Gubernamentalidad y riesgo en el campo de las drogas: análisis de las prácticas de gobierno en torno al problema-drogas en Chile posdictatorial^*

Governmentality and risk in the sphere of drugs: analysis of government practices for addressing the drugs issue in post-dictatorship Chile

Mauricio Alejandro Sepúlveda Galeas^**
Universidad de Chile, Santiago, Chile

Tamara Andrea Drove Aldana^***
Universidad Diego Portales. Santiago, Chile.

^*Artículo de reflexión. El presente artículo está basado en los resultados preliminares de la investigación posdoctoral Gubernamentalidad en el campo de las drogas: análisis de los discursos y prácticas de gobierno en torno al consumo de drogas entre 1990 y 2013, financiada por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT) N° 3140214.
^**Departamento de Psicología. Facultad de Ciencias Sociales. Psicólogo social, Universidad de Concepción. Máster en Antropología Médica y doctor en Antropología por la Universidad de Rovira i Virgili, Tarragona, España.
^***Investigador y docente del departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Becario Postdoctoral. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Correo electrónico: sepulveda.galeas@gmail.com

Recibido: 4 de noviembre de 2014 Aceptado: 15 de agosto de 2015

Para citar este artículo

Sepúlveda, M. A. (2015). Gubernamentalidad y riesgo en el campo de las drogas: análisis de las prácticas de gobierno en Chile posdictatorial. Universitas Psychologica, 14(5) 1707-1722. http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.upsy14-5.grcd

Resumen

El presente artículo aborda la problemática del riesgo en el campo de las drogas desde una perspectiva genealógica y discursiva, haciendo uso del concepto de gubernamentalidad como categoría de análisis. En ese marco, se pregunta por los significados, usos y sentidos del riesgo en el gobierno de las drogas en Chile entre los años 1990-2013, el cual siendo una construcción primordialmente socio-histórica, ha sido usualmente concebida en términos a-históricos, portando un habla despolitizada. Esta pregunta no reduce la gestión del riesgo a la esfera del Estado, sino que la inserta en el entrelazamiento estructural del gobierno de un Estado con las técnicas de gobierno de sí. De esta forma, se desplaza la atención desde el problema de las drogas hacia la construcción de las drogas como problema. En esa dirección, las herramientas analíticas utilizadas permiten visibilizar los modos en que el llamado problema-drogas ha devenido en objeto de gobierno.

Palabras clave: drogas; riesgo; gubernamentalidad; daños; biopolítica

Abstract

This article addresses the issue of risk in the field of drugs from a genealogical and discursive perspective, using the concept of governmentality as a category of analysis. The meaning, use and connotations of risk in the regulation of drugs in Chile between 1990 and 2013 are examined within this context. Although this is primarily a socio-historical construct, it has usually been conceived in ahistorical terms and expressed in a depoliticized speech. This examination does not limit risk management to the sphere of the State, but rather inserts it into the structural mesh of the government of a State and the techniques of government themselves. Thus, focus is it shifted from the problem of drugs to the construct of drugs as an issue. In this regard, the analytical tools used enable visualizing the ways in which the so-called drug problem has become an objective of government.

Keywords: drugs; risk; governmentality; harm; biopolitics

Introducción

Según el informe mundial sobre drogas de 2014, la prevalencia mundial del consumo de drogas ilícitas y el consumo problemático de drogas se mantiene estable y el total de consumidores de drogas en el mundo parece ajustarse cada vez más al aumento de la población mundial (Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito [UNODC], 2014). Y es que el problema mundial de las drogas ilícitas, en las últimas cuatro décadas del siglo XX, si bien experimentó una expansión constante, en los últimos años ha comenzado a mostrar una tendencia a su estabilización (Godínez, V., Ominami, C., Burns, R., Ahumada, A., & Vidal, C., 2013). Aún así, sigue causando daños considerables expresados, entre otros aspectos, en la pérdida significativa de vidas y años productivos de muchas personas (UNODC, 2014). No cabe duda: los objetivos de la llamada lucha contra las drogas no se han cumplido.

En efecto, el consumo de drogas no solo no ha desaparecido ni disminuido, sino que además la violencia y el crimen organizado relacionados con el comercio ilícito ha crecido dramáticamente en países como México, Honduras y Guatemala (Mathieu, 2013).

Este es el escenario internacional, en el cual Chile está lejos de ser una excepción. Sin ir más lejos, según el Informe del Uso de Drogas en las Américas de 2015 del Observatorio Interamericano sobre Drogas dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Chile reporta el nivel más alto de uso de cocaína y cannabis en la población escolar a nivel de la región, alzándose también como el país con la mayor prevalencia anual de consumo de pasta base y segundo en consumo de inhalables en la población escolar a nivel de Sudamérica.

Frente a esta situación país, las políticas de drogas implementadas en Chile desde el retorno de la democracia van a ser blanco de fuertes críticas y cuestionamientos. En particular, si bien estas serán, son formuladas desde diferentes ámbitos políticos, profesionales, disciplinarios, en su conjunto muestran una tendencia a enfilar una crítica de tipo negativa que les es común, evaluando desfavorablemente los modos de gestionar el problema-drogas en las últimas décadas. Mayoritariamente, este tipo de crítica "negativa" respecto al gobierno de las drogas funge en torno a las ventajas y/o desventajas de la prohibición, relevando sus ausencias, excesos y en menor medida, sus efectos iatrogénicos. En este sentido, dichos cuestionamientos fundamentan su crítica en una concepción jurídica y bélica del poder (Foucault, 2006) donde la prohibición y el discipli-namiento con sus respectivos efectos deseados y/o no deseados son el foco de su atención.

Ahora bien, desde nuestro punto de vista, la crítica fundamentada en una analítica del poder, como la señalada en el párrafo anterior, al centrar su atención en los regímenes de prohibición y sus aparatos de control, soslayan e invisibilizan las positividades asociadas a su ejercicio en tanto prácticas de gobierno aplicadas a la gestión del problema-drogas (Ramos, 2012; Vázquez, 2005). O dicho de otro modo, impiden ver cómo en el gobierno de las drogas, el saber y el poder se articulan entre sí, revelándose como dispositivos productivos, capaces de producir cosas, artefactos, discursos, que induzcan a la construcción de determinados tipos de cuerpos, placeres y riesgos, a través de formas diversas de objetivación y subjetivación.

Ahora bien, para abordar dichos vacios —invisibilidades— asociados al tipo de crítica arriba descrita, en este artículo se propone un análisis de la política de drogas en Chile, correspondiente al periodo de posdictadura, sustentado en una serie de conceptos de cuño foucaultiano, tales como riesgo, peligrosidad y gubernamentalidad. Estas herramientas conceptuales han demostrado ser enormemente productivas en este campo (Keane, 2009), y han hecho posible que la crítica desplace su atención desde el problema de las drogas hacia la construcción de las drogas como problema. En esa dirección, estas herramientas analíticas permitirían visibilizar los modos en que el llamado problema-drogas ha sido problematizado, o si se quiere, pensado. En definitiva, los modos en que este ha devenido en objeto de gobierno.

En ese marco, los resultados aquí expuestos corresponden a la primera fase de una investigación mayor aún en curso. En particular, en este artículo se abordará el siguiente interrogante: ¿Qué significados, usos y sentidos ha adquirido el riesgo en el gobierno de las drogas? Pues bien, para responder dicho interrogante se llevará cabo un análisis documental, tomando como fuente una serie de documentos públicos correspondientes a políticas, planes y estrategias de drogas, elaboradas en el periodo histórico antes indicado.

En cuanto al análisis, siguiendo los preceptos del proyecto genealógico y de los estudios de la gu-bernamentalidad, se optó por un trabajo analítico que nos permitiera no solo describir los regímenes de prácticas, las maneras de conducir las conductas, atendiendo al modo en que estas son programadas, pensadas, calculadas a través de riesgo, sino también conocer los efectos de su desenvolvimiento sobre el propio curso histórico del llamado problema-drogas en Chile posdictatorial.

La emergencia del riesgo en la construcción del problema-drogas en Chile

Al igual que en otros puntos del mundo occidental, fue en la década de los ochenta cuando en Chile comienza a consolidarse una determinada forma de construcción social del problema-drogas, definiéndose sus parámetros básicos. Como otros tantos tópicos de alarma social, logra articular sobre sí un amplio consenso político y social. Obviamente, no se tratará de un fenómeno social emergente, pues como bien ha sido documentado por distintos investigadores, el consumo de sustancias de alteración de la conciencia ha sido secular y tradicional en Chile (Becerra, 2009; Fernández, 2011). Sin embargo, pese a existir antecedentes históricos en torno al problema de las drogas, como por ejemplo en la lucha antialcohólica de las primeras décadas del siglo XX (Fernández, 2005; Labarca, 2008) o respecto a los consumos concupiscentes de sustancias psicoactivas como opio, morfina y cocaína en las grandes urbes en la década de los años 20 y 30 (Fernández, 2011). Lo cierto es que nunca antes el fenómeno drogas fue percibido como una amenaza, de tal forma como para ser definido y abordado como un problema de Estado (Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes [CONACE], 1993).

Hoy, habiendo transcurrido más de dos décadas de la formulación de la Política y Plan Nacional de Prevención y Control de Drogas (CONACE, 1993), si bien se han obtenido importantes logros en la llamada lucha contra las drogas (p. ej., fortalecimiento institucional, aumento de inversión pública, ampliación de la cobertura programática, consolidación de un sistemas de información integrado, etc.), lo cierto es que la sociedad libre de drogas que todos los gobiernos han intentado alcanzar, no solo se ve lejana, sino también imposible de alcanzar. Y es que los propios datos proporcionados por el Gobierno, a través de serie de estudios poblacionales sobre consumos de drogas realizados desde los noventa en adelante, muestran —salvo en el caso de la pasta base de cocaína— una clara tendencia al alza.

Desde el campo de las ciencias sociales, la situación antes descrita ha movilizado fuertes críticas que pueden ser divididas en dos grandes tipos (Guba & Lincoln, 1994): críticas internas o intra-paradigmáticas, generalmente orientadas al mejoramiento y optimización del aparato institucional, técnico y político; y críticas externas o extraparadigmáticas, orientadas a cuestionar las relaciones de poder, particularmente los Estados de dominación asociados al modelo de sociedad libre de drogas con sus respectivos marcos jurídicos abiertamente prohibicionista y sus dispositivos de intervención marcadamente abstencionistas, prototípicos de la guerra contra las drogas impulsadas por los EUA desde 1948 (Catalán, 1997; De Rementería, Ro-maní, & Fresco, 1997; Musalem & Sánchez, 2011). Dentro de esta segunda línea de crítica, existe una variante de corte académico en la cual confluirían una serie restringida de trabajos investigativos, en su mayoría tesis de grados y posgrados (Becerra, 2009; Cabello, 2006; Gonzáles & Schmal, 2001; Sánchez, 2005), en la que los distintos autores, desde paradigmas constructivistas o construccionistas, dirigirán su crítica a los discursos sobre las drogas dominantes (Ibáñez, 1991) y sus efectos de control y sujeción asociados.

En esta última línea, tanto por su consistencia teórico-empírica, así como por sus implicancias epistémico-políticas, adquiere gran relevancia el trabajo de un grupo de investigadores chilenos liderado por el psicólogo comunitario Jaime Alfaro (Alfaro & Monsalve, 2004; Alfaro, Toledo, Sepúlveda, & Monsalve, 1997), cuya tesis central señala que el modelo de análisis con base en el cual se habría estructurado desde su inicio y hasta la actualidad la Política Nacional de Drogas, sería el Modelo de Factores de Riesgo. Dicho modelo habría sido utilizado ampliamente, tanto para el estudio del consumo como para el diseño de programas preventivos, así como para dar fundamento a la actual política de drogas (Alfaro & Monsalve, 2004; Alfaro et al., 1997), lo que se habría traducido en la omisión, negación o lateralización de muchas otras dimensiones relevantes para la comprensión del fenómenos drogas, entre otras, el peso que tiene la grupalidad y los significados en las conductas, y los vínculos de ellos con las identidades individuales y sociales (Alfaro & Monsalve, 2004).

Acompañada de una crítica negativa que se focaliza en las ausencias y releva los efectos de poder, es decir de dominación concomitantes a dichas omisiones, dicha tesis advierte que la entrada en escena del riesgo de la mano del modelo de los factores de riesgo en el horizonte del gobierno de las drogas supondría la concurrencia de una mirada de salud pública al problema, ya que dicho modelo deriva de los modelos clásicos de salud pública (Alfaro & Monsalve, 2004).

Ahora bien, tanto los vacios observados en el saber experto respecto a los riesgos y daños asociados al consumo de drogas así como los múltiples usos que adquiere la noción de riesgos en las Políticas de Drogas, no solo ponen en cuestión la existencia de un modelo unitario de abordaje del riesgo en este campo, sino que también cuestionan el tipo de racionalidad de carácter sanitario que se supone estaría en la base. De hecho, resultará extremadamente significativo que a la hora de objetivar los riesgos y daños asociados al consumo de drogas, las autoridades de gobierno reconozcan que es "un tema pendiente el contar con información sobre las consecuencias sanitarias del consumo de drogas ilícitas" (CONACE, 2011, p. 24) y por el contrario informen cuantiosamente sobre las consecuencias en seguridad pública y las consecuencias económicas. Cabe preguntarse entonces si en la construcción del problema-drogas en Chile ha primado una mirada del riesgo de carácter securitario por sobre una de tipo sanitaria.

Genealogía del riesgo y gubernamentalidad

Desde un punto de vista genealógico, la noción de riesgo, desde los inicios de la modernidad, se encuentra fuertemente acoplada a la cuestión del gobierno de las poblaciones (Castel, 1984; Ewald, 1997) . Por ello mismo, desde una perspectiva político-epistemológica, el riesgo, no solo será una manera moderna de considerar el peligro atribuyéndole una probabilidad en un contexto de incertidumbre, sino que además constituye un dispositivo de gobierno, inscrito en la gramática de la gubernamen-talidad biopolítica (Lorey, 2006). Parafraseando a Foucault (2009), quien afirmará que no hay liberalismo sin cultura del peligro, se podría decir que no hay neoliberalismo sin cultura del riesgo. Si la estimulación del temor al peligro, en cierto modo, fue la condición, el correlato psicológico y cultural interno del liberalismo, el discurso "riesgosista" va a ser su equivalente neoliberal (Sepúlveda, 2011).

Esta forma de entender o conceptualizar el riesgo como un dispositivo de gobierno se distancia significativamente de otros enfoques. Siguiendo a Lupton (1993), Romaní (2010) identifica tres principales enfoques en el campo de las ciencias sociales. En primer lugar, el de la sociedad del riesgo (Beck, 1998) , que lo inscribe en el contexto modernidad avanzada y el proceso de modernización reflexiva (Giddens, 1997). En segundo lugar, el enfoque simbólico-cultural (Douglas & Wildawsky, 1982) según el cual el riesgo es una forma culturalmente dada de responder a aquello que amenaza la cohesión de un grupo, organización o sociedad, sus definiciones de la realidad y formas de mantener el orden social. Una versión revisada de dicho enfoque pondrá énfasis en la construcción social del riesgo a partir de criterios culturales, morales y políticos. En tercer lugar, el enfoque socioconstruccionista posfoucaultiano, en el que la "gestión de riesgos" se sitúa en el marco de la gubernamentalidad (Romaní, 2010). Esta última perspectiva, a la cual adscribimos, analiza el riesgo en relación con el ejercicio del poder, relación que, en el caso del capitalismo avanzado, se estrecha al punto que puede afirmarse cierta "afinidad" entre esta racionalidad política (neoliberalismo) y las tecnologías actuariales de gobierno (gestión de riesgos) (O'Malley, 2006).

Desde el enfoque de la gubernamentalidad, autores como Françoise Ewald (1997) sostienen que nada es un riesgo en sí mismo. Por lo tanto, no sería de interés investigar la naturaleza del riesgo en sí, sino más bien las formas de conocimiento, los discursos dominantes y las técnicas de los expertos e instituciones que utilizan y les sirven para hacer del riesgo algo calculable y cognoscible. Ciertamente, desde esta perspectiva los riesgos no son considerados como intrínsecamente reales, sino como una modalidad particular en que los problemas son visualizados, imaginados y enfrentados. Lo que es específico del riesgo es que se trata de una técnica estadística y probabilística, a través de la cual grandes cantidades de eventos son clasificados en una distribución, que a su vez es utilizada como un medio para hacer predicciones probabilísticas. No se trata de evaluar entonces si estos procedimientos basados en el riesgo son exactos o justos, sino más bien analizar cuáles son las características específicas de esta modalidad de gobierno de eventos futuros e inciertos. En definitiva, como señala Ian Hacking (2001), se trata de una racionalidad de gobierno posibilitada por el desarrollo del conocimiento estadístico y los cálculos de probabilidad desplegada a partir del siglo XVIII; momento en el que "el poder descubre el cálculo de riesgos, es decir, la prevención de peligros con base a la distribución de su probabilidad" (San Martín, 2009, p. 52).

El riesgo en el gobierno de las drogas

Existe una larga historia que ha considerado a los usuarios de drogas como una amenaza o peligro, al menos desde el siglo XVIII. Ahora bien, desde 1960 estas concepciones empiezan a mutar de una manera sutil pero significativa (Seddon, 2011). La idea de peligro (una característica de los individuos) es reemplazada por la de riesgo (una serie de factores que se aplican a través de la población). Así por ejemplo, en el caso de Reino Unido, el primer atisbo de este cambio en la política británica aparece en 1965, con la publicación del segundo reporte del Comité Interdepartamental sobre la Adicción de Drogas, en el cual se describía a la adicción como una "enfermedad social contagiosa" y hacía las recomendaciones para el monitoreo, vigilancia y restricción del "problema" (Seddon, 2011). Este hecho habría constituido un marcador inicial del nacimiento de una nueva orientación hacia el fenómeno de las drogas, en donde comenzará a abordarse el consumo en relación con la administración del riesgo en la población. Desde aquí, aparece la noción de riesgo como un principio organizador clave en este campo, reflejando el nacimiento del concepto de riesgo dentro de las formas neoliberales de gubernamentalidad (Seddon, 2011). Dicho análisis converge con los trabajos realizados en Francia por Robert Castel (1984) durante la década de los 70 y 80, que darán cuenta del desplazamiento experimentado por la sociedades europeas hacia un orden posdisciplinario, desplazamiento que se habría producido —en parte— cuando se autonomizó la noción de riesgo respecto a la de peligro.

Más recientemente, Cameron Duff (2004, 2010), tras analizar y comparar las bases conceptuales de las políticas de drogas con relación al riesgo en Australia, Reino Unido y otros países centroeuropeos, va a constatar que tanto el análisis como la gestión de riesgos asociada al consumo de drogas ilícitas habría estado dominada en los últimos años por lo que el mismo autor llamará "ciencia de la prevención". Esta "ciencia" referiría a un "campo emergente" que busca desarrollar bases científicas para dar soporte a las estrategias específicas de prevención de los problemas relacionados al uso de drogas. Con tal propósito, basándose en la información de expertos en farmacología, neurotoxicología, medicina psiquiátrica y ciencias de la salud, "la ciencia de la prevención" identifica una serie de riesgos "cuantificables" para la salud individual y el "bienestar psicológico" relacionados con el consumo de sustancias ilícitas. Según Duff (2010), lo anterior habría significado la introducción de una amplia gama de sofisticados métodos científicos provenientes de las ciencias de la salud y la epidemiología, cuestión que habría medicalizado aún más los debates sobre políticas de drogas en los últimos años. Especial relevancia en este proceso de medicalización habría tenido el movimiento hacia "la práctica basada en la evidencia científica", conforme a la cual, todas las políticas y estrategias de drogas requieren demostrar evidencias claras de eficacia y sostenibilidad para una puesta en marcha segura. Por supuesto, lo que cuenta como evidencia y cómo se recoge está lejos de ser debatido. Aún así, dicho movimiento seguiría expandiéndose, llegando a constituirse en "la voz autorizada" en el campo de la prevención en general, y en el de la prevención del consumo de drogas en particular. Incluso, habría llegado a ser un referente indiscutible tanto para aquellos que abogan por una sociedad libre de drogas como para aquellos que abogan por una política no maximalista tendiente a la normalización de los usos de drogas (como por ejemplo aquellos que adscriben al enfoque de Reducción de Daños).

Coincidiendo con otros autores (Kelly, 2005; Sharland, 2006) Duff (2010) advertirá también, que en los discursos expertos de la "ciencia de la prevención" el uso de drogas generalmente es caracterizado como una práctica de alto riesgo, de tal forma que lidera un amplio espectro de daños sociales, políticos e individuales. Esta evaluación habría sido aplicada a toda la gama de experiencias de uso de drogas, desde los usos regulares o dependientes hasta los experimentales, ocasionales y los llamados usos recreativos. Se trata de una caracterización del riesgo como real, objetivable, verificable y relacionado causalmente a daños específicos. Si bien esta caracterización del riesgo, en principio, estaría basada en lo informado por un grupo reducido de "expertos" profesionales y científicos (por ejemplo comisiones de expertos), de forma creciente y progresiva ha ido ganando terreno en el campo de las drogas, llegando a constituirse en una perspectiva hegemónica tanto en la producción de conocimiento como en su gestión política.

Esta forma de construir el riesgo habría allanado el camino para que los motivos por los cuales las personas usan drogas sean representados como fenómenos gatillados por una falta de conocimiento por parte de los sujetos, eventualmente capaces de tener agencia, ya que las opciones racionales estarían a su alcance. De esta manera, los problemas de drogas serán relacionados a una cierta categoría de personas, particularmente jóvenes con desventajas socioeconómicas, situadas en comunidades remotas o en situación de calle. Estos grupos de personas constituyen grupos vulnerables que necesitan ayuda o intervención (objetos de intervención). Cabe destacar que la vulnerabilidad será calculada de acuerdo a la presencia de factores de riesgo y factores protectores relacionados con el uso de drogas, como por ejemplo, situación desempleo, pobreza, desestructuración familiar, estrés psicosocial, etc., lo que no solo tendría impactos en la salud, sino que también contribuiría al riesgo de criminalidad (Lancaster & Ritter, 2014).

Encuadre metodológico

La investigación en la cual se basa el presente artículo tuvo por objetivo conocer las racionalidades políticas, técnicas y tecnologías de gobierno, desplegadas en torno al consumo drogas y sus problemas asociados, en el Chile posdictatorial. Para ello, se utilizó una metodología cualitativa de investigación, la cual forma parte de una importante tradición investigativa en las ciencias sociales. Como bien es sabido, más que un corpus teórico-metodológico definido y jerarquizado en sus procedimientos técnicos, esta tradición se basa en la consideración holística de los antecedentes empíricos y en la comprensión de los mundos particulares que rodean los fenómenos sociales estudiados. En particular, en este texto se exponen resultados parciales de la primera fase de investigación, la cual ha sido sustentada en el análisis documental, concretamente, en el análisis de documentos públicos. Lo anterior, por cuanto entendemos que los llamados documentos públicos (Smith et al., 2009) son textos distintivos que encuadran la naturaleza de los problemas de las políticas, moldean las fronteras de posibles respuestas y actúan como puntos de referencia para una amplia variedad de actores en la justificación de sus acciones subsecuentes.

En cuanto a las fuentes utilizadas para el análisis, estas refieren al conjunto de documentos de dominio público, relacionados con las prácticas de gobierno desplegadas en torno al consumo de drogas y sus problemas asociados en Chile, correspondientes al periodo 1990-2013. En ese marco, fue seleccionada para su análisis una serie de documentos públicos correspondientes a políticas, planes y estrategias nacionales sobre drogas, elaborada durante dicho periodo. De este modo, el corpus discursivo-textual sometido a análisis quedó conformado por lo siguientes documentos: Política y Plan Nacional de Prevención y Control de Drogas (CONACE, 1993); Estrategia Nacional sobre Drogas 2003-2008 (CONACE, 2003), Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2018 (CONACE, 2009) y Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol 2011-2014 (CONACE, 2011).

Finalmente, el material documental fue analizado conforme al proceder genealógico característico de una analítica de la gubernamentali-dad, el cual aproxima el análisis de las prácticas discursivas al diálogo con una problematología histórica (Haidar, 2007), desplegándose en un doble movimiento. Por un lado, se focalizó de forma simultánea en el análisis de las racionalidades políticas y tecnologías de gobierno asociadas al riesgo, en un movimiento continuo de ida y vuelta, bajo el supuesto de su mutua constitución y determinación (De Marinis, 1999). Y por otro lado, se focalizó —aunque en menor medida— en las formas de subjetivación implicadas en el gobierno de sí, bajo el supuesto de que el riesgo funge como dispositivo de gobierno.

Resultados

El análisis de los documentos institucionales antes señalados ha permitido reconstruir el proceso mediante el cual el riesgo, como tecnología y como racionalidad, ha sido incorporado al discurso gubernamental de las drogas. En esa dirección ha sido posible reconocer cuatro momentos o fases configurativas: un primer momento de amenaza y peligrosidad; un segundo momento, heterotópico; un tercer momento de hiperfocalización y finalmente, un cuarto momento de regulación.

Amenaza y peligrosidad

Esta primera fase se caracteriza por situar las significaciones del riesgo en el campo de las drogas como una externalidad, es decir, como una amenaza polimorfa. Efectivamente, ante la ausencia de procesos de mediación tendientes a su objetivación, dicha amenaza se potencia como un dispositivo generador de miedos sociales difusos. En ese marco, la significación del riesgo se acoplará tempranamente a la de peligro, cuestión que permanecerá presente de forma residual hasta la última formulación de la estrategia nacional correspondiente al periodo 2011-2014. Lo anterior puede observarse en el siguiente fragmento.

La relación de la drogadicción con el bajo rendimiento y la deserción escolar, con el ausentismo y los accidentes laborales, con la delincuencia y la violencia en general, y con el tráfico de drogas y la corrupción de personas e instituciones, hace que la recuperación de los afectados interese e involucre el esfuerzo de toda la sociedad, ya que es ésta en su conjunto la que está siendo afectada. (CONACE, 1993, p. 45)

Pues bien, si en el uso convencional, el riesgo es definido en términos de la probabilidad de que ocurran sucesos o consecuencias indeseables, en esta temprana ecuación riesgo-peligro (daño), el riesgo surge como resultado de la eliminación de la chance —la contingencia— ya que se afirma que el uso de drogas, invariablemente, produce diversos daños y por tanto es un peligro debido a la propia naturaleza del objeto en cuestión. En consecuencia, no hay riesgo de daño, el daño es un resultado cierto a corto, mediano o largo plazo (Duff, 2010). Al respecto, tomemos como ejemplo lo planteado en la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2018:

(...) el uso de marihuana está relacionado con bajo rendimiento y desapego escolar, problemas en la relación con los padres o indisciplina y disposiciones hacia la agresión. Muchos de estos problemas pueden ser antecedentes del uso de drogas, pero también en numerosas oportunidades las drogas aceleran y vuelven a veces irreversibles estos daños. (CONACE, 2009, p. 8)

A su vez la noción de peligrosidad se articula a partir de dos ejes de significación. Por un lado, en torno a la idea de peligrosidad social, en tanto funciona como metáfora de la monstruosidad social asociada al sujeto adicto, él que amenaza con disolver el orden social (seguridad púbica) y moral (anomia). Así se describe en la misma fuente anteriormente citada:

(...) el 36% de las personas que actualmente cursan una condena en la cárcel han cometido un delito relacionado con drogas, mientras que entre infractores adolescentes esta cifra desciende al 20%. La probabilidad de que el abuso de drogas sea un motivo poderoso para delinquir o permanecer dentro de los marcos de una carrera delictiva es algo que debe ser tomado seriamente en cuenta. (CONACE, 2009, p. 10)

Por otro lado, se articula en torno a la peligrosidad tóxica atribuida al propio objeto o fármaco, el cual sería capaz de arrebatar a los individuos el gobierno de las almas. En el entrecruzamiento de ambos ejes de significación, se sitúa la cuestión de la amenaza, potenciándose su capacidad para producir miedos sociales difusos. Esto se evidencia en la Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol 2011-2014:

El consumo de marihuana y de alcohol en edades tempranas ha sido identificado como la puerta de entrada hacia otras drogas más complejas que producen mayor nivel de adicción, trayectorias de consumos más largas y problemáticas y consecuencias sociales más adversas (...) El consumo de riesgo de alcohol resulta problemático, principalmente por las consecuencias sociales y sanitarias derivadas de éste, y en particular por su directa relación con la comisión de delitos de mayor connotación social, entre los cuales destacan agresiones, accidentes de tránsito, enfermedades y discapacidades. (CONACE, 2011, p. 13)

Heterotópico

El gobierno de las drogas en Chile, o mejor, las políticas de drogas, en sus inicios otorgan un lugar periférico a la cuestión del riesgo. Sin embargo, las pocas referencias a este serán significativas por cuanto revelan la temprana emergencia de un concepto que, lejos de perpetuarse en los márgenes, en las décadas siguientes llegará a ser central. No solo eso, sino que además desde su temprana aplicación adquiere un estatus tecnológico y epistémico que perdurará hasta nuestro días. En efecto, en términos tecnológicos, el riesgo será utilizado como un dispositivo que permitirá categorizar a individuos o grupos de individuos, diferenciándolos entre "sujetos en riesgo" y "sujetos de riesgo"; es decir, diferenciar aquellos que se encuentran expuestos de aquellos que nos exponen. Por cierto, la palabra tecnología alude aquí a un conjunto de procedimientos que tiene como fin moldear las conductas de individuos y poblaciones y que tendrán como sustento el conocimiento provisto por la estadística, las ciencias sociales y epidemiología (Murillo, 2010). En este sentido, el riesgo devendrá tempranamente en un dispositivo topológico de inscripción diferencial de dichos grupos, identificando, sopesando, o mejor dicho, graduando áreas (zonas) de riesgo, tal como se muestra en el siguiente fragmento tomado del documento público correspondiente a la Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol 2011-2014:

Algo similar ocurre con el uso de drogas ilícitas: las estimaciones de dependencia para marihuana, por ejemplo, alcanzan a alrededor del 27% en el nivel socio-económico bajo, mientras que en el alto se obtienen registros de sólo 19%. En los casos de cocaína y, sobre todo de pasta base, los niveles de dependencia son similares en los distintos niveles socio-económicos, pero las prevalencias de ambas drogas son más altas en los estratos más pobres. (CONACE, 2011, p. 25)

De otro lado, en términos epistemológicos, esta segunda entrada en escena del riesgo de la mano del modelo de los factores de riesgo, el cual supone que las conductas problemáticas son el resultado probabilístico de múltiples factores que interactúan entre sí, aumentando o disminuyendo el riesgo de los individuos. Así lo retrata nuevamente la fuente anteriormente citada:

La evidencia demuestra que muchos factores protectores y de riesgo asociados al consumo de drogas en niños y adolescentes también son buenos predictores de otras conductas que se desarrollan en estos grupos de edad, como consumo de alcohol, violencia y deserción escolar. (CONACE, 2011, p. 34)

Dicho modelo, como toda formalización positivista, tendría ciertas características definitorias: vaciamiento de contenido histórico y reificación de los factores; ausencia de explicación de los procesos generativos y reduccionismo probabilístico; aplanamiento ontológico, metodológico y praxiológico y ambigüedad interpretativa (Breilh, 2003). Este modelo constituiría un dispositivo estratégico del causalismo positivista orientado a la instrumenta-lización de programas de salud ligados a la gubernamentalidad neoliberal.

Hiperfocalización

En un tercer momento o tercera fase, la cuestión del riesgo va a adquirir una posición central, constituyéndose en una tecnología de gobierno cuya performance se mostrará acorde con un nuevo tipo de racionalidad política en el campo de las drogas, en la cual el vocablo estrategia —arte de dirigir un asunto para lograr el objetivo deseado— será fundamental. Ahora bien, los usos antes descritos —hete-rotópico y factorización del riesgo— no solo tendrán continuidad en esta fase, sino que además sumarán mayor complejidad tanto en su formulación conceptual como en su aplicación técnica. Así, por ejemplo, las prácticas divisorias instituidas mediante la estimación diferencial del riesgo —población en y de riesgo— y sus operaciones de geolocalización topológica —áreas de bajo y alto riesgo— serán el suelo tecno-político sobre el cual se va articular una suerte geopolítica del riesgo. Veamos cómo lo anterior se expresa en la Estrategia Nacional sobre Drogas 2003-2008:

Esta realidad exige generar iniciativas para identificar esta población problemática y motivarla e involucrarla en programas preventivos pertinentes a su entorno que faciliten su proceso de inserción social y fortalezcan sus recursos personales y sociales para evitar el consumo de drogas (...). Lo anterior supone focalizar la acción preventiva en niños y niñas de la calle infractores de ley; en niños, niñas y jóvenes desertores del sistema escolar, en jóvenes desempleados y en población penal, entre otras poblaciones de riesgo. (CONACE, 2003, p. 32)

Conforme a esta, si los individuos eligen ignorar los riesgos, se estarán poniendo ellos mismos en peligro de enfermar y morir, lo cual los alejará de todo rol útil en la sociedad, transformándose en una carga para el sistema de protección social. De otro lado, aquellos individuos que exponen directamente a otros al daño, significarán un riesgo potencial para la comunidad, lo cual merecerá su control (Lupton, 1993). Así se ejemplifica a continuación:

La drogadicción tiene muy serias consecuencias para la convivencia social y el bienestar de las personas; más aún, afecta directamente las bases culturales, económicas y políticas de la sociedad. Sólo una acción vigorosa y prolongada en el tiempo, que coordine eficazmente todos los organismos e instituciones públicas y privadas relacionados con este flagelo y contemple todos los aspectos involucrados en el tráfico y el consumo, nos permitirá revertir la tendencia al aumento de este mal y lograr así la construcción de una sociedad sana para el futuro. (CONACE, 1993, p. 8)

En consecuencia, dentro de esta retórica del riesgo, se producirá una elisión entre las agendas de cuidado y las de control. En efecto, por este camino se llegará a la definición de determinadas poblaciones como riesgosas, ya no solo para sí mismas, sino que para "otros", siendo estas objeto de vigilancia, control y castigo, más que de soporte. Ahora bien, la distinción entre aquellos merecedores de apoyo y aquellos a los que se asegura corrección nunca será del todo nítida y menos explicitada. Así lo describe el siguiente pasaje tomado de la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2018:

El Estado cumplirá con su responsabilidad de poner los medios necesarios que contempla la ley, la justicia y el orden social para salvaguardar la seguridad ciudadana en un adecuado y no siempre fácil equilibrio, respetando las libertades individuales, procurando desalentar y reorientar a las personas con dependencia a drogas, y evitando que los mecanismos para incrementar el control del tráfico afecten las libertades y derechos de terceros. (CONACE, 2009, p. 20).

Por otro lado, el riesgo comienza a perfilarse como una cuestión indisociable al desarrollo psi-cosocial de los adolescentes y jóvenes y en menor medida asociada a las condiciones de vida de los mismos (vulnerabilidad). Si bien dentro de una variedad amplia de disciplinas existe una gran riqueza de discusiones teóricas e investigaciones sobre jóvenes y riesgo, surgirá una mirada hege-mónica que tenderá a construir una imagen de la gente joven como una población riesgosa por definición, en virtud del mundo contemporáneo en el que vive.

En efecto, como bien es sabido, históricamente los discursos públicos han utilizado a los jóvenes como barómetro de enfermedades sociales, pues parecen representar —para el mundo adulto— una amenaza que es tomada como indicador del declive moral de la sociedad (Sharland, 2006). En ese horizonte, las narrativas del riesgo ofrecerán simultáneamente la promesa, la justificación y las técnicas para regular el comportamiento de los jóvenes, la disposición y los futuros deseables. Desde esta perspectiva, el discurso del riesgo y los jóvenes en el campo de las drogas delineará una heterotopía de las drogas, articulada a través de dos ficciones fuertemente entrelazadas; por un lado, una ficción de anomalía, simbolizada en la figura del joven angustiado o consumidor de pasta base de cocaína, el toxicómano por excelencia prototípico de la década de 1980; por otro lado, una ficción de la norma encarnada en el joven prudente u homo prudens, el hombre del riesgo cero (Garland, 2005), prototípico de las sociedades liberales conformadas por sujetos capaces de autorregularse, representada en algunos casos por el usuario recreativo de cánnabis. De esta forma, se muestra en la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2018:

Es por tanto necesario generar alternativas de prevención indicada de acuerdo a las características de las poblaciones de jóvenes y los contextos en que ellos se desenvuelven. Es necesario privilegiar a los sectores más postergados donde la vulnerabilidad a las drogas es mayor por la escasez de factores protectores y por la segregación territorial. Las estadísticas son concluyentes al identificar como grupo más vulnerable a la población joven, de escasos ingresos y poco integrada a circuitos de promoción social o de reconocimiento institucional. (CONACE, 2009, p. 31)

Esta última figura representa la conjunción de una racionalidad neoliberal y una racionalidad del riesgo: un individuo activo que se autorrealiza intentando que sean de calidad cada una de sus decisiones. Un individuo que se hace responsable, no como ciudadano ni a través de las relaciones de mutua interdependencia, sino al cuidado de sí mismo, privatizando la gestión de su proyecto de vida (Ampudia de Haro, 2006).

Regulación

Finalmente, en un cuarto momento, las tendencias descritas en las tres fases anteriores tienden a profundizarse, observándose una clara consolidación del riesgo como dispositivo de gobierno. Así pues, y siguiendo a Foucault, se puede decir que los dispositivos consisten en una serie de prácticas y discursos, de saberes y de ejercicios dirigidos a crear cuerpos dóciles, pero, a su vez, cuerpos libres. De esta forma, los sujetos lograrían asumir su identidad y su libertad en el proceso mismo de su sometimiento. Efectivamente, el riesgo en tanto tecnología será el eje articulador en torno al cual se organizará el know-how de gobierno en el campo de las drogas. Del mismo modo, su racionalidad política profundizará aún más su carácter poswelfarista, adquiriendo, de ahora en más, el semblante inconfundible de una racionalidad neoliberal hiperfocalizada, emergiendo dos nuevas aplicaciones del riesgo en tanto tecnología de gobierno. Por ejemplo, veamos lo expuesto en la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2018:

La prevención escolar busca inhibir y retrasar el consumo de drogas reforzando la percepción de riesgo y la desaprobación del uso de drogas, modificando la percepción muchas veces equivocada de la naturaleza y alcance que tienen las drogas y generando capacidades para resistir la presión del medio —principalmente del grupo de pares— que favorece el uso de drogas. (CONACE, 2009, p. 28)

En primer lugar, el riesgo deja de ser una categoría discreta que permite establecer diferencias en términos absolutos entre quienes se encuentran en riesgo y quienes no, sin establecer ninguna continuidad ni punto intermedio entre ambas posiciones (valores). Ahora, el riesgo adquiere un valor relativo en tanto sus variables son continuas, pudiendo establecerse valoraciones de distintos niveles de riesgo. La dicotomía del riesgo como categoría discreta, será reemplazada por una representación procesual de la salud(abstinencia)/enfermedad (toxicomanía), introduciendo en su problematización una racionalidad de gobierno sustentada en una economía política de continuos y heterogeneidades, y por tanto, susceptible de (auto)regular de forma segmentada (selectiva, indicada, etc.) y focalizada (grupos de riesgo, poblaciones vulnerables, etc.). Dicho de otro modo, susceptible de gobernar mediante políticas de gestión diferencial (Castel, 1984). Este tipo de aproximación o abordaje del riesgo (risk approach) pretenderá maximizar la utilización de los recursos públicos para la prestación de servicios, identificando para ello las personas en mayor riesgo, de modo de poder prestarles atención específica oportunamente. El siguiente párrafo de la Política y Plan Nacional de Prevención y Control de Drogas de 1993 ejemplifica esto último:

Contribuir a la prevención del consumo indebido de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, evaluando las tendencias de su uso y promoviendo el desarrollo de programas preventivos, especialmente dirigidos a los sectores de más alto riesgo (...) Definir y ejecutar una política de tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por la drogadicción, procurando la activa participación de la comunidad. (CONACE, 1993, p. 14)

En segundo lugar, en esta fase adquiere centra-lidad la cuestión de la percepción del riesgo. Cabe recordar que para algunos autores (Kelly, 2005; Portell, Riba, & Bayés, 1997), el riesgo comprende dos elementos clave: determinantes objetivos, como probabilidad de un resultado negativo dada una cierta acción dentro de un contexto dado y determinantes subjetivos, en tanto amenazas de peligro sentidas o percibidas dada cierta acción (Luhmann citado en Kelly, 2005). Por lo general, los mismos autores que sostienen esta suerte de "doble naturaleza" del riesgo son conscientes de las limitaciones que tiene este tipo de planteamiento. Ahora, si bien esta suerte de doble naturaleza del riesgo se ha ido orientando en favor de su dimensión subjetiva, la discusión no ha sido del todo zanjada. De hecho, gran parte de las teorías sociales sobre el riesgo, si bien ponen un fuerte énfasis en sus dimensiones subjetivas, a la hora de ser aplicadas al estudio del riesgo, van a ser traducidas como procesos propios de la cognición social, tal como vemos en el siguiente apartado:

El objetivo de este sistema es aumentar la percepción de los riesgos que conlleva el consumo de drogas y alcohol, y evitar que los estudiantes desarrollen conductas de riesgo asociadas que generalmente derivan en violencia, infracciones a la ley, problemas de salud mental y física y deserción escolar (...) donde los énfasis transitan desde un foco de atención en la conducta-problema, hacia una apuesta por el desarrollo de habilidades, saberes y actitudes dirigidos a fortalecer los factores protectores, y reducir de ese modo los factores de riesgo en la población escolar. (CONACE, 2011, p. 14)

Consideraciones finales

Para finalizar, quisiéramos dejar planteada dos consideraciones generales a modo de reflexiones en curso, o quizás pequeñas provocaciones para futuras investigaciones. En primer lugar, señalar que las cuatro fases o momentos descritos, lejos de sucederse uno a otro de forma lineal, se acoplan entre sí, conformando una red compleja; una madeja de elementos heterogéneos que harán no solo inteligible el riesgo en el campo de las drogas, sino que actuarán como su condición de posibilidad para que este se constituya en un dispositivo de gobierno.

Esta constitución heterogénea pondrá en cuestión la idea sugerida por algunos autores (Alfaro et al., 1997), en relación con la existencia de cierto acoplamiento jerarquizado entre racionalidad, tecnología y efecto político. En efecto, la heterogeneidad cuestiona la idea de una correspondencia entre un tipo de saber, en este caso un saber médico hegemónico (Modelo clásico de salud pública), un modo de aproximación al riesgo, es decir una tecnología (Modelo de los factores de riesgo) y unos efectos de poder tendientes a la dominación de las poblaciones. En este sentido, también pone en cuestión la idea de que el gobierno centrado en el riesgo pudiera ser imaginado como una unidad, y convoca a pensarlo como un arco heterogéneo de prácticas con diversos efectos y aplicaciones. De ahí que los resultados de la presente investigación sean concordantes con los planteamientos de Pat O'Malley (2007) cuando afirma que el riesgo se comporta como una tecnología abstracta, siempre modelada y resultante de racionalidades sociales y políticas y del medio ambiente en que opera.

En efecto, el riesgo puede adquirir una amplia diversidad de formas que expresan los propósitos para los que es usado. Como bien señala O'Malley (2007), el riesgo no es nunca tecnológicamente neutral. Es siempre una forma de gobernar moralizada, por lo que sus bases morales específicas deben ser siempre explicitadas. El problema es que las prácticas discursivas articuladas en torno al riesgo suelen operar con un lenguaje burocrático, experto y gerencial, obturando su dimensión moral. De esta manera, dichas prácticas generalmente introducen una fuerte dosis de opacidad, dificultando su análisis, pues siendo una construcción primordialmente socio-histórica suele concebírsele en términos a-históricos.

En este sentido, convergemos con Lupton (1993), cuando advierte que la idea de riesgo tiende a exhibir la representación de un espacio social reducido, en la medida en que transporta un habla despolitizada, esto es, en el sentido de la construcción de imágenes naturalizadas de las conductas y de la realidad social en general. Más aún, cuando este opera en un campo densamente codificado como lo es el de las drogas, cuya historia moderna ha sido urdida entre figuras clínicas —patológicas y jurídico-criminales— Razón por la cual creemos que una analítica gubernamental del riesgo debería poner especial atención al campo histórico-discursivo, ocupándose de la episteme, de las condiciones históricas de posibilidad del saber en torno a las drogas.

En segundo lugar, en la línea de lo hasta ahora expuesto, Mary Jane Spink y Vera Menegon (2006) reconocen en el lenguaje de los riesgos la convergencia y coexistencia de tres tradiciones discursivas. Una primera relacionada con el gobierno de colectivos cuya metáfora más utilizada será estar en riesgo. Una segunda tradición relacionada con la disciplinarización de la vida privada vinculada a la moral preventiva cuya metáfora será correr riesgos. Una tercera, heredera del positivismo de la aventura, vinculada a la economía y los deportes, cuya metáfora será correr el riesgo deseado. De acuerdo a esta investigación, a estas tres tradiciones descritas habría que añadir una cuarta relacionada con la monstruosidad social y el control de la población excedentaria cuya metáfora sería ser de riesgo.

Cuatro metáforas posicionales que nos indican que la construcción del lenguaje de los riesgos, desde que este se volvió objeto de gestión, se expresa de forma diferenciada dependiendo de los distintos contextos en los que dicho discurso se articula, de los sujetos a los que refiere y de las sustancias en torno a las cuales opera (pre-texto). Aquí la trilogía "sujetos, contexto y drogas" modula su producción, segmenta su circulación y media su recepción. En este sentido, el uso político diferencial de las distintas metáforas propuestas para cada una de las tradiciones discursivas, traza una heterotopía del riesgo, en tanto permite categorizar, como práctica divisoria, a los individuos o grupos, distinguiendo entre "aquellos en riesgo" de "aquellos de riesgo"; es decir, diferenciando aquellos que se encuentran expuestos de aquellos que "nos exponen".

Lo anterior nos hace pensar que el análisis genealógico de las prácticas divisorias trazadas a propósito de una heterotopía del riesgo, en tanto dispositivo de gobierno, requeriría de una categoría complementaria que permitiera entender cómo se articula dicha diferencia. Más aún, cuando no se trata de cualquier diferencia, sino de una diferencia colonial, en tanto esta consiste en clasificar grupos de personas o poblaciones e identificarlos en sus faltas o excesos, que marcan la diferencia y la inferioridad con respecto a quien clasifica. Y es que sin lugar a dudas la heterotopía del riesgo se haya "enclasada". Más aún, cada metáfora tiene color de piel. De ahí la necesidad de avanzar hacia una genealogía decolonial del riesgo que nos permita hacer inteligible los efectos de la colonialidad del poder operando sus formas de gobierno.

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