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Introducción
Los intensos períodos de violencia política suelen tener un lugar central en las representaciones sociales que la población comparte sobre el pasado, por lo que algunos hechos históricos de esta naturaleza alcanzan un lugar preponderante en la memoria colectiva y son investidos de una carga afectiva y simbólica, constituyéndose en referentes identitarios y en poderosos marcos para la construcción de sentido sobre el presente y el futuro de la nación (Arnoso- Martínez y Pérez-Sales, 2012; Arnoso-Martínez et al., 2015).
Sin embargo, la forma en la que las sociedades representan el pasado de violencia no se encuentra al margen de las contradicciones derivadas de las diferencias ideológicas, de las luchas de poder que se viven en el plano simbólico y del nivel de exposición que la población ha tenido a la violencia política. Así, mientras que en algunas sociedades pueden encontrarse narrativas que apoyan a las víctimas, en otras pueden ser preponderantes aquellas que las responsabilizan. Pueden existir también representaciones cargadas de olvidos selectivos o configuradas a partir de traumas elegidos, que construyen visiones sesgadas de la historia con una función autoexculpatoria entre los grupos que las comparten o promueven, minimizando sus responsabilidades frente a los hechos (Villa Gómez y Barrera, 2021; Velásquez et al., 2022; Villa et al, 2022). Con estas narrativas se favorecen procesos de construcción del enemigo, que permiten leer los actos de ciertos grupos como esencialmente malintencionados, malvados e ilegítimos; mientras que los de otros se interpretan como heroicos, justificables o circunstanciales (Angarita et al., 2015; Gallo et al., 2018; Barrera y Villa Gómez, 2018; Martin-Baró, 1990; Pérez Sales, 2011; Villa Gómez y Barrera, 2017, 2021; Villa Gómez, 2019).
Pudiésemos tal vez afirmar que la guerra se extiende hacia la construcción de un relato que justifique o anule la responsabilidad de actores que siguen vivos en espacios de poder dominante, lo que supone una paz imperfecta que abre grietas para surjan nuevos ciclos de violencia que se diluyen de manera inconexa, generando igual, dolor, sufrimiento y transformaciones territoriales que benefician por lo general a los detentadores del poder hegemónico.
Así, las representaciones sociales sobre hechos de violencia política tienen asociada también una cierta valoración sobre la memoria y el olvido. Al respecto Pérez-Sales (2011) señala como en Ruanda, donde gran parte de la población participó de manera activa del genocidio, existe una disposición general al olvido del pasado; mientras en otros países como Serbia, España y Colombia, las personas suelen ser más partidarias de saber la verdad sobre la violencia política.
Ahora bien, ni siquiera dentro de una misma nación se construye una representación monolítica sobre los hechos de violencia, sus causas, responsables y sobre la importancia de la memoria; existiendo diferencias importantes en la forma en que se recuerda el pasado en función de la experiencia de victimización que han sufrido ciertos grupos y las posiciones ideológicas en las cuales se suscriben las personas. Al respecto, estudios realizados en diversos países han puesto de manifiesto que quienes han sido víctimas o poseen una identificación de izquierda en el espectro ideológico, tienden a mostrar una mayor necesidad de compartir memorias colectivas frente al pasado violento, presentando a su vez una mayor activación emocional con respecto al mismo (Arnoso-Martínez y Pérez-Sales, 2012).
En el caso argentino, es posible reconocer que la dictadura militar tiene lugar central en la memoria colectiva de la población; no obstante, existen diferentes discursos sobre sus causas y responsables, que entran incluso en contradicción. Se tiene entonces, por un lado, que las personas de derecha y las que tuvieron un bajo nivel de exposición a la violencia sostienen explicaciones que legitiman la dictadura como una respuesta al caos. Por otro, que las personas de izquierda y las víctimas directas comparten una representación social basada en la idea de genocidio político cuyo propósito era exterminar a los oponentes que luchaban por un cambio social, reconociendo al régimen como principal responsable y expresando una emoción de bronca e indignación moral. Finalmente, que las personas de centro y las que tuvieron afectaciones secundarias, sostienen explicaciones fundamentadas en la irracionalidad de la violencia y en la teoría de los dos demonios (la guerrilla y los militares), los cuales se responsabilizan por igual, asociando a esto una emoción de impotencia (Arnoso-Martínez y Pérez-Sales, 2012).
Entre las atribuciones de responsabilidad frente a la dictadura argentina la población suele señalar también a Iglesia, partidos políticos y medios de comunicación; sin embargo, se soslaya la responsabilidad de la sociedad en general, lo que sugiere una ausencia de culpa, pues:
(...) la población ‘olvida' que una minoría sustancial apoyó la lucha armada en los 70 (según encuestas), que luego muchos dieron la espalda a los represaliados y silenciaron la barbarie e incluso que partidos políticos y personalidades como Sábato (que luego dirigió la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas - CONADEP- ) apoyaron el golpe de Estado. Esta parte de la tercera Argentina inocente parece seguir dominante (Arnoso-Martínez y Pérez-Sales, 2012, p. 271).
De manera similar a lo narrado en el contexto argentino, con respecto a la guerra civil española, tanto las personas de derecha como de izquierda le atribuyen una centralidad a este suceso dentro de la historia nacional y la memoria colectiva; sin embrago, los primeros suelen minimizar su gravedad (Arnoso-Martínez y Pérez-Sales, 2012). Chile es otro ejemplo de cómo las diferencias ideológicas impactan en la forma en que se representan los hechos históricos, pues aunque existen consensos con respecto al reconocimiento del Golpe de Estado, las personas de derecha tienden, con mayor frecuencia que las de otras orientaciones políticas, a considerarlo como justificable, minimizando su impacto y las consecuencias en las víctimas (Pérez-Sales, 2011).
Se observa así como las representaciones sociales sobre la justificación, la gravedad o la sanción moral de los hechos del pasado de violencia se construyen en medio de disputas simbólicas, dentro de las cuales algunos actores pueden, o bien descalificar, o bien profundizar en el sufrimiento de unas u otras víctimas, buscando minimizar su propia responsabilidad. De hecho, hay que ver cómo se orientan esfuerzos estratégicos, difundidos especialmente por medios de comunicación, para adherir a las personas a cierta visión de los hechos y a una subyacente atribución de responsabilidad en función de los intereses y afinidades políticas hegemónicas (Barreto, et al., 2010; Villa Gómez, et al., 2020).
De esta manera, se difunden unas ciertas narrativas sobre el pasado, que pueden estar acompañadas por silencios y olvidos convenientes (Aponte, 2013; Jaramillo Marín, 2012; Villa Gómez, et al., 2022), a través de las cuales los grupos construyen verdades o versiones oficiales que se instauran en las representaciones sociales compartidas. Por ejemplo, de acuerdo con información presentada por el Belgrad Center for Human Rights y referenciada por Pérez-Sales (2011), el 52% de los serbios no conoce los crímenes de guerra realizados por el ejército de esta nación y suelen recordar más aquellos hechos históricos en los que la población serbia fue víctima, que aquellos en los que intervino como perpetradora.
Adentrarse a comprender entonces los procesos de representación social de hechos históricos implica no solo atender a lo que se recuerda, sino también a lo que se olvida; así como a quienes recuerdan u olvidan qué y a cómo se atribuyen las responsabilidades frente a los hechos. Esto remite a todo un proceso de construcción social del recuerdo y del olvido, en el marco del cual el poder juega un papel preponderante, pues gracias a su capacidad simbólica, los agentes sociales poderosos consiguen impactar en la generación de narrativas y de representaciones favorables a sus intereses (Bigazzi et al., 2019; Jelin 2014; Martín- Baró, 1998; Villa Gómez y Barrera, 2021; Velásquez et al, 2022; Villa Gómez, et al., 2022). El silencio, la negación y el olvido, por vías represivas, persuasivas o disuasivas, constituyen mecanismos empleados por actores sociales y políticos que buscan proteger sus intereses y preservar la impunidad, desreponsabilizando a ciertos actores (Jelin, 2014; Páez, et al., 2016; Villa, et al., 2022).
En Colombia es posible encontrar también unas particularidades en la forma en la que se ha representado socialmente el pasado compartido del conflicto armado, el cual se ha prolongado por más de medio siglo y ha atravesado diferentes procesos de paz; sin embargo, no se ha conseguido su completa resolución, existiendo procesos de reestructuración de la violencia y de sus actores. En términos representacionales, por ejemplo, se ha encontrado cómo para la primera mitad de la década de los 2000, una parte importante de la población colombiana consideraba a la guerrilla como el principal actor responsable de las muertes y los desplazamiento en el marco del conflicto armado (Pérez-Salas, 2011). De manera similar estudios como los de Villa (2019); Díaz-Pérez, et al. (2021), Quiceno, et al. (2021); Jaime- Salas, et al. (2021) y Oliveros (2021) evidencian cómo en las creencias y representaciones sociales de ciudadanos de Medellín, Cali, Palmira, Neiva y Quibdó, respectivamente, emerge como principal responsable del conflicto armado, la guerrilla de las FARC, aun cuando las estadísticas demuestran que el número de víctimas de actores como el paramilitarismo son superiores (CNMH, 2013).
La experiencia directa o indirecta de victimización también configura ciertas formas de representación con respecto al conflicto armado. Tal como sugieren Villa Gómez y Barrera (2021), a partir de un estudio realizado en Medellín y 3 municipios del Oriente Antioqueño, las personas que han vivido más directamente el conflicto armado suelen tener narrativas del pasado menos polarizadas sobre este y sus actores; mientras que los habitantes de grandes ciudades, sin experiencia directa de victimización, sostienen narrativas caracterizadas por silencios, olvidos, traumas elegidos y construcción del enemigo.
En un estudio previo de la investigación Representaciones Sociales de Hechos Históricos (Velásquez, et al., 2022; Villa Gómez, et al., 2022), este grupo de trabajo encontró que se había construido una responsabilización de las FARC y de las guerrillas como los actores responsables de hechos, incluso, cometidos por la Fuerza Pública y los paramilitares. Siendo esta investigación previa de carácter cualitativo, nos encontramos con un leimotiv discursivo y narrativo que orientaba las representaciones y relatos de memoria construidos por los y las participantes en torno a hechos del conflicto armado, identificando los significantes guerrilla con narcotráfico y terrorismo, de tal manera que desacreditaba cualquier objetivo político reivindicativo de las insurgencias armadas.
Además de lo anterior, se asociaba la acción política de la izquierda democrática, con comunismo y guerrilla, con lo cual siguiendo un silogismo transitivo los participantes ter minaban por identificar cualquier opción política de izquierda en Colombia, como un ca muflaje del terrorismo y una acción dirigida al caos, la miseria, la violencia y el terror. Con lo cual emergían discursos y orientaciones emocionales colectivas de indignación, ira, miedo y odio contra las expresiones políticas de izquierda que tuvieran vocación de poder y preten dieran cambios sustanciales del estatus quo.
A esto se le añade, siguiendo nuestra investigación previa, la valoración y la atribución de responsabilidad de tres masacres cometidas por los paramilitares y cuatro cometidas por la Fuerza Pública: en las primeras un 55% de los participantes le atribuyen equivocadamen te la responsabilidad a las guerrillas y en la segundas, un 54% se la atribuye a este mismo actor (Velásquez, et al., 2022; Villa, et al., 2022). Cuando más de la mitad de la población ha construido la representación de un enemigo único y absoluto, a éste se le puede convertir en el responsable histórico de la desgracia de una nación, desde una memoria victimista y competitiva (Martin-Beristain, 2021) que no es fácil de deconstruir. Concluíamos que todo esto devenía en una barrera para la construcción de la paz y la reconciliación, pero también para la democracia, puesto que si a este enemigo (actor armado) se le asocia con expresio nes democráticas, no-violentas y legales, como los sectores políticos de izquierda, de entra da se descalifican sus posibilidades de acción, participación y acceso al poder (Villa Gómez y Sarmiento, 2022), lo que en últimas podría estar en la base de nuevos ciclos de violencia.
Teniendo en cuenta este estudio previo de corte cualitativo, realizamos un segundo es tudio con el propósito comprender las representaciones sociales que 457 habitantes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá han construido acerca de 22 hechos históricos asociados al conflicto armado, identificando lo que se recuerda, lo que se olvida y los procesos de atribu ción de responsabilidad. Ahora bien, antes de brindar más contexto acerca de este propósito y de los esfuerzos y procesos investigativos que le anteceden, es necesario comprender para qué es importante aproximase a las representaciones sociales del pasado en torno al con flicto armado y sus actores responsables. Lo que implica analizar cómo las construcciones simbólicas y afectivas que se comparten en la población pueden impactar en el manteni miento o transformación de situaciones de violencia política, guerra o conflicto armado.
Al respecto, la categoría de barreras psicosociales para la paz, propuesta inicialmente en el marco del conflicto palestino israelí por Daniel Bar-Tal (2007, 2010, 2013, 2019) y posterior mente retomada y desarrollada en Colombia por parte del presente equipo de investigación (Barrera y Villa Gómez, 2018; Villa Gómez, Díaz-Pérez, Barrera, Velásquez y Avendaño, 2021) y otros grupos de trabajo (Rico-Revelo y Sottolitta, 2020; Rico-Revelo y Barreto, 2021; Rico- Revelo, Barreto y Mendoza, 2021; Gastelbondo, et al., 2021, Andrade et al., 2021; Arzayús, et al., 2021) realizan un aporte significativo. Estas barreras designan unos repertorios psicosociales compartidos por la población que pueden ser favorables al mantenimiento del conflicto armado, en tanto bloquean las posibilidades de salida negociada y de reconciliación; dándole continuidad a la cultura de la violencia, basada en lógicas de deshumanización, de construcción del enemigo, de polarización y de retaliación, que obtura los procesos de transición (Barrera y Villa Gómez, 2018; Villa Gómez et al. 2020; 2021).
Las representaciones sociales de hechos históricos y las narrativas construidas sobre el pasado pueden hacer parte de este entramado de barreras psicosociales cuando: se emplean como mecanismo para legitimar la violencia, dando lugar a interpretaciones divergentes de la historia entre grupos y haciendo uso de traumas o glorias elegidas. Cuando posibilitan procesos de construcción del enemigo y de deshumanización, a través de categorizaciones sociales rígidas, de favoritismo endogrupal, de victimismo y de polarización. También, cuando legitiman lógicas de retaliación, que refuerzan la violencia en contra de los otros so pretexto de honrar a las víctimas o hacer justicia, lo que respalda prácticas guerreristas y de militarización (Páez et al., 2016; Villa Gómez y Barrera, 2017; 2021).
Es necesario entonces recordar que desde el plano simbólico se desarrollan ejercicios de poder y que la forma en que se representa socialmente el pasado del conflicto armado, permite instaurar una visión de realidad funcional a cierto orden social y a ciertos intereses (Martín- Baró, 2003) a partir de los cuales las personas toman decisiones; lo que termina teniendo unas implicaciones prácticas importantes en el devenir de transformaciones sociopolíticas que requieren un respaldo de la ciudadanía, como la construcción de paz y la reconciliación.
Cuando se instaura un olvido social frente a ciertos hechos del conflicto armado y sus respectivas víctimas, cuando no se reconocen las causas de la violencia y se atribuye la responsabilidad de manera parcializada, polarizada y sesgada, se genera todo un escenario favorable a la impunidad. El cual no surge de manera fortuita, en tanto existen actores con poder que lo incuban a partir de una serie de acciones, entre las que figura el control comunicativo y mediático como un mecanismo significativo a partir del cual la ciudadanía configura su repertorio representacional (Barrera Machado y Villa Gómez, 2018; Martín- Baró, 2003; Mendoza, 2007, 2016, 2017; Villa Gómez et al., 2021; 2022).
Por consiguiente, comprender las representaciones sociales que la población ha construido sobre ciertos hechos del conflicto armado y sus actores responsables permite, por un lado, develar los mecanismo de poder simbólico a partir de los cuales se configura una visión particular de realidad y los actores que se benefician de esta; y, por otro, identificar elementos que deben intervenirse de cara a hacer posible la transformación de la cultura de la violencia, la construcción de paz y la reconciliación.
Como se ha dicho, el estudio aquí presentado deriva de un ejercicio de investigación previo generado desde un enfoque cualitativo, que permitió identificar las representaciones sociales sobre hechos históricos asociados al conflicto armado de 54 participantes habitantes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, sin saber especializado sobre el tema. A través de este se puso de manifiesto que los medios de comunicación tradicionales han tenido un papel preponderante en la construcción de las representaciones sociales de las personas participantes, desde las cuales se pone énfasis en unos traumas elegidos, que son los que han recibido mayor énfasis mediático, a saber: “Bogotazo, Toma del Palacio de Justicia, Masacre de Bojayá, Atentado al Club El Nogal (...), Operación Orión y hechos relacionados con el narcotráfico” (Velásquez, et al., 2022); mientras que se soslayan otros que, a pesar de haber implicado un nivel importante de sevicia y de vulneración de derechos, se encuentran en el olvido colectivo.
A partir de este estudio fue posible reconocer cómo las representaciones sociales sobre los hechos históricos y sus actores responsables sostienen una visión del conflicto armado, sustentada en la idea de un enemigo absoluto que es el ‘gran culpable', lo que permite soslayar las responsabilidades de otros actores, favoreciendo la impunidad, gracias al mantenimiento de una idea parcializada de la violencia sociopolítica (Villa Gómez, 2019; Villa Gómez, et al., 2020). En este sentido, dichas representaciones actúan como barreras psicosociales para la paz, caracterizadas por el olvido conveniente y el énfasis en traumas elegidos, que han recibido una relevancia simbólica a partir de los medios de comunicación (Velásquez, et al., 2022; Villa Gómez, et al., 2022). Las implicaciones de estos hallazgos delinearon la necesidad de profundizar en la indagación sobre el tema, para lo cual se realiza el presente estudio bajo las condiciones metodológicas a continuación esbozadas.
Metodología
La investigación Representaciones sociales de hechos histórico utilizó una metodología mixta, una primera fase de corte cualitativa y una segunda cuantitativa, para triangular resultados y llegar a conclusiones más robustas. Aun así, sobre todo el proceso se tiene una mirada hermenéutica, ya que aun los datos cuantitativos serán objeto de interpretación, asumiendo que no son una copia de la realidad, sino indicios, señales, que pueden ser, no sólo analizados estadísticamente, sino comprendidos en un marco discursivo.
La muestra fue de 457 participantes, no fue aleatoria, sino a conveniencia. Para ello se utilizó una encuesta estructurada que se aplicó, tanto de forma personal, como virtual con el propósito de conocer el conocimiento que cada participante tenía sobre cada uno de los hechos históricos del conflicto armado colombiano que se presentaron. Los criterios para la participación en la investigación eran los siguientes: personas adultas, ciudadanos del común, del área metropolitana del Valle de Aburrá, que no tuvieran un saber especializado sobre la historia de Colombia o el conflicto armado, que no pertenecieran a ninguna orga nización social y/o política, por tanto, fueron seleccionados a conveniencia. Este criterio se toma a consideración en tanto que las RSHH cobran sentido con base en el conocimiento cotidiano de las personas.
En cuanto al instrumento, este se dividió en 4 momentos, en el primero se indaga por datos sociodemográficos: edad, género, ocupación, estrato sociodemográfico y la posición frente a los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARFC-EP firmado en 2016. El segundo momento consiste en indagar acerca de hechos en el marco del conflicto armado que lleguen a la memoria de manera espontánea, con respecto al hecho nombrado se pregunta por: a) ¿Cuáles fueron las circunstancias?, b) ¿Quién es el principal responsable? ¿Quiénes son los involucrados?, c) ¿Usted qué piensa de ese grupo? ¿Y qué siente frente al mismo? y d) ¿Dónde adquirió esa información?
Posteriormente, se preguntó por unos hechos específicos contemplados al interior del instrumento, unos, menos recientes, ubicados en los prolegómenos del conflicto armado colombiano: Masacre de las Bananeras y Bogotazo; otros, más recientes, ocurridos en el desarrollo del conflicto armado, según diversos actores:
• FARC: Masacre de La Chinita, Masacre de Bojayá, Atentado en el club El Nogal, Secuestro de los Diputados de la Asamblea del Valle del Cauca y asesinato de tres periodistas ecuatorianos (cometido por una disidencia de las FARC). Paramilitares: Masacre de El Salado, Masacre de Mapiripán, Masacre de Machuca, Masacres de El aro y La Granja, Masacre de Trujillo. Fuerza Pública: Masacre de Jamundí, Masacre de Alto Mira, Tumaco, Asesinato de hijos de las madres Soacha y Masacre de Villatina. M-19: Toma embajada dominicana, Toma Palacio de Justicia. ELN: Secuestro masivo Iglesia La Maria, Cali, Masacre de Machuca. Estado y otros actores: Operación Orión.
Si la persona conoce el hecho se le preguntarán los mismos sub-ítems del primer apartado (a,b,c y d), mientras que, si la respuesta es negativa se preguntará ¿quién se imagina que pudo ser? Esta pregunta resulta clave en términos de la construcción de la representación social del pasado, dado que, cuando se tiene conocimiento de algo, más que una repre sentación compartida se trata de un saber fundamentado; mientras que la pregunta por la suposición permite identificar más claramente la representación social construida sobre el hecho y los olvidos instalados.
Finalmente se preguntaba de forma abierta: ¿por qué cree usted que no tiene conocimiento sobre hecho? o ¿A qué cree usted que se deba que no esté enterado/a de ese acontecimiento? Y, por último, por otros hechos que las personas hayan podido recordar mientras se realizaban las preguntas. De modo que se contemplan 3 temporalidades del recuerdo, 2 espontáneas (antes y después) y uno inducido (durante). Es así como el instrumento se presta para la emergencia de otros hechos que se han cristalizado en el recuerdo.
Para los resultados se realizó un análisis de la información estadística descriptiva que puede ser obtenida a partir del procesamiento de las encuestas que fueron recolectadas.
Este es un análisis que marca tendencia con respecto a las preguntas que se efectúan dentro del cuestionario base; además, se desarrollaron análisis bivariados y asociación de variables que puedan establecerse, específicamente de las variables de caracterización sociodemográfica, la pregunta sobre posición frente al acuerdo de paz y la relación entre la posición frente al acuerdo con respecto al actor que identifica como responsable de hechos violentos.
Finalmente para el análisis de las preguntas abiertas, de corte cualitativo, la informa ción se sistematizó y se produjeron los resultados a través de un análisis de contenido en un procedimiento guiado por categorías predeterminadas. Las categorías permitieron un reagrupamiento de la información, en primer lugar en un análisis de coherencia, intratextual. Posteriormente en un análisis intertextual, para comparar los diversos relatos y res puestas de todos los sujetos, según cada categoría, en un procedimiento de codificación teórica de primer nivel, que luego se reagrupó y permitió un análisis estadístico descriptivo de las respuestas.
Resultados
En general, lo que se encuentra en el informe general estadístico descriptivo de la encuesta, análisis por variable, con base en las entrevistas tabuladas, es que la población de encuestados es mayoritariamente femenina (53,6%); es una población joven que de manera prevalente se ubica en el grupo etario de los 20-24 años (33,9%) y 25-29 años (14,2%); con pertenencia mayoritaria a los estratos dos (30,6%) y tres (43,5%) y con nivel de escolaridad predominante el universitario (42,9%), seguido por quienes tienen formación técnica (24,5%). No obstante, en cuanto a ocupaciones, hay prevalencia de estudiantes (30,2%), trabajadoras del hogar (7%) y empleados (3,7%).
1. Posición frente al acuerdo de paz
Al preguntarle a los encuestados acerca de su posición frente al Acuerdo de Paz realizado entre el Gobierno Colombiano y las FARC-EP, el 44,2% indicó que está de acuerdo, seguido por un 25,2% que está en desacuerdo y un 15,3% que indica ser ambivalente al respecto. 15,1% se muestra indiferente y el 0,2% no respondió la pregunta. Sobre estos datos no podemos sacar ninguna conclusión, dado que la muestra fue a conveniencia y no aleatoria, por lo que no es indicador de la posición de la sociedad del Valle de Aburrá en torno al acuerdo.
2. Representaciones sociales frente a los hechos violentos de carácter histórico
Al indagar sobre los 22 hechos históricos seleccionados, eligiendo algunos por cada grupo armado, se preguntó por circunstancias, actores y momento del recuerdo. El 37,2% de los encuestados respondió conocer las circunstancias en que se presentó la Operación Orión, seguido por un 33,3% que indicó conocer las circunstancias de la Toma del Palacio de Justicia; el 19,7% conoce las circunstancias del Bogotazo, el 17,3% la Masacre de Bojayá y el Atentado al Club el Nogal (ambos con igual frecuencia), el 16,8% las del secuestro y asesinato de los diputados del Valle del Cauca, el 16,2% el asesinato de los hijos de las madres de Soacha y el 15,8% la Masacre de las Bananeras. Estos son los hechos históricos de carácter violento que con mayor frecuencia recuerdan los encuestados. Es importante resaltar que sólo dos hechos fueron recordados por más del 30% de los participantes, mientras la mayoría de los hechos fueron recordados por menos del 20%, lo que indica un profundo desconocimiento de acontecimientos e hitos del conflicto armado en Colombia. Esto podría indicar que muchas de las creencias, representaciones y emociones sociales construidas en torno al mismo, son producto de una idea vaga que no logra configurar, para la mayoría de hechos, una RSHH (Villa y Barrera, 2021; Velásquez et al., 2022).
Al compararse con los resultados de la fase cualitativa (Velásquez, et al., 2022), puede observarse que el Bogotazo, la Toma del Palacio de Justicia, la Operación Orión, la Masare de Bojayá y el Atentado al Club El Nogal se repiten de manera significativa. A lo cual se agrega el secuestro de los diputados de la Asamblea del Valle del Cauca, la masacre de las Bananeras y el asesinato de los hijos de las madres de Soacha. 4 de estos hechos son responsabilidad de la guerrilla, 2 corresponden a etapas previas al conflicto armado contemporáneo, sin embargo, un porcentaje significativo de participantes, como se verá más adelante también lo atribuyen a las guerrillas. Finalmente, dentro de estos hechos, de los cometidos por la Fuerza Pública, sólo aparece significativamente recordado por los participantes, el asesinato de los hijos de las Madres de Soacha, asociado a los mal llamados ‘Falsos Positivos' cometidos por el ejército, con mayor fuerza entre 2002 - 2010. Para ampliar esta información puede verse el Gráfico 1, en el cual se incluyen los demás hechos estudiados.
Ahora bien, con respecto a los actores responsables, el 57,5% indicó saber quién fue responsable de la Operación Orión, seguido por un 53% que indicó conocer el responsable de la Toma del Palacio de Justicia y un 26,3% el de la Masacre de Bojayá; 25,8% el Atentado al Club El Nogal y Secuestro y asesinato de los diputados de la Asamblea del Valle, poste riormente la Masacre de Las Bananeras (21,9%) y el Atentado a la Escuela General Santander (21%); los demás hechos se muestran en el Gráfico 1. Si se observa cuidadosamente, 6 de los 7 hechos que tienen una recordación significativa, en cuanto al autor responsable, en un porcentaje superior al 20% de la muestra, corresponden a acciones desarrolladas por las guerrillas u otros en que tuvieron participación con otros actores, 3 de las FARC, 1 del M-19, 1 del ELN, aunque la Operación Orión, implica la intervención de Fuerzas del Estado, paramilitares y también estuvieron combatiendo milicias urbanas de las FARC y el ELN, y tiene un componente fundamental, que es haber sido en el mismo territorio donde se desarrolló la investigación, por lo que su impacto es altamente significativo.
Finalmente la masacre de las Bananeras, corresponde a un hecho anterior al conflicto armado y los participantes que acertaron en la autoría, afirmaron haberla estudiado durante su formación académica. Nótese finalmente, que los hechos atribuidos a la Fuerza Pública y a los Paramilitares, en términos generales, tienen una muy baja recordación en relación con el autor, siempre por debajo del 20%, lo cual es un indicador de la forma como se han construido las representaciones sociales del conflicto armado que suelen culpabilizar más a las FARC, en particular, y a las guerrillas, en general, del origen, desarrollo y consecuencias de éste en la sociedad colombiana.
Fuente: elaboración propia con base en las encuestas recolectadas
Gráfico 1 Hechos violentos que recuerda y conocimiento del actor responsible
La Tabla 2 corrobora lo dicho antes, mostrando claramente el número de personas que recuerda el autor del hecho, en cifras absolutas y relativas, evidenciando también que cuando las personas conocen el hecho, pueden acertar claramente en el actor armado responsable, dado que el cuestionario tenía el filtro para discernir si la persona efectivamente conocían al actor responsable, al preguntarle de forma abierta que lo nombrara. Como puede observarse en casi todos los hechos, salvo la Masacre de la Bananeras (70%), Bogotazo (82,4%) y Masacre de El Aro y La Granja (84,1), el porcentaje de personas que acertó en el actor responsable, en relación con quienes afirmaron conocerlo, es superior al 85%, con un acierto en la mitad de los hechos de un 100%.
Tabla 2 Cuando dice conocer el hecho: ¿Quién fue el autor?
| Hecho | No. de personas y % de la muestra que creen saber | # de personas atribución correcta | % | Principal Actor Responsable | |
|---|---|---|---|---|---|
| Operación Orión | 263 | 57,5 | 227 | 86,4 | Fuerza Pública - Estado, para militares y guerrillas |
| Toma del palacio de Justicia | 241 | 52,7 | 237 | 98,3 | M-19 (Retoma por el ejército, sólo 1 - 0,2%) |
| Masacre de Bojayá | 120 | 26,3 | 109 | 90,8 | FARC |
| Atentado al Club El Nogal | 118 | 25,8 | 118 | 100 | FARC |
| Secuestro/asesinato diputados Asamblea del Valle | 118 | 25,8 | 118 | 100 | FARC |
| Bogotazo | 117 | 25,6 | 97 | 82,9 | Violencia Bipartidista |
| Asesinato hijos Madres de Soacha | 110 | 24,1 | 96 | 87,3 | Fuerza Pública - Ejército |
| Atentado Escuela General Santander | 105 | 23 | 105 | 100 | ELN |
| Masacre de las Bananeras | 100 | 21,9 | 75 | 75 | Estado y Fuerza Pública |
| Masacre de El Aro y la Granja | 88 | 19,6 | 74 | 84,1 | Paramilitares |
| Masacre de El Salado | 79 | 17,3 | 78 | 98,7 | Paramilitares |
| Toma Embajada Dominicana | 54 | 11,8 | 54 | 100 | M-19 |
| Masacre de Mapiripán | 49 | 10,7 | 49 | 100 | Paramilitares |
| Masacre de Machuca | 37 | 8,1 | 35 | 94,6 | ELN |
| Masacre La Chinita | 36 | 7,9 | 36 | 100 | FARC |
| Masacre de Jamundí | 33 | 7,2 | 33 | 100 | Fuerza Pública - Ejército |
| Asesinato periodistas ecuatorianos | 24 | 5,2 | 24 | 100 | Disidencias FARC |
| Masacre de Villatina | 22 | 4,8 | 22 | 100 | Fuerza Pública - Policía |
| Masacre de Trujillo | 20 | 4,8 | 16 | 80 | Paramilitares + Narcotráfico |
| Secuestro Masivo Iglesia La María | 18 | 3,9 | 18 | 100 | ELN |
| Asesinato policías reclamantes de tierra Urabá | 13 | 2,8 | 13 | 100 | Neoparamilitares Clan del Golfo |
| Masacre del Alto Mira | 5 | 1,1 | 5 | 100 | Fuerza Pública - Ejército |
| Promedio | 90,4 |
Una vez consolidado el informe de respuestas por hecho, de acuerdo con el actor responsabilizado, se observa que, de quienes respondieron conocer las circunstancias del hecho y el actor, acertaron en un 90,4% (promedio) de las ocasiones sobre el autor real del hecho violento mencionado. Esto podría ser indicativo de que, cuando la gente tiene información clara sobre un acontecimiento, puede definir más fácilmente su autoría y ser menos susceptible a ser conducida en sus representaciones y recuerdos por actores de poder o medios de comunicación, como se contrastará más adelante con la atribución de responsabilidad cuando no se tiene conocimiento del hecho ni de sus circunstancias ni de su autor.
Además de lo anterior, la Tabla 3, nos presenta la comparación del momento del recuerdo y el conocimiento de las circunstancias de cada hecho, según el autor real. Pueden observarse los hechos anteriores al conflicto armado contemporáneo, que tienen un nivel de recordación más alto que la mayoría de los hechos, puesto que tienen la incidencia de la formación escolar como clave para su recordación. Se pueden observar los hechos de las FARC, que comparativamente a los demás actores armados, salvo la masacre de La Chinita, son los más recordados (masacre de Bojayá y Atentado al Club el Nogal, en más de un 40%); y Secuestro y asesinato de diputados de la Asamblea del Valle y de los periodistas ecuatorianos (alrededor de un 30%). Para los demás actores armados el nivel de no recordación es de más de un 70% - 80%. Salvo los hechos emblemáticos, anotados anteriormente (Toma del Palacio de Justicia - M-19, atentado con carro bomba a la Escuela General Santander - ELN, Asesinato de los hijos de las madres de Soacha - Ejército y Operación Orión, donde intervienen todos los actores). Puede destacarse cómo las masacres paramilitares de Trujillo, Mapiripán y de los policías acompañantes a una comisión de reclamantes de tierras en el Urabá antioqueño, la no recordación es cercana o superior al 80%. Mientras en las de Jamundí, Alto Mira y Villatina, responsabilidad de la Fuerza Pública, también el olvido es superior al 80%.
Tabla 3 Momento del recuerdo y conocimiento de las circunstancias del hecho
| Hecho | Total | % Momento del recuerdo | % Conocimiento de las circunstancias del hecho | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antes | Durante | Después o NR | No recuerda | Si | Media | No | NR | ||
| Masacre de las Bananeras | 457 | 4,4 | 47,3 | 0,4 | 47,9 | 15,8 | 35,7 | 48,4 | 0,2 |
| Bogotazo | 457 | 3,1 | 55,6 | 0,2 | 40,7 | 20,6 | 37,9 | 40,9 | 0,7 |
| Masacre La Chinita | 457 | 0,9 | 17,3 | O,4 | 81,4 | 4,6 | 13,6 | 81,4 | 0,4 |
| Masacre de Bojayá | 457 | 8,5 | 33,9 | 0,4 | 57,1 | 17,7 | 24,3 | 57,5 | 0,4 |
| Atentado al Club El Nogal | 457 | 1,8 | 47,7 | 0,4 | 50,1 | 18,2 | 31,5 | 49,7 | 0,7 |
| Secuestro/asesinato diputados Asamblea del Valle | 457 | 2,4 | 30,9 | 0,4 | 66,3 | 17,1 | 16,2 | 66,3 | 0,4 |
| Asesinato periodistas ecuatori anos | 457 | 0,2 | 27,8 | 0.9 | 71,1 | 3,7 | 24,5 | 71,1 | 0,7 |
| Masacre de Machuca | 457 | 0,7 | 14,7 | 0,4 | 84,2 | 5,7 | 9,6 | 84,2 | 0,4 |
| Secuestro Masivo Iglesia La María | 457 | -- | 17,1 | 0,6 | 82,3 | 3,1 | 14 | 82,5 | 0,4 |
| Atentado Escuela General Santander | 457 | 1,3 | 53 | 0,2 | 45,5 | 15,5 | 38,7 | 45,5 | 0,3 |
| Toma del palacio de Justicia | 457 | 8,9 | 70 | -- | 21,9 | 34,8 | 21,9 | 43,3 | -- |
| Toma Embajada Dominicana | 457 | 0,2 | 17,9 | 0,4 | 81,5 | 7,2 | 10,9 | 81,5 | 0,4 |
| Masacre de El Salado | 457 | 4,2 | 23,6 | 0,4 | 71,8 | 12,3 | 15,5 | 71,8 | 0,4 |
| Masacre de El Aro y la Granja | 457 | 5,3 | 21,4 | 0,4 | 72,9 | 11,8 | 14,9 | 72,9 | 0,4 |
| Masacre de Mapiripán | 457 | 0,9 | 19,7 | 0,4 | 79 | 6,6 | 14 | 79 | 0,4 |
| Masacre de Trujillo | 457 | 0,2 | 10,8 | 0,4 | 88,6 | 1,8 | 8,8 | 89,1 | 0,4 |
| Asesinato policías protección de reclamantes de tierra Urabá | 457 | -- | 13,1 | 0,4 | 86,4 | 1,8 | 11,4 | 86,2 | 0,7 |
| Masacre del Alto Mira | 457 | -- | 11,2 | 0,4 | 88,4 | 0,7 | 10,3 | 88,4 | 0,7 |
| Masacre de Jamundí | 457 | 0,2 | 16,5 | 0,4 | 82,9 | 3,9 | 12,7 | 82,9 | 0,4 |
| Asesinato hijos Madres de Soacha | 457 | 3,7 | 29,5 | 0,4 | 66,3 | 16,8 | 16,4 | 66,5 | 0,2 |
| Masacre de Villatina | 457 | 0,4 | 13,8 | 0,4 | 85,4 | 3,1 | 11,2 | 85,4 | 0,3 |
| Operación Orión | 457 | 8,1 | 63,2 | 0,2 | 28,4 | 37,9 | 28,7 | 33,3 | 0,3 |
Adicionalmente, al sumar todos los hechos y las atribuciones que se realizaron, incluyendo las situaciones en la que los participantes conocían sus circunstancias y autores, como en aquellas en las que no los conocían, en el 27,4% de las ocasiones las FARC son nombradas como responsables, seguido por un 20,5% que menciona a los paramilitares; un 8,9% menciona como responsable de los hechos al ELN y otro tanto a las guerrillas, en general. Ahora bien, si se decidiese agrupar los actores mencionados en categorías macro, obtendríamos como resultado que, en general, los encuestados responsabilizan con mayor frecuencia de todos los hechos mencionados a las guerrillas (sea FARC, ELN, M-19), versus los paramilitares (y grupos afines como BACRIM, Neoparamilitares, Clan del Golfo, Gaitanistas...). Así pues, en el 51,1% de los casos, las guerrillas son responsabilizadas de los hechos violentos; versus un 20,5% en el que se responsabiliza a los grupos paramilitares, seguido por el Estado (incluye fuerza pública, militares, policía, Ejército.) en un 14,4%. Los detalles se muestran en la Tabla 4.
Tabla 4 Actor nombrado con mayor frecuencia como responsable
| Actor | Frecuencia | % |
|---|---|---|
| FARC / Disidencias FARC | 2.835 | 27,4% |
| GUERRILLA | 921 | 8,9% |
| ELN | 915 | 8,9% |
| M19 | 623 | 6,0% |
| Sub-total Guerrillas | 5.294 | 51,1% |
| PARAMILITARES y BACRIM | 2.117 | 20,5% |
| ESTADO (Ejército y Fuerza Pública) | 1.492 | 14,4% |
| OTRO | 506 | 5,1% |
| NARCOTRÁFICO (Pablo Escobar) | 415 | 4,0% |
| NO SABE | 251 | 2,4% |
| AUV | 108 | 1,0% |
| PARTIDOS POLÍTICOS | 140 | 1,4% |
| EMPRESA PRIVADA | 29 | 0,3% |
| Total general | 10.352 | 100,0% |
Fuente: elaboración propia con base en las encuestas recolectadas
En efecto una de las preguntas claves del cuestionario, y que es fundamental para nuestra investigación, consistía en preguntar a los participantes que no conocían ni los hechos, ni los autores, desde su presunción o imaginación, por quién creían que pudiera ser el actor armado responsable de los hechos, aunque no lo conocieran. En este punto las respuestas son aún más indicativas del hallazgo que venimos identificando, que las FARC en particular, y que las guerrillas, en general, son para los participantes de esta muestra, que termina siendo una muestra significativa para el Valle de Aburrá, el actor armado más responsabilizado por los hechos recogidos en la presente investigación (ver Tabla 5).
Como puede observarse en la tabla, aparecen los hechos atribuidos a las FARC, de forma particular, como el autor principal de acciones violentas que no fueron cometidas por este grupo: toma de la embajada dominicana, toma del palacio de justicia (cometidas por el M-19), masacre de Machuca, secuestro masivo en La Iglesia La María y atentado en la Escuela de Cadetes General Santander (cometidos por el ELN), en este caso, puede darse esta atribución porque se pueden asociar en la creencia y según las representaciones históricas construidas, una responsabilidad de las guerrillas. Pero donde llama la atención es en la atribución de responsabilidad de los hechos cometidos por los paramilitares y la Fuerza Pública.
Tabla 5 Cuando se hace la suposición o se imagina al actor: ¿Quién fue el autor?
| Hecho | % Actor Responsable | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. de personas y % de la muestra | FARC | ELN | M-19 | Guerrilla | Subtotal Guerrillas | Paramilitares | Estado y Fuerza Pública | Otros | ||
| Masacre de las Bananeras | 357 | 78,1 | 20,8 | 4,5 | 3,9 | 9,8 | 39 | 30,1 | 15,2 | 15,7 |
| Bogotazo | 340 | 74,4 | 16,8 | 7,4 | 14,1 | 8,2 | 46,5 | 8,2 | 16,2 | 29,1 |
| Masacre La Chinita | 421 | 92,1 | 33,1 | 5 | 2,4 | 8,9 | 49,4 | 30,2 | 7,8 | 12,6 |
| Masacre de Bojayá | 337 | 73,7 | 32,6 | 8,3 | 2,4 | 12,5 | 55,8 | 21,4 | 8,3 | 14,5 |
| Atentado al Club El Nogal | 339 | 74,2 | 26,7 | 8,3 | 3,3 | 13 | 51,3 | 13,4 | 8,6 | 26,7* |
| Secuestro/asesinato diputados Asamblea del Valle | 339 | 74,2 | 35,3 | 11,2 | 2,6 | 13,5 | 62,6 | 13,8 | 6,5 | 17.1 |
| Asesinato periodistas ecuatorianos | 433 | 94,8 | 37,1 | 13 | 2,1 | 11 | 63,2 | 14,1 | 8,6 | 13,9 |
| Masacre de Machuca | 420 | 91,9 | 29,7 | 9 | 1,9 | 8,7 | 49,3 | 25,7 | 9,8 | 15,2 |
| Secuestro Masivo Iglesia La María | 439 | 96,1 | 37,1 | 11,6 | 2,7 | 14,9 | 66,3 | 12,8 | 4,6 | 16,3 |
| Atentado Escuela General Santander | 352 | 77 | 38,4 | 11,7 | 2,8 | 11,5 | 64,4 | 8,5 | 10,8 | 16,3 |
| Toma del palacio de Justicia | 216 | 47,3 | 21,2 | 13,8 | 16,1 | 10,2 | 61,3 | 10,1 | 8,8 | 19,2 |
| Toma Embajada Dominicana | 303 | 88,2 | 30,4 | 12,7 | 13,9 | 4,3 | 61,3 | 7,2 | 13,2 | 18,3 |
| Masacre de El Salado | 378 | 82,3 | 32,1 | 7,3 | 2,8 | 3,3 | 45,5 | 33,6 | 8,7 | 12,2 |
| Masacre de El Aro y la Granja | 369 | 80,4 | 30,4 | 6,2 | 2,7 | 9,2 | 48,5 | 27,9 | 8,7 | 14,9 |
| Masacre de Mapiripán | 408 | 89,3 | 34,3 | 8,6 | 2,2 | 10,5 | 55,6 | 22,8 | 8,8 | 12,8 |
| Masacre de Trujillo | 437 | 95,2 | 27,5 | 10,3 | 3,4 | 10,4 | 51,6 | 24,1 | 9,4 | 14,9 |
| Asesinato policías reclamantes de tierra Urabá | 444 | 97,2 | 27,8 | 8,8 | 3,1 | 11,1 | 50,8 | 29,7 | 5,8 | 13,7 |
| Masacre del Alto Mira | 452 | 98,9 | 32,1 | 11,7 | 2,7 | 9,1 | 55,6 | 21,5 | 8,6 | 14,3 |
| Masacre de Jamundí | 424 | 92,8 | 28,7 | 9,9 | 2,1 | 10,7 | 51,4 | 23.3 | 9,9 | 15,4 |
| Asesinato hijos Madres de Soacha | 347 | 75,9 | 20,3 | 8,9 | 4,0 | 9,8 | 42,9 | 25,1 | 16,7 | 15,3 |
| Masacre de Villatina | 335 | 95,2 | 21,1 | 8,3 | 2,5 | 12,9 | 42,5 | 28,7 | 10,8 | 18 |
| Operación Orión | 194 | 42,5 | 19,6 | 7,2 | 4,6 | 6,7 | 38,1 | 12,9 | 28,9 | 20,1 |
| Total | 8084 | 79,7% |
*De este porcentaje un 16,3% se le atribuye al narcotráfico
En el primer caso, las masacres de Trujillo, Mapiripán y El Aro y la Granja, cometidas por los paramilitares, se le atribuyen a las FARC en una cifra cercana al 30%; incluso en las otras dos, atribuidas a este grupo (El Salado y los policías en Urabá), la atribución es similar a la del grupo realmente señalado. Y en las acciones atribuidas a la Fuerza Pública, la cifra del 30% de atribución a las FARC ronda para las masacres de Alto Mira y de Jamundí. Esta tabla además evidencia que, para la mayoría de los casos, la atribución de responsabilidad sobre las guerrillas es superior al 50% de las veces, con lo cual pueden comprenderse razones por las cuales un sector importante de la población colombiana considera que el principal responsable del conflicto armado en Colombia son las insurgencias armadas, invisibilizando a los paramilitares y a la Fuerza Pública, o considerando que el paramilitarismo en Colombia ha sido un mal menor.
Como se había indicado anteriormente, después de haber consolidado el informe de respuestas por hecho, de acuerdo con el actor responsabilizado, se observa que de quienes respondieron conocer las circunstancias del hecho y el actor, acertaron en un 90,4% (promedio) de las ocasiones sobre el autor real del hecho violento mencionado. No obstante, la Tabla 6, da cuenta del imaginario de quienes no conocían ni las circunstancias ni el autor, quienes solo aciertan en un 20,3% promedio en el autor responsabilizado (es decir, fallan en un 79,7%), encontrando como particularidad que el actor atribuido mayoritariamente por los encuestados, para cada hecho alguna de las guerrillas, principalmente las FARC, o la guerrilla en general (sin discriminar identificación del grupo). Esto es coincidente con lo mencionado en el punto anterior, en el que el actor más mencionado como perpetrador de los hechos de violencia, son grupos insurgentes, versus actores estatales y grupos paramilitares.
3 Recuerdo de hechos históricos
Tabla 6 Porcentaje de acuerdo de responsable y principal actor señalado
| No. | Hecho histórico violento | Autor | % atribución real | % atribución errada | % atribución imaginada coincidente | % atribución imaginada no coincidente | Autor atribui do mayoritari- amente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masacre de las Bananeras | Ejército de Colombia | 92,0% | 8,0% | 15,2% | 84,8% | Guerrilla |
| 2 | Bogotazo | Simpatizantes del Partido Liberal y Conservador (Violencia biparti dista) - Estado | 100,0% | 0,0% | 23,3% | 76,7% | Guerrilla |
| 3 | Masacre de La Chinita | Frente 5 Bloque Noroccidental de las FARC-EP | 100,0% | 0,0% | 32,1% | 67,9% | Guerrilla |
| 4 | Masacre de El Salado | Bloque Norte y Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) | 100,0% | 0,0% | 33,6% | 66,4% | Guerrilla |
| 5 | Masacre de Machuca | ELN | 94,6% | 5,4% | 9,0% | 91,0% | Guerrilla |
| 6 | Toma de embajada Dominicana | M19 | 100,0% | 0,0% | 13,9% | 86,1% | Guerrilla |
| 7 | Masacre de El Aro y la Granja | Paramilitares | 89,8% | 10,2% | 24,4% | 75,6% | Guerrilla |
| 8 | Masacre de Bojayá | FARC-EP | 90,8% | 9,2% | 32,6% | 67,4% | Guerrilla |
| 9 | Masacre del Alto Mira (Tumaco) | Ejército de Colombia | 100,0% | 0,0% | 8,6% | 91,4% | Guerrilla |
| 10 | Masacre de Ma- piripán | Paramilitares | 93,9% | 6,1% | 22,8% | 77,2% | Guerrilla |
| 11 | Atentado al Club El Nogal | FARC-EP | 100,0% | 0,0% | 24,6% | 75,4% | Guerrilla |
| 12 | Secuestro Masivo Iglesia La María | ELN | 100,0% | 0,0% | 11,6% | 88,4% | Guerrilla |
| 13 | Masacre de Jamundí | Ejército de Colombia | 100,0% | 0,0% | 9,9% | 90,1% | Guerrilla |
| 14 | Toma del Palacio de Justicia | M-19 | 98,3% | 1,7% | 16,1% | 83,9% | Guerrilla |
| 15 | Masacre de Trujillo | Paramilitares - Narcotráfico | 15,0% | 85,0% | 0,0% | 100,0% | Guerrilla |
| 16 | Asesinato de los hijos de las Madres de Soacha | Ejército de Colombia | 94,6% | 5,4% | 16,7% | 83,3% | Guerrilla |
| 17 | Operación Orión | Estado, Ejército y Paramilitares | 20,2% | 79,8% | 28,9% | 71,1% | Guerrilla |
| 18 | Secuestro y asesinato masivo de diputados de la asamblea del Valle del Cauca | FARC-EP | 100,0% | 0,0% | 33,2% | 66,8% | Guerrilla |
| 19 | Atentado con Bom ba en la Escuela General Santander | ELN | 100,0% | 0,0% | 11,7% | 88,3% | Guerrilla |
| 20 | Masacre de Villatina | Policía | 100,0% | 0,0% | 42,5% | 57,5% | Guerrilla |
| 21 | Asesinato de 8 policías acompañantes de reclamantes de tierra en Urabá | Neo-Paramilitares del Clan del Golfo | 100,0% | 0,0% | 29,7% | 70,3% | Guerrilla |
| 22 | Asesinato de tres periodistas ecua torianos en el sur del país | Disidencias de las FARC | 100,0% | 0,0% | 6,3% | 93,7% | Guerrilla |
Al indagar sobre por qué consideran que tienen un recuerdo sobre los hechos ocurridos, los encuestados contestaron, en un 28% de las ocasiones que, por Noticias y Prensa, seguido por imágenes impactantes y repetitivas de los medios de comunicación, con un 16,7%. Si sumamos estos dos ítems, más las telenovelas y documentales, tendríamos que el 47,4% de las ocasiones, los encuestados afirman que han conocido el conflicto armado a través de los medios de comunicación masiva. Mientras que por formación académica sobre el tema, tan sólo en un 10,4%. Destacan además la tradición oral/anécdotas populares, con un 10,9% y el interés personal con un 8,9% de las menciones. La frecuencia de respuesta para otras opciones se detalla en la Tabla 7.
Tabla 7 ¿Por qué recuerda los hechos?
| Motivo del recuerdo | Frecuencia de respuesta | % |
|---|---|---|
| Noticias y Prensa | 164 | 28,0% |
| Imágenes impactantes y repetitivas | 98 | 16,7% |
| Tradición oral/anécdotas populares | 64 | 10,9% |
| Formación Escolar y Universitaria | 61 | 10,4% |
| Interés personal | 52 | 8,9% |
| Experiencia o cercanía personal/laboral | 43 | 7,3% |
| N/A | 28 | 4,8% |
| Anécdotas Familiares | 27 | 4,6% |
| Documentales y telenovelas | 16 | 2,7% |
| Otros | 33 | 5,6% |
| Total general | 586 | 100,0% |
Fuente: elaboración propia con base en las encuestas recolectadas
Como contraparte, se indagó sobre los motivos por los que considera que muchos de los hechos mencionados no se encuentran dentro de sus recuerdos, a lo que con mayor frecuencia respondieron que se debe a desinformación (32%), desinterés e Indiferencia (17,6%) y no trascendencia en los medios y/o redes sociales (13,3%). Los detalles para los motivos mencionados con menor frecuencia se observan en la Tabla 8.
Tabla 8 ¿Por qué no recuerda los hechos?
| Categoría | Frecuencia de mención | % |
|---|---|---|
| Desinformación | 180 | 32,0% |
| Desinterés/Indiferencia | 99 | 17,6% |
| No trascendencia en los medios/RS | 75 | 13,3% |
| Olvido | 49 | 8,7% |
| Hechos ajenos, lejanos o antiguos | 49 | 8,7% |
| Muchos hechos del conflicto | 32 | 5,7% |
| Por su edad (joven) | 26 | 4,6% |
| No responde | 14 | 2,5% |
| Otros | 27 | 4,8% |
| Total general | 562 | 100,0% |
Fuente: elaboración propia con base en las encuestas recolectadas
Reflexiones finales
En las reflexiones finales que se plantean dentro del cuestionario, se intenta indagar acerca de cuál es el actor armado que los entrevistados consideran como el más señalado como responsable de los hechos violentos mencionados. Al respecto en la Tabla 9, en el 45,2% de las ocasiones, se señala como responsable a las FARC, seguido por un 23,1% que se señala a
los paramilitares y un 19,8% a la guerrilla (o guerrillas), en general. Ahora bien, cuando se suma la atribución de responsabilidad señalando a la insurgencia armada, en total, resulta que el 68,9%, casi en el 70% los participantes atribuyen la responsabilidad del conflicto armado y de la mayoría de hechos indagados a las guerrillas, en general.
Tabla 9 Actor más señalado como responsable de los hechos
| Actor | Frecuencia | % |
|---|---|---|
| Farc | 151 | 45,2% |
| Guerrillas/guerrilla | 66 | 19,8% |
| Eln | 11 | 3,3% |
| M19 | 2 | 0,6% |
| Sub-total Guerrillas | 230 | 68,9% |
| Paramilitares | 78 | 23,1% |
| Auv | 11 | 3,3% |
| Ejército | 6 | 1,8% |
| Narcotráfico | 8 | 1,5% |
| Otro | 1 | 0,3% |
| Total | 334 | 100,0% |
Fuente: elaboración propia con base en las encuestas recolectadas (procesado en Atlas.ti, por lista de palabras)
En cuanto a los motivos que llevan a los entrevistados a responsabilizar el actor que se detalló anteriormente, el 20,1% no indica un motivo en particular, los demás exponen que se debe, con mayor frecuencia, a que son los actores más nombrados en las noticias, medios de comunicación y/o redes sociales (16,8%), han tenido más acción en el conflicto (14,6%), considera que tienen más responsabilidad en el conflicto (13,3%) o piensa que son más malos o tienen más maldad (10,1%). Otros motivos son atribuidos con una frecuencia muy inferior y los agrupamos en un solo ítem en la Tabla 10:
Tabla 10 Motivos por los cuales se responsabiliza más a un actor determinado
| Motivo | Frecuencia de mención | % |
|---|---|---|
| No expresa un motivo particular | 103 | 20,1% |
| Más nombrado en medios de comunicación, noticias, Redes Sociales | 86 | 16,8% |
| Más acción en el conflicto | 75 | 14,6% |
| Más responsabilidad en el conflicto | 68 | 13,3% |
| Más maldad/más malos | 52 | 10,1% |
| Acción u omisión | 27 | 5,3% |
| Otros | 102 | 19% |
| Total general | 513 | 100,0% |
Fuente: elaboración propia con base en las encuestas recolectadas
Discusión y conclusiones
De acuerdo con lo hasta ahora visto en nuestros resultados, y en relación con los resultados que obtuvimos en nuestra investigación cualitativa (Velásquez, et al., 2022; Villa Gomez, et al., 2022) se ha cristalizado una versión simplificadora de la memoria colectiva en la que se ha construido una representación social de su historia centrada en un responsable principal, un culpable que tendría que responder por la trágica historia de este país. En el caso del presente estudio casi el 70% de los participantes lo atribuyen a las FARC en particular y a las guerrillas en general, como lo hemos visto en otros ejercicios investigativos (Villa Gómez, 2019; Quiceno et al., 2021; Andrade, et al., 2021). En este marco se tiende a pensar que este actor desarrolla sus acciones sin un sentido político, motivado exclusivamente por la captación de recursos económicos, equiparándolo con el narcotráfico y, a su vez, se catalogándoles como “terroristas” (Velásquez et al., 2022, Villa Gómez, 2019; Villa Gómez, et al., 2022).
En nuestro concepto este recurso retórico, termina por desresponsabilizar al Estado y al proyecto paramilitar de la violencia que ha vivido el país durante las últimas décadas con la construcción de una historia oficial y un relato hegemónico que lleva a la mayoría de los participantes y en todos los hechos estudiados a atribuir mayoritariamente la responsabilidad a las guerrillas, frente a las cuales todas las instancias de poder (élites gobernantes, gremios económicos, medios de comunicación, entro otros) invitan a luchar, a derrotar y a eliminar desde discursos de unanimidad ligados a la “patria” en el intento de configurar una identidad nacional (Villa Gómez y Barrera, 2017; 2021), aunados a repertorios de un olvido institucionalizado, implícito y generalizado que niega, solapa o esconde esas otras responsabilidades, que, en efecto, más de la mitad de los y las participantes no logran ver ni reconocer.
De acuerdo con Villa Gómez et al. (2022) y Martín-Bristain (2021) esta forma de construcción del recuerdo y del olvido produce memorias victimistas de tipo competitivo a través de relatos que pueden simplificar la complejidad de los hechos, absolutizar y enfatizar en la maldad del actor responsable, naturalizando las formas violentas de responder a este actor y todo aquello que se considera similar al mismo (como partidos de izquierda o movimientos sociales), lo que posibilita una aceptación y legitimación de visiones militaristas de la realidad que propugnan por salidas represivas y violentas a los conflictos sociales, políticos y económicos, dándole piso también a la justificación de la salida militar que agudiza el conflicto armado.
Todo esto no sólo denota falta de conocimiento (dado que en el 90% de los casos, en promedio, no se conocían actores y circunstancias), sino la instalación de un discurso estereotipado que se difumina en la sociedad desde sectores de poder (Puesto que al final, como suposición y desde un imaginario construido, un 70% considera que el principal responsable del conflicto armado son las guerrillas) y que hecho por hecho, en la mayoría de los estudiados, más del 50% de los participantes le atribuyó a las insurgencias la culpabilidad.
Por tanto, el uso de medios retóricos, la educación y los medios de comunicación, han sido fundamentales para que lentamente se vaya instaurando un único sentido, con un único culpable que permite la justificación de la respuesta militar y el mantenimiento de un conflicto que funge como intratable, aceptando una lógica vindicativa: “miren todo lo que nos hicieron, es justo que podamos reclamar una retaliación”, tal como puede verse en diversas investigaciones de contextos diferentes (Bar-Tal, et al., 2014; Christou, 2007; Bekerman y Zembylas, 2010, 2016; Christou y Philipou, 2010; Hammack, 2010, 2011; Psaltis y Cakal, 2016; Nasie & Bar-Tal, 2020; Bilali, 2012, 2013; Barrera y Villa Gómez, 2018; Martín Beristain, 2021).
Además de lo anterior, el hecho que, de los crímenes estudiados, los que más hayan sido recordados, en su mayoría, sean los que se han atribuido a las insurgencias armadas (Masacre de Bojayá, Atentado al Club El Nogal, la Toma del Palacio de Justicia, secuestro y asesinato de los diputados de la Asamblea del Valle del Cauca) que constituyeron una RSHH, puesto que se conocían circunstancia y autores, con mayor frecuencia, configuran barreras para la paz y la reconciliación, dado que cumplen la función de poder resistir al conflicto y mantener una forma hegemónica de comprender lo que sucede, generalmente asociada a una perspectiva simplista y moralista que no da cabida a otras formas de entender los he chos y el entramado estructural de trasfondo (Velásquez, et al, 2022; Bar-Tal, 2018).
Teniendo en cuenta lo anterior, y siguiendo nuestro trabajo previo cualitativo, podría mos afirmar que en nuestro país se han fabricado además de una relatos, imágenes y narra tivas de memoria, unos olvidos convenientes, que permiten apuntar, desde los medios de comunicación, la retórica política, las conversaciones cotidianas y otros escenarios, al enfatizar algunos traumas elegidos, hacia la construcción de un ‘enemigo absoluto' (Angarita, et al, 2015; Gallo, et al, 2018; Palma, 2018; Schmidtt, 1998; Villa Gómez et al., 2022). No es banal este hecho, puesto que la estrategia no solamente permite identificar a este enemigo, sino que también pretende generar una cohesión interna entre quienes asumen dichos dispositivos de memoria, de tal manera que se logra un proceso de identificación endogrupal que asume que la bondad, la justicia, la legitimidad, el orden social, está de su lado (es decir de las élites económicas, políticas, mediáticas y culturales en el poder), mientras la maldad, la injusticia, el caos, la destrucción están del lado de este enemigo, encarnado en las guerrillas.
Esta simplificación de la representación y de la narrativa se utiliza también para procesar dinámicas y eventos complejos y dolorosos, como los que se han desarrollado en el marco del conflicto armado en Colombia, aportando elementos para posicionarse identitariamente lo que explica muchas de las posturas inflexibles que encontramos en los ciudadanos que han participado en el contexto de esta y otras investigaciones similares (Villa Gómez, Andrade y Quiceno, 2021a, 2021b; Villa Gómez et al., 2022). Esta lógica de identificación endogrupal, que ubica el bien en un lado de la sociedad, permite, al mismo tiempo ocultar y soslayar las responsabilidades de los demás actores, particularmente las Fuerzas Militares, los paramilitares y el Estado Colombiano, quienes al ser ubicados del lado “correcto” de la sociedad, sus acciones violentas que han constituido crímenes de guerra y de lesa humanidad terminan siendo solapadas, ignoradas y no reconocidas, quedando encubiertas bajo un manto de olvido. (Villa Gómez, 2019; Villa Gómez, et al., 2020; Villa Gómez y Barrera, 2021; Velásquez, et al., 2022). Como lo anotábamos en nuestra investigación cualitativa (Villa Gómez, et al., 2022):
La violencia ejercida por las Fuerzas Armadas, e incluso por los paramilitares, pasa entonces a la historia como una medida represiva necesaria para la salvación de la patria, bajo figuras “heroicas” de las que no se menciona en mayor medida el “lado oscuro”. Se trata de un olvido conveniente, que eleva a ‘héroes salvadores' a quienes se les confiere licencia para la atrocidad, siempre y cuando sea a nombre de ‘nuestra seguridad'.
Estos procesos de construcción de la memoria y el olvido, como repertorios psicosociales que circulan mayoritariamente en nuestra sociedad, tal como puede colegirse de nuestros resultados, terminan por ofrecer posibles explicaciones a la oposición de una parte importante de la sociedad colombiana a una negociación política del conflicto armado con dicho actor (Bar-Tal, 2013, 2018; Gallo, et al, 2018; Palma, 2018; Barrera y Villa Gómez, 2018; Villa Gómez et al, 2020), aunque en nuestra investigación no se logró la correlación entre esta posición y la responsabilización de las guerrillas como principal actor responsable de todos los hechos y del conflicto armado. Sobre este punto sería importante seguir trabajando en una investigación que pueda recoger una muestra más aleatoria.
Ahora bien, siguiendo nuestro trabajo previo (Villa Gómez et al, 2022) consideramos que, en el caso del plebiscito por la paz, preguntarle a un pueblo, a una sociedad que ha construido mayoritariamente la representación social de un enemigo absoluto en las gue rrillas y que la extiende con frecuencia a la izquierda democrática (Villa Gómez, 2019; Villa Gómez et al., 2022), que no logra reconocer las responsabilidades del Estado y del proyecto paramilitar en los hechos concretos, tanto en los que comparten responsabilidad con las guerrillas como en la toma y retoma del Palacio de Justicia, o en Bojayá o la Operación Orión, como incluso, en los que son de su exclusiva responsabilidad (masacres de Jamundí y Alto Mira - Ejército; o El Salado, Mapiripán, El Aro y la Granja - Paramilitares), mientras se magnifican las acciones del “agresor/enemigo”; preguntarles por un proceso de paz, en términos de negociación política, más que de sometimiento a la justicia, con esas guerrillas e insurgencias armadas, por la aprobación de unos acuerdos, es cuando menos ingenuo, superfluo y contraproducente. Mucho más cuando quien ha preguntado ha hecho parte de los actores que contribuyeron en la construcción de dichas representaciones, narrativas, silencios y olvidos (Villa Gómez et al., 2022). De allí el resultado del plebiscito el 2 de octubre de 2016 y la indiferencia de esta sociedad en relación con el incumplimiento sistemático en la implementación de los acuerdos de paz por parte del gobierno uribista de Iván Duque Márquez.
La mayoría de los participantes ni en lo cualitativo ni en lo cuantitativo lograron realizar una lectura integral ni estructural de la responsabilidad ni de las circunstancias al momento de la entrevista. Ahora bien, para nosotros en las dos investigaciones era muy importante que los participantes no conocieran a profundidad la historia del conflicto armado, algo que es común en la mayoría de nuestra población, puesto que nos permitiría evidenciar la forma en la que la gente del común construye sus representaciones sociales de la historia del conflicto y sus circunstancias, desglosadas en los hechos estudiados. Al recoger los resultados nos queda una profunda preocupación, dado que el desconocimiento de los hechos, las circunstancias y los responsables, deja un vacío mnémico que es llenado por los discursos hegemónicos para quienes la violencia política y la guerra han sido funcionales, en la medida en que dirigen la atención sobre este enemigo absoluto, mientras se absuelven a sí mismos de sus responsabilidades en las violencias que han derivado en graves violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra y lesa humanidad, además de tejer una ignorancia aún más profunda sobre los aspectos estructurales de la violencia que subyacen al conflicto armado colombiano.
En este proceso discursivo de construcción de una memoria hegemónica y oficial logran la cohesión y la identificación con sus propósitos e intereses, asociando además el relato con orientaciones emocionales colectivas de rabia, odio, miedo e indignación hacia este enemigo (Villa Gómez, Rúa et al., 2019; Villa Gómez, Rodríguez, et al., 2019; Andrade, 2021), consolidan su ejercicio de dominación sobre la sociedad, con la aquiescencia misma de la gente, que está ‘distraída' viendo a ese enemigo único, que en efecto ha hecho mucho daño, pero que no ha sido ni el único ni el peor de los actores de esta guerra. Por tanto, se hace necesario trabajar mucho más con las diversas poblaciones en torno a la construcción de la memoria histórica y el papel de la verdad como aportes fundamentales para romper estas lógicas que legitiman la violencia y la guerra.
Lo que resulta más preocupante, es que, como emergió de nuestra investigación cualitativa (Villa Gómez, et al., 2022) estas representaciones, discursos y afectos son trasnsitivamente conducidos hacia las expresiones diversas de oposición política ligadas a la izquierda, de tal manera que estas expresiones no sólo se descalifican y deslegitiman, sino que se crean climas emocionales y marcos simbólicos propicios para justifica los ataques, calumnias, blo queos y persecuciones a estas expresiones políticas e, incluso, su exclusión y eliminación. Tristemente en este país se ha pasado del discurso a los hechos, y por ello en nuestra historia podemos reconocer genocidios políticos como el cometido contra la UP con el exterminio de 5.733 militantes (JEP, 2022) o seguir padeciendo el asesinato sistemático de más de 1.000 líderes sociales después de la firma de los acuerdos de paz (Indepaz, 2022).
Todo esto nos lleva a la necesidad de plantear un trabajo desde las diversas instancias (sociales, educativas, culturales y del Estado mismo) para trabajar por la construcción de una memoria incluyente, que retome las voces silenciadas y que sea un contrapoder que confronte claramente los relatos y los olvidos impuestos desde las memorias hegemónicas:
Estos procesos deben desarrollarse no solamente a través de la educación y la academia, sino también en la conformación de una postura ética más clara de los medios de comunicación, o por lo menos en una democratización de la información que le dé valor a los medios alternativos. Puesto que los medios hegemónicos, al estar vinculados a las élites en el poder, se limitan a reproducir la historia oficial o las versiones que favorecen la interpretación histórica de estas élites, constituyendo una mirada sesgada, estereotipada, simplista y conveniente; de tal manera que la configuración de RSHH significa una barrera psicosocial para la paz y la reconciliación, que sólo puede ser rota cuando las voces de las víctimas, las voces de todos los actores, el dolor no competitivo y la identificación de todos los actores del conflicto como responsables, sea parte integral del relato y del recuerdo (Velásquez, et al., 2022).
Esperamos que la socialización, difusión y aplicación del informe de la comisión de la verdad y la construcción de la verdad jurídica en la JEP, sean insumos fundamentales en los procesos educativos y mediáticos para generar otras comprensiones de nuestra historia y de nuestra memoria para comprender que no hay buenos ni malos en la guerra y que nuestra tarea ética y política fundamental es superar la violencia como una forma normal de ejercer la política y de resolver los diversos conflictos sociales, políticos, económicos que nos agobian como nación. Además de superar la violencia estructural que sigue estando a la base de nuestra historia de conflicto interminable (Villa Gómez, et al, 2022). Finalmente para que el debate democrático incluya las voces disidentes, se supere la demonización de la izquierda y se puedan abrir puertas reales a la alternancia en el poder del Estado que conlleve a una sociedad más justa, incluyente y equitativa que haga posible la consolidación de la paz, la democracia y llevar a la práctica lo escrito en la constitución política de 1991, ser al fin, un Estado Social de Derecho.
