El cambio de milenio ha sido un período caracterizado por la presencia del enfoque comunitario en las políticas públicas chilenas, traducido en el surgimiento de modelos y técnicas propias de la subdisciplina en los dispositivos de intervención de algunos programas (^{Krause, Jaramillo, Monreal, Carvacho, & Torres, 2011}). Si bien la inserción de la psicología comunitaria (PC) al campo de las políticas sociales ha permitido su consolidación profesional y académica, las condiciones en que ello ha ocurrido han delineado nuevos desafíos y límites para la generación de prácticas comunitarias, que es necesario analizar. En el contexto latinoamericano, reportes previos han destacado que el aumento de proyectos de intervención comunitaria, por ejemplo, en Brasil, no tiene un impacto directo en el fortalecimiento del compromiso político de los psicólogos sociales, ni ha aumentado la participación de las comunidades involucradas, como señala ^{Fátima Quintal de Freitas (2000)}. Por su parte, ^{Wiesenfeld (2014)} analiza el impacto de la participación en los procesos emprendidos en los últimos años en Venezuela, de lo que concluye que si bien se mejoran condiciones de vida, no las transforman ni logran superar temas centrales.

En Chile, este problema se agudiza, ya que la instalación del sistema económico neoliberal ha permeado el diseño y ejecución de la política pública, acentuando ciertas condiciones y generando efectos: disminuye el rol del Estado (función subsidiaria), se liberaliza el mercado en el marco de una economía orientada a la exportación, el comercio internacional y al mercado de capitales, transformando el mercado de trabajo, los principios de protección social y los servicios públicos (^{Arteaga & Martuccelli, 2012}). Particularmente, en el ámbito de la política social, disminuyen los principios de cobertura universalista, y aumentan programas específicos orientados a la superación de la pobreza, diseñados para no inducir dependencia asistencialista (^{Instituto de Políticas Públicas Expansivas-UDP, 2009}; ^{Molina, 2006}).

La revisión de la literatura especializada producida en las últimas dos décadas muestra un amplio consenso respecto a que la expansión y consolidación de la PC chilena se encuentra vinculada a la expansión de políticas públicas en el país (^{Alfaro & Zambrano, 2009}; ^{Berroeta, Hatibovic, & Asún, 2012}; ^{Alfaro, 2013}; ^{Berroeta, 2014}). Desde esta perspectiva, se postula que el modelo neoliberal chileno se constituye en un sello que delimita y, al mismo tiempo, sostiene las prácticas de la PC en el contexto actual (^{Reyes-Espejo, Olivares, Berroeta, & Winkler, 2015}; ^{Olivares & Reyes-Espejo, 2016}).

Diversos autores han referido las tensiones producidas por el modelo neoliberal. Es así, como ^{Nelson (2013, p. 213)} plantea que “… muchos de los problemas sociales con los cuales la psicología comunitaria trabaja, han sido exacerbados por las políticas neoliberales”. En un contexto en que el Estado evita hacerse cargo del gasto social y de crear condiciones para el desarrollo y bienestar ciudadano, los grupos sociales deben encargarse de las responsabilidades que le corresponden a los gobiernos de turno, lo que se muestra consistente con los resultados de investigaciones recientes en diversas latitudes (^{Harvey, 2005}; ^{Prasad, 2006}; ^{Schram, Soss, Houser, & Fording, 2010}; ^{Hasenfeld & Garrow, 2012}; ^{De la Maza, 2011}; ^{Brady, Schoeneman, & Sawyer, 2014}; ^{Ortiz, 2014}; ^{Fuenmayor, 2014}).

Así, también la gestión pública basada en la descentralización y privatización de los servicios ha repercutido fuertemente en el tercer sector, coaccionando su potencial crítico y cuestionador del Estado, y convirtiéndolo en un “cliente-consumidor” más, sometido a los principios del mercado (^{Hasenfeld & Garrow, 2012}). De acuerdo con ^{Brady et al. (2014)}, el sistema neoliberal ha impactado en la organización comunitaria a través de tres tendencias: 1) la promoción de una práctica basada en la evidencia como un proceso dominante para guiar la acción profesional; 2) la atención disminuida y la tergiversación de los movimientos sociales en el contexto teórico-práctico de la educación de las comunidades, y 3) la creciente profesionalización de la organización comunitaria. En este contexto, esta última ha tendido a “depender” fuertemente de prácticas tecnocientíficas, centradas en formas “objetivas” de conocimiento, que se traducen en intervenciones de corte positivista/cuantitativo, que tienden a mantener el statu quo a través de la promoción de reformas menores que fortalecen el individualismo neoliberal.

Dado el contexto reseñado, elaboramos un proyecto de investigación (FONDECYT nº 1130638), ejecutado en los años 2013 al 2015, en el que los objetivos principales estuvieron orientados a identificar las dimensiones ontológica, epistemológica, metodológica, ética y política en un conjunto de programas comunitarios y en la formación en PC de un subconjunto de universidades chilenas. Como resultado de dicha indagación, y a partir del material producido, hemos decantado una etapa final, con el objetivo de centrar el análisis en los derechos de las comunidades.

En una primera etapa, la revisión de 101 programas y proyectos pertenecientes a 10 ministerios chilenos durante el año 2013 mostró una franca ausencia, omisión o exclusión de conceptos, principios, valores y prácticas coincidentes con los principios inspiradores de la PC (^{Reyes-Espejo et al., 2015}). Tales resultados fueron coincidentes con los estudios reportados en otros países, lo que demostró que uno de los principales focos de tensión radica en la verticalidad de la relación que establece la política pública con las comunidades intervenidas (^{Montero, 2010}; ^{Rodríguez, 2009}; ^{Hasenfeld & Garrow, 2012}; ^{Brady et al., 2014}).

En una segunda etapa, indagamos los mismos aspectos a partir de la revisión de 60 mallas curriculares y una posterior selección de 10 programas (sílabos) de la asignatura de PC, de distintas universidades del país, y encontramos que la dimensión mayoritariamente presente en los programas revisados corresponde a la metodológica, pero que se reduce a indicadores muy acotados, tales como asumir un abordaje colectivo de las problemáticas, una distinción de métodos arriba-abajo y abajo-arriba, y una revisión de técnicas participativas a nivel muy general (^{Olivares, Reyes-Espejo, Berroeta, & Winkler, 2016}).

En este artículo, reportamos los resultados de una tercera etapa, producto de los hallazgos de las dos primeras fases, donde observamos una débil presencia de los principios ético-políticos de la PC, y nos preguntamos cuáles son los derechos que las comunidades deberían tener en este contexto. Con esto, nos interesa destacar que no son solo los profesionales quienes se enfrentan al desafío de bailar con el “monstruo” (^{Shinn, 2007}) cuando ejecutan políticas públicas. La tensión también, y sobre todo, la experimentan los mismos participantes a quienes se dirige la intervención, y son muchas veces estos, quienes reciben programas con deficiencias técnicas y éticas que no están en condiciones o tienen dificultades para rechazar.

Estamos convencidos de que psicólogas y psicólogos comunitarios deben jugar un rol estratégico que haga posible la construcción de nuevas políticas y programas, donde se incorporen nuevos actores a la acción y reflexión, instalando una lógica programática en sintonía con las comunidades y sus demandas. Esto se traduce en reelaborar algunas perspectivas de acción-reflexión que ubiquen en otra posición a las mismas comunidades, permitiendo el despliegue de su capacidad de agencia. Con esto nos referimos al intento de responder a la pregunta que titula este escrito: ¿y si pensamos a las comunidades con derechos, y de este modo, facilitamos el desarrollo de nuevas posibilidades para la intervención comunitaria?

Una propuesta interesante la formula una de las coautoras de este texto, ^{Montero (2010)}, quien propone dimensiones que deberían ser consideradas al momento de diseñar e implementar políticas públicas. Destaca la importancia de reconocer que se trabaja con actores sociales en un escenario complejo, donde el conocimiento popular debe ser valorado como una contribución más en la producción de programas y proyectos comunitarios. Propone también, valorar la construcción de conocimiento desde una perspectiva histórica, a través de la creación de una relación dialógica entre expertos y comunidad. Agrega la necesidad de incorporar la investigación “acción participativa” como metodología de intervención, de transformación y de construcción de conocimientos. Un elemento de relevancia, y que destacamos ampliamente en los resultados que se presentan más adelante, se relaciona con la necesidad de entender al otro como coautor del conocimiento, y respetar las diferencias culturales, organizativas y de capacidades. Finalmente, la autora reivindica un asunto central en su producción científica, referida a la valoración del carácter político como espacio de ciudadanía (participación, incidencia pública, derechos).

En particular, un esfuerzo inscrito en la misma línea, lo encontramos en el trabajo de una parte del equipo actual realizado en el marco de una investigación previa, donde a partir de un conjunto de datos empíricos, propusimos orientaciones para garantizar la implementación de intervenciones éticas que se traduzcan en deberes mínimos para el actuar profesional, y que inspiren el diseño de cualquier política de tipo comunitario (^{Winkler, Alvear, Olivares, & Pasmanik, 2012}).

Es necesario profundizar en tales esfuerzos y lograr un lenguaje común comprensible para todos, incluyendo a políticos, profesionales, la ciudadanía interesada y las comunidades organizadas. En esta dirección, es clave explorar las necesidades sentidas, para que cuando no estén incluidas en las políticas públicas, puedan informar y convencer a quienes las producen, para que sean concebidas como urgencias ineludibles. Es importante superar prejuicios y estereotipos existentes en muchos funcionarios, y también en los especialistas provenientes del ámbito académico y de organizaciones intermedias, los que también deben ser superados por los miembros de las comunidades (^{Montero, 2010}).

A partir de todo lo dicho, sostenemos, que es fundamental para que se logre una contribución mutua entre la política pública y la psicología comunitaria, identificar y respetar ciertas condiciones mínimas o derechos de las comunidades cuando se trabaja con las mismas. Sobre esta base, la investigación en psicología comunitaria puede aportar a la toma de decisiones en políticas sociales, mientras que los procesos de intervención comunitaria contribuyen al diseño de políticas más pertinentes a las necesidades de las comunidades, y la participación de estas mejora el sentido y sostenibilidad de las acciones (^{Montero, 2009}; ^{Ornelas, Vargas, & Duarte, 2010}; ^{Rodríguez, 2012}; ^{Nelson, 2013}; ^{Alfaro, 2013}; ^{Wiesenfeld, 2014}). Este artículo viene a colaborar en este propósito, al proponer orientaciones concretas, en clave de derechos que buscan instalarse como referente ético y político, para que quienes toman decisiones puedan incluirlas en sus perspectivas de acción desde los diversos ámbitos en que se despliegan las intervenciones comunitarias en la actualidad. Y como este ejercicio no es tarea sencilla, coincidimos con ^{Sánchez (2015)} al proponer que no es posible promover todos los valores a la vez y, por tanto, es relevante para efectos prácticos, hacer el esfuerzo de jerarquizarlos, considerando qué valores y en qué medida son relevantes para los sujetos en una situación dada. De este modo, para priorizar los derechos más relevantes, optamos por preguntarles a los mismos actores. El detalle de ese proceso, lo explicamos en el siguiente apartado.

Metodología

Esta investigación posee un enfoque cualitativo, dado que este es concordante epistemológicamente con la PC, en especial respecto de la valoración de la diversidad, del contexto y la importancia de los sujetos sociales, en referencia a su discurso y accionar (^{Banyard & Miller, 1998}; ^{Stein & Mankowski, 2004}). Enfatizamos el carácter constructivo-interpretativo del proceso de producción científica (^{González Rey, 2009}), mediado por el reconocimiento de procesos situacionales (plano material e histórico) y afectado por las prácticas sociales y el contexto en que estas se producen (^{Flores, 2010}).

En esta fase de la investigación, nos abocamos a la elaboración de un listado de derechos de participantes de programas comunitarios, para lo cual se aplicaron distintas técnicas de producción de información, que se detallarán a continuación (ver Tabla 1), distinguiendo a los participantes para cada caso.

Tabla 1 Técnicas empleadas y participantes seleccionados 

Utilizamos la técnica del grupo focal, donde a partir de preguntas que guían la conversación, se accede a lo vivido por el sujeto en su calidad de actor en una situación determinada. Se trata de una conversación que representa una inserción del sujeto en su cotidianidad, en el que se describe un conjunto de condiciones reales y acciones posibles (^{Canales, 2006}). Una segunda técnica aplicada fue la entrevista en profundidad, que permitió el acceso a las motivaciones, creencias, esquemas de interpretación y modos de significación que los entrevistados tienen respecto a su participación en programas comunitarios (^{Gainza, 2006}).

La información producida a través de estas técnicas fue analizada utilizando los principios de la teoría fundada empíricamente, que trabaja con los datos, fragmentándolos y examinándolos detalladamente, comparándolos entre sí, para descubrir semejanzas y diferencias entre ellos (^{Strauss & Corbin, 2002}). Se destaca que en la medida en que se producía el análisis, se iba obteniendo información que permitía decidir la selección de participantes, por lo que se asume que nuevos datos dan origen a nuevas explicaciones que, a su vez, requieren de información que se debe rechazar o comprobar, verificar e integrar como parte de la interpretación del problema analizado (^{Rodríguez, Gil, & García, 1999}). Siguiendo esta idea, dimos inicio a esta fase del estudio, mediante la creación de dos grupos focales simultáneos con los miembros de la Sociedad Chilena de Psicología Comunitaria, a quienes mostramos resultados preliminares para acceder a sus puntos de vista respecto al fenómeno estudiado. Es decir, al rescatar todo el proceso de producción y análisis de la información de las fases previas, se consolidó una síntesis integrativa que constituyó el material a partir del cual se construyó cada grupo focal. La invitación a los miembros de la Sociedad Chilena de Psicología Comunitaria fue pensada como una instancia que nos permitiría acceder a un grupo importante de expertos en el tema, ya que todos son docentes de asignaturas de psicología comunitaria en diversas universidades chilenas de varias regiones del país, o profesionales que trabajan en programas sociales o en organizaciones no gubernamentales que realizan intervenciones comunitarias. De este modo, el acceso a un grupo selecto de psicólogos nos permitió nutrir los resultados a partir de una variedad de experiencias y extensa trayectoria en el campo.

Posterior a dicha elaboración de datos, a partir de un Proyecto de Colaboración Internacional financiado por FONDECYT (proyecto Nº 11306381), se realizó una jornada de trabajo con la Dra. Maritza Montero, experta venezolana en PC, en la que durante tres días, analizamos la información disponible desde distintas perspectivas teóricas con su asesoría, contribución, y su larga experiencia en el área.

Así, a partir de la propuesta inicial de un listado de derechos de las comunidades, recolectamos información a partir de grupos focales con actores comunitarios (un grupo para participantes de un programa gubernamental, y otro para participantes de un programa sin dependencia gubernamental), a quienes seleccionamos debido a su experiencia como actores centrales del fenómeno analizado. Son ellos quienes, a partir de su historia (de aciertos y desaciertos con las intervenciones implementadas), pueden proponer derechos fundamentales para todo proceso de intervención que pretenda incluirlos en sus acciones de cambio. Con este grupo también expusimos los resultados de las etapas previas, a través de la selección de la información vinculada particularmente al módulo de cartografía de las prácticas comunitarias, y la validación de los datos existentes.

Adicionalmente, y para profundizar en algunos aspectos que nos permitieran detenernos en derechos priorizados desde distintas experiencias, entrevistamos a un líder comunitario de gran trayectoria en el ámbito social y comunitario con quien construimos en conjunto un listado de derechos que luego triangulamos junto a la información obtenida previamente.^a

Durante el proyecto de investigación se cuidaron especialmente los aspectos éticos, tanto en el proceso de consentimiento informado como en el manejo confidencial de la información y, en general, el respeto por los y las participantes. Se obtuvo un certificado de aprobación ética del Comité de Ética Institucional de la Universidad de Santiago de Chile antes del inicio del proyecto y un certificado de seguimiento o auditoría del mismo comité, durante el último año de la investigación.

Resultados

A continuación, se presentan los resultados finales de esta investigación, organizados en derechos que corresponden a las categorías centrales que estructuran la información producida, y que fueron elaborados luego de tres años de investigación sistemática en este ámbito.

Discusión

Los resultados que acabamos de presentar constituyen un ejercicio de memoria, que busca volver a centrar el foco en las comunidades, y recuperar el espíritu fundante de la PC, que se planteó en ese entonces, como una psicología de la acción para la transformación, que tiene como característica esencial que lo comunitario incluye el rol activo de la comunidad, es decir, su participación. Y no solo como invitada, o como espectadora aceptada o receptora de beneficios, sino como agente activo con voz, voto y veto (^{Montero, 2004}); esto es, una comunidad con derechos.

Volver a pensar una comunidad con derechos implica detenerse en aquello que la fortalece y la convierte en actor clave del proceso. Sin embargo, considerando el contexto en el que actualmente se produce política pública (^{Alfaro & Zambrano, 2009}; ^{Berroeta et al., 2012}; ^{Alfaro, 2013}; ^{Berroeta, 2014}), la noción de comunidad se ve atravesada por múltiples interferencias que bloquean su alcance emancipador, mercantilizan lo común y restan capacidad para negociar y cuestionar las relaciones que reproducen el sometimiento de amplios sectores de la población. Las políticas sociales altamente focalizadas construyen un sujeto carente y que, habitualmente, como efecto de la intervención, se siente agradecido de la acción recibida. El agente externo, por su parte, queda instalado en un lugar de ayuda, despolitizado, y con escasa capacidad para incidir en el mejoramiento de la vida de las comunidades atendidas (^{Montenegro, Rodríguez, & Pujol, 2014}). De este modo, pensar una comunidad con derechos no es solo un desafío para los miembros de la comunidad, sino para los psicólogos comunitarios, y también para la propia disciplina que se enfrenta constantemente a reelaborar el horizonte disciplinar hacia el cual encamina su accionar (^{Wiesenfeld, 2006}).

Reconocer el derecho a la participación y toma de decisiones por parte de la comunidad es central en los procesos de intervención comunitaria que se desarrollan en la actualidad. La experiencia latinoamericana reporta que desde las políticas públicas, se promueven modos de participación a partir de parámetros predefinidos, e incluso, se ha señalado que se ha utilizado con frecuencia como herramienta de cooptación ideológica y cultural de líderes y organizaciones en general, a pesar de haber declarado genuinamente que se promovía una participación comunitaria (^{Rodríguez, 2009}). De esta forma, la participación muchas veces se traduce como ‘expresión de puntos de vista’ o como recibir algo a cambio de valorar positivamente y adherirse a una política pública. Tal y como plantea uno de los entrevistados, los informantes clave que deberían facilitar la participación comunitaria, se transforman en delegados de políticas territoriales, lo que genera la captura estatal de formas informales de participación y el consecuente debilitamiento de su potencial transformador (^{Montenegro et al., 2014}).

El derecho a la autonomía y a recibir intervenciones de calidad permite resguardar que los diseños consideren tiempos respetuosos con los procesos emprendidos. Muchos de los programas públicos son dirigidos desde afuera hacia adentro, o de arriba hacia abajo, sin informar, ni sensibilizar a la comunidad respecto de la solución o cambio propuesto (^{Rodríguez, 2009}; ^{Hasenfeld & Garrow, 2012}; ^{Brady et al., 2014}). En su mayoría, funcionan mientras los agentes externos están a cargo, pero cuando estos se retiran, suelen cerrarse y se terminan perdiendo los aprendizajes derivados del proceso de intervención (^{Montero, 2010}).

Ya en ¹⁹⁵⁹, Orlando Fals Borda proponía el principio de la autonomía del grupo, y señala que toda acción debe ser decidida, organizada y realizada con una orientación democrática, por y con los grupos organizados de la comunidad, lo que coincide con lo propuesto por los participantes consultados. Acá debemos detenernos en lo relevante que resulta entender a las comunidades como entidades dinámicas, influyentes en su propio destino, cuyos conocimientos y experiencias deben ser escuchados. Al mismo tiempo, se requiere que los profesionales que trabajen con estas comunidades, se consideren facilitadores y copartícipes de los procesos de cambio, estableciendo una relación simétrica, horizontal, de respeto mutuo, donde se compartan saberes, afectos y experiencias (^{Wiesenfeld, 2006}).

Respecto al derecho a intervenciones de calidad, adquiere especial relevancia en el contexto de la formación en psicología comunitaria, ya que cuando se dictan asignaturas en la subdisciplina, con cierta frecuencia, se solicita o instruye a los y las estudiantes para que realicen “experiencias de campo” cuya calidad puede ser puesta en cuestión. Los tiempos de la academia (^{Montero & Giuliani, 1999}; ^{Olivares et al., 2016}) están centrados en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, y no consideran en forma suficiente los ritmos y necesidades de las comunidades. El equilibrio entre promover bienestar en las comunidades y constituirse en instancias poderosas de aprendizaje es precario y con cierta facilidad puede tornarse en riesgos para las comunidades.

Consideramos que es sobre la base de asegurar estos derechos mínimos de las comunidades en las intervenciones, que se realizan al alero del Estado, que es posible una contribución mutua entre la política pública y la psicología comunitaria, que acerca posiciones y diluye tensiones que han afectado la actuación profesional desde hace décadas.