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Colombia, como un palpitar que camina por América Latina, vivió un año marcado por una manifestación contundente de rechazo e inconformidad con un estado de cosas abiertamente insoportable e irracional al que se ha sometido a la sociedad en general.
El paro convocado por el Comité Nacional de Paro (CNP) el 28 de abril de 2021 (28A), se tradujo en una de las manifestaciones más numerosas, coloridas, llena de gran creatividad comunicativa antes/durante/después de cada movilización, más de 4 meses intensos y sostenidos y con una presencia urbana central.
Unas movilizaciones que incluso, se desarrollaron en medio de la Pandemia (Covid19) tiempo en el cuál, se acentuaron los males de una sociedad que de por sí, ya venía enferma.
El pueblo colombiano, en su diversidad, logró expresar su inconformidad y gran hastío de manera contundente y masiva, un firme rechazo a un sistema asfixiante, manipulador, mezquino, que privilegia el mercado, la acumulación de la riqueza y la entrega de la soberanía a costa de la desgracia de los pueblos, comunidades y familias empobrecidas, despojadas, señaladas, criminalizadas, maltratadas.
El hastío es hacia un país sumido en su más profunda crisis ética, política, económica, con un creciente conflicto armado que se derivan del incumplimiento de los acuerdos de Paz y el aumento de asesinatos de líderes sociales, de excombatientes firmantes de la Paz (2016) (Indepaz, 2021) defensores y defensoras del medio ambiente (Estuardo, 2021), un país que no contento con profundizar un estado inaceptable de cosas, avanza en su mezquindad al empeñar el futuro de las nuevas generaciones (Hurtado, 2021) al promover de manera irresponsable un sobre-endeudamiento público, y la entrega de los territorios a las multinacionales mineras.
La Asociación Banco de Alimentos y la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) desarrollaron un informe en el que se concluye que un 54% de la población colombiana se encuentra en estado de inseguridad alimentaria (Caracol Radio, 2022).
El Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) manifiesta que en total son más de 21,02 millones de personas las que subsisten con menos de $331.688 mensuales, un monto que, según esta misma institución Estatal es la línea de pobreza en Colombia (Salazar, 2021).
El Banco Mundial asegura que Colombia se quedó con el primer puesto en términos de desigualdad entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) (Portafolio, 2021), además de ser la segunda economía más desigual de América Latina y el Caribe.
La oficina de Naciones Unidas para los Refugiados advierte que Colombia es el país con mayor número de desplazados internos a causa del conflicto armado en el mundo (Consejo Noruego para los Refugiados, 2021).
Global Witness manifiesta que Colombia es el país donde más se asesinan líderes sociales defensores del medio ambiente en el mundo y ocupa ya este puesto por tres años consecutivos (Estuardo, 2021).
Front Line Defenders en su informe Análisis Global, resaltó que Colombia cumple tres años siendo el país donde más asesinan defensores de Derechos Humanos (Front Line Defenders, 2020).
Ni qué decir de la corrupción, evasión, narcotráfico, la cínico-política, y un largo etcétera de cifras contundentes que dan cuenta de un estado de cosas irracional e insoportable, dan cuenta sobrada del malestar social.
Se trata del acumulado de una secuencia de gobiernos nefastos, corruptos, mafiosos quienes sin sonrojo alguno se muestran como los garantes de derechos y bajo argumentos económicos dispensan todo el poder estatal en beneficio del sistema financiero, multinacionales extractivas, agroindustria (Palma, Teca, Caucho, etc) a quienes no solo brindan protección (gasto militar) sino seguridad jurídica evadiendo, minimizando o anulando incluso disposiciones como la participación de las comunidades, las consultas populares, las restricciones ambientales, entre otros obstáculos que en últimas minimizan de manera real la democracia.
No contentos con esto, esta élite política que articula Criminalidad-Empresa y Estado (Mesa Duque & Insuasty Rodríguez, 2021), anclada al poder dominante, gracias a su entramado de empresas, hacen uso de una matriz comunicativa cargada de mentiras, desinformación, odio, desprecio y humillación para con el común de la población.
La lucha por cambios, continúan y seguirán creciendo
Esta protesta social 28A superó las formas tradicionales e instituidas de manifestar la inconformidad. Los sectores y el malestar crecen, se avivan expresiones y emergen nuevos actores en las movilizaciones.
Ahora bien, no podríamos hacer lectura de este estallido como algo accidental, se constituye de suyo en un fenómeno anclado a una historia reciente y una historia de largo plazo.
De largo plazo, encontramos que el ADN social de Colombia, está marcado por la constante lucha por derechos, participación en territorios concretos, las luchas de los pobladores originarios a la llegada de los españoles, comunidades venidas de áfrica esclavizadas buscando y exigiendo libertad y respeto (los palenques) las luchas de los comuneros, campesinos, obreros, las mujeres,, luchas de los pueblos excluidos que han marcado el devenir de la historia del país, así mismo evidenciamos una constante histórica, como dos caras de una misma moneda, el ejercicio déspota, criminalizador, violento, persecutor de una clase dominante privilegiada anclada al poder Político y Económico desde donde han cooptado al Estado, una tensión que han marcado la violencia pendular en el país.
De corto plazo, nos referimos a una historia más cercana en tanto en los últimos años, ya venían caminando expresiones territoriales, sectoriales, urbano-rurales de inconformidad, insatisfacción y hastío.
Las mingas indígenas se fortalecían dando ejemplo de organización y resistencia, siempre generando aprendizajes.
El movimiento estudiantil en defensa de la Educación pública gratuita y de calidad venía reorganizándose, la creciente fuerza de las organizaciones en defensa del medio ambiente, el movimiento de mujeres, hitos como la conocida Rebelión de las Ruanas en el 2013 donde campesinos manifestando su inconformidad, exigiendo transformaciones al Estado y quienes logran paralizar el país presionaron al gobierno con fuerza y contundencia, pero fracturas internas jugaron en contra, se lograron algunos acuerdos que, en su esencia, el Gobierno incumplió.
El pueblo negro se manifestó tanto en el Chocó (Semana, 2017), como en Buenaventura (Jaramillo M, J., Parrado Pardo, Érika P., & Mosquera Camacho, D. 2020) ambos en el año 2017, se buscaba presionar al Estado para que fijara política reales en materia social y de seguridad, el lema del paro: “El Pueblo no se rinde carajo” se escuchó como eco sonoro en las manifestaciones 28A, fueron estas antesalas de manifestación populares, inter-étnicas, alegres, coloridas y de larga duración. Impactaron en la agenda de país convocando el favor de los colombianos como sociedad, eran los latidos del “si es posible”.
Ya caminaban expresiones organizativas plurales, diversas como Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica, los mismos procesos de Paz tanto el que concluye con la firma del Acuerdo entre el Estado y las Farc (2016), como la mesa de negociación con el ELN, fueron y son escenarios de posibilidad para el movimiento social y popular.
Estas fueron algunos dispositivos de insatisfacción y rebeldía que ya venían caminando y se entrelazaron en una creciente expresión de insatisfacción que creció desde el 2019 al 2021 con el 28A
Lo emergente
Estas movilizaciones traen nuevas maneras y actores.
Este cumulo de movilizaciones que crecen en expresiones de inconformidad del 2019 al 2021, poco a poco fueron experimentando cambios:
Por un lado, estos llamados ya no pasan exclusivamente por los sectores tradicionales, Centrales Obreras, Partidos, Oenegés. El movimiento aprendió que estas estructuras tradicionales, sin contrapesos que regulen sus decisiones y vocerías, también han defraudado al pueblo.
A la par, emergen nuevos actores: jóvenes sin oportunidades, excluidos, los ningunos, muchos de los cuales se fueron agrupando en las llamadas Primeras Líneas quienes fueron ganando en articulación y presión de gran impacto e importancia, grupos de jóvenes de los barrios, marginados, empobrecidos, a quienes abiertamente desprecia la élite y el gobierno de Iván Duque.
Ahora bien, no solo fue la contundente manifestación en las calles, sino todo un entramado comunicativo en redes sociales, expresiones artísticas diversas, una potente toma de espacios los cuales fueron re-significados, renombrados, apropiados, recuperación de espacios públicos, un ejercicio comunicativo a través del muralismo que marco la retina de los colombianos, fue una explosión de información en tiempo real, superando el cerco mediático de medios masivos de comunicación abiertamente proinstitucionales.
¿Cómo respondió el Gobierno?
Como es de costumbre, negando la realidad, no escuchando al pueblo, cerrando toda posibilidad de interlocución y atizando la violencia.
Se hizo sentir un uso desbordado e irracional de la fuerza bruta, la Policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios fueron la herramienta.
La arremetida que no se hizo esperar y fue contundente, rompiendo la armonía de marchas alegres, coloridas, fraternas y pacíficas, derivando en confrontaciones casi diarias en las calles y en una literal masacre que se transmitió por redes.
Fue la literal aplicación de una política de muerte. Al uso excesivo de la fuerza le acompañó como estrategia la criminalización, estigmatización, el uso de estrategias paramilitares, civiles armados que los medios incluso registraban como “gente de bien” quienes en clara connivencia con una Fuerza Pública “paramilitarizada” (Chalá, 2021), dispararon alevemente en diferentes oportunidades contra los manifestantes, así mismo hicieron campañas de odio en redes, campañas para pintar de gris los murales coloridos y con mensajes que iban dejando los marchantes a su paso, murales realmente artísticos.
El Estado, sus instituciones brillaron por su silencio, vacíos y negaciones de una contundente realidad.
Fue la capacidad organizativa popular, sus expresiones comunicativas, su organización, la que de manera seria dio cuenta de los hechos ocurridos, es así que Organizaciones como Temblores e Indepaz, entre otras, lograron dar cuenta de estadísticas serias y creíbles de lo que estaba ocurriendo siendo el referente a la hora de precisar los hechos y no las instituciones del estado.
Por el contrario, el Estado negó el ingreso de Comisiones y Misiones de Observación institucionales como la anunciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras de orden civil. Ya luego, gracias a la presión internacional éstas se llevaron a cabo.
Temblores e Indepaz, dieron cuenta que, de abril 28 a junio 28 de 2021, en el marco del Paro Nacional se presentaron: 75 asesinatos de los cuales 44 se atribuyen presuntamente a la fuerza pública, 83 víctimas de violencia ocular, 1.468 casos de violencia física, 28 casos de violencia sexual, 1.832 casos de detenciones arbitrarias, 3.486 casos de violencia policía (Temblores, Paiis, Indepaz, 2021).
Por su parte, la ONU responsabilizó a la policía de al menos 28 muertes durante las protestas del 2021 reafirmando la necesidad de cambiar la forma de responder a las movilizaciones, en tanto ha evidenciado violación de múltiples derechos (ONU, 2021).
Es importante recordar que en marzo de 2021 sesionó en Colombia, el Tribunal Permanente de los Pueblos en su versión 48, dicho tribunal ético internacional adelantó un juicio contra el Estado colombiano por genocidio, crímenes contra la paz e impunidad. Su sentencia final se hizo pública en el mes de junio de ese mismo año: condenó al Estado colombiano. Más de 70 años, la élite y los gobiernos de Colombia han aplicado y siguen hoy apostándole a un proyecto de reorganización social a través del terror criminal concluye la sentencia (Tribunal Permanente de los Pueblos, 2021).
Las élites en Colombia, han logrado siempre hermanarse a la hora de exterminar a todo quien se oponga a sus prebendas e intereses, algunos ejemplos:
El Pacto de Chicoral (Tolima) 1972, las élites liberales y conservadoras (gamonales latifundistas, ganaderos, arroceros y bananeros) acuerdan librar una guerra contra los campesinos organizados en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) (Zibechi, y otros, 2021).
El pacto de Ralito una alianza entre élites políticas, empresariales, narcotraficantes y sectores militares acuerdan “refundar la patria”, hecho que ocurrió en el año 2002 (primer gobierno de Uribe), que una vez se hizo público derivó en el escándalo de la parapolítica. Solo por poner dos ejemplos. Estos mismos sectores son los que hoy se autodenominan “gente de bien” (Valencia Grajales y otros, 2016).
Conclusiones
Lo que logra develar estas contundentes movilizaciones, por un lado es el hastío social, la saturación ante gobiernos nefastos y criminales, cínicos y déspotas, a la par evidencia que estamos ante el surgimiento de otras formas organizativas y de acción, otras formas de conectarse, encontrarse, proyectar y programar, es una lógica reticular, pequeños grupos que se articulan, creciendo con gran fuerza, sectores inconformes que, mediante una creatividad sin fin, muestran su necesidad de cambios reales.
Se suma que estas movilizaciones fueron esencialmente urbanas lo que le da un tinte particular, es de recordar que en poco tiempo y a consecuencia de la crudeza del conflicto armado la composición poblacional cambió,pasamos de un 70% de habitantes rurales a un 70% de habitantes urbanos, cambió la distribución poblacional a la fuerza; pero no cambiaron los problemas esenciales de país.
Las expresiones artísticas, la creatividad se acentúan como una característica central, así mismo el amplio debate que se empezó a tejer y aún se sostiene en la Red (internet), el uso de redes sociales, plataformas, canales, etc., se dio una explosión de nuevas formas comunicativas capaces de superar la dependencia de los masivos medios de comunicación.
La academia también tiene su reto y culpa. Como reto ha de acercarse a estas realidades, no mirarlas desde lejos, sino adentrase, comprender, fortalecer procesos de transformación o cambio total de una modelo económico, político y social de muerte (como lo señala el Papa Francisco) (Vatican News, 2021), y culpa en tanto la academia se ha prestado como correa de transmisión del poder hegemónico dominante, ha permitido fortalecer y sostener un sistema de muerte (Espinosa e Insuasty, 2021) que también ayudaron a crear y posicionar. Hoy la tarea es desmontar y crear otras formas posibles de relacionarnos con la naturaleza y entre los pueblos (Arango & Insuasty, 2021).
Hoy es importante problematizar esas instituciones modernas sobre las cuales seguimos interpretando el mundo de la vida: democracia, libertad, derechos humanos, Estado, Economía, que incluso enseñamos como dadas, y al parecer la realidad es otra y hace parte de esta profunda crisis sistémica.
Vale decir que las condiciones de asfixia social seguirán profundizándose y el llamado a un cambio de fondo es urgente.
