Definiendo la democracia

Es bastante ambicioso buscar una definición que integre todo el recorrido teórico que se ha desarrollado sobre la democracia, sobre todo debido a la popularidad del concepto, usada para abordar y describir un fenómeno incalculable: “Un término que puede significar cualquier cosa para cualquier persona corre el peligro de no significar nada en absoluto” (Konrad-Adenauer-Stiftung , 2011, p. 2). Para evitar complejizar de formar innecesaria, el documento desarrollará un recorrido teórico enfocado estrictamente en la democracia electoral y competitiva.

La clasificación más general divide este fenómeno en dos categorías básicas: Directa y representativa. En la primera clase, los ciudadanos de un territorio pueden participar en la toma de decisiones de carácter público, sin ningún tipo de funcionarios que intermedie en el proceso, definido en pocas palabras en un sistema de autogobierno popular. Y, por otra parte, el sistema que permitirá el análisis, y que además es la forma de democracia más común en la actualidad, es la representativa, donde la población “elige a los funcionarios para tomar decisiones políticas, formular leyes y administrar programas para el bien público” (Konrad-Adenauer-Stiftung , 2011, p. 4), siendo legítima solo cuando el vínculo entre el Estado y las personas es confiable y efectivo. Este tipo es limitado en el sentido en que la participación tiene poca frecuencia, restringida al acto de votar e indirecta porque no existe ejercicio de poder en sí mismo por parte del público.

Para Robert ^{Dahl (2012}), si bien la democracia tiene limitaciones, como todas las demás formas de gobierno, y no ha llegado a los ideales sobre los cuales fue construida, posee cualidades que la hacen más deseable que cualquier otra alternativa, como la garantía de los derechos fundamentales, un espacio de libertad personal mayor, la protección de intereses fundamentales, la capacidad de autodeterminación, la responsabilidad de la población sobre lo que escoge, el desarrollo humano, un grado importante de igualdad política, y la tendencia a un contexto pacifico, próspero y justo. Por su parte, Amartya ^{Sen (1998}) cree que la democracia no es solo una forma de gobierno, sino un estilo de vida.

Una definición cercana al proceso de análisis es dada por ^{Sartori (1991}), quien afirma que “la democracia es un sistema pluripartidario en el cual la mayoría expresada en las elecciones gobierna en el respeto de los derechos de la minoría” (p. 131). A partir de algunas características descritas, se puede considerar un sistema democrático si “como mínimo posee unas elecciones periódicas, libres, justas y competitivas” (^{Barrero, Abstencionismo electoral en Colombia: Una aproximación a sus causas., 2013}, p.9), donde participe la mayoría de la población calificada para hacerlo, se respeten como mínimos los derechos fundamentales, y existe un proceso de expresión de los intereses de la sociedad. Debido a que el fin último de la democracia es conseguir el consentimiento de los ciudadanos para ser legitima, las elecciones son el medio que los faculta para hacerlo.

Las elecciones constituyen el mecanismo de alumbramiento y sostenimiento del sistema democrático. Y lo son puesto que las elecciones, sobre todo, producen poder. Es más, al otorgar a los representantes elegidos la posibilidad de tomar decisiones, el poder debe nacer de elecciones limpias y transparentes que en verdad lo legitimen. En tal sentido, si la democracia tiene un precio, éste es el costo de celebrar elecciones periódicas. (^{Tuesta Soldevilla, 2004}, p. 153)

Las elecciones son la alternativa más efectiva, directa y barata para influir en las decisiones gubernamentales y los representantes, y esto se debe a tres razones: Desde la sociología, es el método más democrático de participación pues lo hace la mayor cantidad de personas, y el más igualitario pues al ejercer su derecho y su deber de votar, cada ciudadano tiene una sola oportunidad y todos los votos tienen el mismo valor. Desde una perspectiva eminentemente política, las elecciones son el canal más directo para crear un vínculo entre los electores y sus preferencias, y los gobernantes y sus decisiones, legitimando el proceso. Por último, de un carácter meramente sistémico, la conexión que se crea tiene una entrada, el proceso electoral en sí mismo, y una salida, las decisiones que se toman, representadas en políticas públicas, normas, leyes o acuerdos; afectando a toda la sociedad, creando responsabilidad y legitimidad (^{Franco-Cuervo & Flórez Henao, 2009}).

Un proceso electoral debe caracterizarse por ser competitivo, los participantes deben ser libres de expresarse, reunirse y desplazarse lo que sea necesario para exponer sus ideas, opiniones y críticas; periódico, con intervalos establecidos y la existencia del riesgo de destitución; inclusivo, donde se incluya toda la población adulta y responsable; y definitivo, es decir, que no se pueda modificar con facilidad y los escogidos representen lo que los votantes eligieron (Konrad-Adenauer-Stiftung , 2011).

Como principal herramienta de participación con que cuentan unas elecciones se encuentra en el voto, posición que respalda Norberto ^{Bobbio (1987)} al afirmar que es un requisito indispensable para que un régimen político pueda ser reconocido como democrático. El sufragio debe ser de carácter universal, esto quiere decir, que el universo de electores esté compuesto por todos los destinatarios de las decisiones, que estén en capacidad de comprenderlas y que concuerde con el universo de elegibles. Por supuesto debe ser equitativo, donde cada elector cuenta con un voto exclusivo y tiene el mismo peso que los demás; libre en dos sentidos, primero, sin interferencias o distracciones, con su propia opinión sobre los candidatos, propuestas y programas; y debe existir un abanico de opciones para que cada uno reconozca su orientación política y pueda decidir por ella (^{Bovero, 2012}).

La participación electoral se puede analizar desde dos visiones, una intrínseca, donde es en esencia un valor fundamental de la democracia, lo que quiere decir que, sin importar los efectos, consecuencias o motivaciones, el hecho de participar es más que suficiente, convirtiéndose en un fin en sí mismo. Esta perspectiva deja por fuera la calidad de los candidatos ni la percepción de los ciudadanos, lo que importa es ir a votar para hacer parte del sistema político. El enfoque opuesto, extrínseco, y preciso para el presente desarrollo temático, tiene en cuenta que la participación es un medio para conseguir un fin, una herramienta para escoger los gobernantes y legitimar el régimen. Aquí se da valor al voto, por permitir la determinación cualitativa y cuantitativa de la opinión ciudadana, y por dar legitimidad al sistema (^{Flórez, 2011}).

Sartori ofrece un resumen preciso para definir la democracia en este caso, que abre el camino hacia la comprensión del fenómeno competitivo: “Es el procedimiento o mecanismo que genera una poliarquía abierta cuya competencia en el mercado electoral atribuye poder al pueblo y específicamente impone la responsabilidad de los elegidos frente a los electores. Es complicado porque la democracia es complicada” (Sartori, 1991, p. 132).

Dentro de la construcción teórica surge un personaje que representa un cambio en la comprensión de la democracia típicamente definida. John Schumpeter crítica los componentes de la definición clásica del siglo XVIII, la cual precisa que la democracia es un “sistema institucional de gestación de las decisiones políticas que realiza el bien común, dejando al pueblo decidir por sí mismo las cuestiones en litigio mediante la elección de los individuos que han de congregarse para llevar a cabo su voluntad” (Schumpeter, 1983, p. 321).

El autor afirma que no existe una conducta necesariamente racional, y que es aún más difícil hablar de la posibilidad que un número amplio de intereses individuales y contrapuestos puedan llegar a un acuerdo, lo que imposibilita la creación de un concepto como el Bien Común. Para cada individuo ese bien puede significar algo único; y llegando a puntos que beneficien a todos, nunca lo harán en la misma medida y no existirán respuestas definitivas para los problemas singulares, creando un problema de intereses jerárquicos. Por último, el concepto voluntad general solo puede existir si se puede determinar uno de bien común que abarque la posición de todos, y esto es prácticamente imposible, lo que deja sin bases la definición tradicional (^{Rodríguez Arechavaleta, 2007}).

Estas fallas conceptuales se dan por razones que se salen del manejo racional, como que la condición de vida social también trae emotividad a las decisiones, los hábitos y las costumbres condicionan el comportamiento de los individuos, y en múltiples casos, no existe la información completa como para disponer de forma totalmente racional en cuanto a intenciones, alcances y consecuencias. Tras hacer la crítica Schumpeter propone una alternativa en la cual define la democracia como una competencia política, donde los actores políticos se enfrentan de forma regular bajo ciertas reglas electorales establecidas. El sistema no es un monopolio dictatorial, es una lucha oligopólica por la captura de los votos (^{Vidal de la Rosa, 2010}).

La nueva definición precisa que un “método democrático es aquel sistema institucional, para llegar a las decisiones políticas, en el que los individuos adquieren el poder de decidir por medio de una lucha de competencia por el voto del pueblo” (^{Schumpeter, 1983}, p. 343). Con individuo, el autor se refiere a todos los grupos políticos, coaliciones o partidos que tienen un objetivo claro: Atrapar el número de votos suficiente para ganar las elecciones, siendo este el recurso más importante. Y si bien los actores que buscan ser elegidos ven conseguir votos como su principal fin, también es valioso para los electores, pues tienen en sus manos las decisiones de quien toma el poder y pueden controlar cualquier amenaza de tiranía al cambiar sus gobernantes de forma periódica. Esta capacidad limita la dominación, obliga a la alternancia, abre la existencia de libertades y derechos, y la regularidad de las elecciones favorece la división de poderes.

Schumpeter compara el proceso electoral con un proceso empresarial de ventas, donde existen compradores (votantes), que se orientan por su experiencia, conveniencia e influencia de la propaganda. Tras hacer la comparación de sistemas, hace referencia a las debilidades de los principales jugadores en la realidad, pues la disputa no es tan perfecta como podría parecer. Los electores son un público con algunas debilidades como la falta de información sobre la calidad de lo que piensan comprar (elegir), y muchas veces muestra poco interés en conocerlo y se deja llevar por la parte emocional de su humanidad, dejando la racionalidad que debería caracterizar un proceso como este (^{Vidal de la Rosa, 2010}). Y en la práctica, los actores políticos (partido y movimientos), no salen mejor librados, pues al ser su fin último alcanzar el poder, se pueden definir como maquinarias que no necesariamente mantengan los principios con los que fueron creados y que gobiernan sus decisiones.

Llega a la conclusión que la democracia es el conjunto de reglas que “garantizan un arreglo general para generar y legitimar el liderazgo, asegurando un control eficaz sobre el poder político optimizando tanto los riesgos externos como los costos de las decisiones y manteniendo un respeto estricto a la pluralidad” (^{Gil Carbó, 1997}, p. 40), pero dejando claro que no es un modelo perfecto ni se asemeja a aquello denominado el gobierno del pueblo, pues no existe autorregulación ni bien común. Los actores elegibles mantienen como pretensión principal ganar el duelo por el poder, y el electorado es propenso a los impulsos, cortoplacista, muchas veces considera la política como un mundo lejano, abandonando la responsabilidad y el compromiso con el proceso electoral, y en múltiples ocasiones se deja moldear por todo aquello que escucha, sin confirmar su veracidad. Esta descripción de democracia ofrece un marco de análisis bastante preciso para la realidad colombiana.

El sistema democrático electoral en Colombia

Samuel ^{Huntington (1994}) afirma que Colombia recibió la democracia en la denominada segunda ola, que tuvo lugar tras la Segunda Guerra Mundial. Durante las elecciones que se realizaron entre 1946 y 1950 se instauraron gobiernos elegidos por el pueblo y las elites decidieron introducir instituciones democráticas duraderas. Generalmente se habla de Colombia como el país con la democracia más estable de América Latina, esto debido a que mientras durante las décadas de los sesentas y setentas, en los demás países se establecían dictaduras, en el territorio colombiano se mantuvieron elecciones. Y con el fin del proyecto del Frente Nacional se llegó a la libertad de participación más amplia conocida hasta el momento.

Dentro del Estado colombiano, las entidades electorales se crearon para ser independientes administrativa y financieramente de las demás ramas del poder político, y tiene como objetivo “garantizar la legitimidad, transparencia y efectividad del proceso electoral” (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2016). Según la Constitución Política, las dos instituciones que tienen a su cargo la realización de las elecciones el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional. El primero se encarga de regular, inspeccionar, vigilar y controlar todas las actividades de los partidos políticos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos. La Registraduría se enfoca en la dirección y organización de las elecciones con la ciudadanía, se encarga de registrar e identificar a las personas en capacidad de votar (^{García Villegas & Revelo Rebolledo, 2010}). Ambas entidades trabajan en conjunto para llevar a cabo las elecciones de la manera más limpia posible.

Un buen método para comprender cuál es el impacto de la democracia en Colombia, el valor que puede tener y su calidad, es lo que la ciudadanía llega a percibir. Si la democracia se define por la participación de las personas, las razones por las cuales lo hacen o dejan de hacerlo es un recurso muy valioso para entenderla: “La democracia sostenible solo puede valorarse si quienes se ven afectados por su práctica diaria son las personas que finalmente juzgan sus fortalezas y debilidades, y que son ellos quienes determinan las áreas prioritarias para la reforma” (^{Beetham, Carvalho, Landman, & Weir, 2008}, p. 9).

En Colombia se hacen encuestas de forma recurrente para recoger las percepciones de las personas frente a las principales características de la democracia en el país. Para 2015, el 64% de los colombianos piensan que la democracia es la mejor forma de gobierno, el 52% apoya el sistema político que se está implementando en Colombia, y tan solo el 46% considera que debe haber garantía a los derechos políticos de todos los connacionales. Uno de los valores más preocupantes es el nivel de satisfacción de los colombianos, para 2015 solo el 47% se encontraba satisfecha o muy satisfecha con la forma en que funcional la democracia en Colombia (^{García, Montalvo, & Seligson, 2015}). Y para 2017, el 11,5% se mostró muy satisfecho, el 34,5% no se encuentra ni satisfecho ni insatisfecho, y el 50% dice estar muy insatisfecho con la democracia en Colombia (DANE, 2017).

En los últimos 20 años, el potencial electoral en Colombia ha aumentado sustancialmente. Según la Misión de Observación Electoral. Mientras en 1998 habían habilitados 20.857.801 de personas para votar, en 2010 llegaban a ser 29.983.279 (^{Jimenez & Forero, 2010}, p. 5) y en las últimas elecciones presidenciales se calculaban cerca de 33 millo nes. Pero a su vez, mientras incrementaban los potenciales votantes, también lo hace la abstención: En 1998 era de 48%, en 2010 era de 51% y para 2014, alcanzó el sesenta por ciento (El Tiempo, 2014).

Siendo el voto el factor decisivo para categorizar la democracia dentro de la teoría competitiva, es importante descubrir cuales son las principales razones por las cuales las personas votan en el país. Sobre la intención, el 59,2% de las personas afirma que siempre vota, el 24,7% a veces vota y el 16% nunca lo hace. Las principales razones por las cuales votaron son: para ejercer el derecho y el deber ciudadano a opinar y participar (88,3%), para que la situación del país mejore (78,4 %) y por costumbre (44,8 %) (DANE, 2017). Las personas afirman que el principal motivo para elegir por quién votar es el programa de gobierno (41,8%), a continuación, se encuentra la inclinación ideológica del votante (30,7%) y en tercer lugar está el candidato (16%) (^{Rivera Aya & Suárez Báez, 2017}).

La confianza en las instituciones también es determinante en el comportamiento de los votantes. El actor en el cual hay mayor confianza son las Fuerzas militares con un 40%, le siguen entidades como la Registraduría Nacional (33%) y la Defensoría del Pueblo (31,3%). Los últimos lugares los ocupan los Jueces (17,2%), el Congreso de la República (16,6%); y en la última posición están los partidos políticos con un 12,1% de confianza (DANE, 2017). Esto ha hecho que la competencia por conseguir votos sea aún más ardua pues apenas más del diez por ciento de la población aún cree en la transparencia de los partidos.

Dentro de la teoría de la democracia competitiva, siendo esta bastante realista y en muchos casos utilitarista, el contexto colombiano se ajusta en gran medida en la competencia de los actores políticos elegibles, y en el desinterés y desconfianza de los votantes. Según el DANE, en la encuesta de Cultura Política de 2017, casi el 60% considera que los ciudadanos participan en las elecciones siempre y cuando se vean beneficiados de alguna forma, el 46% de las personas que no votan opina que los políticos son corruptos, el 44% afirma que los candidatos solo prometen para conseguir votos, pero no cumplen y el 43% no tiene interés en la política.

El 82,4% afirma que a los políticos solo les interesan los votos y no las necesidades de la gente, solo el 29,3% considera que Colombia es un país democrático, el 55,6% medianamente democrático y 15,1% ven el sistema político como no democrático (DANE, 2017). Estos datos son importantes por el alto nivel de desconfianza de los votantes, y los crecientes, y en algunos casos indebidos, métodos usados por los políticos para conseguir su recurso más importante, desencadenando en las debilidades de la democracia en Colombia.

Debilidades de la democracia en Colombia

Para hablar de este tema, es necesario hacer una primera claridad, la cual hace referencia a la especificidad de la identificación de las mismas; es decir, al vivir una realidad particular y en un contexto especifico, estudiar el comportamiento electoral exige acondicionar las variables y particularidades del país, las cuales pueden tener semejanzas con la realidad de otro Estado y pueden guiar su análisis, pero a su vez, algunas diferencias, que caracterizan el entorno nacional y lo hacen único. Si bien Colombia pareciera cumplir con los requisitos básicos de una democracia definida de la forma más sencilla posible (elecciones periódicas, voto universal, libertades básicas), aún existen prácticas que cuestionan el carácter abierto y pluralista de las elecciones, desestiman la influencia de las votaciones en las decisiones del gobierno y menoscaban la calidad de la democracia (^{Medellín Torres, 2014}). En este caso se han identificado cuatro falencias que hacen que la democracia en Colombia no funcione como debería: El abstencionismo, la falta de legitimidad, la corrupción y la violencia.

Abstencionismo

Este fenómeno se puede definir como la decisión de los electores de no asistir a las urnas, es decir, no ejercer su derecho y deber de votar (^{Torres Espinosa, 2013}). Dos teorías explican el comportamiento del votante colombiano, que, aunque parezcan contradictorias, se adaptan al comportamiento competitivo de la democracia. Desde la teoría psicológica, surgen los vínculos afectivos con la política, desarrollados en un proceso de socialización; pues a partir de los sentimientos y valores, las personas crean una identidad. El enfoque de elección racional el voto se decide tras un cálculo costo-beneficio a partir de la evaluación al contexto político, y en muchas ocasiones se encuentra influenciado por las coyunturas económicas y políticas, los candidatos y los temas que estos escojan como bandera de campaña (^{Del Valle, 2009}).

Las teorías explican un comportamiento interesado del elector, buscando cual puede ser el beneficio que obtenga a la hora de votar y un votante se deja influenciar por los constantes cambios de una realidad tan convulsionada como la colombiana. Y cómo la emocionalidad puede polarizar las voluntades de las personas. La teoría racional explicaría que, al no ver cambios ni progreso en su entorno, los colombianos prefieren no ejercer su derecho; y los afectos hacen que esa misma repulsión por la clase política, los haga desistir de acudir a las urnas.

En Colombia, el abstencionismo podría clasificarse como apático, el cual deja de votar porque le es indiferente el proceso político, no votan porque prefieren la ley del mínimo esfuerzo, consideran que su voto no va a tener ningún efecto, no creen en las instituciones, no ven progreso, y definitivamente desisten de participar. Cabe mencionar el ausentismo, que muchas veces se categoriza como abstencionismo también, pero no es lo mismo, pues en este caso, las personas dejan de votar por causas de fuerza mayor que les impiden hacerlo como no registrarse en los plazos prudentes, no hay puestos de votación cercanos, se encuentran en el exterior, desastres naturales, inexistencia de infraestructura, en pocas palabras, no hay acceso al sistema electoral (^{Franco-Cuervo & Flórez Henao, 2009}).

Es más fácil ubicar a los colombianos en la primera categoría, pero a final de cuentas muchas veces no se hace esta división, y simplemente se les clasifica a todos como abstencionistas. Si bien no votan, estas causas exigen otro tipo de análisis y respuestas, donde se garantice el derecho al voto, no es una decisión del sufragante, por lo tanto, para este análisis, estos no se tendrán en cuenta. Sin embargo, por la razón que sea, no ir a votar se ha convertido en uno de los principales problemas para la democracia moderna (^{Barrero & Batlle, 2015}), pues como andamiaje electoral es necesaria esta participación, ya que sea por voluntad propia o por razones de fuerza mayor, no hacerlo deja sin piso al denominado gobierno del pueblo.

Colombia es un país con un promedio de abstención muy alta comparada con América Latina, pues se ha mantenido entre el 50 y 60 por ciento; mientras que la media latinoamericana es de 26%, llegando a casos como Brasil con 20 y Uruguay con apenas 10% de abstencionismo (^{Torres Espinosa, 2013}). Esta situación se ha convertido en un rasgo característico de la cultura política del colombiano; no votar es algo regular, hasta podría llamarse normal, las altas cifras ya no alarman ni sorprenden, hace forma de la realidad del sistema político.

Participar es una decisión propia, la constitución cataloga el voto como un deber y un derecho, y, según los datos, la principal razón para no ejercerlo es la falta de interés y la desconfianza. Las personas, “a raíz del clientelismo y la vinculación de algunos actores políticos con grupos ilegales han usado la abstención, como un mecanismo de protesta frente a la poca representación que sienten por la clase dirigente” (^{Pérez Munera, 2016}, p. 163).

La abstención electoral en Colombia se puede ver desde dos perspectivas: Como un problema para la democracia donde los ciudadanos no pueden influir en las contiendas electorales con su voto, de premio o de castigo. Una nueva categoría sería hablar de no votar como acto de crítica, un método de participación no convencional, una forma de protestar ante la falta de opciones diferentes a la élite política que ya se conoce y a la ineficacia de las instituciones (^{Torres Espinosa, 2013}). Esta última aún no puede confirmarse, sería afirmar que existe una decisión política por parte de la ciudadanía, y los colombianos no han demostrado que la participación les importe tanto como para actuar de tal forma.

Desconfianza y Falta de legitimidad

El principio de legitimidad democrático está fundado en el reconocimiento de la soberanía popular, de modo que es el pueblo soberano el que elige sus representantes y le delega sus poderes a fin de promulgar o aplicar las leyes. Para las democracias es fundamenta también el principio de elección, es decir, que los representantes de la soberanía habrán de ser designados por el pueblo en elecciones libres siguiendo la regla de la mayoría. (^{Martínez Ferro, 2009}, pg. 204)

Podría considerarse que la poca legitimidad del gobierno colombiano se desencadena del abstencionismo, ya que un gobierno democrático, donde las mayorías no participan, no tiene respaldo. Pero este es un problema en sí mismo, los colombianos no confían en su gobierno, no creen en su sistema político, y deslegitiman la estructura democrática, haciendo que los partidos, las entidades políticas y electorales tengan que esforzarse más por generar un vínculo honesto y transparente, y conseguir que la sociedad participe: “Los procesos electorales constituyen una fuente de legitimación de las autoridades. La legitimidad política puede entenderse, en términos generales, como la aceptación mayoritaria, por parte de los gobernados, de las razones que ofrecen los gobernantes para detentar el poder” (^{Crespo, 2013}, p. 19)

La legitimidad justifica el poder político, reconoce el ejercicio de este y se lo otorga a quienes están interesados en ostentarlo (^{Rúa Delgado, 2013}). En Colombia, si bien no hay datos que establezcan específicamente los niveles de legitimidad del gobierno, es posible construir una visión de esta a partir de los altos niveles de desconfianza y desafección política, sobre todo con las principales instituciones relacionadas con la temática electoral y quienes poseen el poder: los partidos políticos y el Congreso de la República.

Las encuestas demuestran que el 66% de la población cree que la propaganda influencia mucho la decisión, pero más del 90% cree que la información que se entrega es manipulada por las campañas, y el 70% desconfía de los programas de gobierno y los considera muy poco transparentes (^{Rivera Aya & Suárez Báez, 2017}). Existe una crisis de los partidos que forja un descontento general debido a una sensación de insatisfacción y desconfianza, lo que por supuesto afecta la institucionalidad y que tan legitima es, además se puede ver una alta fragmentación de las opciones y por supuesto de las opiniones, hoy la polarización es absolutamente evidente (^{Ochoa Villa, 2015}). La legitimidad es uno de los criterios más débiles y que además requiere respuestas desde todos los frentes porque la obligación es convencer de nuevo a la ciudadanía que la democracia funciona, y es el mejor sistema.

Corrupción

Probablemente la palabra que más se escuche en este momento y puede ser la debilidad más grande en el sistema democrático del país. La corrupción se puede definir como:

La subordinación de lo público en favor de intereses privados privilegiados y excluyentes que han adquirido poder político, económico, cultural y social, de maneras tanto legítima como ilegítima, y sin que se produzca una adecuada retribución a la sociedad por parte de éstos como contrapartida al usufructo de su excepcional condición en la estructura social. (^{Garay, 2003}, p. 55)

La corrupción se puede presentar en una gran variedad de formas en una democracia electoral. Probablemente uno de los actos de corrupción más conocido sea vender el voto durante las elecciones para adquirir algún recurso necesario para las familias o por algún interés que puede suplir el candidato si es electo (^{Medellín Torres, 2014}). Pero por supuesto esta no es la única. Existe falta de independencia entre las autoridades electorales y los partidos políticos, ya que estos se encargan de escoger los líderes de las instituciones encargadas de las elecciones, específicamente al Consejo Nacional Electoral, y hacen que en muchos casos no exista una garantía efectiva de la transparencia e imparcialidad en tiempo de contienda (^{García Villegas & Revelo Rebolledo, 2010}).

Por otra parte, con la llegada de cada proceso electoral, sea presidencial, legislativo, o de autoridades locales, se presentan irregularidades tanto en época preelectoral y electoral, que pueden ser clasificados como actos de corrupción. El primer momento comprende desde la apertura de la inscripción de cédulas hasta un día antes del inicio de la inscripción de candidatos. Durante este periodo las irregularidades se concentraron en dos grandes grupos: publicidad extemporánea e inscripción irregular de cédulas. Aunque existe regulación sobre las fechas para iniciar actos de propaganda, alrededor del país se empieza anticipadamente con los actos de publicidad que generan desigualdad en la contienda electoral y trasgreden las reglas de financiación, pues estos recursos pueden no llegar a ser reportados ante el Consejo Nacional Electoral. Respecto a la inscripción irregular de cédulas, en muchos casos se puede percibir el aumento sustancial en municipios diferentes a donde se reside. En el segundo momento entre la apertura de inscripción de candidatos, y los siguientes tres meses antes de las elecciones, se repiten las denuncias sobre movilización de votantes. Por supuesto reaparece la compra de votos, a través de ofrecimiento de dadivas, bienes o insumos; y para completar el panorama de corrupción se reporta la intervención en política de funcionarios públicos quienes usan su posición para presionar y hacer campaña política (^{Mancera Morales, 2016}).

La Misión de Observación Electoral es una institución que durante los últimos años se ha enfocado a supervisar el comportamiento electoral y ha identificado un número importante de irregularidades que pueden llegar a desestabilizar el proceso electoral. Estas son la coerción al voto, la falta de transparencia en publicidad, las anomalías en inscripción de cedulas, de autoridades electorales, de funcionarios públicos, falta de calidad en los candidatos, riesgos de seguridad, fallas en el escrutinio y los excesos en el financiamiento de las campañas electorales (^{Mancera Morales, 2016}).

En el último informe hecho por la Misión de Observación Electoral (2017) sobre las elecciones de 2018, se identificaron riesgos importantes como las inquietudes en el proceso de recolección de firmas, pues existen 186 comités con esta intención, pero no hay un proceso de rendición de cuentas sobre su financiación y composición, se repite el fenómeno de la publicidad ilegal, entre propaganda anticipada y consultas partidistas, se crea una desventaja para los candidatos ya establecidos. Según lo informado por la Registraduría Nacional, los problemas de inscripción de cédulas se mantienen, el promedio nacional es de 11 inscritos por cada mil habitantes, y existen municipios con un promedio de hasta cinco o diez veces más personas habilitadas para votar, lo que crea un riesgo muy alto de comisión de ilícitos. Por último, pero no menos importante, debe haber responsabilidad y presión para generar los informes sobre recursos gastados desde hace meses.

Violencia

Por supuesto este factor no puede quedar por fuera, la historia de conflicto ha acompañado a Colombia casi desde su nacimiento como Estado, y de los episodios más fuertes que se han vivido han sido por razones estrictamente políticas. Si bien se firmó el acuerdo de paz, aún no se ha dado inicio en forma a las herramientas para dar por terminado el conflicto; y, por otra parte, se mantiene un número importante de actores insurgentes que por supuesto desestabilizan el contexto nacional.

Los colombianos ven la inseguridad cono un tema desequilibrante. Los altos niveles de criminalidad están directamente asociados con menores niveles de consolidación democrática. La delincuencia no sólo afecta a la seguridad de los ciudadanos, también el desempeño y la confianza en las instituciones y la estabilidad política del país. Muchas veces esta sensación de miedo constante lleva a los ciudadanos a infringir la ley o impartir justicia por mano propia, en un intento por superar su insatisfacción con estas instituciones clave para toda sociedad (^{Montoya & Pizzolitto, 2015}, p. 37). Continuando con esta línea cívica, existe una cultura altamente intolerante, pues la convivencia ciudadana es frágil, y en un momento tan polarizado como el actual, hasta expresar sobre la intención de voto o la ideología política puede ser causa de actos violentos.

Respecto a la violencia política durante los periodos electorales se presentan actos violentos como asesinato selectivo y sistemático de líderes políticos, sociales y de opinión, el cercamiento a ideologías políticas distintas a las tradicionales y la coerción a la libre participación electoral por la presión de grupos armados y por el miedo de manifestar las preferencias políticas; han alejado a los votantes de las urnas (^{Torres Espinosa, 2013}).

La exclusión social que surge del alto nivel de desigualdad económica y social del país, la falta de oportunidades, de ingresos, de conocimiento y de posibilidades de desarrollo, constituyen factores limitantes del desarrollo y la democratización. Además, las prácticas ilegales que se han venido reproduciendo tras la cultura de la guerra y el narcotráfico (^{Garay, 2003}); son indiscutiblemente características que debilitan y disminuyen la democracia y el interés en participar; haciendo que los procesos electorales y políticos en el país aún sean muy frágiles.

Democracia en Bogotá

Bogotá es un caso atípico de la democracia electoral en Colombia y podría ser el mejor caso de estudio para la aplicación de la teoría competitiva, esto se debe a que la capital del país representa el 16,2 por ciento del total del censo electoral nacional (^{Madariaga Reales, 2016}) con un potencial electoral de 5’731370, más de 600 puestos de votación, 13 mil mesas y el punto con mayor número de inscritos para votar en el país. Ningún otro municipio, distrito ni departamento tiene un proceso electoral similar.

La capital del país representa las abismales diferencias y desigualdades que existen entre la población nacional. En Bogotá, el 18,08% es estrato 1, el 40,04% es estrato 2, el 30,82% es 3, el 6,21% es 4, el 2,64% es estrato 5 y la menor proporción es el estrato 6 con 2,21% (Alcaldía de Bogotá, 2017). Casi el 90 por ciento de los habitantes en Bogotá se encuentran en situaciones socioeconómicas inestables y en muchas ocasiones en posición de necesidad.

Estas cifras permiten dimensionar lo que significan las elecciones en Bogotá. Un caso muy especial a la hora de estudiar la democracia (^{Madariaga Reales, 2016}). Si bien no responde a la generalidad del país en temas económicos y poblacionales, no se puede afirmar que el proceso electoral es más transparente, avanzado o equitativo, es más se puede identificar los mismos problemas que en la democracia del escenario nacional.

La ciudad tiene dos características que la hacen un caso especial y muy enriquecedor al ser analizado. En primer lugar, Bogotá es una ciudad receptora, tiene una carga social de ser de todos y no ser de nadie (^{Pérez Munera, 2016}), por lo tanto, se encuentra en un proceso de constante crecimiento, lo que desencadena en el segundo factor, la desigualdad. Al ser un territorio tan amplio, no están dadas las condiciones para tener las mismas oportunidades, tanto a los bogotanos, como a quienes llegan a buscar una mejor calidad de vida. Si bien se han hecho esfuerzos para mejorar la situación, la línea de pobreza se mantiene y ha incrementado la brecha entre ricos y pobres, reflejado en las cifras.

En Bogotá existe una situación de exclusión, en la cual las personas en condiciones económicas desfavorables se mantienen alejadas de las decisiones sociales, desencadenando un nivel de abstención alto que llega a un promedio del 50% (Redacción El Tiempo, 2015). En Bogotá se ha identificado que una de las principales causas por las cuales los ciudadanos se abstienen de votar, es por tener menores índices de escolaridad, por lo tanto, sus oportunidades de informarse e interesarse en los procesos políticos disminuye y desisten de participar (^{Pérez Munera, 2016}).

Además de lo anterior, también existe gran desconfianza en la clase política y en el gobierno local. En muchos casos se tiene la percepción de que en las campañas de Alcaldía, Concejo y Juntas de Acción Comunal se mueven maquinarias clientelistas que buscan transferir votos de una a otra a cambio de favores políticos, y que se intensifica con la alianza de candidatos, el accionar de los líderes de los barrios, las irregularidades y las prebendas (^{Novoa Guáqueta, 2016}); esto hace que no existe identificación ni apego a una idea política o a algún movimiento, deslegitimando las instituciones electorales, convirtiendo las elecciones en un fenómeno mucho más que personalista que programático (^{Angula Amaya, 2015}).

No se puede asumir que Bogotá sea un espacio libre de violencia y exista autonomía plena de accionar electoral. Si bien fue hace poco más de dos décadas y es un caso extremo, el caso de la localidad de Sumapaz donde no hubo participación para escoger alcalde mayor debido a “insistentes presiones ejercidas por actores armados” (^{Barreto Rozo, 2010}, p. 69) debería dejar lecciones para atender zonas deprimidas de la ciudad donde la situación socioeconómica es problemática. Actualmente, en la ciudad existe un número importante de lugares de votación comprometidos, con alerta de riesgo. De 611 puestos de votación, 128 presentan algún tipo de amenaza electoral, 11 se encuentran en riesgo extremo, 33 en alto y 84 en medio (^{Madariaga Reales, 2016}).

Los casos más críticos son los de Sumapaz y Ciudad Bolívar, de las localidades más lejanas y desprotegidas. Sus porcentajes de puestos en riesgo son superiores al 50%. En Sumapaz, el 100% de los puestos de votación está en riesgo (cuatro puestos de votación). En el caso de Ciudad Bolívar del total de 48 puestos de votación están en riesgo 31, es decir, el 65%, y con los 9 puestos de riesgo crítico en la ciudad (^{Madariaga Reales, 2016}). Los riesgos incluyen corrupción con la inscripción de habitantes que no residen en el lugar, además de acto ilegales y de violencia, lo que podría estar relacionado con prácticas de manipulación de la voluntad y el voto del electorado

Las irregularidades reportadas por la ciudadanía el día 25 de octubre de 2015 señalan la posible existencia de fenómenos que inciden en la intención de voto de la ciudadanía bogotana y podrían implicar cuestionamientos sobre el desarrollo democrático, libre y trasparente de las elecciones. Los reportes dan cuenta de diferentes formas de fraude electoral, prácticas de manipulación del voto e irregularidades en la función pública y administrativa. Entre otros datos representativos al respecto, se encuentran que hubo 25 reportes relacionados con compra y venta de votos, 45 reportes relacionados con publicidad electoral en los puestos de votación y 31 con fallas en los procedimientos electorales. (^{Madariaga Reales, 2016}, p. 20)

Se puede identificar que en Bogotá también hay corrupción, abstención, falta de legitimidad a las autoridades y actos de violencia; que perjudican la estabilidad y el desarrollo de los procesos democráticos, donde el electorado ve la política como una esfera lejana de su realidad y que no mejora su situación. Y por supuesto con el mayor caudal electoral (Semana, 2017), Bogotá es un escenario clave para los actores políticos, candidatos, partidos y movimientos.