicciones territoriales tienen relación con actores económicos de gran envergadura para los dos departamentos, los cuales hacen uso de los recursos del páramo y han ocasionado múltiples conflictos y disputas por la apropiación territorial.

Desde la década de los setentas los municipios de Pácora, Pensilvania y Manzanares (Caldas) cuentan con la presencia de empresas madereras La constitución de estas empresas debe entenderse en el marco de los incentivos otorgados por el gobierno nacional para la reforestación con especies comerciales y que inician con la Ley 04 de 1973 (INER, 2015). Este tipo de iniciativas se consolidan en el mercado internacional gracias al posicionamiento del desarrollo sostenible.

Es así que estas empresas se instalan y hacen uso de las tierras circundantes a las alturas de páramos en tanto el pino debe cultivarse hasta los 2600 msnm. No obstante, en algunas veredas pudimos ver cómo hay cultivos de pino que superan esta altura.

Estas empresas son propiedad de la familia Escobar Zuluaga, una de las familias más poderosas en Caldas, cuyo uno de los personajes más reconocidos de dicha familia es el excandidato presidencial por el Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga. Las empresas son Maderas de Oriente, Agrobetania, Global de Inversiones S.A., entre otras para el caso de Pensilvania y Manzanares, y en el caso de Pácora se encuentra la empresa TableMac, empresa antioqueña - caldense, cuenta con plantas en Manizales y Medellín, y con cultivos de pino en Pácora (Caldas) y Yarumal (Antioquia). Su principal actividad consiste en el cultivo de pinos y otros árboles propicios para la extracción maderera, por lo que han necesitado amplias hectáreas de tierra para la instauración del monocultivo. En Manzanares, por ejemplo, la vereda Santo Tomás tiene una densidad poblacional muy baja dada la compra de predios por parte de la familia Escobar, lo que ha roto las relaciones de vecindad antaño construidas en este sector pues las familias debieron migrar hacia otros territorios porque el cultivo de pino no precisa de una atención mayoritaria por parte de campesinos o agregados. A esto se le suma el hecho de que el poderío económico de los Escobar les posibilita tener un control territorial amplio en las distintas veredas donde tienen presencia, lo que deja sin lugar a los campesinos.

En Pácora sucede algo similar con TableMac. Durante el trabajo de campo en la vereda La Cubana, una parte importante del equipo de investigación tuvo que esperar a que la empresa autorizara la apertura de la carretera para poder regresar al casco urbano; esto porque TableMac tiene amplio control sobre los terrenos de sus plantaciones y los circundantes, sin importar que alrededor de estos viven familias que no necesariamente están relacionadas con esta empresa y que precisan de las vías de acceso para sus rutinas cotidianas.

La presencia de las empresas madereras en los territorios del CPS en Caldas ha sido polémica por los impactos socioambientales en algunos recursos naturales, como es el caso del agua, pero también por impactos positivos en la renovación de otros procesos ecológicos. Algunos actores sociales dedicados a la defensa del territorio aseguran que la presencia de los cultivos de pino ha ocasionado fuertes impactos en el recurso hídrico y en la calidad de las tierras, pero también hay posiciones que defienden la presencia de las empresas en los municipios por los procesos de conectividad ecológica que generan. El carácter complejo de la percepción sobre estas empresas implica que haya disputas en torno a la presencia de las mismas en los territorios, sobre todo en relación con el uso del suelo, pues es evidente para los pobladores locales que ha habido una disminución de población producto de los procesos de concentración de tierra. En ese orden de ideas, debe pensarse el papel que jugarán estas empresas en la futura delimitación del CPS y deben tenerse en cuenta los conflictos que generan por la apropiación territorial.

En Antioquia y en Caldas fue recurrente encontrar proyectos hidroeléctricos de mediana y gran envergadura que afectan considerablemente las relaciones ecosistémicas y socioculturales en los territorios (INER, 2015). En la frontera entre Sonsón (Antioquia) y Aguadas (Caldas), específicamente en el río La Miel, se está construyendo el proyecto hidroeléctrico Hidroarma, con fuerte incidencia en las tierras medias y bajas circundantes al CPS; así mismo, se está gestionando el trasvase del río Guarinó en Caldas y la construcción de microcentrales entre los municipios de Argelia y Sonsón en Antioquia. Lo más significativo de estos proyectos es su fuerte impacto medioambiental en las zonas cercanas al páramo y en las comunidades que las habitan, lo que ha generado una constante preocupación por los efectos en las rutinas y en el equilibrio ecosistémico actual.

Así mismo, hay una creciente preocupación por los impactos sociales que traerán estos proyectos, pues la historia de los mismos en estos territorios ha estado asociada a procesos de desplazamiento forzado, y a conflictos entre los actores económicos y las comunidades locales.

En el oriente antioqueño, por ejemplo, las investigadoras Clara Inés García y Clara Inés Aramburo han evidenciado cómo las comunidades se han manifestado en contra de grandes proyectos mineroenergéticos, en la medida en que estos se han relacionado con una agudización del conflicto social y armado en la región (García y Aramburo 2011) En ambas jurisdicciones las organizaciones sociales y ambientales se han manifestado en contra de estos proyectos minero-energéticos, lo que hace que dichas organizaciones sean actores fundamentales para la negociación de la delimitación y para la futura gestión y administración de los territorios.

En el caso de Antioquia muchas de las ONG y organizaciones locales que hoy participan de los procesos de movilización en contra de los proyectos minero-energéticos, se gestaron o vieron la luz en el marco del Laboratorio de Paz (Segundo laboratorio de Paz, 2002) que, como expone la investigadora Clara Inés García (2004), en la conjunción de fuerzas de la sociedad civil y del Estado (en sus niveles regional y nacional), consolidó un proyecto regional con las marcas de la paz y el desarrollo. En la actualidad la diferencia es que, el desarrollo -ese elemento deseable con el alcance de la paz- está siendo cuestionado de cara a las consecuencias de grandes intervenciones económicas como el proyecto hidroeléctrico Hidroarma (Corporación Jurídica Libertad, 2015). En ese contexto la preocupación por la gran minería es también latente, dado el conocimiento de otros contextos en el país donde la minería ya de dejó mella. Las denuncias y exigencias de los pobladores locales han sido necesarias para comprender que la relación sociedad-naturaleza en estos contextos no puede estar mediada solamente por aspectos económicos, sino que se debe entender que los territorios tienen historias, sentimientos y, sobre todo, dolientes.

Finalmente, otros actores que resultan fundamentales en el contexto del CPS son las CAR, las cuales son la máxima autoridad ambiental y son los actores encargados - por la legislación ambiental colombiana - de regular los territorios, permitir o prohibir intervenciones en estos, y garantizar procesos de educación ambiental con las comunidades que los habitan, bien sea porque ellas los apliquen o porque generen procesos sociales para que otros actores lo hagan. Para la jurisdicción caldense la CAR es CORPOCALDAS y para la jurisdicción antioqueña es CORNARE.

Ambas tienen en la actualidad funciones similares, aunque sus historias son disímiles: por un lado, CORPOCALDAS surgió como una entidad descentralizada que propendía por garantizar la estabilidad del territorio en términos ambientales y de gestión de acción ante posibles desastres naturales, pero con la expedición de la Ley 99 de 1993, esta entidad pasó a convertirse en una CAR. Por otro lado, CORNARE surgió de una perspectiva más cívica y social, debido a que se constituye a finales de los ochentas como parte de distintos acuerdos de crear "[...] una organización ambiental que permitiera generar menos impactos en el tema de la construcción de las hidroeléctricas, y que las regalías que se estaban dando por el tema de la energía se pudieran redistribuir de mejor manera" (Entrevista a habitante de Sonsón, 31/10/2014, Sonsón - Antioquia). Esta, con la Ley 99 de 1993, también pasó a considerarse una CAR para el territorio del Oriente Antioqueño.

La presencia de las CAR en los territorios se ha desarrollado en medio de tensiones y polémicas entre los distintos actores sociales, debido a que su carácter coercitivo y sancionatorio las pone en posiciones incómodas referente a la relación que tienen con las comunidades locales y los demás actores. En su accionar se ve con mayor claridad cómo hay una relación conflictiva entre sociedad y naturaleza en los procesos de conservación, y cómo las disputas y conflictos territoriales actuales para el caso del CPS, obligan a repensarse los futuros procesos de delimitación y conservación de los recursos naturales, en donde deben estar incluidas las comunidades locales, entendiéndolas no como actores extractivos sino como sabios conocedores del territorio y sus dinámicas histórico-culturales. Lo anterior obliga a considerar de modo crítico el papel de los actores sociales en los conflictos socioambientales, con el fin de proponer verdaderos cambios en los modelos de desarrollo y en las formas de gestión de los territorios.

"La tercera guerra mundial será por el agua": conflictos socioambientales en el CPS

La presencia de múltiples actores en el CPS aunada a sus propias dinámicas de configuración territorial, lo han convertido en un escenario de disputa por su carácter estratégico y su privilegiada reserva de recursos naturales, especialmente de aquellos relacionados con el recurso hídrico. Las principales tensiones que se generan en el territorio tienen que ver con las formas cómo los actores conciben el uso de dichos recursos y con las maneras en que se han relacionado histórica y culturalmente con el territorio. A continuación describiremos los principales conflictos socioambientales (se identificaron más de diez conflictos sociambientales pero para efecto de este trabajo se relacionan seis) identificados durante el proceso de campo de la caracterización socioeconómica y cultural del CPS, relacionándolos con los actores sociales descritos en el apartado anterior.

Uno de los conflictos socioambientales de este Complejo tiene que ver con la presencia de actores armados en el territorio y las subsecuentes disputas territoriales. Si bien los actores armados no tienen la misma presencia hoy en el territorio, ni han tenido como principal foco de atención los procesos ecológicos y ambientales de la zona, la incidencia de estos en el CPS si causó varias consecuencias. Por un lado, algunos grupos armados que hacían presencia en zonas rurales de los municipios incidieron en las prácticas cotidianas de los pobladores, pues les prohibían realizar actividades como la caza, la pesca o la tala de árboles; ello está relacionado no con un carácter altruista o ecologista de los grupos, sino con el hecho de que el uso de instrumentos como motosierras, escopetas, machetes o pólvora pudiera ocasionar que los campesinos fueran confundidos con combatientes, o bien, que esto fuera considerado un aliciente para iniciar un combate. Por otro lado, y tal como se esbozó en el apartado anterior, la presencia de minas antipersonales en las partes altas de la montaña impidió que los campesinos extrajeran recursos del bosque, por lo que hubo recuperación de vegetación menor en varias partes del ecosistema, y los niveles de caza y pesca bajaron considerablemente durante el periodo más alto de conflicto armado en la zona. Esto trajo consigo el ya nombrado imaginario de miedo sobre estos territorios paramunos, en tanto se asocia las partes altas de la montaña con "zonas de conflicto", "corredores estratégicos" o "sitios de paso de la guerrilla", lo que ha construido estereotipos sobre las poblaciones y fragmentación en el tejido social de las mismas (Entrevista habitante Sonsón, 31/10/2014, Sonsón - Antioquia).

El impacto del conflicto armado en el CPS debe verse con matices, pues aun cuando hay una idea algo perversa de "mejora" en el ecosistema, la presencia de cuadrillas armadas en el Complejo también ejercía impactos en el medioambiente, y las amenazas constantes a los pobladores ocasionaron fuertes impactos sociales a través del desplazamiento forzado, las intimidaciones y los asesinatos. Además, la presencia de minas antipersonales produce serios impactos en el ecosistema y en la relación de los pobladores con el mismo, por lo que las dinámicas del conflicto armado deben considerarse en el proceso futuro de delimitación para entender la historia del territorio y las maneras de administrarlo.

Otro conflicto socioambiental presente en el CPS tiene que ver con la extracción de madera por parte de las comunidades campesinas. Desde finales del siglo XIX los pobladores del Complejo se dedicaban a la fabricación de carbón vegetal y a la extracción de maderas para fines diversos, y, desde la década de los cincuenta, aproximadamente, se popularizó la extracción de envaradera en los municipios antioqueños para los cultivos de frijol y arveja, hoy su extracción está prohibida por CORNARE. Estas actividades fueron fundamentales en los procesos culturales de las veredas, pues generaciones enteras aprendieron las técnicas y encontraron espacios de encuentro y unión alrededor de la pila de carbón (narrado por una habitante de la vereda Manzanares Centro en el municipio de Sonsón - Antioquia), pero también ocasionaron grandes impactos en los recursos naturales de la región al abrir la frontera agrícola y reducir especies como el roble a su mínima expresión.

Desde los noventa, y como consecuencia de la expedición de la Ley 99 de 1993, las CAR de ambas jurisdicciones departamentales iniciaron un proceso de sanción en relación con la extracción de los recursos del bosque, lo que fracturó las relaciones entre algunas comunidades campesinas y las CAR, pues para los primeros el carácter sancionatorio de estas entidades no está acompañado de soluciones o alternativas para mitigar la reducción de ingresos de los hogares ni para solventar la pérdida de valores culturales construidos alrededor de estas actividades económicas. Al respecto, CORNARE, de manera específica, ha desarrollado programas y proyectos que buscan que los pobladores que se han dedicado a la extracción de carbón tengan otros ingresos por el cuidado del bosque y la generación de carbono, como es el caso del proyecto BancO2. Pero, según comentan los pobladores, estos han sido insuficientes. BancO2 es "una estrategia de Pago por Servicios Ambientales, que permite a las empresas, instituciones y ciudadanía [...] calcular y compensar su huella de carbono, promoviendo la conservación de los bosques naturales de la región y mejorando la calidad de vida de los campesinos que allí viven" (BancO2, 2015).

Las tensiones generadas alrededor de la extracción de leña, han fraccionado las relaciones entre funcionarios y campesinos, y han hecho que la disyuntiva conservación/comunidades se haga mucho más profunda en la zona de páramos. Si bien los campesinos han ido tomando consciencia de lo problemático que resulta el uso indiscriminado de recursos del bosque, consideran que la presencia de las CAR solo se "siente" cuando hay un problema, haciendo que los pobladores se alarmen cuando saben que alguno de los funcionarios ambientales los visitará. Al respecto, un habitante del CPS narraba lo siguiente:

[...] eso es lo que hace falta, que las entidades ambientales estén más en estas zonas [...] Si las entidades ambientales están más cerca de estas zonas páramos, yo creo que los problemas si los podemos resolver más fácil, pero si van a venir cuando hay un problema, y a veces logramos avanzar un poco, pero si se van y nos dejan solos, la gente va a volver a lo mismo (Entrevista habitante Manzanares Arriba, 05/11/2014, Sonsón, Antioquia).

Lo que evidenció el trabajo de campo es que el ejercicio de administrar los territorios solo por vía institucional/estatal resulta bastante conflictivo para las comunidades que han sentido, vivido, conocido y percibido el territorio durante más de cien años, en la medida en que sienten que el saber técnico se sobrepone a sus vínculos e historias compartidas con la naturaleza. Si bien se han realizado campañas de educación ambiental por parte de CORPOCALDAS y CORNARE, los pobladores del entorno local se sienten criminalizados y excluidos de la institucionalidad, al sentirse señalados por practicar las actividades económicas que heredaron de generaciones atrás.

La presencia de las CAR en el CPS, aunque necesaria para el ejercicio de administración y zonificación estatal, resulta negativa para las comunidades, en tanto no hay procesos construidos que no yuxtapongan las prácticas campesinas a los procesos de conservación.

Una alternativa interesante ha sido propuesta por Ileana Monterroso para las zonas de reserva en Guatemala, quien establece que las iniciativas de conservación deben reconocer la necesidad de intervenir con "sistemas de co-administración o co-manejo, dado que la mayoría de las tierras bajo regímenes de protección se encuentran en áreas comunales o de régimen público bajo la administración del Estado" (Monterroso, 2006). Estos sistemas invitan a incluir a "algunos o todos los actores relevantes en un área protegida" (Monterroso, 2006), con el fin de evitar la exclusión de las comunidades o posibles conflictos socioambientales que se deriven de la poca comunicación entre los objetivos de conservación y las actividades tradicionales de las comunidades asentadas en estas áreas.

Otro conflicto que pone en consideración la relación que tiene el Estado colombiano con las comunidades locales asentadas en el CPS, son las concesiones de agua y los permisos para la instauración de proyectos minero-energéticos en el territorio. Al respecto, las CAR tienen la última palabra pues son quienes determinan los impactos ambientales de las obras y los consecuentes pagos y programas que deben llevarse a cabo para solventarlos.

En cuanto a las concesiones de agua, estas son permisos que se otorgan para "el derecho de acceso, uso y aprovechamiento de aguas continentales no marítimas, plenamente identificadas [...], por un tiempo establecido y sujeto al cumplimiento de obligaciones derivadas de la protección del medio ambiente" (Gómez-Rey, 2010), esto es, permisos para regular el uso del agua en los predios y parcelaciones. Dichas concesiones fueron un tema álgido durante la realización del trabajo de campo, especialmente en el departamento de Caldas, puesto que los pobladores locales no comprenden la finalidad del trámite ni el procedimiento para obtener dicha concesión. Frente a esto, funcionarios y pobladores consideran que los altos costos de las concesiones no están en consonancia con los ingresos de las familias que las solicitan, además de ser conscientes de que la complejidad de los trámites y la falta de acompañamiento directo de la CAR dificulta el proceso, en tanto son pocos funcionarios para una zona amplia, lo que obstaculiza enormemente la participación del Estado en todos los escenarios donde es requerido. Esto puede ilustrarse a través del testimonio de un propietario de tierras en Santo Tomás, Manzanares,

Yo he tratado de hacer una explotación artesanal de cultivo de Trucha, hacer unos 6 - 7 charquitos para meter unos 500 - 600 animalitos. Fui a CORPOCALDAS para ver qué necesitaba para la concesión de aguas, no... ¡es más fácil hacer un curso para ir a la luna o Marte que tramitar una cosa de esas! Le dan unos formularios a uno, que siendo uno abogado le queda difícil llenarlos... si uno quiere ser legal no le facilitan sino que le enredan más los procedimientos. Si yo tuviera la plata para hacer eso ni tuviera que pedir permisos. (Entrevista propietario vereda Santo Tomás, 26/08/2014, Manzanares - Caldas).

Lo anterior tiene que ver, según algunos líderes ambientales del ámbito municipal, con el hecho de que los proyectos y las decisiones se toman "desde los escritorios", esto es, desde las oficinas ubicadas en las zonas centrales, lo que hace que no haya posibilidad de encuentro entre los saberes expertos producidos desde la tecnocracia institucional y los saberes locales que producen las comunidades. Así mismo, se hace imposible que las decisiones tomadas desde la centralidad estatal coincidan con las realidades socioculturales de los territorios locales.

¿Qué nos ganamos con que exista un proyecto de ordenamiento de una cuenca, pero que lo tiene CORPOCALDAS, y no lo tiene nadie aquí en el territorio que es realmente donde se necesita, o que lo tiene, por decir algo, el Concejo Municipal en sus archivos por allá en una bodega? No tiene ningún sentido, eso debe estar en un sitio asequible a la comunidad, para que se retomen esas iniciativas, para que sean instrumentos de planificación del territorio [...] que tenga dolientes desde lo local permanentes y empoderar muchísimo más a las comunidades en estos procesos. (Entrevista propietario vereda Santo Tomás, 26/08/2014, Manzanares - Caldas).

La instauración de proyectos minero-energéticos también ha causado conflictos en la zona, debido a sus impactos medioambientales, pero, sobre todo, a la facilidad con la que este tipo de iniciativas se ponen en marcha. Si bien las CAR han exigido fuertes planes de manejo a las hidroeléctricas para mitigar sus impactos, el sinsabor que queda en las comunidades locales y en las organizaciones ambientales, es que el daño causado al medioambiente puede comprarse con una suma de dinero, y que ellos, que no tienen la misma capacidad adquisitiva, reciben una negativa por no tener cómo compensar sus acciones en términos económicos. Esto ha llevado a que haya múltiples manifestaciones en contra de los proyectos minero-energéticos en la zona y en contra de las acciones de las CAR, y a que se lleven a cabo acciones colectivas - como firmas, plantones, marchas, eventos - para aseverar que la naturaleza debe dejar de mirarse en clave de recursos naturales, y que, por el contrario, debe ser comprendida como un escenario lógico que precisa alternativas al actual modelo de desarrollo.

Un conflicto similar se vive con las empresas madereras, quienes son consideradas las causantes de cambios medioambientales y sociales en los territorios. En varios municipios fue frecuente la asociación de que las pineras han causado variaciones en la temperatura, la cual tiende a disminuir, así como también han ocasionado aridez y erosión en las tierras, dificultando procesos de reconversión económica en dichos territorios. Estos cambios, aunque han sido denunciados por líderes ambientales, organizaciones sociales y representantes de las comunidades locales, no logran tener mella en la institucionalidad estatal, lo que trae consigo la percepción de que el capital financiero posibilita cualquier relación o violación a la naturaleza.

Finalmente, el conflicto socioambiental más reciente se relaciona con la delimitación del CPS, pues éste reúne los conflictos anteriores y pone una nueva discusión sobre la mesa en relación con el futuro de estos territorios. De hecho, y a pesar de que en muchos municipios y veredas no se tenía clara la idea de ser parte de un páramo, la llegada de los estudios previos de caracterización y la puesta en marcha de la delimitación del páramo de Santurbán en Santander, Colombia, puso en alerta a los distintos actores sociales de los municipios del CPS - incluyendo acá a los actores de la institucionalidad estatal municipal -, quienes están considerando la llegada de la delimitación como una realidad que deben afrontar. Esto se desarrollará con mayor profundidad en el siguiente apartado.

Conclusiones

Disputas y conflictos en torno a la delimitación del CPS: Propuestas de reflexión y alternativas para las comunidades locales

"Yo diría que veo la delimitación con preocupación. En parte yo sé que el agua es primordial para el ser humano, pero lo veo con preocupación porque qué vamos a hacer por esas personas que viven en esa zona" Habitante del CPS - Antioquia

La zonificación de los páramos a través de su delimitación es un ejercicio estatal para la gestión y administración de los territorios, en el que determinar la claridad con respecto a las áreas que pueden estar en manos de los sectores mineros nacionales e internacionales y las que no, es una prioridad. Esto, en palabras de la antropóloga Margarita Serje, representa la potestad moderna "de acuerdo con la cual es posible racionalizar las actividades y comportamientos sociales a partir de la fragmentación y jerarquización del espacio y del tiempo donde dichas actividades y comportamientos tienen lugar" (Serje, 2011). Este ejercicio de zonificación estatal, del cual hace parte el proceso de delimitación del CPS, se constituye en un modo de integración territorial en el que el conocimiento y la categorización de dichos territorios será una forma de controlarlos y gobernarlos. De ahí que la delimitación de los páramos del país no se trate solamente de un ejercicio noble de gobernanza ambiental y de conservación de los recursos, sino que es un ejercicio pensado en el marco de un modelo de desarrollo extractivista, jerárquico e impositivo y, por ende, conflictivo.

Un ejemplo de lo anterior es la problemática idea de "complejo" bajo la cual se agrupan territorios diversos y heterogéneos, homogenizando prácticas culturales y omitiendo las historias particulares de configuración territorial y sus dinámicas actuales. Como se demuestró en el caso del CPS, la idea de "complejo" responde más al ejercicio vertical de zonificación estatal que a las apropiaciones territoriales tradicionales que se rastrean en las comunidades locales.

A ese aspecto se sumaría el hecho de que, para los pobladores locales del CPS la delimitación es motivo de preocupación y alerta pues vislumbran que sus modos de vida pueden verse afectados de manera profunda, específicamente por las prohibiciones y sanciones que se definirían con el futuro plan de manejo de este páramo, y por la posibilidad que se abre a que sean expulsados de sus territorios por ser vistos como ocupantes de mala fe o campesinos extractivistas que poco o nada tienen que ver con el cuidado de la naturaleza (imaginario que, por cierto, es recurrente en algunos espacios ambientalistas del país). Reconocen también como motivo de preocupación el que la delimitación signifique luz verde para la puesta en marcha de nuevos proyectos minero-energéticos en sus territorios, transformando la vocación económica de estas zonas y amenazando sus tradicionales formas de vida.

Nosotros veíamos una cosa muy charra (paradójica-contradictoria), venía el Servicio Geológico Colombiano buscando minas y también venía los Institutos de la Universidad [de Antioquia] a delimitar. Están inventariando todo ¿Con qué fines? Aún no sabemos, pero sí sabemos que para ellos es más rentable sacar el oro que cuidar el bosque (Entrevista habitante CPS - Antioquia).

Al respecto, el llamado de varios líderes consiste en involucrar a las comunidades como actores fundamentales y no como "enemigos de la conservación", esto con el fin de posibilitar espacios horizontales en los que, entre otras cosas, se negocie la apropiación territorial y las estrategias de conservación de los recursos naturales, además de los lineamientos de ordenación del territorio y las actividades económicas a desarrollar pues temen se amenacen sus formas tradicionales de subsistencia y de apropiación del territorio.

Este panorama de inquietudes de las comunidades locales y de otros actores interesados en la conservación del territorio, abre una perspectiva de análisis frente a las respuestas organizativas y de movilización en el territorio que evidencian la contradicción entre prácticas espaciales del Estado y del sector empresarial por un lado, y los de las comunidades locales por el otro. La presencia del Estado y el impulso de proyectos económicos y las intervenciones que conllevan -como lo es la delimitación de los páramos- genera respuestas y procesos de movilización por parte de las comunidades, el caso del Páramo de San Turban, ya referenciado, es un ejemplo.

Estas respuestas podrían leerse en clave de articulaciones y/o negociaciones con el Estado, como propone la investigadora Claudia Puerta Silva (2010) con el caso del Cerrejón y los indígenas wayuu en la Guajira; pero, teniendo cuenta lo expuesto por Serje (2011) de que la zonificación es una forma del Estado de racionalizar las actividades y comportamientos a partir de la fragmentación y jerarquización de los territorios, leerlo en clave de resistencias al poder, es también una posibilidad rica para el análisis, y consideramos, permite poner en estas discusiones perspectivas críticas desde la justicia ambiental.

En América Latina desde mediados de los años noventa las discusiones frente a la desigualdad y la justicia ambiental, han ido difundiéndose (Acselrad, 2014). El neoliberalismo y las dinámicas extractivas que se han consolidado en los países del Cono Sur han suscitado respuestas de movilización que de manera crítica han ido incorporando el problema ambiental. A partir de esto se denuncia que en las discusiones frente a la crisis medio ambiental operan dos tipos de racionalidades: una de corte utilitarista que tiene como preocupación el garantizar la continuidad de la acumulación de capital implementando usos más eficientes de los recursos (la delimitación de los páramos en clave de zonificación extractivista sería un ejemplo de esto); y otra de corte contracultural que se concentra en "denunciar el estilo de vida dominante de apropiación del mundo material, basado en la lógica del productivismo y de consumismo propiciado desde la modernidad fordista, así como la industrialización químico-mecanizada de la agricultura" (Acselrad 2014), la razón contracultural denuncia también que existe una desigual distribución de impactos ambientales que opera en detrimento de poblaciones vulnerables. En ese sentido, la noción de justicia ambiental daría cuenta del movimiento de resignificación de la cuestión ambiental a partir de la razón contracultural, que consolidó distintos procesos de movilización y resistencias a lo largo del continente en contra de la expansión capitalista.

Desde el enfoque de la justicia ambiental, las respuestas de movilización y resistencia que se gestan a partir de las preocupaciones frente a la delimitación del páramo y las intervenciones económicas subsiguientes, denuncian la razón utilitaria que hay detrás de este ejercicio estatal. En esa perspectiva nuevas preguntas aparecen frente al proceso de delimitación que rebasan la preocupación por el cómo lograr la conservación efectiva, al plantear preguntas sobre los objetivos últimos de la delimitación ¿Qué busca el Estado con la delimitación de los páramos? ¿Qué consecuencias tendrá la delimitación? ¿Quiénes serán los actores beneficiados con este ejercicio? ¿Quiénes serán los perjudicados?.

Con miras en la justicia ambiental, se pone a discusión los objetivos perseguidos por el Estado y las consecuencias de este ejercicio de zonificación, elementos que, consideramos, no deben ser obviados en el análisis pues permiten dilucidar cómo bajo la actual lógica de la producción capitalista, los perjuicios de la producción y de la necesidad de abastecimiento recaen casi siempre sobre las poblaciones con menor capacidad de escapar de dichos perjuicios (Aselrad, 2014), lo que explicaría que sean las comunidades campesinas del CPS, -entre otras cosas, históricamente afectadas por el conflicto armado- las que tengan que asumir las consecuencias más directas del proceso de delimitación del páramo, pensada a hacer efectiva la zonificación para el extractivismo en el país.

Los próximos escenarios de interlocución entre las distintas instancias del Estado y las comunidades locales alrededor del tema de la delimitación y de la formulación del plan de manejo, serán espacios claves en los que se pondrá de manifiesto las contradicciones en las apropiaciones territoriales que configuran estas zonas en la actualidad. Esos escenario además ubicaran como una necesidad, la construcción de espacios de dialogo que consoliden agendas locales de orden temático y de movilización, para hacer efectiva la voz de las comunidades y pobladores locales en el proceso y en la toma de decisiones.

De hecho, el panorama de la delimitación del CPS puede ser una buena oportunidad para que actores como las CAR y las administraciones municipales logren la incorporación de propuestas y estrategias que desde las comunidades locales se construyan y de esta manera lograr una conservación efectiva que no se imponga a la comunidades o termine por exacerbar dinámicas de exclusión y de no atención social del Estado.

El trabajo de campo realizado para el proyecto de caracterización socioeconómica y cultural del CPS evidenció que las comunidades locales tienen un potencial organizativo sumamente valioso que debe ser considerado para superar la idea de que la conservación solo es posible sin gente. La recuperación de saberes ancestrales y tradicionales en este Complejo muestra cómo las comunidades han favorecido la protección de la naturaleza, en tanto en ellas operan otras lógicas de relacionamiento con la naturaleza que no están ligadas al extractivismo capitalista. Ello desdibuja el imaginario del "mal salvaje campesino" y evidencia el carácter central de las comunidades locales en este tipo de procesos y en la definición de las dinámicas de los territorios.

Un ecosistema como el CPS es, en efecto, un botín político y económico para aquellos que logren controlarlo, por lo que las disputas territoriales a manos de distintos actores sociales, políticos y armados, han sido parte fundamental de la historia del territorio. Ello debe reconocerse en el marco del inminente proceso de delimitación para, por un lado, analizar los procesos de movilización que se gestan en el territorio en respuesta a distintos conflictos socioambientales, y por otro, evitar que los errores del pasado se repitan y que la futura gestión del territorio sea posible. En ese orden de ideas, hay que reconocer los procesos de configuración territorial y las dinámicas actuales, entendiendo con esto que los territorios del CPS y sus habitantes son fuerzas vivas que responden a las dinámicas que el Estado y el capital buscan imponer.

Notas

³ El presente artículo retoma los resultados de la caracterización socioeconómica y cultural del Complejo de Páramos Sonsón ubicado en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de los Ríos Negro y Nare CORNARE, y de la Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS, realizada por un equipo de investigación del Instituto de Estudios Regionales, INER, de la Universidad de Antioquia, y financiada por el Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander Von Humboldt. El proyecto se llevó a cabo entre los meses de mayo de 2014 y febrero de 2015. Una primera versión de este artículo fue presentada en el 55 Congreso Internacional de Americanistas en San Salvador - El Salvador, el pasado 13 de julio de 2015. Convenio: Convenio Especial de Cooperación No. 1413-014-092CE

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