Exterminio abate ahora sobre comunidades indígenas

Ahora bien, es de recordar lo que ocurrió en la última Minga Indígena en el Cauca (2019), un fuerte paro que centró su fuerza en una de las vías más importantes del país: la Panamericana. Esta Minga, puso en jaque al Gobierno de Ivan Duque, quien no cumplió la cita final acordada y prometida como punto de cierra de dicha movilización Indígena y que tampoco ha cumplido lo acordado para el levantamiento de dicha movilización (^{Becerra Elejaldo, 2019}).

En el desarrollo de ésta Minga, el país vivió una alta tensión política en la que lamentablemente se elevó un lenguaje racista y de corte feudal, latifundista de sectores del Gobiernos Nacional, como lo hizo Mindefensa por ejemplo, quien afirmó sin fundamento, que la Minga indígena que mantenía bloqueada la vía Panamericana estaría infiltrada por grupos armados organizados (^{Colprensa, 2019}), de senadores del sector político del Presidente como la señora Paloma Valencia, y del propio Expresidente y Senador Alvaro Uribe, jefe del partido político de gobierno Centro Democrático, quien afirmó: “si la autoridad, serena, firme y con criterio social implica una masacre es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta” (^{Semana, 2019}).

Es importante decir que ésta senadora hace parte del Clan Valencia dueña de grandes extensiones de tierras en el Cauca y con una historia de Colonización marcada por un largo conflicto por la tenencia de la tierra que los indígenas reclaman como suyas (^{Molano, 2019}), ni que decir de los ingenios azucareros, la producción creciente de Etanol, entre otros intereses de gran calado económico, que requiere de mayores extensiones de tierra para el monocultivo, disponer de fuentes de agua y lo que ello implica, todos intereses que chocan en la región con los reclamos de las comunidades indígenas y negras (^{Mondragón, 2008}).

Otro tanto es la minería de oro, cobre, etc., entre los minerales codiciados para extraer en ésta región (^{Verdad Abierta, 2014}), no siendo poco, se añade el creciente conflicto por la coca que para los indígenas en una planta ancestral y tiene muchos otros usos, pero, para los grupos ilegales es fuente de riqueza ilegal que alimenta los carteles y grupos armados en la región (^{Acevedo Avila, 2019}).

Esta dinámica de exterminio no es nueva

El 15 de mayo de 1903, finalizada la denominada Guerra de los Mil Días en Colombia, luego de la exponsión y los tratados firmados por el General Rafael Uribe Uribe en Neerlandia y el general Herrera a bordo del USS Wisconsin, entre otros, es asesinado el indígena Victoriano Lorenzo conocido también como el General de los Cholos Libres. Asesinato que fue producto de la persecución revanchista del gobierno Conservador, con la aquiescencia y colaboración de dirigentes liberales, contra el ejército Restaurador (^{Cantor, 2013}).

Avanzado el siglo XX ésta historia se repite una y otra vez contra los indígenas, afros, campesinos, y ahora con mayor fuerza, contra el movimiento social. Recordar la violencia infringida contra el naciente movimiento obrero en la conocida Masacre de las Bananeras (^{Torres Giraldo, 2009}) El asesinato del dirigente liberal Jorge Eliecer Gaitan y el ataque al movimiento social campesino que había constituido grupos de Autodefensas Agrarias para defenderse de los ejércitos de terratenientes y de la policía conservadora luego de este se convertiría en las segundas víctimas que se extienden en la historia hasta el día de hoy. Hecho que continuaría con el asesinato de dirigentes desmovilizados de las guerrillas liberales del Llano como Guadalupe Salcedo y Dumar Aljure Moncaleano, bajo montajes judiciales y combates ficticios ejecutados por la Fuerza Pública que hoy conocemos como falsos positivos.

En esta historia extendida de asesinatos, surgen varias insurgencias en Colombia que entre los años 1985-1994 consideran la solución pacífica del conflicto armado era posible iniciando diálogos de paz, y que, como parte de algunos acuerdos, alcanzan la fundación de múltiples partidos políticos y movimientos sociales acogiendo la propuesta de exponsión del Estado Colombiano. Este es el caso de la Unión Patriótica, la Alianza Democrática M19, Esperanza, Paz y Libertad, la Corriente de Renovación Socialista, entre otros. Partidos políticos que vieron asesinados y amenazados sus dirigentes políticos en todos los niveles, desde candidatos presidenciales, hasta miembros de organizaciones de trabajo comunitario.

Este breve recorrido histórico permite evidenciar la lógica de la persecución y el asesinato sistemático contra el movimiento social y popular y contra las formas de participación política que han asumido en diversos momentos históricos grupos armados insurgentes. Se ha promovido una guerra contra todo aquello que se diferencie del modelo económico imperante.

Han sido sistemáticamente asesinados lideres e integrantes de sindicatos agrarios, integrantes de Organizaciones Populares de Vivienda (OPV) como la Central Nacional Provivienda (CENAPROV) que hoy ha sido reconocida como víctima sujeta de reparación colectiva junto con el Instituto Popular de Capacitación IPC (^{Otálvaro, 2017}) y el Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño (Verdad Abierta, 2018)..

Casos que se suman a los denominados casos nacionales de Periodistas, Concejales y Diputados, Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos, Organismos de Acción Comunal y organizaciones como el Partido Comunista Colombiano, la Red Nacional de Iniciativas por la paz y Contra la Guerra (REDEPAZ), la Asociación de Familiares de Detenidos ─ Desaparecidos (ASFADDES), la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC), la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ─ Unidad y Reconstrucción (ANUC UR) (^{Unidad para la Atención y reparación integral a las víctimas, 2019}).

Otro tanto se agrega de las elevadas cifras de Falsos positivos o crímenes de Estado, que incluyen: el asesinato a sangre fría de civiles (pobres) para elevar las falsas cifras de bajas en combate, el asesinato de líderes sociales y el discurso oficial afirmando que se trata de hechos aislados o que fueron asesinados por líos de faldas, por deudas o por ajuste de cuentas etc., también, la incriminación falsa de líderes sociales como participes de delitos, entre otras múltiples estrategias de dilación, distracción, desviación.

Más neoliberalismo: ¿más persecución, militarización y muerte?

Se evidencia una tendencia, a modo de política de exterminio de líderes sociales, derivada de la negligencia, silencio, dilaciones, alto grado de impunidad a la hora de proteger o esclarecer los constantes asesinatos de dirigentes populares, una actitud que no se equipara a la protección de los intereses de grupos económicos y políticos influyentes, no se compadece con un discurso oficial que profundiza un modelo económico que promueve un despojo que abre camino a los proyectos extractivos, agroindustriales y mineros, protegidos si, por batallones. (^{Insuasty Rodriguez, 2019}).

Los índices de impunidad son elevados, la poca protección es evidente, el incumplimiento y silencio del Gobierno de Iván Duque

En su mayoría se asesinan y persiguen líderes defensores del territorio. En campos y ciudades se les estigmatiza con el objetivo de justificar socialmente las muertes bajo la premisa de que “no es bueno poner problema” o ser “problemático” ante un orden establecido injusto e inequitativo como el que impera a lo largo y ancho del país.

El incremento hoy, de las dinámicas de criminalización, estigmatización, señalamiento, persecución y eliminación de toda forma organizativa que dispute escenarios de poder y decisión territorial, nacional, regional y que afecte los intereses político, económico, presente y futuros del reducido sector dominante (empresarios, políticos, mafias, grupos armados), ha sido y sigue siendo la manera como la élite local se comporta para evitar una participación real de sectores populares, organizaciones, comunidades que buscan defender su vida, su cultura, la naturaleza, el agua, la vida y que buscan construir desde abajo modelos sociales, valóricos, economías ajustadas a sus dinámicas, lógicas culturales, etc. Por ende, no es posible hoy, para comprender el retorno del péndulo de la violencia en Colombia, como ejercicio nefasto de la violencia en la política, desligarlo de la forma de dominación económico-político-militar y cultural, que busca imponer un modelo de desarrollo único, hegemónico, global, neoliberal, basado en la acumulación por desposesión, un modelo que beneficia a reducidos sectores sociales.

Conclusiones

No podemos ni debemos ver el crecimiento en la militarización, la criminalización, la eliminación de los movimientos sociales, populares, comunidades afro, indígenas, campesinos, etc., como meros fenómenos desconectados o meramente coyunturales, no podemos verlos de forma aislada, éstos son fenómenos estructurales, intencionados, direccionados, derivados de una modelo impuesto-

Sostener a estos sectores de poder hegemónico, intactos, ha implicado la aplicación de muchísima violencia, una violencia que ha transitado de legal a ilegal, de legitima a ilegítima, apelativos que giran según la necesidad comunicativa de estos sectores.

La expansión del neoliberalismo y la tarea extractiva que nos deja y se institucionaliza aún más en Colombia (^{Díaz Parra, 2019}), no pueden, ni podría verse como un fenómeno aislado de una consecuente militarización de la vida, de lo cotidiano. Ya la historia nos ha demostrado que se trata del modus operandi del llamado “desarrollo impuesto” de países poderosos, hacia países dominados o en vías de desarrollo.

El constante “apoyo militar Norte Americano, ahora Europa con el ingreso de Colombia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la adopción de la nueva Doctrina Damasco, pero dando continuidad a la orientación militar basada en las lógicas de la doctrina de Seguridad Nacional, del “enemigo interno”. Así mismo, la reingeniería del que llamaríamos Paramilitarismo 4G (^{CINEP, 2019}), que se evidencia el aumento de grupos armados muy organizados haciendo presencia y control territorial, da cuenta de la aplicación de la mirada del “enemigo interno” que ahora se suscribe y se amplía hacia los defensores de la vida y los territorios.

Esta militarización de la vida, la cotidianidad, las formas de relacionamiento se evidencian no solo en el crecimiento de los presupuestos militares sino en el incremento de la guerra irregular, el crecimiento exponencial de grupos ilegales, las confrontaciones territoriales, las disputas en y por el control de zonas estratégicas para el desarrollo de los proyectos globales anclados a ejes estratégicos de la economía local, regional con la dominante global, esto va de la mano del apogeo de una cultura proclive a dicha violencia, a su discurso justificador, la construcción de una suerte de sentido común de la barbarie, la muerte y el dolor, una naturalización que permite, avala, secunda con su silencio e incapacidad reflexiva para comprender lo que nos pasa y el por qué nos pasa.

Los vínculos de la militarización con el narcotráfico y el paramilitarismo hacen todavía más complejo el escenario y esta complejidad sirve de excusa para todo tipo de abuso contra la población civil.

Es lamentable, ver hoy, un Ejército más cercano al mercenarismo, un Ejército descompuesto, falto de honor, muy cercano al paramilitarismo reconfigurado, como bien lo señala recientemente el New York Time en un artículo titulado: Falsos positivos 2.0, que puso en evidencia el retorno de una estructura de mando que estimula “cualquier medio” para alcanzar resultados (^{Casey, 2019}).

La militarización es el correlato de la expansión de los grandes capitales en la región. Martín Baró ya nos da una pista de lectura y comprensión de éste fenómeno,

Su objetivo sigue siendo el mismo: la anulación del contrario. Pero los medios han cambiado: el aterrorizamiento generado mediante la eliminación física y la crueldad ha sido sustituido por el amedrantamiento mediante la militarización de la vida cotidiana y el hostigamiento sistemático; y el anonimato impune de los escuadrones de la muerte ha sido reemplazado por el ensalzamiento de los mismos ejecutores de la política represiva. La guerra psicológica constituye así una modalidad de guerra sucia requerida por la nueva fase de la guerra de contrainsurgencia (…) pero su aplicación refuerza, prolonga y, en algunos casos, hasta amplía los graves daños psicosociales del terrorismo propio de la guerra sucia (p.159).

Nos queda un gran reto, lograr tomar conciencia, aunar esfuerzos por lograr un gran pacto social desde abajo, capaz de transformar paso a paso una dolorosa realidad, dar pasos firmes hacia la construcción de la potencia de los posible, de la esperanza, una tarea que nos retorne a lo humano, al sentir-pensar, al encuentro con los otros y otras, un reencuentro con nuestros valores, nuestra historia, nuestras posibilidades, construir lo que somos y podemos ser, rescatarnos como sujetos capaces de transformación, una tarea de todos todas, en colectivo, aportando desde el lugar social que hemos forjado.