Introducción

Trescientos mil muertos en la guerra de los Mil Días, trescientos mil muertos en la violencia de los años cincuenta, trescientos mil muertos en la guerra de los asaltos, secuestros, despojos, emboscadas, masacres y motosierras de la guerra del fin de siglo, ¿y vienen a decirnos que tenemos un Estado que nos protege? (^{Ospina. W, 2022}).

A lo largo del presente artículo serán abordados cuatro aspectos. En un primer momento es realizada una contextualización sobre algunos factores de riesgo que existen en Colombia de cara a la implementación del Acuerdo de paz en donde aparecen nuevos ciclos de guerra; en el segundo momento es propuesta la experiencia límite del profesor e investigador Gonzalo Sánchez con el estudio de la violencia en Colombia; en el tercer momento son presentadas algunas disertaciones entorno a la relación que se entreteje entre la memoria como construcción y campo social, las subjetividades y política propuestas por el autor; finalmente es realizada una valoración entorno al paso de Gonzalo Sánchez por la dirección del CNMH en donde fueron analizados algunos prólogos escritos por el autor. Es importante mencionar que este artículo de reflexión permite proponer las puntadas iniciales entorno a la obra de Sánchez, la cual debe ser estudiada con mayor profundidad, debido a que brinda elementos analíticos, históricos, ético, políticos y conceptuales para continuar abordando la construcción de memorias en el escenario de implementación del Acuerdo de paz, el cual se ve saboteado por la perfidia del Estado, ligado a las abundantes referencias bibliográficas que hay sobre el autor en cuestión.

Es elegido el profesor e investigador Gonzalo Sánchez por su amplia trayectoria académica ligada a los procesos de comprensión de la historia y las violencias en Colombia durante más de cuatro décadas en donde ha participado en diferentes escenarios académicos como coordinador de la Comisión de estudios sobre la violencia (1987) y a nivel administrativo la dirección del Grupo de Memoria Histórica y el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Resultado de su vida profesional hay más de una docena de libros, artículos, entrevistas, prólogos y capítulos de libros y demás referencias bibliográficas que se derivan de sus estudios y reflexiones, haciendo de él uno de los escritores más imprescindible para comprender el rompecabezas de la guerra, las memorias y la paz en Colombia. Es por ello, que los escritos de Sánchez deben pasar por las manos de todos los estudiantes e investigadores interesados en el tema.

Dentro de los grandes ejes de trabajo que se encuentran en su obra, se destaca el estudio pormenorizado de la época de la Violencia bipartidista y los legados y dimensiones del movimiento gaitanista y del 9 de abril a nivel regional, nacional e internacional. El Frente Nacional y las políticas represivas, el problema agrario y las expresiones violentas a cargo de militares, paramilitares y guerrillas, los procesos de negociación y paz, las políticas de paz en donde el estudio de las amnistías e indultos ocupan un lugar especial de cara a la desmovilización de los actores armados y la apertura de los nuevos ciclos de violencia.

Contextualización: Entre la paz parcelada y la guerra prolongada

La firma del Acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC-EP en elaño 2016, significó un paso fundamental en el proceso de construcción de paz para el país porque puso un alto a la confrontación armada entre el Estado colombiano y la insurgencia más antigua del hemisferio occidental, mientras que en simultanea se desarrollaba la mesa de negociación con el ELN en la Habana, Cuba. Así mismo, abrió escenarios para que las palabras y las propuestas de los sectores alternativos del país empezaran a tener eco en la agenda pública, en donde temas como la justicia social, reforma política, reforma agraria y otros asuntos de interés nacional empezaron a convertirse en el foco de trabajo de las organizaciones y movimientos políticos y sociales; dicho escenario debía prolongarse en el tiempo con un gobierno de transición y una bancada parlamentaria a la altura del momento histórico, que se encargara de cumplir con la implementación integral del Acuerdo de paz y dar pasos para el anhelo de la paz total.

Con la llegada de Iván Duque a la presidencia, se preveía un panorama adverso en materia de implementación integral del Acuerdo de paz debido a que él junto a su partido de gobierno presentaron serias objeciones y rechazos permanentes al proceso de paz y a los acuerdos alcanzados; tras dos años de gobierno de Duque el panorama en materia de cumplimiento del acuerdo es preocupante en el mes de junio de 2020 el Instituto Kroc señaló que “entre diciembre del 2018 y noviembre del 2019 el avance general de la implementación fue del 6%, lo cual es menor que en años anteriores” (p. 11, 2020).

Según el Instituto, se debe a que Colombia está en la etapa de implementación territorial del Acuerdo generando que los procesos sean más lentos, sumado a los vacíos juridicos y legales que quedaron en la institucionalidad creada para la implementación del Acuerdo.

El ritmo de implementación de las disposiciones relacionadas con los enfoques étnico y de género continuó siendo más lento que el del Acuerdo Final en general. Esto se explica parcialmente por la falta de la incorporación de estos enfoques en normas, planes y programas creados por éste. Por su parte, las disposiciones de género son en su mayoría de mediano y largo plazo (^{Instituto Kroc, 2020}, p. 12).

Adicional a ello, las pocas garantías que hay en las regiones en materia de seguridad ponen en riesgos y dificulta los alcances previstos porque “Los asesinatos de líderes, lideresas y excombatientes generaron efectos devastadores en la implementación del Acuerdo Final y la percepción”, las cifras en ese aspecto son alarmantes porque desde la firma del Acuerdo hasta mayo de 2022 han sido asesinados 319 firmantes de la paz, a lo largo y ancho del país. Respecto al asesinato de líderes y lideresas sociales el panorama es desalentador, según ^{Indepaz (2020)}, desde la firma del Acuerdo hasta el 21 de agosto de 2020 han sido asesinados 1.000. Al respecto, el investigador ^{Ariel Ávila (2020)} señala que los perfiles de los líderes son los siguientes: 1. reclamantes de tierra o de la verdad. 2. Líderes que se oponen a economías ilegales. 3. Líderes que participan en política o hacen control político. 4. Líderes ambientales. Si bien no son asesinados de manera sistemática por el mismo actor armado, sí existe sistematicidad por el perfil de la víctima.

Así mismo, el resurgimiento de las masacres en la geografía nacional, han prendido las alarmas de organismos nacionales e internacionales, según el observatorio de DD. HH de Indepaz han sido perpetradas 230 masacres por diferentes actores armados entre los años 2020, 2021 y los primeros cinco meses de 2022, situación que ha generado amplio rechazo por parte de la ciudadanía y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, quien manifestó que

(…) es crucial avanzar y profundizar la implementación integral del Acuerdo de Paz especialmente su capítulo 3.4 sobre garantías de seguridad que ofrece mecanismos e instrumentos de prevención, protección y seguridad. A su vez es importante y urgente que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad avance en el diseño e implementación de la política pública de desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, como parte de los esfuerzos por consolidar el despliegue y la acción integral del Estado, especialmente en las zonas más vulnerables y afectadas por el conflicto (^{ONU, 2020}).

Panorama que debe seguir siendo estudiado porque el ciclo de violencia parece reactivarse y como lo dice Gonzalo Sánchez: “este es un país que se niega a dejar la guerra y por lo pronto se posterga un poco más el proceso de transitar a una sociedad democrática y en paz”.

Gonzalo Sánchez entre la experiencia límite y el estudio de la memoria

Es uno de los intelectuales que más ha abordado el estudio de las violencias en Colombia, convirtiéndose en un referente imprescindible para comprender los procesos de memoria, violencia y los procesos de paz. Oriundo de la zona rural del Líbano, Tolima. Su infancia transcurrió en medio de la Violencia Bipartidista que desangraba el campo colombiano y expulsaba a miles de campesinos a las principales ciudades del país, junto con su familia llegaron a la ciudad de Bogotá en 1951 buscado refugio, encontrando estadía en un hogar temporal de asistencia social llamado “El Amparo de Niños” en donde vivió duras condiciones; el arraigo de su padre a la tierra, lo hizo desistir de echar raíces en Bogotá y vuelven al Líbano. En ese marco histórico y contextual creció “escuchando historias y crudos relatos de sobrevivientes y victimas que no eran tenidos en cuenta en la vida política o académica del país. No es extraño entender entonces su sensibilidad por la problemática de la violencia en los últimos cincuenta años” (^{Ramirez, 2019}, p. 392).

La historia de vida de Gonzalo Sánchez hizo que de manera progresiva se fuera acercando al estudio de las ciencias sociales, el derecho y la filosofía, hasta llegar a la historia, proceso que ha sido inacabado. Su relación con la Violencia ha tenido varias vicisitudes debido a que

Mi primera relación con la Violencia no fue intelectual, sino más bien intimismo, prenarrativa, que me remitía a mis orígenes, a mi infancia, a mi pueblo. Memorias de infancia seguramente remodeladas luego por el contacto con los libros y los relatos de mis contemporáneos. En todo caso, las huellas selectivas de mí memoria (plural como toda memoria) habrían de quedar presentes, de alguna manera, en mis reflexiones posteriores sobre el tema (^{Sánchez Gómez, 2009}, pp. 18-19).

Fue la Universidad Nacional, su nicho de formación académica y política en donde empezó a cursar la carrera de Derecho y Filosofía, una combinación particular en cuanto el derecho estaba muy centrado en las formas y los procedimientos y poco sensible a las instituciones del Estado; por su parte la filosofía se constituía en un campo poco útil para el estudio de la realidad colombiana. Encontrando en la militancia un campo de fuga y formación con los clásicos de las ciencias sociales como Marx, Lenin, Mao, Hegel entre otros autores que se constituyeron en imprescindibles para el debate político y académico de la época.

Ligado a momentos históricos de crucial importancia para el mundo con hitos como la Revolución Cubana, el auge de las luchas de Liberación Nacional en el Tercer Mundo, Mayo del 68, el Boom Latinoamericano y una atmosfera intelectual en la Universidad Nacional que permitió ampliar su horizonte intelectual; su mérito y excelencia académica le permitió adelantar estudios posgraduales entre 1974 y 1975 en la University of Essex, Inglaterra en donde realizó la investigación “La violencia y sus efectos en el sistema político colombiano”. Sobre su estadía por Europa y su proceso de formación como historiador señala:

(…) comencé a hacerme historiador, a tener una sensibilidad de historiador, casi sin advertirlo. La fui adquiriendo en torno a una problemática muy marcada por mi paso y encuentro en Inglaterra con los grandes nombres de la historia social británica (Hobsbawm, Thompson, Hill), la problemática de lo que podríamos llamar el mundo de los disidentes, los subordinados y los marginados (^{Sánchez, 2020}, p.318).

Experiencias y lecturas que le sirvieron para reformular las primeras explicaciones sobre la Violencia bipartidista, así como el giro metodológico que tuvieron sus investigaciones debido a que fue repotenciado el problema por la tierra y el rol de los campesinos como sujetos históricos, apareciendo consigo voces y testimonios de los sujetos del campo quienes empezaron a brindar explicaciones y fueron vinculados a los procesos de investigación histórica, como actores participativos, quienes y contrarrestaron la rigidez de los procesos de investigación histórica tradicional, brindando explicaciones locales y regionales a las dinámicas de conflictividad y violencia; de ahí surgen libros como “Los Bolcheviques del Líbano” (1976), “Las ligas campesinas en Colombia” (1977) y “Bandoleros, gamonales y campesinos” en coautoría con Donny Meertens (1983).

La marca generacional de proceder de una familia liberal, desplazada por la Violencia dejó profundas preguntas e inquietudes las cuales fueron madurando con el paso de los años, dando respuestas parciales, matizando y complejizando según los ciclos de la historia reciente de Colombia, el profesor José Gabriel Cristancho (2011) plantea la pregunta ¿Cuál ha sido la trayectoria de la experiencia de la memoria de un intelectual que no solo ha indagado acerca del tema de la violencia, sino que la ha vivido en carne propia? Ante el cual señala que

Este interrogante indagará, entonces, por la forma como la trayectoria de la memoria ha sido marcada también por las apuestas intelectuales y académicas, pero también cómo esas experiencias límite que se recuerdan han incidido o contribuido en los aportes académicos que ha estructurado Sánchez (p. 75).

En donde la memoria está vinculada a un suceso límite como lo fue el desplazamiento, el cual fue silenciado y evadido en un primer momento y luego desde el rol intelectual reflexionando sobre la huida “no solo para configurar la memoria de su vivencia como marco general para representarse a sí mismo la Violencia, sino para conceptualizar una situación que él como colombiano considera que comparte con los demás colombianos: la evasión de esa realidad” (^{Cristancho, 2011}, p. 81).

Su paso por la Universidad Nacional como maestro e investigador en el departamento de Historia entre 1979 a 1986 le permitió profundizar de manera especial en el estudio de las corrientes historiográficas como marcos de interpretación del pasado, encontrando en la tradición francesa y especialmente en la Escuela de los Annales, el sentido de reinterpretar la historia, especialmente la colombiana. Así mismo, le permitió para el año de 1987 trabajar como Coordinador en el informe “Colombia: violencia y democracia”, junto con un equipo de trabajo con amplia experiencia en el estudio de la violencia en Colombia, quienes se conocerían como los violentologos (Jaime Arocha, Álvaro Camacho, Diario Fajardo, Álvaro Guzmán, Luis Alberto Andrade, Carlos Eduardo Jaramillo, Carlos Miguel Ortiz y Eduardo Pizarro)

En la etapa más reciente de su carrera intelectual, Sánchez ha centrado sus esfuerzos en estudiar y reflexionar sobre las memorias que ha dejado la multiplicidad de violencias durante la historia reciente de Colombia. Respondiendo de manera ejemplar a los desafíos del momento histórico que le tocó vivir, primero como Director del Grupo de Memoria Histórica (2007) el cual nació en el marco del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidad de Colombia (AUC) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en donde bajo la Ley 975 de 2005 fue creada la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), cuyo objetivo consistía en desarrollar investigaciones para esclarecer los móviles históricos y hechos victimizantes vividos por las comunidades afectadas por la violencia.

Luego bajo la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), quienes retomaron los avances investigativos desarrollados por el GMH y ampliaron las líneas de trabajo, amparados por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 1448 en el año 2011, contribuyendo desde la perspectiva institucional al reconocimiento de las víctimas y la construcción de interpretaciones sobre el conflicto y sus impactos sociales y territoriales.

Es importante mencionar que la producción bibliográfica, documental, archivística y testimonial generada durante la dirección de Sánchez no es nada despreciable para la comprensión de las dinámicas de la guerra en Colombia, debido a que han sido elaborados 149 informes¹ de casos emblemáticos sobre el conflicto con variables étnicas, regionales, género, así como de actores armados. También documentos conceptuales, lineamientos pedagógicos e investigativos, apuestas artísticas, audiovisuales, especiales digitales y herramientas metodológicas para el abordaje de las memorias en diferentes campos y escenarios sociales. Si bien es cierto, los informes han generado debates académicos y políticos de gran envergadura por los hallazgos y denuncias realizadas a los diferentes de la sociedad como gremios económicos, élites regionales, Fuerzas Militares, guerrillas, paramilitares y sectores de la institucionalidad, se constituyen en materiales de obligatoria revisión académica, así como de difusión social; adicional a ello, son fuentes de gran importancia para la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz. En ese dialogo de trabajo el CNMH, realizó la entrega de 80 informes el 18 de mayo de 2018.

En el escenario de la justicia transicional, en el que se inscribe la JEP, la comprensión de la violencia del conflicto armado dentro de lógicas judiciales como crímenes de sistema, macrocriminalidad, máximos responsables, permite redimensionar el trabajo de esclarecimiento realizado desde Memoria Histórica. En consecuencia, la apuesta que hacemos pública hoy es la de una invitación al trabajo complementario entre la justicia y la memoria, entre la JEP y el CNMH, sin que ninguno de los dos campos o instancias pierda su sello diferencial. Ese es el propósito que nos alienta al hacer entrega a la JEP de los informes de acceso público, realizados por Memoria Histórica a lo largo de los últimos diez años, en torno al esclarecimiento de las lógicas del conflicto armado, como un aporte significativo a la inmensa tarea que afronta la Jurisdicción Especial para la Paz.

Producto de su bagaje conceptual y madurez teórica, y tras la firma del Acuerdo de paz y el desarrollo de la etapa de implementación, Gonzalo Sánchez plantea 6 paradojas de la memoria para salir de los ciclos de violencia, las cuales son esenciales para la construcción de paz:

Las cuales deben ser pensadas y repensadas por la académica, la sociedad civil y las instituciones sociales todo con el ánimo de desaprender la guerra.

Memoria, subjetividades y política: disertaciones desde Gonzalo Sánchez

En este apartado es tomado como referencia teórica el libro “Memorias, subjetividades y política. Ensayos sobre un país que se niega a dejar la guerra”, uno de los más recientes libros del profesor e investigador Gonzalo Sánchez, producto de años de investigación entono a las comprensiones del conflicto social y armado, así como de sus expresiones violentas. En esa medida, se logra identificar 3 objetivos centrales en el texto en cuestión:

El libro está compuesto por 10 ensayos y 15 prólogos escritos por el profesor e investigador Gonzalo Sánchez a lo largo de su vida académica, los cuales logran estar en sincronía con los procesos de memoria y los momentos históricos que vivía Colombia, (desde la década de los noventa, hasta la actualidad). El texto surgió tras la finalización del ciclo de Sánchez como director del CNMH y llega a la ciudadanía, redes de intelectuales, organizaciones sociales y movimientos de víctimas en un momento histórico del país en donde las disputas por los sentidos e interpretaciones por el pasado es crucial porque las posturas negacionistas a la existencia del conflicto armado y las responsabilidades del Estado, las élites políticas, regionales y el capital privado y transnacional han ido tomando fuerza en sectores de las instituciones del Estado, así como en el partido de gobierno, llegando a la nefasta administración del CNMH a cargo de Darío Acevedo.

El primer ensayo denominado “Memorias en tiempos de polarización”, es clave porque temporaliza a nivel histórico la emergencia y desarrollo de la memoria en Colombia, desde los paradigmas normativo-institucionales, en donde el rol del Estado presentó cambios y permanencias: 1. Percepción del Estado como enemigo desde el mundo de los derechos humanos, década de los 70`s. 2. El Estado como protector de los derechos humanos, década de los 80`s. 3. El Estado como socio de las organizaciones defensoras de los DD. HH, que velan por su aplicación estricta (etapa predominante en la actualidad), la cual genera tensiones y disputas éticas y políticas.

En ese marco histórico, la memoria surge como un recurso de acción colectiva de los subalternos y de los disidentes contra las arbitrariedades del poder, irrumpiendo en la escena pública con prácticas de denuncia entorno a la violación de los derechos humanos por parte del Estado y como forma de registro a través de la formación de archivos como instrumento de lucha y denuncia en los escenarios judiciales, políticos y cotidianos. Para el segundo momento, el Estado colombiano tiene algunas transformaciones internas, por presión social e internacional, avanzando lentamente hacia una revalorización de la democracia desde un paradigma humanitario, abriendo paso de manera gradual a la discusión en torno a los derechos humanos al interior de las instituciones estatales, enmarcado en los procesos de negociación de paz entre el gobierno nacional y las diferentes organizaciones guerrilleras durante la década de los 80`s y 90`s.

En el tercer momento, tras la elaboración de la Constitución Política de 1991, la cual permitió una apertura democrática institucional en el formalismo porque reconoció una serie de derechos y libertades para los ciudadanos, ejemplo de ello es el derecho a la vida, a la libertad de expresión, conciencia, cultos, pensamiento y opiniones. Y uno de los derechos más importantes, el cual será factor de movilización social y ciudadana, correspondiente al Artículo 22. “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, el problema ha sido el cumplimiento a cabalidad de los derechos consagrados en la carta magna.

Por otro lado, como resultado del proceso de desmovilización de las AUC, fue construida una arquitectura jurídica para tramitar los acuerdos alcanzados, es ahí en donde surge la Ley 975 o Ley de Justicia y Paz como marco para promover la desmovilización individual y colectiva de integrantes de organizaciones ilegales. En el artículo 50 de Ley de Justicia y Paz (^{Congreso Nacional de la República, 2005}) es creada la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), cuya vigencia prevista era de 8 años y tenía como funciones:

Dentro del CNRR, surgió el Grupo de Memoria Histórica (GMH)integrado por Martha Nubia Bello, Fernán González, Andrés Suarez, Rodrigo Uprimny, Patricia Linares, Pilar Riaño, María Emma Wills, Jesús Abad Colorado, Iván Orozco, María Victoria Uribe, Luis Carlos Sánchez, César Caballero, León Valencia, Paula Ila, Absalón Machado, Teófilo Vásquez, Álvaro Camacho, personas con amplia formación y conocimiento desde perspectivas interdisciplinares sobre las dinámicas del conflicto en Colombia, es muy importante mencionar que las luchas y disputas por la memoria han estado presentes desde mucho antes de la creación del GMH debido a que

(…) para algunas organizaciones de víctimas, la autonomía académica e independencia frente al Estado que promulgó el GMH, y que hoy promueve el CNMH, no pueden ser del todo posibles, pues, en última instancia, el hecho de ser iniciativas institucionales da como resultado que las interpretaciones y conclusiones de algunos de sus informes se vean limitadas, en especial en cuanto a la atribución de responsabilidades (^{Aguilar-Forero & Nicólas, 2018}, p. 116).

Adicional a ello, hay fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones de víctimas sobre los usos de los testimonios que allí se condensan, porque sienten que son instrumentalizados y sus reivindicaciones son marginadas es la escena pública y política. Las labores, realizadas por el GMH fueron retomadas por el CNMH, creado bajo el artículo 146 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (2011), cuyo objetivo consiste en

(…) reunir y recuperar todo el material documental, testimonios orales y por cualquier otro medio relativos a las violaciones de que trata el artículo 3° de la presente Ley. La información recogida será puesta a disposición de los interesados, de los investigadores y de los ciudadanos en general, mediante actividades museísticas, pedagógicas y cuantas sean necesarias para proporcionar y enriquecer el conocimiento de la historia política y social de Colombia. (p.49).

Constituyéndose en un hito en materia de políticas públicas de memoria porque reconoce la existencia del conflicto armado en Colombia, dando un giro narrativo y gubernamental significativo debido a que durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe se habló de “amenaza terrorista” para reducir el margen de maniobra política de las insurgencias y existió una postura negacionista al conflicto armado. Así mismo, es reconocido a nivel institucional y gubernamental el despojo de tierras en el marco del conflicto armado.

Hay que mencionar, que diferentes organizaciones de víctimas también guardan distanciamientos frente a algunos aspectos de la Ley 1448, ejemplo de ello, es lo concerniente a la noción de víctima porque es vista desde una perspectiva humanitarita, despojándola de su carácter político y organizativo. También la vinculación de los combatientes de las FF. MM como víctimas en el marco de la ley, a pesar de que tenían la condición de combatiente de uno de los bandos en confrontación y el desconocimiento a los crímenes de estado en la ley.

Otro asunto que generó tensión fue el concerniente a la temporalidad para acoger a las víctimas porque solo son reconocidas las personas y comunidades afectadas desde el año de 1985, desconociendo los efectos humanitarios del conflicto de las décadas de los 60`s, 70`s y parte de los 80’s; no se reconoce la sistematicidad de la violación a los DD. HH y al D.I.H, por parte Agentes de Estado.

En ese contexto institucional marcado por la emergencia y consolidación de políticas de la memoria en donde diferentes actores están en la disputa política por los sentidos e interpretaciones del pasado, el Estado empieza a jugar un rol importante como actor de políticas públicas de la memoria, asunto que debe ser estudiado en futuras investigaciones con detalle para comprender cuáles han sido los impactos y efectos generados por las políticas públicas de la memoria de índole nacional y local, también hasta qué punto el acompañamiento estatal ha sido nocivo o limitante para los procesos sociales, debido a que

(…) entra como socio de las organizaciones sociales en la producción de memoria. Del antagonismo, pasando por la instrumentalización, a la asociación de esfuerzos, se articula todo un proceso de maduración y de conquistas sociales, mediado por una afirmación explícita de autonomía de las instancias productoras de memoria frente al Estado (^{Sánchez, 2020}, p.17).

En este punto, es sumamente importante recalcar que los procesos de memoria en Colombia han emergió en su mayoría como iniciativas instituyentes de la sociedad civil, víctimas y sobrevivientes de la violencia política, quienes desde sus prácticas y apuestas ético-políticas han construido y disputado espacios en el escenario público e institucional. La profesora Piedad ^{Ortega (2016}) realiza una contribución significativa a las cartografías de la paz, identificando alrededor de 26 prácticas pedagógicas y experiencias comunitarias enmarcadas en la memoria y la construcción de paz. Resultan especiales los elementos que tienen en común: son prácticas y experiencias entorno a la reconstrucción de la memoria y las subjetividades, unido al clamor permanente por la defensa de los DD. HH y la movilización contrahegemónica de memorias subterráneas que han sido invisibilizadas en el marco del conflicto armado pero que de manera progresiva han ido emergiendo en el terreno público para disputar los sentidos e interpretaciones del pasado en aras de construir verdad y justicia.

Después del abordaje temporal realizado por Gonzalo Sánchez, plantea la pregunta ¿Cómo se mueve la memoria en la geografía nacional? Brindando consigo, elementos de análisis espacial y territorial entorno a los procesos de memoria, cuya hipótesis de trabajo consiste en identificar que los procesos de memoria en Colombia se mueven de las periferias al centro, debido a que son los territorios y las comunidades de las periferias y regiones del país quienes han agenciado procesos de memoria en diferentes órdenes e impactos, desde mucho tiempo antes que las ciudades capitales. Según Sánchez “la memoria en Colombia se encuentra altamente descentralizada”, generando ritmos de trabajo diferenciados, pero también “desconfianzas de esas memorias periféricas sobre el centro, por el cual se sienten marginadas, excluidas, discriminadas o instrumentalizadas” (2020, p.20).

Al respecto, se debe valorar de manera positiva la labor realizada por el CNMH durante la administración de Gonzalo Sánchez porque fueron recolectados y depositados miles de archivos, folios y testimonios, productor de décadas de violencia en las diferentes regiones del país, los cuales se constituyen en un referente imprescindible para la construcción de la memoria histórica del país, así como insumos y pruebas para denunciar las violaciones a los derechos humanos que han vivido las diferentes organizaciones y comunidades víctimas del conflicto armado; organizaciones que encontraron en el CNMH un aliado clave para garantizar de conservación de los archivos, tras procesos de concertación, confianzas ganadas y compromisos para potenciar el trabajo realizado por las organizaciones. En una entrevista realizada a Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga Sobre los acuerdos que alcanzados entre el CNMH y las organizaciones sociales para la protección de los archivos manifiesta que

El objetivo central era lograr una memoria compartida entre la institucionalidad y una memoria no oficial como la nuestra, es decir, que en el museo de la memoria que se va a construir estuviera la información que nosotros creamos por la vida, la paz y la resistencia de las comunidades que padecieron el conflicto armado en estas regiones (^{Sánchez D. , 2020}).

En la actualidad la confianza de las diferentes organizaciones de víctimas ha ido bajando tras la llegada a la dirección de Darío Acevedo y han tomado la decisión de retirar sus archivos porque los consideran en peligro, el 25 de febrero (2019), 6 plataformas de víctimas y derechos humanos: Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado - MOVICE; Coordinación Colombia Europa Estados Unidos CCEEU; Coordinación Social y Política Marcha Patriótica; Movimiento por la Defensa de los Derechos del PuebloMODEP; Movimiento Social Discapacidad Colombia MOSODIC; Red Nacional en Democracia y Paz (RNDP), junto con 77 organizaciones de diferentes regiones del país manifestaron un “rechazo contundente a la designación de Darío Acevedo” por las posturas negacionistas sobre el conflicto armado, así como la estigmatización que sienten las víctimas, manifestando en esa medida, la determinación colectiva de no colaborar más con el CNMH y adelantar el proceso de retiro de los archivos que aguarda CNMH.

Con la llegada de Duque a la presidencia hay dos asuntos que se encuentran en disputa entre la institucionalidad y sectores alternativos: 1. La memoria. 2. La verdad.

La memoria y la verdad están amenazadas por un inesperado cambio de contexto político, en el cual los desarrollos de la Ley de Víctimas, de la paz, y de toda la institucionalidad derivada de los Acuerdos, es conducida por una corriente gubernamental que niega las bases político cas y sociales de toda esa arquitectura institucional: la existencia misma del conflicto armado. Para ellos, la casa de la memoria es una casa en el aire (^{Sánchez G. G., 2020}, p. 21).

Poniendo en entredicho, relativizando, cambiando de sentido y desmontando los avances alcanzados en la última década entorno a los procesos de dignificación de las memorias de las víctimas; por su parte, avanza de manera apresurada la disputa por la narrativa y el relato nacional sobre el sentido del pasado del conflicto, en donde la memoria de las víctimas pretende ser marginada y en contraste se busca privilegiar la memoria salvadora de los paramilitares, y la memoria heroica de los militares. Ejemplo de ello, es el guion museográfico para el Museo de Memoria Histórica, en donde Darío Acevedo pretende posicionar memorias hegemónicas, haciendo alegoría a las víctimas de la FF. MM y los gremios económicos, cuestionando los avances alcanzados por más de 6 años de trabajo por la dirección de Gonzalo Sánchez. Censurando las memorias incomodas y disonantes como las memorias sindicales, organizativas, populares, indígenas y corporales.

Disertaciones entorno a memoria, subjetividades y política propuestas por Gonzalo Sánchez

Tomando como referencia el ensayo “Tiempos de memoria, tiempos de víctimas” el compromiso ético-político por parte de Gonzalo Sánchez se ha visto reflejado en sus múltiples investigaciones y en los procesos que adelantó en el CNMH, producto del malestar generado por el discurso homogeneizador de las víctimas, el autor apela a las subjetividades de las víctimas, como un primer paso en el proceso de reparación y dignificación porque permite comprender la diversidad de experiencias, expectativas y modos de procesar la pérdida y el trauma, aspectos centrales en la realidad colombiana, ante lo cual afirma que la premisa consiste en que “las víctimas viven y asumen de manera muy distinta su experiencia, por más elementos comunes que haya en la situación de partida. (…) las victimas-sujetos determinan los usos de la memoria (^{Sánchez G. G., 2020}, p. 27).

Es crucial comprender la pluralidad de subjetividades que existen entorno a las memorias y sus usos, el carácter sanador del silencio y el olvido, según la decisión tomada por el ser humano que vivió los acontecimientos traumáticos. Al respecto son analizadas las experiencias, trayectorias de vida y posturas tomadas por tres sobrevivientes emblemáticos al Holocausto: Primo Levi, Jorge Semprún y Jean Améry

Primo Levi por ejemplo tiene una necesidad de narrar y contar lo que vivieron las personas que no sobrevivieron al Holocausto, en donde contar se constituye en un acto liberador y político, contrarrestando la intencionalidad del verdugo de exterminar al adversario y terminar imponiendo su relato. Por su parte, Jorge Semprún opta inicialmente por el olvido para salvarse, porque la escritura, el recordar y los ejercicios de memoria representaban en un primer momento “sentir que estaba muerto otra vez”, sumergido por aterradores recuerdos, tras 50 años de importantes reflexiones existenciales y filosóficas decide empezar a contar, pero haciendo uso de la creación literaria como ejercicio terapéutico para alejarse un poco del testimonio directo.

Frente a la misión testimonial de Levi (vivir para contar) y frente al delicado rodeo literario de Semprún, Jean Améry se proyecta como una víctima que quiere llevar hasta el límite su condición de víctima adolorida y humillada. Se niega a perdonar, a reconciliarse, pues esto le parece una supresión abusiva de un auténtico y legítimo deseo de venganza “perdón y olvido forzados son inmorales” nos dice. Améry, por su parte, escribe para denunciar, para condenar, no para tranquilizar su memoria porque el despojo moral, la pérdida de su vida y la de las demás personas en los campos de concentración. Teniendo en cuenta las tres experiencias de memoria antes esbozadas, Sánchez platea la pregunta ¿la escritura de la memoria traumática ayuda a vivir, o por el contrario mata? Ante lo cual propone que la escritura tiene doble función: es herramienta de recuerdo y herramienta de olvido, porque al momento de escribir se incluyen unas experiencias y se excluyen muchas más.

Otros de los asuntos abordados en el apartado están relacionados con las funciones del Lager o del campo de concentración en donde predominó la arquitectura de la ignominia, la cual fue previamente calculada para ejercer el tormento físico y psicológico de las víctimas en donde la opresión y los privilegios fueron latentes para deshumanizar, matar sin culpa, dosificando la muerte, doblegando la capacidad de resistencia y la dignidad de los seres humanos.

Hay un aspecto muy interesante en el texto y es la necesidad de encontrar en el lenguaje artístico potencias para decir y tramitar todo el dolor que ha representado las violencias en Colombia, ante las limitaciones de la textualidad urge la necesidad de recurrir a otros lenguajes desde las artes, en donde la imagen, el teatro, la música y de manera especial la fotografía ocupan un lugar privilegiado para denunciar y hacer propio el dolor del otro, convirtiéndose en un ejercicio de sanación individual y colectivo. Funcionando como dispositivos de memoria en donde la voluntad de representación de los eventos traumáticos permite evocar y dignificar a los ausentes. El trabajo de Juan Manuel Echavarría, Jesús Abad Colorado, Doris Salcedo, Oscar Muñoz, María Elvira Escallón son ejemplo de ello.

Por otro lado, la incursión del psicoanálisis en los asuntos sociales está relacionada con las intervenciones terapéuticas entorno al trauma social y político generado por los eventos catastróficos de las violencias (masacres, desplazamientos, desapariciones, torturas, campos de concentración a nivel individual y colectivo). En donde los profesionales dotados de otros recursos y lenguajes contribuyen de manera significativa al abordaje profesional de lo indecible y lo impensable de la tragedia colombiana; es muy interesante el planteamiento de Gonzalo cuando retoma a Reyes Mate entorno a los vacíos que deja recordar por recordar, debido a que no basta solamente con recordar, el recordar debe estar acompañado de intervenciones terapéuticas en los individuos e intervenciones políticas en la sociedad las cuales conduzcan a un cambio de sentido en la historia.

En la administración de la memoria y el olvido se presentan tensiones que atraviesan la subjetividad de los seres humanos víctimas y sobrevivientes en donde recordar libera, pero también paraliza, alivia, pero también traumatiza. Si bien es cierto, el componente mental de la memoria es alto, también hay lugar para la corporalidad, debido a la inscripción y marcas que deja la experiencia traumática, explorado como lugar de la barbarie y del envilecimiento deshumanizante.

En el ensayo “Testimonio, justicia y memoria” es presentada una discusión hermenéutica entorno a las potencialidades, escenarios y críticas que el testimonio ha ido adquiriendo en las últimas décadas en los procesos de investigación y escritura en los diferentes campos del conocimiento y los lenguajes. Resulta crucial este asunto producto del amplio repertorio de obras literarias, artísticas, políticas y académicas desde las narrativas testimoniales, así como los procesos judiciales y extrajudiciales entorno a la experiencia de vida que las personas ha ido tomando fuerza en las últimas décadas. Respecto al particular, han surgido tensiones y vacíos sobre aspectos de verdad y credibilidad de los testimonios, encontrando así una mixtura de posturas frente a los relatos de las personas sobrevivientes a hechos violentos, según ^{Sánchez (2020)}

Algunos testigos asumen una posición militante; otros se autoreconocen como guardianes de un saber que debe ser recogido y su relato puede tomar la forma de narración tradicional; algunos relatos no eluden las emociones subjetivas; otros, por el contrario, son narrados con intencional estoicismo; algunos relatos incluyen un pedido de ayuda o de proyección. Algunas veces hay que buscar los relatos contra la reticencia de los testigos; otras veces un acontecimiento traumático, un contexto propicio, un escucha autorizado puede destacar una verdadera “avalancha” de testimonios (pp. 156, 157).

Frente a las potencialidades que alberga el testimonio, está lo relacionado a que expresa el espíritu, la subjetividad de quien se enuncia y también las personas que ya no vemos; por su parte, quien escucha de manera atenta, pausada, tranquila y reflexiva logra reconocer la presencia y la realidad de lo que se nombra, generando un equilibrio epistémico entre quien testimonia y quien escucha.

Respecto a los escenarios o lugares de los testimonios, Sánchez logra identificar 4 escenarios prolíferos en América Latina y Colombia.

Para el caso colombiano, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, tiene múltiples retos, uno de los cuales consiste en acentuar las voces y narrativas de las víctimas y sobrevivientes, debido a que las versiones libres desarrolladas durante el proceso de Justicia y Paz (con los paramilitares), el menosprecio hacía las víctimas fue permanente porque no hubo escucha, ni posibilidades de réplica, afectando la dignidad de los seres humanos, sus posibilidades de contra preguntar, debatir y encontrar verdad plena.

Debido a que los perpetradores confesaron de manera mínima y protocolaria, acudiendo al silencio y al olvido para escabullir sus responsabilidades, en donde la expresión “no me acuerdo” se volvió una constante. En contraste pretendieron imponer su propio guion en donde destacaron su “rol heroico” ante la arremetida insurgente (…). Estos perpetradores no condenan su pasado, no aceptan responsabilidades, no dan señales de arrepentimiento, solo aceptan selectivamente algunos hechos en función de la reducción de penas y en clara burla a la ley (^{Sánchez G., 2020}, p. 147).

En ese sentido, la Jurisdicción Especial para la Paz, tiene importantes retos en materia de credibilidad con la sociedad colombiana, la historia y las víctimas (en medio de una atmosfera de desprestigio por los sectores opositores al Acuerdo de paz), en donde la búsqueda de verdad y justicia restaurativa es la base. También los integrantes de la exguerrilla, militares, terceros civiles y demás comparecientes tienen la responsabilidad ética de responder por los hechos acaecidos en el marco del conflicto armado, se necesita de grandeza para decir la verdad y remediar los estragos de la guerra.

Antesala de la guerra: prólogos sobre la violencia en Colombia escritos por Gonzalo Sánchez

En el libro: “Memorias, subjetividades y política: Ensayos sobre un país que se niega a dejar la guerra” son sistematizados 15 prólogos² cuidadosamente seleccionados por el profesor Gonzalo Sánchez los cuales son el resultado de su paso por la Director del GMH y el CNMH durante 11 años de trabajo, al respecto se debe mencionar que los prólogos son trascendentales a nivel histórico e historiográfico para el estudio del conflicto armado, las violencias, las resistencias y las memorias por 4 razones:

Desde esa perspectiva, serán comentados 4 aspectos de los planteamientos realizados por Sánchez en sus prólogos a la luz de algunos sucesos políticos y sociales que pasan en este momento en Colombia: 1. El carácter histórico de las masacres. 2. La estigmatización de las poblaciones. 3. El desplazamiento y despojo. 4. La desaparición forzada. No obstante, es necesario realizar algunas precisiones sobre la metodología de trabajo.

La amplia obra de trabajos realizados por el GMH y el CNMH se han caracterizado por realizar apuestas de género para reconocer los impactos del conflicto armado en las diferentes comunidades y sujetos, lo cual ha permitido construir líneas de análisis entorno a las mujeres, pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes y comunidades LGBTI, en donde las principales fuentes usadas son las narrativas testimoniales de las víctimas, sus familiares y los sobrevivientes, así como las bases de datos de organizaciones sociales, ONG e investigaciones académicas y judiciales. Las dimensiones de la violencia en Colombia imposibilitan realizar un estudio detallado de cada uno de los acontecimientos, razón por la cual recurren al estudio de “casos emblemáticos”, acontecidos en un periodo de estudio específico, entendidos como

Lugares de condensación de procesos múltiples que se distinguen no sólo por la naturaleza de los hechos, sino también por su fuerza explicativa”, buscando producir memoria histórica anclada en situaciones concretas para acceder a procesos y dinámicas que las superan en su individualidad (^{Herrera & Cristancho Altuzarra, 2013}).

Describiendo el contexto histórico y territorial en el cual se inscribieron las violencias, en donde la caracterización de los sujetos, los actores sociales y armados involucrados son esenciales para comprender la relevancia del caso, resulta trascendental la visibilización y repotenciación de las reivindicaciones y luchas de las organizaciones sociales que se encuentran en los territorios realizando ejercicios de memoria y dignificación de sus seres queridos, exigiendo de manera activa: verdad, justicia y garantías de no repetición, ^{Herrera & Cristancho (2013}) señalan que también “se procura esclarecer el impacto específico del conflicto en sus planos territoriales y sobre los grupos poblacionales. Por último, se trazan recomendaciones en el campo de las políticas públicas “como pilares de la convivencia pacífica y el fortalecimiento de la democracia” (p 192).

Empezando por las contribuciones realizadas en el informe sobre Trujillo, Valle del Cauca, el cual es un hito en los procesos de investigación porque fue el primer informe realizado por el GMH en donde son posicionadas las responsabilidades de los diferentes actores armados entorno a los hechos victimizantes (especialmente los paramilitares y las fuerzas militares en el desarrollo del repertorio de muerte). De Trujillo, hay dos aspectos que conviene destacar en este momento:

El primero está relacionado con las tecnologías del terror implementadas por los señores de la guerra, especialmente el concerniente a la masacre, analizada como “espectáculo de crueldad”, tiene una triple función: es preventiva (garantiza el control de poblaciones, rutas, territorios); es punitiva (castigar ejemplarmente a quien desafíe la hegemonía o el equilibrio) y es simbólica (mostrar que se pueden romper todas las berreras éticas y normativas, incluidas las religiosas). Convirtiéndose en el modus operandi para atentar contra la población civil (^{Sánchez G., 2020}, pp. 191-192). Rasgo distintivo de la violencia paramilitar en donde la lógica de crueldad opera para quitarle a la víctima su condición humana.

En este asunto, vale la pena realizar algunas apreciaciones debido al recrudecimiento de la violencia en las regiones del país durante el año 2020 se presentaron 90 masacres, en el año 2021 fueron 96 masacres y en lo corrido del año 2022 van 44 masacres, según el observatorio de DD. HH de Indepaz han sido perpetradas un total de 230 masacres por diferentes actores armados en el lapso de tres años del gobierno de Iván Duque, el agravante es la narrativa institucional que se ha tejido al interior del Ministerio de Defensa al usar el eufemismo de “homicidios colectivos” en los medios de comunicación, realizando consigo una banalización de la violencia y jugando a confundir y desestimar la gravedad de la situación, el cual se suma al eufemismo de los “falsos positivos” para nombrar las más de 6.402 ejecuciones extrajudiciales por parte de la fuerza pública.

Guardando las proporciones, el periodista Daniel Samper Pizano en su columna dominical, trató el asunto, mencionando que los periodistas y la ciudadanía debe ser cuidadosa con los eufemismos que han surgido en los últimos años en la política colombiana, debido a que aguarda peligrosos asuntos, los cuales pueden estar relacionados al relativismo o el negacionismo histórico. Al respecto señala

Pero otros eufemismos, los perversos, pretenden engañar, deformar y escamotear. Tan nefandos serán, que la mayor fábrica de disimulos verbales funcionó en la Alemania nazi. El lenguaje normado o Sprachregelung (tranquilos: yo tampoco hablo alemán, pero da gusto citarlo de vez en cuando) creó cientos de vocablos maquillados que hoy son materia de estudios históricos: solución final (el holocausto) ... cuartos de baño (cámaras de gas) ... tratamiento especial (asesinato) ... mendrugo (judío)... reubicación (campos de muerte) ...dar noche y niebla (desaparecer a alguien) (Samper Pizano, 30)

Situación que debe seguir siendo debatida en la escena pública del país, porque la carga historia que tiene la masacre en Colombia es de grandes proporciones, debido a que fueron estrategias de terror y crueldad por parte de los paramilitares (principalmente) para contrarrestar la avanzada política y social que estaba teniendo en el terreno las insurgencias, sindicatos y actores políticos alterntivos. A propósito, en el informe Basta Ya, presentado por el CNMH es planteado que

Todas las masacres son barbáricas y crueles, y son más destructivas en cuanto mueren más personas. Cuando se conocen las intenciones de los victimarios pueden resultar más crueles; por ser sorpresivas paralizan a las víctimas; si una parte de la población es más vulnerable le quiebran el espíritu; la quema de casas y el saqueo añaden a las pérdidas de vidas otras de tipo material; cuando hay violaciones y desapariciones la tragedia se prolonga por mucho tiempo; cuando las víctimas son humilladas en público y en lugares que antes eran sitio de reunión de la comunidad hieren su corazón; y cuando, encima de todo, no pueden enterrar a sus muertos por miedo, no hay sosiego para el dolor (^{Grupo de Memoria Histórica, 2013}, p. 288).

Destructoras de comunidades enteras. Las cifras que consolidó el GMN entorno a las masacres entre 1980 y 2012 son aterradoras y reflejan las dimensiones de la violencia en Colombia, debido a que fueron perpetradas 1.982, dejando como saldo 11.751 personas muertas, de las cuales el 61.8% fueron perpetradas por paramilitares, 17.6% por guerrillas, 7.4% por miembros de la fuerza pública, 12,6%; ejecutadas por grupos armados no identificados.

Adicional al hecho de la masacre, existe la complicidad judicial que se encarga de torpedear los procesos en los cuales se busca conocer la verdad y las responsabilidades individuales y colectivas, convirtiéndose la impunidad en las prolongación y perpetuación de las relaciones de poder excluyente, prolongando los efectos psicosociales posterior a los hechos victimizantes.

El segundo, corresponde a las resistencias y posicionamientos ético-político de las víctimas y sobrevivientes por recordar. En las batallas por la memoria, Trujillo se ha constituido en una comunidad de duelo entorno a la reparación y la defensa de los DD. HH para visibilizar las memorias suprimidas de las víctimas y las mujeres. En donde el acompañamiento de las comunidades religiosas y de organismos internacionales ha sido muy importante en el proceso de formación ciudadanías memoriosas con empoderamiento territorial a partir de los lugares y sitios de peregrinación entorno a la memoria.

De Trujillo, pasamos para El Salado, ante la cual es importante mencionar que la masacre que allí se desarrolló, ilustra de forma contundente una estrategia paramilitar sustentada en el uso y propagación del terror como instrumento de control sobre la población y el territorio estratégico, el cual empieza a configurarse a comienzo de la década de los noventa. En donde el interés por dominar territorios por medio de la sevicia y la estigmatización de las poblaciones fue utilizado para “marcar” con rótulos de “enemigos”, “informantes”, “auxiliadores” de uno u otro actor armado a la población civil, dicha estigmatización fue implementada para legitimar y justificar la violencia perpetrada contra las comunidades.

La estrategia de “tierra arrasada” fue usada para vaciar los territorios y despojar a los campesinos, indígenas y afrodescendientes de sus tierras y territorios, generando consigo oleadas de desplazamiento forzado como resultado de las incursiones paramilitares, cuyo picos se evidenciaron para inicios del siglo XXI, generando una reconfiguración de la geografía nacional según los intereses económicos y políticos de los actores armados, rompiendo y fracturando los tejidos sociales, comunitarios y territoriales; y por ende profundizando el despojo y acaparamiento de tierras en manos de narcotraficantes, élites políticas regionales, agroindustriales y ganaderos.

En las coordenadas del conflicto en Colombia, pasamos a San Carlos, Antioquia. La historia de este municipio antioqueño está conformada por una serie de capas de violencias en donde todos los actores armados realizaron procesos de victimización para contrarrestar y/o cooptar la movilización social desarrollada durante la década de los 80`s. Representado así, el drama permanente por el control territorial, con un éxodo de alrededor de 25.000 habitantes, generando procesos de afectación individual y colectiva en donde el desarraigo fue uno de los factores que predominó.

Es crucial reflexionar frente al drama del desplazamiento y el desarraigo, por tanto, las personas son arrebatadas de sus coordenadas territoriales y sociales, viéndose obligadas a dejar su proyecto y estilo de vida para emprender largos y nuevos caminos en donde el desprecio y la indiferencia por parte de los pobladores a donde llegan es el pan de cada día. A pesar de ello, lo solidaridad y la resistencia se han constituido en expresiones que caracterizan a las personas de San Carlos porque en medio de la adversidad han realizado iniciativas de retorno y han emprendido procesos de acción colectiva para contrarrestar los repertorios de violencia.

En el entramado de trabajo desarrollado por el CNMH, hay un informe que es de vital importancia para dimensional los efectos humanitarios de la guerra en Colombia, el cual es “Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en Colombia”, debido a que no se conoce con certeza las cifras de esta práctica de terror, muertes y aniquilamiento del otro, cifras moderadas estiman que cerca de 88.000 personas han sido desparecidas por los actores armados legales e ilegales en Colombia, en el marco del conflicto armado. Otros hablan de un subregistro con 120.000 personas desaparecidas de manera forzada, cualquiera de las dos cifras es aterradora frente a la máquina de muerte, sobrepasando de manera exagerada a las dictaduras militares del cono sur de América Latina: “(…) 485 desapariciones forzadas en Paraguay entre 1958 y 1988; 979 en Chile entre 1973 y 1990; y cerca de 9.000 en Argentina durante la dictadura militar entre 1976 y 1983” (^{Grupo de Memoria Histórica, 2013}, p. 58).

En donde los señores de la guerra han tenido roles y responsabilidades marcadas, especialmente los paramilitares quienes hicieron uso de está practica para aterrorizar, someter y exterminar. Al respecto, conveniente retomar la caracterización que realiza el GMH sobre la desaparición forzada, la cual

(…) puede constituir un crimen de lesa humanidad en determinadas circunstancias definidas por el Derecho Internacional, fue la práctica de violencia más frecuente cuando predominaron estrategias de ocultamiento, sin que por ello los perpetradores hayan dejado de utilizarla como mecanismo de terror (^{Grupo de Memoria Histórica, 2013}, p. 58).

Después de dimensionar el impacto cuantitativo de la desaparición forzada es necesario realizar una reflexión como sociedad entorno a ¿Cuáles fueron las afectaciones humanitarias y sociales que tuvo el país con la incursión de la desaparición forzada como mecanismo de terror? Porque son 60.000, 88.000 o 120.000 seres humanos y familias que se vieron afectadas por este flagelo; pretender borrar y exterminar la identidad de los sujetos se convirtió en la misión de los ejércitos, dicho flagelo fue tipificado jurídicamente hasta el año 2000, antes no se hablaba de la sistematicidad de dicho delito de lesa humanidad y se confundía con otras tipificaciones del delito como el secuestro.

En esa medida, el trabajo que viene realizando el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición como organismo judicial y extrajudicial tiene una responsabilidad y compromiso ético para encontrar a las personas desaparecidas, especialmente la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado, en medio de las dificultades, en donde la prioridad recae en encontrar a las personas afectadas en el marco del conflicto armado, sin distingo de condición: miembro de la sociedad civil, integrante de las FF. MM y de policía, así como integrantes de la insurgencia porque “nombrar a los desaparecidos es entonces parte del repertorio de recuperación de esa identidad límite de la víctima y de la comunidad a la que pertenecía” (^{Sánchez G., 2020}, p.306).

El reto tiene varias dimensiones, por un lado, la gran cantidad de personas dadas por desaparecidas desborda la capacidad de las instituciones, los bajos presupuestos, las condiciones geografías del país hace que sea muy difícil, así como la falta de voluntad de los actores del conflicto involucrados en dicha práctica convirtiéndose en una deuda con las víctimas, situación ante la cual es imprescindible desenterrar la verdad para construir justicia.

(…) el mapa del terror que van constituyendo las fosas halladas en todo el país será un modo elocuente de expresar el relato de los vencidos de esta guerra. Para el familiar que ha esperado durante décadas conocer el destino de su ser querido, las fosas y cementerios clandestinos son también lugares de posibilidad del encuentro con la verdad (^{Sánchez G., 2020}, p.306).

Sin embargo, las apuestas por dignificar a las víctimas y denunciar la desaparición forzada han encontrado en las prácticas artísticas y de memoria, resonancias para multiplicar y generar conciencia, las cuales ha sido agenciadas por colectivos y organizaciones que tienen apuestas ético-políticas por no guardar silencio, denunciar y exigir la aparición de sus seres queridos. En el plano cotidiano, las afectaciones psicosociales para las personas que tienen familiares desaparecidos porque la incertidumbre es latente, la agonía y el desespero por no encontrar a sus seres queridos es un cuentagotas permanente en donde la “vida queda suspendida en una eternidad de duda y dolor” (^{Uprimny, 2020})

Cada prologo es una puerta de entrada para la comprensión analítica de los diferentes impactos del conflicto armado según criterios de enfoque étnico, género y arraigo territorial. Lo cual se constituye en una oportunidad para reflexionar, hacer memoria y formar ciudadanías críticas y memoriosas, en donde la muerte deje de ser una política generalizada-

Conclusiones

Los procesos de implementación y construcción de paz después de la finalización de la confrontación armada suelen tener diferentes etapas de importancia, en donde los primeros años resultan ser trascendentales debido a que se edifican las bases jurídicas, legales y políticas para la implementación de lo acordado, se gana confianza con la ciudadanía y los firmantes de paz para transitar en el camino. En el escenario colombiano, el asesinato de lideres y lideresas sociales, junto al de exguerrilleros es un mal síntoma sobre la precariedad en materia de seguridad que existe en los territorios, ligado a la falta de desarrollo de las reformas políticas, económicas y agrarias que el país necesita.

La experiencia límite de los seres humanos resulta de gran trascendencia debido a que están marcados por unas realidades históricas y territoriales específicas que les correspondió vivir, en ese sentido la vida de Gonzalo Sánchez es una muestra evidente de la manera en la cual la violencia, la política y los estudios de la memoria se constituyen en campos de trabajo a pesar de intentar escapar. En Sánchez se encuentra una experiencia de vida ligada a las dinámicas de la guerra y la construcción de la paz en diferentes periodos de la vida política de Colombia entre el siglo XX y el XXI, constituyéndose en una oportunidad académica para contribuir al entendimiento de la historia del país desde la investigación y el trabajo de las diferentes instituciones que se han construido de cara a las demandas de las organizaciones de víctimas en donde las subjetividades, las narrativas y la construcción de memorias se convierten en premisas ético-políticas para resarcir en parte los daños ocasionados por la guerra.

Finalmente, urge construir políticas públicas de la memoria de cara a la socialización territorial del Informe Final de la Comisión de la Verdad y sus legados para que la memoria no se convierta en ese campo en disputa, sino que sea la oportunidad para reconstruir las trizas dejadas por más de siete décadas de confrontación fratricida; esto no quiere decir que se deba construir una memoria oficial, ni única, sino que se debe garantizar la pluralidad de voces y sentires sobre el pasado reciente del país. También deben ser retomados los aportes realizados por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, quienes realizaron una importante contribución al entendimiento de la génesis y transformación del conflicto, pero lastimosamente dichos escritos han sido olvidados.

Así mismo, deben ser repotenciados y ampliar el margen de acción el Museo de la Memoria y el Centro Nacional de Memoria Histórica, entidades que tienen la responsabilidad de contribuir a la construir de memorias en plural y no de sepultar las versiones divergentes del pasado como está ocurriendo en la administración de Darío Acevedo.