PROBLEMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL

Caracterización del desplazamiento forzado intraurbano. Medellín 2000-2004^*

 

 

Clara Inés Atehortúa Arredondo^**

 

 

---

Resumen

El artículo presenta la caracterización del desplazamiento intraurbano en la ciudad de Medellín, a partir del análisis de tres casos de desplazamiento masivo: El Esfuerzo, El Salado y La Honda. Para ello pasa por los debates sobre la conceptualización del fenómeno, la relación del desplazamiento forzado intraurbano con el conflicto, la acción colectiva, la política pública, el territorio y el desplazamiento forzado en general.

Palabras clave: desplazamiento forzado intraurbano, conflicto, territorio, acción colectiva, desplazamiento forzado.

---

Abstract

This article shows the characterization of intra-urban displacement in Medellin City, from an analysis of three specific cases of mass displacement: El Esfuerzo, El Salado, and La Honda. For this purpose, the article talks about debates on conceptualization of this phenomenon, relationship of intra-urban forced displacement with conflict, collective actions, public policies, territory, and forced displacement in general.

Key words: Force displacement within cities; conflict; territory; collective action; forced displacement.

---

 

INTRODUCCIÓN

Este escrito se dirige a presentar una caracterización del desplazamiento forzado intraurbano a partir del análisis de tres casos: El Esfuerzo, El Salado, La Honda. Dicha caracterización se propone en dos perspectivas: como parte del desplazamiento forzado, tomando algunas de sus características; y como manifestación de la migración forzada dentro de la misma ciudad; esto es, como expresión de las problemáticas del espacio urbano, ligadas al conflicto urbano, a la acción colectiva, el territorio y las políticas públicas. La selección de estos desplazamientos se hizo a partir de la modalidad masiva y de la forma de los asentamientos; en los tres casos se trata de asentamientos nucleados.

Para el análisis de la información, se utilizaron categorías que se aplicaron a cada uno de los casos seleccionados: conflicto, territorio, acción colectiva y políticas públicas, a través de indicadores pertinentes relacionados con las mismas; se buscó identificar las hipótesis interpretativas que se han dado con relación a cada una de las variables en los casos de estudio, lo que permitió avanzar en el balance de las hipótesis y ahondar en la caracterización del fenómeno (Naranjo, 2005).

La lectura de los tres casos se hace a partir de la recolección de información primaria en entrevistas y grupos focales por personas víctimas de estos tres desplazamientos, información de prensa producida dentro del período establecido y trabajos de investigación realizados sobre este fenómeno en la ciudad.

El escrito se divide en tres partes: la primera hace referencia al punto de lectura y la definición del desplazamiento forzado intraurbano; la segunda, a enmarcar este dentro de dos hipótesis explicativas: el desplazamiento forzado como estrategia de guerra o como consecuencia de guerra; y por último, a ilustrar los tres casos con base en las variables planteadas.

 

RELACIÓN CIUDAD DESPLAZAMIENTO FORZADO

La relación del desplazamiento y el espacio urbano se ha realizado de forma unidireccional, desde el punto de vista de la ciudad, sin tener en cuenta una lectura desde el desplazamiento. Desde esta perspectiva la ciudad es “refugio”, y solo recibe a la población en situación de desplazamiento. Por ello, el desplazamiento tiene dos connotaciones: el problema del desplazamiento forzado es un problema externo, por lo que la atención y el tratamiento deben ser asumido por agentes externos o debe ser una responsabilidad compartida con la ciudad; y la segunda, como un obstáculo para la planeación e implementación de las políticas de ciudad.

Para este análisis se parte de una visión que busca entender la relación del desplazamiento y la ciudad en una doble perspectiva: “a) desde el punto de vista de los desplazados, lo que ellos aportan y demandan a la ciudad (lo que los desplazados hacen con la ciudad); b) desde el punto de vista de la ciudad, lo que ella entrega o niega a los desplazados (lo que la ciudad hace con los desplazados)” (Naranjo, 2004).

La propuesta parte de entender la ciudad como una formación compleja, heterogénea y diversa en la que median asuntos históricos, sociales, culturales y políticos, como elementos que convierten lo urbano, en un escenario que permite la generación de sociabilidades e identidades, de interacción de sus habitantes que producen y reproducen el espacio, en algunos casos, de forma conflictiva. Entre los procesos que cambian el espacio de la ciudad, se pueden mencionar las colonizaciones urbanas, las luchas por la inclusión, el derecho a la ciudad y el conflicto armado, y el desplazamiento forzado interno.

 

BINOMIO CONFLICTO-DESPLAZAMIENTO FORZADO INTRAURBANO

El conflicto se ha entendido como un elemento estructurante dentro de la configuración y variación del desplazamiento forzado interno en Colombia. La forma en que se ha entendido el conflicto en la ciudad sirve como punto de partida para entender la relación conflicto-desplazamiento. Respecto al desplazamiento forzado intraurbano, el conflicto toma escena en la ciudad para tratar de explicar el fenómeno mismo desde tres perspectivas: la urbanización del conflicto político armado; la violencia urbana y el conflicto urbano.

El primer enfoque entiende que en la mecánica del conflicto armado nacional las ciudades se convirtieron, en la última década, en un escenario de disputa. La ruta de la confrontación propicia que dentro del espacio urbano tengan presencia actores armados del ámbito nacional, lo que trae consigo que en la ciudad crezca la disputa territorial y, con ella, las confrontaciones violentas, que se convierten en un catalizador del desplazamiento en la ciudad y tienen sus primeras manifestaciones en los años 90 (Hincapié, 2005).

El segundo enfoque obedece a la existencia de bandas, el narcotráfico y el sicariato, por mencionar algunas. Desde este punto de vista, el desplazamiento en la ciudad es anterior al cambio de escenario del conflicto político armado, y sus primeras manifestaciones aparecen en los años ochenta con el surgimiento de bandas y el afianzamiento del fenómeno del narcotráfico en la ciudad; en este caso, el problema es de visibilidad y no de inexistencia del fenómeno (Ospina & Zapata, 2004).

El tercero está ligado al conflicto urbano dentro de una lógica de reproducción de desigualdad en la ciudad, desde factores económicos y sociales. La ausencia de condiciones de inclusión y ciudadanía que hicieran del espacio urbano un espacio propicio para el ejercicio de derechos y el acceso a bienes y servicios coadyuvaron a que actores armados de diferente índole, en diferentes momentos históricos, se instalaran para la búsqueda de soluciones a problemas urbanos, especialmente al de la seguridad. Con este objetivo se instaló la posibilidad de exiliar a habitantes de sectores periféricos de la ciudad en aras del acceso a la seguridad de los barrios y al uso del suelo, entre otros.

 

LA CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTRAURBANO

Las lecturas del desplazamiento forzado intraurbano parten de entenderlo como una tipología nueva del desplazamiento forzado interno, donde el desplazamiento forzado es una realidad fáctica, un proceso complejo y cambiante, en el que va inmersa la vulneración continua de los derechos humanos por diferentes actores, entre ellos, el mismo Estado a través de acciones que producen el desplazamiento involuntario de sectores de la población, y luego del hecho del desplazamiento, a través de la negativa de las autoridades encargadas de realizar la atención y protección a la población que sufre el desplazamiento.

En el desplazamiento intraurbano coexisten cuatro circunstancias: un escenario territorial determinado –el urbano o conurbano–; el conflicto como factor determinante; la inminencia de la huida para tratar de mantener la vida o la libertad, y la vulneración de derechos producto del redesplazamiento.

El reconocimiento del desplazamiento intraurbano se hizo por vía judicial, a través de la sentencia T-268 de 2003 de la Corte Constitucional; a partir de ella se declara la configuración del fenómeno dentro de las ciudades y se encuentran dos elementos constitutivos del fenómeno: el abandono del hogar y la existencia de coacción que obligue la huida. La Corte afirma que el inciso primero del artículo 1 de la ley 387 de 1997 no exige el abandono de la localidad, basta con el simple abandono del lugar de residencia o de las actividades económicas habituales.

La segunda característica, la de la coacción, aparece relacionada con el artículo 2 del decreto 2569 de 2000, y el artículo mencionado, donde se asume la coacción como aquella situación que es producida por circunstancias que puedan perturbar o perturben el orden público, y que sean factor para la salida forzada (Corte Constitucional, Sentencia T-227 de 1997, 1997).

Basta que confluyan estos dos elementos para estar en presencia del desplazamiento, intraurbano o no. No obstante, para el caso intraurbano autoridades han calificado estos elementos, especialmente el de la coacción, para poder reconocerlo. Dicha calificación se hace a través de exigir un actor determinado que provoque el hecho, ligado al conflicto político armado, o la perturbación efectiva del orden público.

 

BALANCE DE HIPÓTESIS INTERPRETATIVAS SOBRE EL DESPLAZAMIENTO FORZADO INTRAURBANO

Alrededor del surgimiento del desplazamiento forzado intraurbano, se tejen versiones ligadas a los cambios y concepciones que nacen con relación al conflicto, a su dinámica y a su configuración relativa al espacio de la ciudad; las dos más relevantes se refieren: la primera, a entender que el desplazamiento intraurbano es una consecuencia de guerra; la segunda parte de admitir que desplazamiento forzado dentro de un cambio de visión de la guerra es una acción directa bélica con consecuencias que redundan en el fortalecimiento y establecimiento del actor armado.

 

EL DESPLAZAMIENTO FORZADO INTRAURBANO COMO CONSECUENCIA DE LA GUERRA

El cambio de las estrategias de guerra, la mutación de los actores y el aumento de los combates dentro de la ciudad traen como consecuencia la movilización de personas de la ciudad hacia otros sitios dentro de la misma para huir de la violencia. Las explicaciones que se dan frente a la aparición del fenómeno giran en torno al escalamiento del conflicto armado, iniciado por el surgimiento e instauración de actores armados políticos en la ciudad (Bedoya, 2003).

En este sentido la producción del desplazamiento forzado intraurbano se explica por dos factores: el primero, la existencia de unos actores armados inusuales, propios del conflicto político armado, en el espacio urbano y su choque por el territorio. El segundo, determinado por la ausencia del Estado en algunos sitios de la ciudad, evidenciada en falta de inversión de recursos públicos en infraestructura estatal y seguridad, por lo que diferentes actores armados ilegales ganan poder en el territorio urbano (Granada, 2003).

 

EL DESPLAZAMIENTO FORZADO COMO ESTRATEGIA DE GUERRA

La configuración de nuevas formas del enfrentamiento entre actores hace necesario que se encuentren distintas maneras de lograr control y obtener recursos, por lo que se busca el copamiento de un territorio y su establecimiento hegemónico en la ciudad. El desplazamiento es, entonces, una forma de alejar a las personas que se consideran peligrosas, y de disuadir posibles militancias, cercanías o simpatías con grupos diferentes al que se quiere establecer.

Las acciones de los grupos armados en medio de la disputa y el control hegemónico producen una dinámica de poblamiento-desplazamiento-repoblamiento que se agudiza en el momento de la disputa para mantener el control estratégico de la guerra y de las condiciones económicas, políticas y sociales que garantizan su supervivencia y su permanencia como poder dentro de las zonas; a través de la expulsión, los actores armados acceden al uso de los inmuebles y a la construcción de nuevas simpatías o alianzas con las personas que se traen o mantienen dentro de los barrios. A través del desplazamiento se desarticulan liderazgos sociales y se persiguen personas que se toman como aliados o subordinados a otros actores; de ahí que las personas que han sido desplazadas sean objeto de persecución en la ciudad.

Por último, la cercanía de los asentamientos a proyectos de desarrollo relevantes para la Ciudad y el Departamento, tales como el del túnel de Occidente o el parque Arví, con salidas a zonas rurales desde la ciudad y con corredores estratégicos para el Departamento se plantea como un factor explicativo, ya que estos territorios son objeto de interés para actores armados por ser rutas de ingreso o permitir el control del territorio

 

TRES CASOS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO MASIVO

Asentamiento el esfuerzo: un proceso en estudio, pocas soluciones

El 1 de mayo de 2001 fue la primera vez que se tuvo noticia sobre un desplazamiento forzado por la violencia en territorio de la ciudad, a partir de la salida masiva de habitantes del asentamiento El Esfuerzo; a pesar de no existir normativa específica al respecto, no hubo tantas dudas sobre la situación para calificarla como un hecho de desplazamiento, entre otras razones, porque el asentamiento se encontraba en límites de los municipios de Bello y Medellín, y gran parte de las personas huyeron hacia el municipio de Bello, lo que le dio la característica de intermunicipal.

El Esfuerzo era un asentamiento nucleado, establecido en terrenos que fueron invadidos por población en situación de desplazamiento a mediados de los noventa. La voluntad inicial era mantener el sitio sólo para población desplazada, y para ello se establecieron límites por parte de la comunidad que vivía en el sector, tales como el control para la entrada por parte de la Junta de Acción Comunal, y disposición y distribución del terreno, de conformidad con las disposiciones de la misma población.

La población en situación de desplazamiento llegó al sector, en gran medida, proveniente de la subregión del Urabá Antioqueño. Las personas destechadas provenían de los municipios de Bello y Medellín. Al momento del desplazamiento masivo, se habla de aproximadamente 180 familias en el asentamiento.

En los primeros meses de fundación no se contaba con conexión a los servicios públicos: no existían redes de acueducto y alcantarillado; luego, al instalar alumbrado público, se tomaba la energía de contrabando y se construyó un acueducto vecinal para suministrar el agua a todo el asentamiento; algunos años más tarde, se realizaron las conexiones de energía y empezó el cobro del servicio que era suministrado por Empresas Públicas de Medellín. Debido a problemas con la forma en que se hizo la conexión y con el pago del servicio, los habitantes se negaron a pagar y se continuó con el servicio de contrabando (Entrevista ME1, 2005).

Alrededor de la obtención de los servicios domiciliarios, se fueron tejiendo relaciones, acciones, organizaciones para lograr resultados de corto y mediano alcance que contribuyeran a su establecimiento como sujetos de interlocución; el asentamiento no contaba con la presencia específica de programas del Estado, del municipio de Bello o de Medellín, por fuera de la provisión de personal educativo para la escuela del sector.

La conformación del asentamiento y la acción que se quería realizar tuvieron problemas desde el principio. Las bandas y actores armados que tenían control territorial en las comunas donde estaba ubicado no vieron bien la conformación del asentamiento, e igual actitud tuvieron con relación a la participación de los líderes del sector en diferentes escenarios, aun dentro del mismo barrios, lo que provocó que los miembros de la banda eliminaran, a través de amenazas, homicidios o expulsiones, a quienes cuestionaban en espacios públicos las condiciones del Estado o de la banda.

El asentamiento se encontraba dentro del control territorial de la llamada Banda de Frank, caracterizada por ser delincuencia común. La reticencia de este actor hacia el asentamiento se vio incrementada durante la disputa con las AUC, alrededor de fines de los noventa. Iniciada la disputa por el control y el poder sobre el territorio, uno de los sitios más afectados fue este asentamiento; en él se dieron enfrentamientos, homicidios selectivos y expulsiones de población por ambos actores; los miembros de la banda elevaban amenazas concretas en reuniones a las personas asentadas en este sector: Debido a que la mayoría de habitantes de El Esfuerzo eran desplazados se les acusaba de ser “milicianos” o “paramilitares”. (Entrevista MH1, 2005).

El despliegue militar de las AUC, mucho mayor que el de su oponente, logró un repliegue de la banda de su centro de control en el barrio París, hacia sectores periféricos de este territorio; entre ellos se menciona El Esfuerzo como un punto en el que los miembros de este grupo tuvieron que refugiarse para no perder completamente su influencia (Correa, 2002).

El día 1 de mayo de 2001 en la madrugada un actor armado quemó los ranchos altos del sector. A pesar de que la primera identificación realizada por la Policía daba como responsable a la Banda de Frank (El Colombiano, 2001, 2 de mayo), los habitantes del sector y algunos denunciantes establecieron como responsables a las AUC (Granada, 2003); dicha confusión pudo darse debido a que para este momento los miembros de la mencionada banda actuaban como parte de las AUC. Las amenazas y el posterior incendio de los ranchos produjeron, en menos de tres semanas, el desplazamiento masivo de todo el asentamiento.

Por fuera de las personas que recurrieron a familiares, vecinos y amigos de la ciudad, luego de dejar el asentamiento, se pueden identificar dos grupos que buscaron refugio en el tejido urbano. El primer grupo de cerca de cuarenta familias se dirigió a La Honda, un asentamiento de población en situación de desplazamiento en el centroriente de la ciudad.

La decisión de dirigirse a este sitio surge del ofrecimiento que se hace para esta población por parte de los líderes del asentamiento, quienes dispusieron la entrega de terrenos para que estas personas reconstruyeran en este lugar sus ranchos. Debido a las condiciones del terreno y a que el espacio era más reducido, perdieron parte del espacio y las pocas condiciones de vivienda que habían obtenido en El Esfuerzo.

La atención para el segundo corre por cuenta del municipio de Bello y la ubicación temporal se da en dos sitios: El Coliseo Tulio Ospina y Casa Betania. Por tanto, no cambia mucho en cuanto a la disminución de la situación socioeconómica que sufren en el momento de la salida respecto al grupo de Medellín.

Para este grupo las soluciones que tenían un carácter temporal desaparecieron; por una parte, luego de los tres meses de alimentación y de atención en salud, no se volvieron a entregar ayudas, aunque Pastoral Social siguió contribuyendo con Casa Betania.

Este período se caracteriza por la inacción de las entidades en programas y proyectos que trajeran consigo el restablecimiento de los derechos de las personas y su reubicación por fuera del albergue, lo que se visualizó en la suspensión del suministro de los servicios de agua y luz por falta de pago. Las condiciones de salubridad y hacinamiento vividas dentro de los albergues trajeron consigo enfermedades y plagas que no fueron atendidas en debida forma (El Mundo, 2004, 30 de enero).

De otra parte, las personas que se ubicaron dentro del municipio de Medellín no obtuvieron la atención humanitaria, entre otras razones, por la invisibilidad de la ruta de migración. Las acciones y políticas que desarrolló el Municipio con ellas fueron las que se venían dando para la población en situación de desplazamiento en la ciudad (Entrevista MEH1, 2005).

Las posibilidades de retorno o reubicación fueron diferentes para ambos grupos. Mientras que para las personas que se ubicaron en La Honda no existió ningún tipo de propuesta estatal, las personas que se encontraban en los albergues fueron acogidas en el año 2004 por un proyecto de reubicación que comprendía soluciones de vivienda a corto plazo y la inclusión, como posibles beneficiarios, en programas del Municipio para vivienda y empleo, lo que hizo posible su reubicación en barrios de estratos dos y tres del municipio de Bello y un cambio, al menos inicial, de sus condiciones económicas.

Vale aclarar que esto sucede tras una situación de “albergue temporal” que se prolongó por más de tres años y que este resultado se dio debido a la ocurrencia de un hecho externo a lo acaecido en El Esfuerzo: con la presión dada por la Corte Interamericana y la obligación impuesta por la Corte Constitucional para el rediseño de las políticas públicas, propiciada por el caso de la “troncal de Bello”, el municipio tuvo que emprender acciones negociadas y tendentes a incluir, dentro de su presupuesto, proyectos y propuestas que presenten cambios en la política de atención y solución de vivienda para las personas en situación de desplazamiento (Corte Constitucional, Sentencia T-770 de 2005).

En los albergues se descompusieron los liderazgos que tradicionalmente se gestaron en el asentamiento. Las acciones legales para llamar la atención tratando de lograr el acceso a derechos fracasaron, en parte, por la ilegitimidad de los líderes tradicionales, lo que revirtió en que en acciones relevantes para el restablecimiento de derechos disminuyera la capacidad efectiva (Entrevista MEH1, 2005).

Las principales acciones que se emprendieron desde los albergues fueron acciones de respuesta ante el planteamiento de la Administración municipal de Bello de un desalojo sin solución de vivienda. La resistencia fue una constante para las personas que vivían en los albergues ante la posibilidad del desalojo y la presentación de propuestas insatisfactorias que permitieran la salida al conflicto sobre el tema del reasentamiento.

No obstante, para quienes se reubicaron en otro asentamiento de la ciudad, las condiciones de integración con las organizaciones existentes fueron mínimas, entre otras razones, por los liderazgos ya consolidados en otros sitios, las diferentes formas de ver las cosas y el ánimo de continuar con las relaciones de la misma forma en que estaban antes del desplazamiento, lo que hacía que dentro de la organización existente se trabajara en dos niveles y sólo se participara en la medida en que hubiese posibilidad de hacerlo con las personas del mismo sector.

 

EL SALADO: ¡EL DESPLAZAMIENTO INTRAURBANO SÍ EXISTE!

El caso que se presenta es el del barrio El Salado parte alta, conocida como los sectores 5, 6 y 7. Los hechos ocurrieron los días 29 y 30 de junio de 2002, cuando se desplazaron aproximadamente 170 familias. Los sectores 5, 6 y 7 de El Salado son asentamientos nucleados con diferentes momentos de constitución. La parte alta de El Salado está ubicada dentro de un punto de singular importancia para la planeación departamental y municipal, ligada al proyecto de desarrollo hacia el occidente del Departamento: está ubicada dentro de la zona de influencia de la construcción del túnel de Occidente (Arboleda, 2004).

El asentamiento no está dentro de la planeación y ordenamiento territorial de la ciudad; se ha calificado como una zona de alto riesgo no recuperable por parte del SIMPAD y su lógica de configuración fue la de la invasión que inició hace aproximadamente diez años. Sus habitantes son personas que vivían dentro de la ciudad, especialmente de la comuna, que por sus condiciones económicas no podían seguir pagando arriendo o servicios públicos en otros sitios, asimismo por personas en situación de desplazamiento provenientes del suroeste y el oriente de Antioquia, y de Medellín de barrios en la comuna uno, como Santo Domingo y Carambolas.

Los sectores 5 y 7, más nuevos en su conformación aproximadamente hace 5 años, fueron formados a partir de la toma de terrenos y la posterior repartición entre habitantes de la comuna por parte de las milicias que en aquel tiempo eran el actor dominante en el barrio, lo que impulsó la invasión y población de los terrenos bajo las órdenes y normas establecidas por este actor armado. Al momento del desplazamiento había unas 200 familias aproximadamente habitando estos sitios.

Caracterizados por lo escarpado del terreno, estos sectores no cuentan con vías de acceso que faciliten la circulación con otros barrios de la comuna o el resto de la ciudad; con relación a los servicios públicos domiciliarios, a pesar de que el barrio El Salado cuenta en gran medida con redes de acueducto y alcantarillado, ninguno de los sectores que se desplazó contaba con estas; el agua se proveía desde un acueducto comunal. La provisión de energía se hacía por fraude, y alrededor de diez viviendas del total de los tres sectores estaban conectadas legalmente (CORANTIOQUIA & SIMPAD, 2005).

Las relaciones y los sectores mismos se tejieron con base en las solidaridades vecinales, factor determinante en la permanencia y creación de lazos afectivos con el barrio. Uno de los elementos más importantes para ello fue la ayuda con los terrenos y la construcción de viviendas que tuvieron las personas que llegaron a habitarlo por parte de quienes estaban allí con anterioridad.

Específicamente en el barrio el Salado, en los sectores 5, 6 y 7, los actores armados que tenían presencia son las milicias de los CAP, quienes tenían control del territorio desde que se inició la configuración del asentamiento cerca de seis años antes; allí ejercían su control a través de homicidios y masacres discriminadas, expulsiones del territorio y amenazas sobre los habitantes de la misma.

Hacia el año 2001, ingresan al sector las AUC quienes despliegan acciones de control sobre el territorio. En este mismo año se inician las confrontaciones entre ambos grupos que se vuelven constantes en el barrio a lo largo de los años 2001 y 2002; en principio, el interés sobre este sector por parte de las AUC está ligado a la posibilidad de control estratégico de la comuna por encontrarse en uno de los morros del barrio y por la posibilidad de fácil acceso con las zonas rurales que la rodean (El Colombiano, 2002, octubre).

El barrio, y como tal la comuna, vivió diferentes tipos de desplazamiento desde antes de empezar los enfrentamientos: expulsiones selectivas hechas por el actor dominante en el momento. Así las cosas, se puede decir que el sector vivió ambas formas de desplazamiento y que el masivo se vio enmarcado dentro de desplazamientos individuales continuos a lo largo de toda la confrontación. Para la población que habitaba en la parte alta de El Salado, los desplazamientos de carácter individual inician con la entrada de los paramilitares en el sector, en medio de la confrontación por la hegemonía territorial con los grupos de milicias y para utilizar las viviendas que quedaban desocupadas.

El desplazamiento masivo tiene lugar entre el 29 y el 30 de junio del 2002; el hecho desencadenante es un incendio iniciado por las AUC en lo alto del sector. En las narraciones de los hechos ocurridos por quienes salieron la noche del 29 de junio se habla de aproximadamente 250 personas huyendo en medio del incendio.

La acción bélica que desencadenó el desplazamiento estuvo enmarcada dentro de eventos preparatorios en contra de la población civil que buscaba, por parte de un actor armado plenamente identificado, crear las condiciones de miedo y de inseguridad ligadas a su llegada a la zona para que en el momento de desplegar la acción no quedara la menor duda sobre su poder en el sector al que debían someterse sus habitantes o huir.

La mayoría de familias que salieron desplazadas no salieron de la comuna; algunas optaron por quedarse con vecinos, por lo menos algunos de sus miembros; otros se ubicaron en el Liceo Las Independencias. A este lugar llegaron 70 familias que fueron las que quedaron en el censo inicial que se mantuvo como oficial durante todo el tiempo que duró el albergue; no obstante, en los dos días siguientes llegaron al Liceo más de 150 grupos familiares.

La búsqueda del Liceo como refugio, para muchos, fue espontánea, en la medida en que los primeros que llegaron corrieron la voz para que otros, que no tenían dónde quedarse, se refugiaran ahí; sin embargo, al parecer, fueron las milicias quienes obligaron al celador del Liceo a abrir las puertas y permitir el refugio de las personas que habían salido de sus casas.

Entre las justificaciones que aparecen para permanecer en el barrio existen dos fundamentales: 1) la imposibilidad económica de acceder a vivienda y servicios en otros sectores de la ciudad, por la inestabilidad de las labores que desarrollan las personas que viven en el sector, y 2) el miedo a perder todo lo que se ha luchado en cuanto a vivienda y a entablar nuevas relaciones en otros sitios, a entrar como desconocidos y ser tratados como culpables de situaciones comprometedoras con cualquier actor armado. El mantenimiento de las relaciones de vecindad y el reconocimiento como habitantes del sector genera seguridades que no se establecen en otros sitios.

Las personas que optaron por volver a El Salado parte Alta, en especial al sector 6, construyeron nuevos ranchos o se quedaron “cuidando” los de los vecinos que ya no están en el sector; algunos del sector 5 volvieron a sus propias casas; actualmente, en el sector siete, se encuentran nuevos ranchos de personas que salieron de ahí y que decidieron reconstruir sus viviendas ante la imposibilidad de conseguir otras condiciones similares de vida. Algunos de los que no volvieron mantienen relaciones directas con el sector a través de llamadas a familiares ubicados en el mismo, y visitas periódicas al sector.

Según la información establecida, la reubicación de estas personas se hace dentro del área metropolitana de la ciudad, en barrios con menos confrontación armada de la que existía dentro de la comuna y con características socioeconómicas más altas, en cuanto al estrato económico, de las que tenían en el sector, por lo que se ven menguadas sus condiciones de vida.

Durante las acciones bélicas y durante el período en que estuvieron albergados en el Liceo, las condiciones de provisión de los servicios públicos cambiaron para los habitantes del sector. En el caso de la educación, además de encontrarse en imposibilidad de seguir asistiendo a las instituciones educativas de forma habitual, la escuela que había sido construida por la comunidad para cubrir la primaria de los niños que viven en el sector fue destruida en medio de los hechos que produjeron el desplazamiento por parte del actor armado, y el profesor no volvió a proveerse por parte del municipio.

Respecto a los servicios públicos domiciliarios, las posibilidades de acceso a los mismos para quienes retornaron cambiaron significativamente. Las personas que tenían acceso en forma reglamentaria encontraron cuentas enormes por el consumo de los mismos producidos por el uso de las viviendas de quienes se apropiaron de estas mientras las personas estaban por fuera del sector; según un líder comunal la alcaldía municipal se había comprometido, para facilitar el retorno, a negociar las tarifas de servicios públicos lo que no fue llevado a cabo por la administración.

 

LA HONDA: ERAN UNA SOLA SOMBRA...

Durante la segunda semana de enero de 2003 se realizó en la ciudad la operación militar Estrella VI, que dejó como resultado inicial un total de 78 capturados para ser judicializados dentro del proyecto de pacificación de la ciudad de Medellín, iniciado en el gobierno de Luis Pérez. Como consecuencia, se produjo un desplazamiento masivo que hizo que cerca del 70% de la población del asentamiento La Honda saliera hacia otros sitios de la ciudad.

La Honda está en la comuna tres del nororiente de la ciudad de Medellín. Calificado como un asentamiento ubicado en una zona de alto riesgo no recuperable, fue construido en un terreno donado por la Pastoral Social en el año 2000, entidad que además provee algunos materiales para la construcción de ranchos en este terreno; la acción surge como una respuesta ante las múltiples protestas que se venían presentando por la población en situación de desplazamiento al no contar con respuestas efectivas del Estado para su ubicación digna en la ciudad, luego de la toma de la Iglesia de la Veracruz con el compromiso del desalojo de esta edificación.

El otorgamiento de los terrenos para la construcción era realizado por Asociación Campesina de Antioquia y por la organización barrial, quienes disponían las dimensiones y la ubicación del terreno dentro del sector entre los años 2000 y 2002. Al igual que en el caso de El Esfuerzo, en principio se pensó únicamente el establecimiento del asentamiento para población en situación de desplazamiento; la disposición dio para que en un momento inicial estuvieran allí cerca de 70 familias.

A pesar de esta iniciativa, para el año 2004 la cantidad se había elevado exponencialmente, albergando alrededor de 5.000 personas. A medida que fue pasando el tiempo se admitió a personas destechadas, con la condición de vincularse con los trabajos y organización del sector para el mejoramiento del asentamiento.

El sector tenía, a 2004, un índice de desempleo del 35%, y quienes se encontraban empleados lo hacían con contratos ocasionales que permiten garantizar, máximo, lo suficiente para el gasto diario (CORANTIOQUIA & SIMPAD, 2005) Los hombres se desempeñaban en construcción, transporte de materiales, reciclaje y ventas ambulantes; las mujeres empezaron a recurrir al “recorrido” como una forma de obtener alimentos, y que se constituye como una de las principales alternativas de sobrevivencia para las familias del asentamiento.

El asentamiento fue construido en un predio en las afueras de la ciudad, en un territorio que no se encontraba dentro de la planeación de la ciudad; la provisión de servicios públicos, por tanto, no era otorgada por el municipio. El acceso a servicios públicos se hizo a partir de convites y asociaciones con instituciones que tenían presencia en el mismo.

La Honda se configura sin presencia de instituciones del Estado; la consecución de recursos y bienes se hizo desde la organización comunitaria y con el apoyo de organizaciones tales como la Asociación Campesina de Antioquia y Movimiento Social de Desplazados de Antioquia –MOSDA–, de las que hacían parte varios de los habitantes del asentamiento, especialmente los líderes comunitarios.

La falta de provisión de servicios públicos que existió desde la llegada de las personas al asentamiento se agravó con la entrada de nuevas familias al sector, ya que, a pesar de iniciarse ciertas obras para tener acceso a servicios públicos domiciliarios, el mejoramiento de vías de acceso al sector y un lugar para la educación, estos no podían brindar total cobertura a la población residente, por la continua llegada de personas y la ampliación desmedida del sector inicialmente planteado para el asentamiento.

La Honda sufrió dos eventos de desplazamiento forzado masivo, fuera de los desplazamientos individuales obligados por los actores armados en la zona, desde que se inició su configuración. El primero de ellos fue en el año 2000, meses después de llegar las primeras personas al terreno; este fue provocado por las bandas que rodeaban el sector, que consideraban que las personas, por provenir en su mayoría de Urabá huyendo de la violencia, eran guerrilleros o sus auxiliares, lo que fue un motivo de molestia para estos actores desde los primeros días del asentamiento.

El segundo desplazamiento masivo fue en el año 2003, provocado por la operación Estrella VI; en él dejan el barrio entre 90 y 150 familias, convirtiéndose, según trabajos sobre el desplazamiento forzado intraurbano en la ciudad, en uno de los más numerosos durante este período. Entre ambos desplazamientos se vivieron como resultado de la disputa territorial y la persecución por parte de actores armados a los líderes, desplazamientos individuales y familiares hacia barrios vecinos a los sectores de La Honda y La Cruz (Entrevista HH1, 2005).

El miedo de las familias de los capturados, en su mayoría líderes comunitarios y miembros de la Junta de Acción comunal del sector que tenían reconocimiento dentro del movimiento y organizaciones de personas desplazadas, y de las personas que se encontraban dentro del asentamiento por represalias que pudieran sufrir por los actores armados legales e ilegales hizo que en esa semana el sector fuera desocupado casi en su totalidad.

Entre los actores ilegales estaban grupos paramilitares, que a partir de la realización de la operación quedaron con la posición dominante en el barrio, y de quienes se podían esperar desapariciones u homicidios contra quienes ellos consideraban que estaban relacionados con personas capturadas en las operaciones ya que se podían catalogar como guerrilleros (Entrevista MH1,2005).

Las personas salen de forma desorganizada hacia otros barrios de la ciudad, entre ellos algunos de la misma comuna 3, tales como Bello Oriente, ya que allí no eran reconocidos o relacionados con los habitantes de La Honda, tenían acceso a vivienda en una situación económica similar a la del asentamiento, o por vivir allí amigos o familiares; esto, a su vez, les permitía estar cerca del asentamiento para vigilar sus posesiones; algunas de las personas deciden retornar cuando las confrontaciones y las capturas en la zona cesaron tras el establecimiento de un nuevo actor armado en la zona, para recuperar sus ranchos.

Luego de la operación Estrella VI, la organización social, específicamente la Junta de Acción Comunal, quedó totalmente desintegrada; meses más tarde se reorganizó con personas nuevas dentro del asentamiento; no obstante, las actividades cambiaron y no existe la proyección que se tenía antes de la captura de los miembros de esta organización en cuanto a la adecuación conjunta de la infraestructura del barrio y la consolidación del trabajo comunitario dentro del asentamiento (Entrevista HH1, 2005).

 

A MODO DE CONCLUSIÓN

El reconocimiento y declaración de la existencia del fenómeno trajo consigo debates sobre las circunstancias que dan lugar a la existencia del fenómeno, para su entendimiento y atención; la búsqueda de explicaciones trajo el establecimiento de límites que sean funcionales para entender que parte de la movilidad que ocurre dentro del territorio conurbano es desplazamiento forzado.

La construcción de los referentes se hizo sobre la disputa provocada por la existencia de los elementos constitutivos del desplazamiento forzado, para desde ellos reconocer la existencia del hecho dentro de la ciudad. El reconocimiento se dio mediante la disputa entablada oficialmente por vía judicial entre las personas en situación de desplazamiento forzado y, en algunas ocasiones, entes interesados en la protección de derechos fundamentales, de una parte, y los entes encargados de brindar la atención frente al desplazamiento forzado, y de otra, el objeto del litigio fue el reconocimiento del hecho y consecuencialmente la obtención de la atención humanitaria y demás ayudas dispuestas para superar la situación del desplazamiento.

Los términos de las disputas por el reconocimiento, aún hoy, se han dado sobre los elementos de hecho que constituyen el desplazamiento: el abandono del territorio en que se presenta y la causa que provoca la huida involuntaria; y por las restricciones de tipo formal concernientes a la manera en que se presenta la solicitud y las pruebas que se allegan para lograr el reconocimiento de la situación.

A pesar de que existen en el marco normativo jurisprudencia y principios de carácter general que orientan el reconocimiento del desplazamiento forzado intraurbano, en los tres desplazamientos masivos medió la interposición de acciones de tutela como vía necesaria para el acceso a la declaración de la situación y de los derechos a los que hay lugar ante la negativa de los entes encargados de la protección de las personas en situación de desplazamiento. En los tres casos los jueces de primera instancia, desconociendo los principios generales del desplazamiento forzado y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, no han reconocido el desplazamiento atendiendo a circunstancias formales o por considerar que la situación no es forzada debido a que las circunstancias de fuerza o de la confrontación armada se califican por el actor armado o la forma en que se desata la acción que provoca el desplazamiento.

Los desplazamientos masivos tienen la posibilidad no solo de ser producidos por la confrontación armada sino servir como estrategia de guerra en la medida en que sirven para infundir terror y logran socavar la población; no obstante, el desplazamiento masivo de La Honda tiene un marcado origen en la desvinculación de acción colectiva de personas en situación de desplazamiento; el producido en El Salado se hace en un sector que hace parte de la supuesta base social de un actor armado que se trata de derrotar, por la vinculación del actor armado con el hecho del establecimiento de las personas del sector; El Esfuerzo, por la presencia de personas en situación de desplazamiento y con la presunción de que existía ayuda para el actor armado que había sido eliminado por un nuevo actor en el sector, por lo que responden más a una lógica de estrategia de guerra dentro de un conflicto en la ciudad que llega a un nivel de escalamiento de la confrontación armada en aras del cambio de poderes de los territorios en disputa en un marco de “pacificación de la ciudad” y recuperación de la misma, entre las bandas y los grupos de autodefensas, entre los grupos de milicias y las autodefensas, y entre los grupos de milicias y las fuerzas armadas estatales.

El lugar donde se ubican los asentamientos, el grado de exclusión del espacio urbano de los cuales uno de los factores de expresión son las falencias en la provisión y acceso a servicios públicos, la conformación poblacional y el grado de organización de la misma, son factores que no pueden separarse del análisis de la confrontación armada a la hora de definir las causas o explicaciones del desplazamiento forzado en el espacio urbano.

 

REFERENCIAS

1. Arboleda, S. (2004). Desplazamiento intraurbano como consecuencia del conflicto armado en las ciudades. Bogotá. Defensoría del Pueblo.         [ Links ]

2. ACNUR. (2002). Balance de la política pública de prevención, protección y atención al desplazamiento interno forzado en Colombia agosto 1999 - agosto 2002. CNUR.         [ Links ]

3. ACNUR. (2004). Balance de la política pública de prevención, protección y atención al desplazamiento interno forzado en Colombia agosto 2002 - agosto 2004. Bogotá: ACNUR.         [ Links ]

4. Atehortúa, C. (2006). Caracterización del desplazamiento forzado intraurbano en la ciudad de Medellín. Trabajo de grado no publicado de la maestría en Ciencia Política, Universidad de Antioquia Instituto de Estudios Políticos, Medellín, Colombia.         [ Links ]

5. Atehortúa, C., Londoño, H., Sanchez, L., Medina, G., Ruiz, L., & Ramírez, M. (2008). Dinámicas de guerra y construcción de paz. Estudio interdisciplinario del conflicto armado en la comuna 13 de la ciudad de Medellín. (P. Angarita, B. I. Jiménez, & H. Gallo, Eds.). Medellín: Universidad de Antioquia-INER; Universidad de Medellín; Corporación Región; Instituto Popular de Capacitación.         [ Links ]

6. Bedoya, Y. & Sánchez, Y. M. (2003). Implicaciones socioeconómicas del desplazamiento forzado intraurbano en la población desplazada de Medellín. Medellín. Informe de pasantía de investigación (trabajo social) no publicada, Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Departamento de Trabajo Social, Medellín, Colombia.         [ Links ]

7. CORANTIOQUIA & SIMPAD. (2005). Plan de manejo individual barrio El Salado, sector cañón quebrada Saladito de los Correa, parte alta. En Formulación del plan para gestión del riesgo en zonas de alto riesgo no recuperable en la ciudad de Medellín, documento no publicado (p. 3). Medellín.         [ Links ]

8. Correa, J. F. (2002). Urbanización del conflicto armado en Bello. No publicada, Bello, Colombia.         [ Links ]

9. Corte Constitucional. (2003). Sentencia T-268 de 2003. República de Colombia.         [ Links ]

10. Corte Constitucional. (1997). Sentencia T-227 de 1997. República de Colombia.         [ Links ]

11. Corte Constitucional. (2005). Sentencia T-770 de 2005. República de Colombia.         [ Links ]

12. Corte Constitucional. (2004). Sentencia T-025 de 2004. República de Colombia.         [ Links ]

13. El Colombiano. (2002, Octubre). Alcaldía busca pacificar la ciudad.         [ Links ]

14. El Colombiano. (2001, 2 de mayo). Tierra arrasada, drama que persigue a los desplazados.         [ Links ]

15. El Colombiano. (2002, 13 de octubre). No queremos ser otro Caguán.         [ Links ]

16. El Colombiano. (2002, Octubre) “Casas abandonadas: drama de barrios en disputa”         [ Links ]

17. El Colombiano. (2002, 6 de septiembre). Desplazamiento forzado intraurbano sin políticas específicas.         [ Links ]

18. El Colombiano. (2004, 24 de septiembre). Entrevista a Marta Cecilia Sierra.         [ Links ]

19.Entrevista, MEH1. (2005). El Esfuerzo. (C. Atehortúa, Entrevistadora)         [ Links ]

20. Entrevista, ME1. (2005). El Esfuerzo. (C. Atehortúa, Entrevistadora)         [ Links ]

21. Entrevista, MH1. (2005). La Honda. (C. Atehortúa, Entrevistadora)         [ Links ]

22. Entrevista, HH1. (2005). La Honda. (C. Atehortúa, Entrevistadora)         [ Links ]

23. El Mundo. (2004, 30 de enero). Desplazados hacinados y olvidados.         [ Links ]

24. Franco, V. (2004). Violencias, conflictos urbanos y guerra civil: el caso de Medellín en la década del noventa. En J. Balbín (Ed.). Violencias y conflictos urbanos: un reto para las políticas públicas (60-82). Medellín: IPC.         [ Links ]

25. Franco, V. (2004). Conflictos urbanos en las comunas 1, 3, y 13 de la ciudad de Medellín. Medellín: Universidad Autónoma Latinoamericana.         [ Links ]

26. Granada, J. A. (2003). Desplazamiento forzado intraurbano, contextualizado desde el conflicto socio-político armado en Medellín. Monografía de grado de trabajo social no publicada. Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Medellín, Colombia.         [ Links ]

27. Grupo Interdisciplinario de Investigación sobre Violencia. (2001). Balance de los estudios sobre violencia en Antioquia. (P. A. Angarita, Ed.). Medellín: Universidad de Antioquia, Instituto de Estudios regionales –INER–.         [ Links ]

28. Grupo de Investigación Estudios Políticos. (2004). PROYECTO “Prueba piloto de un observatorio sobre el desplazamiento forzado de población. Medellín: 1985-2003”, Investigadora principal Gloria Naranjo Giraldo (Documento mimeografiado no publicado). Medellín: Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.         [ Links ]

29. Hincapié, K. (2005). Estado del arte sobre desplazamiento forzado rural e intraurbano. Monografía para optar al título de sociólogo (no publicada). Universidad de Antioquia, Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Medellín, Colombia.         [ Links ]

30. Juzgado Once Penal del Circuito Medellín. (2006). Sentencia de primera instancia del proceso radicado 05001-31-04-011-2006-00311-00. 20 de junio de 2006. República de Colombia.         [ Links ]

31. Naranjo, G. (2004). Ciudades y desplazamiento forzado en Colombia”. El “reasentamiento de hecho” y el derecho al restablecimiento en contextos conflictivos de urbanización. Bogotá: ACNUR.         [ Links ]

32. Naranjo, G. (2005). Desplazamiento forzado y reasentamiento involuntario. Estudio de caso: Medellín 1992-2004. Bogotá: ACNUR.         [ Links ]

33. República de Colombia. (2000). Decreto 2569 de 2000. Colombia.         [ Links ]

34. Uribe, M. (2002). Desplazamiento forzado en Antioquia. Aproximaciones teóricas y metodológicas al desplazamiento de población en Colombia. Medellín: Pastoral social.         [ Links ]

35. Tribunal Superior de Medellín. (2003). Sentencia de segunda instancia proceso radicado 0217-2003.         [ Links ]

 

Recibido: agosto 19 de 2009 Aprobado: octubre 26 de 2009

 

^* Este artículo hace parte del proyecto de investigación titulado “Falencias en la aplicación de los DESC en el Municipio de Medellín”, cofinanciado por la Universidad de Medellín y la Personería de Medellín, terminado en el primer semestre de 2009, en el cual la autora participó como coinvestigadora por parte del Grupo de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín.

^** Abogada de la Universidad de Medellín, Magíster en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia, docente investigadora del Grupo de investigaciones jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, en la línea de investigación Ciudadanía, democracia y poder. catehortua@udem.edu.co