La democracia colombiana nunca ha sido fuerte: sus instituciones con frecuencia se tambalean, los enemigos nunca faltan, la corrupción parece imposible de controlar y la ciudadanía con frecuencia sufre de una apatía democrática.

Las instituciones comenzaron a debilitarse, en mayor grado, en 1991. Las esperanzas puestas en una Corte Constitucional independiente de la Corte Suprema fallaron, y gracias a ella se ha desdibujado a lo largo de 30 años la separación de poderes. Las sentencias moduladas se inmiscuyen en la esfera del Poder Legislativo, y la interpretación de tutelas, tampoco reguladas por lo menos, limita los atributos del Poder Ejecutivo. Y como si fuera poco, la revisión de los fallos de casación de la Corte Suprema de Justicia arrasó con la seguridad jurídica con el desconocimiento de la “cosa juzgada”.

Más aún: es cierto que el Congreso teme legislar sobre ciertos casos, tales como el aborto, la eutanasia, el matrimonio de parejas del mismo sexo, que son materias de su fuero. Pero eso no significa que la Corte Constitucional, nueve personas sin representación política, pueda, por sí y ante sí misma, arrogarse ese derecho. Si el Congreso, representación primordial de la opinión pública, no legisla sobre esos temas, significa que es consciente de que no puede legislar en contra de las mayorías colombianas.

Siempre se pensó que la democracia liberal tenía como principio que se gobernara de acuerdo con las mayorías, representadas en el Ejecutivo y el Legislativo. Pero hoy este principio, que parecía inconcuso, ha cedido el lugar en muchos casos a un gobierno para las minorías, gracias al Poder Jurisdiccional, encabezado por la Corte Constitucional, que no reconoce límites porque los constituyentes del 91 no se los pusieron, con lo cual se creó la dictadura de la Corte, en contra de una Constitución supuestamente democrática. Deberíamos recordar a Montesquieu, cuando nos da a entender que para que se dé una verdadera libertad democrática “es necesario que el poder controle al poder”.

Pero quizá encontremos una falla mayor: la ciudadanía, en su mayor parte, no está educada para la democracia. Prueba de ello es que el respaldo de las instituciones democráticas siempre se ha basado en las fuerzas del Estado, Ejército y Policía, y no necesariamente en una ciudadanía con vocación democrática, que quiera defender ese sistema de vida en sociedad. De ahí que quienes defendemos la supuesta democracia liberal de nuestra Constitución, en vísperas de unas elecciones siempre estemos temblando porque fuerzas antidemocráticas, llámense populismo o como se quiera, puedan llegar a apoderarse de nuestras instituciones para cambiarlas por un sistema autócrata. Si nuestra ciudadanía estuviera del todo imbuida en los valores democráticos, no tendríamos temor de caer en dictaduras o anarquías.

Desde este punto de vista, el futuro no es halagüeño. Entregada la educación pública a Fecode, fuerza sindicalista, que no educadora, completamente antidemocrática, qué podremos esperar de la futura ciudadanía en cuanto a valores democráticos.

Falta espacio, en un escrito como este, para analizar otros puntos relativos a nuestro sistema democrático. Habrá oportunidad en otra ocasión.