El estallido de la radio en Bogotá

Sin lugar a dudas, las emisoras de Bogotá tuvieron un especial protagonismo durante los hechos del Bogotazo por haber ocurrido allí mismo el asesinato del líder político y porque, en su condición de ciudad capital, albergaba una dinámica actividad radial.

La Radiodifusora Nacional, emisora de carácter estatal y concentrada más que todo en temas culturales, ubicada en pleno centro de la ciudad, fue tomada por un comando universitario radical. Desde allí se lanzaron toda clase de arengas violentas. Esto dijo el funcionario Rafael Azula Barrera en calidad de testigo excepcional de los hechos: “Me comuniqué con la Radiodifusora Nacional, en poder de los amotinados. Se sentía una gritería ensordecedora de gentes ebrias. La voz de la persona que me contestaba, con palabras incoherentes, apenas se percibía entre los gritos” (^{Azula, 1956, p. 353}).

A las tres horas de ocurridos los hechos, y tras escuchar directamente de la radio el desarrollo de los acontecimientos, el presidente Ospina Pérez pidió enviar patrullas del ejército para tomar a toda costa las emisoras particulares y la Radiodifusora Nacional en poder de los agitadores (^{Estrada, 1948}). Pocos minutos después, la situación seguía igual, lo que indujo al Presidente a impartir instrucciones al ministro de guerra Fabio Lozano y Lozano y al ministro de correos y telégrafos José Vicente Dávila Tello para recuperar a toda costa esta estación, pues se consideraba que era clave por su importancia y poder de cubrimiento nacional. Simultáneamente, se pidió al gerente de la empresa de energía para que suspendiera el servicio de luz y así “se evite que se continúe incendiando al país por la radio”, medida esta que no fue atendida debido al caos reinante.

La emisora Nueva Granada fue ocupada bajo la colaboración de uno de sus locutores, Eugenio Cañavera, y con el apoyo de periodistas de los diarios El Liberal, La Razón y El Tiempo. A las pocas horas, entraron en cadena con el colega Rómulo Guzmán del radioperiódico Últimas Noticias (^{Braun, 2008}).

Solo hasta las horas de la noche, la estación fue recuperada por el gobierno gracias a la presión de las fuerzas del orden y a la acción de dos jóvenes conservadores de apellido Soriano y Zuluaga. A través de señales emitidas desde el palacio presidencial, las principales autoridades políticas y militares reprodujeron constantemente mensajes haciendo un llamado a la cordura y coordinando las acciones con miras a la reconstrucción y normalización de las actividades (^{Alape, 1983}). Como era apenas lógico, la actitud asumida por los gobiernistas consistió en minimizar la verdadera magnitud de los trágicos acontecimientos, haciendo creer que las Fuerzas Armadas tenían completo dominio de la situación. Para ello, se hizo un vehemente llamado a rechazar informaciones lanzadas por otras emisoras.

Aparte de las estaciones tomadas a la fuerza, las voces rebeldes buscaron la forma de hacerse oír a través de la denominada Voz del Pueblo, una emisora clandestina que decía transmitir desde un “refugio secreto” y que aparentemente contaba con equipos portátiles de transmisión en todos los puntos cardinales de la ciudad. Al aire y en claves secretas se establecieron supuestos contactos con corresponsales ubicados en el sur y en Usaquén, al norte de la ciudad. Como estrategia de defensa, la emisora cambiaba continuamente de frecuencias para burlar a los posibles saboteadores (^{Canal, 1948}).

Hubo otros más arriesgados, como Cristóbal Pérez, quien llevó los micrófonos y parlantes de Radio Cristal hasta la carrera 7ª para difundir de manera directa las proclamas revolucionarias lanzadas a lo largo de esta céntrica vía capitalina a fin de que los oyentes pudieran percibir el estruendo de la frenética multitud. Por esta incitación al desorden, a los dos días este hombre apareció asesinado en una población cercana a Bogotá (^{Téllez, 1974}).

La radio se constituyó también en un espacio a través del cual se buscó mantener el control sobre otras alternativas de comunicación. Por varios testimonios se sabe que desde el radioperiódico Últimas Noticias, emitido a través de la emisora Voz de Bogotá, se leyó repetidas veces un comunicado de la Unión de Sindicatos de Comunicaciones de Colombia (UNDESCOM), en el que se hizo un llamado a todos sus afiliados, empleados y exempleados del Ministerio de Correos y Telégrafos, para que se pusieran a órdenes del Comité Ejecutivo de la Revolución, desconocieran el gobierno conservador y se apoderaran de las oficinas de comunicaciones, poniéndolas al servicio del movimiento insurreccional (^{Sánchez, 1983}).

El mismo día de los hechos, uno de los representantes de la Junta Revolucionaria de Gobierno pronunció las siguientes palabras por los micrófonos de la emisora Nueva Granada haciendo creer que el movimiento revolucionario mantenía el control absoluto de las comunicaciones:

Todo el país es hoy revolucionario. Los teléfonos nos pertenecen. El mismo gerente doctor Luis Carlos Álvarez organiza los teléfonos para nosotros. El telégrafo y los correos son nuestros. La Marconi está en manos del pueblo y nos estamos comunicando con todos los departamentos de donde tenemos noticias confirmadas de nuestro triunfo (^{Canal, 1948, p. 15}).

Enseguida, se dictaron órdenes a copartidarios con nombres propios para que en cada una de sus provincias se encargaran de la dirección de las comunicaciones en sus dependencias de telégrafos y radiogramas.

La diáspora de la “chispa” radial a escala regional

Las primeras informaciones sobre el asesinato del líder político liberal llegaron a las provincias por cuenta de las señales emitidas por las emisoras de la ciudad de Bogotá. Esto explica la simultaneidad que adquirió el movimiento de sublevación a nivel provincial y la uniformidad en las medidas adoptadas, lo cual hizo pensar a muchos sectores conserva dores que ese había sido un plan concebido con antelación (^{Sánchez, 1982}).

Un buen número de estaciones ubicadas en las principales ciudades del país fueron ocupadas abruptamente (ver tabla 1) y se convirtieron en caja de resonancia del sentimiento de descontento.

Una de las localidades en donde se sintió con más ímpetu la noticia fue en el municipio de Barrancabermeja, puerto ribereño sobre el río Magdalena. Allí se registró una rápida respuesta a los llamados provenientes de la capital, lo cual dio lugar a la conformación de una junta revolucionaria que gobernó la ciudad por varios días y que puso en vilo al país por la amenaza que se cernía sobre este que era el más grande enclave petrolero (^{Díaz, 1989}).

En Medellín, un grupo enardecido de liberales y comunistas se tomaron la Voz de Antioquia y la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia y pronunciaron desde allí sendos mensajes incendiarios. Luego, estas estaciones fueron tomadas a la fuerza por los organismos policivos (^{Alape, 1989}) y todas las emisoras de esta capital transmitieron en cadena una alocución del recién posesionado gobernador conservador Dionisio Arango Ferrer en la que se recalcaba la adhesión irrestricta al gobierno nacional, censurando de paso la conducta de los amotinados. No obstante, desde Bogotá se siguió alentando al pueblo y a los obreros antioqueños a mantenerse firmes en la lucha y a desconocer las noticias falsas emitidas por los oficialistas.

En la ciudad de Cali La Voz del Valle sufrió serios destrozos. En el municipio de Trujillo, el atemorizado alcalde optó por suspender el servicio de energía eléctrica con el fin de que los radios no pudieran funcionar pues para esta época todavía no se conocía el transistor⁸. En la ciudad de Buga, la emisora Guadalajara fue puesta bajo control de las brigadas revolucionarias (^{Sánchez, 1982}). En Cartago los amotinados se tomaron La Voz del Palatino y desde allí lanzaron arengas para el norte del Valle (^{Betancourt, 1987}).

En la ciudad de Pasto se presentó un caso excepcional, pues allí las directivas de Ecos de Pasto, previendo la conmoción que sobrevendría, tomaron la precaución de sacar la emisora del aire. Con esta acción, se salvaron de que este establecimiento fuera incendiado pues esa era la intención del alcalde y de la policía de clara orientación conservadora (^{Rosero, 1996}).

El puerto de Barranquilla tampoco fue ajeno a los tumultos. Desde estaciones bogotanas se escuchó el llamado a los líderes de la protesta a deponer sus armas para ser reemplazadas por una junta revolucionaria mientras que la radio local, Emisoras Unidas, incitaba al pueblo al desorden (^{Blanco, 1968}).

Aparte de los saqueos y de la abusiva utilización de los equipos de radio, en algunos casos la violencia provocó graves consecuencias como el incendio que acabó con la Voz de Colombia de orientación conservadora y Radio Pacífico que fue dinamitada.

En la ciudad de Manizales, tan pronto se supo la noticia, una multitud rodeó las instalaciones de Radio Manizales (^{Sánchez, 1982}). En Ibagué, los dirigentes liberales Felipe Salvador, Héctor Echeverri Cárdenas, Simón de la Pava e Ismael Santofimio se dirigieron hasta las dos emisoras que existían en la ciudad y allí se turnaron para lanzar arengas incendiarias a la multitud. Asimismo, se usaron las ondas de radio para impartir órdenes y consignas a los liberales de las demás poblaciones del Tolima (^{Jaramillo, 1983}). Al norte de este departamento, en el municipio del Líbano, se conformó una junta revolucionaria que expidió un decreto mediante el cual se les notificó a los conservadores confinados que les quedaba absolutamente prohibido escuchar radio (^{Sánchez, 1982}).

En Bucaramanga, los liberales encabezados por Hernando Caballero, irrumpieron en las instalaciones de Radio Santander armados de cuchillos, palos, hachas y machetes, desplazando a los pocos empleados que estaban al frente de las transmisiones habituales. Una vez apaciguados los ánimos, varios personajes liberales de gran influencia en la actividad política regional se tomaron los micrófonos para exigir calma al pueblo enardecido. Para este propósito, el grupo de políticos pidió al dueño de la emisora la instalación de un alto parlante en la ventana de una de las casas céntricas de la ciudad para persuadir a la multitud a fin de que se dispersaran, moderaran el consumo de bebidas embriagantes y evitaran atentar contra las edificaciones (^{Hernández, 1998}).

Medidas de control

La censura en torno a la radio, tras los sucesos del 9 de abril de 1948, estuvo predeterminada por un conjunto de variables dentro de las cuales la más crucial fue la filiación política de los dueños de las emisoras, de los gobernantes locales y del sentir mayoritario de la ciudadanía⁹. Esto creó un complejo juego de poderes y álgidas confrontaciones.

A partir del asesinato de Gaitán, los gobiernos conservadores de Mariano Ospina Pérez, Laureano Gómez y Roberto Urdaneta Arbeláez emprendieron una rigurosa censura sobre la prensa hablada y escrita, un control político ejercido oficialmente a través de un paquete de medidas.

A nivel internacional, esta censura estaba enmarcada en el ambiente de la denominada Guerra Fría que pretendía contener la expansión de las ideas comunistas, que en ese momento eran consideradas como una amenaza para los sistemas democráticos del mundo occidental.

Ya algunas normas anteriores al Bogotazo habían fijado controles a las emisoras. El Decreto 1966 del 6 de julio de 1946 hizo énfasis en la moderación que debía caracterizar las transmisiones radiales con tal de que no alteraran el orden público y, en caso de guerra o de alguna perturbación al orden social, el Estado estaba facultado para suspender los servicios de transmisión (^{Chaves, 2014}).

Los incidentes vividos el 9 de abril de 1948 impulsaron al gobierno del presidente Mariano Ospina Pérez a intervenir de una manera más decisiva las estaciones de radio. Nueve días después, se dictó el Decreto 1271 en el que, amparado bajo el estado de sitio, quedó con plena facultad de censurar la prensa y las telecomunicaciones mientras duraba el estado de emergencia, de manera que los pocos programas de información permitidos debían someterse a una censura previa antes de ser emitidos.

Asimismo, el gobierno se amparó en el mencionado Decreto 1966 para expedir el Decreto 1312 del 22 de abril de 1948, en el que ordenó que, a partir de la fecha, las estaciones de radiodifusión comercial, cultural y experimental no podían funcionar sino con permiso expreso del Ministerio de Correos y Telégrafos, y sus programas estarían sujetos a la autorización y revisión previa de este organismo estatal. Cualquier contravención a este mandato, acarrearía la pérdida definitiva de la licencia a la estación responsable. Aquellas emisoras que en virtud de este decreto prestaran servicio, de todas formas lo harían con carácter provisional y ateniéndose a las investigaciones y sanciones correspondientes.

Días más tarde, el 31 de mayo, a través del Decreto 1821 se informó que solo serían renovadas las licencias a quienes no hubiesen atentado contra el orden público ni contra las instituciones democráticas. Hábilmente, como una fórmula para estrechar el control, el gobierno nacional dispuso la creación de la Asociación Nacional de Radiodifusión (Anradio) y exigió a todas las emisoras tramitar la respectiva afiliación para lo cual debía cumplirse con el requisito previo de contar con la licencia expedida por el Ministerio. En ese mismo decreto, el gobierno quedaba en libertad de imponer censura previa total en caso de perturbación del orden público (^{Archivo Central del Ministerio de Comunicaciones, 1948}). Desde luego, las primeras en ingresar a la Asociación fueron las emisoras adeptas a las ideas del régimen conservador: la Voz de Antioquia, la Voz de Cúcuta, la Voz del Valle, la Voz de Pereira, Radio Bucaramanga, Radio Continental, Radio Manizales, Emisora Panamericana, Emisora Fuentes y Emisoras Unidas (^{Pareja, 1984}).

Para neutralizar la intemperancia verbal, el Decreto 1787 del 31 de mayo de 1948 estableció que las conferencias de cualquier índole solo podían ser transmitidas previa autorización del Ministerio de Correos y Telégrafos, debiendo enviar la emisora a esta entidad una grabación de dicha alocución. Los noticieros solo podían ser transmitidos por estaciones de onda larga¹⁰ y les era prohibido emplear un tiempo mayor de 60 minutos en un día, distribuidos en períodos máximos de 30 minutos. El concesionario de la licencia debía dar aviso previo al Ministerio indicando la hora exacta de la transmisión, el nombre de los locutores y las condiciones especiales del noticiero (Ministerio de Correos y Telégrafos, 1949).

El propósito de restringir estas transmisiones por onda larga era evitar que la exacerbación de cualquier locutor abarcara todo el territorio nacional. Se quiso con esta medida acabar con los antiguos radioperiódicos que, de manera casi indefinida, lanzaban al aire toda suerte de noticias apasionadas que poco a poco azuzaban los ánimos, tal como sucedió el 9 de abril de 1948.

El balance de estas medidas a julio de 1949 era, a juicio del ministro Dávila, altamente satisfactorio, exaltándose el acatamiento general a excepción de unos cuantos casos reprochables que ocurrieron sin la anuencia de los propietarios de las estaciones y que además de todo fueron rápidamente neutralizados.

De todos modos, el debate sobre los alcances de la radio seguía candente. El 26 de mayo de 1949 un periodista del diario capitalino El Tiempo aconsejó al gobierno proscribir toda propaganda política por radio en la medida en que había resultado imposible la moderación y veracidad de este tipo de transmisiones (Ministerio de Correos y Telégrafos, 1949).

Las medidas restrictivas de carácter oficial se extendieron también a los radiaficionados. Teniendo como premisa que las telecomunicaciones eran la base primordial de la defensa nacional y, en aras de la conservación del orden público, el presidente Ospina Pérez y su ministro de correos y telégrafos José Vicente Dávila Tello, optaron por cancelar a partir del 19 de mayo de 1948 todas las licencias de radioaficionados, locutores y radiotécnicos, a quienes se les concedió un plazo de treinta días para solicitar un nuevo permiso. En el caso específico de los radioaficionados y radiotécnicos, tan solo se otorgaron permisos a quienes figuraban como reservistas certificados por el Ministerio de Guerra.

Para asegurar el cumplimiento de este requisito, el Ministerio de Guerra dictó el Decreto 2170 del 28 de junio de 1948 mediante el cual se estableció que, en caso de guerra exterior o conmoción interna, aquellos reservistas con licencia de radiaficionados debían presentarse inmediatamente a la autoridad militar más próxima, tan pronto fuera declarado el estado de sitio (Ministerio de Correos y Telégrafos, 1948). Edmundo Quiñónez y Gabriel Galo Dugand, ambos reservistas del Ejército Nacional de la 1.ª clase de radiocomunicaciones, figuraron entre los primeros en obtener licencia (así lo consagra el Decreto 2170 de 1948)

En desarrollo de las normas posteriores al 9 de abril, el Ministerio de Guerra había otorgado a 31 de mayo de 1949 un total de 96 licencias para radioaficionados y 56 para radiotécnicos, y además se entregaron licencias de locutores a 366 personas (Ministerio de Correos y Telégrafos, 1949).

Censuras en Bogotá y en las regiones

Quizás la estrategia de censura más aplicada por el gobierno nacional, a través del Ministerio de Correos y Telégrafos, fue la cancelación de las licencias de emisoras comprometidas en la revuelta del Bogotazo y sindicadas de emitir programas “subversivos”. Para ello, se apoyó en lo dispuesto por el artículo 10 del Decreto 1966 de 1946.

En Bogotá, a la emisora Nueva Granada se le dictó el 12 de mayo de 1948 orden para suspender actividades tras adelantarse una investigación sobre su responsabilidad en los episodios del 9 de abril “consistente en la transmisión por sus micrófonos de incitaciones al desconocimiento de las autoridades legítimas y a la perturbación del orden público”. Esa misma sanción le fue aplicada a Radio Cristal HJCU, HJCA y Emisora Panamericana HJCY (véase en este caso el Decreto 1966 de 1946) reglamentario de los servicios de radiocomunicaciones). Según palabras del propio ministro del ramo, estas estaciones habían incurrido en transmisiones de carácter “revolucionario y sedicioso”. (R, Pita. Comunicación personal. 16 de agosto 2016.)

Ese mismo día, mediante Resolución ejecutiva 53, se declaró la caducidad de los contratos firmados en 1913 para el funcionamiento de las emisoras La Voz de Bogotá HJCC, HJCF y Ondas Bogotanas HJCE, por transmitir noticias falsas y tendenciosas y por incitar a la violencia. Asimismo, se les culpó por no conservar el texto escrito de las transmisiones. Sin embargo, el director de Ondas Bogotanas alegó que, si bien por sus micrófonos se habían propagado esas proclamas incendiarias, las directivas y los empleados no eran responsables de ello puesto que la emisora había sido tomada a la fuerza por los revoltosos (^{Sánchez, 1983}).

En igual sentido, otras estaciones bogotanas se defendieron aduciendo que el asalto había sido sin su consentimiento. Así las cosas, muchas de las drásticas sanciones impuestas en un principio fueron sustituidas por otras más moderadas como en el caso de las emisoras Nueva Granada y La Voz de Bogotá, a las cuales se les sancionó con la pérdida temporal de su nombre en la identificación de sus transmisiones. Otro ejemplo de ello fue Radio Panamericana que al cabo de un tiempo logró recuperar su licencia pero bajo el nuevo nombre de Radio Metropolitana. Uno de los pocos radiodifusores sometido a consejo de guerra fue Roberto Ramírez Gaviria (^{Téllez, 1974}).

El 25 de agosto se canceló la licencia a la emisora comercial Sumapaz de la población de Fusagasugá, ubicada a pocas leguas de Bogotá, todo porque desde sus equipos “se emitieron arengas revolucionarias altamente atentatorias contra la seguridad del país, la seguridad de las personas y el respeto debido a las autoridades legítimas, de incitación a la revuelta y al desconocimiento de la ley” (^{Archivo Central del Ministerio de Comunicaciones, 1948, libro 17, f. 135}).

Teniendo como precedente la abundante reglamentación dictada por el gobierno nacional al poco tiempo de ocurridos los hechos del 9 de abril, a nivel departamental y local, algunos mandatarios no dudaron en imponer sus propias medidas.

En Barranquilla las turbas incontroladas se tomaron la sede de la gobernación y conformaron una junta revolucionaria. Al oírse en esta ciudad las incendiarias proclamas emitidas por Emisoras Unidas, el gobernador del departamento del Atlántico, José Martín Blanco Núñez y su secretario de gobierno, ambos de orientación gaitanista, decidieron llamar telefónicamente al Comando de la Policía Nacional para que hiciera callar la estación local. Rafael Roncallo, el dueño de la estación, logró comunicarse con el gobernador informándole que una gran multitud de amotinados había invadido sus estudios con amenazas de que sería incendiado este establecimiento. Roncallo clamó afanosamente la presencia de soldados y policías para no sucumbir a los dictámenes de la enfurecida turba.

El 10 de abril, Blanco Núñez dictó el toque de queda en la ciudad y expidió un decreto en el que dispuso en su artículo 1º que todas las radiodifusoras del Departamento estarían bajo inspección directa del gobierno seccional y solo podían emitir noticias suministradas por la gobernación, reservándose esta entidad la facultad de ocupar las instalaciones que considerara necesario para la transmisión de noticias y boletines oficiales. Los infractores serían sancionados con multas de 500 pesos la primera vez y con el cierre de la estación en caso de reincidencia (^{Secretaría de Gobierno del Atlántico, 1948}).

En desarrollo de este último punto y con el fin de contrarrestar el efecto desorientador de algunas emisoras que seguían atizando los ánimos políticos, se leyó al día siguiente por radio un boletín firmado por Blanco Núñez y por el coronel Carlos Perdomo Puyo, comandante de la 2ª Brigada del Ejército, en el que se hacía un llamado a restarle crédito a cualquier noticia “antipatriótica” y subversiva que contradijera las informaciones oficiales. Se hizo énfasis en restablecer la tranquilidad social gracias a la lealtad de las Fuerzas Armadas y a la cooperación que había mostrado el sector moderado del partido liberal con el gobierno legítimamente constituido (^{Secretaría de Gobierno del Atlántico, 1948}).

Dos días después, siguiendo el ejemplo de concordia nacional propuesto por el presidente Ospina Pérez, el gobernador Blanco Núñez creó una comisión con máximos dirigentes de los dos partidos para que, por medio de la radio, trataran de calmar los pueblos levantiscos del Departamento, todo con el fin de evitar la intervención directa de las fuerzas del orden, vía extrema que podía generar un espiral de violencia (^{Blanco, 1968}).

Por los lados del sur de la República, el 27 de septiembre se señaló a la Voz del Trópico del municipio de Palmira en el departamento del Valle por haber dado a conocer las noticias sediciosas que se estaban emitiendo por las estaciones de radiodifusión de Bogotá y además porque sus micrófonos fueron usados por particulares y aun por el mismo concesionario de la licencia para pronunciar proclamas que estimulaban al desconocimiento del gobierno, la perturbación de la tranquilidad ciudadana y el irrespeto a las instituciones, procederes estos que reñían abiertamente con los reglamentos vigentes sobre radiodifusión (^{Archivo Central del Ministerio de Comunicaciones, 1948, libro 20, f. 39}).

En su informe al Congreso Nacional, presentado en septiembre de 1948, el ministro Dávila Tello reconoció que las medidas adoptadas merecieron al principio una avalancha de críticas, pero, a medida que transcurrieron los días, fueron ganando asentimiento unánime. Este funcionario lamentó el hecho de que, cuando su cartera pretendía hacer cumplir la ley, era acusado por sus detractores como censura alegando móviles políticos. Defendía la intervención estatal como imparcial y, para probar esto, recordaba cómo los correctivos y sanciones habían cobijado a estaciones dirigidas por militantes de distintos partidos, incluso a los adictos al partido conservador que en ese momento estaba al frente del poder.

Dávila Tello reconoció que había hecho su mejor esfuerzo para subsanar las irresponsabilidades del sistema de telecomunicaciones y hacer valer no solo los pactos internacionales sino también las disposiciones estipuladas en el ámbito interno. Así entonces, se puso de presente cómo la Convención de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, reunida hacía pocos meses en Madrid, en su artículo 37 había impuesto a los gobiernos afiliados el compromiso de adoptar las medidas idóneas para reprimir la transmisión de señales falsas o tendenciosas. Adicionalmente, se recordó que el Convenio Internacional de Telecomunicaciones reunido el 2 de octubre de 1947 en Atlantic City, había acogido la iniciativa colombiana contemplada en el artículo 8 de la Ley 198 de 1936 en la que se instaba a las estaciones de radiodifusión a no atentar contra la moral o la seguridad del país (^{Ministerio de Correos y Telégrafos, 1948}).

Según Dávila Tello, la situación era tan irregular que algunas estaciones funcionaban en cabarets o sitios de diversión pública mientras que otras padecían de defectos técnicos que producían constantes interferencias.

El ministro subrayó el hecho de que no existía país en el mundo en donde la radiodifusión no estuviere bajo vigilancia del Estado e incluso se reconoció a Colombia como una de las naciones con más laxa legislación. Por lo anterior, creía este funcionario que era imperioso implantar unos controles más incisivos e inmediatos sobre estos medios que sobre otros, como el impreso:

Lo que ocurre es que la noticia o comentarios radiados impresionan directamente al oído de toda clase de personas, no invitan al raciocinio, sino que su rápido efecto sobre las pasiones de los hombres provoca con la mayor facilidad el desbordamiento de los bajos instintos de las gentes. No pasa lo mismo con la prensa escrita, que cuenta con un público más seleccionado, que su misma lectura incita al raciocinio, y es por eso por lo que nunca la prensa escrita produce las reacciones rápidas e incontroladas de la prensa hablada (^{Ministerio de Correos y Telégrafos, 1948, p. 10}).

Lo cierto era que la experiencia vivida a raíz del Bogotazo sirvió además para que adquiriera nuevamente vigencia el debate sobre el tipo de instancia u organismo que debía regir la radiodifusión en Colombia. Para algunos, lo más conveniente era crear un consejo de radiodifusión. A manera de reflexión, se puso como ejemplo comparativo el caso de México en donde el control lo ejercía la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con personal nombrado por el gobierno. En Estados Unidos, entre tanto, existía la denominada Comisión Federal de Comunicaciones, compuesta por nueve miembros designados directamente por el Presidente de la República y dirigidos por el Secretario de Comunicaciones (^{Ministerio de Correos y Telégrafos, 1948}).

Al tiempo que transcurrían estas discusiones, la sección técnica del Ministerio de Correos y Telégrafos se dedicó a incrementar su función de inspección de las telecomunicaciones, pese a las restricciones presupuestales. Para equiparse mejor adquirió un equipo de grabación que pertenecía anteriormente a la Empresa Nacional de Radiocomunicaciones y se gestionó la compra de nueve instrumentos de control a la compañía General Radio de Estados Unidos, incluyendo un medidor de intensidad de campo para señales de radio-frecuencia (^{Ministerio de Correos y Telégrafos,1948}).

Aun cuando el Estado de sitio había sido levantado el 17 de diciembre de 1948, todavía al año siguiente prevalecía en el país una atmósfera de tensión política. Varios acontecimientos de gran resonancia ocurrieron en el primer semestre de 1949: la celebración del día del trabajo, las elecciones de cuerpos colegiados y el aniversario del asesinato de Gaitán, hecho este que podía ser aprovechado por los partidos políticos para exacerbar de nuevo los ánimos.

Ante esto, el presidente Ospina Pérez y su ministro de gobierno, el coronel Régulo Gaitán dictaron el Decreto 1486 del 23 de mayo mediante el cual proscribieron las concentraciones políticas o sindicales, así como también las conferencias radiales de carácter político desde el 23 de mayo hasta el 7 de junio. Quedó vedado el consumo de bebidas embriagantes y el porte de armas, y se encargó a la Policía Nacional y a los gobernadores de cada departamento para que implementaran las acciones necesarias para el estricto acatamiento de estas normas.

Para poder llevar a cabo una manifestación pública, debía tramitarse con tres días de antelación el respectivo permiso ante el gobernador, prohibiéndose las reuniones multitudinarias simultáneas el mismo día. Las manifestaciones autorizadas no podían celebrarse sino en las vías y lugares previamente estipulados, con un motivo claramente definido y especificándose de antemano los nombres de los oradores escogidos y la duración de los actos.

Igualmente, se prohibió el uso de amplificadores de sonido instalados para información y propaganda política en lugares públicos y privados o en vehículos acondicionados como reproductores de programas emitidos por emisoras radiales (Ministerio de Gobierno, 1949).

En este mismo año, el Ministerio de Correos y Telégrafos (1949) publicó un folleto que contenía el estatuto legal que en Colombia regía para la radiodifusión, en el que se incluyeron todas las disposiciones vigentes, esto con el fin de mantener bien informado al sector y a la comunidad sobre el nuevo panorama de la radio.

Los dispositivos de control no cesaron con el paso de los años y fue así como en 1950 el gobierno incautó una radiodifusora en la ciudad de Bogotá y que actuaba con dos frecuencias bajo los nombres de Resistencia Liberal y Voces de Libertad (^{Acuña, 2013}).