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El Ágora U.S.B.

Print version ISSN 1657-8031

Ágora U.S.B. vol.19 no.2 Medellin July/Dec. 2019

http://dx.doi.org/10.21500/16578031.3944 

Artículos derivados de investigación

Experiencias Significativas en Procesos de Construcción de Paz en Tres Municipios del Magdalena Medio Afectados por la Violencia

Meaningful Experiences in Processes of Construction of Peace in Three Municipalities of Magdalena Medio Region, Affected by Violence

Wilson Miguel Salas-Picón1  , Elsa Beatriz Valenzuela-Bonilla2  , Alberto Prada Galvis3 

1 Docente investigador Universidad Cooperativa de Colombia. Medellín, Colombia. Orcid: https://orcid.org/0000-0003-1458-6770 Scholar: https://scholar.google.com/ citations?user=5m4ZUTUAAAAJ&hl=es Contacto: wilson.salas2@gmail.com; Wilson.salas@campusucc.edu.co

2 Docente investigadora Universidad Cooperativa de Colombia. Medellín, Colombia. Orcid: https://orcid.org/0000-0001-6464-5877 Contacto: elsa.valenzuela@campusucc.edu.co; elsa_valenzuela_b@hotmail.com

3 Docente investigador Universidad Cooperativa de Colombia. Medellín, Colombia. https://orcid.org/0000-0002-7326-4256 Contacto: alberto.pradag@campusucc.edu.co; albertopraga08@gmail.com

Resumen

La Paz con Enfoque Territorial, pretende impulsar en el país la vivencia de una paz estable y duradera, bajo la protección del Estado. Sin embargo, las mismas comunidades las que deben intervenir directamente en ese proceso de construcción. La investigación realizada en Barrancabermeja, Puerto Boyacá y San Pablo quiso conocer las propuestas y concepciones de estos territorios con respecto a la paz y la implementación de los acuerdos, e identifica las acciones concretas de las comunidades para la reconciliación, considerando los factores que alimentaron el conflicto y los planes de desarrollo. Estas son algunas experiencias significativas.

Palabras-clave: Comunidad; paz y no repetición; tejido social; participación política

Abstract

Peace with a Territorial Focus in the country aims to promote the experience of a stable and lasting peace, under the protection of the State. However, the same communities must intervene directly in this construction process. The research, which was carried out in Barrancabermeja, Puerto Boyacá, and San Pablo, wanted to know the proposals and conceptions of these territories regarding peace and the implementation of the agreements, and identifies the concrete actions of the communities for the reconciliation, by considering the factors, which fuelled the conflict and the development plans. Here are some significant experiences.

Key words: Community; Peace and No Repetition; Social Tissue; and Political Participation

Introducción

La implementación de los Acuerdos de Paz no es algo circunstancial que surja de la improvisación; todo lo contrario, ha de ser un proceso pertinente que obedezca a todo un plan, con unos programas, unos proyectos, unas acciones y unas estrategias vinculantes que permitan trazar toda una carta de navegación. En ese horizonte, y bajo unas condiciones específicas, se convierte en una oportunidad irrechazable para el país y para la ciudadanía en general.

Para ese propósito, se requieren instrumentos que la hagan efectiva. Es por eso que el gobierno nacional promulgó el decreto 893 del 28 de mayo de 2017, constituido en un programa de transformación integral del territorio con preponderancia de lo rural. Este decreto está dirigido a implementar lo que se ha denominado la Paz con Enfoque Territorial (Carvajal, 2017), con base en acciones concretas en los territorios más afectados por el conflicto armado, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional. Además, busca sentar las bases para la transformación estructural del campo con incidencia en la ciudad, crear condiciones de bienestar para la población rural, proteger la riqueza pluriétnica y multicultural; promover la economía campesina, integrar a las regiones afectadas por el conflicto armado, fortalecer las organizaciones comunitarias y convertir al campo en escenario de reconciliación. Se trata de liberar a las zonas que fueron testigos de la guerra de los efectos que las convirtieron en víctimas y sean, por fin, zonas de paz, para que sean escenarios de diálogo y concertación y sus poblaciones puedan gozar de derechos, de inclusión social y de desarrollo territorial.

Esta tarea conceptualiza que la paz no se construye desde un escritorio, desde decisiones verticales de arriba hacia abajo; la paz es el resultado de la disertación popular y las discusiones colectivas; es el producto de los acuerdos que se originan en la voluntad real de las comunidades que aspiran a transformarse interiormente y aspiran a cambiar las condiciones sociales en sus territorios hasta alcanzar las garantías de derechos que proporcionen beneficios a toda la población.

Para ello será necesario que las regiones definan sus aspiraciones, sus características y sus visiones en relación con las nuevas tareas que les corresponden como colectivos que se deben movilizar para asumir los desafíos que la situación de transformación les imponga. En los nuevos escenarios de paz, son los líderes comunitarios los ejes centrales de las acciones tendientes a lograr la reconciliación, a fortalecer la administración territorial y a profundizar la democracia a partir de la participación de todos. Son actuaciones diferentes para un nuevo concepto de región y para cumplir con el objetivo fundante del enfoque territorial y diferencial para la consolidación de los tejidos sociales.

El actor territorial relevante invocado son los grupos sociales diversos, ocasionalmente sus organizaciones y las redes sociales y organizacionales agregadas por temas y/o territorios. Esta sociedad civil amorfa y dispersa está llamada a las instancias y momentos en los que se definen proyectos, dentro de mecanismos propios de los programas y estructuras flotantes del nivel central sobre los territorios. El ejercicio culmen de encuentro entre el Estado y la sociedad se basa en la planeación participativa, proceso fundante de los grandes acuerdos que deben lograr canalizar las demandas y aspiraciones sociales. Las entidades territoriales, expresamente los municipios más que los departamentos, son llamados a participar en los ejercicios de planeación y de discusión de programas como un actor más, como parte del paisaje relativamente indiferenciado de múltiples sectores sociales con administraciones locales (Restrepo, 2018).

La paz con enfoque territorial tiene que ver con justicia transicional (Carvajal, 2017), con intervención social en zonas de conflictividad; está unido a la convivencia ciudadana, a la erradicación de los cultivos ilícitos; tiene relación con el fortalecimiento de la sociedad civil y la planeación participativa, con planes integrales de desarrollo y garantías de derechos, entre otras cosas.

Metodología

Por lo anterior, se plantea el presente estudio en el marco de cooperación con REDPAZ, para identificar las propuestas y concepciones que emergen en las comunidades como insumos para la construcción de agendas territoriales, colectivas y comunitarias de paz; con esa intención se analizaron las ideas que tienen las comunidades en torno a la Paz, el Territorio y las razones de fondo que, según su percepción, alimentaron el conflicto armado. Así mismo, se describieron las acciones que desde las comunidades se vienen realizando en la construcción de paz y de reconciliación como insumos a tener presente en la implementación de los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno de Colombia y las FARC.

Finalmente, se identificaron los conflictos sociales y ambientales, de orden territorial generados entre las comunidades y la concepción-planeación Estatal del Desarrollo. Se analizaron qué definiciones le dan a la paz, cómo la ven y cómo la sienten; qué concepciones tienen las comunidades sobre el territorio y las razones que, según sus imaginarios, han provocado y siguen presentes como causa generadora de conflicto.

Resultados

La Situación Problemática

Colombia ha vivido una profunda crisis a raíz de la contienda armada (CNMH, 2015), sin embargo, paralelamente con ese fenómeno, también han sobrevenido iniciativas de resistencia y de construcción de paz desde la sociedad misma. En consecuencia, para hacer una interpretación del problema de la guerra en Colombia, y en particular en los municipios de Barrancabermeja, Puerto Boyacá y San Pablo, habría que analizar esas dos dimensiones: el origen del conflicto, su desarrollo y sus consecuencias, por un lado, y luego, por el otro, las dinámicas que en los territorios se han emprendido con las comunidades para concretar la paz anhelada. Eso requiere una explicación de sus orígenes.

“Alrededor de las diversas explicaciones sobre las raíces de la violencia colombiana hay un sinnúmero de miradas, que van desde atribuirla a problemas partidistas, a la lucha de clases, a la fragilidad de las instituciones políticas, a la injusticia social que incluye la histórica ausencia del reparto equitativo de las tierras, hasta explicarla a partir del derrumbe parcial del Estado, entre otros motivos. Es de señalar que la violencia no ha tenido la misma incidencia ni las mismas manifestaciones en todas las regiones del país, sino que ello ha variado dependiendo del contexto” (González Arana y Molinares Guerrero, 2010, p. 352).

En relación con la segunda dimensión, acerca del rol que vienen desempeñando las comunidades a favor de la paz, hoy en día existen evidencias de cómo éstas se han organizado para orientar sus acciones hacia las metas previstas. De hecho, el presente documento es una sinopsis de las tareas desarrolladas por las comunidades de los tres territorios objeto de estudio, con la intención firme de lograr la reconciliación social.

Para nadie que haya vivido en Colombia, en los últimos sesenta años, resulta extraño el anhelo de la paz, ni tampoco le parecerá insustancial cualquier intento que rompa con la estela de conflictividades histórico-estructurales que marcó profundamente a la nación. Desde esa visión, cobra fuerza el sentido de la paz con enfoque territorial. No puede desconocerse que la naturaleza compleja y multicausal del conflicto armado afectó enormemente al país, adquiriendo una dimensión regional. Es por esta razón que la construcción de paz desde los territorios se hace casi que una obligación de carácter perentorio. Sólo en los escenarios de guerra se pueden determinar las formas de organización necesarias y pertinentes para trabajar de manera autónoma procesos de paz. De ahí que toda investigación que se emprenda para conocer el conjunto de características que adquiere cada región, en el interior de cada persona y de cada comunidad, resulta muy útil para el propósito de la reconciliación, en el ámbito local, regional, nacional e internacional. Ayuda, pues, la academia a encontrar los signos que se constituyen en derroteros para interpretar los contextos, para asumir a cada territorio holísticamente y, de esa manera, lograr referentes que conduzcan, desde el pensar de las comunidades, a verdaderos procesos de transformación sociopolítica, psicosocial y espiritual en cada región.

Se podría decir que existe un denominador común que vincula una variable sin la cual no se entiende el origen de la guerra en el país: el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Este hecho partió la historia de la nación en dos, independientemente que hubieran existido otras situaciones de pérdida de la armonía social y política en tiempos precedentes. El “Bogotazo” marcó el detonante principal de esta historia de odios, de sangre y de polarización. Desde entonces, la guerra se metió en las entrañas de cada colombiano y convirtió al territorio nacional en el centro de desplazamientos forzados, de represión y persecución política y militar; de marginación y pobreza, en tanto que las élites partidistas tradicionales se repartían el país y se apropiaban de la tierra. “Así las cosas, la violencia del país fue entendida como la consecuencia de los avatares inmersos en la construcción democrática de una Nación, cuando tiene que luchar contra diversos grupos que tradicionalmente han ejercido el poder y que gozan de la potestad de inventar estratagemas en contra de la solidificación de una unidad que les impida seguir con sus privilegios” (Zuleta, 2006, p.58).

A partir de ese hecho, se comenzó a fortalecer en el país un modus vivendi, una cultura de exclusión, y un proceso político que imponía un modelo de Estado de hegemonía bipartidista, ya liberal, ya conservador. La mirada estaba dirigida a un botín muy valioso que los mantendría en el poder: el complejo universo del campo; la ruralidad abierta como un caudal de posibilidades de enriquecimiento y un factor determinante de la brecha entre ricos y pobres.

El libro “La Violencia en Colombia” plantea que ésta fue la consecuencia de la acción sectaria e irresponsable de muchos miembros regionales y nacionales de los dos partidos políticos tradicionales que, para defender sus propios intereses económicos y políticos, azuzaron los instintos más salvajes de un “pueblo ignorante” y “vengativo” muy fácil de incitar (Zuleta, 2006). En ese contexto, el crimen cobró una fuerza mayúscula en los campos y ciudades; la mano clandestina comenzó a moverse sigilosamente por los diferentes territorios de la patria y, específicamente en el campo, se apacentó la guerrilla para subvertir el orden establecido. Se diría, entonces, que la muerte de Gaitán aceleró el deseo interno de guerra que crecía en las conciencias y en las mentes que vieron en este flagelo el más lucrativo de los negocios. Ese cambio histórico detonante ha venido recorriendo el país, los campos y las ciudades, trayendo consigo una nueva versión del conflicto: el narcotráfico y las bandas criminales. Se estableció así, como una expresión de la cultura, la dinámica del conflicto armado con el surgimiento y consolidación de los grupos armados ilegales y el impacto que han tenido las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes (Bello Montes, 2008).

En esa realidad, de tensión dinámica de fuerzas en conflicto, el pueblo se ha debatido en la esperanza de una paz tantas veces esquiva, mientras ha sido testigo de masacres, despojo, corrupción y enajenación. No obstante, un sentimiento de resistencia siempre ha estado presente a pesar del terror y el sometimiento. El concepto de movilización social ha sido siempre concebido como una estrategia de defensa de los Derechos Humanos. Así pues, desde los años sesenta, la defensa del territorio y la defensa de la tierra han sido una constante. Ahí está la historia de la ANUC (2000). En la otra orilla, las iniciativas estatales están en relación con los procesos institucionales de la paz, entre los que se encuentran los acuerdos de paz (CINEP, 2004), conocidos desde el gobierno del presidente Belisario Betancur Cuartas (1982-1986), hasta la negociación de los acuerdos de paz de La Habana (2013-2014) (CNMH, 2015), que se adelantó entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Fuerzas Armadas y Revolucionarias-Ejército del Pueblo (FARC-EP), lo que condujo a unos compromisos que están en proceso de implementación, mientras se llevan otras conversaciones con el ELN, con el propósito de alcanzar una paz más sólida y efectiva (Parra, 2014). En principio, las iniciativas ciudadanas y sociales han sido muy importantes por el espíritu de resistencia que ha acompañado su gestión en cada uno de los territorios, en virtud del trasfondo político y diplomático que se encuentra en cada una de sus actuaciones por la defensa de los derechos, lo cual genera una contribución esencial en el marco de las negociaciones institucionales. Por ello, éstas han contribuido a los procesos institucionales de paz desde la denominada diplomacia ciudadana, o diplomacia de vía múltiple, que apoya la diplomacia formal y que incluye, las contribuciones de movimientos sociales y otros actores no gubernamentales (Herbolzheimer, 2004), citado por Parra (2014). La vía ciudadana hacia la paz tiene como estrategia el pacto social y político de la civilidad y la construcción de paz; es un contrato social que se construye desde la sociedad civil sin armas y busca desmontar los determinantes estructurales de la violencia, superarla con democracia y equidad y ofrecer salidas políticas y de justicia transicional a los actores directos e indirectos de la confrontación armada (González Posso, Herbolzheimer & Montaña Mestizo, 2010).

Más allá de las circunstancias mencionadas que rompieron la historia del país en dos, es menester realizar una reflexión sobre el impacto que este fenómeno de violencia ha causado en el tejido social. Un informe de Justicia Transicional expone un número entre 80.00 y 400.000 mil víctimas que ha dejado el conflicto (Arias, 2018) y en solo treinta años de incursión paramilitar se habla de 150.000 víctimas; a partir de esa estadística, se ha observado que las cantidades de muertes se han elevado de manera considerable, lo cual ha desangrado la patria en casi todo su territorio.

Con todo, las relaciones humanas y el ejercicio de los derechos se debilitaron hasta el extremo de que el miedo, en principio, le arrebató la utopía al pueblo colombiano; muchos sueños y esperanzas desaparecieron en medio del silencio. Muchas organizaciones fueron desmembradas y miles de campesinos tuvieron que abandonar sus tierras, huyendo del fragor de los fusiles y de la amenaza de los mercaderes del terror. Además, se debilitaron los vínculos en el interior de las familias, minando ideales y objetivos comunes, a través, por ejemplo, de las desapariciones forzadas de adultos, ancianos, jóvenes y niños que fueron vinculados a la guerra mediante la intimidación y la fuerza armada (CNMH, 2013a). En fin, la seguridad, la alimentación y la vivienda, sufrieron el rigor de una lucha sin cuartel en la cual las consecuencias peores fueron sufridas por miles de inocentes. Los principios de la paz y la convivencia se convirtieron sólo en una esperanza. Aun así, la fe ha permanecido intacta.

La investigación, “Paz con Enfoque Territorial: Prácticas y Percepciones Comunitarias en Tres Municipios del Magdalena Medio. Insumos para una Agenda Social”, se ha ubicado en ese contexto para descubrir e interpretar las relaciones existentes entre ese pasado tan lamentable y lo que han sufrido las comunidades por razones de la guerra; para conocer sus concepciones de paz, identificar las propuestas que hacen para alcanzarla; igualmente, sus visiones acerca del territorio, sobre la planeación estatal y los conflictos que han persistido en cada una de las regiones, los cuales han sido consecuencia de la historia de guerra del país, desencadenada con mayor fuerza entre 1961 y 1989 (CNMH, 2013a), período que da origen a las guerrillas que han persistido hasta el presente, en confrontación marcada con la anti subversión.

Tanto Barrancabermeja, como Puerto Boyacá y San Pablo fueron territorios afectados con creces durante el conflicto armado, con consecuencias de diferente índole que marcaron huellas muy profundas entre sus habitantes, dejando una estela de víctimas que, aun hoy, reclaman una verdadera reparación integral.

La historia de San Pablo cuenta que sus pobladores en un alto porcentaje han sufrido el peso agobiante de la violencia en todas sus manifestaciones. Muchos de ellos tienen diversas procedencias, llegando a este territorio desplazados por la violencia, con la única opción de tomarse algunos terrenos dentro del casco urbano por las vías de hecho. En virtud de esa condición, sufren los rigores de una vida en emergencia humanitaria, debido a las necesidades básicas en alimentación, salud, vivienda, denotando bajos estándares de calidad de vida, por lo cual han tenido que recurrir a la siembra de cultivos de coca para poder mejorar su acceso a bienes y servicios. Otro de los problemas en este municipio es el problema de la tierra, ya por la tenencia, ya por la producción de cultivos ilícitos.

Se evidencia también en este territorio un fuerte impacto de las movilizaciones que se emprenden para reivindicar derechos, al considerar los efectos de la conflictividad social que se vive allí. En tal sentido, la participación social y política es un mecanismo sustancial para exigir garantías de derechos (hay expresiones de solidaridad, asociaciones de campesinos, madres cabezas de familia; asociación de pescadores, de madres comunitarias, entre otras). Entre los derechos que las comunidades reclaman está la posibilidad de gozar de unos servicios públicos domiciliarios con calidad, ya que existen familias que no tienen acceso a la energía eléctrica, al agua potable ni al gas. Otras familias que los poseen sienten que este servicio es precario.

Otras necesidades son un servicio de salud con calidad, una educación que lleve a un desarrollo integral y un manejo adecuado de las basuras, puesto que no existe una cultura ambiental. Finalmente, existe un déficit de vivienda debido a que no se evidencian planes de construcción desde el Estado y, además, porque el flujo de desplazamientos de campesinos aumentó considerablemente por la arremetida de los grupos armados. Estos hechos han ocasionado una expansión de cultivos ilícitos por gran parte del territorio, debido a la falta de una política agraria que dé solución a los problemas de marginalidad económica y social del campesino, generada en parte desde la crisis agrícola de 1992 (García, 2001); el actual sistema de tenencia de la tierra que se inclina por la gran propiedad, es decir, la concentración de pocos propietarios en grandes extensiones territoriales; las migraciones de campesinos hacia las zonas de frontera agrícola como resultado de las luchas territoriales por grupos armados; y las características geográficas del país como la “ubicación a medio camino entre las principales regiones productoras y uno de los mayores mercados” (Thoumi, 2002, p.59), lo cual facilita la siembra, explotación y comercialización de este tipo de cultivo.

En síntesis, en San Pablo, existe una inequitativa distribución de la tierra, municipios con amplias áreas rurales, la dificultad de acceso a bienes y servicios por parte de los pobladores, una escasa presencia del Estado y el aprovechamiento desmedido y apresurado de los recursos naturales (Molina, 2012), reflejado en la contaminación de fuentes hídricas, la disminución de la oferta alimenticia, la tala de bosques y el empobrecimiento de los suelos. En este marco surgen los cultivos de uso ilícito, los cuales se convertirán en una variable influyente dentro de las nuevas configuraciones del territorio, ya que estos afectan directamente a los habitantes de estas áreas y a su relación con los recursos naturales de las mismas, es decir, afecta directamente las relaciones sociedad naturaleza. Como es obvio, este fenómeno trajo violencia consigo. Según las cifras entregadas a la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía por el exjefe paramilitar Rodrigo Pérez, alias Julián Bolívar, confirman que entre 1999 y 2005 el Bloque Central Bolívar tuvo entre sus filas 1.058 muertos, de los cuales 685 fueron sepultados en Santa Rosa del Sur, 210 en San Pablo y 163 en Simití. Según la opinión de Pérez, “estos son los muertos que pudimos recuperar… Este es un ejemplo pequeñito para que usted se haga la idea de cómo fue la confrontación armada en el sur de Bolívar” (Revista Cambio, 2008; citado en Viloria de la Hoz, 2009, pp. 52-53).

. En el plano de las dificultades en el territorio, no se puede dejar por fuera el asunto de la minería ilegal, la cual está en poder de grupos armados ilegales, quienes hacen explotación de los recursos sin planeamiento alguno, con afectaciones graves en el medio ambiente.

A su vez, Puerto Boyacá ha sido escenario de múltiples problemáticas que han merecido la atención a nivel nacional e internacional. Una de ellas ha sido el desempleo galopante que ha aumentado las condiciones de pobreza y que, a pesar de algunas acciones emprendidas por el gobierno local, no ha permitido que la región consiga entrar en un entorno de mejores condiciones de vida. Dada esa realidad, los actores en cada una de las comunidades realizan acciones para instar a la administración pública a que incluyan de manera permanente dentro de la agenda pública la solución a esta problemática. Una de las estrategias para estas solicitudes es el diálogo de concertación entre los actores sociales. La realidad económica y sociopolítica de Puerto Boyacá está enmarcada en un fenómeno denominado la “maldición de los recursos naturales”, que consiste en la paradoja de la abundancia, es decir, tiene muchos recursos naturales, gozando de una gran riqueza, pero tiene un bajo crecimiento económico (Morales, 2012). Esto implica preguntarse cómo las economías que están dotadas de una mayor riqueza natural son las de menor desarrollo, mientras que aquellas que cuentan con escasos recursos crecen a ritmos acelerados. Al respecto, Ross (1999) señala que esto se debe a un tipo de miopía en los sectores públicos y privados, en especial porque no se genera diversificación económica, y el crecimiento económico se basa en la búsqueda de beneficios en el corto plazo.

Otro aspecto de gran preocupación es el relacionado con la desnutrición infantil, fenómeno que está asociado al primero. Existe un alto porcentaje de madres cabeza se familia que no están en capacidad de atender la alimentación de los menores por falta de recursos. De acuerdo con el Plan municipal de Desarrollo (2005-2010), estas mujeres corresponden al 38.2% de los hogares (1.130) en los cuales son las mujeres las que aportan para el sustento diario. Tienen que salir a trabajar y los niños tienen que permanecer en sus casas bajo el cuidado de otras personas que no tienen ni el amor ni la preparación suficiente para atender estos cuidados. Otro agravante es que estas madres de familia no tienen una formación académica sólida; el documento habla de que el 41.71% de estas mujeres no alcanza a tener la básica primaria.

Estos niños crecen y al llegar a la adolescencia se encuentran con un mundo de dificultades que les afecta su interioridad y su incursión en el mundo social, razones que explican por qué el índice de embarazos en adolescentes es alto y por qué aumenta también el número de infractores de la ley en esta etapa del desarrollo. Entre ellos hay mucha debilidad en la comprensión de las responsabilidades que les corresponden ante la vida. Intervienen factores como el entorno socio familiar, las familias disfuncionales, los padres ausentes; una autoridad difusa y permisiva; el maltrato intrafamiliar, entre otras razones. De ahí que se abre la posibilidad permanente de formar parte de situaciones de riesgo como la drogadicción, la prostitución, la participación en actividades ilícitas o, los menos, el ingreso al mundo laboral con empleo ambulatorios (Plan de Desarrollo Municipal, 2005-2010)

Otro problema agudo es el desplazamiento forzado en la región; del cual hay muchas víctimas. Este flagelo se dio por el enfrentamiento entre los grupos armados que ocuparon el territorio y generó un movimiento de entrada y salida de familias que fueron a engrosar los barrios marginales. Esta confrontación se caracterizó como violencia política en cuanto deriva de una cierta debilidad estructural del Estado colombiano y de sus instituciones democráticas, y entendiendo la violencia política como la agresión a la integridad física o moral, o contra un actor político. En el análisis de la violencia política en Puerto Boyacá se pueden señalar algunos factores que normalmente se han venido reseñando como causantes estructurales de dicha violencia: el uso y tenencia de la tierra, la falta de canales de participación política, la ausencia estatal, la guerrilla, las autodefensas, paramilitares y el narcotráfico, entre otros. Estos factores combinados y relacionados entre sí han venido a originar nuevos tipos de violencia y elementos adicionales de inestabilidad a la región de Puerto Boyacá en la década del 80 (Peña Salinas y Ochoa Lanceros, 2008). En esa lucha por la tenencia de la tierra se pueden hallar distintas variables para su análisis pertinente; por un lado, el enfrentamiento entre campesinos y terratenientes, por el otro, el enfrentamiento entre la guerrilla y la empresa industrial Texas Petroleum Company. De otra parte, la intervención del Estado, el paramilitarismo y los partidos políticos. Todos tejieron una configuración que marcó de manera negativa la historia de la población. Todo ello contribuyó a que fuera la violencia el máximo poder en el territorio.

Por su parte, Barrancabermeja no ha sido ajena a esa historia violenta que ha dejado una huella indeleble en la historia de su territorio. Ésta ha sido una de las regiones de Colombia más afectadas por el conflicto armado interno, por lo cual fue declarada zona roja en virtud de la lucha de poderes, Estado, guerrilla, paramilitarismo, consolidándose como centro de lucha y de poder. Quizás, por ser sede de la refinería de petróleo más grande del país, carga en su historia el peso de un pasado violento, lleno de sufrimientos y de sangre; de extorsiones, de secuestros; de reclutamientos forzados, de desapariciones, de masacres y de desplazamientos. Las confrontaciones en el territorio barranqueño causaron un gran impacto en "la vida individual y colectiva de las personas, por la violación de los derechos humanos y el sometimiento a experiencias traumáticas asociadas con la vivencia del desplazamiento forzado" (Alvarado Lozano, 2012, p. 381). La presencia de estos grupos al margen de la ley, durante muchos años, generaron asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, amenazas, destrucción de oleoductos, poliductos, gasoductos y torres de energía, quema de buses, y demás vehículos, de igual forma secuestros y ataques a la Fuerza Pública; se destacan las masacres perpetradas por grupos de autodefensa, pero también los asesinatos y atentados por parte de la subversión armada.

El conflicto armado se apoderó de Barrancabermeja, por ser una región estratégicamente ubicada, llena de riquezas naturales y de una cultura social caracterizada por la lucha de sus habitantes, esfuerzo, resistencia y movilización, Los enfrentamientos entre los grupos armados, la fuerte consolidación de los grupos de autodefensa y las constantes prácticas de “limpieza social”, han generaron en la ciudad éxodos en los diferentes barrios. Como resultado, en las comunidades se han dado siempre hechos de movilizaciones populares, de esfuerzos por la reivindicación de derechos y de mucha resistencia. Si bien es cierto el Estado ha venido desarrollando tareas para ejercer un control en el territorio y ha aprovisionado a las víctimas de ayuda humanitaria, reparaciones colectivas y reconocimiento, también es cierto que existe todavía un gran desequilibrio e injusticia social, ya que existen un gran número de asentamientos que sufrieron la guerra y su condición de desplazados los ha convertido en víctimas de marginación y abandono estatal, por tanto es necesaria la implementación de nuevas estrategias, de políticas públicas, de un mayor acceso a la información y de control, para que las personas víctimas del conflicto armado interno en Barrancabermeja puedan ser reconocidas e identificadas como tal y puedan gozar en un tiempo más expedito de distintos beneficios por su condición de víctimas. Como consecuencia, no hay igualdad en el acceso a bienes y servicios; faltan garantías de derechos y la violación de derechos humanos sigue siendo un problema (CNMH, 2016). Existe todavía un desequilibrio social en relación con el acceso a los mínimos vitales, como el alimento, el vestido, los servicios públicos, la vivienda y la salud, por ejemplo. No obstante, El puerto petrolero y sus pobladores se caracterizan por tener un espíritu emprendedor, una constancia en la reclamación de sus derechos y una fuerza trabajadora, pujante y, sobretodo, de lucha, que se sobrepone a las adversidades. Esa naturaleza es el insumo fundamental para que pueda diseñar y ejecutar acciones concretas que los dignifiquen como personas que buscan la paz con dedicación y esmero.

En síntesis, las problemáticas presentes al día de hoy en cada municipio, en una escala de 1 a 5 -siendo 5 el de mayor relevancia son:

A nivel social

Tabla 1 Problemáticas sociales 

Municipio 5 4 3 2 1
Bca/bja Drogadicción Micro-tráfico Delincuencia Embarazo menores Prostitución Desempleo Drogadicción Salud Educación Suicidio Micro-tráfico Corrupción Prostitución Drogadicción Embarazo menores Inseguridad
Pto Boyacá Drogadicción Salud Violencia Formación Ausencia del Estado Drogadicción Desempleo Desempleo Delincuencia Educación Inseguridad Violencia: modalidades Desempleo Drogadicción
San Pablo Drogadicción Violencia Prostitución Drogadicción Micro tráfico Conflicto armado Delincuencia Abuso sexual Alcoholismo Embarazo: menores Prostitución menores Violencia

Fuente: Investigación propia

Además, son problemas evidentes el aumento de los habitantes de calle, el manejo inadecuado de las redes sociales por parte de los jóvenes; alejamiento de valores, suicidios, violencia contra la mujer.

A nivel ambiental

Tabla 2 Problemáticas ambientales 

Municipio 5 4 3 2 1
Bca/bja Inundaciones Relleno sanitario Contaminación Relleno Tala de árboles Petróleo Rellenos, títulos mineros, basuras (lixiviados), fuentes hídricas Contaminación (basuras, lixiviados, ECP) Rellenos Basuras (rellenos, lixiviados), petróleo, contaminación
Puerto Boyacá Contaminación. Petróleo: río Magdalena Fuentes hídricas: basuras Deforestación Fuentes hídricas Serranía Deforestación Serranía Las Quinches Manejo de aguas Manejo de aguas Laguna
San Pablo Contaminación hídrica/Basuras Contaminación hídrica/ Basuras Contaminación hídrica/Basuras Quema de basuras Contaminación del río

Fuente: Investigación propia

Con esta breve visión retrospectiva de los hechos de violencia en este municipio, se analizarán ahora los aspectos centrales de la investigación.

Resultados y Discusión

Hablar de procesos de construcción de paz con enfoque territorial implica diseñar rutas determinadas, multifacéticas y específicas de acción que reestructuren la vida de los territorios en los cuales se aplican las reformas. Es un trabajo complejo que no es de fácil ejecución. Sin embargo, a esa dificultad se le resta la intencionalidad de los habitantes del territorio, quienes, como actores dolientes del conflicto y sujetos fundadores de nuevas realidades, ponen al servicio de la paz sus visiones y aspiraciones; sus escenarios propios y sus alianzas, así como las formas de poder comunitarios endógenos, para alcanzar la reconciliación y la armonía social. Como es obvio, existen estructuras de dominio y condicionantes externos que podrían intervenir negativamente en los procesos. De todo eso se dieron evidencias en la investigación realizada.

El estudio evidenció el alto compromiso de las comunidades, en los tres territorios, en relación con la búsqueda de la paz y la reconciliación. Tanto en Barrancabermeja, como en Puerto Boyacá y San Pablo, existe un interés creciente por consolidar con sus propias acciones unas estrategias que les permitan vivir la realidad de una paz no muy lejana. Se tiene la convicción profunda de que es a través de las dinámicas internas que se pueden fortalecer como colectivos que construyen territorio, que lo salvaguardan y lo liberan del lastre de la guerra. Hay una claridad máxima sobre sus pretensiones a favor de la armonía social, en las cuales el tipo de relaciones que se propician desde esos colectivos marca una línea de conducta que no tiene discusión en la dinámica de construcción de paz: sólo integrados en común-unión, en marcha participativa y de resistencia, podrán alcanzar una paz estable y duradera. Sin embargo, creen que para ello será necesario que cada uno se reconozca como ser pacífico individualmente, para luego proyectarse en paz hacia los demás. “La paz comienza con uno mismo”, dijo uno de los interlocutores dentro de las discusiones abiertas en el marco de los grupos focales. Este pensar fue reiterado en varias ocasiones por otros líderes en cada uno de los tres municipios abordados.

Luego de esa actitud intrapersonal, es necesario organizarse y plegarse en el seno de otras organizaciones que se convierten en escenarios que no pueden dejarse a un lado dentro de los procesos de consolidación de comunidad en movimiento. Las víctimas del conflicto armado interno encuentran en estos espacios la oportunidad de trabajar la memoria histórica como ingrediente efectivo que los lanza hacia un proyecto de vida distinto al que les tocó vivir durante la guerra. Son las organizaciones las que les permiten reivindicarse en un modelo de democracia participativa que concita voluntades para la construcción de la armonía y el encuentro comunitario. Es mediante el ejercicio colectivo que encuentran las herramientas y las estrategias para reconstruir el tejido social. Únicamente en ejercicios comunitarios pueden repensarse como un nuevo proyecto en cada uno de los territorios; sólo así las gestiones resultan exitosas, ya que el apoyo cooperativo, de cogestión y acción, tiene mayor trascendencia en la medida en que las iniciativas que surgen de las sinergias cobran mayor fuerza y se obtienen mejores resultados, para después pensar en el diseño de formas distintas y estrategias innovadoras que les orienta para ver el territorio con ojos distintos, asumiéndolo como realidad también diferente. Las estrategias de construcción local son alternativas de desarrollo que producen transformaciones socioeconómicas y político culturales endógenas que se consolidan como alternativas de paz (Sevilla Guzmán, 2015).

En esa dinámica de construcción de paz dentro de los territorios, con el concurso de las mismas comunidades, cobra una importancia primordial el hecho de que sean esos mismos colectivos los que visibilicen sus acciones de manera exógena, para recibir el apoyo de la comunidad internacional. Nadie puede negar que las reflexiones y propuestas que surgen desde cada una de las regiones adquieren un sentido particular, unido a la pertinencia, que invita a que otras organizaciones participen también en su rehabilitación, mediante el fortalecimiento económico y de formación a los líderes que ejercen el rol de actores directos de los procesos de paz y que actúan como baluartes del desarrollo local, como contrapoder y resistencia, como opción de vida y como pregoneros de intervención de la sociedad civil. Es menester que esos movimientos se basen en principios sin los cuales la paz no sería efectiva: la promoción y el respeto de los DDHH; la justicia social, con equidad e igualdad de género; el empoderamiento, la apropiación democrática y la participación de todas las personas; establecer alianzas equitativas y solidarias y la promoción de la sostenibilidad ambiental (CCONG, 2016). Como es obvio, no puede pensarse consolidar un proceso de paz territorial sin el concurso del contexto internacional. En todo caso, en las tres regiones trabajadas durante la investigación, hay una apuesta de alto nivel de parte de las organizaciones sociales en la construcción de territorio y acciones comunitarias para la consolidación de la paz.

En el propósito de las comunidades, organizadas como dinamizadoras de los procesos de paz, han encontrado obstáculos que todavía persisten como causas de los conflictos que se vivieron durante la guerra.

“[Es que la violencia no solo la hacen las armas, también la hacen el desempleo, la falta de salud, la falta de una buena educación, que las personas tengan una vida digna.]”.

Para este habitante del territorio la cosa está clara. Mientras persistan muchas necesidades alrededor de estos asuntos, será muy compleja la consecución de una paz verdadera. De eso están convencidas las personas que participaron en el proceso investigativo, en los tres municipios. Opinan que mientras estén desprotegidos por parte del Estado, las causas que alimentaron el conflicto seguirán ahí como impedimento para obstaculizar las acciones que ellos desarrollen para alcanzar la paz. Ven con preocupación cómo los nacientes objetivos del enfoque territorial no se han materializado en las comunidades, por lo que todavía existe desigualdad, vulneración de derechos, inseguridad y corrupción a todo nivel. Creen que si hay insatisfacción de los mínimos vitales no habrá garantías para que este enfoque se operacionalice en las regiones con una dinámica efectiva de control político y social que permita garantizar un modus vivendi en clave de derechos humanos. Eso implica que las comunidades sean actores directos en la planeación estatal, que la inversión social se haga con su consentimiento y vigilancia; que la administración del territorio tenga en cuenta sus imaginarios para el desarrollo de una vida digna para todos. No obstante, su parecer es que, muy a pesar de todo cuanto se ha venido tejiendo desde la firma de los acuerdos de paz, todavía falta mucha voluntad política y se evidencia una des-legitimación de la institucionalidad estatal. Ante eso, fenómenos como la drogadicción, la prostitución, el micro tráfico (que involucra a niños y niñas; a jóvenes) seguirán causando estragos y más muerte, también selectiva. De igual manera, seguirá el problema de la tenencia de la tierra, el derroche y afectación a los recursos naturales y la lucha partidista con ansias de poder dentro de los territorios. De hecho, la desarticulación del Estado con la región, la carencia de garantías mencionadas, la exclusión de las comunidades para la toma de decisiones que les competen y la ruptura entre las políticas y su operacionalización en los contextos se constituyen en óbice para el anhelo de la ciudadanía en general. Así lo expresan sabiamente los líderes con quienes se habló:

“[nosotros en La Habana dijimos que las victimas nos podíamos convertir en pedagogos en el proceso de la paz, solo denos las herramientas y eso, eso no se vio, si nosotros que les hemos puesto dolor y sangre al proceso, asumimos eso y reivindicamos el proceso y estamos de acuerdo con el proceso, queremos hacer ese paso de transición de la guerra a la paz, entonces los que no han sufrido no quieren dar ese paso a la paz, eso es lo que yo me pregunto.]”

“La paz no es sólo ausencia de conflictos armados, internos o internacionales. La paz es un concepto mucho más amplio y positivo que engloba el derecho a ser educado en y para la paz; el derecho a la desobediencia civil y a la objeción de conciencia frente a actividades que supongan amenazas contra la paz; el derecho a la resistencia contra la opresión de los regímenes que violan los derechos humanos”

“[Yo pienso que el Estado colombiano no ha sido capaz de implantar una política clara desde el principio, y vuelvo y repito el tema de los bomberos de los apaga incendios; todas las políticas de indígenas, de las mujeres, de victimas las traza la ONU y Colombia lo único que hace es crear unas leyes para decirle vea ya estoy cumpliendo, pero en la realidad no se está cumpliendo.]”

No puede haber más elocuencia que lo interprete todo, con mejores argumentos, que la opinión propia de las víctimas del conflicto. Para ellos, subsisten todavía las barreras de acceso a la paz. En los tres territorios se han incumplido las acciones gubernamentales trazadas en los planes de desarrollo municipal; perciben que las políticas estatales son reactivas y no preventivas, ya que no están trabajando directamente en garantizar los derechos fundamentales, previendo las estrategias pertinentes para la No Repetición, precisamente porque los líderes comunitarios reconocidos siguen en peligro de muerte y los ciclos de violencia provocados por actores como el narcotráfico, la delincuencia común y las bandas criminales, han tomado una fuerza cada vez mayor, aumentando la deuda social del Estado, el cual se ha quedado corto en la inversión para las clases menos favorecidas. La paz y el posconflicto están contemplados en el PDN (Plan de Desarrollo Nacional). De acuerdo con la ONU, en su documento “Una Agenda de para la Paz: Diplomacia Preventiva, Establecimiento y Mantenimiento de la Paz” al Estado le corresponde identificar algunas tendencias que pudieran facilitar una recaída del conflicto o incluir dentro de sus planes procesos efectivos de control a desmovilizados y sus armas; la remoción de minas antipersonal, asegurar las acciones eleccionarias en los territorios con monitoreo permanente; proteger el medio ambiente y los derechos humanos. No obstante, debe poner en marcha un reto mayor: “reformar y fortalecer las instituciones gubernamentales y judiciales, apoyar la reconciliación de la sociedad y promover procesos formales e informales de participación política” (ONU, 1992, p.4).

A su vez, (Rettberg, 2002), citado por Díaz (2015), propone cinco pilares de la construcción de una paz duradera, los cuales deberían ser considerados por el gobierno colombiano. Los pilares brindan una pauta, la forma específica en la que se materializa cada pilar y, en especial, la secuencia en la que se atiende cada principio, varía de país en país. Éstos consisten en el respeto por los derechos humanos; procesos políticos y económicos participativos. Se incluye también el fortalecimiento de instituciones públicas, el fortalecimiento de sistemas de seguridad y justicia; finalmente, el fortalecimiento de la sociedad civil.

Atendiendo a las consideraciones expuestas, las comunidades se han formulado unas concepciones sobre la paz y unos rasgos. En primera instancia, consideran que ésta es un derecho fundamental de propiedad social que parte de la transformación interior personal hasta conformar un entramado de relaciones multicausales y poli-relacionales que se construyen sobre la base de la alteridad, del reconocimiento del Otro como el Otro-Yo. Todo se fundamenta, además, en un enfoque de derechos y de acción participativa, para la consolidación de los conceptos de democracia, de territorio, de reforma rural y de tejido social. Para las comunidades son rasgos de la paz el respeto por la diferencia, los procesos de reparación integral de las víctimas; el desarrollo de la justicia social y de valores estéticos que se abren a la sensibilidad humana. Así, pues, se parte de un estado de subjetividad hasta alcanzar altos estándares de intersubjetividad.

“[es coyuntural y transversal y es en el sentido, que primero que todo debemos ser tolerantes con el otro a comprender la diversidad, que no todos somos iguales y partiendo de ahí empieza un verdadero proceso de paz porque si yo tolero al otro como es, ya interiormente(hhh) estoy haciendo un proceso de paz ya desde mi interior y es que eso es lo que nos ha perjudicado hoy en día el país se volvió muy reinditerativo (¿???), si tú me hiciste daño yo no te lo voy a perdonar jamás por eso yo he dicho que nuestra violencia o nuestro conflicto se volvió cíclico]”

En segundo lugar, entienden la paz como escenario de corresponsabilidad, o sea, una especie de contrato social a través del cual cada uno de los miembros de las comunidades dan una parte de sí para construir paz, desde dos dimensiones: como un estado ideal y como un estado de obligación que rompa los paradigmas del escepticismo y la incertidumbre; de la indiferencia y de la apatía, las cuales han sido obstáculos en el camino hacia la paz. Así, también, para romper el lastre de ver el territorio como escenario de disputas y dinámicas de poder que lo convierten en focos de violencia.

“[Para mí la paz tiene que ver con resistencia, tiene que ver con visibilizar las voces de diferentes sectores o diferentes opiniones, tiene que ver desde esa diferencia, tiene que ver con mucho movimiento no puede ver una paz estática y desordenada, yo creo que tiene que ver como un acto participativo.]”

Esa dinámica se fortalece en los colectivos. En las fuerzas vinculantes que se ejercen dentro de las organizaciones y que convierten a los líderes sociales en ejes de la transformación de su realidad. Es un entramado semántico que conforma una secuencia de acciones y relatos que se concretan en hechos reales de paz. “Entonces, para realizar un tapiz que abarque las narrativas del mundo que nos antecede y del que queremos crear, necesitamos de la planeación y disposición de los hilos que lo conformarán; cada ciudadano es un hilo que aporta a la forma que tomará ese tapiz. En este sentido, los ciudadanos requerimos una serie de disposiciones (estar dispuestos para introducir una novedad) y de voluntades (el querer) que propicien la acción transformadora, co-creadora (Cogollo Ospina y Durán Palacio, 2015, p.65).

En esa visión y práctica adquiere sentido el contrato social. Se exige de los líderes un compromiso como ciudadanos en el sentido de participar con incidencia en la toma de las decisiones importantes para el bienestar de todos en cuanto son participantes de la autoridad soberana (Rousseau, 1966). Tal como este pensador lo concebía, las personas en las regiones, ante el panorama del cambio, de la paz y la transformación, tienen el deber ciudadano de trabajar con responsabilidad por el país que desea, con incidencia en las generaciones que vendrán. Sin embargo, si existe desigualdad y dependencia en un escenario de posconflicto, el pacto se debilita. Debe existir, por lo tanto, la intencionalidad de los gobernantes de apoyar las acciones populares que buscan el bien común. Así, pues, los ciudadanos tienen la responsabilidad de “hallar una forma de asociación que defienda y proteja la persona y los bienes de cada asociado con todas las fuerzas de la comunidad, y por la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y quede por lo tanto en la misma libertad de antes”. "Tal es el problema fundamental al que da solución el contrato social” (Rousseau, 1966).

Finalmente, están convencidos de que la convivencia pacífica implica una serie de competencias que se desarrollan precisamente con la participación, sea, por ejemplo, la capacidad de curar las marcas, las heridas de la guerra (resiliencia); la facultad de perdonar y de acercarse al oponente con la madurez suficiente para dialogar con él y vencer el odio y el resentimiento. Es menester que las víctimas del conflicto superen las afectaciones de índole emocional, que entren en procesos de resiliencia para que la moral fragmentada se reconstruya en lo personal, familiar y comunitario. Para ello, la memoria juega un papel fundamental, ya que el recuerdo de los hechos que tuvieron que sufrir han de ser reelaborados, para pasar de la experiencia traumática a una experiencia de perdón y reconciliación. En consecuencia, “hay que romper con el síndrome del silencio, la desconfianza y el aislamiento” (CNMH, 2013b, p.263) que se originó a raíz del conflicto, a fin de reconstruir los proyectos de vida. La Cultura Política de Perdón y Reconciliación son una estrategia inminente para generar condiciones reparadoras frente aquellas consecuencias subjetivas que fracturan al sujeto y su tejido social. Así las emociones y sentimientos que dejan los hechos violentos se encuentran frente al perdón como proceso personal, que permite resignificar la experiencia violenta y a partir de ellos lograr una perspectiva nueva sobre la vida, sobre sí mismo y sobre quien le ofendió, y desde esta condición poder acercarse a un ejercicio comunicativo que permita opciones de reconciliación entre la víctima y quien le generó el daño (Duque Montoya, 2014). El objetivo de un proceso de reconciliación está dirigido hacia la capacidad de reconocimiento del rostro humano del otro, a descubrir su dignidad, reflejada en la satisfacción de sus necesidades básicas y en el respeto a sus derechos fundamentales; esto enfoca el proceso no solamente para los actores y víctimas del conflicto, sino que involucra de manera activa a la sociedad en la transformación de estructuras sociales para que se conduzca a una paz sostenible (Lederach, 1998, p.60).

“[Bueno para mí la paz, es una paz integral que recoge todas las necesidades y exigencias desde los habitantes del país porque desafortunadamente aquí (X) la han percibido como si fuera el silenciamiento de los fusiles, eso no es la paz, el silenciamiento de los fusiles es como la cuota inicial del inicio de un proceso de paz integral que es que se cubran todas las necesidades que tenemos los ciudadanos que vivimos en el país de una vivienda digna, una salud, derecho a una educación y una seguridad que no la hay por ningún lado y que no vemos como el gobierno nos va a garantizar esa seguridad.]”

En el marco de las vivencias de las comunidades en Barrancabermeja, Puerto Boyacá y San Pablo, han venido algunas iniciativas que se constituyen en propuestas de paz en estos territorios:

Tabla 3 Iniciativas 

Fuente: investigación propia

De las anteriores propuestas se desprenden unos compromisos del gobierno nacional, los cuales son exigidos por las comunidades para acercar el Estado a los territorios:

  • Materializar en los territorios las políticas públicas para acabar con la ruptura entre lo planeado y su desarrollo efectivo. Cumplir el compromiso frente a las necesidades y los pactos

  • Trascender de las mediciones (políticas) de logro y cobertura por mediciones de impacto y transformación comunitaria.

  • Operacionalizar un Estado menos burocrático y más comunitario.

  • Generar canales de comunicación permanente con los grupos humanos vulnerables

  • Fortalecer en los territorios la provisión de los mínimos vitales

  • Implementar estrategias comunitarias de protección que incluya a la familia, la comunidad y la empresa pública y privada

  • Brindar seguridad a los líderes

  • Apoyar a las organizaciones sociales y a las comunidades con proyectos productivos

Como se infiere, existe todo un cúmulo de expectativas alrededor de la implementación de los acuerdos de paz, en cada uno de sus puntos y, desde ya, las comunidades se han organizado para realizar acciones concretas a favor de la paz y la reconciliación. Algunas de estas acciones parecen pequeños aportes, muy sencillos, no obstante, en su interpretación correcta encierran profundas convicciones y loables sentimientos de un querer, de un apetito de la voluntad, por el logro de una transformación del modo de vida de las poblaciones que sufrieron en carne viva la fuerza devastadora del conflicto y la ignominia de una guerra que no era la suya. Otras acciones, por el contrario, son de mayores dimensiones, pero persiguen los mismos fines que las primeras. Lo importante es que, en Barrancabermeja, en Puerto Boyacá y en San Pablo, las comunidades ya están en movimiento orientadas hacia el sueño de la paz. Así lo expresan, con vehemencia y mucha responsabilidad histórica con el proceso, dos líderes campesinos de las regiones mencionadas:

“[Para mí la paz es como un radio, un radio tiene una cantidad de resortes entre ellos unos pequeñitos y cualquiera de esos resortes llega a faltar no va a funcionar el radio, por eso para que haya paz debe haber un conocimiento, que el gobierno reconozca a cada persona como persona y que cada persona tiene los mismos derechos. Mi persona como cualquier otra persona tiene los mismos derechos que el presidente de la república; mientras no haya un gobierno que reconozca los derechos de las personas como persona no puede haber paz]”.

“[La paz (hhh) desde mi punto de vista yo digo que la paz es cuando haya una igualdad, equidad y (X) integración de toda la sociedad de Colombia.”]

Es asunto de integración, de pertenencia a un grupo interrelacionado; es tarea de saberes, de recoger conocimientos desde un pasado; es reconocimiento de derechos, de justicia social, con criterios de equidad e igualdad. No pueden imponerse para nada criterios sustentados en los odios pasados y presentes, sino que implica una convivencia humanizadora, a partir del trabajo entre quienes alguna vez estuvieron en disputas ideológicas o confrontaciones armadas.

[La verdad, el primer proyecto digamos en este momento en que se desarrolló que fue muy grande fue el aceptar en ese tiempo a los reinsertados, desmovilizados de las autodefensas Unidas de Colombia que entraran digamos a laborar donde personas “de bien”. Convivir y trabajar con ellos de la mano en un proyecto productivo]

[Que yo recuerde, se hizo un proyecto de Ellos tenían que pagar horas sociales para finalizar todo su proceso de desmovilizados. A mí concretamente me pidieron el favor de hacer un proyecto y lo hicimos. Un proyecto de reforestación en el municipio con 120 desmovilizados y ese proyecto nos ayudaron varias empresas del municipio, la alcaldía, la petrolera y otras empresas del municipio nos ayudaron con materiales con transporte]

Así lo creen ellos y es por esa razón que han puesto su disposición e interés, participando en organizaciones que le apuestan a la paz. El estudio muestra que efectivamente se han venido activando estrategias, orientadas por estas organizaciones, para el logro de los objetivos comunes de reconciliación social.

Fuente: Investigación propia

Figura 1 Acciones desde las organizaciones por la Paz 

En el marco de ese 82% de acciones planteadas a favor de la paz, se pueden inferir hechos de paz de altas connotaciones por lo que significan como semillas de paz. Sea, por ejemplo, las jornadas de formación en las que la comunidad participa y recibe orientaciones acerca de temas como memoria histórica, pedagogía por y para la paz, a través de los cuales se hacen reflexiones colectivas para generar conciencia sobre el rol que corresponde a cada quien en tareas tan trascendentales como la búsqueda de la concordia y la armonía social.

De igual manera, las comunidades organizadas intervienen problemáticas en el territorio, en asuntos que les conciernen y les afectan directamente, como la drogadicción, la intolerancia, la prostitución, entre otros. Es por eso que en los foros, asambleas y vigilias que promueven como estrategias de interlocución, se busca consolidar equipos de trabajo que se integren a actividades como la recuperación de espacios compartidos y comunales (escuelas, parques, iglesias); la movilización en el territorio para exigir derechos; la formulación de proyectos productivos, fortaleciendo alianzas y convenios, en procesos de reforestación, por ejemplo.

Se celebran actividades como convites como “chocolate por la paz”; como simulación de actos democráticos y participativos (plebiscitos) en los colegios, en los que niños y niñas fortalecen los conceptos de ciudadanía, accediendo a herramientas dialógicas de convivencia social. Esas alianzas se ratifican en las posiciones de los líderes:

Fuente: Investigación propia

Figura 2 Acciones conjuntas por la Paz 

“[la reconciliación no viene por decreto, no por ley, es algo que nosotros como victimas tenemos que dar, aportar poco a poco, no meternos en la reconciliación así de one, de cabeza; estamos dolidos, tenemos nuestro familiar desaparecido; no vamos a ver verdad; no vamos a ver justicia, pero yo sé que nosotros algún día vamos a sanar los corazones y tenemos que aportar eso para seguirle aportando a la paz.]”

Son también actos de superación de rencores, de sanación interior, de entrega por unas convicciones. Son conscientes del deber histórico que tienen y por ese motivo se sienten sujetos constructores de nuevas realidades, fundadores de un mundo posible, es decir, el de la paz en Colombia. Creen en su compromiso y en su labor como agentes de desarrollo regional con la semántica de la acción, mediante pequeños acontecimientos que comienzan a visibilizarse como signos de transformación territorial.

Fuente: Investigación propia

Figura 3 Acciones por la Paz  

Conclusiones

Los programas de desarrollo con enfoque territorial buscan que las comunidades construyan su propio crecimiento en clave de paz y reconciliación. Tiene como propósito que las regiones del país impulsen por sí mismas, a través de la organización y la concertación, acciones concretas que las ubiquen en el umbral de la paz y puedan gozar de derechos y de inclusión social.

La investigación realizada encontró en las comunidades un fuerte ahínco, un interés colectivo, por convertir al territorio en zonas de paz, que éstas sean ambientes significativos de participación, de consensos y acuerdos que conduzcan a la transformación de la vida en cada uno de sus lugares de residencia. Sus iniciativas surgen como estrategias de resistencia y construcción, en un análisis, a través de la memoria histórica, del conflicto que los tuvo sumidos en procesos de victimización. En ese sentido, se han ubicado en los contextos particulares de la guerra que vivieron, para luego concebir y desarrollar acciones concretas de paz. Es su intención lograr con sus propuestas que el Estado les garantice actos que los dignifiquen como ciudadanos sujetos de derechos, para que sus territorios ya no sean más centros de violencia, de desplazamiento forzado, de marginación y pobreza.

En sus acciones de construcción de paz, paralelamente con las movilizaciones sociales emprendidas, las comunidades impulsan la defensa de los derechos humanos, el cumplimiento de la ley 1448 de 2011 por parte del Estado, en relación con la reparación integral de las víctimas; a su vez, exponen sus concepciones sobre la paz y el territorio, considerando el deseo colectivo de No Repetición, para lo cual exigen que las razones que alimentaron el conflicto sean mitigadas en sus regiones. Eso significa que fenómenos como la drogadicción, la prostitución, la delincuencia; el embarazo de adolescentes, la salud pública, la inseguridad; el desempleo, la violencia en general, el microtráfico y la educación de baja calidad, ya no sigan siendo causales de inequidad y exclusión social.

En los tres municipios, existe claridad sobre lo que quieren y en sus intentos por consolidar la paz han reconocido que el rol de cada persona es muy importante para que se pueda alcanzar la armonía social.

Piensan que la reconciliación parte de cada uno, que surge de la interioridad de los sujetos, para luego convertirse en un sentir colectivo, pluridimensional y plurisignificativo, desde una visión de ecopaz.

Se sitúan en las propuestas de respeto por los derechos humanos; procesos políticos y económicos participativos. Se incluye también el fortalecimiento de instituciones públicas, el fortalecimiento de sistemas de seguridad y justicia; finalmente, el fortalecimiento de la sociedad civil.

En ese marco, cobra vigencia una especie de contrato social para la toma consensuada de las decisiones trascendentales que el país requiere para el logro de la paz.

No obstante, existen condiciones ineludibles de carácter subjetivo que preexisten como son el establecimiento de una cultura política de perdón y reconciliación entre las comunidades, a fin de recuperar el tejido social.

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Received: 2019; Accepted: May 2019

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