Introducción
La discusión en torno a la administración de los recursos y servicios hídricos se ha centrado en las diferencias entre grupos en contra y a favor de la gestión del servicio de agua potable con base en tarifas y en función del volumen de agua consumido. En este sentido, el debate se ha enriquecido con la inclusión de perspectivas políticas, sociales y psicológicas, aun cuando el estado del conocimiento se acera gracias a los enfoques ambientales y sanitarios.
La administración pública de los recursos hídricos no solo considera al servicio de agua potable como un bien común, privado o público, sino además avanza hacia una concepción del abastecimiento de agua como un derecho civil para el desarrollo humano sustentable. En este sentido, la emergencia de una gestión pública con la participación ciudadana dirime los conflictos entre los actores económicos, políticos, sociales y comunitarios, así como el establecimiento de contiendas, acuerdos y corresponsabilidades.
Se trata de un sistema de gestión política y autogestión ciudadana que se conoce como gobernanza que, en el caso de los servicios hídricos tiene su indicador en la construcción de una agenda en la que se incluyen los temas prioritarios por y para los actores.
La gobernanza de los servicios hídricos estriba en: a) la difusión sistemática de temas -disponibilidad hídrica, derecho al agua, servicio de abastecimiento, sistema de cobro, subsidio y condonación, ahorro y reutilización de agua, y enfermedades hidrotransmitidas-preponderantes en los noticieros de televisión y radio, columnas de análisis de la prensa, documentales y redes sociales digitales; b) la formación de una opinión emocional o racional pública según el contexto, la fuente, el mensaje, la audiencia y el objeto; y c) la acción social y la movilización colectiva en torno a conflictos entre los actores -cierres de avenidas, secuestros de pipas y boicots al suministro-.
En tal proceso, el establecimiento de la agenda es un factor clave. Si los temas fijados refieren al derecho al acceso y consumo de agua, la opinión pública emergerá como un debate entre la administración pública y la gestión civil, pero si los temas apuntan a la ineficiencia administrativa y gestora, la discusión se centrará en la privatización de los acuíferos y la autogestión de las comunidades.
Por consiguiente, el objetivo del presente trabajo es comparar los escenarios económicos, políticos, ambientales, sanitarios, sociales y psicológicos de la gobernanza de los recursos y servicios hídricos. Para tal propósito, se llevó un estudio documental con una selección de fuentes indexadas en repositorios de América Latina -Dialnet, Latindex y Redalyc-, considerando el registro ISSN, ISBN y DOI de 1987 a 2016. La información se procesó en una matriz de análisis de contenido mediante la técnica de síntomas y reseña de hallazgos. Se construyeron esquemas conceptuales para la exposición de cada escenario, teniendo en cuenta sus asimetrías con respecto a teorías, conceptos y hallazgos.
Escenarios económicos de la gobernanza de los servicios hídricos
El agua, como recurso, ha sido administrada según su grado de disponibilidad y abastecimiento. De este modo, los recursos hídricos al asumirse como un bien público suponen contingencias ambientales derivadas del cambio climático que transformarán las disposiciones de los usuarios. Si más bien son considerados recursos privados, entonces el sistema de tarifas, subsidios y subvenciones resalta como elemento central de las políticas públicas. Por último, si se toman como bienes comunes, entonces ambos aspectos -tarifas y contingencias- delinearán el abastecimiento de las comunidades, ya no desde la distribución equitativa, sino desde la participación, generación de oportunidades, formación de capacidades y asunción de responsabilidades (Gissi & Soto, 2010).
Sin embargo, los recursos hídricos privados tienden a acentuar las asimetrías económicas entre pueblos originarios y urbes residenciales, excluyendo a los sectores migrantes. Si se adoptan como bienes públicos, entonces generarán un desbalance entre oferta y demanda que obligará al Estado a subsidiar a quienes no pueden costear el valor del agua. Por consiguiente, si se asumen como bienes comunes, el sistema moral de confianza, empatía, compromiso y solidaridad desplazará el valor del precio unitario del agua (Markowitz, 2012).
Las problemáticas hídricas globales y locales comparten el desbalance que supone el consumo per cápita y la disponibilidad. En esta relación asimétrica, el sistema de cobro restablece el equilibrio, pero a medida que se intensifican las diferencias entre quienes pagan con subsidios y aquellos que pueden costear su excesivo costo (León, 2013). La administración de los recursos y servicios hídricos en México, Distrito Federal, está indicada por un sistema de tarifas que se han ajustado conforme la disponibilidad hídrica pasó de 300 litros diarios por persona con un costo unitario de 0,25 pesos en 1950, a 120 litros diarios per cápita en el año 2000 cuando alcanzó un promedio de 50 pesos por volumen de consumo bimestral (Conagua, 2008).
El desequilibrio entre el volumen disponible y el consumo de agua generó un sistema de cobro en México que varía en función de la región, aunque por su grado de densidad poblacional la problemática se concentra en la capital de México.
Precisamente, la problemática hídrica local se puede inferir del incremento sustancial en el cobro de los servicios hídricos, en un periodo de quince años el precio unitario del agua aumentó un 400 %, implicando la exclusión de sectores que ingresan menos de dos dólares al día y frente a la pérdida de poder adquisitivo del salario que se devaluó en un 200 %.
El panorama económico de la disponibilidad hídrica en referencia al consumo humano resalta los conflictos derivados de la política de abastecimiento y cobro local. Las diferencias entre quienes gobiernan y establecen sistemas tarifarios discrecionales y quienes consumen el agua en función de la información diseminada en los medios de comunicación. Es así como una propaganda de escasez genera el ahorro del recurso, pero una difusión de abastecimiento inequitativo entre los residentes propicia un dispendio. Por consiguiente, es menester analizar la dimensión sociopolítica del sistema de abastecimiento.
Escenarios políticos de la gobernanza de los servicios hídricos
Es menester plantear que los recursos hídricos, de acuerdo con los marcos políticos, son recursos sociopolíticos. Esto es así porque un recurso supone la administración consensuada para el bien común, la salud colectiva o el desarrollo local sustentable (García et al., 2015). En este sentido, el agua ya no es solo un recurso que pueda ser privado, público o común, sino más bien -en virtud de que las capacidades de las generaciones en el futuro dependen de una disponibilidad mínima de agua-, un recurso sociopolítico, un instrumento de gestión que los sectores vulnerables, marginados o excluidos tendrán a bien negociar con las autoridades a fin de poder garantizar las necesidades de sus descendientes (Kalantari & Asadi, 2010).
En el rubro de los conflictos, los grupos marginados son encauzados por los actores políticos a participar en función de la oferta y demanda de agua local. Se trata de un sistema de tandeo en el que el volumen de distribución hídrica se realiza conforme la participación civil en la contienda electoral y la promoción del partido político o candidato a puesto popular (García et al., 2014). En este sentido, el agua es un recurso sociopolítico, un instrumento de gestión, conflicto, consenso, administración y responsabilidad social, pero al ser un instrumento de gestión de desarrollo endógeno incentiva la competencia sociopolítica, que consiste en el apoyo a candidatos que ofrecen regularizar el sistema de tandeo más que administrar el agua, de tal modo que garantice la sustentabilidad y no la lucha entre los sectores marginados.
En el marco de los servicios hídricos, enaltece un proceso interno de la gobernabilidad conocido como gobernanza que, a diferencia de la rectoría del Estado en materia de administración de recursos y servicios públicos, consiste en la emergencia de propuestas civiles, debates y consensos de responsabilidad social.
La teoría de la gobernanza de los servicios hídricos no solo estriba en la relación equitativa entre autoridades y ciudadanos, sino también en la emergencia de estilos de vida austeros que indican la respuesta de la sociedad civil a la administración gubernamental, tal proceso se ha gestado en escenarios políticos, autoritarios y democráticos (véanse figuras 1, 2 y 3).
La gobernanza de los servicios hídricos en relación con los sistemas políticos, se gesta en los autoritarismos y totalitarismos porque en estos regímenes las libertades se supeditan a la rectoría del Estado, garante de la seguridad territorial y sus recursos.
En los sistemas autoritarios y totalitarios, el agua es parte de un territorio y como tal la resguarda el Estado absolutista, pero a diferencia de los regímenes tradicionales, transitorios o democráticos, las comunidades no desarrollan un sentido de pertenencia, ni representación social que legitime una distribución del agua en las comunidades sin importar sus identidades.
Sin embargo, los sistemas coercitivos de la libertad exacerban propuestas civiles, en ese sentido es que los autoritarismos y totalitarismos generan la gobernanza, pero sobre todo propician que las comunidades construyan un sentido de pertenencia al entorno, ya que la pérdida de rectoría incrementa el etnocentrismo de las comunidades.
En las instancias pretorianas o civiles, los autoritarismos son sistemas de gobernanza que acentúan los estereotipos hacia las autoridades y legitiman las diferencias entre los sectores con respecto a la distribución asimétrica de los recursos.
Empero, el sentimiento de comunidad y la representación social de abundancia o escasez del agua, son factores de disidencia que se reducen a su mínima expresión luego de que han sido legitimadas las asimetrías entre los grupos con abasto regular e irregular.
Por consiguiente, la elección de un grupo supone la administración del agua. La participación civil se gesta en el apoyo o disidencia de quienes administran los recursos naturales, quienes gestionan el abastecimiento, quienes controlan la reutilización o tratamiento de aguas residuales y quienes fomentan el desarrollo local.
En estos escenarios, la gobernanza emerge como un modo de gestión que legitimará diferencias en torno al uso del agua, derechos de gestión y administración de residuos. Se trata de un sistema político en el que los actores dirimen sus diferencias, establecen acuerdos y emiten reglas de consumo.
Al contrario de los regímenes autoritarios, en los sistemas democráticos la administración hídrica supone el establecimiento de una agenda a partir de la diseminación informativa de los conflictos entre los grupos vulnerables, marginados y excluidos.
En las democracias parlamentarias el agua es un tema central, ya que las tarifas, subsidios y subvenciones se reparten entre quienes representan a las comunidades. En el sistema presidencial, el poder de iniciativa y veto, regula los conflictos hídricos y las disputas entre los usuarios del servicio de agua potable.
En el marco de la transformación del Estado y la burocracia, la emergencia de la participación ciudadana plantea que la gobernanza es un sistema administrativo en el que priman dos actores: gobernantes y gobernados en función de grado de conformidad o innovación.
En el primer caso, la gestión está determinada por la dominación y el control social a través del poder político diseminado sobre las esferas civiles (Abramo, 2012). En este sentido, el consenso se establece a partir de la coerción de la acción colectiva y la movilización social expuesta en los medios de comunicación como los obstáculos para la construcción de la paz pública, los acuerdos y convenios que sustentarán reformas estructurales.
Por su parte, la gobernanza por la vía de la innovación sugiere la participación de la ciudadanía como actor fundamental en la ejecución y diseño de las políticas y programas socioambientales. En este proceso, la influencia es el instrumento por medio del cual se disponen los temas de debate, se gestan los acuerdos y se orientan las oportunidades, capacidades y responsabilidades civiles en torno al diseño de las estrategias de inclusión y derecho a los recursos y servicios urbanos.
En el caso de la gobernanza de los recursos y servicios hídricos, los conflictos que afloran por el desbalance entre disponibilidad y consumo se dan en escenarios de escasez y desabastecimiento, frente a los que las políticas municipales establecen sistemas de tandeo y cobro a fin de reducir las diferencias entre gobernantes y gobernados.
Según el grado de abastecimiento y costo del precio unitario del agua, los conflictos hídricos adquieren una dimensión inequitativa que puede escalar, hasta un punto en que autoridades y usuarios acuerdan desabastecer o comprometer las capacidades de futuras generaciones. Antes bien, la inequidad distributiva puede aminorarse con los conflictos que supone la disuasión social alrededor del quebrantamiento de reglamentos entre usuarios que comparten los recursos, o bien, los subsidios que persuaden a los sectores más radicales a descartar actos violentos tales como cierres de avenidas, secuestros de pipas o boicots a las instalaciones hidráulicas.
El incremento de tarifas no necesariamente corresponde al costo real de los servicios hídricos (Martínez & Montero, 2010), sino más bien deriva de estrategias disuasivas del consumo (Martínez & Montero, 2011), pero también es instrumento de subsidio de los sectores identificados como más radicales por su capacidad de movilización y confrontación con las autoridades (Acosta, 2010). Relacionadas con las subvenciones, las condonaciones son una herramienta que posibilita la paz pública y posterior renegociación con aquellos sectores vulnerables, marginados o excluidos que destinan hasta el 20 % de sus ingresos para el abastecimiento de agua.
Resultado de los conflictos inequitativos, los monopolios de las unidades de abastecimiento que se conocen como pipas exacerban las diferencias entre quienes tienen una provisión regular y pagan un precio ligeramente superior y quienes se someten al tandeo y están expuestos al incremento desproporcional del precio unitario. En este escenario, los estilos de vida son más coercitivos porque existe una doble exclusión posterior a la política de tandeo: el acaparamiento de agua en zonas de alta marginalidad.
En contraste, la gobernanza que se gestaría desde los conflictos y acuerdos muestra posibilidades de gestión, consumo y tratamiento de aguas residuales en tanto que existen los mecanismos para la participación ciudadana y la negociación con sus autoridades locales respecto al costo del servicio y reciclaje (Manríquez & Montero, 2011). Se trata de estilos de vida consensuales en los que los usuarios pagan un precio superior al que supone el servicio, pero tienen la garantía de un abastecimiento regular, aunque esta modalidad administrativa puede derivar en monopolios de los sectores organizados sobre las zonas periféricas que sufrirían el desabastecimiento de agua.
En cuanto a la dimensión relativa a la disuasión como instrumento de gobernanza hídrica, estaría indicada por la dominación de grupos gestores que garantizan el abastecimiento y mantenimiento del servicio de agua potable a partir de incrementar exponencialmente las tarifas, o bien, suprimir los subsidios o condonaciones (Carosio, 2010). Es un escenario en el que los medios de comunicación fijan los temas de discusión y legitiman las políticas tarifarias ante la opinión pública (Duerden & Witt, 2010). Incluso, en este modelo de gobernanza el establecimiento de una agenda pública es factor preponderante para la exclusión de opiniones a favor del cooperativismo (Corral & Domínguez, 2011).
La dimensión relativa a la persuasión consiste en la promoción de valores cívicos ambientales que orienten el ahorro de agua, pero sin cuestionar las asimetrías entre el consumo de la agroindustria y las residencias. Se trata de una estrategia precautoria para los desastres naturales propiciados por sequías o inundaciones, que devendrían en una inestabilidad social y la subsecuente competencia por los recursos hídricos. La persuasión busca promover estilos de vida favorables a la conservación del agua, aunque las tarifas se aumentan, no generan una inflación en la economía local.
No obstante, la gestión y la administración del agua como políticas públicas, son inherentes una "violencia del Estado" que supone el gobierno de necesidades básicas consideradas como iusnaturalistas o violentas en su esencia. Es decir, los usuarios descargan la responsabilidad del abastecimiento al Estado, pero se resisten a una vida austera. En este sentido, los desacuerdos, desconocimiento de convenios, ambivalencias y hostilidad son indicativas de escenarios de conflictos entre los usuarios y las autoridades locales.
La violencia invisible que implican los discursos xenófobos acerca de las minorías vulnerables, marginadas o excluidas parece incentivar políticas de subsidios que prevengan movilizaciones o acciones violentas, pero también legitiman los subsidios o condonaciones que las autoridades pueden orientar como reclutamiento de militantes (Malmod, 2011).
En contraste, la violencia por consenso conlleva no solo la participación de todos los sectores, sino además el ejercicio del poder de la mayoría frente a los usos y costumbres de comunidades migrantes (Barkin & Lemus, 2012). Se trata de un escenario en el que las tarifas regulan las diferencias entre sectores residenciales, oriundos o migrantes a partir de asignar un precio unitario según el ingreso per cápita, o bien, el grado de desarrollo humano.
Ahora, la violencia en materia de abastecimiento de agua y políticas de tandeo se dirige a grupos que cierran avenidas, se confrontan con autoridades, secuestran pipas o intervienen el suministro municipal. Es una política de combate frontal a la delincuencia que se apropia de las instalaciones bajo el emblema de los derechos a la gratuidad del agua, pero que establece redes de comercio del líquido en las zonas con menor disponibilidad y abastecimiento, propiciando que estos usuarios destinen hasta un 20 % de sus ingresos en la compra del agua.
Por último, la administración de los recursos hídricos tendría una dimensión ambivalente en aquellas zonas y sectores debido a su desabastecimiento y bajo costo del servicio. Precisamente, su carácter ambivalente consiste en que la cantidad y calidad del agua corresponden a su bajo costo y consumo, por ello son colonias que viven en estrés constante porque el Estado ni les incrementa el costo ni les mejora el servicio (Montalbetti & Chamarro, 2010).
En resumen, la gobernanza de los recursos hídricos tiene cuatro dimensiones: relaciones entre sectores, grado de abastecimiento, precio unitario del suministro y tratamiento de agua. Cada dimensión consiste en una administración considerando niveles de conflictos y violencia previsibles por la escasez, desabastecimiento y costo.
Escenarios ambientales y sanitarios de la gobernanza de los servicios hídricos
Los escenarios ambientales de los recursos sociopolíticos advierten que la disponibilidad de agua y su administración consensuada dependen de los efectos del cambio climático sobre la salud pública ambiental, la calidad de vida y el bienestar social (véase figura 4). En los países desarrollados su volumen per cápita se orienta al uso residencial e industrial, mientras que la mayor parte de la demanda se dirige a la agricultura en los países emergentes (Nozica, 2011).
México emplea mayor volumen hídrico que Brasil, España y Estados Unidos para la agricultura, pero su uso residencial solo es inferior al de Brasil. Respecto al volumen de agua con destino a la industria, México ocupa el último sitio, pero a diferencia de Estados Unidos en donde se recicla, su uso intensivo no tiene un tratamiento (McCright & Riley, 2011).
No obstante que el sector agroindustrial está sujeto a una evaluación de consumo, los datos relativos al uso residencial varían en función de las estimaciones institucionales con respecto a los organismos internacionales. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha recopilado los datos que las instituciones o ministerios encargados del abastecimiento regional y local emiten en cada uno de sus países miembros, estableciendo un índice tarifario de acuerdo con la disponibilidad y el uso per cápita. En este ranking, México ocupa el último lugar y Noruega el primer sitio.
En la medida en que la escasez de los recursos hídricos se acentúa y el abastecimiento de agua se reduce a su mínima expresión, los sectores excluidos adoptan estilos de vida austeros que previenen contingencias por la carencia y conflictos por la administración del agua, el incremento de tarifas o la discrecionalidad gubernamental en torno al subsidio o condonación de cuotas (McCright, 2010).
El estudio de Londoño y Cardona (2011) acerca de las oportunidades y los recursos para el desarrollo humano, concibe a la naturaleza como proveedora de las herramientas para la formación de capacidades que incentiven la conservación, pero ajustada a las expectativas y necesidades de desarrollo.
En el caso de los escenarios sanitarios, los recursos hídricos asumidos como sociopolíticos, son instrumentos de presión social para la implementación de programas preventivos y promoción de la salud, aunque también se generan comportamientos asociados con los riesgos a la salud que implican el consumo de cuencas contaminadas, cuerpos de agua sobreexplotados o tomas clandestinas (véase Figura 5).
Por último, Moreno (2013) sostiene que los esquemas de cooperación entre naciones, en materia de saneamiento hídrico, son condicionantes para el desarrollo de tecnología y generación de conocimientos, que permiten transformar los recursos en oportunidades de elección y acción transgeneracional. Reguladas por bonos de carbono, las actividades humanas accederían a convenios de reducción de emisiones para poder garantizar su sustentabilidad.
Escenarios sociales de la gobernanza de los recursos hídricos
Los marcos teóricos y conceptuales sociológicos y psicológicos, así como las evidencias empíricas advierten que la gobernanza es un sistema de administración de grados de conflictos y niveles de violencia, generados por el desbalance entre disponibilidad y consumo que el sistema de tandeo y cobro locales no han podido estabilizar y más bien exacerban la exclusión hídrica.
Desde el enfoque sociológico, las diferencias entre los grupos disidentes y simpatizantes del incremento de tarifas y el tandeo del suministro de agua se legitiman y diseminan entre los integrantes de los grupos mediante la membresía. El habitus explica la transferencia de acciones concretas de ahorro de agua, optimización y reutilización que legitiman el desabastecimiento y el tandeo en los sectores excluidos (Touguinha & Pato, 2011).
No obstante, el habitus se genera en espacios o campos de poder e influencia. En este sentido, quienes se organizan para administrar un cuerpo de agua aprenden a negociar con otros grupos la distribución del fluido a partir de los derechos a los acuíferos. En el proceso de formación de habitus en contextos de austeridad, los capitales resultan fundamentales para el fortalecimiento de los estilos de vida frugales, aunque también legitiman la política de abastecimiento local.
Las redes colaborativas de gestión, acaparamiento y distribución de agua en una localidad suponen habilidades y capacidades que se dan a partir de la rectoría del Estado en materia de oportunidades de extracción de agua, y de la responsabilidad social que se espera al considerar a los recursos hídricos como factores sociopolíticos de desarrollo local (véase Figura 6).
Escenarios psicológicos de la gobernanza de los servicios hídricos
Los escenarios sociales resultan insuficientes para entender la administración consensuada de los servicios hídricos en regímenes de Gobierno y formas de Estado autoritarias y democráticas que legitiman sus políticas tarifarias, subsidios y condonaciones mediante una agenda pública (García, 2013). Se trata de temas establecidos en los medios de comunicación con la finalidad de influir en la opinión pública respecto al cuidado del agua, el pago de adeudos del servicio de agua potable o la denuncia de fugas (véase Figura 7).
Los medios de comunicación al enfatizar los conflictos entre las autoridades locales y los usuarios del servicio público de agua potable, influyen en la opinión pública (Leff, 2011). En este sentido, las teorías de sistemas, tecnológicas, informacionales y comunicacionales han avanzado en la hipótesis del establecimiento de la agenda -a partir del análisis del encuadre de los hechos para develar como productores de información a los medios de comunicación-, como mediadora de la opinión ciudadana y como objetivo de las iniciativas políticas de ley (Carreón, Hernández, & García, 2014).
Los medios de comunicación presentan los conflictos como asuntos centrales de la problemática hídrica, pues responsabilizan a las autoridades por la ineficiencia de las tarifas y exponen a los cierres de avenidas, boicots a instalaciones o secuestros de pipas como evidencias de ingobernabilidad que inhiben el desarrollo sustentable local (Carreón et al., 2014).
En la revisión de Jaén y Barbudo (2010) se sostiene que el desarrollo humano se gesta desde valores antropocéntricos que determinaran la socialización con los recursos naturales y los servicios municipales a través de representaciones sociopolíticas de conformidad, obediencia, indignación o violencia.
Un efecto del establecimiento de la agenda es la polarización de las audiencias. Se trata de grupos que adhieren sus expectativas a las políticas públicas versus grupos disidentes de los programas de tandeo, sistemas de cobro, subsidios o condonaciones (García, 2012). Tales diferencias se fundamentan en el sentido de pertenencia que los recursos naturales en general y los recursos hídricos en particular, generan en un escenario local de desarrollo sustentable (Lucca, 2010).
De este modo, el sentido de comunidad suscita estereotipos a partir de los cuales se esperan dirimir los conflictos por el manejo de acuíferos, distribución mediante pipas o tomas de abastecimiento central. La categorización no solo distingue los grupos, sino además justifica tales diferencias con respecto a los derechos por el uso de los recursos naturales y servicios públicos (Seacat & Northrup, 2010).
Empero, el sentido de pertenencia a un entorno y el apego a un lugar de origen se orientan por símbolos y significados que en un contexto histórico resaltan por su importancia en el desarrollo endógeno. El sentido de pertenencia se simboliza a menudo con los recursos naturales que permitirán el progreso de un grupo en un espacio determinado. La categorización social puntualiza el sentido de pertenencia y administración de los recursos que emanan de los espacios considerados como símbolos de la comunidad. En ambos casos, sentido de pertenencia y categorización, existe una relación que vincula el núcleo central con las representaciones periféricas del agua, sus usos y costumbres (Klôckner & Blôbaum, 2010).
En la representación periférica y el núcleo central, se develan procesos sociopolíticos que transforman a los recursos en general y al agua en particular, en símbolos de poder e influencia entre los conflictos de grupos que pretenden su gestión o autogestión.
La identidad que es la culminación de los factores psicosociales, consiste en un conglomerado de decisiones y elecciones no siempre racionales y más afectivas, en las que el individuo que necesita de agua se decanta por la acción de un grupo con respecto al abastecimiento del líquido. Así, la identidad hídrica sociopolítica refiere a los actores de cooperación y solidaridad entre colectivos que sufren el tandeo versus grupos que tienen un abastecimiento regular de agua (Milfont & Duckitt, 2010).
Los marcos teóricos y conceptuales de la psicología de la sustentabilidad, sostienen que la gobernanza de los recursos hídricos se gestaría y gestionaría apelando a la racionalidad, la planificación y la sistematización del ahorro y reutilización del agua. El sistema de cobro ha sido cuestionado por la aproximación psicosocial, la cual advierte una serie de conflictos derivados del servicio de agua potable y las tarifas correspondientes (Leff, 2010).
Para la teoría de la acción razonada las actitudes son mediadoras del efecto de las creencias sobre las intenciones y los comportamientos (Ajzen & Fishbein, 1974). Un incremento en las creencias aumenta las disposiciones hacia decisiones y acciones específicas y deliberadas. Se trata de un proceso que va de lo general en cuanto a creencias hacia lo particular en cuanto a intenciones y acciones. No obstante, el poder predictivo de las creencias generales está acotado por la especificidad y unidimensionalidad de las actitudes. Dado que las actitudes transmiten el efecto de las creencias, delimitan sus indicadores en disposiciones probables de llevarse a cabo (véase figura 8).
La teoría de la conducta planificada informa que el efecto de las creencias sobre el comportamiento está mediado por actitudes y percepciones de control. Ante una situación o evento contingente, la percepción de control acrecienta su poder predictivo de las intenciones y los comportamientos si y solo si interactúa con disposiciones específicas. En la medida en que la percepción de control disminuye, su relación con las actitudes hace predecible un efecto espurio en las decisiones. Necesariamente, el proceso deliberado y planificado de la toma de decisiones e implementación de estrategias requiere de una percepción de control consistente con las disposiciones hacia el objeto (Ajzen, 1991).
Si la gobernanza de los recursos y servicios hídricos es una estrategia de administración según los grados de conflicto y violencia que se gestarían a partir de cuatro dimensiones de análisis que van de la inequidad hasta el consenso, entonces los estudios relativos a la construcción de acuerdos o resolución de asimetrías, versan sobre aquellos procesos inherentes a la gestión, que por su grado de participación civil estarían cercanos a la democratización de los servicios municipales, pero resalta su desvinculación entre los sectores residenciales, pueblos originarios y zonas periurbanas migrantes (véase figura 9).
La autogestión es un fenómeno social que explicaría la acción colectiva y movilización social, en torno a sequías o inundaciones que al generar un desabastecimiento obligarían a la organización civil; también supone la oportunidad de comercializar con un producto de primera necesidad a través del acaparamiento del agua (Blunda, 2010). En este sentido, el almacenamiento estaría comprometido, ya que el sistema de tandeo funciona según un régimen periódico que se complementa con el almacenamiento de agua más que por su reutilización, tratamiento o captación pluvial, indicadores de propensión al futuro o comportamiento orientado a la sustentabilidad (Corral, 2010).
Precisamente, es en esta fase en la que el sistema de tandeo pierde relevancia, pues el almacenamiento no corresponde con el uso dosificado del agua, que es un estilo de vida guiado por valores ecoperiféricos más que antropocentristas, como es el caso del acaparamiento (Groot & Steg, 2010).
Por su parte, la reutilización tendría nexo con la dosificación en tanto que una vez utilizada el agua de manera austera, un nuevo uso de la misma supondría una alternativa ante la ineficiencia del tandeo, pero la reutilización más bien es parte del emprendimiento que supone la comercialización del agua, independiente de su calidad y cantidad (Behancourth, 2010).
La cotización del servicio de pipas, una vez que el agua se empleó y que ahora se pretende vender como de primer uso, o bien, se advierte que ya ha sido tratada, filtrada o procesada, estaría relacionada con las formas cooperativas en las que las pipas o vendedores del agua se organizan, aunque el tratamiento suponga un procesamiento complejo del agua que el usuario estaría dispuesto a costear antes de organizar una protesta colectiva ambiental (Jiménez & Lafuente, 2010).
La conducta sustentable que emerge como producto de una administración consensuada de los recursos y servicios hídricos, es un factor preponderante en la predicción de escenarios de conflicto y violencia a medida que los niveles de acción favorable al medioambiente disminuyen, pero anticipa escenarios de pacificación y cooperación en los momentos en que los niveles de participación se incrementan o las acciones de dosificación y reutilización se intensifican (Bertoni & López, 2010).
Sin embargo, un modelo de gobernanza requeriría de dimensiones más vinculantes que anticipen la reapropiación de la naturaleza y no solo su conservación por motivos económicos o políticos, sino su restauración por biofilia o ecoperiferismo como factores ideológicos de< respeto y cuidado permanentes hacia el entorno y que a su vez, indicarían una cultura ambiental e hídrica transgeneracional (Flores & Parra, 2011).
Desde un enfoque psicológico, los estudios de los recursos sociopolíticos se han enfocado en su conceptualización, formación, activación, accesibilidad, estructura, función, predicción, cambio, inoculación, identidad y ambivalencia (Ajzen, 2001). Los recursos sociopolíticos han sido definidos a partir de dimensiones afectivas y racionales. Ambas dimensiones son el resultado de experiencias y expectativas (Ajzen, 2002).
Esto implica su estructura: unidimensional o multidimensional que se configura en factores exógenos y endógenos (Schwartz & Bohner, 2001). Es decir, cuando los recursos sociopolíticos activan decisiones y comportamientos causan un proceso periférico, emotivo, espontáneo, heurístico y ambivalente (Guering, 1994). En contraste, cuando los recursos sociopolíticos transmiten los efectos de valores y creencias sobre las intenciones y acciones, son mediadores endógenos de un proceso central, racional, deliberado, planificado y sistemático (véase figura 10).
La formación de recursos sociopolíticos inicia desde cuatro procesos psicológicos básicos: extraversión, neuroticismo, psicologismo y emotividad, que indicarían niveles de ansiedad por la escasez y desabastecimiento de agua. Una vez activados estos síntomas sería posible anticipar los escenarios psicosociales.
Si los recursos sociopolíticos generan estados de ansiedad y emotividad que descentran la problemática de escasez y desabastecimiento del agua de los individuos y sus procesos racionales económicos, entonces los factores psicosociales ubicarán los conflictos por la administración del agua en los grupos conformistas versus innovadores (Quiroz, 2013). Los recursos sociopolíticos que inician como indicadores de ansiedad y emotividad psicológica, transitan por procesos psicosociales de pertenencia, categorización, representación e identidad, pero adquieren un sentido sociopolítico por la vía de los habitus, campos y capitales que legitiman la reproducción de la dominación social (Sharples, 2010).
Consideraciones finales
La comparación de los escenarios económicos, políticos, ambientales, sanitarios, sociales y psicológicos aportada en el presente trabajo se llevó a cabo a partir de extraer los temas difundidos en la literatura revisada. Es decir, se analizó el establecimiento de una agenda en materia de gobernanza de los recursos y servicios hídricos según la agenda fijada por la literatura seleccionada. Precisamente, ese es el límite del estudio documental expuesto.
Sin embargo, a diferencia de la agenda establecida por los medios de comunicación con respecto a la gobernanza de los recursos y servicios hídricos, la agenda de la literatura académica contrasta escenarios económicos, políticos, ambientales, sanitarios, sociales y psicológicos que coadyuvan a la reflexión, la discusión, el consenso y la responsabilidad entre los actores económicos, políticos, sociales y comunitarios.
La agenda de los medios se caracteriza por determinar una opinión emocional en audiencias que centran el problema en la administración pública de los recursos y servicios hídricos, y una opinión racional en audiencias que observan en los estilos de vida, los intereses de transnacionales y en la corrupción política, las barreras de la sustentabilidad hídrica.
El efecto de la agenda mediática en las audiencias consiste en el desarrollo de una lógica de verosimilitud que sustenta la opinión emocional, y en el desarrollo de una lógica de verificabilidad que sustenta la opinión racional. Ambas lógicas y opiniones, se transforman en posturas a favor y en contra de la administración consensuada de los recursos y servicios hídricos (gobernanza).
Son estos procesos los que la agenda académica resalta para reflexionar y proponer la discusión de la gobernanza -gestión y administración- de los recursos y servicios hídricos, siempre que estos se asuman como bienes transgeneracionales, porque si se asumen como privados, públicos o comunes se excluye a las futuras generaciones de especies animales y vegetales, entre las que se encuentra la humana, de la gestión y administración de acuíferos y demás cuerpos de agua para su desarrollo sustentable.