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Introducción
La participación de la Iglesia Católica y su Episcopado ha sido una característica común de los procesos de paz en Colombia. Desde el primero de ellos en el gobierno Betancur (1982-1986), hasta el más reciente adelantado en los gobiernos Santos (2010-2018), y la iniciativa de la denominada “paz total” del actual gobierno, en la que la jerarquía católica ha manifestado su disposición a facilitar el diálogo con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados, los obispos han estado siempre presentes, constituyéndose en un actor clave en todos los intentos por poner fin al conflicto armado a través de la vía negociada. Su participación en los procesos ha sido aceptada y valorada tanto por los gobiernos como por los grupos armados.
Esta participación de los prelados en los procesos de paz, cumpliendo roles de mediación, facilitación, acompañamiento o buenos oficios, se ha dado principalmente desde dos instancias: la Conferencia episcopal de Colombia (CEC) y la Comisión de conciliación nacional (CCN). Desde ellas, su reiterado concurso, resulta hoy inadvertidamente normal. Sin embargo, para que así fuera, debieron superarse una serie de debates tanto internos como con los gobiernos de turno, y cambios de postura con respecto a su visión sobre la paz, las partes en el conflicto armado y su rol en los procesos de paz, los cuales se dieron entre las décadas del 80 al 90, como constataron González (1990, 2005), Cifuentes (1993), Arias (2003), Cristancho (2011); Plata & Vega (2015), y Turriago (2018). De denominar “subversivos” a las guerrillas se pasó a “alzados en armas”, del llamado a deponer las armas se pasó a instarles, junto con el gobierno, a emprender procesos de paz que resolvieran los problemas estructurales base de la violencia armada y, a reiterar su ofrecimiento de participación en los mismos, todo lo que luego consolidó su postura contemporánea en favor de la paz positiva y la vía negociada para terminar el conflicto armado.
La relación paz-violencia, de la que se derivan la paz positiva y la paz negativa, fue introducida por Johan Galtung en la década del 60 (1964; 1969). La paz negativa como ausencia de violencia directa o, en términos de Bobbio (1992), ausencia de guerra. Y la paz positiva, inicialmente definida desde la posibilidad de integración y cooperación de la sociedad humana (Galtung, 1964); y, luego, conceptualizada como ausencia de violencia estructural y presencia de justicia social, entendida esta como la distribución igualitaria de poderes, recursos y participación en la toma de decisiones (Galtung, 1969). Así, un proceso de paz minimalista estará enfocado en la dejación de armas y reincorporación de los combatientes; mientras que, uno maximalista, propenderá por la modificación de las estructuras políticas, económicas y sociales determinantes en la injusticia social.
La visión episcopal de la paz positiva se vio confrontada por los gobiernos de la “seguridad democrática”, en los que no obstante negarse la existencia del conflicto armado se emprendieron sendos procesos de paz con las Autodefensas unidas de Colombia (AUC) y con el ELN, ambos con la participación protagónica de los obispos. Tales procesos se enfocaron en el desarme, desmovilización y reintegración (DDR) de los combatientes mas no en la solución estructural de las causas base de la conflictividad armada promovida por los prelados.
Este artículo de investigación científica, derivado de la tesis doctoral: “Participación del Episcopado colombiano en los procesos de paz entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los gobiernos de Ernesto Samper (1994-1998), Álvaro Uribe (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010-2018)”, revisa las continuidades, giros y rupturas de los obispos en su visión de la paz en los discursos por ellos proferidos durante los gobiernos Uribe, cuyo énfasis en la vía militar para terminar el conflicto armado, y su visión de paz negativa, puso a la jerarquía católica, en este campo, en una posición ideológica contraria al gobierno. Todo ello en la perspectiva de trazar una conexión explicativa entre los discursos producidos, el contexto en que se dieron, y la actuación de los obispos. El artículo se divide en cinco partes a saber: esta introducción, la metodología, la discusión, que incluye el contexto de los gobiernos Uribe destacando los principales hitos sobre el conflicto armado y la paz, así como la revisión de los discursos de los obispos, los resultados y las conclusiones luego de revisar su actividad discursiva sobre este tema.
Metodología
Entre los enfoques clásicos de conocer la realidad social (cualitativo, cuantitativo y mixto), la tesis doctoral de la que deriva este artículo, y por tanto él mismo, apeló al cualitativo, que retomando a Galeano (2004), brinda la posibilidad de “encarar el mundo de la interioridad de los sujetos sociales y de las relaciones que establecen con los contextos y con otros actores sociales” (p. 16). El sujeto social principal fue entonces el Episcopado colombiano, y el contexto estuvo enmarcado por su participación, desde su visión particular de la paz, en los procesos de paz adelantados durante los gobiernos Uribe. El método utilizado fue el análisis crítico del discurso (ACD), por su correspondencia epistemológica y metodológica con el propósito investigativo de develar y comprender la visión de paz de los obispos, a partir de la revisión de los discursos en los que los jerarcas de la Iglesia se refirieron a ella; y porque el discurso, además de una forma de acción social, es constitutivo de la sociedad y la cultura. Su análisis crítico “proporciona detallados y sistemáticos análisis de las estructuras y estrategias de texto y habla, y de sus relaciones con los contextos sociales y políticos” (Van Dijk, 1999, p. 24), lo que contribuye al entendimiento de problemas y procesos sociales, políticos, culturales e históricos, como lo ha sido el conflicto armado colombiano y los intentos por culminarlo a través de procesos de paz.
En 23 de los 60 discursos proferidos por el Episcopado durante los gobiernos Uribe hay menciones a la visión de la paz de los obispos, la cual fue revisada tomando como referencia el modelo de análisis tridimensional de Fairclough (1993), que provee tres niveles de análisis: 1) texto, 2) práctica discursiva y 3) práctica social. El primero es descriptivo, y da cuenta de lo que se dice. El segundo es interpretativo, y se ocupa del contexto en el que los discursos son producidos y la coherencia entre ellos, y el tercero de los aspectos ideológicos y hegemónicos que los discursos establecen. Así, se construyó una matriz de ACD en la que las referencias a la paz plasmada en los discursos, extraídos del micrositio “Documentos” de la página web de la CEC, y analizados desde estas tres dimensiones, para establecer la práctica social de los prelados en materia de paz.
El paradigma abordado fue el hermenéutico crítico. Hermenéutico, desde los momentos planteados por Gadamer (1999) de comprensión, interpretación y aplicación, porque se buscó comprender los discursos en los que el Episcopado colombiano ha plasmado su visión sobre la paz; y crítico desde el rol que la teoría crítica le ha conferido al lenguaje en la constitución del mundo social y las relaciones de poder que éste representa, reproduce o legitima (Urra et al, 2013), y que tal y como señala Karczmarczyk (2010)
hay una importante cantidad de puntos compartidos por las tesis hermenéuticas y las de la teoría crítica, los que remiten, en particular, a la manera en que conciben la relación entre el sujeto y el objeto, la relación entre teoría y experiencia, la relación de la teoría con la historia, puntos que confluyen todos en la clásica cuestión de la relación entre teoría y práctica. (p. 106)
Desde esta perspectiva el paradigma hermenéutico crítico posibilitó la comprensión de la interrelación entre lo que el Episcopado colombiano ha plasmado en sus discursos sobre su visión de la paz, y el rol que efectivamente desempeñó en los procesos de paz en los gobiernos Uribe.
Discusión
Colombia es paradójicamente el primer país latinoamericano que inició procesos de paz y el único de esta parte del mundo en el que el conflicto armado persiste. La producción académica sobre el conflicto armado es tan extensa como las casi seis décadas de su duración, y se ha ocupado con amplitud, de su estudio desde sus tipologías y características, sus causas y orígenes, los procesos de desarrollo y transformación, los actores involucrados, las víctimas, mas son pocos, en comparación con aquellos, los intentos por abordarlo desde los procesos, mecanismos y políticas dirigidos a su resolución mediante la vía negociada, es decir, a través de procesos de paz. La conclusión de esto es que se sabe mucho sobre el conflicto armado y aún poco sobre cómo lograr su final a través de la vía negociada, como señala Fisas (2004)
Sabemos aún muy poco sobre cómo tratar los conflictos armados, y lo prueba el hecho de que sigan existiendo, de que algunos continúen siendo sumamente letales y de que las diplomacias más convencionales se estrellen con demasiada frecuencia en el intento de lograr la paz. (p. 10)
Siguiendo a Fisas (2010), un proceso de paz es un conjunto de fases o etapas en el que las partes involucradas en un conflicto armado, con la participación de terceros, intentan terminarlo mediante la negociación, para iniciar una etapa en la que los conflictos se tramiten sin acudir a la violencia. El Episcopado colombiano ha sido uno de esos terceros, cuyo rol ha ido desde la participación discreta en los procesos de paz emprendidos a comienzos de los 90, hasta la verificación del cese al fuego pactado entre el gobierno Santos y el ELN en 2017. La hipótesis planteada es que tal participación se corresponde con la visión de paz establecida por los obispos, por lo que resulta importante revisar dicha visión, para comprender el rol de este sujeto social, desde lo religioso y lo político, frente al conflicto armado y la superación del mismo a través de un proceso de paz. Comprenderlo favorece el desarrollo de estrategias sólidas de institucionalización y una interpretación amplia del obrar de los obispos en materia de paz.
Contexto del conflicto armado y la paz en los gobiernos Uribe
El 26 de mayo de 2002 Álvaro Uribe Vélez ganó por primera vez la presidencia de la República al imponerse en primera vuelta, con el 53.1% de los votos (5.829.958); cuatro años después, el 28 de mayo de 2006, y tras la reforma constitucional que permitió la reelección presidencial inmediata, la ganó por segunda vez, también en primera vuelta, con el 62.51% de los votos (7.397.835) (Registraduría nacional del estado civil, 2022). Para su primer periodo de gobierno el panorama del país mostraba que en la última década las Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia ejército del pueblo (FARC-EP) y el ELN habían duplicado su pie de fuerza, llegando a 18 mil integrantes las primeras, y 5 mil los segundos, las AUC superaba los diez mil hombres, y más de cincuenta mil personas habían muerto en combate o habían sido asesinadas, alcanzando para 2002 una tasa de homicidios de 67.8 por cien mil habitantes (Departamento nacional de planeación, 2003). Adicionalmente, la tasa de pobreza se ubicaba en el 53%, la de indigencia en el 23%, la de desempleo en 15.8% y el coeficiente de GINI de desigualdad en 0.56 (Departamento nacional de planeación, 2003). Para ese mismo año había 1709 personas secuestradas, casi un millón y medio de personas desplazadas y 168 municipios del país no contaban con una estación de policía (Ley 812, 2003).
Tras el fracaso del proceso de paz del gobierno Pastrana con las FARC-EP y bajo el lema “mano firme, corazón grande”, Uribe asumió sus dos periodos de gobierno con una propuesta de combate frontal a los grupos guerrilleros, y el restablecimiento del Estado de Derecho y del imperio de la ley en todo el territorio (Vargas 2013, en Villarraga, 2013a). Contó para ello con un contexto internacional favorable, con una estrecha relación en lo económico, político y militar con los Estados Unidos, que tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 posicionó el terrorismo como la principal amenaza contra la democracia y la paz, y la lucha contra él como la prioridad de la agenda de seguridad global. Así, los grupos armados colombianos, elevados a la categoría de terroristas, “dejaran de ser considerados como una problemática de índole interna para ser situados como una amenaza, no solo en cuanto a la estabilidad regional, sino para la democracia a escala mundial” (Vargas 2013, en Villarraga, 2013a, p. 37).
Su primer plan nacional de desarrollo para el periodo 2002-2006: “Hacia un estado comunitario”, se trazó los objetivos de brindar seguridad democrática, impulsar el crecimiento económico sostenible y la generación de empleo, construir equidad social, e incrementar la transparencia y eficiencia del Estado (Ley 812, 2003). El segundo plan nacional de desarrollo (2006-2010): “Estado comunitario: desarrollo para todos”, propuso consolidar el crecimiento económico elevado para generar empleo y distribuir sus beneficios a todos los colombianos, reducir la pobreza y la inequidad, y afianzar los logros de la Política de defensa y seguridad democrática (PDSD) para consolidar la confianza en el país (Ley 1151, 2007). Esta Política planteó la convicción en la vía militar frente al conflicto armado con las guerrillas, ratificada por el propio presidente Uribe cuando en la presentación de la misma señaló:
frente al terrorismo solo puede haber una respuesta: derrotarlo. Quienes persistan en el uso de esta práctica criminal, soportarán todo el peso de la ley. Los colombianos no cederemos ante esta amenaza. La vamos a derrotar con la colaboración de toda la ciudadanía (Presidencia de la república, 2003, p.6-7).
Para la derrota militar del “terrorismo” se desplegaron durante los gobiernos Uribe dos planes de guerra: Patriota y Consolidación, los cuales enfatizaron el fortalecimiento de la Fuerza pública en cuatro áreas estratégicas: 1) movilidad, con la creación de unidades como la brigadas móviles y el mejoramiento de la capacidad helicoportada de las tropas; 2) inteligencia, para neutralizar “objetivos de alto valor”, 3) pie de fuerza, desde el incremento y profesionalización de las tropas y 4) capacidades estratégicas básicas, con operaciones conjuntas de todas las fuerzas bajo un solo mando, uso intensivo del poder aéreo y mejoramiento del equipamiento (Presidencia de la república, 2003).
Los resultados de la implementación sostenida de la PDSD se materializaron en el cambio en la correlación de fuerzas entre las partes en el conflicto armado a favor de la Fuerza pública, y su retoma de la iniciativa militar. Desde este cambio, fueron muertos en operativos militares comandantes de frente de las FARC-EP como “el negro Acacio”, del Frente 16, y “Martín Caballero”, del Frente 37, y por primera vez, un miembro del Secretariado del estado mayor central: “Raúl Reyes”. También fueron liberados en un operativo militar (operación Camaleón) miembros de la Fuerza pública en poder de las FARC-EP desde hacía más de 10 años como el general Luis Mendieta, los coroneles Enrique Murillo y William Donato y el sargento Arbey Delgado. Para el final de los gobiernos Uribe los secuestros habían caído a 179, la tasa de homicidios se ubicó en 34.18 por cien mil habitantes, las extorsiones bajaron a 293 (venían de 2.080 casos en 2002), las voladuras de torres de energía bajaron a 53 (venían de 1.645 en 2002), las acciones ofensivas de las guerrillas se ubicaron en 23 (venían de 357 en 2002) y sus bajas en combate superaron las 12 mil (Vargas citado en Villarraga, 2013a). Pese a estos resultados, la derrota militar de las guerrillas, en particular de las FARC-EP, principal amenaza combatida por la PDSD no se logró, y la misma terminó siendo cuestionada por las violaciones de los derechos humanos como las del debido proceso en capturas de civiles bajo la sindicación de ser “auxiliadores del terrorismo”, y el escándalo de los homicidios sistemáticos de civiles reportados como bajas de las guerrillas en combate, denominado como “falsos positivos”. Finalmente, como señala Vargas,
Colombia se debatía, al final del gobierno Uribe, entre el intento de forzar una solución política de la confrontación interna exclusivamente en los términos del Estado -a través del uso de la capacidad militar estatal- o la búsqueda, desde un Estado militar y políticamente fortalecido, de una solución política negociada con viabilidad para todos los colombianos. Este era el dilema político-militar que enfrentaban la sociedad y el Estado colombiano (Citado en Villarraga, 2013a, p. 48).
Procesos de paz en los gobiernos Uribe
Los gobiernos Uribe tuvieron una postura ambigua frente a la existencia del conflicto armado en el país. La negación pública del mismo fue reiterada durante sus ocho años bajo la fórmula: “lo que hay en Colombia es pura y llanamente terrorismo” (Uribe, 2002, en Villarraga, 2013b, p.108). Sin embargo, en documentos oficiales tales como las directivas 208 de 2008, 216 de 2009 del Ministerio de defensa nacional, y el Manual de derecho operacional de 2009, se reconoció el conflicto amado. Tal reconocimiento se encuentra incluso desde su primer plan nacional de desarrollo, en el que se lee: “Colombia afronta uno de los conflictos armados de mayor duración en el mundo, con hondas repercusiones en todos los aspectos de la vida social. En las últimas décadas el conflicto se ha agudizado de manera significativa” (Departamento Nacional de Planeación, 2003, p. 31).
La misma ambigüedad que acompañó el reconocimiento del conflicto armado se extendió a las vías de su solución. La vía militar fue la opción implementada contra las FARC- EP, mientras que, en paralelo, la vía negociada se estableció con las AUC y el ELN. A las primeras, con las que solo se planteó la posibilidad de diálogo sobre el intercambio o canje humanitario, se aplicó la fórmula: “no desmayaremos para derrotar al último de los terroristas” (Presidencia de la República, 2003, p. 7). A los segundos: “los que quieran hacer la paz con el Estado colombiano tienen la oportunidad de hacerla rápidamente, acogiéndose a la política de desmovilización” (Presidencia de la república, 2003, p. 7). Y a los terceros, el ELN:
Quienes manteniendo pudor político crean que aún tienen ideas para defender, que rechacen la vía de la violencia y vengan a desmovilizarse o a hacer un acuerdo de paz con el Gobierno. Les daremos todas las garantías para ejercer la política que merece el disidente en la democracia (Presidencia de la República, 2003, p. 7).
Planteado así, desde la clasificación de los procesos de paz formulada por Fisas (2010), según el problema de fondo que subyace al conflicto armado, la propuesta de los gobiernos Uribe a las AUC y al ELN fue un proceso de reinserción, con una agenda de negociación cerrada o restringida, limitada a temas tales como el cese al fuego y de hostilidades unilateral, liberación de secuestrados, DDR de combatientes, sin la opción de discutir cualquier cambio o transformación institucional en lo político, económico o social (Medina citado en Villarraga, 2013a) que deberían ser procurados por los propios reintegrados en su ejercicio de la actividad política legal.
El proceso de paz con las AUC se viabilizó desde lo legal con la reforma a la ley de orden público (Ley 782 de 2002), que con relación a los procesos de paz suprimió el previo reconocimiento del carácter político de los grupos armados como requisito para emprenderlos, y la aplicación de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) que posibilitó un marco de justicia transicional a través del cual se concedieron amnistías e indultos a los combatientes de base, y penas alternativas de entre cinco y ocho años a los comandantes, a cambio de verdad y reparación. Desde diciembre de 2002 las AUC declararon un cese unilateral de hostilidades tal y como exigía el gobierno como requisito para emprender el proceso de paz, y solicitaron el inicio de conversaciones de paz con miras a su DDR. La fase de prenegociación o exploratoria adelantada desde entonces llevó en julio de 2003 a la firma del Acuerdo de Santa Fe Ralito y en 2004, al establecimiento en este corregimiento del municipio de Tierralta, Córdoba, de la Zona de ubicación y la Mesa de negociación. Entre noviembre de 2003 y agosto de 2006 se realizaron 39 ceremonias de desmovilización colectiva, se presentaron 31.671 personas y se entregaron 18.051 armas (Reed citado en Villarraga 2013b, p. 43). “El proceso estuvo marcado por múltiples crisis y la improvisación, viciado por la falta de transparencia y deteriorado como resultado de acusaciones entre Gobierno y paramilitares de traición sobre lo transado” (Reed citado en Villarraga 2013b, p. 43), en particular por la extradición hacia Estados Unidos, el 13 de mayo de 2008, de 14 ex comandantes de las AUC firmantes del Acuerdo de Santa Fe Ralito.
Con las FARC-EP no hubo proceso de paz durante los gobiernos Uribe, y éstas afrontaron la ofensiva militar de los planes Patriota y Consolidación. Los acercamientos con esta guerrilla giraron en torno al intercambio o canje humanitario, a través del cual pretendieron incrementar su poder de negociación y liberar integrantes de sus filas presos en las cárceles del país a cambio de los soldados, policías y políticos en su poder. Sin embargo, ni las presiones de los familiares de los secuestrados, ni las liberaciones unilaterales de guerrilleros realizadas por el gobierno en diciembre de 2004, ni las realizadas por las propias FARC-EP de políticos en 2008 y 2009, ni la mediación del presidente Hugo Chávez y la senadora Piedad Córdoba, autorizados para sostener reuniones con los líderes de las guerrillas para conseguir soluciones humanitarias por el propio presidente Uribe en agosto de 2007, y revocados de tal función el 21 de noviembre del mismo año, lograron la concreción de un acuerdo en ese sentido.
Por su parte, la vía negociada fue la bandera del ELN durante los dos gobiernos Uribe. Desde sus pronunciamientos: “Proceso de paz. Parar la guerra para construir la paz” (2003), “Un país en paz” (2004), y “Proceso de paz. Superemos los conflictos” (2005), propusieron esta salida al conflicto armado, para abrirle camino a transformaciones estructurales en lo social, en lo económico y político (Medina, 2019), reconociendo que “la paz es una expectativa de todos los colombianos y es con base en ella que se puede lograr la construcción de un futuro, pues ninguna sociedad puede edificarse sobre una propuesta de guerra” (ELN, 2004, en Medina, 2019, p.515). En 2006, realizaron su IV Congreso Comandantes Manuel Pérez Martínez y Oscar Santos, en el que definieron como prioridad del momento histórico la construcción de la democracia, y ratificaron el propósito de buscar solución al conflicto armado en el marco de un proceso de paz en el que además del Gobierno y el ELN, participara activamente la sociedad civil, y la comunidad internacional como garante (Medina, 2019).
Ante la disposición manifiesta del ELN de emprender un proceso de paz, el 5 de diciembre de 2005 se firmó un acuerdo entre esta guerrilla y el Gobierno que estableció un primer encuentro en La Habana entre un representante del Gobierno nacional y uno del Comando central (COCE). Del 16 al 21 de diciembre delegados de ambas partes se reunieron en La Habana y acordaron una nueva ronda de conversaciones exploratorias a finales de enero de 2006, allí mismo, para discutir la construcción de una agenda de negociación. Por el Gobierno participó Luis Carlos Restrepo, Alto comisionado de paz, y por el ELN “Antonio García”, miembro del COCE. Incluida esta ronda de conversación se realizaron entre 2005 y 2007 un total de ocho rondas, que debieron desembocar en la firma de un acuerdo base que iniciase la fase de negociación sobre los temas en él acordados.
Al final, el proceso de paz no avanzó de la fase de prenegociación a la de negociación por concepciones contrapuestas del Gobierno y el ELN sobre aspectos sustanciales sobre cómo llegar a la paz y el tipo de paz a la que se aspira a llegar mediante el proceso de paz. Retomando a Fisas (2010), desde la tipología de los procesos de paz según el rol de los intervinientes, el Gobierno apostó por un modelo elitista, de negociación directa con el ELN, mientras que este grupo armado concibe un proceso participativo, con un rol vinculante y no meramente consultivo de la sociedad civil, a través de mecanismos como la Convención Nacional, y la comunidad internacional como garante del proceso. Según el problema de fondo que subyace al conflicto armado el Gobierno concibe el proceso de paz como de re inserción, mientras el ELN lo concibe como de intercambio, del tipo paz por democracia. Y según el tipo de paz a la que se aspira, el Gobierno apostó por un proceso minimalista, y de allí su atención en los temas de cese al fuego y hostilidades, concentración de las tropas del ELN, identificación de sus mandos y combatientes y verificación, todos ellos temas propios y viables en las fases de negociación, acuerdo e implementación, es decir, al final del proceso de paz y no como requisitos para iniciar la negociación, mientras que el ELN aspiraba a un proceso maximalista “que le abra camino a las transformaciones estructurales en lo social, en lo económico y político, donde el dolor de las mayorías puede ser redimido” (ELN, 2006, p.6).
Participación del Episcopado en los procesos de paz en los gobiernos Uribe
El Episcopado católico colombiano tuvo una activa participación en los procesos de paz adelantados en los gobiernos Uribe. En el proceso con las AUC monseñor Julio César Vidal Ortiz, por entonces Obispo de Montería y natural de Tierralta, epicentro del proceso, jugó un importante rol de facilitación y acercamiento entre las partes, posibilitando con su intervención la continuación de las conversaciones tras las múltiples interrupciones, sobre lo cual señaló:
desde el principio tuvimos total claridad en que nuestro papel, tanto en el acercamiento como durante los diálogos, era la de facilitadores, con la oración, con la lectura de la palabra de Dios y con nuestras intervenciones en los momentos cuando se empantanaban las conversaciones. Contribuimos a crear confianza entre las partes. Ellos nos tomaron mucho aprecio, pues les dábamos cierta seguridad a los compromisos que se asumían. Casi que nos hicimos indispensables en las reuniones. Las con versaciones se rompieron más de una vez y se pudieron recuperar debido a la labor de la Iglesia Católica (Vidal, 2013, en Villarraga, 2013b, p.34-35)
En el proceso de paz con el ELN los prelados, a través de la Comisión de obispos para acompañar el proceso de paz con el ELN, integrada por los monseñores Jaime Prieto Amaya, Leonardo Gómez Serna, Armando Larios Jiménez, Julio Enrique Prado Bolaños y Carlos Germán Mesa Ruiz, y la CCN, presidida por monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, también prestaron sus oficios de facilitación y acercamiento entre las partes, participando en la organización de las reuniones preparatorias a las rondas de conversación en La Habana y aportando propuestas concretas en relación a la discusión en la mesa de temas humanitarios, aportes reconocidos y agradecidos públicamente por ambas partes en los comunicados conjuntos tras las rondas de conversación, y en particular por el ELN, quien en mensaje enviado a la CEC manifestó:
Resaltamos también la contribución de la Iglesia en la búsqueda de la paz a través de la participación en organismos de conciliación y facilitación, de carácter permanente y/o temporales para la solución del conflicto, como son la Comisión de Conciliación Nacional, La Comisión Episcopal de seguimiento del proceso con el ELN, la participación en la Comisión de Facilitación Civil, la Comisión para la búsqueda de un acuerdo humanitario con las FARC, entre otras. El ELN valora altamente la postura en contra de las guerras que ha asumido la Iglesia Católica en el mundo, como mandato del Papa y su valioso aporte en la consecución de la paz (ELN, 2004, citado en Villarraga, 2013a, p. 146-147).
Comunicación a la que la CEC respondió
Como Asamblea del Episcopado asumimos el compromiso de PERSISTIR EN LA PAZ NEGOCIADA. “Vale la pena persistir en la búsqueda de la paz”. Y ello en el contexto colombiano constituye un desafío que hunde sus raíces en la entraña misma del Evangelio; en donde encontramos las luces que permiten identificar y comprender las restricciones y los nuevos desafíos que supone recorrer el camino de la paz. Reiteramos el ofrecimiento de nuestros buenos oficios, y expresamos el apoyo explícito a los Obispos y Sacerdotes que colaboran en la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado en Colombia; a la Comisión Episcopal encargada de facilitar el diálogo y reconciliación con el ELN, a través de ellos continuaremos aportando a la búsqueda de espacios de reconciliación como expresión de nuestro compromiso en la construcción de una paz justa y duradera y de un futuro más próspero, con equidad y justicia social (Conferencia episcopal de Colombia, 2004a, en Villarraga, 2013a, p. 147-148).
El reconocimiento y aceptación del rol de la Iglesia Católica a través de su Episcopado en los procesos de paz no estuvo desprovisto de controversias con el Gobierno, que frente a la negación del conflicto armado en Colombia y la opción por la vía militar para resolverlo durante los gobiernos Uribe, manifestó a través del presidente de la CEC, monseñor Luis Augusto Castro:
Yo no tendría nada que decir. Sencillamente hay un conflicto armado, eso es obvio. Si no hubiese un conflicto armado no habría razón de que hubiese un comisionado para la Paz. Si no hubiese un conflicto armado, no estaríamos tratando de pacificar las cosas, porque se trataría entonces de un asunto de delincuencia común. Si no hubiese un conflicto armado, no habría el intento de tantos organismos del mundo por ayudar a Colombia. Ahora, si el nombre no gusta, habrá que buscarle otro, lo importante es que logremos superar este conflicto armado y que lo logremos, no por los caminos que se ve que van siendo poco efectivos como son los caminos de la guerra, sino por los caminos de la negociación política, por los caminos del diálogo (Rivas, 2005, p.2a)
Así, durante los dos gobiernos Uribe, en los que se combinaron para resolver el conflicto armado las vías militar con las FARC-EP, sin lograr su derrota, y la negociada con las AUC y el ELN, el Episcopado católico colombiano, se pronunció de manera oficial, desde la CEC (Comisión permanente, Presidencia y secretaría general, y Asamblea plenaria) y la CCN en 60 discursos, el primero de ellos el 8 de agosto de 2002, y el último de estos periodos el 6 de abril de 2010. La Presidencia y secretaría general de la CEC profirió 44 discursos, la Asamblea plenaria 11 y la Comisión permanente 5. De todos ellos, 23 discursos (18 de 44) de Presidencia y secretaría general (uno de ellos en conjunto con la CCN), 4 (de 11) de la Asamblea plenaria, y 1 (de 5) de la Comisión permanente tienen referencia a la visión de paz del Episcopado. La síntesis de la revisión de estos discursos desde el planteado método de ACD es lo que sigue a continuación.
La visión de paz en los discursos del Episcopado
La visión de paz del Episcopado tiene entre sus antecedentes e hitos la encíclica Pacem in Terris (1963), en la que se establece la relación entre el respeto a la dignidad humana y la paz, señalando que la inhumana condición en la que viven millones de personas en el mundo amenaza el orden pacífico (Juan XXIII, 1991). La Constitución pastoral Gaudium et Spes, del Concilio Vaticano II (1963-1965), que concibe la paz positiva así: “La paz no es una mera ausencia de guerra, ni se reduce al solo equilibrio de las fuerzas contrarias, ni nace del dominio despótico, sino con razón y propiedad se define como la obra de la justicia” (Gaudium et Spes, 1965, art. 78). La encíclica Populorum Progressio (1967), en la que se destaca que la marginalidad política, social y económica atenta contra la paz y abre “la tentación de rechazar con la violencia tan grandes injurias contra la dignidad humana” (Pablo VI, 1967, n.° 30). Y la conferencia del Consejo episcopal latinoamericano (CELAM) en Medellín (1968), que rechazó el uso de la violencia como alternativa para resolver problemas sociales enfatizando que “el cristiano prefiere la paz a la guerra” (Conferencia de Medellín, 1968, n.° 15).
Desde estos antecedentes, durante los gobiernos Uribe la visión de la paz del Episcopado colombiano tuvo tres perspectivas: religiosa, política y constitucional. Desde la perspectiva religiosa la paz es un don de Dios confiado a los hombres y como tal puede invocarse a través de la oración (Conferencia episcopal de Colombia, 2003b, 2004c, 2005b, 2006a, 2007b, 2007c, 2007e, 2007f, 2008a). Desde la perspectiva política la paz es un proceso de construcción colectiva que exige grandes esfuerzos y la participación y compromiso de todos (Conferencia episcopal de Colombia, 2002a, 2002c, 2003a, 2003b, 2003c, 2004b, 2004c, 2004f, 2005a, 2006a, 2006d), que se logra a través de la vía negociada (Conferencia episcopal de Colombia, 2002a, 2003c, 2004b, 2006a, 2006d, 2007b, 2007c, 2007e), y que requiere de perdón, reconciliación, verdad, justicia, solidaridad, reparación, búsqueda del bien común, equidad, respeto de los derechos humanos y superación de las causas que han generado el conflicto armado (Conferencia episcopal de Colombia, 2002c, 2003a, 2003b, 2003d, 2003f, 2004b, 2004f, 2005a, 2006a, 2006d, 2008c). Desde la perspectiva constitucional, retomando el artículo 22 de la Constitución, “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” (Const., 1991) (Conferencia episcopal de Colombia, 2003b, 2006a, 2007f).
A partir de estas tres perspectivas los obispos denominaron en sus discursos, de seis distintas maneras, la paz por ellos promovida: “auténtica”, “duradera y estable”, “justa y duradera”, “integral”, “negociada” y “social duradera y estable”. Todas ellas trascienden la paz negativa y propenden por la justicia social y la solución de las causas estructurales del conflicto armado. La Tabla 1 resume las paces citadas en los discursos del Episcopado durante los gobiernos Uribe, así como sus características o condiciones para su establecimiento.
Tabla 1 Denominación de las paces por el Episcopado durante los gobiernos Uribe
| Denominación de la paz | Características/Condiciones |
|---|---|
| Paz auténtica | Requiere de reconciliación, verdad, justicia y solidaridad (Conferencia episcopal de Colombia, 2003d), reconstrucción del tejido social y superación de las causas del conflicto armado (Conferencia episcopal de Colombia, 2006a). |
| Paz duradera y estable | Tiene como condiciones la reconciliación y el perdón (Conferencia episcopal de Colombia, 2003f) y la justicia social (Conferencia episcopal de Colombia, 2008b). |
| Paz justa y duradera | Vía negociada, reconciliación, equidad y justicia social (Conferencia episcopal de Colombia, 2004b). |
| Paz integral | Brota de la justicia y del amor a Dios y a los hermanos, Don de Dios, “paz más plena” (Conferencia episcopal de Colombia, 2007e). |
| Paz negociada | “hunde sus raíces en la entraña misma del Evangelio y es un norte de la acción evangelizadora de la Iglesia” (Conferencia episcopal de Colombia, 2004b, pp. 1-2). |
| Paz social duradera y estable | Vía negociada, conciliación, diálogo, superación de las causas del conflicto armado (Conferencia episcopal de Colombia, 2006a). |
Fuente: Elaboración propia a partir de Conferencia episcopal de Colombia 2003d, 2003f, 2004b, 2006a, 2007b, 2008b
Así, la visión de la paz del Episcopado en los gobiernos Uribe fue consistente en cinco consideraciones: 1) la paz que promueven los obispos es la paz positiva, con justicia social; 2) la paz es un proceso de construcción colectiva que exige el compromiso, esfuerzo y participación de todos los colombianos; 3) la paz como don de Dios; 4) la paz como derecho y deber constitucional; y 5) la vía negociada como única alternativa para alcanzar la paz. De su aspirada paz positiva dijeron: “públicamente afirmamos que continuaremos aportando a la búsqueda de espacios de reconciliación como expresión de nuestro compromiso en la construcción de una paz justa y duradera y de un futuro más próspero, con equidad y justicia social” (Conferencia episcopal de Colombia, 2004b, p.2). La segunda consideración la sintetizaron así: “el logro de una paz y de una justicia sólida y durable, exige grandes esfuerzos de toda la población” (Conferencia episcopal de Colombia, 2003c, p.14), a lo que añadieron: “la paz y su búsqueda implican esfuerzo, lucha valerosa y compromiso” (Conferencia episcopal de Colombia, 2006a, p.4). La tercera consideración se resumió en la sentencia: “la paz es un Don de Dios confiado a los hombres” (Conferencia episcopal de Colombia, 2003b, p.2). La cuarta se consolidó así: “la Iglesia clama por la paz. Siempre lo ha hecho; porque la paz es un “derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” (Conferencia episcopal de Colombia, 2003b, p. 2). Y la quinta, “reiteramos que el conflicto armado colombiano tiene como única alternativa una solución política negociada de cara al país” (Conferencia episcopal de Colombia, 2003c, p.14). Esta última postura debió abrirse paso en estos gobiernos entre las voces en favor de la vía militar, dado que como señalaron los obispos “es más fácil pedir la solución armada que la solución dialogada (Conferencia episcopal de Colombia, 2007e, p.1) ante lo que sin embargo reafirmaron
Sin cansarse jamás, cada uno de nosotros siga pidiendo a gritos una solución política negociada al conflicto colombiano y apoye los esfuerzos que se realizan en este sentido. El uso de la razón y no de la fuerza en el diálogo con la insurgencia, le asegura los mejores beneficios al país en términos de vidas ahorradas, de mutilados evitados, de huérfanos y viudas reducidos, de disminución de desplazados (Conferencia episcopal de Colombia, 2007c, p.4)
Esta visión de la paz plasmada por los prelados en sus discursos permite a su vez la comprensión de la participación y el rol que desempeñaron en los procesos de paz durante los gobiernos Uribe, sintetizados en la frase: “seguir orando y luchando a favor de la paz sin cansarnos jamás” (Conferencia episcopal de Colombia, 2007c, p. 1). Desde la primera connotación, situada en el ámbito de lo religioso o pastoral, los obispos oraron, clamaron, imploraron y llamaron a orar por la paz (Conferencia episcopal de Colombia, 2002a, 2002b, 2003b, 2003f, 2004c, 2005b, 2007b, 2008a). Desde la segunda, como actor político, expresaron su compromiso con la construcción de la paz con justicia social (Conferencia episcopal de Colombia, 2003c, 2004e, 2007e, 2009), ofrecieron sus buenos oficios, facilitación, tutoría moral y acompañamiento a los procesos de paz (Conferencia episcopal de Colombia, 2003c, 2004b, 2006a, 2006d, 2007a, 2007d, 2007f, 2008b), demandaron de las partes en conflicto acciones concretas tales como respetar la vida y la libertad de los ciudadanos (Conferencia episcopal de Colombia 2003a), liberar a los secuestrados (Conferencia episcopal de Colombia 2004f), avanzar hacia la firma de acuerdos (Conferencia episcopal de Colombia 2005a), continuar en los procesos de paz (Conferencia episcopal de Colombia 2006a), suscribir un acuerdo humanitario (Conferencia episcopal de Colombia 2007a, 2007d). También rechazaron y condenaron acciones de las guerrillas (Conferencia episcopal de Colombia 2003a, 2004d, 2008a), convocaron a los colombianos a unirse contra la violencia y el terrorismo (Conferencia episcopal de Colombia 2003a), llamaron a la reconciliación (Conferencia episcopal de Colombia 2003d), a persistir en la vía negociada (Conferencia episcopal de Colombia 2004b, 2006a, 2007c), a trabajar por la paz y comprometerse con ella (Conferencia episcopal de Colombia 2006c, 2007e), a un acuerdo nacional por la paz y la reconciliación (Conferencia episcopal de Colombia 2007a), a votar por candidatos que favorezcan la paz (Conferencia episcopal de Colombia 2006b), a buscar alternativas de acercamiento entre las partes en conflicto, y expresar anhelo de paz y reconciliación (Conferencia episcopal de Colombia 2008a).
Asimismo, en los gobiernos Uribe los obispos reivindicaron en seis diferentes discursos (Conferencia episcopal de Colombia 2003b, 2006a, 2006d, 2007b, 2007f, 2008b) la fidelidad de la Iglesia Católica con la causa de la paz positiva, reafirmando su disposición pasada, presente y futura por favorecerla al señalar que: “La Iglesia Católica, con autonomía e independencia, ha estado y estará siempre dispuesta a promover, facilitar y acompañar todos los procesos que puedan conducir a la construcción de una Colombia reconciliada, en paz y con justicia social (Conferencia Episcopal de Colombia, 2008b, p.1).
La práctica social del Episcopado colombiano en los procesos de paz durante este período estuvo marcada por poner de presente el interés y la misión de la Iglesia Católica, así como los principios de su Doctrina Social, como sustento de su participación en tales procesos, desde sus análisis, reflexiones, propuestas y compromisos. El interés de la Iglesia y consecuentemente de los obispos es el de la consolidación de una sociedad justa, democrática y participativa (Conferencia episcopal de Colombia, 2003e), para la cual promueven y defienden los principios de su Doctrina Social al señalar: “El interés principal de sus intervenciones (de la Iglesia) en la vida pública se centra en la protección y la promoción de la dignidad de la persona y por ello presta particular atención a los principios que no son negociables” (Conferencia episcopal de Colombia, 2006b, p.1). Por su parte la misión de la Iglesia y el ministerio de los obispos se resumen en anunciar el Evangelio y convocar a los fieles para que vivan de acuerdo con él (Conferencia episcopal de Colombia, 2003c), y ser profetas de justicia, esperanza y paz (Conferencia episcopal de Colombia, 2004b). Desde allí, los obispos,
en ejercicio del ministerio profético de anunciar el Evangelio de la reconciliación y de la paz y en búsqueda del bien común para todos los colombianos, actuando en representación de toda la Iglesia en Colombia, han tocado a las puertas de todos los actores del conflicto intentando con ellos un diálogo pastoral (Conferencia episcopal de Colombia, 2004b, p.2).
Así, los discursos del Episcopado tienen la pretensión de “iluminar y educar”, desde una perspectiva ética y humana, la conciencia de los ciudadanos, funcionarios del gobierno y miembros de los grupos armados “para que sus acciones se orienten siempre al servicio de la promoción integral de la persona y del bien común” (Conferencia episcopal de Colombia, 2006a, p.1).
Con esta perspectiva se identificaron seis continuidades en cuanto al rol y participación de los obispos en los procesos de paz durante los gobiernos Uribe. La primera de ellas fue el compromiso y apoyo del Episcopado a la construcción de la paz positiva, lo que se evidenció en sentencias tales como:
La Iglesia en Colombia ha asumido con fidelidad su compromiso frente a la causa de la paz. Apostarle a la construcción de una Colombia con justicia, reconciliada y en paz, es desafío de todos aquellos que tienen alguna responsabilidad en la construcción del proyecto de país (Conferencia episcopal de Colombia, 2006a, p.4).
La segunda fue la del apoyo al proceso de paz con el ELN, sintetizada en las siguientes afirmaciones: “apoyamos a la Comisión episcopal encargada de aportar a la construcción de caminos de diálogo y reconciliación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)” (Conferencia episcopal de Colombia, 2004b, p.2), y “Expresamos nuestra voz de ánimo al proceso que se adelanta entre el Gobierno Nacional y el ELN” (Conferencia episcopal de Colombia, 2007a, p.3). La tercera fue la de demandar de las partes en conflicto, del gobierno y de la sociedad en general acciones concretas hacia la construcción de la paz tal y como cuando afirmaron: “A quienes tienen responsabilidad en la dirección y conducción de los destinos de la patria, los invitamos a asumir el compromiso de contribuir a la solución política del conflicto armado...”, y “A los grupos alzados en armas los exhortamos a responder ante el pueblo colombiano y ante la historia con gestos patrióticos y a generar las condiciones requeridas para una auténtica reconciliación nacional y para una paz social duradera” (Conferencia episcopal de Colombia, 2006a, p.5).
La cuarta continuidad fue la de la denuncia y rechazo de las acciones violentas y violaciones a los derechos humanos realizadas por las partes en conflicto. Anunciada desde el gobierno Samper como uno de los modos de acción mediante el cual los obispos contribuyen
a la solución del conflicto armado a través de la vía negociada (Conferencia episcopal de Colombia, 1998), y porque el orden y la paz no pueden construirse sobre las bases de impunidad, permisivismo y despreocupación es urgente que todos colaboremos en la denuncia y rechazo” (Conferencia episcopal de Colombia, 2003b, p.2). Esta continuidad fue reafirmada en aseveraciones tales como: ‘Nosotros seguiremos denunciando los crímenes atroces, la violencia, venga de donde venga, que se ensaña contra las gentes humildes; el desplazamiento forzoso, el secuestro y todas las violaciones de derechos humanos fundamentales” (Conferencia episcopal de Colombia, 2005b, p.2) y ‘Sentimos hoy la urgencia de convocar a todos colombianos para que denunciemos y rechacemos todos los crímenes e injusticias que están destrozando paulatinamente la convivencia y el tejido social” (Conferencia epis copal de Colombia, 2007d, p.2).
La quinta fue la del ofrecimiento de su rol de acompañamiento, buenos oficios, facilitación o tutoría a los procesos de paz. A este respecto, los obispos fueron reiterativos a lo largo de los gobiernos Uribe (Conferencia episcopal de Colombia, 2004b, 2006d, 2007d, 2007f, 2008b) con aseveraciones del tipo: ‘Reunidos en Asamblea reiteramos el ofrecimiento de nuestros buenos oficios de facilitación para la reconciliación y la pazí” (Conferencia episcopal de Colombia, 2004b, p.2), así como
La Iglesia Católica ha estado y estará dispuesta a facilitar y acompañar a todos los procesos que conducen a la construcción de una Colombia reconciliada y en paz, para ayudar a superar las dificultades, juicios e intereses que generalmente constituyen el obstáculo para la construcción de la paz con justicia social (Conferencia episcopal de Colombia, 2006d, p.1)
Y ‘la Iglesia sigue estando dispuesta a colaborar y ofrecer sus buenos oficios a fin de lograr los acuerdos humanitarios que pongan término al flagelo del secuestro y a iniciar, Dios así lo quiera, procesos de Paz” (Conferencia episcopal de Colombia, 2007f, p.1)
La sexta continuidad fue la reafirmación de la posición desde la cual los obispos analizan, reflexionan, diagnostican la realidad del país, proponen alternativas y participan en los procesos de paz, cual es la de ‘pastores” (Conferencia episcopal de Colombia, 2003b, 2003c, 2004c, 2006a, 2006b, 2006c, 2006d, 2007a, 2009) tal y como resumieron en las siguientes declaraciones: ‘Como pastores, conscientes de nuestra responsabilidad, tratamos de aproximarnos a la realidad política, económica, cultural y por supuesto, a la realidad religiosa y pastoral del país” (Conferencia episcopal de Colombia, 2009, p.1), ‘La celebración del Domingo del Buen Pastor es ocasión propicia para que nosotros Obispos, Pastores del pueblo colombiano, volvamos a pensar cómo acompañamos a nuestras comunidades en estos días trascendentales para la historia del País” (Conferencia episcopal de Colombia, 2006b, p.1), y ‘nuestra vocación de discípulos de Jesús se convierte en misión de pastorear el rebaño a nosotros encomendado con el compromiso de responder a los desafíos de la realidad nacional” (Conferencia episcopal de Colombia, 2007a, p. 1).
Conclusiones
La revisión de los discursos del Episcopado colombiano, desde su visión de la paz en ellos plasmada durante los gobiernos Uribe, posibilitó establecer dos hallazgos. El primero de ellos es el de la consistencia de los obispos en cuanto a su visión de la paz, como paz positiva, la cual se logra mediante un proceso de construcción colectiva, que exige el compromiso, esfuerzo y participación de los propios obispos y de la sociedad en su conjunto, la superación de las causas subyacentes al conflicto armado, y por la vía negociada, aspectos todos que fueron reiterados, aún en contravía de la postura del gobierno, a quien el Episcopado no temió en señalarle que no enfrentaba en su integralidad las causas del conflicto armado (Conferencia Episcopal de Colombia, 2007a), así como instar a la sociedad que le apoyaba (al gobierno) a aspirar a una paz más allá de la paz negativa de la PDSD cuando plantearon: “Hemos evidenciado cuán importante es para la sociedad la implementación de la seguridad democrática. Sin embargo, debemos aspirar a mucho más en términos de seguridad para alcanzar también un mayor nivel de paz” (Conferencia episcopal de Colombia, 2007e, p.2).
El segundo hallazgo es el de la consolidación de la fundamentación desde la cual los obispos discursan sobre la paz, y establecen su rol y participación en los procesos de paz. Los prelados reivindican su derecho a discursar sobre la paz desde la fe, la moral y su misión pastoral de anunciar el evangelio, lo que resumen en la aseveración: “la Iglesia tiene el derecho y el deber de pronunciar juicios morales sobre realidades temporales cuando lo exija la fe o la moral” (Conferencia episcopal de Colombia, 2003b, p.3). Así, la naturaleza de los discursos de los obispos es que son “juicios morales” que se configuran en un medio de acción política en su lucha por la justicia tal y como afirman
La Iglesia -escribe el Papa Benedicto XVI, no puede ni debe emprender por cuenta propia la empresa política de realizar la sociedad más justa posible; no puede ni debe sustituir al Estado. Pero tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia. Debe insertarse en ella a través de la argumentación racional y debe despertar las fuerzas espirituales, sin las cuales la justicia -que siempre exige también renuncias - no puede afirmarse ni prosperar (Conferencia episcopal de Colombia, 2006a, p.4)
Por su parte, la fundamentación de la participación de los obispos en los procesos de paz está determinada por su misión pastoral, y por la Doctrina Social de la Iglesia. La misión pastoral sitúa al Episcopado en su ámbito religioso, mas la Doctrina Social, pese a sus reiteradas posturas durante este periodo “como pastores”, les ubica en el ámbito de lo político, tal y como cuando afirmaron: “Los católicos estamos llamados a ejercer los deberes cívicos y políticos con responsabilidad, pues nadie puede ser indiferente ante la grave situación que vivimos y ante el futuro del país” (Conferencia episcopal de Colombia, 2003b, p.3). Desde el ámbito político, los principios de la Doctrina Social se establecieron como el hilo conductor explicativo de sus actuaciones, en particular, el del bien común, del que además de ser considerado como el fin y criterio regulador de la vida política (Conferencia episcopal de Colombia, 2006a) manifestaron que: “Para la Iglesia el criterio central es el bien común, que debe primar en toda búsqueda de soluciones a las necesidades de nuestro país (Conferencia episcopal de Colombia, 2004e, p.2), y culminaron añadiendo: “La construcción de una
Colombia reconciliada y en paz, impone un diálogo transparente y una negociación política sin horizonte distinto del que determina la búsqueda decidida del bien común de todos los colombianos” (Conferencia episcopal de Colombia, 2005a, p.1).
