Introducción

Se entiende el posconflicto como una etapa que no termina con el conflicto, sino que da inicio a la búsqueda de la verdadera paz duradera y estable (^{Calderón, 2016}). Según ^{Aponte & González (2016)} el proceso de posconflicto se divide en tres etapas: La prenegociación, que a su vez consta de de tres condiciones: disposición para realizar un acuerdo reconociendo igualdad entre las partes y la posibilidad de que el acuerdo no sea del todo favorable. En segundo lugar, la negociación, en la cual se busca la solución de los problemas. Y por último la observancia de los acuerdos para pasar al cese total de hostilidades y comenzar con la reparación a las víctimas.

Los acuerdos de paz, las transiciones pactadas o los momentos de posacuerdo, exigirán, por ejemplo, una sólida formación profesional de los involucrados y la construcción de políticas educativas conciliadoras que permitan tejer puentes y cimentar la confianza entre la ciudadanía y la institucionalidad. Convertir la policía en una fuerza civil y ciudadana sería una vía en este sentido (^{Jaramillo, 2015}).

Según ^{Ugarriza (2013)}, es posible hablar de posconflicto incluso si no existe una construcción de paz, en especial en zonas donde se han debilitado los actos bélicos por parte de los actores armados.

En el análisis del posconflicto surgen categorías sobre las cuales es necesario establecer procesos políticos de reivindicación.

La democracia, entendida como un sistema político que se puede implementar en todos los ámbitos y todas las edades; un medio que promueve la igualdad y la participación, lo que implica desarrollar en la ciudadanía, como bien señala ^{Zuleta (2002}, p.3), la modestia de reconocer que la pluralidad de pensamientos, opiniones, convicciones y visiones del mundo es enriquecedora.

La educación como proceso que permite a las comunidades enfrentar la responsabilidad social y contribuir al conocimiento y desarrollo de los derechos humanos y los principios democráticos de igualdad, solidaridad, protección ambiental y accesibilidad universal a los derechos.

El Estado, cuya principal responsabilidad en el marco del posconflicto, como afirma ^{Torrenegra (2018)}, es de naturaleza constitucional, fundacional y aborda un problema moral de legitimidad. El Estado es la institución llamada a reconstruir la confianza del ciudadano, deteriorada tras años de guerra y abandono.

La economía, ya que en un escenario de posconflicto costos que implica la guerra pueden ser destinados a otros rubros como educación, investigación e inversión en infraestructura y tecnología.

La inversión es la variable macro económica más beneficiada por un posible acuerdo de paz, según las experiencias en con procesos históricos de guerra y paz (^{Millán & Jiménez, 2017}) en cuanto al ambiente y el territorio, que en el marco del posconflicto suelen centrarse en reconocer el problema del acceso a la tierra buscando la re-distribución a partir de estrategias como la extinción de dominio la recuperación de baldíos ilegalmente ocupados, sustracción de áreas de reserva forestal, la expropiación por motivos de interés general y utilidad pública o la donación de tierras (^{Uribe, 2016}). La redistribución de tierras también busca ofrecer mejores condiciones de vida a las familias afectadas por el desplazamiento forzoso.

La cultura como elemento integrador de la identidad de las sociedades ha sido considerada como un instrumento para construir la paz en territorios donde han tenido lugar conflictos armados (^{Mouly, Cécile, & Giménez, 2017}).

Finalmente, la salud; se considera específicamente la salud mental una de las mayores afectaciones a tratar en el posconflicto, lo que implica generar procesos de conciencia y compromiso social sobre su impacto en la construcción de un entorno apoyado desde la realidad para la reconstrucción del tejido social (^{Jiménez, 2009}).

A partir de estos planteamientos, el objetivo del artículo es establecer la presencia de evidencia científica sobre posconflicto en el contexto Iberoamericano.

Método

Se realizó una revisión bibliográfica y documental de publicaciones en revistas científicas, documentos de instituciones gubernamentales y portales web oficiales en el período comprendido entre 2013 y 2018, registrados en las bases de datos Google Académico, Biblioteca Virtual en Salud (Scielo y Lilacs) Embase, Cochrane y Web of Science. Se utilizaron descriptores DeCs-MeSH aplicando las estrategias de Búsqueda presentadas en la tabla 1. La selección inicial de los artículos se realizó con base en título, resumen, año de publicación, idioma, país y fuente de publicación. De los artículos que superaron ese primer filtro se obtuvo su versión en texto completo, y se analizó el resto del documento a partir de l año de publicación, idioma, país, metodología, tema central y principales resultados. Para lograrlo se construyó una matriz de análisis documental a partir de cuyos datos se analizaron las variables incluidas en el estudio y se realizó una categorización según el objetivo propuesto.

La investigación siguió los parámetros éticos establecidos en la Resolución 8430 de 1993 (Ministerio de Salud) y la Declaración de Helsinki. La revisión no evidenció riesgo para los humanos porque no se realizó sobre individuos sino sobre artículos publicados.

Resultados

Se realizó una búsqueda bibliográfica en diferentes bases de datos de artículos publicados entre 2013 y 2018.

Con la aplicación de cada una de las estrategias y la activación de los filtros se consolidaron los artículos obtenidos y se realizó el conteo final para evitar artículos duplicados y triplicados en las bases de datos (Tabla 1).

Además, de las bases de datos se buscaron manualmente referencias cruzadas y literatura de revistas especializadas, en las cuales no se encontraron artículos adicionales a los ya identificados.

Ilustración 1 Diagrama prisma Fuente: Elaboración propia 

Para la selección inicial de los estudios se revisó el título, autores, medio y año de publicación, idioma, resumen y tipo de estudio; fueron excluidos tres y tras la lectura del documento en texto completo fueron seleccionados para el análisis un total de sesenta y seis documentos por cumplir con todos los criterios de inclusión (Ilustración 1).

Según los países, se resalta como en lo relacionado con Posconflicto en Iberoamérica en los últimos 5 años el mayor número de publicaciones son de Colombia.

Con relación al idioma de publicación, 20 (30,3%) fueron en inglés, y según los años de publicación la distribución puede observarse en el gráfico No. 1. Nótese la tendencia al aumento en el número de publicaciones, y cabe resaltar que aún se encuentran en proceso muchas revistas de 2018. Este aumento podría ser explicado por el auge de los procesos de paz en América Latina.

Gráfico 1: Distribución de publicaciones por año Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 2 se presenta el resumen de los resultados más relevantes de las categorías principales como son posconflicto, democracia, estado, cultura, ambiente y territorio, educación, economía y salud, identificadas en los artículos seleccionados y sobre los cuales se resaltan aquellos aspectos que aportan directamente a la evidencia científica analizada.

Discusión

El posconflicto, entendido como el momento en que termina el conflicto armado y que implica la desmilitarización de los actores al margen del estado y el posicionamiento institucional del gobierno, permitirá el diseño de nuevas políticas públicas donde la sociedad es actor fundamental y su participación para la toma de decisiones es determinante. Al respecto, entre los principales resultados de este análisis se destacan los retos del Estado para establecer una legitimidad para la paz que abarque lo social, político, económico y ambiental (^{Calderón, 2016}).

Según datos presentados por ^{Pérez (2011)}, la dimensión del conflicto armado en Colombia tiene cifras importantes como las 6.041.151 víctimas de desplazamiento forzoso en el país, 931.720 homicidios registrados en 2014, identificando Antioquia como el departamento con mayor número de víctimas seguido por Bolívar y Magdalena. Los retos que afronta un país en la etapa del posconflicto son muchos y muy complejos: Los temas de verdad, justicia, y reparación; el narcotráfico; el rol de las fuerzas armadas; las victimas del desplazamiento o la desaparición forzada. La mayoría de estos retos fueron abordados por los principales autores que se presentan en los resultados del presente artículo.

Esta revisión identificó como otra categoría emergente la democracia, y en este sentido se plantea la necesidad de definir estrategias de profundización de la democracia en el marco posconflicto. Este resultado coincide con lo propuesto por ^{Quintanilla (2014)}, quien concluye, por ejemplo que en el caso de El Salvador, con voluntad política sería posible un nuevo acuerdo de transición desde una democracia representativa consolidada que permita la construcción de la democracia participativa. , en este sentido

El planteamiento realizado por ^{Moreno (2018)} se centra en la importancia de la apertura democrática, la promoción de la participación, la transparencia en el manejo de los recursos, y el fortalecimiento de las instituciones que ejercen control y vigilancia sobre las organizaciones políticas y los escenarios electorales, como elementos para la construcción de una paz estable y duradera y de un verdadero proceso de transición democrática.

El Estado como actor principal de las relaciones de la sociedad, tiene la responsabilidad de emitir normas y políticas relacionadas con la seguridad nacional y la regulación de unas fuerzas militares con poder político importante. En esta etapa empieza una transformación positiva entre una fuerza policía militarizada y una civil menos coercitiva y más flexible para integrarse con la sociedad y sus nuevos actores en busca del bienestar común y la reconstrucción de país (^{Velásquez, 2006}).

Las políticas públicas en materia de posconflicto se convierten en un tema de reflexión importante para determinar el derrotero para el Estado en respuesta a las preocupaciones en materia de derechos humanos , que a su vez son la guía para alcanzar la paz estable y duradera, siempre y cuando se conviertan en directrices claras para que los entes gubernamentales ejecuten sus políticas públicas (^{Zambrano, 2016}). Según los resultados de la revisión bibliográfica, el Estado y las Fuerzas Armadas son actores fundamentales en este proceso en su papel de garantes para la reconciliación basada en los derechos humanos y con el soporte de un sistema jurídico adecuado para enfrentar la situación social y política de un país en camino al posconflicto.

La educación tiene un papel estratégico fundamental en los países que han sufrido conflictos internos armados. En la mayoría de los casos, los países concentran sus esfuerzos en resultados económicos y políticos como herramientas de corto plazo para superar el conflicto, mientras que la educación permite la consolidación de una paz duradera al reducir las causas de la violencia (^{Márquez, 2014}). También es la vía para lograr escenarios de propuestas formativas para que los estudiantes obtengan información sobre el conflicto armado y con esta información tomar decisiones de valor sobre sus vidas.

Se puede corroborar, según los resultados planteados en varios de los artículos analizados, que la educación es una herramienta invaluable para dar respuesta a las desigualdades en la sociedad, pues potencia habilidades fundamentales para enfrentar la violencia como la auto expresión, el crecimiento del círculo social, las posibilidades de relacionarse con el otro, la empatía o el sentido de pertenencia (^{Márquez, 2014}).

Desde otra perspectiva, la educación en la transformación de los individuos, y en la Sociedad del Conocimiento permitirá configurar y replicar nuevos modelos para la construcción de la paz, como lo presenta Clara Yaneth Santos en su texto “Cultura de paz, educomunicación y TIC en Colombia”

El posconflicto es una oportunidad de crecimiento económico, toda vez que en etapas de guerra los países se enfrentan a la disminución del capital, pérdida de recursos naturales, reducción de la inversión extrajera, aumento del costo fiscal por financiar la guerra, menos inversión productiva, sin mencionar los costos sociales (^{Ibáñez & Jaramillo, 2006}). Estas variables pueden cambiar su impacto en un estado de posconflicto, Si bien no necesariamente en sentido positivo, como sería de esperar. Los actores del proceso pueden tomar tiempo en recuperar la confianza para emprender nuevas acciones económicas, puesto que que el resultado del desarme no se vé reflejado en tiempo real en los principales indicadores económicos en razón de la lenta recuperación tanto de personas como de instituciones afectadas por el conflicto.

Entre los principales resultados analizados se encuentra la necesidad de repensar el proceso de desarrollo económico de un país en etapa de posconflicto enmarcado en una prioridad social, factor determinante para recuperar la confianza y sembrar bases suficientes que permitan la reactivación económica.

Con respecto a la categoría de manejo del territorio, llama la atención cómo uno de los resultados más relevantes de este trabajo se centra en la generación de medidas apropiadas, pertinentes y efectivas para tramitar las tensiones y discrepancias que surjan en torno al uso y manejo de los recursos naturales ^{Uribe (2016)} afirma que en el marco del posconflicto se hace necesario que los campesinos reconozcan la naturaleza y coincidencia de sus luchas para fortalecer la economía y se comprometan con un manejo adecuado de su territorio con miras a su restablecimiento; otros autores como ^{Martínez y Vergara (2016)} plantean cómo la indiferencia estatal es una de las principales causas de devastación de los recursos naturales, en tanto en el marco del posconflicto, el Estado debe comprometerse a integrar las comunidades y recuperar sus prácticas ancestrales de relación con la naturaleza, evitando el crecimiento de economías ilegales y promoviendo el uso racional de los recursos naturales.

Autores como ^{Mouly, Cécile & Giménez (2017)} destacan en su artículo cómo el patrimonio cultural en varios países que han vivido procesos de paz ha ayudado a poblaciones afectadas por la guerra a superar las secuelas de los enfrentamientos armados y la pérdida de seres queridos, así como a reintegrar a excombatientes. En otras palabras, ha servido para afrontar la violencia cultural y estructural que subyace a la violencia directa. Los resultados de la presente revisión muestran la importancia de la cultura y el patrimonio cultural en el posconflicto y cómo ha apoyado los procesos de inclusión. ^{Moreno (2018)} concluye que en el marco del posconflicto se requiere reconstruir la interculturalidad, asumiendo las políticas culturales como medio para superar sentimientos como el odio y la polarización. El efecto del posconflicto en el individuo y las familias en su esfera mental debe motivar a proponer intervenciones psicosociales integrales. Como destaca ^{Palacio (2016)}, los trastornos depresivos y de ansiedad, en especial el Síndrome de Estrés Postraumático y las psicosis asociadas con eventos vitales graves, requieren atención por parte de equipos interdisciplinarios tanto a nivel individual como grupal para lograr la estabilidad de la condición mental de todos los actores y víctimas del conflicto

El trabajo desarrollado por Luque, Gutiérrez & Caicedo (2017) concluye que la determinación intrapsíquica del trastorno mental termina siendo una causa de la inmersión del ser humano en la violencia, pero falta un mejor análisis integral de los trastornos.

Conclusión

Los resultados de este trabajo permiten concluir que existe evidencia científica sobre el posconflicto en Iberoamérica, enmarcado en el análisis de categorías como democracia, cultura, medio ambiente, salud, Estado, entre otras, y cuyo análisis permite concluir que son muchos los retos para los países que han logrado avanzar en el proceso para lograr la consolidación de una paz duradera en la cual todos los actores se beneficien desde la perspectiva de país como compromiso de todos.