Las élites y la configuración del conflicto sociopolítico y armado en Colombia

No es posible entender la dimensión que ha alcanzado durante más de sesenta años el conflicto sociopolítico y armado colombiano si se deja de lado la incidencia directa que han tenido históricamente las élites económicas y políticas en su configuración y profundización. Si bien es cierto, para la segunda década del siglo XX el país se caracterizó por contar con una economía principalmente agraria, donde cerca del 80% de su población habitaba en zonas rurales, la tierra mayormente se encontraba en manos de terratenientes y empresarios agrícolas, una amplia extensión obtenida mediante la expropiación ilegal al campesinado, quien fue expulsado violentamente de sus predios ^{(Vega, 2004}; ^{Martínez, 1981)}. Así pues, la monopolización de la tierra se constituyó en la estrategia adoptada para promover su valorización, sobretodo, en regiones céntricas del país y de fácil acceso ^{(Pécaut, 2012)}.

Las élites lograron apropiarse de tierras de colonos y campesinos, al igual que de tierras baldías, es decir, tierras pertenecientes al Estado, gran parte se van a utilizar para la ganadería extensiva y la siembra del cultivo de café, producto que para las dos primeras décadas del siglo XX se convirtió en el motor de la economía nacional y aportó al fortalecimiento de la burguesía colombiana. Los principales beneficiarios de los altos precios del café fueron terratenientes y empresarios agrícolas, quienes poco a poco comenzaron a consolidarse no solo como los dueños del poder económico, sino también del poder político del país ^{(Legrand, 1988}; ^{Pécaut, 2012)}.

En consecuencia, el conflicto agrario en Colombia en la segunda y tercera década del siglo XX devino de la expansión de la frontera agrícola de las haciendas, como resultado del despojo de tierras a la que fueron expuestos el pequeño campesinado y los colonos ^{(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016)}; así mismo, se asocia con la falta de mano de obra, producto del crecimiento del mercado laboral, lo que posibilitó que tanto colonos como arrendatarios de tierras sean vinculados laboralmente, con lo cual, el conflicto se trasladó hacia otro escenario, caracterizado por la conformación de los sindicatos agrarios, al igual que las ligas campesinas, siendo espacios de desarrollo de la acción política ^{(Zuleta y Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, 1973)}. De esa manera, durante la década de los treinta la lucha agraria se profundizó y adquirió un carácter reivindicativo y organizativo, como efecto de las formas organizativas surgidas desde el campesinado para enfrentar los conflictos. Así que, la lucha ya no era únicamente por el acceso a la tierra, también por la exigencia de mejores condiciones laborales ^{(Bejarano, 1983}; ^{Pécaut, 2012)}.

Con la usurpación de tierras, colonos, arrendatarios y el pequeño campesinado se vieron obligados a optar ya sea por desplazarse a las ciudades en busca de oportunidades laborales en la creciente industria o quedarse en las regiones agrícolas pertenecientes a hacendados y en empresas mineras que se encontraban en manos del capital extranjero. Sin embargo, la mayoría optó por movilizarse hacia los centros urbanos lo que aceleró el crecimiento de las ciudades, y con ello también se agudizaron los niveles de pobreza, de desigualdad social, carencia de vivienda, escuelas, alimentos, entre otros aspectos de la cuestión social ^{(Martínez, 1981)}.

Con el crecimiento de las ciudades devino el surgimiento de la gran industria, aunque el empleo que se ofrecía no era suficiente para la cantidad de mano de obra disponible. El auge de la industria estuvo acompañado por la consolidación como clase de las élites económicas y políticas, así que un factor favorable para tal fin consistió en la llegada a la dirección del Estado del Partido Liberal a través del gobierno de Enrique Olaya Herrera (1930-1934) y más adelante tuvo lugar el posicionamiento de las ideas liberales mediante el gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) al que se le dio el nombre de “Revolución en Marcha”. Empero, cabe destacar que, López Pumarejo gana las elecciones presidenciales con el apoyo de industriales y comerciantes ^{(Martínez, 1981}; ^{Molina, 1990)}.

Si bien es cierto, el gobierno de López Pumarejo impulsó la Ley 200 con la que se buscaba solucionar los conflictos agrarios, también pretendía mediante la misma incentivar el desarrollo de la burguesía rural. Sin embargo, ante la amenaza que representaba dicha ley para sus intereses, los terratenientes promovieron la aprobación de la Ley 100 que en realidad era una contrarreforma a la Ley 200, con la cual se retornó hacia el latifundio, ampliando los conflictos territoriales y la violencia sociopolítica ^{(Giraldo, 2015)}. Los conflictos agrarios siguieron su dinámica durante la década de los cuarenta, al igual que continuó la expulsión violenta de campesinos, arrendatarios y colonos por parte de terratenientes y hacendados. Se profundizaron aún más con la llegada nuevamente del Partido Conservador al poder con el gobierno de Mariano Ospina Pérez (1946-1950), en su administración se adopta la política represiva en contra del movimiento campesino y obrero, provocando el surgimiento de la violencia bipartidista, que se intensificó con el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948 y se extendió hasta 1958. Los niveles de violencia en el país crecieron rápidamente, pues “para fines de 1947, cerca de 14.000 colombianos habían muerto. De ahí en adelante el número de muertos por violencia política crecería en forma terrorífica: en 1948, 44.000; 1949, 19.000; 1950, 50.000; 1952, 13.000, y 1953, 9.000” ^{(Molano, 2015, p. 16)}. Se estima que la violencia sociopolítica impulsada por parte de las élites de los dos partidos políticos tradicionales durante los años 1948-1953 provocó la muerte de aproximadamente 140.000 personas, entre militantes y defensores de Liberales y Conservadores ^{(Giraldo, 2015}; ^{Moncayo, 2015}; ^{Pécaut, 2015}; ^{Lasso-Urbano, 2022)}.

Cabe señalar que, muchas de las masacres presentadas en contra de campesinos militantes del liberalismo acontecieron debido al apoyo del gobierno conservador, quien además creó un grupo policial denominado “Chulavitas” que no era otra cosa que un grupo paramilitar, pues tenía como objetivo asesinar militantes liberales, comunistas y personas ateas; también se crearon los denominados “Pájaros” el cual era un grupo de sicarios con los mismos objetivos de los Chulavitas, en este caso, financiados por los empresarios, ganaderos, líderes conservadores y terratenientes ^{(Pécaut, 2012)}. Si bien la violencia sociopolítica en el contexto rural ocurrió a partir de los conflictos territoriales y de las disputas bipartidistas, en los territorios urbanos se dio sistemáticamente desde las élites en contra de las distintas formas de organización obrera, como las organizaciones sociales y los sindicatos ^{(Legrand, 1988)}.

Para resistir a la violencia estructural devenida desde los dueños del poder económico y político se crearon las guerrillas liberales del Llano, las autodefensas campesinas y las guerrillas comunistas, estas últimas ante la ofensiva militar del Estado, como la denominada agresión de Marquetalia se convirtieron años más adelante en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP ^{(Beltrán, 2019}; ^{Gómez, 2015)}. Con la creación del Frente Nacional el cual se extendió por 16 años (1958-1972), que consistió en un pacto de élites, firmado entre las élites liberales y conservadoras para alternarse el poder, excluyendo a los demás sectores políticos de la sociedad colombiana, se profundizó la violencia estructural, la represión hacia el movimiento social y popular, se incrementaron los niveles de pobreza y desigualdad en el país, aunado e esto, se legitima y consolida el modelo de democracia burguesa ^{(Guillén, 2015)}.

Entre los años 1920 y 1960 se presentó la configuración del capitalismo productivo en Colombia, expresado mediante el proceso de modernización capitalista, donde el fortalecimiento de la economía cafetera jugó un papel fundamental ^{(Estrada, 2015)}. Ahora bien, han sido recurrentes las acciones adoptadas por parte de las élites para reproducir la violencia sociopolítica, evitar la construcción de paz y no brindar garantías a los sectores urbano populares y a quienes se alzaron en armas, tal es el caso del exterminio de la Unión Patriótica UP, partido político conformado por integrantes de la sociedad civil, organizaciones sociales y sindicales, y por exguerrilleros de las FARC- EP quienes firmaron los llamados “Acuerdos de la Uribe” en 1984, posterior al proceso de negociación adelantado entre esta guerrilla y el gobierno de Belisario Betancur. La creación de dicho movimiento político el 28 de mayo de 1985 no solamente fue rechazada por las élites, la iglesia católica y un sector de los militares, sino que además va a encaminar la puesta en práctica de acciones sistemáticas de violencia sociopolítica en su contra, dejando como resultado el exterminio sistemático de militantes y simpatizantes de la UP a manos de grupos de paramilitares e integrantes de la fuerza pública entre las décadas de los 80 y 90 del siglo XX ^{(Romero, 2012)}.

En efecto, desde la conformación de la UP, fueron reiterados los hostigamientos y atentados en contra de sus militantes y simpatizantes, al igual que las acciones de estigmatización institucional y acción paramilitar. Para las élites, la UP representaba una amenaza para su proyecto económico y político, por ello, adoptaron estrategias fundadas en la violencia sociopolítica para evitar la configuración de un proyecto político orientado a la búsqueda de las transformaciones políticas, sociales y económicas en función de la paz real.

Así entonces, la violencia adoptada por los dueños del poder económico y político continuó su dinámica para finales de la década de los ochenta e inicios de los noventa, mediante las acciones violentas de los grupos paramilitares, y se profundizó con la implementación del Plan Colombia (financiado por los Estados Unidos) durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango (1998-2002), peor aún, adquirió niveles más críticos durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez quien además de pretender derrotar militarmente a las guerrillas tras el fallido Proceso de Negociación del Caguán adelantado entre las FARC-

EP y el gobierno de Pastrana Arango, emprendió acciones de estigmatización y persecución política en contra del movimiento social y popular. Incluso, en aras de responder a los intereses del capital profundizó las políticas neoliberales y el desmantelamiento del Estado y de los derechos sociales ^{(Turriago, 2016}; ^{Lasso-Urbano, 2022)}.

Ahora bien, respecto al proceso de negociación adelantado entre las FARC-EP y el Estado colombiano en cabeza de Juan Manuel Santos entre septiembre de 2012 y agosto de 2016, y que dejó como resultado la firma del Acuerdo de Paz el 24 de noviembre de 2016, cabe mencionar que, pese a que contó con el aval de un sector de las élites dominantes, lo hacían con el fin de garantizar la llegada del capital a las regiones que históricamente habían estado bajo el dominio de esta insurgencia, y de esa manera acceder a los recursos naturales predominantes en las mismas. El tratado de paz simplemente se convertía para ellos en la oportunidad para continuar en la reproducción de las relaciones sociales, de trasladar la política hacia el escenario de la paz, es decir, era básicamente un momento político en el proceso de desarrollo de la guerra ^{(Estrada, 2021a}; ^{Lasso-Urbano, 2022)}.

Las élites en el departamento de Nariño

Ya en lo que respecta al departamento de Nariño las élites locales de la mano de la iglesia católica pusieron resistencia a los procesos de parcelación de las grandes haciendas promovido por parte del liberalismo durante las década de los treinta del siglo XX, conllevando a la profundización de los conflictos con los pequeños campesinos; la parcelación continúo durante los años setenta, promovida por el sindicato de trabajadores agrarios denominado Sindicato Siete de Abril el cual había sido creado en 1959. En efecto, frente a dicho acontecimiento se presentó una fuerte estigmatización y persecución contra el movimiento campesino de la región por parte de la iglesia católica, las élites locales y desde las instituciones gubernamentales en manos para ese momento de sectores con ideología conservadora ^{(Comisión de la Verdad 2022)}. Si bien es cierto en Nariño, la violencia bipartidista no tuvo el alcance que logró en otras regiones del país, si dejó impactos de gran envergadura entre los que se puede señalar enfrentamientos violentos, homicidios, expulsiones a nivel territorial a simpatizantes del liberalismo, entre otros ^{(Comisión de la Verdad, 2022)}.

De acuerdo con ^{Yie Garzón (2016)}, durante la década de los sesenta continúa la disputa entre jornaleros, arrendatarios y aparceros contra de los dueños de las haciendas en regiones como el norte y el centro de los Andes nariñenses, quienes se oponían a los procesos de parcelación, pese a que muchas de éstas tierras habían sido despojadas de los resguardos indígenas y pequeños campesinos por parte de hacendados, autoridades civiles y religiosas. La ocupación violenta de sus tierras acentuó aún más la usurpación y el desojo bajo la legitimidad de los gobiernos locales y nacionales de turno; por otra parte, la confrontación durante los años ochenta del siglo XX en el departamento de Nariño de las élites económicas y políticas y terratenientes contra los sindicatos, organizaciones sociales, estudiantiles e indígenas en el marco del proceso de recuperación de tierras y en la exigencia del reconocimiento y garantía de derechos conllevó a que tenga lugar el asesinato de varios líderes políticos y el encarcelamiento de cientos más, puesto que la indignación fue creciendo, por una parte, producto de la organización social y conciencia política; por otro lado, debido a las situaciones de precariedad socioeconómica, pobreza y abandono estatal en la que se encontraba esta región del país ^{(Rodríguez, 2015}; ^{Comisión de la Verdad, 2022)}.

No obstante, las élites y los sectores terratenientes lograron poco a poco hacerse con el dominio de la institucionalidad, con mayor vehemencia desde finales de los años noventa del siglo XX. Así entonces, se efectuó una cooptación del aparato institucional en los ámbitos municipal y departamental, en parte gracias al apoyo del paramilitarismo, y así pusieron la administración pública a nivel político y económico a favor de sus intereses, para tal fin el apoyo de las fuerzas militares y los organismos de inteligencia del Estado jugó un papel determinante ^{(Comisión de la Verdad, 2022)}.

Las élites locales en Nariño llegaron a aliarse con los grupos armados, especialmente con los paramilitares, en procura de mantener el poder político, incluso, en el informe de la ^{Comisión de la Verdad, Capítulo Nariño y Sur del Cauca (2022)} se menciona que el vínculo entre las élites políticas y el grupo paramilitar Bloque Libertadores del Sur fue tan estrecho que hubo dineros públicos devenidos desde las administraciones municipales, como el caso del municipio de Barbacoas que fueron destinados hacia dicho grupo armado para así garantizar su posicionamiento y fortalecimiento en territorio barbacoano, para ello también fue fundamental la articulación de los gobiernos locales con las fuerzas militares ^{(Comisión de la Verdad, 2022}; ^{Rodríguez, 2015)}.

A decir verdad, la estrategia contrainsurgente de las élites económicas y políticas locales, regionales y nacionales a través de grupos paramilitares consistió en acabar con las guerrillas quienes se constituían en una gran amenaza para el statu quo, al igual que perseguir a sectores sociales que compaginaban con su proyecto político, pero también mantener el dominio territorial y garantizar los beneficios económicos de las élites, incluso de las economías ilegales, como el narcotráfico, la minería, el tráfico de armas, entre otras, las cuales son catalogadas como economías de guerra. El poder político en regiones como Tumaco (Nariño) y la Costa Pacífica Nariñense va a ser monopolizado por clanes familiares quienes comienzan a ejercer su dominio territorial, producto de la negligencia del Estado en esta región del país, beneficiándose claro está del conflicto armado y la profundización violencia a nivel departamental ^{(Rodríguez, 2015)}. En consecuencia, el paramilitarismo llega al Pacífico nariñense entre los años 1999 y 2000 producto de la financiación devenida de sectores de la élite política y económica de esta región del país para confrontar a los grupos guerrilleros que se habían instalado en la zona y que representaban un gran riesgo para sus intereses. En efecto, el incremento en el dinero devenido de la bonanza cocalera fue un aspecto que fortaleció a las élites locales y regionales, tanto a nivel político y económico, lo cual facilitó la financiación de los grupos paramilitares, especialmente de las Autodefensas Unidades de Colombia AUC ^{(Rodríguez, 2015)}.

Poco a poco los intereses particulares de las élites locales fueron consolidándose, yendo en contravía de los intereses de los diversos sectores sociales, incluso, oponiéndose a los procesos de paz. La violencia, los hechos de desplazamiento forzado y el despojo de tierras a las comunidades en la región nariñense no solo ha estado asociada con los cultivos ilícitos, también con los monocultivos de palma de palma aceitera, pertenecientes a las élites regionales ^{(Cardoza y Machuca, 2021)}. Finalmente señalar que, la ciudad de Pasto (capital de Nariño), no solo es la ciudad donde reside mayoría de las élites económicas y políticas locales del departamento de Nariño, sino que también es el lugar donde se ha concretado el poder de los organismos gubernamentales, quienes han terminado respondiendo a los intereses particulares tanto de las élites locales y nacionales ^{(Comisión de la Verdad, 2022)}.

La violencia sociopolítica: estrategia de las élites para su legitimación como clase dominante

Las élites por medio del poder político y económico se han encargado de consolidar su dominio de clase durante más de sesenta años de conflicto armado en Colombia ^{(Moncayo, 2015}; ^{Pécaut, 2015}; ^{Lasso-Urbano, 2022)}, para lo cual encontraron en la violencia sociopolítica, en la dialéctica de la guerra y en la obstaculización de los procesos de paz una estrategia para evitar el tránsito hacia una sociedad garante de la paz y de la justicia social, en la medida en que se constituyen en aspectos que amenazan tajantemente sus intereses de clase. En ese sentido, la legitimación de la violencia a través del aparato del Estado ha sido clave para tales fines, lo que explica su oposición acérrima a la construcción de una democracia participativa, o a un modelo de sociedad distinto a aquel que les ha permitido la acumulación de poder y de capital ^{(García Nossa, 2013}; ^{Pécaut, 2015)}, en efecto, la consolidación y legitimación de la violencia ha sido posible ante la falta de un Estado garante del derecho a la vida, del derecho de la paz, tal como señalan algunos de los actores sociales entrevistados:

La ausencia de institucionalidad es lo que permite La continuidad de la guerra, y seguir considerando a los departamentos y a las regiones como de tercera, permite que eso siga sucediendo, entonces las causas están ligadas a las brechas sociales y económicas que se hacen más profundas con el modelo económico que tenemos. (Participante 9, comunicación personal, febrero de 2022)

El impacto ha sido muy grande en número de víctimas asesinadas, desaparecidas, número de personas desplazadas, el impacto a organizaciones que han tenido que suspender sus labores relacionadas con la defensa de la vida, con la organización, ha impactado grandemente la confianza de la gente. (Participante 9, comunicación personal, febrero de 2022)

Ahora bien, encontramos que posterior a la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y las FARC-EP en el 2016 existía una gran expectativa entre el pueblo colombiano frente a la consecución de la tan anhelada paz, pues los seis puntos que integran el Acuerdo Final se concebían como la posibilidad de enfrentar directamente el conflicto sociopolítico y armado y en esa medida avanzar en la construcción de la paz estable y duradera ^{(Giraldo, 2017)}. Sin embargo, la tranquilidad que devino con la salida de las FARC-EP de los territorios que históricamente se habían encontrado bajo su dominio político y militar, simplemente duró algunos meses, pues las regiones dejadas por el grupo armado no fueron ocupadas por el Estado, lo que posibilitó la llegada de nuevos actores armados a los mismos ^{(Giraldo, 2020}; ^{González, 2021)}; pese a que en el gobierno de Juan Manuel Santos hubo algunos avances en términos de cumplimiento de lo pactado, también van a ser notorios los incumplimientos; sin embargo, fue durante el gobierno de Iván Duque Márquez (2018-2022) donde se terminó por agudizar el incumplimiento del Acuerdo, lo que aumentó las incertidumbres sobre si existía o no el compromiso del Estado para la consecución de la paz. En consonancia con lo planteado, el 41,94% de los encuestados se muestra en desacuerdo y el17,97% totalmente en desacuerdo de que el Estado colombiano ha cumplido con la implementación del Acuerdo de Paz, mientras que el 48,21% de las personas encuestadas están en desacuerdo de que son más los avances que los incumplimientos en la implementación del Acuerdo Final (Ver figura 1).

Definitivamente, el Acuerdo de Paz cuenta con múltiples limitaciones, comenzando con que no se discutió sobre el modelo económico, es más, desde la Comisión de Negociación de la Habana, dirigida por Humberto de la Calle Lombana, jefe negociador del equipo del gobierno, se entregó a través de un mensaje trasmitido en los medios de comunicación en octubre de 2012 parte de tranquilidad a las élites de que en ningún momento se estaba pensando en negociar con la insurgencia el modelo económico, de hecho, en el marco del 51° Congreso de Confecámaras volvió a expresarles a los industriales de que el modelo económico no era materia de discusión en La Habana, entonces cabe preguntarse ¿qué se iba a negociar? ¿qué tipo de paz se puede alcanzar sin que se negocie poder e institucionalidad y sin que se generen transformaciones estructurales? Lo dicho significaba que el Estado continuaría respondiendo a los intereses de la clase dominante y que no existían garantías, ni se tenía un compromiso real desde el Estado para buscar la paz. Frente a lo anterior es importante traer a colación lo expresado por parte de una de las personas entrevistadas quien señala:

En un acuerdo de paz tiene que discutirse efectivamente el modelo económico, que fue lo que no se hizo en la Habana, si no se discute el modelo va a ser un acuerdo de paz que le resuelve algunos problemas a la gente que está armada, pero un acuerdo de paz tiene que ser para el país, donde el Estado se comprometa a que la salud y la educación no sean un negocio. (Participante 1, comunicación personal, enero de 2022)

Desde luego, si se revisa detenidamente cada punto del Acuerdo Final se encuentra que los problemas históricos causantes de la guerra no fueron abordados en lo pactado, pues desde el Estado se brindaron las garantías necesarias a los dueños del poder económico y político del país para sentarse a negociar con la guerrilla de las FARC-EP. En esa medida, en ningún momento se discutió frente a un aspecto tan crítico como lo es la globalización o el modelo económico, el intento de reforma agraria tuvo que ser transformado, producto de la presión ejercida por las élites y los terratenientes, luego de los resultados del plebiscito el cual fue convocado por Juan Manuel Santos para consultarle al pueblo colombiano si estaba o no de acuerdo con el Acuerdo de Paz. Sin embargo, algunos de los sectores de las élites regionales más conservadoras de manera abierta buscaron por medio del plebiscito la caída del Acuerdo de Paz, ante ello, uno de los representantes de las élites nariñenses entrevistados menciona:

La participación de la sociedad se materializó en el plebiscito, es ahí donde la gente participó de manera real y efectiva, hay que reconocerlo, la gente rechazó el acuerdo de paz en las urnas, y eso en una democracia se debe respetar, se impuso un acuerdo de paz. (Participante 4, comunicación personal, enero de 2022)

Por otro lado, a propósito de las causas del conflicto armado, ya en lo que respecta al departamento de Nariño es relevante exponer lo mencionado por parte de otro de los actores sociales entrevistados, quien afirma:

La causa del conflicto armado es el abandono histórico estatal que se manifiesta en las necesidades básicas insatisfechas que en algunos municipios llegan a ser del más del 90%; este abandono estatal hizo que fuera muy fácil la llegada de la coca y que los campesinos la aceptaran rápidamente al no tener medios de transporte, vías de comunicación y subsidios para sacar sus productos, además los grupos armados después llegan a fortalecer esta oferta ya ofrecer a los jóvenes que no tienen trabajo, involucrarse en los grupos ilegales, entonces es un abandono histórico, económico y de todo tipo a estas regiones. (Participante 5, comunicación personal, enero de 2022)

Con base a los aspectos señalados es menester mencionar que, según los resultados de la encuesta realizada el 86,35% está de acuerdo con que una de las causas del conflicto armado en el departamento de Nariño corresponde al abandono estatal; por su parte, del total de personas encuestadas, el 46,90% está de acuerdo y el 18,61% totalmente de acuerdo que la lucha por la tierra y su acaparamiento por parte de los dueños del poder económico y político es una de dichas causas, mientras que para el 80.04% una de las causas del conflicto armado es la presencia de cultivos ilícitos. Finalmente, para el 89.33% de las personas que respondieron la encuesta una de las causas es la presencia de grupos armados (Ver figura 2).

A propósito de los grupos armados, no cabe duda que los paramilitares han sido determinantes en la protección de los intereses de la clase dominante, pues una de las personas entrevistadas afirma:

Evidentemente ha habido unos nexos importantes de la parapolítica en La guerra en el departamento de Nariño y en Colombia, se sabe de esos nexos que además son también con el narcotráfico, entonces las élites y muchos políticos le jugaron a la guerra, promovieron la guerra por sus intereses económicos y políticos de poder. (Participante 10, comunicación personal, febrero de 2022)

De acuerdo con lo anterior, las élites han entendido que la promoción de la guerra es la mejor forma de proteger y fortalecer sus intereses de clase, pero también de garantizar su dominio en el poder, así que mediante la guerra garantizan la continuidad del orden social, político y económico ^{(Clausewitzt, 2002)}.

La modificación e incumplimientos del Acuerdo de Paz en el gobierno de Iván Duque

Durante el gobierno de Iván Duque el Acuerdo Final se adecuó por medio de ajustes profundos a algo que se constituyó en un factor a favor de los intereses económicos, políticos e incluso ideológicos de las élites, para tal fin se adelantó un proceso de desfiguración de lo acordado ^{(Centro de Pensamiento y Diálogo Político, 2021}; ^{González, 2021)}; estratégicamente se encargaron de incumplir los compromisos, de satanizar el Acuerdo, de tergiversar la información frente a su contenido, generando desconfianza e incertidumbre en los colombianos en relación con lo pactado, para tal fin van a ser fundamentales los medios masivos de comunicación ^{(Hernández et al., 2021)}.

Así entonces, durante el gobierno de Duque los principales beneficiarios fueron los grandes grupos económicos, pues el Estado fue puesto de forma abierta y descarada al servicio de sus intereses. Además, los obstáculos gubernamentales creados hacia el Acuerdo de Paz, bajo el apoyo de las élites nacionales y regionales continuaron por medio de su desfinanciamiento, el retraso en su implementación, cambios sustanciales y de fondo respecto a lo pactado. Dichos cambios se llevaron a cabo por medio del programa al que su gobierno denominó “Paz con Legalidad”, se presentaron ajustes a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) los cuales se redujeron a indicadores, obras de cemento, excluyente del enfoque de género y sin participación activa de las comunidades, es decir, que no corresponden a los cambios y transformaciones que se necesita en los territorios, incluso, las comunidades de varios municipios PDET van a expresar que antes que ser herramientas para impulsar el desarrollo social, económico y ambiental de los territorios más afectados por el conflicto sociopolítico y armado, fueron transformados en instrumentos para la guerra ^{(Estrada, 2021b)}. En esa medida afirma una de las entrevistadas:

Las consecuencias del conflicto son Las brechas sociales y económicas que persisten posterior a La firma del Acuerdo de Paz, pensar que el país se ha transformado en los últimos años y que permite el acceso a los derechos de las personas es utópico. (Participante 9, comunicación personal, febrero de 2022)

Frente al punto del Acuerdo sobre la Reforma Rural e Integral, es de mencionar que, en el 2021 se cumplieron 10 años de la implementación de la Ley 1448 de 2011. A decir verdad, la mencionada ley era el fundamento jurídico mediante el cual se buscaba garantizar la reparación a las víctimas del conflicto armado, entre esto, en relación con la restitución de tierras que les habían sido usurpadas, empero, si se observan detalladamente las cifras, se encuentra que después de seis años de la firma final de Acuerdo, solamente habían ingresado al Fondo de Tierras 1.454.898 de hectáreas, correspondiente al 48% del total acordado, por otra parte, el 90% de los predios contaban con restricciones lo que impedía su entrega al campesinado ^{(Procuraduría General de la Nación 2021)}. Cabe aclarar que, la mayor parte de las tierras productivas del país aún se encuentran en manos de los dueños del poder económico, quienes la utilizan para la ganadería extensiva y la agroindustria. Al respecto, una persona entrevistada alude que:

El tema de la tierra, la distribución de esta, muchos campesinos han sido despojados de sus territorios, eso es como la principal causa de este conflicto que nos ha venido persiguiendo como colombianos; sumado a eso otros factores, lo que ha sido el resquebrajamiento del diálogo social, pienso que en estos momentos el país está tan polarizado que da la posibilidad de que surjan diferentes grupos que con la violencia quieren alcanzar sus propósitos personales. (Participante 8, comunicación personal, febrero de 2022)

Con respecto al tema de desplazamiento y despojo de tierras, la persona entrevistada que hace parte de las élites nariñenses señala:

“Hay gente que posa de desplazado cuando nunca ha sido desplazado, con el fin de que le devuelvan la tierra que en ningún momento se le ha quitado”

(ESE_AC4_M), es decir que niegan de forma abierta de que exista desplazamiento por despojo de tierras. Llama la atención que a medida en que se ha adelantado la implementación del Acuerdo en estos siete años (2016-2023) los niveles de desigualdad en Colombia y con mayor profundidad en los territorios donde aún se vive la guerra, crecen a ritmos acelerados, pero, asimismo, paradójicamente aumentan los niveles de riqueza de los dueños del poder económico y político a nivel nacional y regional. En ese sentido, es importante traer a colación lo expuesto por otra de las personas entrevistadas:

A alguien le escuchaba que eso era una negociación de élites, y yo creo que sí, las élites guerreristas, del Estado y la sociedad, no creo que haya sido un proceso de paz, además que eso también fue permeado por los partidos políticos y la política tradicional, también usurparon ese proceso o ese legítimo derecho que tenían las víctimas como elemento central porque ellos son lo central en el acuerdo de paz, el acuerdo de paz también tiene que ver con la restitución de los derechos que les fueron inculcados a esa población. (Participante 3, comunicación personal, enero de 2022)

Avanzar en la construcción de una paz real, implica la puesta en práctica de una verdadera democracia, que se destaque por ser orgánica, donde estén presentes medios y fines de la sociedad colombiana, que además de la democracia política, esté constituida por la democracia social, democracia económica, siendo en realidad un verdadero sistema orgánico social, pues de ese modo se garantiza la participación activa y protagónica en el direccionamiento del Estado ^{(García Nossa, 2013)}, como menciona una de los actores sociales entrevistados

“La democracia es un sistema político donde los ciudadanos tienen el poder de gobernar, elegir a sus gobernantes y también practicar una democracia participativa no solo el día de las elecciones”

(Participante 5, comunicación personal, enero de 2022).

En concordancia con lo anterior, el 95.03% del total de las personas encuestas señala que la paz tiene que ver con que el pueblo colombiano participe activamente de la toma de decisiones, adicionalmente el 96.3% considera que para la consecución de la paz estable y duradera se requiere que en Colombia y en el departamento de Nariño se cuente con una democracia participativa. Así que, sin participación protagónica, plural y crítica no es posible avanzar en la construcción de paz. En efecto, un amplio número de las personas entrevistadas manifiestan que no fueron partícipes de la construcción del Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016, tampoco se les ha garantizado la participación activa en su implementación, tal como alude el 54% de las personas encuestadas.

Frente a la guerra hay que señalar que en esta

“se ponen en juego todas las destrezas, capacidades, conocimientos, habilidades y astucia que se tengan. Toda situación de guerra es una puesta en escena de las condiciones fundacionales de un orden social”

(^{Nievas 2009, p. 27)}. Sobre lo expuesto también es relevante mencionar lo afirmado por parte de dos personas entrevistadas:

La guerra es un instrumento de poder, lo ejercen clases que quieren dominar a otros grupos sociales, que quieren dominar a otras naciones, es un instrumento violento a través del cual se despojan de derechos que se han venido adquiriendo como pueblos y comunidades; la referencia que yo tengo es la guerra que le ha declarado la clase en el poder al campesinado. Nosotros como campesinos históricamente hemos contribuido al desarrollo del país, a través de la agricultura, de abrir caminos, de colonizar tierras, pero todo eso ha venido siendo despojado por unas élites y unas mafias en el poder. (Participante 1, comunicación personal, enero de 2022)

En Colombia hay muchos actores a quienes les conviene la guerra, que territorios como las zonas rurales de municipios de piedemonte costero, de la costa nariñense sigan confinados, felices con un “subsidio” porque eso les permite seguir en la pobreza y con pensamientos ligados a esta, por eso seguramente tendrá mucho éxito un discurso político que diga que usted va a regalar muchas cosas en territorios donde persiste la guerra porque eso me permite seguir teniendo esos escenarios. (Participante 9, comunicación personal, febrero de 2022)

Ahora bien, para las élites el principal responsable de la guerra que se tiene en Colombia son los grupos guerrilleros, pues así lo destaca la persona de las élites entrevistada

“Los culpables ciento por ciento han sido las guerrillas, porque ellos con sus estructuras, con sus dinámicas, sus objetivos, son los que generan la violencia”

(Participante 4, comunicación personal, enero de 2022)

El desinterés de las élites nacionales, regionales y locales por construir la paz

Definitivamente, a las élites no les resulta favorable la construcción de la paz real, dado que pone en riesgo su poder e institucionalidad, de modo que han generado múltiples obstáculos para su consecución, siendo el más marcado, la continuación de la guerra para así seguir con la acumulación de tierras, del dominio del Estado, de las leyes, lo cual garantiza la prevalencia de sus intereses económicos y políticos, pues como señala una de las personas entrevistadas:

Mientras haya esas élites económico-políticas que estén en esas esferas de poder la verdad lo veo muy difícil, porque la paz colombiana exige de unos cambios estructurales en toda la sociedad colombiana, sobre todo en la repartición de la riqueza que va a ser muy difícil, va a ser muy difícil que todos podamos tener acceso a unos niveles de vida. (Participante 3, comunicación personal, enero de 2022)

Sobre lo mencionado, el 47.15% de las personas encuestadas alude que frente a la construcción de paz estable y duradera las élites económicas y políticas nacionales y regionales tienen una gran responsabilidad. La paz tiene que ver con el acceso a los derechos, sin embargo, estamos ante una sociedad donde los dueños del poder económico y político los han convertido en servicios y negocios para su lucro, por ello, el 87% de los encuestados considera que actualmente en Colombia no existe la paz. Sobre la pregunta de si la paz tiene que ver con la garantía de derechos sociales por parte del Estado, el 94% de los encuestados se encuentra de acuerdo. Por su parte, el 94,29% de los encuestados afirma que la paz tiene que ver con la justicia social; para el 90,5% la paz tiene que ver con la presencia integral del Estado en los territorios; finalmente, el 92,6% manifiesta que para alcanzar una paz estable y duradera se necesita dar respuesta a los problemas estructurales que han provocado el conflicto armado (Ver figura 3).

Lo desarrollado hasta acá permite inferir que los principios orientadores de la paz van en contravía de los intereses de las élites, por tanto, como clase dominante no permitirán que se avance en su consecución, por ello su oposición histórica a que se adelante un acuerdo de paz que implique integrar en un proceso de negociación aspectos como la democracia imperante, el modelo económico y el fundamento jurídico predominante, pues les han garantizado su poder y dominio institucional.

En consonancia con lo dicho se logra inferir que, no existe ningún tipo de compromiso de parte de las élites por alcanzar la paz real en Colombia, puesto que la puesta en práctica de la misma implica ampliar la democracia, es decir, trascender de una democracia representativa a una democracia participativa, posibilitar el direccionamiento del Estado desde los sectores que históricamente han estado excluidos, garantizar derechos que han sido convertidos en servicios desde el modelo económico, garantizar el acceso a la tierra mediante una reforma agraria integral, entre otros aspectos ^{(Estrada, 2021a}; ^{Giraldo, 2020)}. Las élites locales, regionales y nacionales han construido un tipo de democracia de acuerdo a sus intereses, la cual se caracteriza por excluir a la mayor parte del pueblo colombiano de la toma de decisiones ^{(García Nossa, 2013)} y si se revisa detenidamente con el acuerdo de paz firmado en el 2016 en ningún momento se pone en cuestión o se discute sobre el modelo de democracia que prima en el país lo cual no representaba una amenaza para los intereses políticos.

Para las élites nacionales, regionales y locales un Acuerdo de Paz como el firmado entre el Estado colombiano y las FARC-EP en el 2016 se reduce simplemente a la desmovilización, indulto, amnistía y entrega de armas, no a negociar con el pueblo colombiano frente a los detonantes de la guerra. Para ellas la guerra es un aliado fundamental, por lo tanto, la patrocinan y se oponen de forma abierta a un acuerdo de paz que trascienda más allá de lo meramente formal y en el cual se planteen de forma participativa transformaciones estructurales en los ámbitos económico, político y jurídico.