Introducción

El conflicto armado colombiano constituye uno de los conflictos sociopolítico más largos y sangrientos de América Latina, según el ^{Centro Nacional de Memoria Histórica (2013)} se estima que entre 1958 y 2012 dejó aproximadamente 220.000 personas muertas. Por otro lado, la ^{Unidad para las Víctimas (2019)} al mes de febrero, reportan 8.794.542 víctimas en el territorio nacional. Si bien, se trata de un conflicto con más de 50 años de duración, cabe resaltar, que el interés nacional por atender a la población víctima data de apenas unos pocos años, en este sentido el antecedente más reciente y directo es la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz), erigida para facilitar la desmovilización de los grupos paramilitares en Colombia, escenario que promovió la revictimización de personas afectadas por el conflicto armado, no encontrando garantías para la reparación de sus derechos.

En el año 2008, el gobierno nacional a partir de la promulgación de la ley 1190 busca fortalecer y promover los derechos de la población desplazada del país, enfocando sus esfuerzos en la creación del Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia (CNAIPD). Para el año 2011 se hace un reconocimiento jurídico a nivel nacional de los derechos de la población víctima, lo que se logra a través de la expedición de la Ley 1448 (Ley de víctimas y restitución de tierras). A partir de este momento, el poder público, advierte la importancia de que los profesionales de las Ciencias Sociales acompañen los procesos de reparación integral de las víctimas desde el rol de interventores sociales.

Frente a lo anterior, surge una pregunta: ¿por qué estas iniciativas no tuvieron lugar antes? Según ^{Villa (2012)} una de las razones por las que el Estado opta por brindar atención integral a esta población, es la visibilizarían que han alcanzado en el escenario sociopolítico a través de la participación social en organizaciones a nivel local, departamental y nacional. Lo anterior, los convierte en actores sociales reconocidos en materia política, que deben tenerse en cuenta a la hora de desarrollar políticas públicas. Siguiendo a ^{Clemente (1992)} debe considerarse que los problemas sociales, en este caso, el de las víctimas del conflicto, experimentan un proceso de desarrollo que va desde la fase de agitación, dónde se detecta la presencia del grupo descontento con su situación social; pasando a una fase de legitimación y coactuación, donde los organismos oficiales reconocen al grupo y empiezan a responder a lo que solicita; y por último las fases de burocratización y reacción, y reemergencia del movimiento.

En este sentido, se encuentra que, en la fase de legitimación y coactuación, aparece la figura del interventor como un representante del Estado dispuesto a realizar acciones en pro de las víctimas, mediando entre la voz estatal y los deseos de la población. Importante señalar que el lugar del interventor constituye un espacio dinámico que experimenta cambios con el desarrollo del problema social hacia otras fases. Así pues, la relación EstadoInterventor-Victima sufre distintos avatares, en donde los significados, las percepciones y actitudes que tiene cada elemento de la relación con respecto a los demás y a sí mismo, se transforman (^{Montenegro, 2001}); esto como producto de las formas alternativas de subjetivación que promueve la interacción. Lo anterior, en sintonía con los postulados de ^{Blumer (1969)} quien propone que los significados son un producto de la interacción y se modifican a partir de la interpretación de los actos sociales.

Dicho esto, la presente investigación a partir de los presupuestos teóricos y epistemológicos de la psicología social construccionista y del análisis del discurso como método, analiza la forma en que la relación Estado-Interventor-Victima, transforma la subjetividad del interventor, esto en el marco de dos programas de atención a víctimas del conflicto armado, el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI) y la estrategia de recuperación emocional de la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). Se parte de la consideración, que en dicha relación, se configuran prácticas discursivas que promueven formas alternativas de relacionarse consigo mismo, con los demás y la profesión (^{Iñiguez, 2011}). En otras palabras, en la experiencia de la intervención, el profesional encuentra nuevas formas de plegar su ser (^{Deleuze, 2015}), es decir, construye formas alternativas de ser profesional y sujeto, lo que lleva a tomar distancia de aquellas teorías que piensan la identidad como una unidad armónica y estable en el tiempo. Es así como se atribuye a la experiencia relacional el poder de sacar al sujeto de sus límites debidamente establecidos.

Se justifica la importancia de este estudio, reconociendo que en la experiencia del interventor se generan dilemas ideológicos con relación a su quehacer, causando conflicto en sus formas de relacionamiento. Es así, como la política pública debería tomar estas experiencias con el fin de generar nuevos modos de pensar la intervención, que partan desde la voz de los profesionales y por supuesto de las víctimas. En síntesis, el problema de investigación del presente estudio queda planteado y formulado en la siguiente pregunta:

¿Qué procesos de subjetivación vivencian los interventores psicosociales que trabajan o han trabajado en programas de atención a víctimas del conflicto armado?

La intervención a víctimas del conflicto armado

Los efectos que el conflicto ha generado en la población demandan intervenciones situadas desde la psicología, que contemplen las singularidades propias de las comunidades afectadas y a partir de allí establecer acciones de reparación. De lo anterior, surge un cuestionamiento: ¿desde qué enfoques se realiza intervención en Colombia?

En la revisión de intervenciones realizadas en Colombia, se identifican dos tipos de dispositivos, por un lado, aquel que se acoge a posturas psicológicas dominantes caracterizadas por su ahistoricismo y por una neutralidad valorativa frente a los problemas sociales colombianos (^{Weber, 2010}). Frente a lo último, se reconocen experiencias como las de ^{Gantiva (2010)}, ^{Echeburúa y Corral (2007)} y ^{Palacio y Sabatier (2002)} cimentadas en dimensiones individualistas en las que se busca identificar, especificar y cuantificar conductas, capacidades, problemas, recursos y limitaciones de una o más personas, así como variables ambientales, pretendiendo explicar y modificar el comportamiento de las víctimas.

En síntesis, desde este lugar, el interventor ha tenido una intensión explicativa del lugar de víctima, tomando la posición de un técnico que desarticula su acción de las dimensiones ético-políticas, constituyendo una mirada turística del dolor como lo señala ^{Christlieb (2013)} “con una visión turística del mundo no está tan grave eso de la miseria, la violencia, el desempleo y la desigualdad, ya que son, total, como los museos, cosas que están pegadas en la pared y que se prohíbe tocar” (p.20).

Por otro lado, se ha asumido un dispositivo de intervención psicosocial, que concibe las afectaciones generadas por el conflicto armado desde una multiplicidad de dimensiones conectadas de manera compleja, que a partir de la tensión entre aspectos psicológicos y sociales propenden por el cambio social, y que según ^{Blanco & Rodríguez (2007)}, ^{Montero (2004}, ²⁰¹⁰⁾, ^{Sánchez (2002)}, ^{Arango (2006)}, ^{Barrero (2012)} y ^{Alvis (2009)}, reevalúa la postura ética de los psicólogos, así como los roles técnicos y los alcances de la intervención, generando metodologías emancipadoras que aportan en la construcción de bienestar y dignificación de la condición humana. Así, experiencias como la de ^{Arévalo (2010)}, ^{Rebolledo & Rondón (2010)}, ^{Estrada, Ibarra & Sarmiento (2003)}, ^{Arias, Arévalo & Ruíz (2002)}, ^{Estrada, Ripoll & Rodríguez (2010)}, ^{Wilches (2010)} y ^{Villa (2012)}, enfatizan en la necesidad de evitar prácticas que refuercen posiciones victimizadoras, incentivando la capacidad de agencia para enfrentar la cotidianidad, posibilitando el reconocimiento de habilidades y recursos a nivel comunitario y de esta manera resignificar experiencias asumiendo el control de sus vidas.

Por otra parte, en el rastreo de antecedentes realizado no se identifican investigaciones realizadas desde el enfoque situado propuesto por ^{Montenegro (2001)}, enfocado en el carácter procesual de las entidades sociales y los significados que se construyen en la relación a través del discurso, en donde el interventor forma parte del objeto que interviene, produciendo y transformando las significaciones. Dicho dispositivo de intervención será denominado por la autora como intervención social situada, en el cual el concepto articulación, es fundamental para comprender sus lógicas. La articulación es entendida como un espacio social y político que se construye como antagónico a otros, generándose un proceso de tensión entre valores éticos y políticos. Es allí donde los contextos y relaciones específicas adquieren su significado. La articulación se construye a partir de una gran variedad de relaciones de poder, definiendo lo que es digno de transformar, es decir lo problemático, en este proceso están implicados distintos sujetos e instituciones que asumen roles particulares según lo amerite la situación social (interventores, intervenidos, Estado y programas sociales), éstos hacen negociación de las construcciones que se han realizado de lo problemático, definiendo lo que se busca transformar, para ello, requieren la promoción de conexiones donde se fijan significados, que se enmarcan en contextos de relaciones de poder, autoridad e intereses.

Con base en lo anterior, intervenir desde una perspectiva situada, implica asumir que mientras intervenimos, estamos siendo intervenidos en articulaciones que definen nuestra posición de sujetos, en este orden de ideas, “la tarea consiste en articularse, reconocer la propia posición y las de otros entes y los alcances de estas. Además, reconocer las posibilidades y límites que se establecen como contexto de articulación” (^{Montenegro, 2001}, p.294).

Procesos de subjetivación en la intervención psicosocial

De los desarrollos teóricos realizados por Foucault sobre la triada Poder-Saber-Subjetivación deriva una potencial teoría para pensar el sujeto, dejando éste de ser entendido a partir de aquellos discursos modernos que lo definían en términos de una metafísica de la sustancia o como una esencia última y auténtica. Distanciándose de lo anterior, ^{Foucault (1998}, ²⁰⁰¹, ²⁰⁰²⁾ entiende al sujeto como una forma histórica debidamente constituida en el marco de regímenes de veridicción, lo que lleva al análisis de aquellas prácticas discursivas a partir de las cuales se establecen los juegos de verdad que constituyen al sujeto en cada formación histórica como una experiencia particular. En este orden de ideas el autor señala la imposibilidad de pensar un sujeto pre-discursivo o anterior a los efectos de la diada saber/poder.

En lo referido a esta investigación, el interventor y el intervenido, serán entendidos como sujetos formados en el seno de un dispositivo desde el cual se establecen prácticas de gobierno de la subjetividad. Ello implica identificar aquellos saberes y tecnologías que indican las formas correctas de relacionamiento del interventor con su profesión, del interventor consigo mismo, del interventor con los intervenidos y del interventor con el Estado. Es así, como a partir de saberes como la psicología, el derecho, las ciencias políticas, la pedagogía, entre otros; se producen modos específicos de sujeto, los cuales despliegan una serie de prácticas discursivas al interior del mismo dispositivo que los produce (^{Rose, 1979}, ¹⁹⁹⁰, ¹⁹⁹¹⁾.

En síntesis, se entiende como subjetivación, aquel proceso a través del cual se produce una subjetividad específica, producción que es discursiva y que se realiza en el marco de modelos de sujeto, en este caso, modelos de ser interventor y profesional, los cuales, están cargados de normas, requisitos y sistemas interpretativos que terminan por normalizar las prácticas profesionales, diciendo al interventor “que debe ser”, promoviendo así, una respectiva adscripción identitaria (^{Foucault 1998}, ²⁰⁰¹, ²⁰⁰²⁾.

Según lo anterior, este artículo entenderá al interventor como un sujeto sujetado, en el sentido en que es normalizado por discursos de poder/saber, y dependiente a instituciones para las cuales trabaja. Es en estas dinámicas de sujeción, donde hace reconocimiento de su propia identidad, lo que implica ciertas prácticas divisorias como las de reconocerse interventor en vez de intervenido, no víctima en vez de víctima, profesional experto en vez de lego. Dichas posiciones de sujeto implican ciertas prácticas sociales, las cuales se mantienen y reproducen, brindando modos de ver y hablar, a partir de los cuales se naturalizan y legitiman ciertos fenómenos sociales (^{Foucault, 2001}).

Lo dicho hasta ahora, pone al sujeto en una posición en la que parece estar desprovisto de autonomía, sin embargo, recordando a Foucault “donde hay poder hay resistencia” (^{Foucault, 2001}, p.100), esta sentencia pareciera indicar que hay asuntos que quedan por decir.

A partir de la lectura que ^{Deleuze (2015)} hace de Foucault, la subjetivación será entendida como aquel proceso a través del cual los sujetos constituyen su ser, lo que implica: “la manera en que la fuerza, que siempre viene del afuera, se pliega sobre sí misma” (p, 175); entiéndase por afuera, aquel lugar de donde proviene el conjunto de enunciados y visibilidades que cada momento histórico pone a circular, los cuales se pliegan sobre el sujeto, permitiéndole realizar una lectura de su realidad desde un marco perceptivo particular. Si bien, estas fuerzas vienen del afuera, el sujeto las vuelca sobre sí mismo haciendo dobleces en los que se expresa su creatividad, esto implica que el proceso de subjetivación es el espacio que el sujeto encuentra para franquear la línea del poder, en otras palabras, la subjetivación es un medio para establecer líneas de fuga y resistencia frente a la diada saber/poder (^{Deleuze, 2015}).

En el caso que compete a esta investigación, aquello que viene de afuera, son aquellos elementos discursivos y no discursivos que circulan socialmente con relación a la intervención, la paz, el conflicto, las víctimas, etc; los cuales parten de instituciones legitimadoras de saber cómo la universidad, los medios de comunicación, el Estado; y de cuerpos de saber de las ciencias sociales. Es así como aquello que proviene de afuera, el sujeto lo pliega sobre sí mismo de formas diversas, formando nuevos modos de relacionarse con su ser profesional y social.

Lo anterior, siguiendo a ^{Deleuze (2015)}, implica relaciones de fuerzas entre los discursos, en este caso, los enunciados construidos en la experiencia de intervención chocan con aquellos que vienen de la academia o con los de programas estatales para los que trabaja el interventor; en dichas relaciones de fuerzas se identifican tres poderes, 1) el de afectar, 2) el de ser afectado y 3) el de resistir. El poder de afectar y de ser afectado, se manifiesta en la experiencia del interventor al deber intervenir con base en los discursos que provienen del programa estatal, razón por la cual, discursos que vienen de cuerpos de saber emancipadores o nuevos saberes construidos en campo, se ven afectados en su realización práctica. Por otro lado, el poder de resistir se dibuja en el plano de la intervención, representando el lugar desde donde el sujeto puede escapar a la dicotomía del poder.

Resistir es la posibilidad del interventor para constituir su ser profesional y social, para realizar desplazamientos que desestabilicen las formas institucionalizadas de hacer intervención. Sin embargo, estos desplazamientos no implican rupturas absolutas, en el sentido en que no es posible quedar por fuera de las relaciones de poder, dado que la subjetividad del interventor no es una cuestión de índole privado, ya que está intensamente gobernada por las convenciones sociales, las formas legales y las obligaciones con instituciones (^{Rose, 1990}). Dichos desplazamientos, constituyen más bien, una especie de juegos que el sujeto encuentra para responder a discursos diversos.

En síntesis, el interventor encuentra en medio de estas relaciones de fuerzas modos de subjetivación, es decir, prácticas a través de las cuales llega a constituirse como sujeto, lo que implica transformaciones en sus modos de pensar, sentir y actuar en sus contextos relacionales. En palabras de Rose, la subjetivación se relaciona con: “todos esos procesos y prácticas heterogéneas por medio de las cuales los seres humanos llegan a relacionarse consigo mismos y con los demás como sujetos con ciertas características” (^{Rose, 1996}, p.5).

Metodología

Esta investigación parte de los presupuestos teóricos y epistemológicos de la psicología social construccionista y discursiva, entre estos: el antiesencialismo, el cuestionamiento de las verdades generalmente aceptadas, la determinación cultural e histórica del conocimiento y el papel conferido al lenguaje en la construcción social (^{Ibáñez, 1994}, ²⁰⁰¹); ^{Iñiguez, (2005)}. Estas ideas orientan el proceso de conocimiento a un ejercicio que va más allá de lo descriptivo y lo evidente, implicando un esfuerzo por comprender las formas como, una verdad, una práctica y una situación social llegan a serlo, configurándose en el marco de unas relaciones históricamente situadas (^{Gergen, 1996}).

Se cimenta en el paradigma constructivista, atendiendo a los postulados de (^{Guba & Lincoln, 2000}), utiliza un diseño metodológico cualitativo y un enfoque comprensivo, que reconoce la capacidad de los actores sociales para construir sus versiones sobre la realidad, tanto en el orden simbólico como práxico (^{Galeano, 2004}). Sigue un método hermenéutico apropiado para interpretar los significados y sentidos que se articulan en los procesos de subjetivación del interventor psicosocial. Así mismo, utiliza el análisis del discurso en la tradición de los dilemas ideológicos propuesta por ^{Billig (1996)} y ^{Billig et al. (1988)}.

La muestra estuvo conformada por 20 psicólogos que trabajan en programas de atención a víctimas del conflicto armado (12 mujeres y 8 hombres), los cuales llevan en la labor por lo menos 1 año; 10 de ellos pertenecientes al PAPSIVI del departamento de Antioquia y 10 a la Estrategia de Recuperación Emocional a Víctimas de la UARIV de la ciudad de Medellín. Este estudio al seguir las lógicas de la investigación cualitativa no busca una representatividad estadística de su muestra, sino que atiende a criterios de representatividad cualitativa (^{Galeano, 2004}).

Para la generación de información se realizaron entrevistas semiestructuradas con una duración aproximada de 90 minutos, las cuales fueron grabadas, transcritas y posteriormente codificadas y categorizadas, siguiendo las lógicas de los procedimientos cualitativos y del análisis del discurso. Se realizó una codificación axial con el fin de establecer familias de códigos, categorías y subcategorías (^{Strauss & Corbin, 2002}), proceso que facilitó la fase de interpretación, en donde se analizaron diferentes relaciones entre códigos, insumo del cual derivan los resultados de este artículo. Como apoyo, se utilizó el software Atlas.ti en su versión 7.5.

Resultados

A continuación, se desarrolla uno de los ejes analíticos que derivan de la investigación, el cual da cuenta del proceso de subjetivación laboral de profesionales en psicología, que a través de sus experiencias como interventores han logrado asumir posturas reflexivas con relación al nivel de implicación del Estado colombiano en la afectación a víctimas del conflicto armado, además de hacerse una idea de las vicisitudes que, como representante del Estado tiene que tramitar para desempeñarse en su rol profesional.

Discusiones

En las experiencias de intervención de los profesionales en psicología se evidencia la capacidad performativa de ciertos discursos en la configuración de la subjetividad laboral del interventor, discursos que más que situarse en un plano de mera representación, implican prácticas sociales concretas con efectos específicos. Se identifica la aplicación de modelos verticales, asistencialistas y patologizantes; verticales en el sentido en que las relaciones están marcadas por una lógicidad técnica, que silencia la voz de las comunidades, ubicándolas en una posición pasiva y receptiva que impide que ellas mismas (acompañadas del interventor) construyan, gestionen y sostengan las acciones a partir de las cuales, implementen los procesos de transformación de sus realidades y la reconstrucción del tejido social. Lo anterior en sintonía con las reflexiones realizadas por ^{Villa (2013)} quien en una revisión sobre los procesos de intervención psicosocial con víctimas de violencia política en Colombia, refiere que en escenarios de intervención, para algunas víctimas participantes de los procesos de acompañamiento, el psicólogo no trasciende su rol como profesional, no comparte su historia, se distancia de una posición en la cual los otros puedan tomarlo como un semejante, realizando intervenciones verticales, sin recoger ni comprender la complejidad de la realidad de cada uno de ellos.

Basta con revisar el marco legal (ley 1448 del 2011) para comprender que el Estado colombiano dispone su atención a través de la puesta en marcha de programas formula dos, diseñados y ejecutados por agentes externos a la comunidad de beneficiarios, lo que dificulta una comprensión profunda de las problemáticas, situaciones sociales y de los elementos simbólicos desde los cuales, los actores organizan sus creencias, imaginarios, representaciones y prácticas cotidianas. Este desconocimiento de los contextos es referenciado por ^{Bello y Millán (2005)} en una investigación que tiene como objetivo analizar los efectos nocivos causados por interventores que desconocen los contextos sociopolíticos donde realizan su acción. Según lo anterior, dichas intervenciones son nombradas arbitrariamente como psicosociales, pues no se cimentan en un razonamiento propiamente psicosocial, siendo pensadas y ejecutadas desde afuera (por profesionales externos a las comunidades) y desde arriba (diseñadas por expertos y dependientes a marcos normativos), cuando lo que se esperaría son acciones desarrolladas desde adentro (por líderes sociales y comunidad en general) y desde una posición de horizontalidad (saberes e iniciativas comunitarias) (^{Villa, 2013}).

Así pues, esta investigación considera de manera enfática que la intervención psicosocial se opone a las lógicas verticales propias de la intervención clásica (perspectivas individualistas), al concebir a los actores sociales como cuerpos relacionales repletos de saber y experiencias, configurados en escenarios sociohistóricos debidamente situados (^{Garfinkel, 2006}). Esto implica reconocer al actor social como un sujeto potencialmente creativo para construir e implementar acciones sociales performativas de su entorno, donde los proyectos interventivos emergen a partir del intercambio de saberes con la comunidad, siendo autogestionados por esta y sostenidos por principios como la cooperación, la ayuda mutua y la confianza. Esto último es expuesto por ^{Villa (2012)} quien reflexionando sobre el aumento de programas de intervención psicosocial en Colombia expone que muchos procesos de atención social a víctimas:

No dialogan con la gente, no toman en consideración los saberes de la población con la que trabajan y la toman simplemente como “beneficiaria” o “usuaria” de un servicio, desde un marco de actuación asistencial, aunque en el papel se diga lo contrario; que, en muchos casos, generan dependencias, pasividad y pérdida de poder en la gente, desarrollan intervenciones que no implican una mirada psicosocial, un enfoque psicosocial. (p. 353)

Siguiendo esta línea de reflexión, una intervención psicosocial no se reduce a la realización de talleres o de atenciones individualizadas que se ejecutan como plantillas (siempre susceptibles de ser replicadas en diversos contextos y con distintas poblaciones sin establecer variación o modificación), esto implica la puesta en marcha de un saber puramente técnico que dista considerablemente de una mirada psicosocial. Aquí se entiende como técnica, la aplicación de la razón instrumental como ejercicio de gobierno y administración de poblaciones, lo que implica un tipo de saber específico que impide al sujeto tecnificado pensar o tomar decisiones frente a su acción (^{Heidegger, 1994}). Cómo lo propone Heidegger, tras el despliegue de la técnica el pensamiento queda arrinconado, se rompe la cercanía con los otros, con los objetos y las cosas, dando lugar a un mundo de existencias y recursos en cuanto a stock de mercancías.

Esto último se hace visible en los resultados, donde las victimas tanto como los interventores terminan siendo convertidos en simple material estadístico. Es así como el dispositivo tecnocrático de intervención, subjetiva al psicólogo de tal manera que termina cosificando al sujeto de su acción, olvidando comprenderlo en la cercanía, en sus múltiples cualidades y sentidos. En consonancia con ^{Deleuze (2013)}, el poder es lo que hace ver y hablar al sujeto, y este dispositivo de intervención, produce la mirada abstracta del interventor, quien no ve en la victima más que algo abstracto, que es un número para alcanzar sus metas laborales; dicha cosificación del otro, lo reduce, lo anula en sus múltiples posibilidades de ser (^{Macedo & Acosta, 2007}).

Asumir un enfoque tecnocrático de intervención, imposibilita que los profesionales comprendan la situación social a intervenir, llevándolos a aplicar la técnica por la técnica, ejercicio que conlleva a no reflexionar sobre la acción. Esto lleva a la realización de talleres y dinámicas plantilla, a la aplicación de manuales psicodiagnósticos, test y formatos que dicen que preguntar, silenciando la voz de las víctimas. Los anteriores, hacen parte de saberes técnicos que ponen anteojeras al pensamiento, lo deslindan del sentido y de los significados imbricados en la situación social.

Por otro lado, la intervención psicosocial no admite una función patologizante, es decir, no recurre a conceptos nosológicos de la psicopatología como los de trauma, depresión, sintomatología, estrés postraumático; los que de cierta forma, complejizan la creación de nuevas identidades narrativas de las víctimas, debido a que los rótulos patologizantes y la terminología médica, configuran una identidad enfermiza que al conjugarse con la identidad de víctima, consolida un discurso del déficit que produce al actor social como un sujeto de la carencia. Es así, como en vez de usar terminología nosológica, el acompañamiento psicosocial plantea como uno de sus objetivos, que la comunidad comprenda que las consecuencias de los hechos victimizantes: “son reacciones normales frente a situaciones anormales” (^{Baró, 1990}, p.27). En este mismo sentido, ^{Rose (2007)} refiere que patologizar es ponernos del lugar del victimario, hacer que un problema de orden social se convierte simultáneamente en un problema de carácter privado con el que la persona víctima debe también lidiar.

Siguiendo lo anterior, la función patologizante termina constituyendo un marco desde el cual las víctimas se narran, sentido por el cual, la narración desde el enfoque psicosocial busca otorgar la libertad de hablar al sujeto. Es así como narrar las experiencias de vida constituye una valiosa herramienta a través de la cual los sujetos y las comunidades construyen identidades. ^{Montoya (2010)} siguiendo a Ricouer, considera que, a través del acto de decir, se posibilita un retorno a las emociones y a considerar estas como elementos fundamentales en la reconstrucción de las experiencias vividas. A través de la narración el sujeto se encamina en un ejercicio de autocomprensión hermenéutica, contarse le permite configurar su propia existencia y otorgarse una identidad narrativa. Según Ricouer, el concepto de identidad narrativa hace alusión a que la identidad de una persona o una comunidad, es precisamente la historia que puede ser narrada, ya sea por si misma o por otros; en este sentido la identidad singular o colectiva es la misma historia, esta última, atravesada por el acto de decir.

La narración posibilita a las víctimas construir una unidad de su vida en el tiempo; en este sentido, esta contribuye a su constitución ontológica. La narración permite vehiculizar sentimientos, emociones, sensibilidad, valores, etc. Dichas dimensiones humanas se hacen fundamentales en la comprensión de la identidad social. Permitir que las victimas narren sus historias, es reconocerles su lugar de sujetos hablantes, es decir, sujetos que hacen uso del lenguaje para mediar las experiencias vividas y para dotarlas de sentido. Pero además de ser sujetos hablantes, ^{Montoya (2010)} siguiendo a Ricouer, dirá que el acto de decir, posibilita la emergencia del hombre narrador, aquel hombre con la capacidad de relatarse para contarse de otra manera, acción a través de la cual busca construir una unidad de sentido inteligible, haciendo uso de la innovación semántica.

Por otro lado, los resultados dan cuenta de la limitación temporal de las intervenciones realizadas, lo que robustece el carácter asistencialista, la generación de procesos iatrogénicos y el impedimento del empoderamiento social frente a las problemáticas. Esta limitación temporal es desarrollada por ^{Villa, Arroyave, Montoya, & Muñoz (2017)} quienes en una investigación que pretendía analizar las experiencias subjetivas de los profesionales que trabajan en proyectos de intervención a victimas de violencia sociopolítica en el departamento de Antioquia expresan:

Esa lógica instrumental del tiempo rompe a los miembros de las comunidades, rompe a los profesionales que actúan en estos contextos con estos dispositivos. Va en contradicción con la mirada diferencial y el enfoque de acción sin daño que caminan de la mano con lo psicosocial. Como se logra ver, cuando se aplica esa lógica a los procesos humanos, la lógica de los formatos, de realizar todo en el menor tiempo posible, pasando incluso por encima de las personas, olvidando la importancia de construir comunidad, construir resistencia, y de construir la paz; es una situación dolorosa y crítica para los profesionales entrevistados (p.164).

Lo anterior constituye una especie de “manoseo de las comunidades”, una irresponsabilidad ética, dado que se movilizan una cantidad de procesos sociales, emocionales y cognitivos que luego no pueden ser tramitados efectivamente. Por lo anterior, se considera que el acompañamiento psicosocial no debe reducirse a un asunto simplemente catártico, dado que el acto catártico queda en muchas ocasiones enquistado en un plano meramente individual, no logrando un efecto psicosocial que conecte las experiencias catárticas de la comunidad a modo de móvil para la acción conjunta. Este tipo de intervenciones, optan por un impacto individualizado y momentáneo, donde no se experimenta continuidad, conexión comunal y empoderamiento comunitario. Siguiendo a ^{Gergen (2015)} podría decirse que estas, dan cuenta de una concepción delimitada del yo, donde el yo no es entendido relacionalmente, sino como algo cerrado, separado y diferenciado del otro, lo que hace que las víctimas se vivencien como seres fundamentalmente aislados, distanciados, distintos del otro.

Resumiendo, lo psicosocial constituye una forma de razonamiento, un enfoque de pensamiento que nos permite comprender lo humano y lo social. Como lo refiere ^{Villa (2012)} “hablar de acompañamiento psicosocial, implica, por tanto, una posición que atraviesa no solo lo teórico y la intervención misma, sino también un lugar ontológico, ético, político, epistemológico y metodológico” (p, 353). Pareciera que el concepto “psicosocial” se ha convertido en moda y tendencia teórica, por lo que resulta ineludible que los profesionales en psicología y de otras ciencias sociales, sean sospechosos y críticos frente a las intervenciones y programas que usan el concepto de forma indiscriminada.

Conclusiones

La intervención a víctimas del conflicto armado en Colombia, a través de acciones enmarcadas en la ley 1448 de 2011, no responden al enfoque psicosocial a partir de las cuales están formuladas, pues hay una distancia significativa entre lo que los programas de intervención requieren por parte del profesional, y lo que éste en su quehacer opta por realizar, lo que lleva a considerar la marcada dificultad por parte del psicólogo y también de las iniciativas estatales para construir saberes y acciones desde la horizontalidad, donde las personas víctimas puedan tener una voz que sea escuchada.

La distancia entre lo requerido y lo ejecutado por parte del psicólogo no corresponde a un desconocimiento del enfoque psicosocial, la fisura entre ambas tareas se da al enfrentarse con las dificultades que el conflicto colombiano ha generado en las personas, no logrando conducir acciones psicosociales en beneficio de las comunidades, pues son escenarios que éste no comprende en medio de la descontextualización, la incertidumbre entre lo urgente, lo importante y lo necesario en que se envuelve su praxis, lo anterior ante el desafío que implica asumir las lógicas tecnocráticas de comprender fenómenos humanos a partir de metas numéricas que poco a poco van desdibujando su acción psicosocial pero beneficiando su posición laboral.

Por su parte, las iniciativas estatales son dilemáticas, pues basta con revisar el marco legal de atención a la población víctima, para evidenciar que, todo es aún incipiente, generalizable y más aún inadecuado, pues la responsabilidad sigue recayendo en agentes externos a las comunidades, a través de un dispositivo de intervención que se narra desde el enfoque psicosocial pero que en su implementación responde a lógicas individualistas que no albergan posibilidad alguna de generar agencia en las comunidades.

Es este el escenario donde el psicólogo se subjetiva, a través del tránsito que se da, en medio de la transformación de sus modos de relacionamiento consigo mismo, con los demás, con su ejercicio laboral y político, produciéndose finalmente un profesional técnico que responde a las demandas estatales, y que sigue narrándose como un sujeto, unitario, ético y coherente, con un saber-hacer claro, y es en este lugar desde donde las personas víctimas seguirán siendo leídas a modo de materia prima a partir de la cual el profesional como técnico e instrumento estatal, realiza diversas acciones para inflar metas numéricas, es entonces pertinente que comience a cuestionar el lugar de la intervención tecnocrática para dejar de lado estas acciones.

Queda entonces como reto ético y disciplinar, que el profesional en psicología se resista a estos dispositivos tecnocráticos que capturan y producen su subjetividad, pretendiendo que pueda hacerse cargo de su acción y con ella genere marcos de actuación más humanos.

Se espera, además que estos resultados sean la excusa para fortalecer los trabajos que reflexionan y analizan la intervención psicosocial en Colombia, esperando que las investigaciones llevadas a cabo en la academia puedan ser tomadas como aportes que fortalezcan la construcción e implementación de políticas públicas en pro de la comunidad víctima, y de manera específica de los profesionales que realizan la intervención. Y así la intervención sea pensada desde las voces de los directamente implicados. tornándose en un acompañamiento cimentado en el respeto y la responsabilidad por los otros.