JACQUELINE BENAVIDES DELGADO* SANDRA MIRANDA

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, COLOMBIA * Correo electrónico: jabenavi@uniandes.edu.co - Dirección Postal: Carrera 1 E # 18 A-10 Edificio Franco Of. G – 212. Telefax 571- 3324365 - Conm. 571-3394999 ó 4949, Ext: 2594, 2597 A. A, 4976, 12340. Bogotá D.C., Colombia.

ABSTRACT

This research aims to comprehand the mechanisms that underlie the transmission of maltreatment from one generation to the other. The objective of this study was to determine if certain social actions of refusal toward the child abuse, like institutionalization, reinforce a critical attitude toward this practice. The sample was composed of 24 male institutionalized children and 17 not institutionalized children, with history of physical abuse. The results determined a significant difference p < 0.05 among the institutionalized children and those not institutionalized with regards their feelings of self-protection against the aggressions of parents and the knowledge that they had about their rights.

Key words: child maltreatment, violence cycle, intergenerational transmission of maltreatment.

RESUMEN

La presente investigación surge del interés por la comprensión de los mecanismos que subyacen a la transmisión de conductas maltratantes de una generación a la siguiente. El objetivo del estudio se centró en determinar si acciones sociales de rechazo hacia el maltrato infantil, como la institucionalización, propician una actitud crítica hacia esta práctica. La muestra estuvo compuesta por 24 niños de sexo masculino institucionalizados y 17 niños no institucionalizados, todos con historia de maltrato físico. Los resultados determinaron diferencias significativas, p < 0.05 entre los niños institucionalizados y los no institucionalizados, con respecto al sentimiento de autoprotección frente a las agresiones de los padres y al conocimiento que éstos tenían de sus derechos.

Palabras claves: maltrato infantil, transmisión intergeneracional, ciclo de violencia

Tener una historia de maltrato infantil es un factor de riesgo que predice el ciclo de violencia de una generación a la siguiente (Belsky, 1993). Es difícil comprender las razones por las cuales una persona con historia de maltrato en su infancia puede repetir esta conducta con sus propios hijos. Sin embargo, se ha podido determinar que un porcentaje elevado de adultos maltratados físicamente en su niñez tienen una actitud positiva hacia la utilización de los métodos basados en el castigo físico. Por ejemplo, Bower y Knutson (1996) encontraron que jóvenes universitarios que habían sido maltratados severamente en su infancia, pero que no tenían conciencia de ello, tenían mucha más dificultad para calificar como abusos físicos eventos como golpear a un niño o tirarle objetos. Estudios posteriores, como el realizado por Bower-Russa, Knutson y Winebarger (2001), apoyaron estas conclusiones. Estos autores reportaron que la actitud crítica hacia la utilización del castigo físico no siempre se relacionaba con la historia de maltrato, sino con la conciencia que las personas tuvieran de esta historia. De este modo, quienes eran conscientes de su historia de maltrato tendían a rechazar el castigo físico. Por el contrario, aquellos que habían sido maltratados, pero que no se clasificaban a sí mismos en esta categoría, presentaban una actitud más positiva hacia esta práctica como método de crianza.

El estudio longitudinal realizado por Deater- Deckard, Lansford, Dodge, Pettit, y Bates (2003) también apoyó estos planteamientos. Los autores encontraron que aquellos niños con historia de maltrato presentaban una actitud positiva hacia esta forma de crianza, en comparación con niños que nunca habían sido castigados por sus padres físicamente. Sin embargo, en aquellos niños donde existía una sospecha, pero no certeza, de maltrato físico por parte de sus padres, las actitudes hacia la utilización del castigo físico como método de crianza presentaron mucha variabilidad. Algunos niños apoyaban este método y otros lo rechazaban abiertamente. Los resultados permitieron concluir que la experiencia de maltrato no siempre determina una actitud de rechazo hacia la utilización del castigo físico, por el contrario, la conciencia que se tenga de este maltrato sí lo hace.

A partir de estos estudios es posible establecer que la conciencia que cada individuo tiene de su propia historia y la representación de ella contribuye a la creación de actitudes positivas o negativas hacia la utilización del castigo físico como método de crianza. Es posible que la experiencia de maltrato disminuya la sensibilidad hacia la utilización del castigo físico, sin embargo, existen otras variables que, por el contrario, podrían elevarla. Algunas investigaciones han determinado que el ciclo de violencia se puede interrumpir cuando las personas han podido ser críticas ante su propia realidad de maltrato (Bower & Knutson, 1996; Bower- Russa et al., 2001; Gómez, 1988).

Las variables cognitivas, como las atribuciones o las actitudes hacia el maltrato físico, dan lugar a una posible explicación de la transmisión intergeneracional de estas formas de crianza. Como lo enuncia Gómez (1988), el hecho de haber sido maltratado en la infancia no es la causa de la repetición de dicha conducta, sin embargo, la actitud hacia el castigo recibido sí podría serlo. Esta autora consideró que el pensamiento crítico con relación al maltrato recibido puede detener el ciclo de violencia. De tal forma, los padres que perpetúan el ciclo de maltrato de una generación a la siguiente suelen valorar como positivo, justo y bueno el trato recibido en su infancia por parte de sus propios padres. Por el contrario, las personas que aun habiendo sido maltratadas severamente en su infancia no repiten estas conductas con sus hijos, suelen tener una actitud crítica hacia el castigo recibido y tienen sentimientos de rabia y rencor hacia sus padres por haberles sometido a un trato injusto.

Como lo explican Deater-Deckard et al. (2003), los niños con historia de maltrato pueden no considerar a sus propios padres como modelos de imitación para la crianza, y ésta puede ser una de las razones por las cuales se interrumpe el ciclo de violencia.

Elbedour (1994) plantea que para comprender el maltrato que afecta a los niños es fundamental estudiar los esfuerzos cognitivos que el niño hace para manejar, tolerar o minimizar su impacto. No siempre este esfuerzo se traduce en un acto que permita un contacto con la realidad dolorosa. Egeland y Stillman (1996) determinaron que existía una variable que mediaba entre la historia de maltrato y la repetición de éste: la disociación. Este término puede definirse como el proceso mental que impide el recuerdo y la recuperación de información de ciertos eventos traumáticos, por un espacio de tiempo. Las madres que disociaban su experiencia de maltrato en la infancia golpeaban más a sus hijos que aquellas que pudieron integrar esta experiencia y hablar sobre ella. Esto implicaría que tener un sentido de realidad, experimentar el dolor y tener un juicio crítico hacia los hechos maltratantes podría generar una actitud negativa hacia el castigo físico y la interrupción del ciclo de violencia.

De otro lado, el entorno social juega un papel muy importante en el desarrollo de actitudes y juicios críticos. Elbedour (1994) afirma que los juicios sociales y las reglas morales llevan a crear y concebir una acción como justa o injusta. “La internalización e identificación con los roles culturales, no sólo le brinda al niño poder y seguridad, sino que ofrece una estructura para el desarrollo de juicios de valor” (p. 26). Adicionalmente, el consenso social de rechazo hacia el maltrato o hacia el abuso permite que el niño pueda sentirse menos estigmatizado y más respaldado. Cuando un niño puede percibir que el maltrato no forma parte del consenso social y que es un acto reprobado y alejado de la norma, llega a tener mayor claridad sobre lo que es justo en ese caso (Elbedour, 1994).

Este autor defiende que las acciones sociales que se realicen para poner en evidencia el rechazo hacia el maltrato o el abuso contribuirían a aclarar en el niño el concepto de justicia. Sin embargo, si no existe esta postura, se llega a prolongar el estado de indefensión del niño y su incapacidad para defenderse del maltrato.

Una de las posturas más claras y evidentes que generarían en los niños una conciencia del rechazo social hacia el maltrato físico es la intervención de los sistemas de protección en los contextos familiares donde éste ocurre. La institucionalización de los niños en sistemas de protección puede ser un ejemplo de acciones sociales de rechazo contra el maltrato físico. Ésta es una acción de protección que separa a los niños de su familia y los protege de los riesgos de futuros maltratos o abusos por parte de sus padres. Desde el punto de vista del desarrollo psicoafectivo, tal medida ha sido muy cuestionada y considerada como un hecho reprobable. Sin embargo, en nuestro medio es una práctica muy frecuente.

Retomando los planteamientos de Elbedour (1994), el presente estudio tuvo como objetivo determinar si una acción de rechazo social hacia el maltrato, como la institucionalización, podría favorecer la creación de actitudes críticas en los niños hacia el maltrato infantil y la autoridad de los padres para maltratar a sus hijos. Además, si estas acciones permiten que los niños tengan un mayor conocimiento de sus derechos y generen acciones para evitar ser maltratados.

Objetivos

Determinar la actitud que muestran los niños institucionalizados y no institucionalizados con respecto a la autoridad paterna basada en el castigo físico y los beneficios de la utilización de este método de crianza, ante faltas leves y graves en terceros.

Analizar el nivel de conocimientos que tienen los niños de los dos grupos sobre sus propios derechos y la forma de exigirlos.

Determinar las estrategias de auto-protección que desarrollan los niños institucionalizados y no institucionalizados frente al castigo físico.

Hipótesis

Se espera que los niños institucionalizados tengan una actitud crítica ante la utilización del castigo físico y hacia la autoridad paterna que utiliza el maltrato infantil como método de crianza, en comparación con los niños no institucionalizados.

Se espera que los niños institucionalizados tengan mejores conocimientos acerca de sus derechos y de la forma de exigirlos, así como un mayor número de estrategias de protección ante el maltrato impartido por los padres.

Método

Participantes

La muestra estuvo conformada por 41 niños de sexo masculino, entre los 7 y 12 años. Del grupo, 17 niños no son institucionalizados (ocho están entre los 7 y 9 años, y nueve entre los 10 y 12 años), y tienen una historia de maltrato físico cuyo caso fue denunciado por parte de la institución educativa. Sin embargo, no habían tenido atención por parte de las entidades de protección. Estos niños seguían viviendo con su familia, estaban escolarizados y pertenecían a los estratos 1 y 2.

El otro grupo estuvo conformado por 24 niños institucionalizados de sexo masculino (ocho entre los 7 y 9 años, y 16 entre los 10 y 12), con historia de maltrato físico, los cuales habían sido separados de sus familias de origen como medida de protección. Estos niños provenían de familias de estratos 1 y 2, y se encontraban escolarizados.

Instrumentos

En esta investigación se crearon dos historias (ver Anexo 1) que fueron probadas en el pilotaje inicial con 15 niños. Las historias mostraron dos situaciones que se de sarrollaban en el contexto familiar, en las cuales los niños eran castigados por sus padres. La gravedad de las acciones que desencadenaban dichos castigos variaba según la historia. En la primera se presentaba una acción considerada como grave (robo). En la segunda historia, la falta del niño era leve (romper un jarrón con una pelota) (ver Anexo 1).

Procedimiento

La investigación se desarrolló en cuatro fases. La primera consistió en un acercamiento a las instituciones educativas y de protección con el fin de obtener la autorización para entrevistar a los niños. Una segunda fase del procedimiento contempló el proceso de selección de la muestra de niños con historia de maltrato. En las instituciones educativas, los profesionales del departamento de bienestar social se reunieron con el equipo de trabajo de esta investigación e informaron acerca de los casos de maltrato que habían recibido. Se estudiaron los reportes técnicos elaborados en cada una de las áreas del sistema educativo y también se analizó la evolución del problema a través del tiempo. Una vez seleccionada la muestra, se procedió a remitir los consentimientos informados para obtener los permisos de los padres.

Para la selección de los niños de las instituciones de protección, se realizó un análisis conjunto con las psicólogas de tres centros de protección a fin de identificar aquellos niños que habían sido retirados de sus hogares por maltrato físico. En este caso no fue necesario solicitar autorización a los padres, porque la custodia de los niños estaba a cargo de dichas entidades.

Una tercera fase contempló la elaboración de las entrevistas a cada uno de los niños. Con un equipo encabezado por una psicóloga con formación en terapia, se iniciaron las entrevistas en los diferentes centros. Éstas fueron realizadas en espacios cómodos que procuraban la privacidad de los niños. Las entrevistas fueron semi-estructuradas y cobijaron cuatro áreas de análisis: 1) crítica a la autoridad paterna; 2) valoración del castigo físico; 3) estrategias de auto-protección contra el maltrato físico; y 4) conocimientos de los derechos y forma de exigirlos.

La cuarta fase de la investigación consistió en la trascripción de las entrevistas y su posterior análisis.

Las respuestas de los niños fueron clasificadas de acuerdo con cuatro categorías de análisis: 1) crítica a la autoridad paterna; 2) valoración del castigo físico; 3) autoprotección; y 4) conocimiento de los derechos y forma de exigirlos.

La crítica a la autoridad paterna fue definida como la capacidad de cuestionar la autoridad de los padres en situaciones de maltrato. La valoración del castigo físico se definió como la capacidad del niño para interpretar las acciones violentas hacia ellos como un método ineficaz de corrección y altamente reprobado por sus efectos nocivos en alguna de las áreas de desarrollo. La autoprotección se concibió como la capacidad del niño para hacer respetar sus derechos, específicamente en los casos en que existía maltrato físico, evaluando si contaba con estrategias que le permitieran protegerse de esta forma de castigo. Finalmente, la última categoría de análisis contemplaba el conocimiento que los niños tenían acerca de sus derechos y la capacidad de exigir protección cuando éstos se vulneraban.

Resultados

Las hipótesis planteadas en el estudio se comprobaron parcialmente. El grupo de niños institucionalizados mostró un nivel elevado de conocimientos acerca de sus derechos y la forma de exigir protección cuando éstos se vulneran. También demostraron tener una mayor capacidad para pensar en acciones de autoprotección que podían resguardarlos ante posibles maltratos. En la Tabla 1 se observan los resultados obtenidos en la categoría de autoprotección.

Se pudo determinar que el 87.5% de los niños institucionalizados de 7 a 9 años, y el 100% de los niños de 10 a 12 años consideraron posible generar estrategias de protección contra la agresión de los padres. Por el contrario, de los niños no institucionalizados, sólo el 55.6%, con edades comprendidas entre los 10 y 12 años, respondieron que era factible generar tales mecanismos.

Con respecto al nivel de conocimientos que los niños tenían sobre sus derechos, se observaron diferencias significativas entre los dos grupos. En la Figura 3 se ilustran los promedios obtenidos por cada grupo en esta variable. Los análisis por edades mostraron que los niños de 7 a 9 años no institucionalizados carecen totalmente de conocimientos acerca de sus derechos.

En cuanto a las estrategias que utilizaban los niños para hacer valer sus derechos, se destacaron las argumentativas, especialmente utilizadas por los institucionalizados. Éstos, a su vez, reconocieron la existencia de una red de apoyo amplia a la cual acudir en caso de que sus derechos fueran vulnerados. Es importante resaltar que los niños institucionalizados reconocieron dentro de su red de apoyo a las entidades públicas que brindan protección o seguridad, por ejemplo, la policía.

No se encontraron diferencias significativas entre los dos grupos en lo que se refiere a la percepción que tenían los niños sobre el derecho de los padres para utilizar el castigo físico como forma de crianza (crítica a la autoridad paterna).

El 80% de los niños institucionalizados consideraron que los padres no tenían derecho a golpear a sus hijos para corregirlos. Estos resultados se obtuvieron principalmente cuando se evaluaba la falta leve (romper un jarrón); no así cuando la falta era grave (robo). Ante una situación de falta grave (robo), los niños valoraron el efecto del castigo físico como positivo.

Los datos relacionados con la variable “valoración del castigo físico” mostraron que, si bien no se presentaron diferencias significativas en los dos grupos, la percepción, tanto de los niños institucionalizados como de los que no lo estaban, fue negativa. En general, los niños rechazaban esta práctica y la consideraban poco efectiva para lograr una mejoría en el comportamiento.

Un análisis por edades y por instituciones determinó una tendencia interesante relacionada con la edad; mientras los niños no institucionalizados valoraron negativamente el castigo físico a medida que aumentaba la edad, en los niños institucionalizados la tendencia fue inversa: a mayor edad, menor crítica hacia esta práctica.

Los resultados mostraron que los niños institucionalizados tienen un mayor nivel de conocimientos sobre sus derechos y poseen una red de apoyo que contempla las instancias públicas como fuente de protección. Los mecanismos de autoprotección contra la agresión de los padres se presentaron de manera mucho más frecuente en los niños institucionalizados que en los que no lo estaban.

Discusión

La literatura revisada considera que los adultos con historia de maltrato en su infancia tienen dificultades para catalogar como maltrato físico algunas acciones que evidentemente lo son (Bower & Knutson, 1996). Se considera, desde luego, que la historia de maltrato es un factor de riesgo para reproducir el ciclo de violencia de una generación a la siguiente (Deater-Deckard et al., 2003). Sin embargo, esta investigación pretendía demostrar que ciertas acciones de rechazo social, como la institucionalización, llevarían a cuestionar de manera muy profunda estas actitudes y a modificarlas (Bower & Knutson, 1996; Bower- Russa et al., 2001; Gómez, 1988). Por lo tanto, se esperaba que los niños institucionalizados fueran mucho más críticos hacia la utilización del castigo físico como forma de crianza y manifestaran un rechazo mucho más claro que los niños no institucionalizados.

Los resultados obtenidos no permitieron comprobar esta hipótesis en toda su magnitud. Sin embargo, abren nuevos caminos de análisis acerca de la importancia del rechazo social en la creación de actitudes en contra del maltrato.

Si bien no se encontraron diferencias significativas entre los dos grupos con respecto a la capacidad de los niños para cuestionar el castigo físico como forma de crianza, sí se pudo observar que todos los integrantes de la muestra manifestaron su rechazo ante este tipo de prácticas, cuando se trataba de una falta leve cometida por los protagonistas de la historia. Los argumentos en favor de la utilización del castigo físico y su valoración positiva se hicieron más evidentes ante conductas que los niños calificaban como graves (robo). Durante todo el análisis se pudo determinar que los niños, tanto institucionalizados como no institucionalizados, modificaron sus respuestas según la gravedad de los actos que se presentaban en las historias.

Estos resultados plantean un interrogante muy importante sobre la responsabilidad que se atribuyen los niños sobre su propio maltrato. Ellos consideran que sus acciones los pueden hacer merecedores de castigos físicos severos por parte de sus padres. Esta visión justifica las conductas violentas contra ellos. Desde luego, tal actitud, tanto en los niños institucionalizados como en los que no lo están, permitiría pensar que es factible que los niños no hayan asumido una actitud crítica hacia el maltrato recibido. De ser así, resultaría muy factible que éste pueda reproducirse en la siguiente generación (Bower & Knutson, 1996; Bower-Russa et al., 2001; Gómez, 1988).

Un resultado interesante de este estudio se relaciona con la capacidad que tienen los niños institucionalizados de reconocer ciertas instancias de protección a las que pueden acceder cuando sienten que sus derechos han sido vulnerados. Los niños institucionalizados consideraron factible recurrir a las entidades públicas, como el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) o la policía, porque las percibían como fuentes de apoyo ante el maltrato de los padres. De igual manera, demostraron tener una capacidad muy desarrollada para pensar en estrategias de defensa contra el maltrato infantil y consideraron como viable actuar para protegerse.

Desde luego, esta visión es importante porque imprime cierto nivel de conciencia sobre las acciones injustas y los alcances de la autoridad paterna sobre los hijos. Es un logro destacable que los niños institucionalizados piensen en alternativas de defensa en contra de las acciones de sus padres. Sin embargo, este resultado no coincide con la actitud positiva que mostraron ante las acciones maltratantes cuando las faltas cometidas se valoraban como graves. Podría interpretarse que cuando los niños perciben una acción como injusta, pueden enjuiciar a sus padres y crear mecanismos de defensa contra el maltrato; no así cuando consideran que las acciones son consecuencia de su propio comportamiento que merece un castigo severo.

El conocimiento que los niños tenían sobre sus derechos constituyó uno de los factores que mayor diferencia presentó entre los grupos. Los niños institucionalizados tuvieron un conocimiento más amplio acerca de éstos y de la forma como podían exigir su cumplimiento. Reconocieron un mayor número de derechos y consideraron alternativas interesantes, como la denuncia pública ante las acciones que los vulneran.

Es importante resaltar que los niños no institucionalizados, entre 7 y 9 años, desconocían totalmente sus derechos. Estos resultados cuestionaron las estrategias de comprensión y apropiación del concepto de derechos por parte de esta población. Es factible que estos niños no hayan podido comprender ni utilizar realmente sus derechos al encontrarse en situaciones donde son altamente vulnerados (maltrato físico) y, desde luego, no existe una clara postura de rechazo hacia estas prácticas por parte de los contextos educativos y sociales que rodean al niño. De este modo, se rescata que los ambientes institucionales fomenten más la comprensión y apropiación de los derechos por parte de los niños, que lo que podría hacer una institución educativa.

Los resultados plantean la necesidad de informar sobre el tema de los derechos y la forma de exigirlos para la infancia, como una medida preventiva y de protección, si se tiene en cuenta el planteamiento de Elbedour (1994), quien afirma que los juicios sociales y las reglas morales llevan a crear y concebir una acción como justa o injusta. Si en el entorno cercano de los niños se aclara que el maltrato no forma parte del consenso y que es un acto reprobado y alejado de la norma social, éstos podrán percibir con mayor claridad qué actos vulneran sus derechos y podrán generar mayores recursos para hacerlos valer.

A juzgar por el porcentaje de niños que definen el concepto de derecho con ejemplos, la definición de este concepto sería más fácil de enseñar de esta manera que a través del aprendizaje teórico. Es factible que un ambiente que propicie el respeto por las necesidades y la expresión de las ideas propias dentro de un marco de normas claras, sea más eficaz que el manejo teórico del tema.

En conclusión, los resultados que arrojó esta investigación permiten determinar que los procesos sociales que llevan a explicitar el rechazo hacia el maltrato infantil, en este caso la institucionalización, favorecen cierta conciencia de los derechos. Igualmente, se percibe una tendencia a contemplar alternativas más amplias de protección que traspasan los límites de la familia. Los niños que residen en las instituciones se perciben como más capaces de actuar ante la injusticia del maltrato. Si bien no es clara su capacidad de cuestionar el castigo físico cuando la falta aparentemente lo amerita, sí se perciben actitudes negativas en los dos grupos hacia la aceptación de estas prácticas como formas de crianza.

La institucionalización no es, desde luego, la mejor medida de protección, por sus efectos nocivos en el desarrollo psicoafectivo del niño, pero es una de las pocas estrategias sociales que hacen explícito el rechazo hacia el maltrato. En este sentido, es importante que se creen nuevas formas de rechazo que fortalezcan el repudio social hacia esta situación. La escuela debería ser una fuente de información y formación en derechos y un espacio en el que se haga explícito el rechazo hacia dichas prácticas.

Los resultados obtenidos permiten plantear nuevos interrogantes que podrían ser la base de futuras investigaciones. Este estudio sólo analizó las respuestas de los niños de sexo masculino. Sería importante, en estudios posteriores, incluir un grupo comparativo de niñas. De igual forma, este estudio podría reproducirse con una muestra más amplia de niños y niñas, y realizar seguimientos longitudinales que seguramente resultarían interesantes para determinar la forma en que se modifican las actitudes hacia el maltrato, cuando los niños permanecen un tiempo prolongado en las instituciones.

¹ Investigación financiada por el Centro de Estudios Socio Culturales CESO – Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de los Andes.

Referencias

Belsky, J. (1993). Etiology of Child Maltreatment: A Developmental-Ecological Analysis. Psychological Bulletin, 114 (3), 413 - 434.        [ Links ]

Bower, M. & Knutson, J. (1996). Attitudes Toward Physical Discipline as a Function of Disciplinary History and Self-Labeling as Physically Abused. Child Abuse and Neglect, 20 (8), 689-699.        [ Links ]

Bower-Russa. M., Knutson, J. & Winebarger, A. (2001). Disciplinary History: Adult Disciplinary Attitudes and Risk for Abusive Parenting. Journal of Comunity Psychology, 29 (3), 219-240.        [ Links ]

Deater-Deckard, K., Lansford, J., Dodge, K., Pettit, G & Bates, J. (2003). The Development of Attitudes about Physical Punishment: An 8-Year Longitudinal Study. Journal of Family Psychology, 17 (3), 351- 360.        [ Links ]

Egeland, B. y Stillman, A. (1996). Dissociation as a Mediator of Child Abuse across Generations. Child Abuse and Neglect, 20, 1123-1132.        [ Links ]

Elbedour, S. (1994). The Psychological Development of Justice and Injustice in Child Maltreatment: Some Theoretical Implications. Early Child Development and Care, 101, 23-32.        [ Links ]

Gómez, S. (1988). Maltrato infantil: un problema multifacético. Revista Latinoamericana de Psicología, 20 (2), 149-161.        [ Links ]