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Introducción
Los conflictos sociales armados, como la guerra, suelen dejar múltiples afectaciones a las comunidades, sin contar los efectos emocionales e intersubjetivos de los victimarios, los cuales han sido poco estudiados (De Swaan, 2016). Ese daño masivo deja una marca comunitaria, pues si bien individuos y familiares suelen ser afectados, es la población en su totalidad la que padece el dominio territorial de un grupo armado que recurre a diversos crímenes (hurto, secuestro, asesinatos masivos, desaparición forzada, tortura, violencia sexual, asesinatos selectivos o arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales, entre otros) para someter, despojar de bienes o imponer diferentes formas de control. Los múltiples daños se hacen extensivos a la sociedad toda, a la democracia, a la cultura, incluso a la humanidad (CNMH, 2013).
La palabra “daño”, se deriva del latín damnum que significa “perjuicio, menoscabo, molestia o dolor” (CNMH, 2014, p.10). En el marco del conflicto armado el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) de Colombia, lo define como “el resultado de acciones crimina- les que vulneran los derechos de una persona o de una colectividad”, afectando todas “las dimensiones que soportan su vida íntima, familiar, social, política, cultural y productiva.” (p.11). Por su parte, en el campo jurídico, el daño se define como “la lesión de un derecho ajeno, consistente en el padecimiento moral y en la merma patrimonial sufrida por la víctima” (Hinestrosa, 2000, como es citado en CNMH, 2014, p.11). De acuerdo con el CNMH, el derecho, al establecer una distinción entre daño y perjuicio, considera a este último cau- sado por el primero y, en este sentido, “la reparación integral busca compensar el perjuicio con el fin de resarcir el daño.” (CNMH, 2014, p.11). En consecuencia, el daño implica que a las víctimas se les reconozca el derecho a ser reparadas de “todas las consecuencias nocivas derivadas del perjuicio; y correlativamente, el responsable tendrá a su cargo la obligación de reparar el perjuicio” (CNMH, 2014, p.11).
La Ley 1448 de 2011 en Colombia, en consonancia con este propósito, busca reparar los derechos de las víctimas del conflicto armado desde 1985, que fueron afectadas en forma individual, social, patrimonial, ambiental o simbólica. Esta ley hace extensiva la categoría de víctima a personas que no han sufrido un daño de forma directa, aunque han padecido sus consecuencias por las pérdidas de sus seres queridos y, por lo tanto, son víctimas, tales como
el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a ésta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. [Igualmente] A falta de éstas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente. De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. (Artículo 3, Ley 1448 2011).
En el caso colombiano, esta ley busca un reconocimiento de las víctimas a través de un registro administrativo, el cual incluye al sujeto que ha padecido algún daño, así como el crimen (desplazamiento, asesinato de un familiar, tortura, etc.) que produjo la afectación, tanto a nivel individual o colectivo, y las medidas necesarias para reparar en forma integral (económicas, simbólicas, etc.). Esta propuesta de reparación cuenta con el aval de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, como lo estipula su Sentencia C-775/03.
La reparación, por lo tanto, no debe ser entendida como un acto o una acción, sino un proceso que involucra múltiples formas de intervención que busca el reconocimiento individual y colectivo de los derechos ciudadanos de las víctimas, así como el restablecimiento del lazo comunitario o la cohesión social que permita que los sujetos desarrollen estilos de vida de acuerdo a sus intereses y tradiciones. Entre las múltiples acciones de reparación que otorga la ley (y más allá de la ley), podemos destacar las siguientes: reconocimiento administrativo y jurídico de las personas afectadas; investigación del hecho criminal; intervención en la salud mental de víctimas, sobrevivientes o familiares; reparación económica por las afectaciones individuales o familiares; implementación de servicios sociales (salud, educación); infraestructura colectiva o individual (construcción de carreteras, viviendas, colegios, centros de salud o mejoramiento de éstos); otorgamiento de titulaciones de tierras o empréstitos blandos para su acceso; actos simbólicos como placas en honor a las víctimas o monumentos; obras artísticas (videos, obras de teatro); la verdad jurídica o histórica del daño padecido; reparación moral de las víctimas en su buen nombre y respeto como ciudadanos; preservación de medios ambientes que posibiliten modos de vida particulares (comunidades indígenas o campesinas).
Uno de los objetivos más importantes de la reparación, además de la dignificación de las víctimas y paliar sus afectaciones morales, psicológicas, económicas, entre otras, es la creación de mecanismos para la participación de aquéllas en los procesos democráticos de su sociedad. Las diversas concepciones de la justicia transicional buscan la implementación de procesos de democratización tendientes a promover en las instituciones del Estado una mayor apertura y sensibilidad respecto a las demandas de las víctimas (Olsen et al., 2012; Duthie 2008 y 2009). Es de resaltar que, desde estos nuevos enfoques, se ha empezado a promover una demarcación de la justicia transicional dominante hecha “desde arriba” -es decir, desde quienes dominan las esferas políticas y jurídicas de un Estado- para empezar a apuntalar una justicia transicional construida “desde abajo” (Uprimny & Guzmán, 2010), en la que se reconozca y se dé cabida a las expectativas e intereses de las víctimas.
En Colombia, esta última perspectiva también ha cobrado fuerza, buscando promo- ver las potencialidades que pueden tener las víctimas para el cambio y la transformación social (Gómez, 2014). En el caso puntual de la reparación, en el marco de un proceso de justicia transicional, se habla de “reparaciones transformadoras”, definidas por Uprimny & Guzmán (2010, p.252) como “un esfuerzo por armonizar en contextos transicionales de sociedades ‘bien desorganizadas’ el deber estatal de reparar a las víctimas con consideraciones de justicia distributiva”, relacionada con los derechos económicos, sociales y culturales que debe garantizar un Estado. Ahora bien, más allá de la posible relación o confusión entre justicia correctiva y justicia distributiva que conlleva la implementación de procesos de reparación, lo que resaltan Uprimny & Guzmán, a través de la noción de “reparaciones transformadoras”, es la oportunidad que existe de que los procesos de reparación puedan brindar “resarcimiento a las víctimas y al mismo tiempo [ayudar] a transformar las desigualdades y a crear una sociedad más justa” (Muddell, citado por Uprimny & Guzmán, 2010, p.260).
Los preceptos de la justicia transicional “desde abajo” y de las “reparaciones transformadoras” conducen a considerar la importancia que tiene la participación concertada de las víctimas en los procesos de reparación. Tal concertación sería la que realmente permitiría constituir una nueva plataforma de interacción entre el Estado y los ciudadanos a los que se les han vulnerado sus derechos y a los que se deben atender sus demandas específicas. Ese es incluso el espíritu que, aun demasiado idealista, anima las iniciativas que en Colombia hacen referencia a la participación activa de las víctimas en los procesos de reparación (República de Colombia, 2011, Artículos 4 y 14) y a la configuración de una abierta participación política de sectores poblacionales que históricamente han sido per- seguidos y marginalizados (Mesa de Conversaciones de La Habana, 2016); iniciativas que aún se encuentran en proceso de construcción y que tratan de apuntar a la consecución de una paz territorial.
Por lo tanto, la implementación de procesos de reparación no depende únicamente de la centralidad propia del Estado sino, además, y quizá de una manera más determinante, de la voluntad y de las oportunidades que tienen las comunidades de los territorios para participar ellas mismas en las decisiones que les atañen y en la creación o reconfiguración de sus lazos sociales, algo en lo cual han sido afectadas o de lo cual han sido excluidas, y que es, precisamente, una de las causas históricas de sus males.
Igualmente es importante resaltar, además de la participación concertada entre el Estado y las comunidades afectadas, la necesidad de promover o alentar a la autonomía de éstas para generar sus propios procesos, más allá de un monitoreo estatal o gubernamental y para poner en la agenda estatal sus necesidades y concepciones sobre la reparación; las comunidades suelen tener capacidades propias que incluso el conflicto, con todos sus efectos desintegradores, no logra destruir. Las comunidades mismas, aunque suelen adaptarse a las exigencias estatales para obtener recursos, también poseen una agenda propia que les permite no solo reconstruir una cohesión social, sino generar proyectos y recursos de beneficio individual, familiar y colectivo, que potencializan sus proyectos particulares de modos de vida.
Metodología
La investigación utilizó una metodología cualitativa y un enfoque orientado por el interaccionismo simbólico. En la primera, se “procede por la vía de la inducción analítica basada en la observación de la realidad a partir de la cual el investigador obtiene el conocimiento necesario para desarrollar cuerpos teóricos que capten los esquemas interpretativos de los grupos estudiados” (Monje, 2011, p.13). En cuanto al interaccionismo simbólico, se privilegia “el abordaje de realidades subjetivas e intersubjetivas como objetos legítimos de conocimiento científico” (Sandoval, 1996, p.15); en este sentido, “la realidad de los individuos se estudia desde el interior, a partir de lo que ellos perciben a través de sus experiencias vividas” (Monje, 2011, p.13).
Participantes
La selección de los participantes estuvo unida a la delimitación espacial de desarrollo del proyecto, la cual se basa en la priorización de lugares del oriente antioqueño en los cuales se haya dado una disputa territorial en el marco del conflicto armado de gran afectación masiva, principalmente en las zonas rurales. Para esta investigación se eligieron las veredas Palmirita del municipio de Cocorná, Boquerón del municipio de San Francisco y el corregimiento Rioverde de los Montes del municipio de Sonsón. En estos lugares se convocó, por medio de las juntas de acción comunal y otras organizaciones sociales a participar en esta investigación por medio de talleres y entrevistas a comunidades y personas afectadas por el conflicto armado. El lugar sobre el cual se centra este texto, es Palmirita, donde se trabajó con un total de 30 personas víctimas del conflicto, 17 mujeres y 13 hombres.
Técnicas de recolección de información
Como técnicas de recolección de información, se utilizaron principalmente talleres participativos y entrevistas semi-estructuradas. Los talleres participativos como técnicas reflexivas que integran la teoría y la práctica, permiten la construcción e intercambio de conocimientos sobre la realidad social de y desde los participantes (CEO, 2003).
Los objetivos de los talleres estuvieron asociados a las grandes categorías del proyecto: daño, reparación, participación y empoderamiento comunitario y las expectativas en torno a estas categorías; la forma de abordarlas se dio mediante líneas del tiempo, mapeo relacional o mapa de redes y fichas de colores (técnicas propias de “Planificación de proyectos orientada a objetivos” ZOPP).
La línea del tiempo es una técnica que permite ubicar de manera secuencial, eventos del pasado y huellas “que son construidas de acuerdo a las experiencias de vida y sentido de la historia de un grupo de personas.” (CNMH; University of British Columbia, 2013, p. 78). En la línea del tiempo pueden ir eventos individuales o colectivos, teniendo en cuenta que la selección de los hechos sea de acuerdo a “un periodo y lugar específico y su ubicación en una cronología temporal.” (CNMH; University of British Columbia, 2013, p. 78). En este caso, la línea del tiempo permitió identificar los hechos de violencia sufridos por la comunidad y los actores generadores de violencia y las acciones de ayuda humanitaria y reparación que diversos actores han realizado.
En cuanto al mapa de redes, se partió de la propuesta desarrollada por el psicoterapeuta y psiquiatra Sluzki, el cual propone una técnica para que los individuos y los colectivos puedan identificar sus redes de apoyo. Por redes se entiende, “en donde los seres humanos encuentran conexión con diversos actores, para tener otra mirada de los problemas, refugio emocional y apoyo instrumental” (Sluzki, 1996, p. 49, citado en Gil, 2015, p.184). En esta técnica, los participantes deben escribir en un círculo divido en un plano cartesiano cuatro grupos relacionales. Como se trataba de comunidades rurales, hubo una pequeña adaptación de los cuatro cuadrantes propuestos por Sluzki ( 1) Familia; 2) Amigos; 3) Trabajo y estudio; 4) Comunidad y Salud.) y se propusieron: 1) Familia; 2) Amigos; 3) Trabajo/Estudio/ Comunidad; 4) Instituciones/Organizaciones. Cada cuadrante a su vez se subdivide en tres niveles: Relaciones íntimas; Relaciones Sociales; Conocidos. Con el mapa de redes se buscó identificar los actores clave para los participantes, a la hora de buscar y acceder a la reparación por parte de la comunidad.
Por su parte, la utilización de “la técnica de las fichas de colores”, que hacía parte de la técnica de Diagnóstico Participativo Rápido (DPR), al igual que la línea del tiempo, fue una adaptación de herramientas propias de la “Planificación de proyectos orientada a objetivos” (ZOPP), a las necesidades de esta investigación (Presidencia de la República de Colombia, 2006). La denominada por el grupo de investigación como “la técnica de fichas de colores”, sirvió para que la comunidad ofreciera conocimientos de su propio proceso de daño, desplazamiento, retorno y recuperación. El objetivo de esta técnica consistió en que la comunidad identificara por su propia cuenta elementos comunes a partir de preguntas orientadoras. La técnica consiste en dividir los participantes en cuatro grupos y proponerle a cada uno escribir en forma breve en fichas de distintos colores (azul, verde claro, amarillo y rosado, por ejemplo) aspectos sobre el “daño”, la “reparación”, la “participación” y las “expectativas”. Igualmente, se le adicionó a cada una de estas fichas, otra, para que las comunidades escribieran las emociones asociadas a cada proceso. Después de que cada grupo diligenciara las fichas, se realizó una plenaria donde se ponían en común los resultados. Posteriormente, se realizó una síntesis de los hallazgos, los cuales se escribían en hojas de papel dispuestas en un tablero para que todos los participantes pudieran observar, corregir o complementar. Esta técnica, permitió analizar, a partir de las vivencias y percepciones de los participantes, la manera como han asumido cada una de las categorías abordadas en términos de acciones concretas, pero también en términos subjetivos asociados a las emociones que les genera las formas como se han llevado a cabo dichas acciones y a cómo creen que deberían desarrollarse.
Estas actividades se complementaron con entrevistas semi-estructuradas comprendidas como un guion temático, cuyas preguntas eran abiertas y en la cual era posible entrelazar y abordar libremente los temas (Vargas, 2012); esta técnica se realizó con víctimas y con funcionarios públicos de los municipios de desarrollo del proyecto y del departamento, que tienen dentro de sus funciones, acciones o información relacionada con la reparación a víctimas del conflicto armado.
Procedimiento
La investigación en su diseño, contempló el desarrollo de cuatro fases: revisión documental, trabajo con las comunidades, análisis cualitativo de la información y elaboración del informe; fases que no siguieron un orden secuencial, sino que, en particular, las tres primeras se desarrollaron de forma paralela. Igualmente, es importante resaltar que el equipo de investigación se ha reunido, desde el inicio del proyecto, semanalmente durante dos horas para planear el trabajo con la comunidad, discutir los avances, establecer acciones futuras y planear la elaboración de informes sobre el desarrollo de la investigación
El acercamiento a las comunidades se dio mediante un proceso de concertación, me- diado por organizaciones cercanas a ellas y previa socialización del proyecto con los líderes de las comunidades. El primer encuentro fue el espacio para iniciar el contacto con las comunidades, socializar el proyecto, trabajar sobre el consentimiento informado y realizar el ejercicio de línea del tiempo y, en algunos casos, mapa de redes.
El primer encuentro en cada lugar, confirmó la necesidad de tener un apoyo jurídico en el desarrollo del proyecto, dadas las necesidades y demandas de la población; lo cual no quiere decir que se tendría un abogado para atender cada caso, pero sí para orientar sobre unas mínimas consideraciones jurídicas sobre la reparación. Por esta razón, se dio una serie de encuentros entre abogados expertos en el trabajo con víctimas del conflicto armado y el equipo de investigación, con miras a hacer un proceso de réplica sobre derechos en general y derecho a la reparación, en particular, con algunos líderes de las comunidades participantes.
En el segundo encuentro, se evidenció mayor confianza entre las comunidades y el equipo de investigación, lo que permitió la realización de la técnica de las fichas de colores, ya expuesta.
Paralelo a la realización de los talleres, se llevaron a cabo entrevistas con funcionarios públicos que trabajan con víctimas en los territorios de interés del proyecto y con algunas víctimas. Posteriormente, se dio paso al análisis de toda la información recopilada hasta el momento. En dicho análisis se partió de las categorías: comunidad, disputa territorial, daño, reparación y/o ayudas, participación, empoderamiento y expectativas.
A la luz de las categorías mencionadas, se trianguló la información que surgió en los talleres, la de las entrevistas a funcionarios y víctimas, la de revisión conceptual y de con- texto y la información de prensa que se registró al inicio del proyecto, dando origen a las subcategorías y las categorías emergentes que servirán para el análisis y elaboración del informe final.
Consideraciones éticas
Esta investigación tomó como referente ético lo establecido en la Ley 1090 de 2006, que regula el ejercicio de la psicología en Colombia, cuyo Capítulo VII, hace referencia a la investigación en el área y a las responsabilidades que asume el investigador. Por el tema tratado se debe tener cuidado con los participantes, pues si bien no representó riesgos físicos para estos, si tuvo en cuenta que se trataba de una investigación con población vulnerada y víctima del conflicto armado y que, por tanto, se deben seguir unos principios mínimos para poder realizar una acción sin daño. Estos principios son: el principio de No maleficencia, ya que no se busca producir un efecto negativo en los participantes; el principio de autonomía, con el cual se tiene siempre presente que la participación de las comunidades es voluntaria y pueden negarse a participar o responder cuando lo deseen; el principio de confidencialidad, con el cual se garantiza que la información suministrada por los participantes tiene el carácter de anónimo; y el principio de confidencialidad, la información suministrada a los investigadores, preserva el carácter de anónimo de los participantes.
Por otra parte, es fundamental para el proyecto de investigación, realizar la convalidación y posteriormente la socialización. La primera con el objetivo de que la información obtenida en el análisis sea considerada, refutada o afirmada por las comunidades; la segunda, para propiciar la apropiación social de los resultados del proyecto y dar a conocer dificultades, logros y posibilidades de mejora en los procesos de reparación a las víctimas del conflicto armado.
Finalmente, en el desarrollo del trabajo de campo, se contó con un profesional en psicología, dada la sensibilidad de los temas a tratar y la población con la cual se desarrollaron los talleres, para que interviniera en el caso de que fuese necesario o remitiera al centro de atención más cercano o reportara a las autoridades de salud.
Contexto
El oriente antioqueño tiene una extensión territorial de 7.021 km². Es una de las nueve subregiones en que se divide el departamento de Antioquia, ubicado en el noroeste de Colombia, situado en su mayor parte en las cordilleras central y occidental de los Andes. El oriente antioqueño se ha conformado, principalmente, por colonias agrícolas que surgieron a través de un proceso de poblamiento de gran movilidad territorial que ha buscado sacar provecho de la riqueza y diversidad de recursos naturales de la región. Las actividades económicas principales son: generación de energía, agricultura, piscicultura, ganadería lechera, industria, minería, turismo, educación. Fue en medio del proceso de industrialización y de la puesta en marcha de proyectos hidroeléctricos, en la década de 1980, que aparecieron las guerrillas en esta subregión tratando de obtener un control territorial. Hacia 1997 llegaron los paramilitares a disputar el control con este grupo irregular armado. Posteriormente, entre el 2002 y el 2006, con los operativos de las Fuerzas Militares, originados dentro de la Política de Seguridad Democrática, impulsada por el gobierno nacional de entonces, se intensificaron los combates, generando una masiva violación de los derechos humanos por parte de todos los actores armados.
Ahora bien, respecto al reciente contexto histórico del oriente antioqueño, hay que tener en cuenta que en algunos de sus territorios han existido diferentes formas de organización y participación política, como el movimiento cívico originado hacia la década de 1980 en la zona de los embalses (CNMH, 2013; Olaya, 2012; García y Aramburo, 2011) o las acciones de resistencia que la población civil de la zona de Bosques adelantó en contra de la guerra y en defensa del territorio (García, 2004).
Estas disputas territoriales en esta subregión de Antioquia, en las cuales estaba en medio la población civil, produjeron amenazas, persecuciones, masacres, secuestros, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, siembra de minas antipersonales y un desplazamiento masivo; estas acciones criminales condujeron a la división y al debilitamiento de los procesos de organización y participación ya existentes. Incluso en la actualidad, y con una década ya de implementación de medidas de reparación, el problema de la división de los procesos organizativos y participativos subsiste.
En el caso de la vereda Palmirita de Cocorná, la disputa territorial estuvo asociada a su ubicación estratégica, al ser una de las veredas ubicadas cerca de la autopista Medellín- Bogotá y por tanto de gran importancia para los actores armados que buscaban tener el control sobre esta vía. En la actualidad, en esta vereda en particular, no se conoce de disputas territoriales que puedan afectar de nuevo a sus habitantes; sin embargo, ellos siempre expresan miedo a que vuelvan a ser afectados por la violencia.
Resultados
Daños previos al desplazamiento forzado masivo
Como en muchos casos del país, en la vereda Palmirita de Cocorná, los daños sufridos superan la noción jurídica de hechos victimizantes y trasciende a otros escenarios de la vida individual y colectiva de sus habitantes que, para efectos de la reparación, precisan ser tenidos en cuenta. Para comprender los daños ocasionados a los habitantes de la vereda Palmirita por causa del conflicto armado, a continuación, se describirán los daños sufridos durante tres temporalidades: los hechos victimizantes antes del desplazamiento masivo, durante el desplazamiento y después del desplazamiento.
La presencia de grupos armados en Cocorná cambió la cotidianidad y la forma de relacionarse de sus habitantes. En particular, en Palmirita; las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el Ejército Nacional, llevaron a cabo estrategias de guerra y acciones de control territorial con afectación de los derechos humanos y la generación de múltiples daños a las personas que habitaban la vereda, tanto individuales como colectivos: asesinatos selectivos, asesinatos masivos, desapariciones forzadas, secuestros, coacción, retenciones arbitrarias, extorsiones y desplazamientos.
El primer asesinato que recuerdan los habitantes de la vereda, ocurrió en 1994 y fue perpetrado por la guerrilla de las Farc; posteriormente, el 6 de octubre de 2000 y el 16 de agosto de 2002 asesinaron a tres personas en cada una de las fechas mencionadas. Estos asesinatos aumentaron la tensión y el miedo en los habitantes, pues sintieron de manera más cercana la posibilidad de que cualquiera de ellos podía ser una víctima.
Además de los asesinatos, desde finales del 2000 hasta el 2004, los pobladores sufrieron secuestros y extorsiones, acciones criminales que afectaron su patrimonio pues se dio lucro cesante y detrimento patrimonial.
Entre el 2001 y el 2002, se reportaron violencias sexuales por parte de miembros del Ejército, hecho que en principio puede considerarse como un daño físico o sobre el cuerpo, pero que realmente por la magnitud del daño y de las secuelas que suele dejar este tipo de vulneraciones, produce afectaciones psicológicas, emocionales y morales, e incluso puede llegar a implicar daños al proyecto de vida.
Por otra parte, las “invitaciones”, en un primer momento, y las intimidaciones, en un segundo momento, por parte de la guerrilla para reclutar a niños y jóvenes, generó zozobra en la comunidad, pues como relata un habitante: “la guerrilla amenazaba con llevarse los niños desde los seis años porque ya podían, decían ellos, cargar un fusil” (Habitante de Palmirita, 2018); estas “invitaciones” e intimidaciones llevaron a que muchos padres decidieran desplazarse o enviar a sus hijos a otros lugares fuera de la vereda, para protegerlos de ser reclutados.
Otras acciones que interrumpieron las dinámicas sociales y económicas de la vereda, fueron la coacción por parte de la guerrilla para que los habitantes trabajaran en la construcción de una carretera o les hicieran de comer. Tanto la guerrilla como el Ejército, realizaron retenciones para que no ofrecieran información al bando contrario. Una de las habitantes afirma que un día el Ejército retuvo a su familia “desde las 6:30 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, sin comer, […] [los miembros del Ejército nos decían que] eso es- taba lleno de guerrilleros y que nosotros hasta les avisábamos”. Un habitante relata que era obligado a prestarles servicios a los actores armados, afectando las economías familiares y comunitarias, puesto que temía quedarse encerrado con los miembros del grupo arma- do, en este caso la guerrilla, en su pequeño negocio, “vendiéndoles trago, uno encerrado, imagínese peligrando uno, [pues] no falta uno quién estaba viendo y ya se daba cuenta el Ejército y lo que venía era que por ahí venían y lo mataban a uno”. Para este habitante, la población estaba “dentro del fuego, porque si apoya uno al Ejército con los otros, caía uno; y si apoyaba a los otros [igualmente tenía consecuencias] (…) [por lo tanto] tenía uno que mantenerse más bien neutro”.
Estos actos de coacción, amenazas de reclutamiento forzado, retenciones y el obligar a los campesinos a vender o regalar sus productos a alguno de los grupos armados, generaron una situación de permanente zozobra, desconfianza y el cese de actividades socia- les, culturales, comunitarias y deportivas en la vereda. Igualmente, los habitantes sentían miedo de estar reunidos porque la guerrilla aprovechaba esos espacios para las retenciones y podían ser objeto de señalamientos por parte del Ejército.
Además, la zozobra también fue latente entre las familias, si los hombres salían a trabajar en el campo o a mercar al pueblo, las mujeres se quedaban angustiadas por lo que pudiese pasarles; y a su vez, los hombres cuando se iban a su trabajo, se quedaban pre- ocupados por la posible llegada de hombres armados a sus casas que pudieran poner en riesgo la vida e integridad de sus familias.
En síntesis, los daños generados entre finales de los noventa y, principalmente, entre el 2000 y el 2004, están asociados a daños materiales y daños socioculturales; estos últimos están relacionados con afectaciones de tipo colectivo y dan cuenta del cómo se lesionan los vínculos sociales, las prácticas tradicionales y culturales, la relación con la tierra y las formas de producción, entre otras (CNMH, 2014).
El desplazamiento masivo, la experiencia más visible de daños sufridos colectivamente
El 9 de julio de 2004, el Noveno Frente de las Farc, como afirmaba una nota de prensa, “les notificó a los habitantes de las veredas Santo Domingo, Alto de la Virgen, Palmirita, El Recreo y Pailania que tenían ‘una hora’ para salir de sus casas” (Vélez, 2004). Por su parte, los habitantes de Palmirita, afirman que el plazo fue hasta al día siguiente, el sábado 10 de julio, a las 11 de la mañana y que el mensaje de la guerrilla era “que como no le servíamos para nada porque no les colaborábamos, entonces pa’ no tener que matar, matarnos también, como habían hecho uno o dos años anteriores, que nos fuéramos”. (Hombre habitante de Palmirita, 2018).
Apenas recibieron el mensaje, los campesinos empezaron a empacar lo que podían. En la noche, aumentó la angustia y el miedo, pues se presentaron enfrentamientos entre el Ejército y las Farc; según uno de los participantes, “toda la noche estuvieron dando plomo”.
En total, de las veredas a las cuales se les hizo la notificación, se desplazaron alrededor de 513 personas (Vélez, 2004); en Palmirita se desplazó la totalidad de la población. Las personas desplazadas, inicialmente llegaron a Cocorná, cabecera urbana, donde fueron acogidos por familiares o amigos, o se instalaron en albergues colectivos dispuestos por el gobierno municipal.
Con el paso de los días, algunas personas se fueron a municipios como Rionegro, Medellín, Santa Marta o Uribia, mientras otras se quedaron en Cocorná, buscando opciones de empleo. En Cocorná, en la semana del desplazamiento, recibieron ayudas de la administración municipal y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), como kits de cocina y de aseo, mercados y algunos colchones.
El desplazamiento forzado implicó en términos de daños materiales, la pérdida de cultivos -como café, caña de azúcar, tomate, frijol y plátano- y animales -pollos y gallinas de engorde, principalmente-. Además, algunas casas se derrumbaron y otras sufrieron deterioro por el abandono o porque les hurtaron puertas, ventanas y cables de la energía. A estos daños materiales, se suma el menoscabo económico por la pérdida de empleos, pues la mayoría de personas, en particular, jefes de hogar, se dedicaban a la agricultura y, al desplazarse y perder el contacto con sus tierras, quedaron sin empleos.
Por otro lado, los daños al proyecto de vida y los daños socioculturales asociados al desplazamiento forzado, se hicieron evidentes. En primer lugar, se generó la fragmentación de familias, puesto que algunos de sus miembros tenían que desplazarse a otros municipios para buscar el sustento familiar, esto de entrada implicó no sólo una separación en las familias, sino también en la comunidad de Palmirita.
En segundo lugar, se empezaron a evidenciar los daños al proyecto de vida, es decir, aquellos en los cuales un acto de violencia afecta la forma como el sujeto ha decidido vivir (CNMH, 2014). En este sentido, el desplazamiento ocasionó desescolarización o pérdida de interés por parte de jóvenes y niños en el estudio. También alteró, en la mayoría de los casos de forma temporal, la experiencia de vida que tenían como campesinos, obligándolos a ejercer trabajos como obreros de construcción o vendedores de legumbres y general- mente actividades que les implicaba un rebusque e incertidumbre diaria.
Daños posteriores al desplazamiento masivo, estar en espacios de vida ajenos
La época posterior al desplazamiento forzado masivo, implicó para los campesinos de Palmirita, además de las ya mencionadas situaciones de desempleo, desescolarización y fragmentación familiar, falta de vivienda y dificultades para acceder a la alimentación y, el estar inmersos en mundos de vida que no eran los suyos, es decir, les tocó sobrevivir en los mundos de vida de otras comunidades o lugares, donde en ocasiones eran acogidos y recibidos con solidaridad, pero otras les complejizaban su ya difícil situación. Respecto a los campesinos que se fueron a vivir a Medellín o que eventualmente iban para hacer trámites relacionados con su condición de víctimas, se sentían muy solos y desorientados, pues “en la ciudad no se sabe quién es el vecino y [y las personas] no se ayudan entre sí”, es decir, la solidaridad a la que estaban acostumbrados en Palmirita, no la encontraron en la ciudad y esto se constituye en una pérdida irreparable, en el caso de seguir viviendo en la ciudad.
Algunas personas en Cocorná, los señalaban y se burlaban de los campesinos por ser desplazados, así, en cualquier espacio, en el parque, en el hospital, o en el colegio, se es- cuchaba decir de forma burlona: “ahí van los desplazados”. Esta burla tuvo implicaciones notables en los menores de edad, pues, según uno de los habitantes, los niños perdieron el año escolar, ya que eran tratados por sus compañeros como “bichos raros”. Los niños regresaban a la casa, llorando y diciendo “no queremos volver a estudiar”.
Otras personas, aprovecharon la situación de vulnerabilidad de los desplazados de Palmirita para sacar ventaja, comprando sus productos a menor precio o tomando los bienes que el desplazamiento había obligado a abandonar.
No solo habitantes de Cocorná se aprovecharon de la situación de los campesinos desplazados, también lo hicieron algunos políticos que realizaron campañas electorales de cuenta del desplazamiento, es decir, les ofrecieron retorno y casas a los desplazados para obtener votos, sin estar en las condiciones ni la voluntad de cumplir con dichas promesas. En esa época, principios de la década del 2000, convirtieron las acciones de ayuda humanitaria en promesas de campaña.
Respecto al retorno, los habitantes de Palmirita no tuvieron propiamente un proceso de retorno a su vereda, pues el sentido propuesto por la Ley 387 de 1997, art. 16º, afirma que éste implica el apoyo del Gobierno Nacional a la población desplazada “a retornar a sus lugares de origen, de acuerdo con las previsiones contenidas en esta Ley, en materia de protección y consolidación y estabilización socioeconómicas.” En los casos en que este proceso no cuenta con el apoyo estatal, se da un regreso o un volver a su tierra, como ellos afirmaban. Los campesinos de la vereda no contaron con el acompañamiento estatal, ya que la administración municipal les advirtió que, en caso de regresar, lo hacían bajo su propia responsabilidad de lo cual debía quedar constancia en un documento que les hacían firmar. Ante esta situación y la necesidad de “levantar” las casas y las fincas, es decir, volver a poner a producir la tierra y hacer sus casas habitables, lo que hicieron los campesinos de Palmirita fue endeudarse en una cooperativa para poder reconstruir sus mundos de vida en la vereda, con lo cual se produjo otro daño material, pues debieron adquirir préstamos financieros que antes del desplazamiento no tenían.
Los daños posteriores al desplazamiento forzado, relatados hasta aquí, en su mayoría, hacen parte de lo que se denomina como daños morales, comprendidos como,
Toda modificación dolorosa del espíritu, consistente en profundas preocupaciones, o en estados de aguda irritación que afectan el honor, la reputación y el equilibrio anímico de las personas que incide en la aptitud del pensar, de querer o de sentir (Díaz, 2009, s.p.).
Este tipo de daños, es pensado por el CNMH (2014), como el sufrimiento de las víctimas ante el “menoscabo de valores significativos para las personas y las comunidades” (p.31). Los daños morales tienen una dimensión individual y una colectiva. La individual se ve representada en hechos como la afectación al buen nombre, a la honra, la pérdida de la capacidad de disfrute, entre otros daños. La dimensión colectiva, aparece por ejemplo cuando algunos grupos sociales son estigmatizados al vincularlos a algún grupo armado, no se les permite hacer sus rituales o se burlan de sus prácticas y características culturales, políticas, religiosas, de género u otras; esto conlleva a daños morales asociados a la desesperanza, la tristeza, la identidad y el orgullo comunitario (CNMH, 2014).
La definición de daño moral, permite una articulación con otras tipologías de daños mencionadas, puesto que tanto la afectación por daños materiales, como por daños socio- culturales, a su vez terminan siendo daños morales si estos se piensan en términos de la lesión de la víctima “concebida como el dolor humano o sufrimiento que ésta experimenta, y que, dada su naturaleza, corresponde al mundo de la sensibilidad espiritual y mantiene relación directa con la dignidad del ser humano”. (Corte Suprema de Justicia, exp. 28.085, & Ramírez, Citados en CNMH, 2018, p.31).
Reparación
Algunas percepciones de las víctimas sobre la reparación estatal
En la definición y percepción que las víctimas de Palmirita tienen sobre la reparación, aparecen tres ideas centrales. La primera es pensar la reparación como la posibilidad de mejorar sus condiciones materiales, lo que implica saldar las deudas adquiridas cuando regresaron a la vereda para levantar las casas y fincas; tener acceso a derechos básicos como la alimentación, la educación, vivienda digna, etc.; y tener fuentes de ingresos fijas y justas, a partir de las condiciones de infraestructura para comercializar sus productos o la creación de microempresas textiles o de alimentos.
La segunda idea de reparación, está asociada con las garantías de no repetición, ya que cuando se les pregunta a las víctimas sobre qué entienden por reparación o por sus expectativas, en ambos casos suelen darse respuestas como “que no nos vuelva a pasar lo que pasó”, “que no vuelva la guerra” o “que estemos en paz”.
La tercera idea de reparación, y una de las más fuertes, es pensar la reparación aso- ciada a una idea de justicia; no la justicia que lleva a la investigación de los actores de los delitos que les generaron daños, y a su respectiva condena; sino a las condiciones necesarias para tener una recuperación justa, la cual pasa por el reconocimiento como víctimas y con el otorgamiento de la reparación económica y material, correspondiente con los daños sufridos. Sobre esta reparación, la expresión de un habitante de Palmirita, sintetiza la situación actual: “No nos hemos recuperado”; en ese no nos hemos recuperado está vinculado una serie de emociones y de carencias económicas, que sumadas a acciones utilitaristas de algunos políticos en época de campaña o en ejercicio de sus funciones, lleva a las víctimas a sentirse usadas. A lo cual se suma una percepción de injusticia al sentir que la entrega de reparaciones está asociada a prácticas de corrupción: “la politiquería en Cocorná es espantosa. Llegaron campañas políticas y nos dieron abonos e insumos para sembrar, sólo para hacer campaña”. (Mujer habitante de Palmirita, 2018).
La principal concepción de reparación que tienen los habitantes de Palmirita está asociada a “lo justo”, es decir, que les den en términos materiales lo que es justo. La mayoría de los participantes y entrevistados tiene una expectativa de acceso a la reparación asociada a la reparación material, a través de entrega de dinero, viviendas o mejoramiento de vivienda y de proyectos productivos, y tiene que ver con las expectativas que la Ley de Víctimas genera y que hace que la reparación se vea como la esperanza para salir de las condiciones de precariedad económica, endeudamiento o falta de progreso en el campo, generado o profundizado por el conflicto armado.
La reparación estatal en Palmirita
En términos de reparación, en Palmirita todos los campesinos recibieron la ayuda humanitaria de emergencia que se les entregó cuando fueron desplazados de la vereda, la cual consistió en albergues, kit de cocina, colchonetas, kit de aseo y mercados; ayudas que fueron entregadas por la alcaldía de Cocorná y por la Cruz Roja Colombiana. Sin embargo, de ahí en adelante, el acompañamiento y reparación estatal ha sido precaria y sólo ha alcanzado a algunas personas. Se han mantenido las ayudas humanitarias, pero en términos de indemnización, hasta la fecha, por hacerse a una idea de la situación, de un universo de 30 personas participantes de los talleres, sólo dos han recibido esta medida reparadora.
Algunas personas han recibido mejoramiento de vivienda y capacitaciones para el emprendimiento de proyectos productivos, pero no han recibido los insumos para sacar adelante dichos proyectos, por tanto no han tenido un efecto reparador, pero en ocasiones, luego de la realización del Plan de Atención, Asistencia y Reparación Integral (PAARI), sí ha servido como excusa para retirarles a los campesinos la ayuda humanitaria, pues el acceso a capacitaciones o créditos se ve como una muestra de que están en condiciones socioeconómicas mejores y por tanto no necesitan de dicha ayuda.
Este es un tema estructural en cuánto a la forma como está pensada y desarrollada la reparación en Colombia, y que posibilita revictimizaciones:
Cómo es que a estas alturas del partido, la gente es colocando derechos de peticiones, tutelas, acciones populares y dejándose que todos los tramitadores, porque usted le puede decir a la gente no necesita tramitador, cuando a usted le llega ayuda humanitaria es porque ya la tenía de mucho tiempo atrás, pero la gente es gastándose lo poco o mucho que tiene para que le hagan un derecho de petición, para que la Unidad de Víctimas le conteste cuándo le va a llegar la indemnización; la Unidad de Víctimas coge una minuta, con todo el cariño del mundo y le contesta a todo el mundo lo mismo, cambia sólo el nombre y la cédula, cierto, para mí eso es revictimizar. (Funcionaria de Cocorná).
Otra situación que se ha leído como revictimizante, es someter a las personas a una espera larga y plagada de incertidumbre sobre cuándo puede “llegar la reparación”, pues hay personas que llevan esperando incluso años y aún no saben si van a ser reparadas y en caso de serlo, cuándo accederán a la reparación. Esto, con el agravante de que los procesos de reparación son centralizados según cada nivel territorial en el cual se estén desarrollando. En principio y de manera general, hay una centralización desde Bogotá, sede principal de la Unidad Nacional de Víctimas y que es reconocida por los mismos funcionarios públicos entrevistados, quienes se quejan de lo descontextualizadas de muchas de las medidas y decisiones tomadas por esta entidad. Otro nivel de centralización se da en los municipios, donde la oferta de servicios se concentra en los cascos urbanos y para las personas que viven en las veredas no es fácil acercarse con frecuencia a indagar por su proceso o responder a las resoluciones a que haya lugar, lo cual los pone en desventaja con los habitantes de la zona urbana.
La revictimización mencionada, tiene su máxima expresión, cuando ante la incertidumbre y larga espera, algunos campesinos han sido víctimas de estafadores que se aprovechan de sus necesidades económicas, expectativas y falta de conocimientos jurídicos y piden dinero con la promesa de agilizar la entrega de la reparación o de realizar el trámite para solicitarla, cuando es bien sabido que los trámites derivados de la Ley 1448 de 2011 son gratuitos. Situación que no es más que una muestra de la forma como el conflicto armado profundizó las condiciones de vulnerabilidad de los campesinos de Palmirita y cómo en los procesos de reparación se dan una serie de revictimizaciones que hace más difíciles las condiciones de vida de las víctimas y que, en el caso de Palmirita, se logran mantener es gracias a la unidad de la vereda en torno a la recuperación de sus espacios de vida cotidiana.
Prácticas de recuperación, fundamento de la reparación
Como se mencionó, el regreso de los habitantes de Palmirita a la vereda se dio de forma autónoma y como ellos lo denominan gota a gota, es decir, no fue un regreso masivo, sino que regresaron de a pocos, como un proceso de volver que se dio de manera intensa entre el 2004 y el 2006.
Al llegar a la vereda, encontraron algunas casas destruidas, otras muy deterioradas porque les hurtaron tubería e instalaciones eléctricas y porque la maleza estaba invadiendo las propiedades, además con los cultivos y animales, totalmente perdidos. Todo esto implicó empezar de nuevo a reconstruir y dinamizar sus espacios físicos, pero también revitalizar los espacios cotidianos y de interacciones sociales. Para ello, se inició con acciones de trabajo individuales y grupales para cortar la maleza y acondicionar las casas para ser de nuevo habitables.
Sin embargo, el miedo persistía, ya no sólo por lo que los actores armados pudiesen hacerles, sino también por la posibilidad de ser víctimas de minas que todavía estaban en los territorios. A pesar de estos temores, el regreso de los vecinos hacía más llevadera la situación, aminoraba el miedo y la zozobra y permitía el trabajo colectivo:
(…) al ver que entre más días iba retornando más gentecita, ya uno iba cogiendo ya otro ánimo, ya uno si era sintiéndose pues, si algo nos pasa, nos va a pasar a muchos, no a uno solo, entonces ya como que también cogimos y nos reuníamos y charlábamos, hacíamos reunioncitas familiares ahí entre todos y ya de pronto como para empezar uno como una agenda de trabajo: cuándo vamos a hacer un convitico para arreglar la bocatoma del acueducto o la carretera, sí, entonces fuimos volviendo a iniciar y ya volvimos a parar la acción comunal, la volvimos a organizar y ya hemos estado así, se ha trabajo muy bueno. (Hombre adulto, habitante de Palmirita).
Como se lee en el relato anterior, la posibilidad de tener espacios de reunión social y familiar fue fundamental para trascender a los espacios comunitarios de propuestas y de acción a favor de la vereda y sus campesinos. Realizar actividades que restablecieran los lazos sociales entre los habitantes de la vereda y que permitiera volver a apropiarse de los espacios públicos y de la noche, son acciones fundamentales en la recuperación individual, comunitaria y material de las víctimas de Palmirita; en particular, estos espacios se centra- ron en actividades deportivas y culturales.
Una de las primeras acciones realizadas fue un campeonato deportivo interveredal, en el cual se jugaba microfútbol y basquetbol. Este campeonato les permitió observar “que no llegaba, gente extraña por ahí que con armas o así y ya nos volvimos a animar todos, ¡ay! ya esto está en completa calma, ya podemos seguir por ahí saliendo de noche que ya ni salíamos”. (Mujer adulta, habitante de Palmirita).
Otra de las acciones emblemáticas, por ser de las más recordadas por todos los habitantes de la vereda y por la expectativa de volverla a hacer, es el Festival de Talentos, en el cual participaron músicos de Palmirita y de otros lugares del país y permitió el encuentro entre los habitantes de la vereda que habían regresado a sus casas y quienes hasta el día de hoy no han vuelto a poblarla y se han constituido en “colonias”, esto es, grupos de personas originarias de un mismo lugar, que se radican en otras partes del país, pero las cuales al encontrarse en un lugar diferente al de origen se agrupan y buscan la forma de mantener lazos mediante actividades periódicas. De hecho, el apoyo económico de las colonias, fue fundamental para la organización del Festival, sumado a un aporte realizado por la administración municipal para el sonido del evento. El objetivo del Festival de Talentos fue recolectar recursos para la construcción de la placa huella en la vereda; sin embargo, los relatos en torno a este evento van más allá, pues se resalta la posibilidad de encontrar- se en la noche, de la fiesta y de tejer confianzas entre los vecinos actuales y los que hasta el desplazamiento también lo fueron.
Por otra parte, se resalta que actividades de encuentro como las dos mencionadas, han posibilitado la recuperación de otro repertorio de acción histórico en la vereda, como en muchas zonas rurales y urbanas del país, y es el convite, el cual es un espacio de trabajo colectivo, que refuerza los vínculos sociales y permite pensarse en una dimensión colectiva y no sólo individual, de la llamada recuperación del conflicto armado:
Convites, también han pedido muchas ayudas para la carretera, también han estado en convites para hacer, ah que vamos a ponerle maderas a tal casa que se está cayendo, allá van todos, aquí pues, de eso sí, sí ha vuelto la unión otra vez. (Mujer adulta habitante de Palmirita, 2015).
En síntesis, la recuperación a la que se refieren los habitantes de Palmirita cuando se les pregunta por la reparación, está mediada por la creación de espacios de recuperación de la vida cotidiana, de espacios lúdicos, festivos y de trabajo de la tierra, que contribuyen a la resignificación de la relación con el territorio, el libre desplazamiento por la vereda y fundamentalmente el fortalecimiento de los vínculos vecinales y comunitarios.
Conclusiones
La reparación como obligación del Estado y derecho de las víctimas, sigue siendo un asunto pendiente para los habitantes de Palmirita, ya que la mayoría de las acciones de reparación llevadas a cabo ha cobijado sólo a una parte de la población y no se ha dado con el acompañamiento estatal que se requiere para cumplir en términos reales y no sólo formales con el derecho a la reparación. Sin embargo, por parte de los habitantes de Palmirita, sí se han desarrollado una serie de acciones y prácticas que contribuye y fundamenta la recuperación de la vida cotidiana, de la vida campesina y de los sentidos de vida individua- les, pero la visión que los campesinos de Palmirita tienen sobre la reparación, deja comprender cómo a pesar del valor de sus acciones, sigue haciendo falta que el Estado actúe garantizando el derecho a la reparación, por tanto es la confluencia entre las acciones de las comunidades y el cumplimiento de obligaciones del Estado la que permite pensar en una reparación integral. En este texto se hace referencia a la reparación como las acciones realizadas por el Estado para garantizar este derecho, y a la recuperación, para referirse a las acciones realizadas por las propias comunidades.
Hay que recalcar además que lo que se viene configurando como mecanismos de reparación ha operado en medio de la desarticulación entre las instituciones del aparato estatal de diversa índole territorial: nacional, regional y local. Por un lado, los programas que se lideran desde la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas -UARIV- hacen parte de un engranaje burocrático que en algunos casos responden, a corto o mediano plazo, a las demandas de medidas de reparación, pero en muchos casos -sobre todos los provenientes de las zonas rurales más apartadas, zonas que justamente fueron muy afectadas por el conflicto armado- los trámites y los tiempos para llegar a una atención oportuna se han retardado, dejando a las comunidades en una espera que ya se extiende hasta tres y cinco años. Por otro lado, a lo largo del tiempo en que se han llevado a cabo los programas para atención a víctimas, los procedimientos de las políticas y gobiernos de turno se han construido y reconstruido, no sólo sobre la marcha, sino también sin la adecuada coordinación institucional y rigurosidad que permitan tener un conocimiento claro y una información consolidada y sistematizada de las poblaciones objeto de reparación.
Sumado a los trámites que deben surtir las personas para obtener atención y acompaña- miento, existe también desconocimiento y poco acceso a la información de cómo se debe proceder en estos casos.
En general, la expectativa de que se implementen medidas de reparación en la vereda Palmirita -así como en otros lugares del oriente antioqueño donde se ha realizado la investigación-, en vez de constituir un escenario de renovada interacción entre el Estado y los ciudadanos, ha llevado a que muchas personas se queden a la espera de una ayuda económica, inmovilizadas por los ya reiterados sentimientos de frustración y engaño que reactualiza el Estado cuando ilusiona a la gente con una promesa de reparación centrada en la indemnización -el otorgamiento de dinero- y que aún no cumple con gran parte de la población, sin brindar herramientas para que la gente participe y se empodere de todas las implicaciones sociales y políticas que conlleva el derecho a la reparación; en Palmirita, específicamente, la indemnización la han recibido muy pocas personas como ya se mencionó, y ante las dificultades económicas que subsisten en la comunidad, son aún muchas las personas que se aferran a la expectativa de recibir “ayudas” por parte del Estado y poco reivindican o saben de su derecho a la reparación. Claro que hay que reconocer la incredulidad que tienen algunas personas respecto a los mecanismos de reparación; según una mujer de la vereda Palmirita de Cocorná “reparar es un decir”, coincidiendo con la razón práctica de la temporalidad de lo irreversible, es decir, la imposibilidad de volver al estado previo al daño, reconociendo además que una indemnización económica no puede resarcir tanto mal provocado ni devolver a la vida a los seres queridos que han fallecido a causa del conflicto armado, pero reconociendo la necesidad de que se dé la indemnización.
Sin embargo, en medio de tal incredulidad, es de resaltar las iniciativas de recuperación comunitaria de las que se ha hecho mención y con las cuales las comunidades bus- can reconstruir sus espacios de vida, mediante actos culturales con los que se pretende reanimar la vida y el tejido social, o mediante convites que tienen como objetivo la reparación de viviendas o la reconstrucción de parcelas y caminos perdidos durante el tiempo del desplazamiento forzado; aunque hay que aclarar que si bien gran parte de estas iniciativas se financian con recursos de la comunidad, algunas veces también se logran hacer con recursos del Estado, que empero son ofrecidos como parte de un mecanismo de reparación colectiva, pero a sabiendas de que la carencia de una adecuada infraestructura pública ha sido una deuda histórica de la justicia distributiva que el Estado tiene con las comunidades rurales más afectadas por el conflicto armado.
Pese a que por parte del Estado no se ha brindado una apertura política en la que se incluya una participación abierta y con incidencia de las comunidades respecto a los procesos de reparación, éstas se han empoderado de su reparación o, mejor, de la recuperación de sus espacios de vida. Es así que las iniciativas comunitarias descritas comportan el germen de una capacidad organizativa con la que se generan alternativas y mecanismos desde los cuales las comunidades trabajan en pro de sus territorios tratando de mejorar sus condiciones de vida, condiciones con las que a su vez se tiende a recuperar y fortalecer el tejido social y que van mucho más allá de lo económico. Con ello se evidencian procesos comunitarios que dan cuenta de las capacidades de los actores locales para sobreponerse y hacerle frente a los daños padecidos.
