Introducción

La Ley colombiana 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de Infancia y Adolescencia, en el marco de la justicia restaurativa, espera que el adolescente infractor logre tomar conciencia del daño causado a la víctima de sus delitos, desarrolle actitudes empáticas y realice acciones de reparación social para reintegrarse a la sociedad. De este modo, para que los principios de la justicia restaurativa se lleven a cabo, es necesario que el proceso de acompañamiento, con dicha población, promueva la adquisición de acciones prosociales, entendidas como un conjunto de comportamientos que, sin la búsqueda de recompensas materiales, favorecen a otras personas o grupos, así como también el logro de metas sociales, objetivamente positivas, que aumentan la probabilidad de generar una reciprocidad positiva de calidad en las relaciones interpersonales o sociales consecuentes (^{Roche, Castello, Castello, Masnou y García, 1991}).

Asimismo, para ^{Sarmiento et al. (2014)}, los jóvenes infractores de la ley penal presentan una distorsión en la representación de sí mismos, por sobrevaloración o subvaloración de características que polarizan su autoimagen. Los rasgos más patentes: la omnipotencia, la impulsividad, la agresividad, la visión dicotomizada del mundo, la exposición a situaciones de riesgo, implacabilidad en sus puntos de vista, fallas en el control de sus impulsos agresivos y tendencias al retraimiento/aislamiento social. Así mismo, sus capacidades empáticas y de sociabilidad son reducidas, con marcada propensión a la desconfianza e inestabilidad en las relaciones afectivas.

Por otro lado, ^{Baglivio, Wolff, Piquero & Epps (2015)}, destacan que experiencias tempranas traumáticas de abuso emocional, físico y sexual, negligencia y el estrés acumulado, son un factor de riesgo clave en la predisposición a la delincuencia y a la victimización, respectivamente. ^{Anda, Butchart, Felitti & Brown (2010)}, han documentado los efectos negativos de los hogares con violencia doméstica, abuso de alcohol o drogas, estrés relacional por separación o divorcio traumático, exhibición de conductas delincuenciales en el hogar y la comunidad, reclutamiento temprano y exposición a la intimidación, en el desarrollo emocional, cognitivo, social y moral de los niños. En esta población, son muy altas las posibilidades de inicio temprano de consumo de cigarrillo, alcohol y drogas, pobres resultados educativos, perpetración de actos violentos, promiscuidad sexual, embarazo no planeado y encarcelamiento.

Trabajos previos, basados en la teoría del apego de Bowlby, han revelado que la proximidad y el afecto, a través de procesos de apego seguro, promueven la capacidad de tomar en cuenta la perspectiva de otros y orientarse hacia el cuidado de los demás (^{Mikulincer, Shaver, Gillath, & Nitzberg, 2005}). En otras palabras, la seguridad del apego facilita el sentimiento de ser amado, reduce la ansiedad, posibilita la regulación de las emociones y una percepción positiva del mundo, fundamentos psicológicos para el comportamiento prosocial.

La promoción de acciones prosociales es un asunto de vital importancia durante la estadía del adolescente en su medida de protección sancionatoria, dentro del medio institucional, toda vez que es en dicho espacio donde se lleva a cabo su proceso de resocialización mediante acciones pedagógicas e intervenciones, a nivel individual y grupal. Dichas aseveraciones se realizan teniendo en cuenta las prácticas observadas y analizadas con esta población en los medios institucionales.

Consideramos a los adolescentes infractores como un colectivo emergente de las condiciones de desigualdad y pobreza en las que han crecido, donde perciben la naturalización cotidiana de la violencia. En estos contextos, dicha población experimenta, de manera pasiva y activa, acciones en abierta transgresión con la legalidad del sistema. Apoyados en ^{Vilar, Planella y Galceran (2003)} podemos decir que el siglo XX vio en la educación la esperanza de transformar colectivos vulnerables o en situación de dificultad social, como alternativa a la ineficacia de los tratamientos tradicionales de control, asistencia social y terapia. No obstante, rápidamente la euforia inicial en la educación dejó paso al desencanto por no alcanzar las expectativas que en ella se habían depositado. Se halló que existen situaciones problemáticas, contextos de vulnerabilidad, dificultad social y colectivos en conflicto con la ley, en donde la educación puede hacer solo unas aportaciones, pero no es el elemento definitivo. Este desencanto llevó a la búsqueda de respuestas en otras disciplinas no educativas, que ante las mismas problemáticas también han resultado poco eficaces. El error principal según ^{Vilar et al. (2003)} ha sido pensar en una lógica del todo o nada en la solución para estas problemáticas.

En Colombia, las estadísticas de reincidencia en la comisión de delitos de distinta naturaleza, ejecutados por adolescentes, tienden a incrementar, según datos de la Comisión de Evaluación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes -SRPA(como se citó en ^{Procuraduría General de la Nación, 2012}). Estos índices de aumento en la criminalidad, destacan la necesidad de revisar las formas de tratamiento ofrecidas, en las que participan estos adolescentes, la probable poca efectividad y, más aún, la fractura entre los principios de la justicia restaurativa y los modelos pedagógicos de las instituciones del SRPA. Países como Chile y España desde el año 2004 han venido haciendo revisiones del impacto del acompañamiento a esta población, fundamentado en los cambios y transformaciones que ha tenido la ley en estos países, dando paso a la revisión de estos modelos y ajustándolos a la promoción de acciones prosociales.

Dado esto, se torna importante dar razón de la forma como las intervenciones con adolescentes infractores, realizadas hasta el momento, contribuyen a la finalidad del sistema de responsabilidad penal y la justicia restaurativa, permitiéndoles a éstos desarrollar acciones prosociales de reparación, que pasen primeramente por la consciencia del daño causado y el reconocimiento de la víctima afectada.

Método

Para la elaboración de este artículo se implementó la técnica de análisis documental, con una revisión exhaustiva en diferentes bases de datos en búsqueda de revistas indexadas y tesis doctorales. Como criterios de búsqueda se establecieron los descriptores de prosocialidad, comportamiento prosocial, adolescente infractor e intervención con adolescentes infractores, en artículos publicados en Iberoamérica. La búsqueda se realizó en las bases de datos EBSCO, Fuente Académica, Eric, Science Direct, Google Académico, Scielo y Scopus. Se obtuvo más de quinientos resultados, de los cuales se tomaron en cuenta un total de cincuenta y tres (53) publicaciones científicas, derivadas de procesos de investigación, para realizar la construcción de este escrito. Luego del rastreo y los resultados arrojados, se procedió a hacer el respectivo análisis de contenidos de las diferentes publicaciones, agrupándolas en tres categorías: i) características de adolescentes infractores (27 publicaciones, organizadas en cuatro subcategorías: factores conductuales, factores cognitivos, representaciones sociales y trayectorias delictivas); ii) prosocialidad y adolescencia (12 publicaciones); y iii) intervención con adolescentes infractores (14 publicaciones, establecidas en dos subcategorías: programas de intervención y competencias de profesionales psicosociales). De este modo, a continuación, se desarrollan las categorías conceptuales analizadas, según los resultados encontrados.

Características de adolescentes infractores

Según los resultados arrojados tras el rastreo de investigaciones, se encontró que en mayor número existen tesis y artículos que dan razón de las características de adolescentes infractores y sus particularidades psicológicas, sociales, familiares, emocionales, cognitivas, conductuales, relacionales, culturales y representacionales; factores que en algunos casos son analizados en relación con adolescentes no infractores. Se evidenció, además, que el mayor interés tanto en Colombia como en otros países de Hispanoamérica ha consistido en conocer y reconocer las particularidades tanto individuales como colectivas de la población infractora. Para efectos de este escrito, estas particularidades serán abordadas en las subcategorías de análisis, mencionadas en el método.

En cuanto a factores conductuales encontrados en adolescentes infractores, ^{Alcázar, Bouso y Gómez-Jarabo (2006)}, luego de caracterizar el patrón desinhibido de conducta en una muestra de adolescentes infractores de España, México y El Salvador, refieren que se han encontrado diferencias significativas en esta población, respecto a los no infractores, en cuanto a la presencia de comportamientos más desinhibidos de parte de los adolescentes que infringen la ley. Por otro lado, ^{Alarcón, Vinet y Salvo (2005)} identificaron cinco agrupaciones de perfiles de personalidad en adolescentes infractores: a) el transgresor delictual, b) el oposicionista-autodestructivo, c) el inhibido-evitativo, d) el dependiente-ansioso, y e) el subclínico. En este estudio se resalta que dichos estilos de personalidad identifica dos pueden constituir un factor de riesgo relevante para una mayor reincidencia y peligrosidad en los delitos cometidos por adolescentes, además de diferenciar las motivaciones que cada uno de ellos tiene para infringir leyes y/o normas socialmente establecidas.

En el contexto brasileño, ^{Rezende y Estevão (2012)}, identificaron un pobre desarrollo en las relaciones interpersonales de los adolescentes infractores, acompañado de un elevado aislamiento socioemocional, problematizando significativamente las experiencias vividas en esta etapa del ciclo vital. Según estos estudios, se establece que las conductas antisociales y desafiantes de los adolescentes infractores tienen orígenes intrapersonales, que son exteriorizados mediante actitudes hostiles, dadas sus carencias, frustraciones, miedos y angustias a nivel individual.

En el territorio colombiano se encuentra un estudio que plantea la existencia de diferencias significativas a nivel comportamental, entre los adolescentes de 12 a 13 años y los de 16 a 17 años, donde los de mayor edad presentan más conductas antisociales y delictivas, demostrando un desarrollo progresivo de dichos comportamientos una vez se inician. En línea con esto, también muestra que los adolescentes de género masculino presentan una media mayor, con diferencias estadísticamente significativas en la conducta antisocial y en la conducta delictiva, comparada con las mujeres (^{Sanabria y Uribe, 2009}). De este modo, respecto a los factores conductuales de los adolescentes infractores, se puede decir que, según lo encontrado, existe una propensión a realizar actos delincuenciales a partir de las estructuras mismas de personalidad, desarrolladas en contextos que legitiman dichos actos, y que, de manera pasiva, los impulsan a cometerlos.

En cuanto a factores cognitivos que caracterizan a adolescentes infractores, ^{Ramírez y Arroyo (2014)} realizaron un estudio entre adolescentes infractores del municipio de Sincelejo, donde plantean que no existen alteraciones significativas en las funciones cognitivas evaluadas, que permitan equilibrar los resultados posiblemente hacia un patrón más amplio en caracterización neuropsicológica. Dicho planteamiento recomienda profundizar en aspectos psicológicos, socio-culturales y familiares, que puedan estar influyendo en la conducta delictiva de estos menores.

^{Sandoval (2014a)} plantea que la propensión a aprender de la población en delincuencia juvenil es caracterizada por elementos que constituyen factores de baja independencia, haciendo notoriamente hincapié en contextos informales de aprendizaje con periodos de progresivo estancamiento dentro del contexto escolar, a la vez que limitan sus recursos y potencialidades de desarrollo. El mismo autor expone que el proceso de adquisición de nuevos aprendizajes para estos adolescentes no ha sido debidamente reconocido y/o potenciado dentro de contextos formales de aprendizaje, recalcando la necesidad de poner en consideración el sistema de enseñanza-aprendizaje, a través de la generación de experiencias interactivas y la creación de ambientes que promuevan la curiosidad, la exploración, la mediación de significados y la reciprocidad (^{Sandoval, 2014b}).

En otra revisión acerca de los procesos cognitivos distorsionados en los adolescentes infractores, ^{Roncero, Andreu y De la Peña (2016)} exponen la necesidad de contar con una perspectiva más integradora que permita una mejor conceptualización y tipificación de estos procesos cognitivos distorsionados, a fin de clarificar la naturaleza y la función específica que cada uno de ellos desempeña en la explicación del comportamiento agresivo y antisocial en adolescentes. Finalmente, ^{Samper, Mestre y Malonda (2015)} plantean que elementos tales como la inteligencia general, la empatía y el apego no alcanzan ningún peso significativo en los mecanismos de afrontamiento ante un problema en la adolescencia. Dado esto, se expone entonces que las características cognitivas de adolescentes infractores y su propensión a aprender en los contextos educativos regulares, promueven una revisión del sistema educativo actual, mediante metodologías y acciones más integradoras, respecto al desarrollo de capacidades y habilidades de pensamiento y resolución de problemas, a fin de generar una educación para la vida, más allá de un proceso de adquisición de conocimientos académicos.

En cuanto a representaciones sociales de consideración en adolescentes infractores, varios estudios nacionales han arrojado resultados importantes. Inicialmente, la consideración del apoyo social que estos perciben ha arrojado diferencias significativas en relación con los adolescentes no infractores, de modo que el grupo de adolescentes que no han cometido delitos mostró una consistencia mayor en cuanto a redes afectivas y el apoyo familiar percibido, en comparación con los infractores (^{Méndez y Barra, 2008}). En línea con esto, ^{Sanabria y Uribe (2009)} plantean que los adolescentes que son recluidos en instituciones para menores infractores presentan una mayor exposición a factores de riesgo social, en comparación con los adolescentes no infractores de instituciones públicas, donde se identifican elementos estructurales de análisis de las relaciones de estos jóvenes con el sistema en el que se encuentran inmersos. Esto nos lleva a la reflexión de las formas como, dentro de la sociedad, se percibe a los adolescentes infractores, generando estigmatización individual de un aspecto que involucra claramente las prácticas en un sistema que les genera afectaciones en su relacionamiento con el otro, aún antes de realizar conductas selectivas, si consideramos los contextos de exclusión a los que están sometidos.

En línea con esto, una investigación realizada sobre el mundo representacional de los adolescentes infractores en Colombia, nos muestra que los modos de ser, hacer y sentir que éstos jóvenes tienen en relación con el mundo, con ellos mismos y con los otros, están sostenidos por un tejido relacional que gira en torno a la devaluación, la desigualdad y la dependencia, aspectos relacionados con inseguridades vinculares que dejan a estos adolescentes con precarios recursos para enfrentar las demandas de su nuevo momento evolutivo (^{Zapata, 2015}). Lo anterior, permite inferir que no solo existen elementos de exclusión de parte del sistema hacia los adolescentes infractores, sino en la forma como éstos también identifican a ese sistema al cual pertenecen, como un ambiente hostil y con pocas posibilidades de desarrollo, según sus expectativas sociales.

En referencia con variables psicosociales del entorno sociocomunitario asociadas a procesos de desadaptación social en adolescentes, se encontró una caracterización, dentro del contexto chileno, de dinámicas barriales en cinco dimensiones: convivencia comunitaria, acción institucional en la comunidad, norma comunitaria, abordaje familiar del comportamiento infantil y adolescente, y apropiación del espacio público. Los autores consideran que una alteración negativa en el desarrollo de estos elementos, incrementa la posibilidad de presentar conductas delictivas y realizar actos criminales en el espacio comunitario (^{Zambrano, Muñoz y González 2012}). Siendo así, se muestra la existencia de desigualdades percibidas por este grupo poblacional, que conllevan al desarrollo de actitudes en abierta transgresión a la legalidad del sistema que los oprime, de manera macro y micro. Así mismo, se establece que las carencias estructurales generadas dentro de sus núcleos primarios de afecto, facilitan la propensión a desarrollar conductas infractoras en la adolescencia.

En lo que tiene que ver con trayectorias delictivas, se revisaron estudios de varios países de América Latina, tales como Chile, Perú y México, así como estudios comparativos de la región del Caribe y España. De este modo, respecto a análisis de trayectorias delictivas por reincidencia y disentimiento, se encontró que, respecto a los adolescentes infractores de ley, se tipifican procesos evolutivos diferenciables en función de la conjunción de variables psicológicas, conductuales y contextuales (^{Pérez, Lagos y Báez, 2012}). También, se encontró que, respecto a las trayectorias, escenarios e itinerarios, no existe una respuesta causal, lineal y simple como se proporciona habitualmente desde los medios de comunicación. No obstante, nuestra sociedad incide de manera activa y pasiva en la elección del adolescente por el desarrollo de la trayectoria delictiva y en su perturbación por su mantenimiento, al hacer a un lado el análisis del escenario social y judicial para descifrar sus tramas, siendo clave ese lugar donde se origina y consolida la trayectoria delictiva de los adolescentes infractores (^{Uceda, 2011}). De igual manera, un estudio peruano de ^{Morales (2008)} considera que el fortalecimiento de políticas públicas efectivas y permanentes en el tiempo, constituye una excelente alternativa para promover la calidad de vida, el desarrollo y la inserción social de los adolescentes y jóvenes. Esto abre el espectro de análisis, a partir de la contemplación de elementos de constitución social que promueven o refuerzan la presencia de prácticas delictivas en la adolescencia.

Un estudio de reincidencia para la ejecución de un sistema de ejecución de la pena juvenil, plantea que las medidas aplicadas en régimen abierto obtienen mejores resultados de reinserción, que las de sistemas cerrados, destacando la importancia de impulsar con mayor fuerza las sanciones que se vinculan a una menor tasa de reincidencia (educación escolar completa, formación técnico profesional) y empleo al momento de reinsertarse a la sociedad, lo que implica aprender conductas prosociales y la preparación plena para la salida en libertad (^{Walter, 2009}). De este modo, se analiza que las trayectorias delictivas y los niveles de reincidencia, dados en los adolescentes infractores de América Latina, se encuentran íntimamente ligados con la percepción de carencias sociales y pocas oportunidades de desarrollo personal, lo cual conversa con las desventajas socioeconómicas y familiares, previamente expuestas, que riñen con la legalidad del sistema.

Prosocialidad y adolescencia

El estado actual de la investigación sobre conducta prosocial postula definiciones abarcativas y otras más estrictas de dicho constructo, mientras que las tipologías más recientes tienden a reducir el número de categorizaciones. Se halló que abundan tanto las investigaciones como la construcción de instrumentos para la medición de la conducta prosocial en la infancia y la adolescencia (^{Auné, Blum, Abal, Lozzia y Horacio, 2014}). También, se encontró que, respecto a los factores que promueven acciones prosociales en los adolescentes, la estabilidad emocional constituye un factor fundamental para establecer relaciones empáticas y positivas con el entorno; a su vez, aparece como un factor de riesgo que influye en las manifestaciones de agresividad física y verbal del adolescente.

^{Martínez, Tovar y Ochoa (2016)}, refieren que el grado de presencia de comportamien tos agresivos estaría relacionado con el contexto sociocultural en el que viven los niños, y esta problemática puede ser detectada e intervenida por los maestros en la escuela. Por otro lado, ^{Auné et al. (2014)} exponen que resulta escaso el cuerpo de trabajos referente a la correlación entre instrumentos de medida de conducta prosocial, y tampoco se han logrado conclusiones claras acerca de las posibles relaciones entre los diferentes procedimientos de medida empleados.

En cuanto a recursos individuales establecidos en la estructura psíquica y emocional del adolescente como cuerpo sentipensante, encontramos estudios acerca de la capacidad de este para empatizar y cooperar ante las necesidades de los otros, así como que la aptitud de autorregulación y de autoorganización de la conducta se relaciona con la prosocialidad. Una investigación realizada en España, determinó que los factores estructurales de la personalidad de amistad y conciencia son los que tienen mayor peso en las conductas altruistas y prosociales de los adolescentes (^{Tur, Mestre y Del Barrio, 2004}). Por otro lado, ^{Moreno y Fernández (2011)}, describen que la flexibilidad yoica parece tener escasa relación con la convivencia social, el control de la agresividad y la capacidad de superar las dificultades en la relación con los otros, mientras que la variable empatía demostró ser muy importante para la comprensión de las actitudes prosociales y agresivas.

Otros factores sociales y relacionales de consideración, en el marco del desarrollo de acciones prosociales, son expuestos por ^{Berger (2011)}, quien plantea que la característica más destacada entre adolescentes chilenos admirados es la prosocialidad, seguida de la prominencia social. Por otro lado, en el aspecto relacional familiar, se demuestra que la influencia de los padres sobre el comportamiento prosocial de los hijos sobrepasa a la de la escuela, estudiada a través del comportamiento de los iguales y del rendimiento escolar (^{Richaud, 2014}). Así mismo, otro estudio avala que la evaluación positiva del hijo y el apoyo emocional, junto con la coherencia en la aplicación de las normas, es el estilo de crianza más relacionado positivamente con la empatía y con el comportamiento prosocial (^{Mestre, Tur, Samper, Nácher y Cortés, 2007}).

Al asociar la noción de prosocialidad con el tratamiento de adolescentes con problemas graves de comportamiento, ^{Barrón y Crabay (2012)} promueven estrategias de trabajo humanísticas, como lo configuran los trabajos de ^{Roche Olivar (1998)} en España. Por otro lado, en su artículo Temperamento y Crianza, Mestre, ^{Tur y Del Barrio (2004)} resaltan la presencia de la dimensión estructural de la personalidad y, en especial, de los factores de amistad, conciencia e inestabilidad en la ocurrencia de las conductas agresivas, inestables y prosociales. A nivel teórico, ^{Moñivas (1996)} expresa que el conocimiento de la prosocialidad puede servir para construir una sociedad más prosocial, y que, aunque los niños suelen ser más prosociales en la medida que pueden adoptar diferentes perspectivas, los educadores se pueden servir de las recompensas, de exponerlos a modelos de aprendizaje prosociales y cooperativos.

Sobre el papel de la conducta prosocial y de las relaciones sociales en el bienestar físico y psíquico del adolescente, ^{Martínez, Inglés, Piqueras y Oblitas (2010)} consideran de suma importancia establecer en los planes de estudios de los niveles escolares en educación básica, una asignatura transversal que se encargue de enseñar habilidades específicas relacionadas con conductas prosociales y el desarrollo de la inteligencia emocional de los niños y adolescentes. En este orden de ideas, el estado actual de la investigación, respecto a la prosocialidad en la adolescencia, nos lleva a pensar las intervenciones y modos de acompañamiento implementados con esta población.

Intervención con adolescentes infractores

Partiendo del referente chileno, un estudio publicado sobre la articulación de redes comunitarias en la intervención con adolescentes infractores, arrojó que existen dificultades al interior de los equipos profesionales para integrar eficientemente los recursos de las redes interinstitucionales, dada la fragmentación de la política pública de adolescentes infractores, así como las barreras para abordar de forma conjunta la dimensión comunitaria en el trabajo con los jóvenes, producto del formato de intervención, con la mano de las modalidades de financiamiento de los programas (^{Zambrano, Muñoz y Andrade, 2015}). Esto no dista mucho de la realidad colombiana, pues entre los imaginarios sociales de la comunidad, la concepción de los adolescentes infractores se encuentra estigmatizada y poco se interesan colectivos comunitarios para aportar en el acompañamiento a los mismos.

Igualmente, ^{Zambrano et al. (2015)} plantean que, en el ámbito chileno, se evidencian mejoras en la comprensión e integración entre la redes institucionales y comunitarias, en la intervención con adolescentes infractores por parte de los equipos profesionales de los programas; dicho estudio plantea que se han logrado articular redes interinstitucionales con mejores grados de continuidad y complementariedad en el quehacer de los equipos, mediante la incorporación paulatina de la dimensión comunitaria en la intervención. Otra de las investigaciones revisadas de Chile, nos muestra que existen dificultades en el proceso de inclusión social de adolescentes infractores, respecto a la política pública en una sociedad compleja, en la cual confluyen la diferenciación funcional de sistemas, la masificación de la exclusión y la individualización de la construcción de biografías personales (^{Zamorano, 2009}).

En otro estudio sobre intervención con adolescentes infractores chilenos, ^{Dionne y Zambrano (2009)} establecen que el fenómeno de la desadaptación social, particularmente la infracción de ley, durante el período de la adolescencia, es un fenómeno multidimensional que no puede reducirse a un tratamiento de variables únicas o simples, que predigan el comportamiento del joven. Dicha investigación concluye que una misma intervención no puede ser eficaz para todos los tipos de jóvenes, puesto que corresponde a cada perfil de delincuente estrategias particulares en el modo de responder a las necesidades de desarrollo de estos adolescentes, al destacar la urgencia de generar un fuerte vínculo entre la investigación y la acción en el trabajo con adolescentes infractores de ley, con la finalidad de aportar a un proceso riguroso de desarrollo, evaluación y mejoramiento de los programas de intervención que atiendan las especificidades del contexto.

De otro lado, en los Estados Unidos se encontró un artículo que describe un modelo denominado “Tratamiento Multidimensional de Acogimiento Familiar” (MTFC, por sus siglas en inglés), el cual ha sido ampliamente implementado en este país, así como en Europa, y tiene muchos proponentes. En este trabajo se plantea que dado el alto costo y la limitada efectividad de la atención residencial para niños y adolescentes con graves problemas de conducta y/o delincuencia juvenil, el MTFC es una alternativa positiva de intervención (^{Fisher & Gilliam 2012}). No obstante, al indagar en el contexto latinoamericano, dicho modelo no ha sido aplicado por ningún país hasta el momento.

Respecto al continente europeo, se revisó una investigación de España sobre un programa educativo para adolescentes con problemas graves de comportamiento. Los resultados indicaron que la muestra estudiada presentó unas características sociales, familiares y escolares específicas, que permitieron identificar y describir un perfil característico de este colectivo. Así mismo, el programa logró mejoras en determinados indicadores considerados como adecuados para el desarrollo de estos adolescentes (^{Orrego, Paino y Fonseca, 2016}). Otros estudios revisados en España sobre factores de éxito asociados a los programas de intervención con menores infractores (^{Redondo, Martínez y Pueyo, 2011}) y carreras delictivas juveniles y tratamiento (^{Martínez y Redondo, 2013}), concluyen que tres aspectos deberían constituir retos prioritarios para el futuro: programas de tratamiento sobre necesidades criminogénicas específicas, evaluación de las intervenciones y coordinación técnica entre comunidades autónomas. Además de la necesidad de revisar las carreras delictivas y ajustarlas en torno a la eficacia terapéutica.

Ya en el ámbito nacional, un análisis de la justicia restaurativa en materia de responsabilidad penal para adolescentes en Colombia, demuestra la necesidad de generar criterios de actuación profesional e interprofesional, a partir de protocolos especializados dirigidos a la prevención, atención, remisión y toma de decisiones de los profesionales que atienden los casos. Este estudio nos muestra que existen necesidades del contexto institucional, profesional y de los funcionarios del sistema, que permitan comprender las condiciones necesarias para proponer lineamientos generales, que guíen, por una parte, la formulación de un programa de justicia restaurativa, acorde con la ley vigente en Colombia, y, por otra, que posibiliten diferentes estrategias para empoderar a la comunidad y cumplir el principio de corresponsabilidad entre el Estado, la comunidad, la familia, las instituciones educativas, las víctimas y los adolescentes infractores, para hacer viables los programas de justicia restaurativa (^{Rodríguez, 2012}).

En cuanto a la ciudad de Medellín, en 2007 se realizó una evaluación a un programa de prevención temprana de la violencia, ejecutado en el año 2003. En dicha evaluación se encontró que el programa parece tener efectos preventivos, puesto que se observa una disminución de la agresión directa en los niños con mayor nivel de agresión, y un efecto protector en el aumento de la prosocialidad en los niños menos agresivos (^{Duque, Orduz, Sandoval, Caicedo y Klevens 2007}). No obstante, dichos resultados no han sido aplicados en procesos de intervención y tratamiento con adolescentes infractores.

Es importante señalar que, en cuanto a la evaluación de programas de competencias educativas para profesionales que trabajan con adolescentes infractores, solo se encontró un artículo de investigación en el contexto chileno. Dicho estudio concluyó que un desafío para futuras evaluaciones lo constituye la realización de procesos de evaluación centrados en la observación de las competencias, a fin de que sea posible evidenciar tanto las conductas de entrada como los aprendizajes obtenidos, y la evaluación reflexiva de las prácticas realizadas, donde, conjugando los distintos tipos de saberes, los profesionales y técnicos puedan demostrar sus competencias y, junto con ello, mostrar sus capacidades para aprender a aprender rápida y permanentemente (^{Alarcón y Vargas, 2012}). Dicho análisis se torna relevante al momento de puntualizar en la forma como se ha venido realizando la intervención con los adolescentes infractores en diferentes lugares, por parte de personal profesional, pero la poca atención que se le ha dado a los modos de intervención y a las acciones ejecutadas en el marco institucional, lo que constituye un reto importante para realizar la discusión.

Conclusiones

En línea con lo ya expuesto, es importante señalar que para que el objetivo de la justicia restaurativa se cumpla, en el marco del sistema de responsabilidad penal colombiano, se torna urgente y prioritario el generar un diálogo abierto y franco entre lo establecido en la Ley de Infancia y Adolescencia, las prácticas y/o modos de intervención de las instituciones del sistema y la realidad vivida por los adolescentes en los contextos en los que se desenvuelven, a fin de atender no solo sus necesidades de regulación social, sino apostar por una visión psicosocial, enmarcada en el acompañamiento mediante el mundo de la vida, tomando en consideración lo expuesto en el análisis de ^{Rodríguez (2012)}.

Es importante generar un análisis interpretativo de las realidades y contextos en los que viven los adolescentes infractores en Colombia, a fin de generar estrategias que promuevan un dialogo entre el adolescente y la legalidad del sistema. Tomando en cuenta los resultados, respecto a las características conductuales de los adolescentes infractores en Colombia (^{Sanabria y Uribe, 2009}), es necesario que se desarrollen políticas acordes a las necesidades socioeconómicas y familiares, que permitan empoderar a estos adolescentes como seres políticos y con capacidad decisoria, en el marco de la legalidad.

En cuanto a la intervención psicoeducativa, se deben considerar los planteamientos de ^{Sandoval (2014b)}, respecto a la importancia de repensar los currículos académicos, a fin de desarrollar estrategias pedagógicas que, desde el sistema educativo, permitan establecer habilidades para la vida en el marco de la legalidad y la resolución de problemas. Esto acompañado de la propuesta realizada por ^{Martínez et al. (2010)}, sobre la necesidad de incluir en el currículo de la educación básica, una asignatura que transversalice la promoción de habilidades prosociales y la inteligencia emocional, en relación con las formas de interacción social del adolescente, teniendo en cuenta los contextos en los que se desenvuelve. Es significativo considerar que el elemento psicoeducativo constituye un factor fundamental en el desarrollo y la promoción de acciones prosociales en los adolescentes, pues dicho asunto puede llegar a prevenir la infracción o comisión de delitos por parte de estos.

También, se torna necesario realizar una revisión y evaluación a los programas de intervención y tratamiento a adolescentes infractores en Colombia, dado que es importante analizar las prácticas llevadas a cabo en la intervención dentro de las instituciones de responsabilidad penal, a la luz del marco jurídico y normativo nacional, teniendo en cuenta las estadísticas de incrementos en los índices de reincidencia de delitos. Dado esto, si se examinan a rigor las intervenciones realizadas al interior de las instituciones del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, será posible evaluar su pertinencia respecto a los objetivos y fines propuestos por la ley, en cuanto al reconocimiento del daño causado, las actitudes de reparación por dicho daño y la reinserción en la sociedad, de manera tranquila y libre. Ante esto último, el poner en consideración la promoción de acciones prosociales en el marco de la intervención con adolescentes infractores, implicaría un desafío importante para el sistema y los equipos profesionales.

Considerando lo expuesto por ^{Zapata (2015)}, se hace necesario realizar acciones de acompañamiento que promuevan ambientes en los que el adolescente pueda ser valorado y tenido en cuenta como sujeto relacional, desde la construcción de lo afectivo. Dicho planteamiento abre la posibilidad de generar apertura, respecto a la noción de intervención, como un proceso lineal, y transformarlo hacia una perspectiva de acompañamiento, tomando los postulados de lo psicosocial como emergente situacional en el marco de la relacionalidad de profesionales y adolescentes. Así entonces, el acompañamiento realizado con los adolescentes infractores apuntaría más a un proceso de descubrimiento personal y conjunto, en el que el joven, en compañía de los equipos profesionales, pueda establecer metas específicas que apunten al reconocimiento, la reparación y la reintegración social, de manera efectivas.

En el marco de las intervenciones familiares, es importante realizar acompañamientos situados con los padres de familia como figuras significativas y de gran influencia en los comportamientos de sus hijos, como lo planteado por ^{Richaud (2014)}. De este modo, un reto en la intervención es que el acompañamiento a los adolescentes infractores no se haga de manera individualizada, sino reconociéndolo como parte del sistema parentofilial, con todo lo que implica este en el desarrollo de sus acciones y el relacionamiento con el mundo.

Otro aspecto relevante es la realización de lecturas de contextos sociales y factores de desigualdad que facilitan la comisión de delitos adolescentes, según lo expuesto por ^{Zambrano et al. (2012)}. Dado esto, se puede decir que no es posible realizar una tarea de promoción de acciones sociales sin la intervención de una política social incluyente, que apunte a disminuir las brechas de desigualdad social, para el mejoramiento de la calidad de vida y las realidades que experimentan los adolescentes infractores en sus contextos interaccionales.

Por último, no se puede negar que la efectividad de los programas de resocialización con adolescentes infractores tiene que ver en gran medida con los modos de atención desde el quehacer profesional; es por ello que los temas de capacitación y fortalecimiento del equipo profesional que acompaña a los adolescentes infractores deben ser fortalecidos en el marco del sistema colombiano, pues a comparación de Iberoamérica, no se ha generado un estudio de análisis y reflexión acorde a la realidad evidenciada.